29.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 206/17

1.1

recuerda en primer lugar el hecho de que un 78 % de la población de la Unión Europea reside en las ciudades, en las aglomeraciones urbanas o en las zonas urbanas. Más del 60 % de la población vive en zonas urbanas de más de 50 000 habitantes. En las zonas urbanas se concentran grandes potenciales, pero también dificultades complejas;

1.2

recuerda, en este contexto, el punto de vista expuesto por la CE en el «Tercer Informe sobre la cohesión económica y social: Una nueva asociación para la cohesión, la convergencia, la competitividad y la cooperación» (2), consistente en llevar a un primer plano las cuestiones relativas a las ciudades mediante su plena inclusión en los programas regionales;

1.3

señala la importancia decisiva de una dimensión urbana en todas las políticas comunitarias, y no sólo en la política de cohesión de la UE: Sólo si son visibles y experimentables de manera concreta sus efectos positivos para las ciudades logrará la UE obtener (nuevamente) cierto grado de aceptación política, que es indispensable para el desarrollo con éxito de nuestro proyecto común;

1.4

apoya la iniciativa del Parlamento Europeo, presentada con el Informe sobre «La dimensión urbana en el contexto de la ampliación» (3), para que se refuerce la dimensión urbana de todas las políticas comunitarias y en las políticas de los Estados miembros, así como las solicitudes que contiene dicho Informe;

1.5

destaca la contribución decisiva que prestan las ciudades en la aplicación de la Estrategia de Lisboa revisada en 2005. No obstante, el crecimiento no es un fin en sí mismo, sino más bien un medio para aumentar el empleo, la cohesión social y la sostenibilidad medioambiental. Al contribuir así a la preservación del modelo social europeo, garantiza la calidad de vida de los ciudadanos de Europa. El empleo es la cuestión más importante para los ciudadanos de la UE. Con el nuevo énfasis en el crecimiento económico y el aumento de la productividad no deberían perderse de vista las restantes dimensiones de la Estrategia de Lisboa;

1.6

pone de relieve que las ciudades siempre han sido laboratorios para todo tipo de evolución: La mayoría de los progresos sociales y tecnológicos se iniciaron en las ciudades. Esta transformación estructural característica de las ciudades conlleva a la vez oportunidades y riesgos: tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. Las ciudades han aprendido a convivir con esta transformación estructural, a reaccionar ante ella. También están habituadas a compensar las deficiencias del mercado – originadas en parte por la transformación estructural. Precisamente porque para lograr los objetivos de Lisboa en muchos sectores es necesario adecuar las estructuras a los nuevos desafíos, las ciudades desempeñan a este respecto un papel central;

1.7

observa, no obstante, de manera crítica que, debido al «planteamiento de arriba abajo» en el desarrollo y la aplicación de la Estrategia de Lisboa, no se ha contado con la gran mayoría de las ciudades europeas en la elaboración de los programas nacionales de reforma. Se contó con ellas parcialmente de manera formal, pero no material. Un estudio revela que, en general, se contó más con las ciudades cuando en el Estado miembro correspondiente existía un Ministerio explícitamente responsable de las ciudades (como, por ejemplo, en los Países Bajos), o cuando se trataba de ciudades que a la vez eran regiones (como Berlín, Hamburgo, Viena, etc.). Esta falta de participación del nivel urbano tiene como consecuencia el desaprovechamiento parcial del potencial de las ciudades y de su gran capacidad de crear sinergias de cooperación entre los actores públicos y privados y los agentes sociales. A este mismo resultado llega esencialmente un estudio realizado por el CDR sobre «La contribución de las regiones y ciudades a la aplicación de la asociación de Lisboa para el crecimiento y el empleo: Una encuesta sobre la participación de las regiones y ciudades en la preparación de los programas nacionales de reforma del proceso de Lisboa» (4), según el cual sólo un 17 % de las ciudades y regiones está satisfechas de su participación en la elaboración de los programas nacionales de reforma;

1.8

señala que se tendió a contar más con las ciudades en la elaboración de los marcos estratégicos nacionales de referencia (MENR) de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Propuesta de Reglamento relativa a los Fondos Estructurales (5). Sin embargo, la toma en consideración explícita de la dimensión urbana en los MENR y los programas operativos de ellos derivados sigue sin ser habitual;

1.9

observa de manera crítica que en la actual propuesta de directrices estratégicas comunitarias de la cohesión 2007-2013 (6) se sigue ignorando ampliamente la dimensión urbana de la política de cohesión. La dimensión urbana sólo se aborda en el marco de las «especificidades territoriales». Esta carencia también se evidenció en los resultados del proceso de consulta sobre las directrices estratégicas de la cohesión 2007–2013: Reiteradas veces se pidió que se pusiera más de relieve el papel decisivo que desempeñan las ciudades para el crecimiento y el empleo. Del mismo modo, las directrices también deberían reconocer formalmente el papel vital de las ciudades. Sin una reglamentación comunitaria clara que establezca de manera vinculante la participación de las ciudades, existe el peligro de que en el período 2007-2013 no se refuerce, sino que se debilite la dimensión urbana de la política de cohesión;

1.10

acoge, por lo tanto, favorablemente la iniciativa tomada por la Comisión Europea con la presentación del documento de trabajo «La política de cohesión y las ciudades: contribución urbana al crecimiento y al empleo en las regiones» (7) de tener en cuenta estas críticas y seguir reforzando la dimensión urbana en la futura política de cohesión. En este documento se ilustra magníficamente la importancia central de las ciudades para el desarrollo de Europa, los Estados miembros y las regiones. Se pone claramente de relieve la contribución decisiva que pueden prestar las ciudades al crecimiento y al empleo, a la cohesión social y a un desarrollo sostenible;

1.11

valora especialmente el hecho de que la Comisión Europea presente en el documento la dimensión urbana en toda su complejidad. Este planteamiento holístico es un punto fuerte decisivo del documento que, en todo caso, debe mantenerse. La complejidad demostrada con ejemplos y datos concretos sólo puede tomarse en consideración mediante un planteamiento integrador de todas las políticas. La dimensión urbana no puede limitarse a la política de cohesión, sino que deberá considerarse explícitamente en todas las políticas comunitarias;

1.12

señala en particular que, en el documento, la contribución de las ciudades se ha desglosado en 50 líneas de acción concretas, que ahora se ponen a disposición de las ciudades como directrices de acción para la futura adopción de medidas concretas;

1.13

apoya el proceso de consulta iniciado por la Comisión sobre el documento de trabajo, así como su intención de incluir los resultados más importantes de este proceso en la versión final de las directrices estratégicas de la cohesión y de publicar el documento de trabajo revisado en forma de «Comunicación»;

1.14

colabora en el refuerzo de la dimensión urbana mediante la organización del Foro de las Ciudades, que se celebrará el 26 de abril de 2006, conjuntamente con la Comisión Europea y la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo.

1.15

acoge positivamente que la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea el Fondo de Cohesión permita a este Fondo financiar transportes urbanos ecológicos;

2.1

felicita a la Comisión Europea por las explicaciones detalladas y precisas sobre los siguientes asuntos: el desarrollo urbano sostenible en la política regional europea, el papel de las ciudades: por qué las ciudades son importantes, ciudades atractivas, apoyo de la innovación, iniciativas empresariales y economía basada en el conocimiento, más y mejor empleo, diferencias entre las ciudades, gobernanza y financiación de la renovación urbana;

2.2

valora positivamente que en las líneas de acción se pida a los Estados miembros que adopten medidas para apoyar a las ciudades;

2.3

pide que se introduzca una cuarta prioridad en las directrices estratégicas comunitarias, centrada en las ciudades y regiones urbanas, cuyo objetivo sea crear comunidades seguras, cohesivas y sostenibles (desde el punto de vista económico, social, medioambiental y comercial) incluso en las zonas urbanas más pobres;

2.4

señala las distintas situaciones de las ciudades, en particular en función de sus dimensiones, de su situación geográfica, como, por ejemplo, las zonas periféricas, del correspondiente reparto de competencias a nivel nacional y del hecho de que se trate de ciudades de los antiguos o de los nuevos Estados miembros. Además, propone considerar el criterio especialmente importante de observar cómo se manifiestan las diferencias entre las ciudades de los distintos Estados miembros, determinadas por los niveles de urbanización y la economía de estos países;

2.5

comparte el punto de vista de la Comisión consistente en que el refuerzo general de la competencia de acción de las ciudades es un requisito para el éxito de su desarrollo, contribuyendo así significativamente al desarrollo regional. Con este fin, debería dotarse a las ciudades de sistemas e instrumentos que les permitan reaccionar ante las transformaciones económicas y sociales, así como con una masa crítica de recursos financieros que podrían recibir mediante subvenciones globales y la subdelegación de las correspondientes funciones gestoras, tal como se prevé en el nuevo Reglamento del FEDER (artículos 36, 41 y 42);

2.6

subraya que, para hacer realidad la Estrategia de Lisboa y conseguir un fuerte incremento del crecimiento y la productividad, es esencial reconocer la importancia de las ciudades y zonas urbanas para su realización, ya que cuentan con una masa crítica de población, centros de excelencia de educación superior e investigación, y la capacidad de aplicar los descubrimientos a escala industrial. Por este motivo, aboga por una dimensión urbana de la política de cohesión que reconozca el potencial de las ciudades como motores de la innovación y la economía del conocimiento;

2.7

señala, sobre todo en relación con la mejora de las condiciones del entorno empresarial y para la innovación, que las ciudades sólo podrán desempeñar estas importantes funciones de liderazgo si disponen de la dotación de recursos financieros necesaria para ello. Esto es aplicable, por supuesto, a todos los ámbitos de acción mencionados;

2.8

destaca la importancia de un procedimiento coordinado y que tome en consideración las realidades de las «regiones funcionales» para lograr mejoras sostenibles mediante las líneas de acción citadas. Sólo mediante la colaboración entre socios más allá de las fronteras administrativas existen posibilidades de solución y oportunidades para aprovechar las potencialidades. Esta cooperación no siempre sencilla en la práctica debería fomentarse mediante incentivos especiales por las políticas comunitarias, como la promoción de proyectos de desarrollo estratégico de gran amplitud. Goza de especial importancia la creación de nuevas redes de cooperación entre áreas metropolitanas y regiones urbanas, así como la potenciación de las que ya existen. Especial mención merece la cooperación desarrollada en el período actual a través de la Iniciativa Interreg III, cooperación que se articulará en el período 2007-2013 a través del Objetivo Cooperación Territorial;

2.9

destaca el importante papel de las ciudades en la lucha contra el cambio climático, tanto por el tamaño de la población como por su capacidad para generar cambios a gran escala, por ejemplo en los transportes públicos o la innovación en el uso de energía en los edificios. Por este motivo, propone que se incluya en los programas de los Fondos Estructurales un requisito medioambiental;

2.10

señala la importancia de la rehabilitación y el desarrollo urbanístico de las zonas industriales abandonadas y los espacios públicos, como contribución a la renovación de las ciudades que han crecido desordenadamente y a la reducción de la urbanización excesiva. Para ello, las ciudades necesitan el apoyo de los niveles nacional y europeo De este modo, las áreas metropolitanas y regiones urbanas requieren para enfrentarse a sus problemas específicos el apoyo financiero comunitario a través de la creación de programas ad hoc para la revitalización de zonas urbanas en declive y la potenciación de iniciativas que continúen la labor emprendida por URBAN;

2.11

es consciente de la importancia de una política de la diversidad que abarque todos los ámbitos de la administración pública. Este es un requisito indispensable para aprovechar plenamente el potencial específico de las personas procedentes de la inmigración, que actualmente con frecuencia siguen constituyendo un recurso desaprovechado;

2.12

señala en particular la importancia de los servicios de interés general para incrementar la eficiencia de los sistemas urbanos y aumentar el atractivo de las ciudades. Para ello deberá prestarse especial atención –como expresión del principio de subsidiariedad– al derecho de libre elección por parte de los entes regionales y locales de la forma de prestación de los servicios de interés (económico) general. Solicita que en adelante el marco jurídico europeo en este ámbito permanezca abierto a la posibilidad de la producción propia y de confiarla directamente a empresas internas. Es necesaria una mayor flexibilidad para las ciudades y regiones en la legislación sobre las ayudas y la contratación pública;

2.13

recomienda que en todos los ámbitos de acción se tomen especialmente en consideración las necesidades de las mujeres, los jóvenes, las personas mayores y todas las personas con necesidades especiales;

2.14

considera necesario velar por que las ciudades estén más adaptadas a las mujeres, respaldando la actividad empresarial de éstas y adoptando medidas que las impulsen y ayuden a ser líderes y gestoras en las empresas y el sector público de las ciudades a través de servicios adecuados de proximidad y bienestar;

2.15

sugiere que se añada al documento una sección específica sobre la cuestión de la salud. Aunque este asunto se aborda en los tres temas principales –accesibilidad y movilidad, acceso a los servicios e instituciones, y medio ambiente natural y físico–, debido a su importancia debería sin embargo tomarse en consideración en líneas de acción explícitas;

2.16

destaca la especial importancia de garantizar ofertas amplias y eficaces de guarderías infantiles con horarios adecuados a las necesidades. Esta oferta permitirá trabajar a los padres, creará una base importante para la educación posterior de los niños, contribuirá en gran medida a la integración de distintas culturas y a la integración de los niños con necesidades especiales;

2.17

señala de manera crítica en lo que se refiere a las directrices en el ámbito de «acciones para las PYME y la pequeña empresa» que la simplificación del acceso a la financiación mediante la asunción de riesgos debería practicarse de manera muy restrictiva y sólo debería realizarse aplicando criterios estrictos. Subraya que es necesario aumentar las ayudas para las microempresas;

2.18

señala que la formación y la política educativa en toda su extensión –incluido el «aprendizaje permanente» –no sólo debería considerarse por sus repercusiones sobre el crecimiento y el empleo, sino también desde los puntos de vista de una comunidad socialmente responsable y solidaria que otorga prioridad ante todo a la participación de todos los ciudadanos en los procesos de la sociedad en su conjunto, y no sólo en los procesos económicos;

2.19

está convencido de que, con el aumento del número de personas mayores, ámbitos como la asistencia y los cuidados, al igual que los «servicios sociales», adquirirán mayor importancia. Estas transformaciones en la pirámide de edades plantean grandes retos de futuro para las ciudades, pero también representan oportunidades para el crecimiento y el empleo, como, por ejemplo, en las profesiones del sector asistencial;

2.20

destaca que la existencia de un importante número de inmigrantes en las áreas metropolitanas y regiones urbanas europeas supone un importante reto para éstas, pero también constituye un nuevo recurso donde estas entidades deben buscar nuevas oportunidades de crecimiento. Desde las diversas administraciones públicas deberá impulsarse el aprovechamiento de estas oportunidades;

2.21

destaca la creciente importancia – sobre todo para las ciudades – de la economía social como mercado laboral en crecimiento, junto con el primer sector (privado) y el segundo sector (público). Solicita que se tome explícitamente en consideración la necesidad de fomentar las oportunidades de mercado de las empresas de la economía social (del «tercer sector») en las directrices, como, por ejemplo, en el acceso a los créditos o mediante garantías del Estado;

2.22

subraya en particular que, para el desarrollo futuro de la UE en su conjunto, reviste especial importancia la creación de puestos de trabajo sostenibles y la lucha contra el desempleo. Sólo partiendo de la base de lograr éxitos apreciables en este ámbito puede lograrse (nuevamente) la aceptación de la UE por la población. Las ciudades, como centro de la transformación estructural, se ven afectadas en especial medida por la problemática del desempleo;

2.23

pide que la política del mercado laboral de los Estados miembros tome en mayor consideración las necesidades de las regiones urbanas y que se desarrollen programas adecuados a este efecto, conjuntamente con las cuencas de empleo funcionales de las ciudades. Para ello pueden servir de base pactos, acuerdos y convenios institucionales para la adopción de políticas relativas al mercado laboral nacionales, regionales y locales, como muestran los pactos territoriales en favor del empleo. Mediante estos pactos se reforzará a nivel de las ciudades la vinculación de las políticas económica, regional y del mercado de trabajo, que deberían seguir desarrollándose y apoyándose con recursos de la UE;

2.24

suscribe el punto de vista de la Comisión Europea de que el elevado número de extranjeros que viven en las ciudades significa una oportunidad, y de que, para ser competitivas, las ciudades necesitan atraer y respaldar a personas con competencias muy diversas, y con frecuencia los inmigrantes colman importantes lagunas. Por este motivo, respalda la recomendación presentada por la Comisión Europea en su reciente Informe sobre el funcionamiento de las disposiciones transitorias relativas a la libre circulación de personas, por la que insta a los Estados miembros a examinar cuidadosamente si es necesario prolongar estas restricciones, a la luz de la situación del mercado laboral y los datos aportados en dicho Informe;

2.25

señala de manera crítica que la calidad de los puestos de trabajo creados reviste una importancia decisiva. Los aumentos del empleo se han producido últimamente en su mayoría por el aumento del empleo a tiempo parcial y nuevas formas de ocupación. En algunos sectores se hunde la calidad del empleo ofertado o no se oferta ningún puesto de trabajo con arreglo a las normas legales vigentes. De esta multitud de formas de empleo que no garantizan la estabilidad económica del trabajador surgen nuevas fracturas sociales. Se pide al sector privado y a las empresas que proporcionen puestos de trabajo que permitan un empleo sostenible. La flexibilización del mercado laboral en detrimento de la seguridad laboral y social no es un proyecto sostenible y, por tanto, las distintas administraciones públicas deberán velar para que esto no ocurra;

2.26

pone de relieve que evitar la exclusión social y los problemas de ella resultantes – desde la creación de guetos hasta la delincuencia – es una condición fundamental para la calidad de vida urbana. Las administraciones públicas deberán prestar especial atención a aquellos colectivos que sufran un mayor riesgo de exclusión social. Especial mención merece el caso de los inmigrantes;

2.27

destaca que la incorporación de las iniciativas comunitarias como, en particular, Urban y Equal a los programas operativos nacionales y regionales no debe suponer una reducción del alcance innovador de los programas e iniciativas de la UE. Al contrario, es conveniente fomentar el carácter innovador de las iniciativas urbanas en la nueva política de cohesión y promover la interconexión de ideas y la transmisión de su aplicabilidad.

2.28

a tal fin, solicita a la Comisión que las iniciativas en el ámbito urbano, en ejecución de las orientaciones de la UE y en consideración de su carácter emblemático y transferible que conviene mantener también en la próxima programación, sean comparables entre sí y que la eficacia de las intervenciones sea mensurable en términos cualitativos y cuantitativos.

3.1

pide a la Comisión Europea que tome en consideración la dimensión urbana en todas las políticas comunitarias. Para ello es necesario un planteamiento que identifique, analice y tenga en cuenta los problemas concretos de la realidad urbana, y que evalúe las repercusiones de las políticas comunitarias sobre las ciudades. Para garantizar que así sea, parece indispensable la implicación de los responsables institucionales de las ciudades en todas las fases del desarrollo de las políticas y los programas, así como en su aplicación y evaluación;

3.2

señala la necesidad de una mejor coordinación de la dimensión urbana entre todos los servicios de la Comisión Europea, en particular entre la DG Regio, la DG de Medio Ambiente, la DG de Transportes, la DG de Empleo y la DG de Salud Pública. En todos los programas de la UE deberá prestarse una mayor atención a la dimensión urbana – en los aspectos financiero y territorial;

3.3

destaca asimismo la necesidad de una mayor coordinación entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo para, de esta manera, lograr una agenda más clara para las acciones de la UE destinadas a las ciudades;

3.4

recomienda a la Comisión Europea que refuerce el «Grupo de trabajo interservicios» con la inclusión de expertos de las ciudades y la creación de una «task force» interservicios – siguiendo el modelo del Grupo de trabajo interservicios sobre «vivienda urbana» del Parlamento Europeo. También se recomienda la creación de foros para el diálogo regular con las ciudades sobre las políticas comunitarias que afectan a estas últimas, como ya se hace en el ámbito del medio ambiente;

3.5

pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que anuncien un «diálogo territorial» – similar al diálogo social y civil –, que permita a los distintos entes regionales y urbanos y a sus asociaciones nacionales y europeas presentar sus posiciones en la preparación, negociación y decisión de las políticas y medidas que afectan a las ciudades y a las regiones, y, de este modo, participar en su elaboración. El diálogo con las asociaciones de colectividades territoriales (8) iniciado por la Comisión Europea en 2003 con la participación del Comité de las Regiones constituye tan sólo un primer paso en este sentido;

3.6

se pronuncia a favor de la organización por el Consejo y los Estados miembros de un encuentro de alto nivel antes de cada cumbre de primavera. En este encuentro deberían participar, además de los protagonistas del «diálogo territorial», en particular la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y redes de ciudades. Sugiere asimismo la celebración de reuniones anuales de los ministros de los Estados miembros responsables de la política urbana, que deberían ir precedidas de una reunión con los representantes de las redes de ciudades y de las asociaciones nacionales y europeas de municipios, como el Consejo de Municipios y Regiones de Europa. En estas reuniones, el Grupo de trabajo interservicios de la Comisión Europea debería informar regularmente de la situación de sus trabajos;

3.7

pide a los Gobiernos de los Estados miembros que tomen en mayor consideración la dimensión urbana en las políticas nacionales. Deberá garantizarse, en particular, que se dote a las ciudades de los recursos financieros necesarios para el desempeño de sus cometidos. Además, debería profundizarse el diálogo con las ciudades y sus asociaciones y celebrarse de manera estable como una consulta formal;

3.8

señala la importancia central de la investigación y el desarrollo para lograr los objetivos de Lisboa. Solicita, por este motivo, que el importante papel de las ciudades en la política de investigación se refleje en el «Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración» en forma de «mainstreaming urbano». Hasta ahora la dimensión urbana sólo se ha tomado en consideración decididamente en los asuntos de medio ambiente y transportes. En cambio, la consideración de los aspectos de investigación urbanos es necesaria en todos los ámbitos y programas específicos. En este sentido, es importante apoyar de manera reforzada con medidas apropiadas la vinculación de las ciudades con sus universidades y centros de investigación. Ello permitirá crear sinergias para el desarrollo urbano y mejorar la valoración por parte de la opinión pública de la investigación y el desarrollo. Una de estas medidas podría ser, por ejemplo, un concurso europeo denominado «Ciudad europea de la ciencia».

3.9

El Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico debería consolidar a las ciudades como plataformas de intercambio de información y conocimiento, velar por un reparto de recursos y políticas en materia de innovación que responda a las necesidades de la sociedad en general y de los ciudadanos en particular y garantizar el apoyo a la investigación trasnacional en materia de desarrollo urbano;

3.10

destaca la importancia de la subsidiariedad y de la participación de los niveles subnacionales en la programación y aplicación de la política de cohesión. La descentralización en la gestión de los Fondos Estructurales no debe conducir a la centralización de la política de cohesión a nivel de los Estados miembros;

3.11

pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta el principio de proporcionalidad en la aplicación de los dispositivos de gestión y control de las actuaciones desarrolladas por las ciudades;

3.12

solicita una mayor y más transparente participación de las autoridades locales en la preparación, elaboración y puesta en marcha de los Planes Nacionales de Reforma, así como que los Estados miembros incluyan en sus Informes anuales a la Comisión Europea un capítulo específico que recoja las medidas de ejecución a nivel local de dichos programas;

3.13

se felicita de que se tome en consideración la dimensión urbana en las propuestas de la Comisión de reglamentos relativos a los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión 2007 –2013;

3.14

pide que se potencie la dimensión urbana en las directrices estratégicas de la cohesión para el período 2007 –2013. La Comisión Europea deberá garantizar la inclusión efectiva de la dimensión urbana, quizás estableciendo claramente la dimensión urbana en los informes de aplicación de los Estados miembros y en el Informe anual de la Comisión Europea previstos en los artículos 27 y 28 de la propuesta de Reglamento relativa al conjunto de los Fondos Estructurales (9);

3.15

destaca el papel fundamental de las acciones prospectivas y estratégicas frente a los problemas de desempleo puestas en marcha desde los gobiernos municipales, a través principalmente de propuestas para la generación de puestos alternativos de trabajo en los llamados «nuevos yacimientos de empleo». Por este motivo, recomienda que no sólo se tome en consideración la dimensión urbana a la hora de plantear y desarrollar programas de empleo, sino que se dote a las ciudades de las competencias, instrumentos de gestión y las asignaciones presupuestarias necesarias;

3.16

acoge con satisfacción las iniciativas conjuntas JEREMIE, JASPERS y JESSICA de la Comisión Europea y del Grupo EIP. El acceso en pie de igualdad para todos los niveles estatales a estos sistemas de financiación constituyen un requisito fundamental para su éxito;

3.17

recomienda la elaboración, la actualización sistemática y la difusión de datos y análisis que ilustren la compleja realidad de las ciudades y permitan valorar mejor la situación en las ciudades. Apoya, en particular, iniciativas como ESPON o Auditoría Urbana;

3.18

apoya el desarrollo de redes entre las ciudades para el intercambio de experiencias y mejores prácticas. Para ello deberían tomarse como base redes existentes como URBACT con el proyecto piloto «European Urban Knowledge Network», los puntos esenciales de la cooperación urbana interregional, Eurocities, etc. En este sentido también deben tenerse en cuenta iniciativas de asociaciones nacionales y europeas que representen los intereses de las ciudades;

3.19

pide a la Comisión Europea que inste a los Estados miembros que se benefician del Fondo de Cohesión a consagrar una parte significativa de la ayuda recibida a proyectos de transportes urbanos sostenibles.