18.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/34

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hace hincapié en que los entes locales y regionales se encuentran en primera línea cuando se trata de combatir la pobreza y la explotación infantil, y subraya su crucial responsabilidad para prevenir la marginalización y la exclusión social; coincide en que la pobreza infantil es un fenómeno multidimensional que requiere una respuesta también multidimensional, y señala que para combatir la pobreza infantil puede resultar esencial introducir mejoras en un número limitado de ámbitos clave, por ejemplo fijando salarios mínimos y normas de calidad;

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insiste en la importancia del trabajo remunerado, pero señala asimismo que el empleo por sí solo no garantiza la salida de la pobreza y que se precisan más acciones para combatir la situación de pobreza pese a tener un empleo;

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insiste en la necesidad de que todos los Estados miembros reconozcan que la pobreza infantil y la exclusión social constituyen obstáculos importantes que deben salvarse para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de tasa de empleo, inversión en investigación y desarrollo y energía y desarrollo sostenible;

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expresa su preocupación por el hecho de que la crisis económica y financiera, y la respuesta que están dando algunos Estados miembros, conduzca a un aumento de los niveles de pobreza absoluta, a un aumento de los niveles de pobreza en situación de empleo y esté incrementando la tasa de paro juvenil.

Ponente

Doreen HUDDART (UK/ALDE) Concejala de Newcastle

1.

respalda la intención de la Comisión de presentar en 2012 una recomendación para combatir la pobreza infantil y fomentar el bienestar de los niños, y se congratula de tener la oportunidad de contribuir mediante este dictamen prospectivo a impulsar los objetivos de la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social; respalda los tres ámbitos de acción apuntados como parte de la recomendación: recursos adecuados, acceso a los servicios y participación activa de los niños y los jóvenes; señala que las enérgicas declaraciones políticas de los Jefes de Estado de la UE en las que dan prioridad a la pobreza infantil no siempre se han traducido en recursos, acciones, objetivos y supervisiones coherentes en todos los Estados miembros de la UE;

2.

hace hincapié en que los entes locales y regionales se encuentran en primera línea cuando se trata de combatir la pobreza y la explotación infantil, y subraya su crucial responsabilidad para prevenir la marginalización y la exclusión social; coincide en que la pobreza infantil es un fenómeno multidimensional que requiere una respuesta también multidimensional, y señala que para combatir la pobreza infantil puede resultar esencial introducir mejoras en un número limitado de ámbitos clave, por ejemplo fijando salarios mínimos y normas de calidad;

3.

llama la atención sobre el hecho de que la pobreza infantil no es una cuestión periférica o residual que vaya a desaparecer con el crecimiento económico (1); el incremento del crecimiento durante el período 2000-2008 no tuvo una incidencia significativa en los niveles de pobreza infantil; subraya que la pobreza infantil era una ignominia para la sociedad de la UE antes de la crisis económica y expresa su preocupación por que las respuestas de algunos Estados miembros a la crisis tengan como consecuencia involuntaria un aumento de los niveles de pobreza infantil; reconoce que hay grupos específicos de niños que corren un riesgo considerable de pobreza aun más severa o extrema, pero hace hincapié en que los niños en general constituyen un grupo social que con frecuencia está expuesto a un mayor riesgo de pobreza que el grueso de la población;

4.

una de las definiciones de la pobreza es la siguiente:

«Los individuos, familias o grupos de la población podrán considerarse en estado de pobreza cuando carezcan de los recursos necesarios para obtener el tipo de alimentación, participar en las actividades y disfrutar de las condiciones de vida y equipamiento que son habituales, o al menos ampliamente favorecidas o aprobadas, en las sociedades a las que pertenecen. Sus recursos son tan significativamente inferiores a los de la media individual o familiar que, de hecho, se encuentran excluidos de los modos de vida, costumbres y actividades habituales» (2);

5.

constata que la medida más ampliamente utilizada para evaluar la pobreza en los Estados miembros y en la UE es el nivel de renta inferior al 60 % de la renta media; sin embargo, considera necesario usar una serie de criterios para evaluar la pobreza absoluta, e integrar medidas como la inclusión social, el acceso a los servicios, el nivel de educación y la esperanza de vida al nacer, tal como establece el Índice de Desarrollo Humano (3). Celebra la mayor visibilidad que se ha dado a la pobreza y la exclusión social en la Estrategia Europa 2020, y coincide en que la dimensión social debería estar en el centro de esta estrategia, a la vez que recuerda que la pobreza amenaza a veinte millones de niños que viven en la Unión Europea;

6.

destaca que la pobreza puede tener efectos devastadores para los niños y su infancia, así como para sus oportunidades de futuro; acoge con satisfacción las referencias a la lucha contra la pobreza infantil como iniciativa emblemática de la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social; lamenta, sin embargo, el escaso compromiso para lograrlo y la falta de un objetivo específico en relación con la pobreza infantil en el marco de esta iniciativa;

7.

acoge positivamente el compromiso de publicar una recomendación y una comunicación sobre la pobreza infantil y el bienestar de los niños en junio de 2012; respalda el marco propuesto para la recomendación sobre la pobreza y el bienestar infantiles; reconoce la importancia, en este contexto, de implicar a los niños en situación de pobreza y acoge positivamente la inclusión de la participación activa en estas medidas, aunque propone que la recomendación y la comunicación hagan hincapié en el valor de las organizaciones humanitarias como la Unicef, y el papel los entes locales y regionales a la hora de proporcionar servicios que garanticen a los niños que están protegidos contra la pobreza y las privaciones materiales que la acompañan;

8.

señala que la actual crisis financiera ha afectado más duramente a los más vulnerables de nuestra sociedad, y hay datos que parecen indicar que esto se aplica de manera desproporcionada a los niños y jóvenes (4), a la vez que recuerda que algunos niños de grupos de población vulnerables, como los niños de la calle, los niños de familias monoparentales o numerosas y los hijos de familias inmigrantes o pertenecientes a grupos étnicos minoritarios como los romaníes, sufren un riesgo de marginación, pobreza y exclusión social incluso mayor; señala que aunque la mundialización y la mayor cooperación entre los países pueden tener consecuencias positivas considerables en la vida de las personas, estas ventajas suelen estar repartidas de manera desigual. Debería procurarse que nadie quede excluido de todas estas ventajas;

9.

observa que la gran importancia política que se ha concedido a la pobreza infantil en los últimos años en la UE y las declaraciones de apoyo de los Jefes de Estado de los países de la UE no han conducido a reducciones significativas de los niveles de pobreza infantil; subraya, asimismo, que el apoyo político de la lucha contra este fenómeno debe traducirse en recursos, acciones y objetivos coherentes en todos los Estados miembros de la UE;

10.

insiste en la importancia del trabajo remunerado, pero señala asimismo que el empleo por sí solo no garantiza la salida de la pobreza y que se precisan más acciones para combatir la situación de pobreza pese a tener un empleo (5);

11.

insiste en la necesidad de que todos los Estados miembros reconozcan que la pobreza infantil y la exclusión social constituyen obstáculos importantes que deben salvarse para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de tasa de empleo, inversión en investigación, desarrollo, energía y desarrollo sostenible;

12.

coincide en que es inaceptable que, en el siglo XXI y en una de las regiones más ricas del planeta, veinte millones de niños vivan en situación de pobreza o se vean expuestos al riesgo de pobreza y que (6) la pobreza no consiste únicamente en tener una renta baja y sufrir privaciones, sino también en una denegación del poder, del respeto, de un buen estado de salud, de la educación y la vivienda, de un mínimo de autoestima y de la capacidad de participar en actividades sociales;

13.

pone de relieve que también la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la naturaleza específica de la pobreza infantil. La ONU recalca, además, que ésta no se limita a una mera escasez de dinero. La pobreza infantil solo cabe analizarse como la conculcación de determinados derechos consagrados por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), que consagra el reconocimiento del derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (art. 27). Una situación de pobreza infantil en la mayoría de los casos supone una conculcación de los derechos de supervivencia, protección, desarrollo y participación recogidos en la CDN;

14.

señala que numerosos estudios demuestran que una política de redistribución eficaz en favor de las familias con hijos es esencial para limitar la pobreza infantil. En la UE, considerada en su conjunto, las transferencias sociales reducen la pobreza infantil en, al menos, un 44 %;

15.

subraya que es necesario que se comprendan mejor las ventajas, en términos de coste-beneficios, de invertir en la lucha contra la pobreza (7) y la explotación infantil, la exclusión social y las desigualdades sociales en general; destaca los beneficios que conllevan para la sociedad en su conjunto una mayor igualdad y una reducción de la marginalización, la exclusión y la pobreza en nuestras sociedades, y hace hincapié en las ventajas financieras y económicas y sociales de invertir en los niños y las familias desde una fase temprana (8);

16.

apoya las conclusiones del Consejo sobre el tema «Lucha contra la pobreza infantil y fomento del bienestar de los niños» de 17 de junio de 2011, que pide que la lucha contra la pobreza infantil sea una prioridad; y apoya el dictamen del Comité de protección social de 15 de febrero de 2011, que pide que la lucha contra la pobreza infantil sea prioritaria en todos los ámbitos relevantes;

17.

coincide en que ya hay estudios significativos sobre la pobreza infantil en la UE; le preocupa constatar que los niveles de pobreza infantil en los Estados miembros de la UE fluctúan entre el 11 % y el 33 %, y recomienda que se utilicen recursos para comprender esta base empírica, darla a conocer y utilizarla, así como para el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros;

18.

expresa su preocupación por el hecho de que la crisis económica y financiera, y la respuesta que están dando algunos Estados miembros, conduzca a un aumento de los niveles de pobreza absoluta, a un aumento de los niveles de pobreza en situación de empleo y esté incrementando la tasa de paro juvenil (9);

19.

subraya la importancia de unas políticas dirigidas a romper el ciclo de la pobreza transmitido de generación en generación. Para que esto ocurra se necesitan políticas transversales que incluyan educación y medidas sociales encaminadas no sólo a asegurar el empleo de los padres, sino que vayan dirigidas directamente a los hijos;

20.

pide un mayor reconocimiento por parte de la Comisión y los Estados miembros de que la pobreza es una responsabilidad compartida y un reto para el conjunto de la sociedad, y no debe considerarse un estigma o carencia de las personas pobres o socialmente excluidas;

21.

reitera su petición de que la Comisión garantice que los fondos estructurales brinden oportunidades para mejorar la vivienda social, a fin de reforzar su papel en las políticas de inclusión social, e insiste en que las funciones de servicio público de la vivienda social deben fijarse a nivel nacional;

22.

coincide en que para aliviar y prevenir la pobreza es necesario un enfoque global e integrado que cubra las necesidades de los distintos grupos y los retos particulares que han de afrontarse;

23.

respalda el punto de vista según el cual la pobreza de ingresos es una de las señales más visibles del desamparo social que afecta a los niños de manera diferente que a los adultos (10); sin embargo este no es más que uno de los muchos factores de la pobreza infantil que hay que tratar; coincide en que hay un desconocimiento de las normas mínimas que son necesarias para poder respetar los derechos del niño; anima a la UE y sus Estados miembros a estudiar la posibilidad de abordar el problema en los ámbitos clave como el complemento de ingresos, el acceso a los servicios y la participación de los niños;

24.

señala que los países que más gastan en prestaciones sociales tienen las cifras de pobreza infantil más bajas; está de acuerdo en que los Estados miembros deberían plantearse, en su caso, la posibilidad de mejorar las prestaciones familiares, como expresión de una solidaridad intergeneracional que reconoce el valor inherente de la infancia y como inversión en el futuro de Europa;

25.

valora positivamente la propuesta de desarrollar un marco para garantizar unos ingresos mínimos globales adecuados para todos los niños, teniendo en cuenta las rentas de todos los miembros de la familia, incluyendo tanto a los padres como a los hijos;

26.

resalta la importancia de contar con políticas públicas de carácter preventivo que inviertan en políticas razonables de bienestar infantil que apoyen la educación de individuos capacitados, capaces de integrarse en la sociedad y en el mercado laboral, más que centradas en las consecuencias de su exclusión social y pobreza;

27.

reitera la importancia de los recursos de otra índole que las prestaciones; la participación de los padres en el mercado de trabajo solo servirá para sacar a sus hijos de la pobreza si los salarios tienen un nivel apropiado y permiten conciliar las diversas actividades laborales de los padres; pide a los Estados miembros que acojan favorablemente la propuesta de añadir una recomendación sobre la adopción de una normativa adecuada relativa a los niveles salariales y la garantía de un trabajo «decente» (11), y propone que la legislación sobre protección del empleo forme parte de esta recomendación; destaca, no obstante, que algunas personas no pueden acceder al mercado de trabajo y están incapacitadas para trabajar y que las prestaciones tienen que tenerlo en cuenta;

28.

reconoce que las prestaciones familiares de carácter universal son la forma más eficaz de prestar un complemento de renta a las familias con hijos y que éstas deberían acompañarse de prestaciones específicas para los más necesitados (12);

29.

pide una mayor clarificación de lo que es «adecuado» y anima a los Estados miembros y la Comisión a acordar normas europeas o establecer una metodología común para determinar los costes que implica un niño y establecer una definición de qué son recursos adecuados para prevenir y combatir la pobreza infantil; propone que cualquier definición responda a las preguntas: adecuado para quién, adecuado por cuánto tiempo y adecuado para qué, así como quién dice qué es lo adecuado (13);

30.

respalda firmemente la propuesta de instar a los Estados miembros a tener cuidado cuando aumenten la condicionalidad y utilicen sanciones en el marco de los sistemas de prestaciones, a fin de evitar penalizar a los niños y dejarlos sin los recursos necesarios; señala que este enfoque a menudo se añade a la estigmatización de las familias y los niños que viven en la pobreza y a la percepción de que la pobreza es originada por fracasos o carencias personales; señala que la crisis económica ha provocado un aumento significativo del desempleo, el estancamiento de los ingresos de las familias y un aumento del coste de la vida en muchos Estados miembros; pone de relieve el importante papel que pueden desempeñar los servicios de asesoramiento en la maximización de los ingresos de las familias y observa que en algunos Estados miembros estos servicios pueden estar en peligro;

31.

está de acuerdo en que un buen equilibrio entre la vida profesional y privada de los padres es esencial para el bienestar de los niños y de la sociedad, ya que tanto la pobreza de ingresos como la falta de tiempo pueden perjudicar el desarrollo del niño; coincide en que el empleo precario, los horarios laborales incompatibles con la vida social y los empleos mal remunerados de los padres pueden tener repercusiones negativas para la vida de los adultos y el desarrollo de los niños (14);

32.

acoge positivamente el énfasis puesto en garantizar el acceso de todos los niños a unos servicios de calidad en una fase esencial de su desarrollo, y señala que la salud, la educación, la asistencia educativa y familiar, la vivienda y la protección son servicios clave cuya prestación, en la mayoría de los casos, está asegurada por los entes locales y regionales;

33.

reconoce la importancia de la educación y del cuidado de los niños en edad preescolar así como de la calidad de los servicios de la primera infancia; destaca que la intervención temprana y efectiva y el apoyo durante toda la infancia y la adolescencia (y en los momentos críticos, en particular (15) pueden tener un importante impacto beneficioso para el desarrollo del niño; observa que algunos servicios de los entes locales y regionales, tales como guarderías, escuelas, bibliotecas y clubes de actividad postescolar son vitales para mejorar el bienestar de los niños pero que, en muchos Estados miembros, se encuentran amenazados por los programas de austeridad (16);

34.

acoge la propuesta de reforzar el papel de la educación a la hora de prevenir y romper el ciclo de pobreza suprimiendo todas las barreras financieras a la educación, garantizando la igualdad de oportunidades y proporcionando el apoyo adicional necesario para compensar cualquier situación de desventaja; reconoce la importancia de las medidas relativas a la igualdad en el acceso a la educación, que siempre corren a cargo de los entes locales y regionales, como la gratuidad de las comidas escolares, los libros y el material escolar, así como la concesión de ayudas económicas a los niños procedentes de entornos muy modestos o que corran riesgo de pobreza para que puedan participar en los viajes escolares y las actividades culturales;

35.

insiste en el papel que pueden desempeñar las estructuras de atención a la infancia en la lucha contra la pobreza infantil. Brindan al niño la posibilidad de relacionarse con menores y con el personal de las estructuras de acogida, lo cual redunda en su beneficio. Ello puede impulsar su desarrollo cognitivo, lingüístico, emocional y social, cuyos efectos parecen duraderos;

36.

hace hincapié en las repercusiones devastadoras de la pobreza para la salud infantil (17); expresa su preocupación por el hecho de que, según la Comunicación de la Comisión sobre las desigualdades en salud, se da poca importancia al acceso de los niños a la sanidad, en general se es poco consciente del problema y la cuestión de las desigualdades ante la sanidad no es objeto de una prioridad y un compromiso políticos suficientes; propone que en la Recomendación y en la Comunicación se destaque la importancia de mejorar la salud infantil, incluida la salud mental; coincide en que los niños deberían ocupar un lugar central en unos esfuerzos más amplios para reducir las desigualdades en materia de salud y que se debería garantizar que los grupos más desfavorecidos y que sufren exclusión social, incluidos los niños, tengan acceso a la asistencia sanitaria;

37.

comparte la preocupación de que las cuestiones medioambientales, por ejemplo la contaminación, el tráfico, la contaminación del suelo o la mala calidad del agua potable con frecuencia afectan desproporcionadamente a los niños; acoge positivamente la propuesta de esforzarse al máximo para evitar la agrupación en guetos de los niños víctimas de la pobreza y la exclusión social y fomentar la amalgama social en el ámbito de la vivienda; acoge favorablemente la propuesta de incluir a los niños, sus familiares y sus comunidades en la planificación; sugiere que se debería considerar introducir en la Recomendación normas mínimas relativas al alojamiento de los niños, teniendo en cuenta la primacía de sus derechos;

38.

coincide en que los Estados miembros deberían garantizar que no se separe a los niños de sus familias si estas carecen de recursos para ocuparse de ellos y reconoce que esto no ocurriría si se garantizaran los recursos adecuados; advierte sobre el riesgo de que la estigmatización asociada a la pobreza aumente al vincular excesivamente la pobreza con el maltrato familiar y destaca el importante papel que desempeñan los entes locales y regionales en la protección de los niños;

39.

respalda firmemente el énfasis puesto en la participación activa de los niños y jóvenes en la recomendación propuesta; coincide en que existen obstáculos para que todos los niños participen, especialmente en el caso de los niños desfavorecidos, y es probable que los enfoques tradicionales utilizados en las consultas no consigan incluirlos; no obstante, se ha de fomentar un planteamiento activo y participativo en las familias, las comunidades, las ONG y el sector privado, a fin de reforzar el compromiso de toda la sociedad;

40.

propone que la participación de los niños incluya oportunidades para contribuir a las decisiones que les afectan e influir en ellas y la participación en actividades deportivas y recreativas para la mejora de la salud, la vida social y el desarrollo personal y en actividades culturales para desarrollar competencias y sensibilizar sobre culturas y diversidad cultural, a fin de construir una sociedad más integradora y menos discriminatoria:

41.

pide a los Estados miembros y a los entes locales y regionales que contribuyan a que los niños y jóvenes dispongan de un entorno de aprendizaje, desarrollo y tiempo libre y de posibilidades de diverso tipo, lo que constituye una condición para su participación activa;

42.

coincide en que un obstáculo para combatir la pobreza infantil es la falta de concienciación pública y política sobre la cuestión y sus repercusiones tanto para los niños y sus familias como para la sociedad en general; expresa su preocupación por que la situación se agrave debido a una cobertura mediática limitada, y en algunos casos negativa, de la pobreza, a la escasa concienciación sobre los derechos de los niños o a su limitado respaldo, a una falta de visión a largo plazo y a la preocupación por los beneficios electorales a corto plazo (los menores no votan); señala que, en muchos países, no forma parte de la cultura política centrarse en los niños o considerarlos como personas completas;

43.

destaca el trabajo realizado en y por los entes locales y regionales para garantizar que se incluya a los niños en los procesos de toma de decisiones sobre asuntos que afectan a sus vidas; no obstante, aún queda mucho por hacer para garantizar el derecho de todos los niños a ser escuchados en los asuntos que les conciernen, de conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas;

44.

recomienda la introducción de un objetivo específico sobre pobreza infantil como prioridad de la iniciativa emblemática de la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, y la adopción de una estrategia global de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social, que incluya a los niveles nacional, regional y local y se adecue a la más amplia Estrategia Europa 2020, así como la creación de un marco de supervisión basado en indicadores apropiados, vinculados también al actual mecanismo de notificación de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas;

45.

reitera la necesidad de un mecanismo específico de información sobre la pobreza infantil por parte de los Estados miembros, y propone –previa elaboración de herramientas de diagnóstico para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo, cuyo uso se recomienda a los entes locales y regionales– que se integre en las obligaciones de presentación de informes por parte de los Estados miembros en relación con la Estrategia Europa 2020; subraya que los resultados de la encuesta rápida del CDR de 19 de abril de 2011 mostraron que muchos de los participantes veían la posible introducción de prioridades obligatorias en futuros programas regionales como un elemento positivo que podría contribuir a una mayor visibilidad de la pobreza y la exclusión social en los ámbitos locales, regionales y nacionales;

46.

recomienda que en la asignación de los fondos estructurales se tenga en cuenta la importancia de los proyectos y servicios que combaten la pobreza infantil e impulsan el bienestar de los niños y sus familias, más todavía si se trata de menores o jóvenes afectados por una discapacidad física o mental, la explotación, la drogodependencia, la inmigración, la delincuencia o cualquier otro factor de vulnerabilidad añadido, además de mejorar la participación de los niños y sus familias y combatir los prejuicios y la estigmatización de la pobreza;

47.

recomienda que los entes locales y regionales participen activamente en la elaboración de las decisiones y las políticas sobre el apoyo a las familias, la prestación de servicios y la participación activa de los niños y jóvenes, ya que constituyen un elemento crucial de la aplicación de las políticas nacionales o europeas a nivel local;

48.

recomienda que, para poner en común las mejores prácticas, la Comisión establezca y mantenga un diálogo permanente con el CDR y destine fondos para que este pueda publicar, en colaboración con organizaciones como Eurocities o Eurochild, informes que ilustren proyectos de los entes locales y regionales de los Estados miembros que hayan tenido éxito en la lucha contra la pobreza infantil.