—

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007) 0095),

—

Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 285 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0091/2007),

—

Visto el artículo 51 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0285/2007),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.

Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

—

Vista la iniciativa de la República de Finlandia (16336/2006) (1),

—

Visto el apartado 1 del artículo 10 del Convenio basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol), firmado en Bruselas el 26 de julio de 1995 (2),

—

Vistas la letra b) del apartado 1 del artículo 30 y la letra c) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado UE,

—

Visto el apartado 1 del artículo 39 del Tratado UE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0048/2007),

—

Visto el Acto del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, por el que se aprueban las normas aplicables a los ficheros de análisis de Europol (3),

—

Visto el Acto del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, por el que se establece sobre la base del apartado 1 del artículo 43 del Convenio Europol un Protocolo por el que se modifica dicho Convenio (4),

—

Vistos los artículos 93 y 51 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0288/2007),

1.

Aprueba la iniciativa de la República de Finlandia en su versión modificada;

2.

Pide al Consejo que modifique el texto en consecuencia;

3.

Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.

Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la iniciativa de la República de Finlandia;

5.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como al Gobierno de la República de Finlandia.

—

Vistos los artículos 2, 6 y 174 del Tratado CE,

—

Vistas sus Resoluciones, de 7 de septiembre de 2006, sobre los incendios forestales y las inundaciones (1), de 5 de septiembre de 2002, sobre los desastres causados por las inundaciones en la Europa central (2), de 14 de abril de 2005, sobre la sequía en Portugal (3), de 12 de mayo de 2005, sobre la sequía en España (4), de 8 de septiembre de 2005, sobre las catástrofes naturales (incendios e inundaciones) acaecidas este verano en Europa (5), y de 18 de mayo de 2006, sobre las catástrofes naturales (incendios, sequías e inundaciones) — aspectos agrícolas (6), aspectos del desarrollo regional (7) y aspectos medioambientales (8),

—

Vistas las dos audiencias conjuntas organizadas por la Comisión de Desarrollo Regional, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo sobre «¿Cuál debe ser la estrategia europea ante las catástrofes naturales?» (20 de marzo de 2006), y sobre «La creación de una fuerza europea para la protección frente a catástrofes: EuropeAid» (5 de octubre de 2006),

—

Vistas la Decisión del Consejo 2001/792/CE, Euratom, de 23 de octubre de 2001, por la que se establece un mecanismo comunitario para facilitar una cooperación reforzada en las intervenciones de ayuda en el ámbito de la protección civil (9), la próxima adopción de la Decisión del Consejo por la que se establece un mecanismo comunitario de protección civil (refundición) y la posición del Parlamento de 24 de octubre de 2006 sobre la misma (10),

—

Vista la propuesta de la Comisión sobre un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (COM(2005) 0108), y la posición del Parlamento de 18 de mayo de 2006 sobre la misma (11),

—

Visto el informe de Michel Barnier, de 9 de mayo de 2006, relativo a la creación de una fuerza europea para la protección frente a catástrofes: EuropeAid,

—

Vista su posición, de 25 de abril de 2007, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de una Directiva relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (12),

—

Vista la Decisión del Consejo 2007/162/CE, Euratom, de 5 de marzo de 2007, por la que se establece un Instrumento de Financiación de la Protección Civil (13),

—

Vistas las conclusiones de la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 12 y 13 de junio de 2007 sobre la mejora de la capacidad de coordinación del Centro de Supervisión e Información (CSI) integrado en el mecanismo comunitario de protección civil,

—

Visto el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de 11 de diciembre de 1997, y la ratificación por la Comunidad del Protocolo de Kyoto el 4 de marzo de 2002,

—

Visto el Reglamento (CE) no 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus) (14),

—

Visto el punto 12 de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 15 y 16 de junio de 2006 relativas a la capacidad de respuesta de la Unión en caso de emergencias, crisis y catástrofes,

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea» (COM(2007) 0414),

—

Visto el apartado 4 del artículo 103 de su Reglamento,

A.

Considerando los devastadores incendios y las graves inundaciones que han sembrado la muerte y la destrucción en Europa, en especial en Grecia y el Reino Unido, durante el verano de 2007, afectando a Estados miembros de la UE, y también a regiones ultraperiféricas —particularmente Martinica y Guadalupe, castigadas por el huracán Dean—, a países candidatos y países vecinos de la UE; que la zona que ardió sólo en julio equivale a la superficie total quemada durante todo el año 2006; que en el mes de agosto, Grecia ha experimentado una grave tragedia nacional a consecuencia de uno de los incendios más mortíferos que ha visto el mundo desde 1871,

B.

Considerando que la superficie total de vegetación y bosques, incluidos sitios de importancia comunitaria que forman parte de la red Natura 2000 y otras áreas de gran valor ecológico, con conexión ecológica entre el conjunto de la región, que se ha visto afectada por los incendios en Europa este verano supera las 700 000 hectáreas, y que los países más afectados son Grecia, Italia, Bulgaria, Chipre, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, España (en particular, las islas Canarias y la provincia de Castellón), Ucrania, Turquía y Albania,

C.

Considerando que los recientes y devastadores incendios forestales ocurridos en Grecia han ocasionado la pérdida de más de 60 vidas humanas, lesiones a numerosas personas, la quema de más de 250 000 hectáreas incluidas miles de hectáreas de bosque y de matorral, la pérdida de animales, la destrucción de muchas casas y propiedades y la desaparición de pueblos enteros,

D.

Considerando que, al mismo tiempo, otras zonas de Europa sufrieron graves inundaciones, en particular el Reino Unido, que ocasionaron la pérdida de al menos 10 vidas humanas y causaron daños estimados en 5 000 millones de euros a viviendas, escuelas, infraestructuras y agricultura y la falta de suministro de agua potable a más de 420 000 personas, lo que dio lugar al desplazamiento de un gran número de personas y a pérdidas importantes para las empresas y la industria turística; que Italia ha sufrido una situación crítica con inundaciones en sus regiones centrales y septentrionales y sequías e incendios en el sur, mientras que la Europa oriental, y en especial Rumanía, ha sufrido sequías extremas,

E.

Considerando que durante un período de dos meses se ha activado en doce ocasiones el mecanismo comunitario de protección civil para el mismo tipo de emergencia y que siete de estos casos se produjeron simultáneamente; que la asistencia de los Estados miembros no bastó para asegurar una respuesta de protección civil rápida y adecuada para todas las emergencias,

F.

Considerando que, con unos veranos cada vez más calurosos y secos en la Europa meridional, los incendios forestales y los incendios incontrolados se han convertido en un fenómeno recurrente, pero que aún así varían radicalmente de un año para otro en intensidad y en localización geográfica; que la tendencia de estos acontecimientos catastróficos también se ve influida por el cambio climático y está ligada a la incidencia cada vez mayor de olas de calor y sequías, como se señalaba en la mencionada Comunicación de la Comisión sobre la sequía; que invertir en la lucha contra el cambio climático también es, por consiguiente, invertir en la prevención de las catástrofes ocasionadas por la sequía y los incendios forestales; considerando que en períodos de sequía, que cada vez están siendo más largos, siempre será más difícil repoblar los bosques después de un incendio, con el riesgo consiguiente de desertificación,

G.

Teniendo en cuenta las perjudiciales consecuencias económicas y sociales de las catástrofes naturales para las economías regionales, la actividad productiva y el turismo,

H.

Considerando que el gran número y la extensión de los incendios en la Europa meridional en 2007 se debe a numerosos factores, incluido el cambio climático, una insuficiente definición y cuidado de los bosques y una concomitancia de causas naturales y negligencia humana, pero también a actividades delictivas y a una inadecuada aplicación de las leyes que prohíben las construcciones ilegales en las zonas quemadas,

I.

Considerando que la Unión Europea debe reconocer la naturaleza específica de las catástrofes naturales que suponen las sequías e incendios en la región mediterránea y adaptar consecuentemente sus instrumentos de prevención, investigación, gestión de riesgos, protección civil y solidaridad,

1.

Expresa sus condolencias y su profunda solidaridad a los familiares de las personas que han perdido la vida y a los residentes de las zonas afectadas;

2.

Rinde homenaje a los bomberos, otros profesionales y voluntarios que han trabajado infatigablemente y han puesto en peligro sus vidas para apagar los fuegos, rescatar a las personas y limitar los daños de las catástrofes naturales de este verano, así como a los numerosos particulares que han luchado por salvar sus medios de vida y su entorno;

3.

Pide a la Comisión que movilice el actual Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) de la manera más flexible posible y sin demora, evitando procedimientos lentos y obstáculos administrativos; considera, a este respecto, que se han de poner inmediatamente a disposición los recursos necesarios para aliviar el sufrimiento y satisfacer las necesidades de las víctimas y de sus familiares mediante el FSUE, otros instrumentos comunitarios (por ejemplo, los Fondos Estructurales o el Feader), o cualquier otro medio financiero posible, basándose en las condiciones de aplicación de los fondos comunitarios como el principio de asociación y el desarrollo sostenible;

4.

Insta a la Comisión a que establezca medidas extraordinarias de ayuda comunitaria, en particular de carácter financiero, con el fin de apoyar la reconstrucción de las regiones que han sufrido graves daños, restablecer el potencial productivo de las zonas afectadas, intentar relanzar la creación de empleo y adoptar las medidas adecuadas para compensar los costes sociales inherentes a la pérdida de puestos de trabajo y de otras fuentes de ingresos;

5.

Destaca la necesidad de agilizar el procedimiento para acceder a fondos comunitarios para recuperar las tierras agrícolas tras las inundaciones e incendios y de habilitar más ayudas financieras para el desarrollo de defensas contra las inundaciones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que revisen y compartan las mejores prácticas a la vista de las últimas investigaciones sobre el aumento del riesgo de inundaciones e incendios forestales ocasionado por el modo en que se gestionan las tierras, los hábitats y los drenajes; insta a los Estados miembros a que faciliten en la medida de lo posible el drenaje natural y la retención de aguas en el medio ambiente, al tiempo que incrementan la capacidad de control de inundaciones y las infraestructuras de drenaje para limitar los daños que puedan provocar las precipitaciones torrenciales;

6.

Reconoce la solidaridad de la Unión Europea, sus Estados miembros y otros países a la hora de prestar asistencia a las regiones afectadas durante las situaciones de emergencia debidas a los incendios forestales mediante el envío de aviones y equipos de lucha contra los incendios y la prestación de asesoramiento, así como la encomiable ayuda prestada a las autoridades y a los equipos de rescate pertinentes; considera que las dimensiones de estos fenómenos y sus consecuencias a menudo trascienden la escala y la capacidad regionales y nacionales y exigen urgentemente un compromiso europeo efectivo;

7.

Reconoce la contribución del Centro de Supervisión e Información (CSI) en la tarea de asistir y facilitar la movilización y la coordinación de la ayuda de protección civil durante las emergencias; señala, no obstante, que los recursos con que cuentan los Estados miembros para luchar contra los incendios forestales, especialmente por medios aéreos, son limitados, y que no siempre es posible que los Estados miembros ofrezcan su apoyo cuando los recursos hacen falta en el propio país; destaca, como consecuencia, que algunos Estados miembros recibieron menos ayuda que otros y tuvieron que depender de la ayuda prestada en el marco de acuerdos bilaterales con países no comunitarios; lamenta, por lo tanto, que en algunos casos la UE en su conjunto no diera muestras de la suficiente solidaridad;

8.

Exhorta firmemente al Consejo a que tome sin demora una decisión sobre el propuesto Reglamento del Fondo de Solidaridad, teniendo en cuenta que el Parlamento aprobó su posición ya en mayo de 2006; considera inaceptable el retraso del Consejo a este respecto; se muestra convencido de que el nuevo reglamento, que, entre otras medidas, reduce los umbrales para la movilización del FSUE, podrá abordar los daños de una manera más efectiva, flexible y oportuna; invita a la Presidencia portuguesa en ejercicio, así como a los Ministros de Finanzas, Medio Ambiente, Agricultura y Desarrollo Regional de la UE a que tomen inmediatamente medidas rápidas y firmes; sugiere a este respecto que se convoque una reunión conjunta extraordinaria del Consejo de los ministros de la UE responsables de dichas carteras, en la que el Parlamento y la Comisión estarían presentes como observadores;

9.

Solicita la creación de una fuerza europea que pueda responder de manera inmediata a las emergencias, como se proponía en el Informe del Comisario Barnier, y lamenta la falta de respuesta y de seguimiento en este sentido; subraya, en este contexto, la necesidad de seguir desarrollando una capacidad de respuesta rápida basada en los mecanismos de protección civil de los Estados miembros, tal como se solicitó en el Consejo Europeo de Bruselas de los días 16 y 17 de junio de 2006; pide a la Comisión que elabore una propuesta concreta a este respecto; destaca el papel de los Estados miembros y sus autoridades locales en la prevención y extinción efectivas de los incendios;

10.

Insta a la Comisión a que solicite de los Estados miembros información sobre los programas operativos en vigor para hacer frente a las catástrofes naturales así como sobre las experiencias obtenidas en la aplicación de los mismos, y que examine la idoneidad de las medidas de prevención, preparación y respuesta utilizadas, con vistas al intercambio de experiencias y a la obtención de conclusiones en cuanto a las medidas inmediatas, la coordinación de los organismos administrativos y operativos y la disponibilidad de los recursos humanos y el material necesarios; pide a la Comisión que estudie el potencial de cooperación con los países vecinos de la UE y otros terceros países para luchar contra los incendios catastróficos, mediante el intercambio de buenas prácticas y de capacidades durante los peligrosos meses estivales, a fin de estar mejor preparados para el verano de 2008;

11.

Considera que la experiencia de los últimos años y otra experiencia reciente pone de relieve la necesidad de reforzar la capacidad de protección civil, prevención, preparación y respuesta de la Comunidad frente a los incendios forestales y otros incendios incontrolados, e insta encarecidamente a la Comisión a que adopte iniciativas a este respecto;

12.

Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de disponer de un acceso preorganizado a una capacidad complementaria diseñada para asegurar una respuesta rápida a las catástrofes de gran envergadura, que podría provenir de otras fuentes, incluido el mercado comercial; sugiere que el coste de la fuerza de intervención rápida, podría cubrirse a través del Instrumento de Financiación de la Protección Civil;

13.

Acoge favorablemente la reciente Decisión 2007/162/CE, Euratom del Consejo, de 5 de marzo de 2007, por la que se establece un Instrumento de Financiación de la Protección Civil, y considera que las acciones que reciban asistencia financiera en el marco de este instrumento deberían garantizar la expresión visible de la solidaridad europea y proporcionar un mayor valor añadido europeo a la gestión efectiva de las catástrofes naturales; manifiesta, no obstante, su preocupación por el hecho de que el importe asignado a este nuevo instrumento no sea suficiente para llevar a cabo sus ambiciosas tareas de forma eficaz;

14.

Subraya la necesidad de medidas más contundentes destinadas a la prevención de catástrofes naturales; a este respecto, aguarda con impaciencia la publicación en 2008 de dos estudios de la Comisión dirigidos a la creación de una estrategia integrada para la prevención de catástrofes naturales; sugiere, asimismo, que la Comisión estudie aplicaciones potenciales de la coordinación abierta con el fin de prevenir catástrofes naturales mediante una vigilancia exhaustiva del territorio para prolongar la capacidad de retención de las masas de agua y una vigilancia exhaustiva de los bosques para disminuir en todo lo posible la carga calorífica de éstos y la propagación y velocidad de los incendios; señala que la biomasa recuperada podría contribuir a la viabilidad económica de la operación;

15.

Pide a la Comisión que realice más investigaciones destinadas a mejorar la prevención de los incendios forestales así como de los métodos y materiales de lucha contra el fuego, y que revise las políticas de ordenación y uso del suelo; insta, por consiguiente, a los Estados miembros a que actúen con firmeza para mejorar y aplicar su marco legislativo en materia de protección de los bosques y a que se abstengan de ejercer actividades de comercialización, recalificación y privatización, con el fin de limitar de este modo las intrusiones y la especulación; considera que todo el conocimiento técnico disponible en la UE, incluidos los sistemas de satélites, deberían utilizarse a este fin;

16.

Lamenta que, al parecer, muchos de estos incendios forestales fueran inicialmente incendios provocados, y se muestra particularmente preocupado por el hecho de que, cada vez más, los incendios forestales en Europa se deban a actos delictivos; pide, por tanto, a los Estados miembros que incrementen las sanciones para los actos delictivos que dañen el medio ambiente y, en particular, para quienes ocasionan los incendios forestales, y considera que una investigación rápida y efectiva que determine las responsabilidades, seguida de un castigo proporcionado, desalentaría el comportamiento negligente y deliberado;

17.

Expresa su preocupación ante el número creciente de catástrofes ocasionadas por acontecimientos climáticos extremos que, según los expertos, se pueden atribuir en buena medida al cambio climático debido al calentamiento global; pide, en consecuencia, a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para cumplir los objetivos de Kyoto, y pide a la Comisión que actúe para velar por que se respeten los compromisos de Kyoto y garantizar su seguimiento; pide a la Comisión y a todas las autoridades públicas competentes que, cuando elaboren presupuestos y establezcan contingentes de reserva para los servicios de emergencia, tengan en cuenta el cambio climático y la mayor posibilidad de catástrofes tales como inundaciones e incendios forestales;

18.

Pide a la Comisión que siga colaborando con las autoridades nacionales para desarrollar políticas que minimicen el impacto medioambiental de los incendios; pide una política de repoblación forestal basada en el respeto de las características bioclimáticas y medioambientales; destaca la necesidad de recopilar y registrar datos de los recursos naturales de cada uno de los Estados miembros mediante la creación de unas «Cuentas Nacionales Verdes» bajo la forma de una base de datos accesible a todos los ciudadanos;

19.

Destaca la necesidad, en caso de catástrofes naturales, de prestar especial atención a las necesidades específicas de las personas con discapacidad en todas las acciones llevadas a cabo mediante los mecanismos de protección civil;

20.

Considera que debe promoverse y apoyarse sin demora la Acción Voluntaria de Protección Civil, con equipos y actividades de formación básicas que pudieran aprovechar las tecnologías avanzadas, puesto que se trata de uno de los principales recursos de que disponen los Estados miembros para hacer frente a las situaciones de emergencia derivadas de catástrofes naturales; pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que sensibilicen a la sociedad ante el valor de nuestros bosques y de sus recursos y de los beneficios de su conservación, promoviendo la participación de la sociedad civil a través del voluntariado organizado o de otras vías;

21.

Considera que para el cuidado territorial y la protección a largo plazo de los bosques es condición previa una programación sostenible y una aplicación de planes de desarrollo rural y regional destinados a frenar la despoblación rural, crear ingresos rurales nuevos y diversificados —especialmente para las generaciones más jóvenes— y establecer las modernas infraestructuras necesarias para atraer a los servicios y al turismo sostenibles hacia las zonas rurales;

22.

Subraya que las catástrofes naturales, en particular los incendios forestales, han puesto este año en grave peligro monumentos y yacimientos arqueológicos de importancia fundamental para el patrimonio cultural europeo; señala, a este respecto, la amenaza contra la antigua Olimpia, cuna de los Juegos Olímpicos, y, en especial, su museo, que forma parte del Patrimonio Cultural Mundial; pide que se liberen inmediatamente recursos con fines de restauración en caso de que se produzcan daños a sitios del patrimonio cultural europeo a causa de los incendios forestales continuados;

23.

Pide a los Estados miembros que garanticen que todas las zonas forestales quemadas continúen siendo bosques y estén cubiertas por programas de repoblación forestal, con condiciones vinculantes incluidas, y que no se permita ningún cambio en el uso del suelo, que apliquen una legislación adecuada sobre la conservación y el uso adecuado del suelo, incluidas prácticas agrícolas y forestales sostenibles, gestión del agua y gestión eficaz de los riesgos, y que planifiquen sin demora políticas de reconstrucción ampliadas para el turismo y las economías locales afectadas;

24.

Pide a la Comisión que supervise que se hace un uso adecuado y eficiente de todos los fondos de emergencia puestos a disposición de los Estados miembros para afrontar las consecuencias de las catástrofes naturales, y pide a los Estados miembros que garanticen el reembolso de las ayudas comunitarias utilizadas indebidamente, por ejemplo en caso de incumplimiento de los planes de repoblación forestal, así como la actualización de los datos del catastro;

25.

Condena la práctica consistente en legalizar construcciones ilegales en zonas protegidas y generalmente no autorizadas, y pide que se paralicen inmediatamente todas las tentativas de reducir la protección forestal mediante cambios en la Constitución griega (artículo 24);

26.

Sugiere que se envíe una delegación del Parlamento Europeo a los países más afectados por las recientes catástrofes naturales para expresar su solidaridad con la población, evaluar los daños personales y el grado de destrucción sufrida por propiedades, redes sociales, medio ambiente y economía, y sacar conclusiones útiles para mejorar la prevención y la respuesta frente a situaciones extremas similares en la UE;

27.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

—

Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2000, sobre los informes de la Comisión dirigidos al Consejo Europeo titulados: «Legislar mejor 1998 — Una responsabilidad que debe compartirse» y «Legislar mejor 1999» (1),

—

Vista su Resolución, de 29 de noviembre de 2001, sobre el Libro Blanco de la Comisión «La gobernanza europea» (2),

—

Vista su Resolución, de 8 de abril de 2003, sobre los informes de la Comisión dirigidos al Consejo Europeo titulados «Legislar mejor 2000» y «Legislar mejor 2001» (3),

—

Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2004, sobre el informe de la Comisión «Legislar mejor 2002» (4),

—

Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2004, sobre las comunicaciones de la Comisión relativas a la simplificación y mejora de la regulación comunitaria (5),

—

Vista su Resolución, de 20 de abril de 2004, sobre la evaluación del impacto de la normativa comunitaria y los procedimientos de consulta (6),

—

Vista su Resolución, de 16 de mayo de 2006, sobre una estrategia para la simplificación del marco regulador (7),

—

Vista su Resolución, de 16 de mayo de 2006, sobre «Legislar mejor 2004: aplicación del principio de subsidiariedad — 12o informe anual» (8),

—

Vista su Resolución, de 16 de mayo de 2006, sobre los resultados del examen de las propuestas legislativas pendientes ante el Legislador (9),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 14 de noviembre de 2006, titulada «Análisis estratégico del programa “Legislar mejor” en la Unión Europea» (COM(2006) 0689),

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Desarrollo (A6-0273/2007),

A.

Considerando que alcanzar con éxito el objetivo de «Legislar mejor» constituye una de las principales prioridades de la Unión Europea que, al aumentar los beneficios de una legislación moderna, racional y eficaz y reducir al mismo tiempo sus costes, garantizaría el máximo nivel de productividad, crecimiento, integración y, en último término, empleo en toda Europa,

B.

Considerando que la Comisión, en su mencionada Comunicación de 14 de noviembre de 2006, analiza los progresos realizados en el ámbito de la mejora de la legislación y presenta los principales desafíos futuros, señalando los progresos que deben realizarse tanto a nivel europeo como de los Estados miembros, definiendo así un enfoque global destinado a facilitar la aplicación de la legislación comunitaria y nacional y a hacerla, por consiguiente, menos costosa,

C.

Considerando que este enfoque, que constituye para la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo una herramienta útil para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa, exige una estrecha colaboración en este ámbito, primero entre las instituciones europeas y después entre éstas y las autoridades nacionales,

D.

Considerando que, en la citada Comunicación, la Comisión propone que se refuerce el control de las evaluaciones de impacto mediante la creación de un Comité de la evaluación de impacto independiente, bajo la autoridad del Presidente de la Comisión, y se compromete a tomar más medidas preventivas, garantizando desde el principio su seguimiento, junto con los Estados miembros, a fin de facilitar la correcta transposición de las principales directivas,

E.

Considerando que, desde el punto de vista de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo deberían llevar a cabo evaluaciones de impacto más sistemáticas de las modificaciones más importantes a sus propuestas y dar más prioridad a las propuestas de simplificación pendientes, a la codificación y a la derogación de la legislación obsoleta,

F.

Considerando que la Comisión propone que los Estados miembros desarrollen y apliquen a su vez mecanismos de consulta y programas de simplificación, cuando éstos no existan, y promuevan una evaluación más sistemática de las repercusiones económicas, sociales y medioambientales y una mejor aplicación de la legislación comunitaria,

G.

Considerando que legislar mejor no significa exclusivamente disminuir la burocracia, reducir la carga administrativa, simplificar la legislación existente o desregular, sino garantizar que en el proceso legislativo participen todos los agentes gubernamentales y no gubernamentales pertinentes a todos los niveles y que se establezca una asociación estrecha entre las instituciones europeas y las autoridades nacionales, regionales y locales con el objetivo de que la legislación sea de calidad,

H.

Considerando que, a todos los niveles de gobernanza, debe asumirse el compromiso de legislar mejor a fin de lograr una reducción de la carga administrativa,

I.

Considerando que las autoridades locales y regionales se enfrentan a menudo a la tarea de aplicar y hacer cumplir la legislación de la UE,

J.

Considerando, por último, que la Comisión propone que tanto la Unión Europea como los Estados miembros, emprendan una estrategia ambiciosa encaminada a la reducción de las cargas administrativas derivadas de la legislación europea y nacional, y que el objetivo común de reducción de estas cargas debería alcanzarse antes de 2012,

1.

Apoya firmemente el proceso de «Legislar mejor» para reforzar la eficacia, eficiencia, coherencia, responsabilidad y transparencia del Derecho de la UE; subraya, sin embargo, que un proceso de este tipo tiene que basarse en determinados requisitos:

2.

Apoya el objetivo de la Comisión de mejorar la calidad de la legislación y reducir la carga administrativa; manifiesta su convencimiento de que las medidas expuestas en la Comunicación de la Comisión demuestran un compromiso claro y permanente para lograr dicho objetivo, pero considera que es necesario realizar esfuerzos aún mayores en una serie de ámbitos para garantizar que la legislación en materia de mercado interior produce el máximo beneficio económico posible;

3.

Insta a la Comisión a que haga todos los esfuerzos necesarios para racionalizar y modernizar el corpus de la legislación comunitaria vigente mediante una estrategia de simplificación adecuada en la que intervengan adecuadamente los Estados miembros y las partes interesadas; reafirma, no obstante, que, aunque todas las instituciones europeas deben compartir el objetivo de una mejor legislación, la Comisión desempeña un papel fundamental en la preparación de propuestas legislativas de calidad que constituyen el punto de partida de todo el proceso de simplificación;

4.

Insta a la Comisión a que haga más hincapié en la aplicación, el cumplimiento y la evaluación de la legislación comunitaria, como parte esencial del proceso de «Legislar mejor»;

5.

Se manifiesta de acuerdo con la Comisión en que el objetivo de «Legislar mejor» no puede alcanzarse sin una visión general de las repercusiones económicas, sociales medioambientales, sanitarias e internacionales de cada propuesta legislativa; apoya plenamente, por lo tanto, la creación, en el seno de la Comisión, de un Comité de la Evaluación de Impacto bajo la autoridad del Presidente de la Comisión con el fin de controlar la aplicación de dichos principios en la elaboración de las evaluaciones de impacto por los servicios competentes de la Comisión;

6.

Subraya, no obstante, que para garantizar un nivel mínimo de examen independiente en la elaboración de las evaluaciones de impacto se debe constituir un grupo de expertos independientes encargado de supervisar, mediante controles puntuales, la calidad de las opiniones emitidas por el Comité de la Evaluación de Impacto y permitir que los representantes de las partes interesadas intervengan en dichas evaluaciones;

7.

Considera necesario que el Comité de la Evaluación de Impacto garantice la aplicación de una metodología común para todas las evaluaciones de impacto de manera que se eviten los enfoques contradictorios y se facilite la comparación;

8.

Insiste en que se informe periódicamente al Parlamento sobre las decisiones adoptadas por el Comité de la Evaluación de Impacto bajo la supervisión del Presidente de la Comisión con vistas a asegurar un diálogo transparente entre las dos instituciones;

9.

Pide a la Comisión que presente evaluaciones de impacto que ofrezcan un número suficiente de hipótesis y de opciones políticas (incluidas, en su caso, opciones de «abstención») como base para encontrar soluciones rentables, sostenibles y socialmente aceptables;

10.

Considera como norma general que toda evaluación de impacto debe tener debidamente en cuenta todos los posibles efectos significativos de una propuesta política en la sociedad, el medio ambiente y la economía; por otra parte, siempre que sea posible y en coherencia con el ámbito legislativo de que se trate, la evaluación de impacto también debe tener en cuenta todos los posibles efectos significativos en los grupos vulnerables o minoritarios, en los aspectos relativos a la igualdad de género en las políticas comunitarias y en otros grupos destinatarios sensibles, como, por ejemplo, las minorías étnicas, los padres que educan a sus hijos, las personas de edad avanzada y las personas que padecen una enfermedad o discapacidad permanentes (establecimiento de indicadores sociales);

11.

Pide a la Comisión que consulte a todas las partes interesadas y, en particular, a las autoridades nacionales, regionales y locales, al preparar la evaluación del impacto de modo que se tengan en cuenta adecuadamente las variaciones locales y regionales y que se comuniquen con la debida antelación los resultados de la evaluación del impacto al Parlamento, al Comité de las Regiones y a todos los órganos de gobierno regionales y locales pertinentes;

12.

Considera que, para ello, hay que consultar en todas las fases a todas las partes interesadas, posiblemente recurriendo en mayor medida al sitio web de la Comisión para organizar audiencias públicas pues de otra manera su resultado podría ser aleatorio y mediante nuevos tipos de consulta más estructurados, como se prevé en la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una cultura reforzada de consulta y diálogo — Principios generales y normas mínimas para la consulta de la Comisión a las partes interesadas» (COM(2002) 0704); estima, al respecto, que la Comisión debe actuar con la máxima transparencia mediante la publicación de las reacciones de las partes interesadas;

13.

Subraya que el Parlamento y el Consejo deberían facilitar sistemáticamente evaluaciones de impacto de las principales enmiendas a las propuestas de la Comisión;

14.

Insta a la Comisión a que especifique la fase alcanzada por las evaluaciones de impacto que todavía no se hayan publicado y aclare si estas evaluaciones siguen pendientes, se han retirado, aplazado o reiniciado sobre bases diferentes, etc., y a que consulte a las partes interesadas sobre las evaluaciones en curso;

15.

Insiste en que los Estados miembros presenten una evaluación de impacto de sus iniciativas en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, de conformidad con el artículo 34, apartado 2, del Tratado UE; considera que los Estados miembros deberían comprometerse a asumir una auténtica obligación a este respecto;

16.

Apoya la realización por parte de la Comisión de una revisión periódica y de la retirada de las propuestas pendientes; mantiene, sin embargo, que este ejercicio debe considerarse a la luz de las prerrogativas de las diferentes instituciones comunitarias en el proceso legislativo, tal como se define en los Tratados y de conformidad con el principio de cooperación leal entre las instituciones;

17.

Es partidario de una legislación basada en principios y centrada en la calidad, antes que en la cantidad; considera el debate sobre «legislar mejor» como una ocasión para reflexionar sobre la legislación como un proceso destinado a alcanzar objetivos políticos claramente definidos con la participación e implicación de todos los interesados en cualquier fase del proceso, desde la preparación hasta la aplicación;

18.

Considera la experiencia con el procedimiento Lamfalussy en materia de regulación de los mercados financieros y diálogo entre legisladores y participantes en el mercado en particular como un valioso ejemplo para un proceso regulador dinámico;

19.

Opina que el procedimiento Lamfalussy constituye un mecanismo útil; considera esencial la coordinación de las prácticas de supervisión; acoge positivamente el trabajo de los comités del nivel 3 a este respecto y respalda su llamamiento en favor de un conjunto adecuado de instrumentos; cree que dar un suficiente margen de maniobra de los supervisores puede suprimir buena parte de la carga de los detalles técnicos en la legislación y desembocar en unas normas adecuadas para un mercado dinámico; destaca, sin embargo, que ello nunca podrá suprimir la responsabilidad política en cuanto a los objetivos finales; insiste en que los legisladores han de seguir cuidadosamente el proceso y reitera que se han de respetar plenamente los derechos del Parlamento en el proceso legislativo;

20.

Opina que la Comisión ha de evaluar de manera permanente la importancia de la legislación pendiente, y no sólo en el momento en que asume su mandato, y que ha de retirar las propuestas que hayan dejado de ser pertinentes, prestando especial atención a las propuestas en curso desde hace cierto tiempo;

21.

Subraya que también es necesario simplificar la interacción de la Comisión con los ciudadanos, por ejemplo en los ámbitos de la contratación pública, los servicios financieros, los programas de investigación, las disposiciones relativas a las ayudas estatales y las solicitudes de subvención;

22.

Respalda en principio una adopción más rápida de las propuestas de simplificación pendientes, pero considera que deben evaluarse caso por caso las posibles implicaciones más generales de una propuesta, lo que requerirá más tiempo;

23.

Es consciente del hecho de que el trabajo legislativo en la Unión podría realizarse de un modo más sistemático; pide, por tanto, a la Comisión que revise sus métodos de trabajo y su manera de organizarse para poder tratar de los diversos asuntos de un modo más horizontal, siendo el objetivo principal asegurar una mayor coherencia, crear posibles sinergias y evitar las incoherencias.

24.

Considera que la Comisión debería tomar en consideración los puntos de vista del Parlamento al retirar propuestas pendientes, con el fin de mantener un elemento esencial de la confianza entre la Comisión y el Parlamento;

25.

Se congratula de la comunicación de la Comisión de retirar 68 propuestas consideradas por ella como incompatibles con la Estrategia de Lisboa y con los principios de «Legislar mejor», pero lamenta que la Comisión haya retirado la propuesta de directiva sobre el estatuto de la sociedad mutua europea, pese a que ésta es uno de los elementos esenciales de dicha Estrategia de Lisboa; pide por ello a la Comisión que, antes de finales de 2007, desarrolle una iniciativa que permita elaborar un estatuto para la sociedad mutua europea y la asociación europea;

26.

Opina que tanto el Consejo como el Parlamento deben examinar el impacto de sus enmiendas más importantes sobre la evaluación de impacto de la Comisión; subraya la necesidad de contar con análisis de costes y beneficios que reflejen mejor las complejas estructuras de los costes de reglamentación en la transposición de las directivas al derecho nacional y modifiquen el marco reglamentario en el que operan las empresas y los individuos; aboga enérgicamente por la transparencia y la supervisión independiente de la ejecución de las evaluaciones de impacto, bajo la plena responsabilidad de los legisladores en el marco de sus prioridades políticas;

27.

Apoya plenamente todos los esfuerzos de la Comisión encaminados al refuerzo general de la aplicación de la legislación comunitaria tomando más medidas preventivas, en paralelo con un proceso de seguimiento, junto con los Estados miembros, en una etapa temprana, a fin de facilitar la correcta transposición de las principales directivas, y recomienda que se le asocie como corresponde a estas iniciativas;

28.

Considera que, en lo que respecta al seguimiento de la aplicación de la legislación comunitaria por los Estados miembros, la Comisión debería obligar, y no limitarse a pedir, a los Estados miembros que elaboren tablas de correspondencia y notas de transposición, especialmente con vistas a evaluar todos los procesos nacionales de transposición de directivas; para ello, considera que la Comisión debería pedir a los Estados miembros que adopten una metodología de referencia común;

29.

Estima que el énfasis puesto en la importancia de las evaluaciones de impacto no debe llevar, en el seno de la Comisión, a una situación en que los recursos previstos para el control de la correcta transposición del Derecho comunitario y el tratamiento de los casos de infracción se transfieran a las evaluaciones de impacto; insiste en la necesidad de incrementar los recursos destinados al control eficaz de la aplicación del Derecho comunitario;

30.

Lamenta la práctica de la «sobrerregulación» de los Estados miembros y pide a la Comisión que investigue qué medidas ulteriores podrían tomarse para evitarla, incluida la introducción de un derecho de acción directa para los ciudadanos; pide «evaluaciones de impacto de seguimiento» para analizar cómo se transponen las decisiones en los Estados miembros y a escala local; apoya un uso creciente, cuando sea preciso, de los reglamentos;

31.

Recuerda la importancia del utilizar razonablemente las «cláusulas de suspensión» para garantizar la continua pertinencia de la legislación;

32.

Insiste en que, cuando presente una propuesta legislativa, la Comisión debe evitar expresiones confusas y redundantes y utilizar preferentemente un lenguaje sencillo y comprensible, manteniendo al mismo tiempo la precisión terminológica y la seguridad jurídica; considera, en particular, que debe abandonarse la utilización de acrónimos incomprensibles y el exceso de considerandos innecesarios y anima asimismo a todos los niveles de gobierno que utilicen, siempre que sea posible, un lenguaje claro que sea fácilmente comprensible para los ciudadanos;

33.

Pide a la Comisión que vele por que, al desarrollar una legislación mejor, los nuevos reglamentos y su aplicación sean consecuentes, justificables, transparentes y comprensibles para las partes interesadas y los beneficiarios;

34.

Pide a la Comisión que elabore por adelantado, en el caso de los reglamentos, notas orientativas sobre la aplicación destinadas a los Estados miembros, las autoridades regionales y locales y las agencias especializadas;

35.

Reafirma enérgicamente que una mejor legislación siempre debe implicar la plena participación del Parlamento Europeo tanto en el debate interinstitucional como, en calidad de colegislador, en la aprobación de medidas legislativas dependientes de dicho proceso; hace hincapié asimismo en que el Parlamento Europeo siempre puede evaluar si la elección del instrumento jurídico que se va a aprobar (reglamento, directiva o decisión) es la apropiada o valorar si es preferible recurrir a métodos alternativos de reglamentación;

36.

Insta a la Comisión a estudiar alternativas a la legislación para mejorar el funcionamiento del mercado interior, incluida la autorregulación y el reconocimiento mutuo de normas nacionales, en el entendimiento de que ello no ha de impedir el control democrático por el Parlamento Europeo y los Parlamentos de los Estados miembros; destaca que la normativa comunitaria se ha de considerar en el contexto de la competencia internacional y de la mundialización de los mercados;

37.

Considera que las nuevas normas sobre comitología, que refuerzan el control por parte del Parlamento y del Consejo de las competencias de ejecución otorgadas a la Comisión, ofrecen un nuevo instrumento para simplificar la legislación comunitaria, en la medida en que permiten la transferencia a la Comisión de amplias competencias reglamentarias relativas a detalles no esenciales y técnicos y dejan que el Parlamento y el Consejo se concentren en su actividad legislativa sobre disposiciones más importantes;

38.

Acoge positivamente las conclusiones del Consejo Europeo de primavera de 2007 en materia de legislar mejor, y la decisión de reducir la carga administrativa derivada de la legislación comunitaria en un 25 % para las pequeñas y medianas empresas (PYME) antes de finales de 2012; considera que este objetivo debería desembocar en una legislación más inteligente, eficiente y orientada al usuario, reduciéndose con ello las cargas innecesarias que pesan sobre las PYME sin reducir los estándares contenidos en la legislación actual; respalda en particular la decisión del Consejo de pedir a los Estados miembros que establezcan objetivos nacionales ante de finales de 2008, y solicita que la Comisión y los Estados miembros definan mecanismos de seguimiento homogéneos para que tal proceso se lleve a cabo efectivamente en los Estados miembros a escala nacional, regional y local;;

39.

Hace un llamamiento a la Comisión para que informe anualmente sobre los logros en materia de reducción de la carga administrativa y presente el plan que se propone aplicar en este ámbito para cumplir sus promesas;

40.

Pide a la Comisión que, en cooperación con el Consejo y el Parlamento Europeo, establezca una reforma institucional de la Comunidad que contribuya a asegurar un mayor ahorro financiero y facilite la cooperación de las instituciones a la hora de garantizar una normativa mejor o más inteligente;

41.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta, en sus futuros trabajos relativos a «Legislar mejor», las conclusiones del estudio encargado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo sobre el proceso de simplificación titulado «Simplificación de la política medioambiental de la UE» (10);

42.

Expresa su preocupación por las conclusiones de varios estudios independientes (11) según los cuales las Direcciones Generales de la Comisión no respetan íntegramente las directrices de la Comisión en materia de evaluación de impacto, se hace hincapié en la evaluación y cuantificación del impacto económico en detrimento del impacto medioambiental, social e internacional, los costes legislativos se evalúan mucho más que sus beneficios y predominan las consideraciones de corto plazo sobre las relativas al largo plazo; celebra la intención de la Comisión de crear un Comité de la Evaluación de Impacto, así como de establecer una evaluación exterior del sistema de evaluación de impacto de la Comisión, debiendo contribuir ambos aspectos a asegurar que se superan finalmente las persistentes deficiencias anteriormente mencionadas;

43.

Apoya la conclusión del estudio «Simplificación de la política medioambiental de la UE» de que las evaluaciones de impacto pueden desempeñar un papel esencial para asegurar una mejor legislación y de que es necesario mejorar la calidad de algunas de estas evaluaciones; insta a la Comisión a asegurar que:

reconoce que las evaluaciones de impacto también podrían desempeñar un papel fundamental en el caso de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo o el Consejo con posibles impactos significativos;

44.

Pide a la Comisión que siga fomentando el intercambio de información sobre las mejores prácticas en materia de simplificación de la política medioambiental de la UE entre los Estados miembros, tales como:

45.

Pide a los Estados miembros que desarrollen y apliquen los mecanismos de consulta con las autoridades regionales y locales durante el proceso legislativo para tener en cuenta los intereses de las mismas en las negociaciones ministeriales y reforzar su papel en el proceso de transposición y aplicación de la legislación de la UE;

46.

Pide a la Comisión que trabaje estrechamente con todas las autoridades de los Estados miembros responsables de la transposición de la legislación de la UE y le recomienda, asimismo, que organice seminarios también a nivel local sobre la transposición de la legislación de la UE a la legislación nacional para garantizar mediante instrumentos simples y de fácil comprensión que la información importante llega directamente a las partes interesadas;

47.

Insta a los Estados miembros a que desarrollen y apliquen procedimientos necesarios, eficaces y claros para mejorar la cooperación entre los gobiernos regionales y centrales con vistas a facilitar el proceso de transposición y reconocer el papel cada vez más importante que desempeñan las regiones que gozan de competencias legislativas;

48.

Anima a las autoridades de los Estados miembros a que elaboren estrategias formales de transposición para definir claramente los papeles y las responsabilidades de los gobiernos regionales y nacionales con vistas a una transposición mejor y más rápida;

49.

Anima a la Comisión a que publique, en aquellos casos en que proceda, las directrices aplicables en materia de transposición de las directivas al mismo tiempo que las propias directivas para que los gobiernos nacionales y regionales puedan tenerlas en cuenta antes de iniciar el proceso de transposición y permitir una transposición correcta y dentro del plazo fijado en los Estados miembros;

50.

Pide a la Comisión que acelere la elaboración de una base de datos general, a la que el público tenga libre acceso, sobre las disposiciones nacionales de aplicación, incluidas, si procede, las diferencias regionales;

51.

Considera que una legislación mejor no debe provocar una reducción de las normas medioambientales, sociales y en materia de calidad;

52.

Insta a los Estados miembros a que, al transponer la legislación de la UE, velen por no imponer a las personas físicas y jurídicas obligaciones que excedan las disposiciones de la legislación que se transpone y que supongan una carga administrativa innecesaria, en particular para las pequeñas y medianas empresas, que son el motor del desarrollo sostenible de las regiones europeas;

53.

Solicita a la Comisión que mejore la transmisión de información en materia de transposición y de procedimientos por infracción para que esta información sea pública y fácilmente accesible en la página web de la Comisión.

54.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

—

Vista su Resolución de 26 de octubre de 2000 sobre los informes de la Comisión dirigidos al Consejo Europeo titulados: «Legislar mejor 1998 — Una responsabilidad que debe compartirse» y «Legislar mejor 1999» (1),

—

Vista su Resolución de 29 de noviembre de 2001 sobre el Libro Blanco de la Comisión «La gobernanza europea» (2),

—

Vista su Resolución de 8 de abril de 2003 sobre los informes de la Comisión al Consejo Europeo titulados «Legislar mejor 2000» y «Legislar mejor 2001» (3),

—

Vista su Resolución de 26 de febrero de 2004 sobre el informe de la Comisión «Legislar mejor 2002» (4),

—

Vista su Resolución de 9 de marzo de 2004 sobre las comunicaciones de la Comisión relativas a la simplificación y mejora de la regulación comunitaria (5),

—

Vista su Resolución de 20 de abril de 2004 sobre la evaluación del impacto de la reglamentación comunitaria y procedimientos de consulta (6),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — «Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea» (COM(2005) 0097),

—

Vista su Resolución de 16 de mayo de 2006 una estrategia para la simplificación del marco regulador (7),

—

Vista su Resolución de 16 de mayo de 2006 sobre «Legislar mejor 2004: aplicación del principio de subsidiariedad — 12o informe anual» (8),

—

Vista su Resolución de 16 de mayo de 2006 sobre los resultados del examen de las propuestas legislativas pendientes ante el Legislador (9),

—

Visto el Informe de la Comisión — «Legislar mejor 2005» de conformidad con el artículo 9 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (XIII Informe) (COM(2006) 0289),

—

Visto el Documento de trabajo de la Comisión — «Medir los costes administrativos y reducir las cargas administrativas en la Unión Europea» (COM(2006) 0691),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — «Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en la Unión Europea» (COM(2007) 0023),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — “Análisis estratégico del programa ”Legislar mejor» en la Unión Europea» (COM(2006) 0689),

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A6-0280/2007),

A.

Considerando que la consecución del objetivo de la acción «Legislar mejor» es una de las prioridades principales de la UE, dado que maximizar las ventajas de una legislación moderna, racional y eficaz, reduciendo al mismo tiempo los costes al mínimo, aseguraría el más elevado nivel de productividad, crecimiento y, finalmente, de empleo en el conjunto de Europa,

B.

Considerando que el principio de subsidiariedad contribuye, de manera esencial, a consolidar la autoridad de la legislación comunitaria y es un criterio determinante a la hora de decidir si se han de adoptar leyes a escala de la Unión Europea; que, por lo tanto, dicho principio es un elemento indispensable para controlar la separación de poderes entre la UE y los Estados miembros y un instrumento útil para permitir que los Estados miembros asuman una competencia legislativa,

C.

Considerando que es evidentemente necesario el pleno respeto del principio de subsidiariedad, tanto para la legislación europea como para las legislaciones nacionales, a fin de reforzar la seguridad jurídica,

D.

Considerando que incumbe al Tribunal de Justicia controlar la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

E.

Considerando que la legislación europea, al ser con frecuencia el resultado de transacciones políticas difíciles, puede carecer de claridad y que es posible que determinados Estados miembros no estén en condiciones o no tengan la voluntad de ponerla en práctica correctamente,

F.

Considerando que la imagen y la eficacia de la legislación europea quedan afectadas por una carga administrativa innecesaria y desproporcionada que las normas comunitarias imponen con frecuencia a los ciudadanos y a las empresas,

G.

Considerando que una reducción del 25 % de las cargas administrativas innecesarias puede representar en la Unión Europea un acicate importante para el PIB europeo, contribuyendo de este modo de forma fundamental a la realización de los objetivos de Lisboa,

H.

Considerando que las cargas administrativas innecesarias derivadas de la legislación europea minan la eficacia y la credibilidad de la legislación europea,

I.

Considerando que la legislación europea debe ayudar a los ciudadanos y empresas europeos a aprovechar al máximo las ventajas del mercado interno y no debe imponerles unos costes elevados evitables,

J.

Considerando que la dinamización del acervo comunitario a través de una simplificación y de una reducción de las cargas administrativas innecesarias no debe ni tiene por qué ir en detrimento de la seguridad jurídica y la protección que ofrece la legislación europea,

1.

Expresa su acuerdo en el sentido de que el marco regulador en el que actúan las empresas es un factor determinante para su competitividad, el crecimiento sostenible y sus resultados en materia de empleo y que un objetivo destacado de la política de la UE debe ser garantizar que el marco regulador sea y siga siendo transparente, claro, eficaz y, en general, de calidad elevada;

2.

Considera que la falta de calidad de la legislación en los Estados miembros y a escala comunitaria debilita el Estado de Derecho y aleja a los ciudadanos de sus instituciones;

3.

Respalda plenamente todo esfuerzo realizado por la Comisión para fomentar el refuerzo general de la eficacia y aplicación de la legislación comunitaria mediante cualquier iniciativa pertinente;

4.

Acoge positivamente el éxito del portal de Internet «Tu voz en Europa» y pide a la Comisión que desarrolle nuevos y eficaces medios para consultar a las partes interesadas, antes de lanzar una propuesta legislativa, sobre todos los aspectos relativos a dicha propuesta, incluida la evaluación de impacto;

5.

Destaca la importancia que revisten las evaluaciones de impacto apropiadas e independientes, fruto de una amplia consulta de los interesados, y hace un llamamiento a la Comisión para que prevea un número suficiente de hipótesis y de opciones políticas (incluida la opción de no hacer nada, si procede) como base para soluciones sostenibles y de una relación coste-beneficio adecuada;

6.

Se congratula de que la Comisión se comprometa a aumentar la transparencia y la responsabilidad en cuanto a sus grupos de expertos y a elaborar el inventario de los casos existentes de auto-regulación y coregulación comunitarias;

7.

Destaca la importancia de que las instituciones comunitarias y los Estados miembros, a través de las autoridades regionales y locales, así como a escala ministerial central, sigan permanentemente la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

8.

Acoge con satisfacción el programa de acción de la Comisión orientado a evaluar los costes administrativos de las empresas en la Unión Europea y a reducir las cargas administrativas innecesarias y desproporcionadas en un 25 % en 2012, a más tardar;

9.

Señala que la estrategia de una reducción del 25 % es aplicable a las cargas administrativas innecesarias para las empresas, con lo que no cabe equiparar en modo alguno esta estrategia a una desreglamentación ni debería desembocar en cambios en relación con los objetivos del programa o del nivel de ambición de la legislación comunitaria; pide a la Comisión que vele por que la reducción de las cargas administrativas innecesarias derivadas de la reglamentación no mine los objetivos iniciales de dicha reglamentación;

10.

Apoya la conclusión de que esta medida ha de ser un objetivo común que puede lograrse sólo mediante un esfuerzo conjunto de los Estados miembros y las instituciones europeas;

11.

Subraya, particular, que la aplicación de una estrategia efectiva orientada a la reducción de las cargas administrativas innecesarias a escala europea incumbe tanto a la Comisión (en lo que se refiere a las cargas administrativas innecesarias derivadas de los reglamentos y las directivas europeos) como a los Estados miembros (por lo que respecta a las cargas derivadas de las legislaciones nacionales); pide a la Comisión que tome la iniciativa y no supedite sus actividades para la reducción de las cargas administrativas innecesarias a escala de la UE a las actividades llevadas a cabo por los Estados miembros a escala nacional para la reducción de dichas cargas innecesarias derivadas de las legislaciones nacionales;

12.

Acoge con satisfacción la identificación, por parte de la Comisión, de 13 ámbitos prioritarios en los que se evaluarán los costes administrativos y se reducirán las cargas administrativas innecesarias, por considerar que se trata de un enfoque pragmático y efectivo, pero pide al mismo tiempo a la Comisión que, a más largo plazo, evalúe los costes administrativos y reduzca las cargas administrativas innecesarias al margen de los ámbitos prioritarios; opina que esto podría llevarse a cabo, por ejemplo, con ocasión de la evaluación prescrita en la reglamentación europea correspondiente;

13.

Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que en la Comunicación de la Comisión COM(2007) 0023 (véase Anexo I) se proponga la limitación del ámbito de aplicación del Programa de Acción a obligaciones de las empresas; opina, por el contrario, que la estrategia en favor del desarrollo y el empleo exige que el Programa de Acción cubra todas las cargas administrativas;

14.

Subraya la importancia de la participación de las partes interesadas en la selección de aquellas propuestas legislativas que generan unas cargas administrativas innecesarias y en la definición de medidas orientadas a reducir dichas cargas; pide a la Comisión que, en el seno de cada una de sus direcciones generales, entable un diálogo con las partes interesadas a escala europea, tanto dentro de los 13 ámbitos prioritarios como en la identificación de nuevos ámbitos prioritarios;

15.

Subraya que la reducción de las cargas administrativas innecesarias en un 25 % debe ofrecer una imagen realista de la reducción efectiva de las cargas; subraya, por consiguiente, la importancia de realizar una medición tendencial y de que se defina el objetivo de una reducción del 25 % como un objetivo neto que tenga en cuenta el incremento de las cargas administrativas innecesarias derivadas de las nuevas normativas europeas a la hora de comprobar en 2012 si se han reducido las cargas administrativas en la UE en una cuarta parte;

16.

Apoya la propuesta de la Comisión de introducir límites para todos los requisitos en materia de información, limitándolos, cuando sea posible, en el caso de las PYME;

17.

Subraya que ha de asociarse a cada Dirección General de la Comisión a la reducción de las cargas administrativas innecesarias; subraya que es preciso que cada Dirección General se haga una idea de las cargas administrativas innecesarias que genera, realizando una medición tendencial, y que, basándose en la misma, se debe configurar un objetivo de reducción para cada Dirección General;

18.

Pide a la Comisión que publique con carácter anual la lista de medidas adoptadas y de medidas proyectadas con miras a la reducción de las cargas administrativas innecesarias en la UE, el incremento de los costes administrativas derivados de la introducción de nuevas normativas y la contribución porcentual neta de estas medidas para la realización del objetivo de una reducción del 25 % para 2012;

19.

Acoge con satisfacción el propósito de la Comisión, a la espera de se concluya para 2008 el inventario de las cargas administrativas innecesarias, de contribuir a corto plazo a una reducción sustancial de dichas cargas, reduciendo las más evidentes a través de las llamadas «acciones rápidas»(fast track actions); pide a la Comisión que identifiquen, basándose en la experiencia de aquellos Estados miembros que ya han efectuado mediciones tendenciales, otros ámbitos en los que cabría reducir fácilmente las cargas administrativas innecesarias y que formule objetivos de reducción;

20.

Respalda los esfuerzos de la Comisión por inventariar las cargas administrativas innecesarias derivadas de las nuevas normativas europeas, a través de la integración del método de costes estándar (SCM) en el procedimiento de evaluación de impacto; considera imprescindible la contribución de las partes interesadas en la obtención de la información prevista en la utilización del SCM; subraya que la calidad de las evaluaciones de impacto deberá ser controlada por el Comité de la evaluación de impacto (CEI) a través de dictámenes accesibles al público;

21.

Subraya que el Parlamento no debería tener en cuenta ninguna propuesta de la Comisión que no vaya acompañada de una evaluación de impacto, objeto de un control independiente, que incluya una apreciación de la existencia de cargas administrativas innecesarias según el SCM;

22.

Considera que el valor añadido de los procedimientos de evaluación del impacto del CEI debe evaluarse antes de finales de 2008; pide a la Comisión que desarrolle indicadores al respecto, basándose en la experiencia existente en las organizaciones internacionales y en los Estados miembros;

23.

Propone que los fondos liberados recientemente en el presupuesto de la UE para un proyecto piloto orientado a reducir a un mínimo las cargas administrativas se destinen a la creación de un grupo de expertos independientes que controle mediante muestreos la calidad de los dictámenes del CEI, sobre todo en lo que respecta a las cargas administrativas innecesarias inventariadas, y que supervise asimismo la aplicación del programa de acción europeo para la reducción de las cargas administrativas;

24.

Hace hincapié en la importancia que reviste una distinción clara entre los casos de obligaciones de información obsoleta, redundante o de prescripción excesiva y los casos en los que, debido a razones relacionadas con la protección de la salud pública, la salud, la seguridad la calidad del trabajo y los derechos de los trabajadores, el medio ambiente o los intereses financieros de la Comunidad, las obligaciones de información siguen siendo necesarias;

25.

Constata la necesidad de que el Consejo y el Parlamento adopten más rápidamente propuestas simplificadas y subraya, por consiguiente, la conclusión del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» de 16 de diciembre de 2003 (10) según la cual el Parlamento Europeo y el Consejo deberían modificar sus métodos de trabajo, previendo por ejemplo estructuras ad hoc encargadas específicamente de la simplificación legislativa;

26.

Propone que la Comisión, en paralelo al programa de acción para la reducción de las cargas administrativas innecesarias, encargue la realización de una investigación con miras a:

27.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que examinen aquellos casos en los que se requiere a menudo a distintas partes que proporcionen la misma información y a que acaben con la duplicación de la información;

28.

Pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para reducir la carga que se deriva de la legislación puramente nacional;

29.

Pide asimismo a los Estados miembros que sustituyan la información escrita por información electrónica y a través de Internet, usando siempre que sea posible portales de Internet inteligentes;

30.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

—

Visto el Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», firmado el 16 de diciembre de 2003 (1),

—

Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2000, sobre los informes de la Comisión dirigidos al Consejo Europeo titulados «Legislar mejor 1998 — Una responsabilidad que debe compartirse» y «Legislar mejor 1999» (2),

—

Vista su Resolución, de 29 de noviembre de 2001, sobre el Libro blanco de la Comisión «La gobernanza europea» (3),

—

Vista su Resolución, de 8 de abril de 2003, sobre los informes de la Comisión dirigidos al Consejo Europeo titulados «Legislar mejor 2000» y «Legislar mejor 2001» (4),

—

Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2004, sobre el informe de la Comisión «Legislar mejor 2002» (5),

—

Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2004, sobre las comunicaciones de la Comisión relativas a la simplificación y mejora de la regulación comunitaria (6),

—

Vista su Resolución, de 20 de abril de 2004, sobre la evaluación del impacto de la normativa comunitaria y los procedimientos de consulta (7),

—

Vista su Resolución, de 16 de mayo de 2006, sobre una estrategia para la simplificación del marco regulador (8),

—

Vista su Resolución, de 16 de mayo de 2006, sobre «Legislar mejor 2004 — aplicación del principio de subsidiariedad — 12° informe anual» (9),

—

Vista su Resolución, de 16 de mayo de 2006, sobre los resultados del examen de las propuestas legislativas pendientes ante el Legislador (10),

—

Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 14 de noviembre de 2006, titulado «Primer informe de evolución sobre la estrategia para la simplificación del marco regulador» (COM(2006) 0690),

—

Visto el artículo 45 del Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0271/2007),

A.

Considerando el compromiso asumido por la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo para poner en marcha, definir y mejorar la aplicación de los instrumentos de simplificación legislativa,

B.

Considerando que una simplificación del marco regulador que garantice la claridad, la eficacia y la calidad de la legislación es una condición imprescindible para cumplir el objetivo de «legislar mejor», que constituye una acción prioritaria de la Unión Europea para alcanzar unos índices elevados de crecimiento y empleo,

C.

Considerando que uno de los principales resultados de la simplificación es su ampliación progresiva a todos los sectores en los que la Unión Europea interviene con actos normativos,

D.

Considerando las obligaciones y los objetivos recogidos en el Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», en particular los que se refieren a la simplificación y la reducción del volumen de la legislación comunitaria, así como al impacto de ésta en los Estados miembros,

E.

Considerando que el mencionado documento de trabajo de la Comisión es la consecuencia directa de la Comunicación COM(2005) 0535, de 25 de octubre de 2005, titulada «Aplicación del programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa: Una estrategia para la simplificación del marco regulador»,

F.

Considerando que dicho documento de trabajo incluye un nuevo programa modulado de simplificación para el período 2006-2009, en el que se anuncian medidas de simplificación de la forma, distribuidas en 43 medidas de refundición, 12 de codificación y 8 derogaciones, así como 46 medidas de simplificación del fondo, denominadas genéricamente «de revisión»,

G.

Considerando que, a las anteriores medidas de simplificación, se deben añadir las aproximadamente 500 nuevas iniciativas legislativas (unas 200 en 2007) incluidas en otro programa modulado destinado específicamente a la codificación,

H.

Considerando que la Comisión señala que el programa de codificación es sólo indicativo, ya que la finalización del proyecto de codificación depende de la disponibilidad en todas las lenguas de los actos que deban codificarse por lo que, en su opinión, la codificación tiene que aplazarse cuando estén previstas nuevas modificaciones de estos actos; considerando que, según la Comisión, el orden en que figuren los actos en el programa modulado podría variar atendiendo a estos dos factores,

I.

Considerando que en el documento de trabajo la Comisión propone ampliar la práctica de incluir una síntesis al comienzo de sus propuestas con el fin de explicar mejor los objetivos de simplificación que persigue,

J.

Considerando que las iniciativas de simplificación sólo tendrán éxito si se fundamentan en una sólida base metodológica, mejorada gracias a la consulta de todas las partes interesadas y al desarrollo de análisis sectoriales, así como a la estrecha cooperación entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo y a una mayor autorregulación y corregulación,

K.

Considerando que la simplificación a escala europea debe ir acompañada de una adecuada simplificación a escala nacional que garantice que los beneficios de la simplificación comunitaria no se vean afectados por normas nacionales o por obstáculos técnicos,

1.

Insta a la Comisión a que haga más hincapié en la aplicación, el cumplimiento y la evaluación de la legislación comunitaria, como parte esencial del proceso para legislar mejor;

2.

Manifiesta su satisfacción por el hecho de que, por primera vez, las iniciativas de simplificación se hayan incluido en el programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2007, lo que pone de manifiesto que la estrategia de simplificación es una prioridad política;

3.

Pide a la Comisión que, a partir de ahora, incluya sistemáticamente las iniciativas de simplificación en una parte específica del programa legislativo y de trabajo, que señale qué prioridad piensa dar a cada iniciativa de simplificación y que, con tal fin, señale en la estrategia política anual las propuestas de simplificación al comienzo del proceso anual de programación legislativa y evite la proliferación de documentos que incluyan listas de iniciativas de simplificación, para contar con un marco de referencia lo más preciso posible;

4.

Sugiere que, para todas las medidas de simplificación, de manera similar a como se ha hecho con las medidas de codificación del acervo comunitario (11), se establezca un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea sobre un método de trabajo acelerado;

5.

Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión encaminados a aumentar las actividades de codificación del acervo comunitario como una forma primaria y fundamental de simplificación del marco regulador;

6.

Pide a la Comisión que resuelva cuanto antes las dificultades vinculadas a la traducción y evite que la presentación de nuevas propuestas legislativas tenga un impacto negativo en las iniciativas de codificación, lo que afectaría a todo el proceso de simplificación; insiste en que la Comisión debe ser coherente consigo misma y que no debe incluir en el programa legislativo y de trabajo proyectos de codificación de los sectores en los que prevé presentar propuestas legislativas;

7.

Propone a la Comisión que adopte la refundición como técnica legislativa corriente con el fin de disponer, para cada iniciativa, de la totalidad del texto, incluidas las modificaciones puntuales, indicando claramente las partes nuevas y las que permanecen inalteradas, lo que daría mayor claridad y transparencia a la legislación comunitaria;

8.

Pide asimismo a la Comisión que tenga presente que, cuando no sea posible la refundición, la técnica legislativa ordinaria debería consistir en la codificación en un plazo de seis meses del sector legislativo interesado; opina que, de conformidad con el Acuerdo interinstitucional ya mencionado, se podrían crear estructuras ad hoc, junto con el Consejo y la Comisión, previendo la adecuada participación de los interesados, para promover la simplificación;

9.

Manifiesta su satisfacción por el compromiso contraído por la Comisión de elaborar bases metodológicas sólidas para el trabajo de simplificación; con tal fin, pide a la Comisión que no deje de consultar a las partes interesadas, ampliando a otros sectores las iniciativas anunciadas en octubre de 2005 en materia de agricultura y pesca y reforzando las medidas que piensa adoptar en el ámbito del Derecho de sociedades y de los derechos de autor; insta a la Comisión a continuar con los análisis sectoriales y a calcular las cargas administrativas creadas por la legislación comunitaria vigente;

10.

Destaca la importancia capital de la cooperación entre las instituciones comunitarias, condición imprescindible para que la estrategia de simplificación obtenga buenos resultados; con tal fin, hace hincapié en la buena voluntad demostrada por el Parlamento Europeo con la modificación de su Reglamento, con el doble objeto de facilitar el procedimiento de aprobación de las codificaciones e introducir un procedimiento legislativo ad hoc para las refundiciones;

11.

Afirma que deben seguir utilizándose los instrumentos legislativos tradicionales para alcanzar los objetivos establecidos en el Tratado; opina que la corregulación y la autorregulación pueden integrarse en las medidas legislativas o sustituirlas, a la vista de que dichos métodos tienen un alcance equivalente o incluso superior al de la propia legislación; destaca que la utilización de modalidades reguladoras alternativas debe ser conforme al Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor»; recuerda que la Comisión está obligada a definir las condiciones y limitaciones que deben cumplir las partes en el ejercicio de dichas prácticas, que sólo se pueden realizar bajo el control de la Comisión y sin perjuicio del derecho del Parlamento Europeo de oponerse a su utilización;

12.

Pide a la Comisión que haga todo lo posible para que el proceso de simplificación, y en general el proceso de mejora de la reglamentación, a escala comunitaria no se vea afectado por normas de ámbito nacional o por obstáculos técnicos; pide a la Comisión que guíe y controle dicho proceso a escala nacional, actuando como centro de recogida y difusión de las mejores prácticas existentes tanto en la Unión Europea como en los Estados miembros, atendiendo también a las indicaciones de los interesados;

13.

Subraya que las evaluaciones de impacto regulares y exhaustivas desempeñan un papel fundamental en el proceso de simplificación y que el Consejo y el Parlamento deben tener en cuenta dichas evaluaciones cuando se presenten enmiendas a la propuesta en el curso del proceso legislativo

14.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

—

Visto el Tratado CE, y en particular sus artículos 211, 230 y 249,

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0259/2007),

A.

Considerando que la noción de Derecho indicativo, basada en la práctica común, es ambigua y perniciosa, y que no debería utilizarse en ningún documento de las instituciones comunitarias,

B.

Considerando que no debería aceptarse o reconocerse la distinción entre «dura lex» y «mollis lex», por ser una aberración conceptual,

C.

Considerando que los llamados instrumentos de Derecho indicativo como las recomendaciones, los libros verdes y blancos o las Conclusiones del Consejo no tienen ningún valor jurídico o carácter vinculante,

D.

Considerando que el Derecho indicativo no entraña una tutela judicial plena,

E.

Considerando que recurrir sistemáticamente a instrumentos de Derecho indicativo equivaldría a pasar del modelo comunitario singular al de una organización internacional tradicional,

F.

Considerando que actualmente tiene lugar un debate sobre la forma de hacer más eficaz la función reguladora de la Unión Europea en relación tanto con el Derecho indicativo como con el Derecho imperativo,

G.

Considerando que en el asunto Van Gend & Loos, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó que el objetivo del Tratado «(...) implica que constituye más que un acuerdo que sólo crearía obligaciones mutuas entre los Estados contratantes; (...) la Comunidad constituye un nuevo ordenamiento jurídico de Derecho internacional, en beneficio del cual los Estados han limitado, si bien en ámbitos restringidos, sus derechos soberanos, y cuyos sujetos son no sólo los Estados miembros, sino también sus nacionales» y que «(...) por consiguiente, el Derecho comunitario (...) no sólo impone obligaciones a los particulares, sino que también está destinado a generar derechos que pasan a formar parte de su patrimonio jurídico. [Estos derechos] nacen no sólo cuando reconocidos expresamente por el Tratado, sino también en razón de las obligaciones que el Tratado impone de una forma bien definida tanto a los particulares como a los Estados miembros y a las Instituciones comunitarias» (1),

H.

Considerando, por tanto, que cabe distinguir el Derecho comunitario del Derecho internacional público por su carácter vinculante no sólo para los Estados, sino también para las personas que derivan de él derechos jurídicamente ejecutables, y porque asocia a un conjunto de instituciones, entre ellas, el Parlamento Europeo elegido directamente por los ciudadanos de la Unión; que, además, el ordenamiento jurídico europeo se basa en la democracia y el Estado de Derecho, tal como precisan claramente el preámbulo y el artículo 6 del Tratado UE,

I.

Considerando que de ello se deriva que las instituciones de la Unión Europea no pueden actuar sino de acuerdo con el principio de legalidad, es decir, cuando un fundamento jurídico les atribuye determinadas competencias y dentro de los límites de sus poderes, y que existe un Tribunal europeo que vela por el respeto de estos principios,

J.

Considerando que cuando la Comunidad tiene una competencia legislativa, el procedimiento correcto pasa por la adopción de un acto legislativo por las Instituciones democráticas de la Unión, esto es, el Parlamento Europeo y el Consejo, en la medida necesaria con arreglo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; considerando que sólo con la adopción de textos legislativos mediante los procedimientos institucionales previstos por el Tratado pueden garantizarse la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, la tutela judicial y la aplicación de las leyes; que ello implica también el respeto del equilibrio institucional inscrito en el Tratado y la transparencia del proceso decisorio,

K.

Considerando que, en general, cuando la Comunidad tiene una competencia legislativa, queda excluido el uso del Derecho indicativo o de los códigos de conducta inscritos en instrumentos sin fuerza jurídica vinculante que, sin embargo, pueden tener determinados efectos legales, se destinan a producir algunos efectos prácticos (2) y se han usado tradicionalmente para suplir la falta de competencias legislativas formales o de medios de aplicación, y que, como tales, son típicos del Derecho internacional público,

L.

Considerando que cuando el Tratado lo dispone de forma expresa los instrumentos de derecho indicativo son legítimos, siempre que no se utilicen como sustitutos de la legislación cuando la Comunidad tenga competencias legislativas y parezca necesaria una reglamentación comunitaria con arreglo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, pues ello supondría infringir el principio de atribución de competencias específicas; considerando que esto se aplica a fortiori a las comunicaciones de la Comisión que tienen por objeto interpretar la legislación comunitaria; que los instrumentos preparatorios, como los libros verdes y blancos, también son una forma legítima de servirse del Derecho indicativo, así como las comunicaciones y directrices que publica la Comisión para explicar la aplicación de la política de competencia y de ayudas estatales,

M.

Considerando que esos instrumentos, que pueden utilizarse como herramientas de interpretación o preparatorias para actos legislativos vinculantes, no deben tratarse como legislación ni se les debe reconocer ninguna eficacia normativa,

N.

Considerando que semejante situación acarrearía confusión e inseguridad en un ámbito en que, en el interés de los Estados miembros y de los ciudadanos, deben prevalecer la claridad y la seguridad jurídica,

O.

Considerando que, además de respetar el derecho de iniciativa de la Comisión, el Parlamento mantiene también su propio derecho a pedir a la Comisión que formule propuestas legislativas (artículo 192 del Tratado CE),

P.

Considerando que el método abierto de coordinación puede ser útil para promover la realización del mercado interior, pero que cabe lamentar la escasa participación del Parlamento y del Tribunal de Justicia en este método; que, como consecuencia del déficit democrático del llamado método abierto de coordinación, éste no debe desvirtuarse para sustituir las competencias legislativas de la Comunidad y, de hecho, establecer obligaciones para los Estados miembros equivalentes a las legislativas pero tomadas al margen de los procedimientos legislativos establecidos en el Tratado,

Q.

Considerando que el artículo 211 del Tratado CE dispone que «con objeto de garantizar el funcionamiento y el desarrollo del mercado común, la Comisión (...) formulará recomendaciones (...) respecto de las materias comprendidas en el presente Tratado, si éste expresamente lo prevé o si la Comisión lo estima necesario», pero que, conforme al quinto párrafo del artículo 249, las recomendaciones no son vinculantes, y que el Tribunal de Justicia ha dictaminado que las recomendaciones constituyen actos cuya finalidad, incluso con respecto a sus destinatarios, no es producir efectos vinculantes (3) y no pueden generar derechos que los particulares puedan invocar ante una jurisdicción nacional (4); que el artículo 230 TCE excluye la posibilidad de anular las recomendaciones, al no tener carácter vinculante,

R.

Considerando, sin embargo, que el Tribunal de Justicia ha dictaminado que «los citados actos no pueden ser considerados como carentes en absoluto de efectos jurídicos. Efectivamente, los Jueces nacionales están obligados a tener en cuenta las recomendaciones a la hora de resolver los litigios de que conocen, sobre todo cuando aquéllas ilustran acerca de la interpretación de disposiciones nacionales adoptadas con el fin de darles aplicación, o también cuando tienen por objeto completar las disposiciones comunitarias dotadas de fuerza vinculante» (5),

S.

Considerando que es posible que las recomendaciones, si se aplican sin la necesaria cautela, pueden hacer que determinadas actuaciones de la Comisión sobrepasen los límites de sus competencias,

T.

Considerando que el artículo I-33 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa contiene una disposición similar al artículo 211 TCE, pero añade que «cuando se les presente un proyecto de acto legislativo, el Parlamento Europeo y el Consejo se abstendrán de adoptar actos no previstos por el procedimiento legislativo aplicable al ámbito de que se trate»,

U.

Considerando que en 2005 la Comisión adoptó una recomendación sobre la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea, sobre la base del artículo 211 del Tratado CE, que describió como «un instrumento no vinculante o de Derecho indicativo (soft law instrument) destinado a permitir el progreso del mercado en la buena dirección» y a completar las Directivas existentes sobre los derechos de autor en la sociedad de la información (6) y el derecho de alquiler y préstamo, así como determinados derechos afines a los derechos de autor (7); que su principal objetivo es estimular el establecimiento de un sistema de licencia multiterritorial y recomendar el método de reglamentación, con lo que la Comisión aplica determinadas opciones políticas a través del Derecho indicativo,

V.

Considerando que la Comisión ha contemplado, o parece contemplar la posibilidad de actuar a través de recomendaciones en otros ámbitos en los que la Comunidad tiene competencias legislativas, incluida la reglamentación de los impuestos sobre los derechos de autor y la limitación de la responsabilidad de los auditores,

W.

Considerando, además, que el proyecto de Derecho contractual europeo permanece en el ámbito del Derecho indicativo,

X.

Considerando que, cuando la Comunidad cuenta con competencias legislativas pero le falta la voluntad política de legislar, el uso del Derecho indicativo puede llevar a eludir los órganos legislativos realmente competentes, lo que puede pervertir los principios de la democracia y del Estado de Derecho, establecidos en el artículo 6 del Tratado UE, así como la subsidiariedad y la proporcionalidad, recogidas en el artículo 5 del Tratado CE, y tener como resultado que la Comisión actúe rebasando sus competencias,

Y.

Considerando que el Derecho indicativo también tiende a crear ante el público una imagen de «superburocracia » sin legitimidad democrática, no sólo distante del público, sino incluso enemiga del mismo, dispuesta a llegar a acuerdos con los poderosos representantes de intereses, mediante negociaciones que no son transparentes ni comprensibles para los ciudadanos, y que puede suscitar expectativas legítimas en terceros afectados (como, por ejemplo, los consumidores) quienes, en todo caso, no cuentan con ningún medio legal para hacer valer sus intereses ante la justicia frente a actos que tienen efectos adversos para ellos,

Z.

Considerando que el programa «legislar mejor» no debe verse alterado para que el Ejecutivo comunitario legisle de hecho mediante instrumentos de Derecho indicativo, con la posibilidad que ello supone de subvertir el orden jurídico comunitario, al evitar la participación del Parlamento elegido democráticamente y el control del Tribunal de Justicia, privando a los ciudadanos de la tutela judicial,

AA.

Considerando que no se prevé ningún procedimiento de consulta al Parlamento sobre el uso propuesto de instrumentos de Derecho indicativo, como las recomendaciones y las comunicaciones interpretativas,

1.

Opina que, en el contexto de la Comunidad, con demasiada frecuencia, el Derecho indicativo es un instrumento ambiguo e ineficaz que puede tener efectos negativos en la legislación comunitaria y en el equilibrio entre las instituciones, y que debe utilizarse con precaución, aunque esté previsto en el Tratado;

2.

Recuerda que el llamado Derecho indicativo no puede sustituir a los instrumentos y actos jurídicos, que han de servir para garantizar la continuidad del proceso legislativo, especialmente en el ámbito de la cultura y de la educación;

3.

Subraya que cada institución de la UE, incluido el Consejo Europeo, debe considerar tanto la opción legislativa como la no legislativa a la hora de decidir, caso por caso, qué acción adoptar, si procede hacerlo;

4.

Considera dudoso, en términos de respeto de la legalidad, el método abierto de coordinación, ya que funciona sin una participación parlamentaria y un control judicial suficientes; por consiguiente, sólo hay que tomarlo en consideración en casos excepcionales y conviene estudiar la posibilidad de que el Parlamento participe en este procedimiento;

5.

Deplora que la Comisión utilice el Derecho indicativo como sustituto de la legislación de la UE adoptada de conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y que extrapole la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a terrenos sin explorar;

6.

Insta a las instituciones a que actúen de acuerdo con el espíritu del artículo I-33 del Tratado Constitucional, y a que se abstengan de adoptar instrumentos de Derecho indicativo cuando se estén examinando actos legislativos; considera que el Derecho vigente también establece ya esta obligación, sobre la base del principio del Estado de Derecho con arreglo al artículo 6 del Tratado UE;

7.

Insta a la Comisión a esforzarse particularmente en garantizar la transparencia, la visibilidad y la responsabilidad pública en el proceso de adopción de actos comunitarios no vinculantes, así como en incrementar el uso de la figura de la evaluación de impacto en el proceso decisorio;

8.

Pide a la Comisión que preste especial atención a las repercusiones del Derecho indicativo para los consumidores y a los posibles medios de reparación antes de proponer medidas que impliquen instrumentos de Derecho indicativo;

9.

Opina que, en el ámbito de las comunicaciones de la Comisión, los libros verdes y los libros blancos no establecen obligaciones jurídicas directas; sin embargo, de la adopción de documentos de consulta y declaraciones políticas de intenciones no debe deducirse la obligación jurídica de promulgar las correspondientes reglamentaciones;

10.

Opina que las comunicaciones interpretativas de la Comisión persiguen el objetivo legítimo de proporcionar seguridad jurídica, pero que no deben ir más allá; cuando en virtud de ellas se establecen nuevas obligaciones, las comunicaciones interpretativas representan un desbordamiento de los mecanismos normales de legislación por medio del Derecho indicativo; si una comunicación contiene reglamentaciones detalladas, cuyas disposiciones no tengan una conexión directa con las libertades contempladas en el Tratado, la comunicación se aparta de su objetivo y es nula por vicio de forma (8);

11.

Opina, por consiguiente, que las comunicaciones que respondan a estos criterios deben limitarse a aquellos casos en los que el legislador, es decir, el Parlamento y el Consejo, hayan instado a la Comisión a elaborar la comunicación interpretativa; considera que la concreción del Tratado está reservada al legislador y su interpretación, al Tribunal de Justicia;

12.

Opina que la normalización y los códigos de conducta son elementos importantes de autorregulación; la normalización no debe sin embargo conducir a un exceso de reglamentación y representar con ello una carga adicional, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas; así pues, los fundamentos jurídicos de que se trate deben contener disposiciones destinadas a prevenir el exceso de reglamentación;

13.

Señala que, aunque es legítimo que la Comisión emplee instrumentos prelegislativos, no se debe abusar del proceso pre-legislativo, ni se debe prolongar indebidamente; considera que, en ámbitos como el del proyecto sobre Derecho contractual, se debe llegar a un momento en que la Comisión decida si recurre o no a su derecho de iniciativa y sobre qué fundamento jurídico;

14.

Hace hincapié en que el Parlamento, en su calidad de única institución comunitaria elegida democráticamente, no es consultado actualmente sobre la utilización de los llamados instrumentos de Derecho indicativo, como las recomendaciones de la Comisión, basadas en el artículo 211 del Tratado CE, las comunicaciones interpretativas y otros documentos de la misma índole;

15.

Considera que los acuerdos interinstitucionales sólo pueden producir efectos jurídicos entre las instituciones de la UE; no son, por tanto, Derecho indicativo al no tener efectos jurídicos sobre terceros;

16.

Pide a la Comisión que desarrolle, en colaboración con el Parlamento, un modus operandi que garantice la participación de los organismos elegidos democráticamente, incluyendo posiblemente los elegidos por acuerdo interinstitucional, y por consiguiente una supervisión más efectiva de la necesidad de adoptar instrumentos de Derecho indicativo;

17.

Pide a la Comisión que consulte al Parlamento sobre la forma en que debe ser consultado antes de que la Comisión adopte instrumentos de Derecho indicativo, con el fin de que las medidas de Derecho indicativo puedan ser objeto de control, evitando de este modo todo posible abuso de competencias por parte del Ejecutivo; en este sentido propone iniciar conversaciones para la conclusión de un acuerdo interinstitucional sobre este tema; considera que este acuerdo debe resolver, en especial, la contradicción que ha surgido entre las disposiciones del artículo 211, del artículo 249, párrafo 5, y del artículo 230 del Tratado CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando éste obliga a las jurisdicciones nacionales a tener en cuenta, en los litigios de que traten, unas recomendaciones que no son vinculantes por sí mismas según el Tratado;

18.

Reitera la importancia de la participación del Parlamento, en su calidad de principal representante de los intereses de los ciudadanos de la UE, en todos los procesos de toma de decisiones, para contribuir a que se reduzca la actual falta de confianza en la integración y los valores europeos;

19.

Insiste en que conviene evitar el uso de la expresión «Derecho indicativo», así como su invocación, en toda ocasión y en todos los documentos oficiales de las instituciones europeas;

20.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos de los Estados miembros.

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Un mercado único para los ciudadanos — Informe intermedio destinado al Consejo Europeo de primavera de 2007» (COM(2007) 0060),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo titulada «Una agenda de los ciudadanos — Logrando resultados para Europa» (COM(2006) 0211),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de Primavera titulada «Ejecución de la estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo “Un año de resultados”» (COM(2006) 0816),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Estrategia política anual para 2008» (COM(2007) 0065),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo titulada «El mercado interior de mercancías, pilar de la competitividad europea» (COM(2007) 0035),

—

Visto el Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo presentado por la Comisión (COM(2006) 0744),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Análisis estratégico del programa “Legislar mejor” en la Unión Europea» (COM(2006) 0689),

—

Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 8 y 9 de marzo de 2007,

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2007, sobre los servicios sociales de interés general en la Unión Europea (1),

—

Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2007, sobre el impacto y las consecuencias de la exclusión de los servicios sanitarios de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior (2),

—

Vista la declaración final de la Cuarta Conferencia Europea sobre el artesanado y las pequeñas empresas, celebrada en Stuttgart los días 16 y 17 de abril de 2007,

—

Vista la Declaración de Berlín de 25 de marzo de 2007,

—

Visto el Documento económico de la Comisión no 271 «Avances hacia una mayor integración económica: el mercado interior en el siglo XXI — Una contribución a la revisión del mercado único»,

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0295/2007),

A.

Considerando que el mercado único ha sido un importante logro sin precedentes en el ámbito europeo, que ha ofrecido a los consumidores una oferta más amplia y precios más bajos, ha creado un entorno competitivo y dinámico para las empresas y ha hecho posible los intercambios de ideas y experiencias entre las culturas europeas,

B.

Considerando que la Estrategia de Lisboa ha puesto de relieve el objetivo de la cohesión social y ha conferido una función más importante a la dimensión social en las políticas sectoriales de la Unión,

C.

Considerando que el mercado único y sus cuatro elementos fundamentales —la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capital— ha constituido un paso decisivo hacia la integración europea,

D.

Considerando que el establecimiento del mercado único en 1992 se basó en los tres principios siguientes:

E.

Considerando que la estrategia de Lisboa conducirá a reformas estructurales en los Estados miembros, así como a la apertura de los mercados, pero que también hará que aumente la necesidad de reglamentación en materia de competencia leal,

F.

Considerando que la adopción de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (3) ha permitido progresar significativamente en la realización del mercado único de los servicios,

G.

Considerando que el euro ha aportado transparencia, eficacia y facilidad de acceso al mercado único,

H.

Considerando que aún siguen existiendo actitudes abierta y ocultamente proteccionistas en las administraciones de los Estados miembros,

I.

Considerando que aún existen innumerables obstáculos a la realización de las cuatro libertades fundamentales, y que resulta indispensable mejorar el funcionamiento del mercado único y concentrar los esfuerzos en la consecución de un mercado único sin trabas,

J.

Considerando que es necesario adoptar un enfoque dinámico, global y flexible del mercado único con el fin de obtener el apoyo de los conciudadanos,

K.

Considerando que es necesario concluir la apertura de industrias de red como el transporte, las telecomunicaciones, los servicios postales o la transmisión de energía, que, por definición, están destinadas a vincular a las empresas con los particulares; considerando que el desarrollo y apertura de estas industrias, constituye por tanto la mejor manera de realizar plenamente el mercado único en el marco de una economía de mercado responsable y facilitada por mecanismos de regulación eficaces,

L.

Considerando que la Unión Europea ha adoptado en los últimos años varias medidas legislativas con vistas a reforzar el mercado único de los servicios financieros, como los servicios bancarios, la gestión de activos, los seguros, los fondos de pensiones y la contabilidad, que han aportado beneficios tanto a las empresas como a los consumidores, y han hecho de la UE un líder mundial y un creador de tendencias y de normas en el sector de los servicios financieros,

M.

Considerando que, aunque se han logrado grandes progresos en la realización del mercado único de los servicios financieros al por mayor, hasta la fecha existen pocas pruebas de progreso significativo en lo que respecta a los servicios financieros al por menor, con frecuencia debido a las preferencias culturales o tradicionales de los ciudadanos, pero también a obstáculos jurídicos y fiscales,

N.

Considerando que la Comisión tiene la importante responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las normas en materia de competencia con objeto de asegurar unas condiciones justas y equitativas para las empresas de la UE y el pleno aprovechamiento de las ventajas del mercado único para los consumidores de la UE,

O.

Considerando que , si bien los Estados miembros mantendrán sus prerrogativas sobre los asuntos fiscales, la Comisión aún puede desempeñar un papel útil en determinados aspectos de la política fiscal que favorecerían la creación de un auténtico mercado único,

P.

Considerando que es necesario reducir la carga administrativa que pesa sobre las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas (PYME),

Q.

Considerando que la Unión Europea registra un déficit de innovación en comparación con sus principales competidores,

R.

Considerando que el mercado único es la herramienta más eficaz para hacer frente a los retos de la globalización al hacer posible una economía europea más competitiva y dinámica,

S.

Considerando que la Comisión debe tener totalmente en cuenta la ampliación de la UE al aplicar sus políticas, en particular la del mercado interior, y su impacto en los nuevos Estados miembros, así como nuevas circunstancias como las transformaciones sociales y los progresos tecnológicos,

T.

Considerando que la ampliación ha aumentado las oportunidades que reportará el mercado único, pero también ha planteado un reto a su correcto funcionamiento aumentando la heterogeneidad entre sus miembros, y que la heterogeneidad en el ámbito de la fiscalidad de las empresas constituye una posible causa de tensión entre los Estados miembros,

1.

Acoge con satisfacción el papel activo y la visión de futuro de la Comisión en relación con el mercado único, así como su trabajo sobre la revisión del mercado único, y subraya la importancia de incluir a todas las partes interesadas en el proceso;

2.

Expresa su deseo de que la revisión del mercado único constituya la ocasión de mostrar a los ciudadanos de Europa todos los beneficios que pueden obtener de la consecución de dicho mercado único; pide a la Comisión y a los Estados miembros que reduzcan la brecha existente entre el potencial y la realidad del mercado único;

3.

Subraya la importancia de garantizar que todos los ciudadanos se beneficien del mercado único; considera que algunos grupos vulnerables no tienen plenamente acceso al mismo y recuerda que la Declaración no 22 aneja al Acta Final del Tratado de Ámsterdam establece que las instituciones de la Comunidad tendrán en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad a la hora de elaborar medidas con arreglo al artículo 95 del Tratado;

4.

Espera que se refuercen las relaciones de trabajo con los Parlamentos nacionales de modo que los representantes de los ciudadanos de los Estados miembros puedan percibir con mayor claridad los retos y beneficios del mercado único; subraya al respecto el diálogo constructivo entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo a través de las reuniones anuales sobre la Agenda de Lisboa como buen ejemplo de cooperación que podría ampliarse en el futuro;

5.

Subraya la imperiosa necesidad de hacer efectivo el contenido de la declaración final de la Cuarta Conferencia Europea sobre el artesanado y las pequeñas empresas, habida cuenta el papel fundamental de estas empresas en la economía europea; pide, por tanto, que se tengan en cuenta esas conclusiones en la elaboración y puesta en práctica de las políticas comunitarias, en particular en el marco de la revisión del mercado único y de la revisión de la política relativa a las PYME;

6.

Lamenta que los Estados miembros no hagan suficientemente suyo el mercado único en la práctica;

7.

Reconoce que en un mercado único que ofrece calidad de vida deben tenerse en cuenta las preocupaciones relativas a la protección medioambiental y del consumidor;

8.

Opina que las nuevas iniciativas políticas deberían estar más basadas en un análisis de sus repercusiones en los diferentes mercados, los diversos sectores económicos, el medio ambiente y el ámbito social;

9.

Reitera —dado que la cohesión social y territorial es uno de los componentes esenciales del mercado único— la importancia que tiene mejorar la confianza de los ciudadanos promoviendo objetivos sociales y medioambientales comunes a los Estados miembros, como un empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la protección de la salud y del medio ambiente, respetando la diversidad cultural europea; pide a la Comisión que garantice que la UE cumple su misión protectora en estos ámbitos y que evite la competencia reguladora entre Estados miembros;

10.

Hace hincapié en que la cohesión social unida a una protección consecuente de los consumidores puede conducir a una mejor percepción por parte de los ciudadanos de las ventajas del mercado único;

11.

Subraya la importancia de alentar la libre circulación de trabajadores dentro del mercado único; señala que la movilidad de los trabajadores dentro de las fronteras de la Unión es un factor importante que favorece la competitividad de las empresas europeas y estimula la innovación mediante el intercambio de experiencias y una mayor competencia;

12.

Subraya que una buena política del mercado único es fundamental para estimular la innovación a través de una mayor competencia, así como para un entorno empresarial favorable, que es especialmente importante para las PYME; pide en particular a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen medidas prácticas dirigidas a apoyar el potencial de innovación de las pequeñas empresas y empresas artesanales y, en particular, instrumentos de financiación de la innovación adaptados a las características específicas de esas empresas;

13.

Insta a la Comisión a que adopte una estrategia global respecto de los derechos de la propiedad intelectual y a que refuerce la protección de estos derechos como instrumento para apoyar la innovación, promover la capacidad industrial de Europa y favorecer su crecimiento; subraya la importancia de establecer una patente comunitaria y un sistema jurisdiccional de alta calidad, rentable y abierto a la innovación para las patentes europeas, que respete las competencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; toma nota de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la mejora del sistema de patentes en Europa (COM(2007) 0165);

14.

Considera que una política de competencia eficaz ayudará a fortalecer la confianza del consumidor, garantizando a los ciudadanos el beneficio de una oferta más amplia, precios más bajos y mayor calidad; pide a la Comisión que examine cómo integrar mejor las medidas de política de competencia en una política de mercado único más amplia;

15.

Subraya la importancia de la lucha contra el fraude y la piratería en el mercado único;

16.

Opina que la lucha contra el cambio climático y la promoción de un desarrollo sostenible son factores de capital importancia y sólo pueden lograrse mediante una combinación energética equilibrada y que para ello es vital una política de mercado único que fomente una energía sostenible y competitiva; acoge con satisfacción las mencionadas conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas; lamenta, no obstante, que se haya hecho poco hincapié en la contribución potencial de la energía nuclear;

17.

De conformidad con la sección III, apartado 19, letra i), del Mandato de la CIG 2007 (4) relativo al Protocolo sobre servicios de interés general, que se incluirá como anexo de los Tratados, insta a la Comisión a que emprenda iniciativas encaminadas a superar la incertidumbre jurídica que envuelve a los servicios de interés general, especialmente en relación con las ayudas estatales y la contratación pública; se congratula de las iniciativas de la Comisión dirigidas a aclarar las ambigüedades en los ámbitos de los servicios sanitarios y sociales de interés general en el mercado único; considera que son necesarios servicios de interés general sólidos y modernos con el fin de lograr los objetivos de interés público, tales como la cohesión social y territorial, la protección del medio ambiente y la diversidad cultural;

18.

Subraya la necesidad de reforzar la eficacia del Derecho de consumo para el mercado único; acoge, por lo tanto, con satisfacción el Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del acervo en materia de consumo; constata que las actuales cláusulas mínimas de armonización comprendidas en las ocho directivas contempladas por la revisión son causa de inseguridad jurídica para las empresas y los consumidores; opina, por lo tanto, sin que ello se interprete como una predicción de los resultados de la consulta, que la opción de un enfoque mixto con un instrumento horizontal es la más adecuada para reforzar la confianza de los consumidores;

19.

Recuerda que sólo el 6% de los consumidores recurre al comercio electrónico transfronterizo de mercancías; subraya, por tanto, la importancia de aumentar la confianza de los consumidores en las compras transfronterizas poniendo fin a la fragmentación del mercado único en el entorno digital; alienta al respecto a la Comisión a prestar apoyo a un marco adaptado para el desarrollo del comercio electrónico, crear un entorno económico más favorable, mejorar la calidad de la legislación y reforzar los derechos de los consumidores y la situación de las PYME en los mercados;

20.

Subraya que ni los consumidores ni los proveedores de servicios son siempre capaces de establecer qué régimen jurídico es aplicable a cada aspecto de sus actividades; pide, por tanto, a la Comisión que proponga una clarificación de la interacción entre los instrumentos del Derecho internacional privado y los del mercado único con vistas a disipar toda duda sobre si se aplica la legislación o reglamentación del país de origen o de acogida y eliminar las lagunas en el régimen de responsabilidad aplicable a los proveedores de servicios;

21.

Pide el desarrollo permanente de normas de diseño con el fin de mejorar más la accesibilidad para las personas con discapacidad, las personas de edad avanzada y los niños; subraya la importancia que ha tenido este proceso en ámbitos como el de los autobuses urbanos, los ascensores, los electrodomésticos y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), extendiendo las ventajas del mercado único a ciudadanos vulnerables así como creando un mayor grado de certidumbre y evitando la creación de barreras para la industria en la Unión;

22.

Subraya que los contratos públicos se deben adjudicar de forma equitativa y transparente, conforme a la normativa en la materia, y que pueden contribuir asimismo a fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico y a solucionar las preocupaciones medioambientales y sociales, incluida la accesibilidad para las personas con discapacidad; pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a mejorar el acceso de las PYME a la contratación pública y a la adjudicación de contratos antes de la comercialización, a fin de mejorar la capacidad de innovación del mercado único;

23.

Opina que la libre circulación de bienes es crucial para la eficacia del mercado único; señala que el 25 % de los bienes fabricados en la Unión Europea sigue sin ser objeto de medidas de armonización; acoge por tanto favorablemente la iniciativa de la Comisión destinada a mejorar el funcionamiento del mercado único en este ámbito; hace un llamamiento a los Estados miembros para que apliquen plenamente el instrumento del reconocimiento mutuo con el fin de garantizar el ejercicio de esta libertad fundamental en beneficio de los consumidores y de las empresas;

24.

Subraya la importancia de eliminar los obstáculos a la creación de una zona única de pagos, así como de una mayor liberalización de los mercados postales, garantizando al mismo tiempo la financiación de un servicio universal eficaz;

25.

Considera que para contribuir a un crecimiento sostenible es necesaria una mayor integración financiera en la Unión Europea, en particular a través de costes de transacción más reducidos, mayores posibilidades de compartir los riesgos y una asignación más eficaz de los recursos;

26.

Considera que los sistemas actuales del IVA y los impuestos especiales son un obstáculo a la consecución del mercado único, en particular por lo que respecta al comercio transfronterizo; pide a la Comisión que investigue los problemas fiscales vinculados a la venta por correo y al comercio a través de Internet y que presente propuestas que permitan que los ciudadanos de la UE se beneficien plenamente de la libre circulación de mercancías;

27.

Pide que se conceda una atención particular a las preocupaciones de las PYME en relación con el mercado único, en particular mediante la mejora de los costes y la rapidez de los procedimientos de puesta en marcha, la disponibilidad de capital de riesgo, el coste y la rapidez de los servicios de pago, así como la movilidad de las personas, los bienes y los servicios; pide a la Comisión que garantice que el capital de riesgo procedente del Fondo Europeo de Inversiones beneficie a las PYME y a las empresas innovadoras;

28.

Opina que las redes informales, como Solvit y la Red de centros europeos de los consumidores (Red CEC), son un complemento importante de los instrumentos formales y jurídicos de que disponen los ciudadanos y las empresas; acoge con satisfacción la iniciativa que tiene por objeto establecer el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI); pide encarecidamente a la Comisión que incremente sus recursos de personal y que mejore su estrategia en materia de información, con objeto de que los ciudadanos y las empresas sepan que existen estas redes y hacer que sean plenamente eficaces;

29.

Considera que se debe analizar la posibilidad de una mayor consulta y el uso de mecanismos adecuados para resolver más rápidamente los litigios; pide, por lo tanto, que se establezca a escala de la UE un mecanismo eficaz de reparación rápida mediante arbitraje con objeto de favorecer la rápida solución de los litigios relacionados con las normas del mercado único;

30.

Acoge favorablemente las iniciativas de la Comisión destinadas a reducir las cargas administrativas, e insta a que se sigan realizando esfuerzos de este tipo para mejorar el acceso al mercado único sin reducir la protección necesaria para los ciudadanos, los consumidores y los trabajadores;

31.

Subraya que el reconocimiento mutuo constituye un importante aspecto del mercado único que no impide la aproximación de las legislaciones donde resulte conveniente;

32.

Subraya, no obstante, que el mercado único del siglo XXI debe operar en el marco de un conjunto de normas necesarias y proporcionadas; considera que un mayor grado de armonización puede ser necesario en determinados ámbitos, en particular los servicios financieros al por menor (incluidos los medios de pago) y el funcionamiento del sistema fiscal; acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión sobre los servicios financieros al por menor en el mercado único (COM(2007) 0226) y, al tiempo que reconoce la naturaleza local de los servicios financieros al por menor, insta a la Comisión a fomentar las medidas ya adoptadas y las que se están adoptando para crear las condiciones de un mercado único en el que los consumidores y los proveedores puedan optar por participar; considera que, a tal efecto, debería procederse siempre a una mayor evaluación de posibles iniciativas por parte de los consumidores; insta a la Comisión a que considere la introducción de un impuesto europeo de sociedades;

33.

Hace hincapié en que legislar «mejor» no significa necesariamente «menos» legislación; exhorta a la Comisión a considerar nuevas iniciativas para mejorar el funcionamiento y la integración del mercado único y consolidar y simplificar la legislación;

34.

Considera que los procedimientos de consulta de la Comisión deben ser más transparentes y concretos con el fin de incitar a todos los participantes, y en particular a las PYME, a participar en ellos;

35.

Considera que impulsar la competencia mediante la reforma de la reglamentación es el estímulo que Europa necesita para mejorar la productividad; reitera que se han de respetar plenamente los derechos del Parlamento en el contexto de la reforma de la reglamentación;

36.

Opina que las evaluaciones de impacto de la Comisión deben ser más coherentes y tener en cuenta los puntos de vista de todas las partes interesadas; acoge por lo tanto con satisfacción la creación del comité de evaluación del impacto de la Comisión y le pide a ésta que publique sus dictámenes; pide que el Parlamento Europeo lleve a cabo más evaluaciones del impacto para apoyar sus propuestas;

37.

Pide a la Comisión que incorpore una «verificación del mercado interior» a los mecanismos de reglamentación mejorada, tal como ha pedido el Parlamento, a fin de asegurar que los reguladores tienen siempre en cuenta las implicaciones de sus acciones en las cuatro libertades del mercado único, así como los demás aspectos que deben considerar, en particular la sostenibilidad y el empleo;

38.

Indica que también debería llevarse a cabo una evaluación ex post de la legislación para asegurarse de que las normas funcionan tal y como estaba previsto y destacar todo efecto negativo imprevisto;

39.

Comparte el punto de vista de la Comisión de que la corregulación y la autorregulación pueden ser instrumentos que pueden complementar las iniciativas legislativas en algunos ámbitos, dentro del respeto de las prerrogativas del legislador; subraya asimismo la eficacia de una cooperación más estrecha en determinados ámbitos que permita evolucionar hacia una armonización sobre una base voluntaria;

40.

Opina que el déficit de transposición constituye uno de los obstáculos principales para la realización del mercado único y que los Estados miembros son responsables de mejorar la aplicación y la transposición de la legislación de la UE; acoge con satisfacción la mejora en materia de transposición nacional y el objetivo del Consejo Europeo de Bruselas anteriormente mencionado de reducir el déficit de transposición a un 1 %; hace un llamamiento a los Estados miembros para que eviten el obstáculo del exceso de reglamentación nacional («gold plating»);

41.

Subraya la importancia de reforzar y mejorar la cooperación administrativa entre las autoridades de los Estados miembros responsables del mercado único;

42.

Lamenta que algunos Estados miembros estén adoptando medidas para proteger su mercado nacional; hace hincapié en la importancia de lograr unas condiciones competitivas equitativas en todo el mercado único; subraya que un mercado único que funcione correctamente constituye una ventaja competitiva para Europa frente a la mundialización;

43.

Pide a la Comisión que, en la elaboración de las políticas interiores, tenga sistemáticamente en cuenta políticas similares aplicadas por los principales socios de la UE como los Estados Unidos, Rusia, China, India, Brasil, Japón, etc., con vistas a mejorar la competitividad de la Unión Europea y eliminar los obstáculos al comercio global;

44.

Subraya que las iniciativas políticas destinadas a incrementar la competitividad no deben rebajar los estándares europeos; recuerda la importancia de establecer un diálogo constructivo y equilibrado con los socios exteriores para influir en la elaboración de las normas internacionales;

45.

Toma nota de la iniciativa de la Comisión de iniciar una revisión global de los instrumentos de defensa comercial de la Unión; subraya que instrumentos eficientes de defensa comercial de la UE son cruciales para la competitividad, el crecimiento y el empleo en una economía mundial rápidamente cambiante; recuerda que la UE debería mantener el liderazgo que ha mostrado en el pasado mejorando y reforzando la disciplina en el ámbito de la OMC;

46.

Considera que la Unión Europea sólo podrá beneficiarse de una economía global si alcanza e incluso supera la capacidad de innovación de sus socios comerciales; insiste en que la UE necesita medidas específicas para hacer que el mercado único sea más innovador; hace, además, un llamamiento a las instituciones de la Unión Europea para que posicionen a la UE como una entidad sensible a las tendencias futuras de la economía global con el fin de garantizar tanto la eficacia de su defensa comercial como su competitividad sostenible; opina que el mercado interior transatlántico podría ser un instrumento apropiado a este fin;

47.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.