(1)

Los bosques producen una gran variedad de beneficios ambientales, económicos y sociales, como, por ejemplo, madera y productos forestales no madereros, prestan servicios medioambientales y constituyen hábitats para comunidades locales .

(2)

El medio ambiente forestal es un patrimonio precioso que debe protegerse, preservarse y, cuando sea posible, restaurarse con el objetivo último de mantener la biodiversidad y las funciones del ecosistema, proteger el clima y salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales y dependientes de los bosques.

(3)

Los bosques son un recurso económico cuyo cultivo genera prosperidad y empleo. La silvicultura también surte efectos positivos en el clima, dado que los productos forestales pueden sustituir a productos de mayor consumo energético.

(4)

Reviste una gran importancia, particularmente desde el punto de vista del clima, que los subcontratistas que intervienen en el mercado comunitario comercien únicamente con madera procedente de la tala legal, puesto que tal madera asegura la continuidad de la importante función de los bosques como sumideros de dióxido de carbono. Además, el uso de madera procedente de la tala legal como material de construcción, en casas de madera, por ejemplo, ayuda a capturar, a largo plazo, dióxido de carbono.

(5)

Los bosques representan una parte muy amplia del desarrollo social y económico en los países en desarrollo y constituyen la fuente principal de ingresos en tales países para mucha gente. Es importante, por lo tanto, no frenar este desarrollo y esta fuente de ingresos, sino centrarse en cómo promover un desarrollo más sostenible de la silvicultura en esos países.

(6)

Debido a la demanda mundial creciente de madera y productos derivados, junto con las deficiencias institucionales y de gobernanza del sector forestal en algunos países productores de madera, la tala ilegal y el comercio asociado a esa práctica están siendo cada vez más preocupantes.

(7)

Es evidente que la presión ejercida sobre los recursos naturales forestales y la demanda de madera y productos derivados resulta a menudo demasiado elevada, y que la Comunidad debe reducir su impacto sobre los ecosistemas forestales independientemente de donde se produzcan sus efectos.

(8)

La tala ilegal , junto con las deficiencias institucionales y de gobernanza del sector forestal en buen número de países productores de madera, es un problema generalizado que suscita gran inquietud a nivel internacional. La tala ilegal supone una grave amenaza para los bosques porque contribuye al proceso de deforestación y de degradación de los bosques , responsable de, aproximadamente, el 20 % de las emisiones de CO2, influye negativamente en los procesos de desertificación y estepización, agravando la erosión de los suelos y propiciando los fenómenos meteorológicos extremos y las consiguientes inundaciones, es un riesgo para la biodiversidad , perjudica los hábitats de los pueblos indígenas y debilita la gestión y el desarrollo sostenibles de los bosques. Además, tiene implicaciones sociales, políticas y económicas , socavando a menudo los progresos hacia los objetivos de buena gobernanza, y constituye una amenaza para las comunidades locales dependientes de los bosques y una amenaza para los derechos de los pueblos indígenas .

(9)

El objeto del presente Reglamento consiste en poner fin al comercio en la Unión Europea de madera procedente de la tala ilegal y de sus productos derivados, así como contribuir a atajar la deforestación, la degradación de los bosques, las emisiones de carbono y la pérdida de biodiversidad mundialmente, promoviendo al mismo tiempo un crecimiento económico sostenible, un desarrollo humano sostenible y el respeto a los pueblos indígenas y a las comunidades locales. El presente Reglamento debe contribuir al cumplimiento de las obligaciones y compromisos contenidos, entre otros, en: el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 (CDB); la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de 1973 (CITES); los Convenios Internacionales de las Maderas Tropicales de 1983, 1994 y 2006 (CIMT); la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2002 (UNFCCC); la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación de 1994; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992; la Declaración y el Plan de Acción de Johannesburgo aprobados por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible el 4 de septiembre de 2002; las propuestas de acción del Grupo Intergubernamental de la ONU sobre los Bosques, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su período extraordinario de sesiones de 1997 (Ungass), y en el Foro Internacional de la ONU sobre los Bosques; la Declaración autorizada de principios no jurídicamente vinculante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) para un consenso global sobre la gestión, la protección y el desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques de 1992; la Agenda 21 aprobada por la CNUMAD en junio de 1992; la Resolución del Ungass sobre el «Programa para la ejecución ulterior de la Agenda 21» de 1997; la Declaración del Milenio de 2000; la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982; la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972; el Plan de Acción de 1972 para el Medio Humano; la Resolución 4/2 del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques; el Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural de Europa de 1979; la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (CNUCC) de 2003.

(10)

La Decisión no 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario  (4) , identificó como actividad prioritaria el estudio de la posibilidad de adoptar medidas activas para prevenir y combatir el comercio de madera procedente de la tala ilegal y la continuación de la participación activa de la Comunidad y de los Estados miembros en la aplicación de las resoluciones y acuerdos regionales y mundiales sobre cuestiones relacionadas con los bosques.

(11)

En la Comunicación de la Comisión ║ de 21 de mayo de 2003, titulada«Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) - Propuesta de plan de acción de la Unión Europea» (5) se propuso una serie de medidas de apoyo de los esfuerzos internacionales para solucionar el problema de la tala ilegal y el comercio asociado a esa práctica y para contribuir al objetivo más amplio de la gestión forestal sostenible .

(12)

El Consejo y el Parlamento Europeo, reconociendo que la Comunidad tiene que contribuir a los esfuerzos mundiales por solucionar el problema de la tala ilegal y apoyar la tala legal sostenible, en el marco del desarrollo sostenible, la gestión forestal sostenible y la reducción de la pobreza, así como la justicia social y la soberanía nacional , acogieron favorablemente esa Comunicación.

(13)

De acuerdo con el objetivo de esa Comunicación, a saber, garantizar que sólo puedan entrar en la Comunidad productos derivados de la madera que se hayan producido conforme a lo dispuesto en la legislación nacional del país productor, la Comunidad ha estado negociando acuerdos de asociación voluntarios con países productores de madera (países socios) que obligan jurídicamente a las partes a poner en práctica un sistema de concesión de licencias y a regular el comercio de madera y productos derivados especificados en esos acuerdos.

(14)

La Comunidad debe presionar también, en las conversaciones bilaterales con los principales países consumidores de madera, como los Estados Unidos, China, Rusia y Japón, en favor de la realización de debates en relación con el problema de la tala ilegal, en favor de la convergencia hacia obligaciones armonizadas adecuadas para los agentes en su propio mercado maderero y en favor de la creación de un sistema independiente de alerta global y de registro de la tala ilegal integrado, por ejemplo, de Interpol y un órgano apropiado de la ONU, que utilice las últimas tecnologías de detección por satélite.

(15)

Los agentes de países con bosques de importancia ecológica internacional deben tener una responsabilidad especial en la explotación sostenible de la madera.

(16)

Habida cuenta de la magnitud y urgencia del problema, resulta necesario apoyar activamente la lucha contra la tala ilegal y el comercio asociado a esa práctica, reducir el impacto de la Comunidad sobre los ecosistemas forestales, completar y reforzar la iniciativa de los acuerdos de asociación voluntarios y mejorar las sinergias entre las políticas de reducción de la pobreza, las de conservación de los bosques y las dirigidas a alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente, incluso en relación con la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

(17)

Sobre la base del principio de la acción preventiva, todos los actores de la cadena de suministro deben compartir la responsabilidad de eliminar el riesgo de que se comercialicen madera y productos derivados procedentes de la tala ilegal.

(18)

Deben reconocerse los esfuerzos realizados por países que hayan celebrado acuerdos de asociación voluntarios FLEGT con la Comunidad y los principios recogidos en ellos, en particular por lo que se refiere a la definición de madera procedente de la tala legal. Hay que tener en cuenta, asimismo, que con arreglo al sistema de licencias FLEGT, sólo pueden importarse a la Comunidad madera y productos derivados obtenidos de conformidad con la legislación nacional aplicable. A tal fin, debe considerarse que los productos derivados de la madera enumerados en los anexos II y III del Reglamento (CE) no 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea (6), originarios de países socios enumerados en el anexo I de dicho Reglamento ║, proceden de la tala legal, siempre y cuando cumplan lo establecido en ese Reglamento y en sus disposiciones de aplicación. Los principios contenidos en los acuerdos de asociación voluntarios, particularmente por lo que se refiere a la definición de «madera procedente de la tala legal» deben incluir y garantizar la gestión forestal sostenible, el mantenimiento de la biodiversidad, la protección de las comunidades locales dependientes de los bosques y de los pueblos indígenas, y la salvaguardia de los derechos de esas comunidades y pueblos.

(19)

Debe tenerse presente, asimismo, que la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) impone a las Partes un requisito según el cual sólo pueden conceder un permiso CITES de exportación de una especie regulada si ha sido recogida, entre otras condiciones, de acuerdo con la legislación nacional del país de exportación. A tal fin, debe considerarse que los productos madereros procedentes de especies ║incluidas en los anexos A, B y C del Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (7) , proceden de la tala legal, siempre y cuando cumplan lo establecido en ese Reglamento y en sus disposiciones de aplicación.

(20)

Dada la complejidad de la tala ilegal por lo que respecta a los factores e impactos subyacentes, para disuadir a los agentes de practicar actividades ilícitas conviene influir sobre su comportamiento. El refuerzo de los requisitos y las obligaciones, así como el aumento de los medios legales para perseguir a aquellos agentes que estén en posesión de madera ilegal y productos derivados ilegales y que los introduzcan o los comercialicen en el mercado comunitario, se cuentan entre las soluciones más eficaces para disuadir a los agentes de comerciar con suministradores ilegales.

(21)

A falta de una definición acordada a nivel internacional, la legislación del país de origen de la madera debe constituir la base primaria para definir la tala ilegal. La aplicación de normas de legalidad debe implicar una mayor consideración de las normas internacionales, incluidas, entre otras, las de la Organización Africana de la Madera, la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, el Proceso de Montreal sobre criterios e indicadores para la conservación y ordenación sostenible de los bosques templados y boreales, y el Proceso forestal paneuropeo sobre criterios e indicadores para la ordenación forestal sostenible. Esa aplicación de normas de legalidad debe contribuir a la aplicación de los compromisos, principios y recomendaciones internacionales, incluidos los referentes a la mitigación del cambio climático, la reducción de la pérdida de la biodiversidad, el alivio de la pobreza, la reducción de la desertización y la protección y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales y dependientes de los bosques. El país de tala de la madera debe elaborar un inventario de todas las talas legales, detallando las especies de árboles y la producción máxima de madera.

(22)

Muchos productos derivados de la madera se someten a numerosos tratamientos antes y después de su primera comercialización. Para no imponer cargas administrativas innecesarias, sólo deben estar sujetos al requisito de implantar un sistema completo de medidas y procedimientos (sistema de diligencia debida) para minimizar el riesgo de que se introduzca en el mercado madera y productos derivados procedentes de la tala ilegal los agentes que comercializan por primera vez madera y productos derivados, y no todos los agentes implicados en la cadena de suministro. No obstante, todos los agentes de la cadena de suministro deben estar vinculados por la prohibición superior de la comercialización de madera o de productos derivados de origen ilegal y deben prestar la debida atención con este fin.

(23)

Todos los agentes (comerciantes y productores) en la cadena de suministro de madera y productos derivados al mercado comunitario deben indicar claramente en los productos ofrecidos la fuente o el proveedor legal de que proviene la madera.

▐

(24)

Los agentes que comercializan por primera vez en el mercado comunitario madera y productos derivados deben ejercer la diligencia debida por medio de un ║sistema de diligencia debida║ que minimice el riesgo de comercializar madera y productos derivados procedentes de la tala ilegal.

(25)

El sistema de diligencia debida debe facilitar el acceso a las fuentes y proveedores de la madera y productos derivados comercializados en el mercado comunitario y a información sobre el cumplimiento de la legislación aplicable.

(26)

Al aplicar el presente Reglamento, la Comisión y los Estados miembros deben tener en cuenta especialmente la vulnerabilidad particular y los recursos limitados de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Es sumamente importante que las PYME no sean gravadas con normas complicadas que impidan su desarrollo. La Comisión debe, por lo tanto, en la medida de lo posible y sobre la base de los mecanismos y principios establecidos en la próxima normativa sobre la pequeña empresa, concebir sistemas simplificados por lo que se refiere a las obligaciones de las PYME conforme al presente Reglamento, sin comprometer su objeto y propósito, y ofrecer a las PYME alternativas válidas para permitirles actuar conforme a la legislación comunitaria.

(27)

▐Para facilitar la aplicación del presente Reglamento y contribuir al desarrollo de buenas prácticas, resulta, pues, conveniente reconocer a las agrupaciones que hayan establecido requisitos adecuados y efectivos para la creación de sistemas de diligencia debida. Se debe publicar una lista de esas agrupaciones reconocidas ▐.

(28)

Con idéntico propósito, la Unión Europea debe fomentar la cooperación de las organizaciones mencionadas con organizaciones medioambientales y de derechos humanos para apoyar los sistemas de diligencia debida y su supervisión.

(29)

Las autoridades competentes deben supervisar el cumplimiento por parte de los agentes de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento. A tal fin, las autoridades competentes deben realizar controles oficiales , incluidos los aduaneros, y exigir a los agentes que tomen medidas correctoras cuando resulte necesario.

(30)

Las autoridades competentes deben conservar las actas de los controles y publicar un resumen de esas actas con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental (8).

(31)

Habida cuenta del carácter internacional de la tala ilegal y del comercio asociado a esa práctica, las autoridades competentes deben cooperar entre ellas y con organizaciones de defensa del medio ambiente, con organizaciones de defensa de los derechos humanos y con las autoridades administrativas de terceros países y/o la Comisión.

(32)

Los Estados miembros deben velar por que las infracciones al presente Reglamento se sancionen de forma efectiva, proporcionada y disuasoria.

(33)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (9).

(34)

En especial, debe facultarse a la Comisión para que adopte las disposiciones concretas de aplicación del sistema de diligencia debida y, en particular, criterios para evaluar el riesgo de comercialización de madera y productos derivados procedentes de la tala ilegal, para que establezca criterios para el reconocimiento de sistemas de diligencia debida desarrollados por organismos de control y para que adapte la lista de las maderas y productos derivados a los que se aplica el presente Reglamento, cuando las características técnicas, los usos finales o los procesos de producción de madera o productos derivados requieran esas adaptaciones. Dado que estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, completándolo con nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

▐

(35)

El desarrollo de una silvicultura sostenible es un proceso continuo y el presente Reglamento debe, por lo tanto, ser objeto de evaluación, actualización y modificación periódicas conforme a los resultados de la investigación más reciente. En consecuencia, la Comisión debe analizar con periodicidad la investigación y el desarrollo de que más recientemente se disponga y presentar las conclusiones de su análisis y sus propuestas de modificación en un informe al Parlamento Europeo.

(36)

Para asegurar un mercado interior de productos forestales que funcione sin problemas, la Comisión debe analizar de forma continua el impacto del presente Reglamento. Deben tenerse especialmente en cuenta las repercusiones del Reglamento en las PYME que operan en el mercado comunitario. En consecuencia, la Comisión ha de llevar a cabo, de acuerdo con ello y de modo periódico, un estudio y un análisis del impacto de los efectos del Reglamento sobre el mercado interior, con especial referencia a las PYME, además de sobre sus impactos sobre la gestión forestal sostenible. La Comisión debe presentar a continuación un informe con su análisis, sus conclusiones y sus propuestas de medidas al Parlamento Europeo.

(37)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, completar y afianzar el actual marco político y apoyar la lucha contra la tala ilegal y el comercio asociado a esa práctica, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a su magnitud, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

a)

«madera y productos derivados», la madera y los productos derivados enumerados en el anexo, sin excepciones ;

b)

«comercialización», el suministro ▐ en el mercado comunitario, remunerado o gratuito, de madera y productos derivados para su distribución o utilización en el marco de una actividad comercial;

c)

«introducción en el mercado», la primera comercialización de madera y productos derivados en el mercado comunitario; el tratamiento y la distribución subsiguientes de madera no constituirá «comercialización»;

d)

«agente», cualquier persona física o jurídica que introduzca en el mercado o comercialice madera o productos derivados;

e)

«procedentes de la tala legal», recogidos de acuerdo con la legislación aplicable del país de origen;

f)

«riesgo», una función de la probabilidad de que se importe, exporte o comercialice en el territorio de la Comunidad madera o productos derivados de origen ilegal y la gravedad de ese hecho;

g)

«gestión del riesgo», la identificación sistemática de los riesgos y la ejecución de una serie de medidas y procedimientos ▐para minimizar el riesgo de comercializar madera y productos derivados procedentes de la tala ilegal;

h)

«legislación aplicable», la legislación nacional, regional o internacional, en especial la relativa a la protección de la diversidad biológica, la gestión forestal, los derechos de uso de los recursos y la minimización de las repercusiones adversas para el medio ambiente; también debe tomar en consideración el régimen de propiedad, los derechos de los pueblos indígenas, la legislación laboral y en materia de bienestar comunitario, los impuestos, los derechos de importación y exportación, los derechos o las tasas relacionados con la recogida, el transporte y la comercialización ;

i)

«gestión sostenible de los bosques», la gestión y utilización de los bosques y de los terrenos arbolados de un modo y con una intensidad tales que conserven su diversidad biológica, su productividad, su capacidad de regeneración, su vitalidad y su capacidad de cumplir, en el presente y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales pertinentes, a escala local, nacional y mundial, sin causar perjuicio alguno a otros ecosistemas;

j)

«país de origen», el país donde se recogió la madera o la madera incorporada a los productos;

k)

«organismo de control», una entidad jurídica o una asociación basada en la adhesión, con capacidad jurídica y experiencia apropiada para controlar y garantizar la aplicación de sistemas de diligencia debida por los agentes certificados como usuarios de esos sistemas y que sea jurídicamente independiente de los agentes que certifica;

l)

«rastreabilidad», la capacidad de rastrear y seguir a la madera o los productos derivados a través de todas las etapas de la producción, el procesamiento y la distribución.

i)

poder identificar al agente que les ha suministrado la madera y los productos derivados, y al agente al que han suministrado la madera y los productos derivados;

ii)

poder facilitar a petición información sobre el nombre de la especie, el país o los países de tala y, cuando sea posible, la concesión de origen;

iii)

poder comprobar, en caso necesario, que el agente que haya sido el primero en comercializar la madera o los productos derivados, se ha atenido a sus obligaciones con arreglo al presente Reglamento.

a)

garantizará que se comercializan sólo madera y productos derivados producidos de manera legal, empleando un sistema de rastreabilidad y comprobación por terceros por el organismo de control;

b)

comprenderá medidas para determinar:

c)

incluirá un procedimiento de gestión del riesgo que consistirá en lo siguiente:

d)

preverá auditorías para garantizar la aplicación efectiva del sistema de diligencia debida.

—

la solicitud de documentos, datos o información adicionales;

—

la solicitud de auditorías de terceros.

—

zonas de conflicto, países o regiones afectados por una prohibición de las exportaciones de madera dictada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

—

países para los que exista información reiterada y fiable sobre deficiencias significativas en la gobernanza de los bosques, un escaso nivel de aplicación de la legislación forestal o un elevado nivel de corrupción,

—

países para los que las estadísticas oficiales de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) muestren una disminución de las zonas forestales,

—

suministros para los que clientes y terceras partes exteriores hayan facilitado información sobre irregularidades potenciales apoyadas por pruebas fiables que no hayan sido refutadas por las investigaciones.

a)

tener personalidad jurídica;

b)

ser un organismo de Derecho público;

c)

haber sido establecida para desempeñar funciones particulares en relación con el sector forestal;

d)

estar financiada, principalmente, por el Estado, los entes públicos territoriales u otros organismos de Derecho público;

e)

obligar a los agentes a los que certifica a utilizar su sistema de diligencia debida;

f)

disponer de un mecanismo de control para garantizar el uso del sistema de diligencia debida por los agentes que han certificado como usuarios de su sistema de diligencia debida;

g)

tomar las medidas disciplinarias adecuadas contra los agentes certificados que no cumplen su sistema de diligencia debida ; las medidas disciplinarias incluirán la notificación del asunto a la autoridad nacional competente pertinente;

h)

no tener ningún conflicto de intereses con las autoridades competentes.

a)

tener personalidad jurídica;

b)

ser un organismo de Derecho privado;

c)

tener una experiencia apropiada;

d)

ser jurídicamente independiente de los agentes a los que certifica;

e)

los estatutos de la entidad obligarán a los agentes a los que certifica a utilizar su sistema de diligencia debida;

f)

disponer de un mecanismo de control para garantizar el uso de su sistema de diligencia debida por los agentes que han certificado como usuarios de su sistema de diligencia debida;

g)

tomar las medidas disciplinarias adecuadas contra los agentes certificados que no cumplen con su sistema de diligencia debida; las medidas disciplinarias incluirán la notificación del asunto a la autoridad nacional competente pertinente.

a)

sus estatutos;

b)

el nombre de las personas facultadas para actuar en su nombre;

c)

documentación que demuestre su experiencia apropiada;

d)

una descripción detallada de su sistema de diligencia debida.

a)

el examen de los sistemas y procedimientos técnicos y de gestión de diligencia debida y de evaluación del riesgo que utilizan los agentes;

b)

el examen de la documentación y las actas que demuestran el buen funcionamiento de los sistemas y procedimientos;

c)

controles aleatorios, incluidas las auditorías de campo.

a)

el cese inmediato de las actividades comerciales, y

b)

la incautación de la madera y los productos derivados.

a)

sanciones financieras en función de:

b)

la incautación de la madera y los productos derivados;

c)

la prohibición temporal del comercio de madera y productos derivados.

1)

En el artículo 3 se añade la letra siguiente:

2)

En el anexo A, se añade el guión siguiente:

—

un análisis detallado y completo de la investigación y del desarrollo en el ámbito de la silvicultura sostenible;

—

el impacto del presente Reglamento sobre el mercado interior, con especial referencia a la situación competitiva y a la capacidad de los nuevos agentes para establecerse en el mercado;

—

la situación de las PYME en el mercado y cómo el presente Reglamento ha afectado a sus actividades.