a)

los beneficios de pensiones a que tiene derecho cada miembro se definen anticipadamente en los documentos legales de constitución del sistema (remitiéndose a una fórmula basada en la permanencia del miembro al servicio de la empresa y su salario) y no con referencia al valor de los activos del sistema;

b)

el empresario está obligado a hacer aportaciones al sistema;

c)

sólo los empleados del empresario pueden participar en el sistema y obtener beneficios de pensiones en virtud de éste (los partícipes del sistema se designan aquí como «miembros»);

d)

los empleados tienen libertad para decidir si se afilian o no al sistema;

e)

los empleados que son miembros normalmente están obligados a hacer aportaciones al sistema con arreglo a un porcentaje de su salario;

f)

las aportaciones del empresario y de los miembros son agrupadas por el trustee del sistema, que las invierte (normalmente, en valores) a fin de crear un fondo con el cual se paguen a los miembros los beneficios que presta el sistema;

g)

si los activos del sistema son superiores a lo necesario para financiar los beneficios que proporciona el sistema, el trustee o el empresario, de conformidad con las condiciones del sistema y las disposiciones aplicables del Derecho nacional, pueden optar por una o varias de las siguientes acciones: i) reducir las aportaciones del empresario al sistema; ii) transferir todo o parte del beneficio como superávit al empresario, o iii) mejorar los beneficios que según el sistema obtienen los miembros;

h)

si los activos del sistema son inferiores a lo necesario para financiar los beneficios que proporciona el sistema, el empresario normalmente está obligado a compensar el déficit y, si no lo hace o no puede hacerlo, se reducen los beneficios percibidos por los miembros;

i)

el sistema permite a los miembros hacer aportaciones adicionales voluntarias (AAV), que no se quedan en el sistema, sino que son transferidas a un tercero para que las invierta y preste beneficios adicionales basados en el rendimiento de las inversiones realizadas (dichas operaciones no están sujetas al IVA);

j)

los miembros tienen derecho a transferir sus derechos consolidados en el sistema (calculados en función del valor actuarial de dichos beneficios en el momento de la transferencia) a otros sistemas de pensiones;

k)

las aportaciones del empresario y de los miembros al sistema no se consideran ingresos de los miembros a los efectos del impuesto sobre la renta recaudado por el Estado miembro;

l)

los beneficios de pensiones percibidos por los miembros conforme al sistema son considerados ingresos de los miembros a los efectos del impuesto sobre la renta recaudado por el Estado miembro, y

m)

el empresario, y no los miembros del sistema, asume el coste de la gestión del sistema?

a)

¿está facultado un Estado miembro para definir en el Derecho nacional los fondos que están comprendidos en el concepto de «fondos comunes de inversión» de tal manera que queden excluidos los fondos de la clase referida en la primera cuestión pero se incluyan los organismos de inversión colectiva conforme a la definición de la Directiva 85/611, en su versión modificada?

b)

¿en qué medida son relevantes (si lo son en alguna medida) para la cuestión de si un fondo de la clase referida en la primera cuestión debe ser calificado como «fondo de inversión común» por la legislación nacional del Estado miembro: