a)

¿Deben interpretarse los artículos 2 a 6 del Convenio de Espoo en el sentido de que deben aplicarse de forma previa a la adopción de un acto legislativo como la Ley de 28 de junio de 2015«por la que se modifica la Ley de 31 de enero de 2003 sobre el abandono progresivo de la energía nuclear para la producción industrial de electricidad con el fin de garantizar la seguridad del suministro de energía», cuyo artículo 2 aplaza la fecha de la desactivación y del fin de la producción industrial de electricidad de las centrales nucleares de Doel 1 y de Doel 2?

b)

¿Sería diferente la respuesta a la cuestión enunciada en la letra a) dependiendo de si se refiere a la central de Doel 1 o a la de Doel 2, habida cuenta de la necesidad, respecto de la primera central, de adoptar actos administrativos de ejecución de la Ley antes citada de 28 de junio de 2015?

c)

¿Puede constituir la seguridad del suministro de electricidad del país un motivo imperioso de interés general que permita establecer excepciones a la aplicación de los artículos 2 a 6 del Convenio de Espoo o suspender su aplicación?

a)

Habida cuenta en particular de las «Recomendaciones de Maastricht sobre los medios para promover la participación efectiva del público en el proceso de toma de decisiones en el ámbito medioambiental», respecto de un proceso de adopción de decisiones con múltiples etapas, ¿deben interpretarse los artículos 2 y 6, en relación con el anexo I.I del Convenio de Aarhus, en el sentido de que deben aplicarse de forma previa a la adopción de un acto legislativo como la Ley de 28 de junio de 2015«por la que se modifica la Ley de 31 de enero de 2003 sobre el abandono progresivo de la energía nuclear para la producción industrial de electricidad con el fin de garantizar la seguridad del suministro de energía», cuyo artículo 2 aplaza la fecha de la desactivación y del fin de la producción industrial de electricidad de las centrales nucleares de Doel 1 y de Doel 2?

b)

¿Sería diferente la respuesta a la cuestión enunciada en la letra a) dependiendo de si se refiere a la central de Doel 1 o a la de Doel 2, habida cuenta de la necesidad, respecto de la primera central, de adoptar actos administrativos de ejecución de la Ley antes citada de 28 de junio de 2015?

c)

¿Puede constituir la seguridad del suministro de electricidad del país un motivo imperioso de interés general que permita establecer excepciones a la aplicación de los artículos 2 y 6 del Convenio de Aarhus o suspender su aplicación?

a)

¿Deben interpretarse el artículo 1, apartado 2, en relación con el apartado 13, letra a), del anexo II de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, (1) leídos, en su caso, a la luz de los Convenios de Espoo y de Aarhus, en el sentido de que son aplicables al aplazamiento de la fecha de la desactivación y del fin de la producción industrial de electricidad de una central nuclear, que implica, como en el presente caso, inversiones importantes y mejoras de seguridad para las centrales nucleares de Doel 1 y 2?

b)

Si se responde afirmativamente a la cuestión enunciada en la letra a), ¿deben interpretarse los artículos 2 a 8 y 11 y los anexos I, II y III de la Directiva 2011/92/UE en el sentido de que se deben aplicar de forma previa a la adopción de un acto legislativo como la Ley de 28 de junio de 2015«por la que se modifica la Ley de 31 de enero de 2003 sobre el abandono progresivo de la energía nuclear para la producción industrial de electricidad con el fin de garantizar la seguridad del suministro de energía», cuyo artículo 2 aplaza la fecha de la desactivación y del fin de la producción industrial de electricidad de las centrales nucleares de Doel 1 y de Doel 2?

c)

¿Sería diferente la respuesta a las cuestiones enunciadas en las letras a) y b) dependiendo de si se refiere a la central de Doel 1 o la de Doel 2, habida cuenta de la necesidad, respecto de la primera central, de adoptar actos administrativos de ejecución de la Ley antes citada de 28 de junio de 2015?

d)

Si se responde afirmativamente a la cuestión enunciada en la letra a), ¿debe interpretarse el artículo 2, apartado 4, de la Directiva 2011/92/UE en el sentido de que permite establecer una excepción respecto del aplazamiento de la desactivación de una central nuclear en cuanto a la aplicación de los artículos 2 a 8 y 11 de la Directiva 2011/92/UE por motivos imperiosos de interés general relativos a la seguridad del suministro de electricidad del país?

a)

¿Debe interpretarse el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, (2) en relación con los artículos 3 y 4 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, (3) leídos, en su caso, a la luz de la Directiva 2011/92/UE y de los Convenios de Espoo y de Aarhus, en el sentido de que son aplicables al aplazamiento de la fecha desactivación y del fin de la producción industrial de electricidad de una central nuclear, que implica, como en el presente caso, inversiones importantes y mejoras de la seguridad para las centrales nucleares de Doel 1 y 2?

b)

Si se responde afirmativamente a la cuestión enunciada en la letra a), ¿debe interpretarse el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE en el sentido de que debe aplicarse de forma previa a la adopción de un acto legislativo como la Ley de 28 de junio de 2015«por la que se modifica la Ley de 31 de enero de 2003 sobre el abandono progresivo de la energía nuclear para la producción industrial de electricidad con el fin de garantizar la seguridad del suministro de energía», cuyo artículo 2 aplaza la fecha de la desactivación y del fin de la producción industrial de electricidad de las centrales nucleares de Doel 1 y de Doel 2?

c)

¿Sería diferente la respuesta a las cuestiones enunciadas en las letras a) y b) dependiendo de si se refiere a la central de Doel 1 o a la de Doel 2, habida cuenta de la necesidad, respecto de la primera central, de adoptar actos administrativos de ejecución de la Ley antes citada de 28 de junio de 2015?

d)

Si se responde afirmativamente a la cuestión enunciada en la letra a), ¿debe interpretarse el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43/CEE en el sentido de que permite considerar como una razón imperiosa de interés público de primer orden los motivos relativos a la seguridad del suministro de electricidad del país, teniendo en cuenta, en particular, los diferentes estudios y audiencias llevados a cabo en el marco de la adopción de la Ley antes citada de 28 de junio de 2015 y que podrían satisfacer los objetivos de la Directiva antes citada?