Ponente: Nicola CAPUTO (IT/Renew Europe), consejero regional de la Región de Campania

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR)

El contexto actual y los retos futuros

1.

destaca que, durante unos treinta y cinco años, la política agrícola común (PAC) y el pago de indemnizaciones a posteriori en caso de siniestros han contribuido a anular o mitigar los efectos de numerosos factores de riesgo para los productores agrícolas europeos y para la resiliencia de los territorios rurales de la Unión; Por lo tanto, subraya la necesidad de contar con unos sistemas de compensación oportunos por daños a los cultivos y al ganado, que tengan plenamente en cuenta el impacto económico global, incluidos los efectos secundarios sobre la capacidad de producción;

2.

recomienda que se elaboren directrices a escala de la UE respecto de las indemnizaciones patrimoniales y personales, lo que implica transferir las competencias administrativas a las instituciones públicas y garantizar así un acceso equitativo a las oportunidades por parte de las personas menos capacitadas, que suelen residir en zonas empobrecidas y aisladas;

3.

considera que ha llegado el momento de crear un nuevo paradigma de intervención pública en favor del sector primario, anclado en la producción de externalidades positivas y asociado cada vez más a la dimensión territorial de la intervención —frente a la sectorial—, dado que en este sector se han reducido gradualmente los niveles de protección de los titulares de las explotaciones agrarias. Este cambio es imperativo para abordar la disminución gradual de los niveles de protección de los agricultores, con especial atención a las necesidades específicas de las zonas montañosas, las regiones menos desarrolladas y la ganadería extensiva respetuosa con el medio ambiente; señala que en varias regiones de la Unión se registra una tendencia creciente de cierre de explotaciones, con el consiguiente abandono de tierras y una reducción de la superficie agraria útil; este fenómeno afecta, en especial, a las pequeñas explotaciones agrícolas o ganaderas, que constituyen la columna vertebral social y económica de las zonas rurales de la UE y resultan estratégicas para preservar el territorio de graves y grandes incendios, conservar la biodiversidad y luchar contra la erosión;

4.

está convencido de que el punto central, que a menudo se infravalora, es que surgen nuevas necesidades y nuevos desafíos para las empresas, las zonas rurales y periféricas, así como para la ciudadanía —entre otros, por la despoblación, la fuga de cerebros y el relevo generacional en el sector agrícola—, que sin duda incentivarán y orientarán un proceso de reforma de la próxima PAC, que debería tener más en cuenta a los jóvenes agricultores y a los modelos de explotaciones familiares y seguir impulsando la competitividad del sector agroalimentario. Entre las nuevas necesidades y desafíos, destaca la fuerte asimetría que existe entre los requisitos normativos relativos a la seguridad alimentaria de los consumidores que deben cumplir los agricultores de la UE y los de terceros países. Esta situación penaliza a los agricultores de la UE en los intercambios comerciales, lo que, en ausencia de medios suficientemente adecuados de trazabilidad e información, puede abocar a riesgos de graves perturbaciones en el sector alimentario, prácticas engañosas para los consumidores y pérdida de condiciones de competencia equitativas para los agricultores europeos. Destaca la importancia de abordar en el marco de esta reforma los retos específicos que afrontan las zonas montañosas, las regiones menos desarrolladas y la ganadería extensiva tradicional y respetuosa con el medio ambiente;

5.

considera que, con relación al sector primario, en el caso de la pesca profesional, existe la urgente necesidad de sustituir y desguazar determinadas embarcaciones pesqueras, concretamente los pequeños barcos arrastreros de madera, dado que no hay profesionales que los reparen, ni tampoco empresas aseguradoras que aseguren los riesgos a que están sometidas esas antiguas y pequeñas embarcaciones de madera. La intervención pública orientada a actualizar y hacer más sostenible la flota y la actividad pesquera de pequeñas empresas facilitará la generación de rentas dignas a favor del sector primario alimentario;

6.

recuerda que el Parlamento Europeo [en su Resolución 2022/2829 (RSP), de 15 de septiembre de 2022] (1) ha pedido recientemente que se intensifiquen los esfuerzos de la Unión para luchar contra el cambio climático y, sobre todo, sus consecuencias;

7.

recuerda que la cuestión de la gestión de riesgos no ha entrado en el debate europeo sobre la PAC hasta las últimas décadas, siendo objeto de atención desde el punto de vista legislativo en el ámbito de la UE con la aprobación del «chequeo» —Reglamento (CE) n.o 73/2009 (2)—, que ofrecía por primera vez a los Estados miembros la posibilidad de utilizar, de forma generalizada, parte de los recursos financieros destinados a los pagos directos para apoyar el acceso de los agricultores a dos tipos de coberturas: pólizas de seguro y fondos mutuales contra las pérdidas causadas a la producción por fenómenos meteorológicos adversos, enfermedades vegetales o animales y emergencias medioambientales;

8.

está convencido de que el desistimiento a mantener y preservar los paisajes agrarios y el mosaico de paisajes agrarios en la UE afectados por el abandono de la agricultura en los territorios con mayores riesgos de incendios y erosión aboca a su vez al abandono de explotaciones agrarias y con ello se exacerban esos riesgos, así como a la pérdida de biodiversidad. De ahí el valor estratégico de proteger y dinamizar esos paisajes agrarios;

9.

recuerda que aprobó recientemente un Dictamen sobre el tema «Preparación y gestión de las crisis: reforzar la resiliencia de la Unión y de sus regiones y ciudades» (3), en el que se señala que Europa debe prepararse de forma oportuna, reformando su estructura de intervención y su legislación, para hacer frente desde el punto de vista económico, social y político a crisis imprevisibles e intensas; En tal sentido, mantener y no dejar perder un cierto grado de soberanía alimentaria en la UE, en los actuales mercados internacionales de alimentos y sus tendencias, reviste un gran valor estratégico. Para ello urge llevar a la práctica nuevas medidas, entre otras, la transferencia de los resultados de la I+D+i a los sectores, a los mercados, a la demanda y a la oferta de alimentos de calidad y saludables producidos en proximidad;

10.

considera que la actual tendencia climática es ya un problema estructural. Las guerras y las epidemias provocan crisis, algunas graves, pero estas son de carácter ocasional e impredecible;

11.

subraya la necesidad de abordar el cambio climático, en lo que respecta a la capacidad de recuperación de las explotaciones agrarias y las zonas interiores de la UE, con un paradigma claro de intervención pública;

12.

pide que se defina un nuevo modelo teórico de referencia para un enfoque adecuado tanto de la gestión de los riesgos con repercusiones en los ingresos agrícolas como de la resiliencia de las zonas rurales de la UE. De este modo, se introduciría el concepto de «caja de herramientas», que permitiría a las acciones e instrumentos privados coexistir con las políticas públicas actuales;

Propuesta política

13.

llama la atención sobre el hecho de que la cuestión clave que debe abordarse es garantizar la supervivencia económica de las explotaciones agrícolas y las zonas rurales y periféricas, garantizando la resiliencia económica de los agricultores frente a fenómenos meteorológicos catastróficos y a crisis excepcionales del mercado que, cada vez con mayor frecuencia e intensidad, repercuten negativamente en la capacidad productiva y económica de los agricultores de la Unión;

14.

está convencido de que no prepararse ante semejante perspectiva socavaría el planteamiento fundamental del Pacto Verde y de la Estrategia «De la Granja a la Mesa»;

15.

está convencido de que no abordar hoy un nuevo modelo de intervención para hacer frente eficazmente, tanto ex ante como ex post, al cambio de contexto general en torno a la sostenibilidad económica de las explotaciones agrícolas de la UE implicaría abandonar los objetivos de la PAC de protección del medio ambiente, el paisaje, la biodiversidad y el bienestar animal;

16.

insta a profundizar en el debate sobre las posibles medidas correctoras de la PAC a la luz de la grave crisis actual en el sector, y a incorporar al CDR al debate actual sobre la revisión del presupuesto de la UE como un agente de mayor peso y autoridad en materia de política agrícola;

17.

pide a la Comisión Europea que coopere y ofrezca la máxima flexibilidad posible, también en el marco de las actuales políticas agrícolas y de los instrumentos ya disponibles, y que refuerce los instrumentos para responder a las crisis climáticas, entre las que se incluyen los grandes incendios forestales y las inundaciones excepcionales, que han dañado la capacidad productiva de los agricultores, sobre todo los más pequeños; defiende un mayor papel de los instrumentos de respuesta a la crisis climática en el futuro, que también debería abordarse en el documento en el que se esboza el diálogo estratégico sobre el futuro de la PAC;

18.

considera que, habida cuenta de la magnitud de los daños, se necesitarán fondos considerables para compensar la pérdida de producción vegetal y animal y para restaurar las infraestructuras destruidas; pide a la Comisión Europea que coopere con los Estados miembros y trabaje en medidas de asistencia urgente para mitigar, en la medida de lo posible, las consecuencias de las catástrofes naturales; estima que, ya que cabe esperar que se repitan estos fenómenos, debe considerarse prioritario un debate en profundidad sobre los instrumentos pertinentes de la UE;

19.

pide a la Comisión Europea, al Parlamento y a los Estados miembros que inicien inmediatamente una reflexión seria y profunda, en el marco de la política agrícola común posterior a 2027, sobre los instrumentos que la Unión debe poner a disposición de los agricultores en concreto para apoyarlos, de manera adecuada y oportuna, por los daños causados por catástrofes naturales, que por desgracia se producen cada vez con mayor frecuencia y provocan estragos en la economía, el tejido social y la producción agrícola, poniendo en peligro la seguridad del suministro de alimentos;

20.

pide que la presente propuesta contribuya, mediante la integración de las sensibilidades y visiones de todos los grupos políticos del CDR en la fase preparatoria, a un cambio radical en el conjunto de herramientas que debe ponerse a disposición de los agricultores europeos con objeto de aumentar su resiliencia económica;

21.

destaca la necesidad de establecer sinergias con las políticas de cohesión, tras definir con claridad la vulnerabilidad de cada territorio de la UE (regiones y municipios) frente a la aparición de fenómenos meteorológicos extremos y las consecuencias de las crisis económicas asociadas;

22.

propone la creación de un sistema europeo que permita establecer una cartografía de los riesgos que plantean tanto los fenómenos meteorológicos extremos de carácter sistémico (por ejemplo, sequías e inundaciones) como de otros posibles riesgos para la viabilidad de las explotaciones. Esta cartografía podría completar la labor que viene realizando el Centro Común de Investigación (JRC, por sus siglas en inglés) en torno al cuadro de indicadores de vulnerabilidades regionales y locales;

23.

propone que, más allá de los recursos financieros, adicionales a los asignados a la PAC, se proyecte un paradigma totalmente innovador que pueda ofrecer soluciones más eficaces y rápidas a las necesidades de los agricultores y las zonas rurales de la UE;

24.

considera que la creación de un nuevo paradigma para utilizar de manera más eficaz y oportuna los recursos financieros públicos existentes impulsaría de manera directa y exponencial la capacidad de recuperación económica de los agricultores de la UE y, sobre todo, protegería áreas, bosques y montes de zonas notoriamente marginales, caracterizadas por la existencia de explotaciones económicas a pequeña escala con un enorme riesgo de abandono, sin protección frente a las nuevas hipótesis climáticas. En estas zonas, la presencia de familias de agricultores es esencial si se quieren preservar la salud de los bosques y la biodiversidad;

25.

reconoce el papel fundamental que desempeñan las zonas de montaña, las regiones menos desarrolladas y la ganadería extensiva tradicional y respetuosa con el medio ambiente para preservar la biodiversidad y mantener el equilibrio ecológico. Estas regiones contribuyen de manera significativa al patrimonio cultural y a las prácticas sostenibles que son vitales para la resiliencia a largo plazo de la agricultura de la UE. Por consiguiente, pide medidas políticas y mecanismos de apoyo concretos para abordar los retos específicos que afrontan los agricultores en estas zonas, con el fin de garantizar la preservación de las prácticas agrícolas tradicionales sostenibles desde el punto de vista medioambiental;

26.

considera que los pequeños agricultores, a pesar de dedicarse a la ganadería centrada en la cría de ganado vacuno, tienen dificultades para acceder a los fondos y las subvenciones de la UE y utilizarlos de manera eficaz. Dificultades como la complejidad de los procesos de solicitud, la excesiva burocracia y los estrictos requisitos de documentación se traducen en bajas tasas de participación, menos solicitudes aceptadas y escasa utilización de los fondos. Simplificar el acceso a las ayudas de la UE mediante la reducción de los obstáculos administrativos y la prestación de asistencia local permitiría mejorar considerablemente la situación, lo que fomentaría una mejor utilización de los fondos en el sector agrícola a escala local;

27.

recuerda que, para incentivar la presencia de familias de agricultores, además de las medidas directas relacionadas con la producción y la gestión de riesgos, es imprescindible que las comunidades rurales en las que estas familias se asientan puedan disponer de una calidad de vida mínima, incluyendo acceso a servicios básicos como la educación y la sanidad, despliegue correcto de infraestructura de telecomunicaciones, así como posibilidades de ocio y cultura, entre otros. Estas medidas de refuerzo de la calidad de vida en zonas en alto riesgo de despoblamiento deben ser vistas, igualmente, como parte de un nuevo paradigma de utilización de recursos que se considera necesario;

28.

considera asimismo que, al igual que la agricultura es fundamental para preservar la biodiversidad de los territorios, las actividades pesqueras y acuícolas también desempeñan un papel importante en la preservación de la biodiversidad marina. Resulta crucial, por tanto, prever y apoyar también las posibles estrategias de adaptación a los efectos del cambio climático en las poblaciones de peces; del mismo modo, en el caso de la acuicultura, también es necesario evaluar las repercusiones del cambio climático, dadas la compleja diversificación de los sistemas de producción, las tecnologías adoptadas, las especies, la ubicación geográfica y las características medioambientales del territorio;

29.

propone que se implanten instrumentos de gestión de riesgos orientados a la innovación, en particular para estabilizar la gestión económica de las empresas pesqueras y acuícolas, habida cuenta de la ineficacia de las herramientas utilizadas hasta ahora para lograr la sostenibilidad medioambiental del sector pesquero;

30.

considera que las prioridades políticas deberían plantearse con arreglo a los siguientes aspectos: — abordar las crisis climática y energética y su impacto social en las comunidades locales, las regiones, las provincias y los municipios; — construir comunidades resilientes con intervenciones ex ante en función de las necesidades específicas de cada territorio y el índice de vulnerabilidad de las zonas correspondientes, creando también un sistema de alerta ante crisis climáticas, medioambientales, sanitarias y de mercado; — reforzar la cohesión territorial de la UE previendo una integración efectiva entre las realidades territoriales periféricas y las más próximas a los centros urbanos; cada región debe tener su propia autonomía a la hora de determinar las prioridades de intervención, pero la UE debe hacerse cargo de un sistema financiero capaz de apoyar a nivel central a estos territorios en caso de crisis económicas y sociales graves derivadas de fenómenos climáticos catastróficos y condicionantes del mercado anómalos;

31.

propone que se implanten instrumentos de gestión de riesgos orientados a la protección y la gestión de los paisajes agrarios de la UE en riesgo de desaparición y afectados de fenómenos naturales extremos, que permitan estabilizar y preservar la actividad agraria y con ello preservar el abandono de la agricultura en los mismos, la dinamización de comunidades agrarias resilientes en esos territorios, así como el impulso de un consumo de alimentos saludables de la UE;

Participación de los entes locales y regionales y pertinencia estratégica

32.

destaca que, en el ámbito de la gestión de riesgos, la mayoría de los Estados miembros de la UE centran su atención en las herramientas de seguro que, sin embargo, se han mostrado poco eficaces. Reitera, por este motivo, su posición tradicional de que los regímenes de seguros de renta no solo benefician más a las compañías de seguros que a los agricultores, sino que salen caros al contribuyente. Debería llevarse a cabo un estudio y una evaluación del régimen de seguros establecido en los Estados Unidos y Canadá;

33.

destaca que, a lo largo de los últimos tres años, miles de explotaciones agrícolas han abandonado sus actividades debido a la falta de una red de protección eficaz en la UE capaz de proteger en la práctica los ingresos agrícolas y de asegurar la permanencia de los agricultores y los ciudadanos en las zonas rurales, a la vista, en primer lugar, de las posibles condiciones climáticas, pero también de mercado, nunca vistas en décadas anteriores;

34.

señala que los análisis del JRC muestran que los daños resultantes de sucesos catastróficos ascienden por término medio a unos 8 000 millones EUR al año; se prevé que esta estimación aumente en los próximos años, habida cuenta de la agravación de los efectos del cambio climático, que, desde el punto de vista del sector primario y las zonas rurales, se está volviendo extremadamente peligroso precisamente por la aparición más frecuente e intensa de sucesos catastróficos;

35.

subraya que el objetivo de este Dictamen no es rediseñar un sistema de intervención de gestión de riesgos, que la PAC ya introdujo por primera vez en los artículos 37 a 39 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4);

36.

llama la atención sobre el hecho de que el actual mecanismo de reserva de crisis ha demostrado, incluso recientemente (junio de 2023), su incapacidad de proporcionar respuestas oportunas y adecuadas a los agricultores y territorios de la UE. Los fondos desembolsados representaron menos del 5 % de los daños sufridos por los agricultores y los territorios;

37.

recuerda la necesidad de ir más allá, ya que para el cambio climático en curso este enfoque no resulta adecuado —y solo representa un despilfarro de recursos financieros—, pues es inadecuado desde el punto de vista tanto del objetivo como del diseño de la intervención;

38.

pide a la Comisión que, ante estas vicisitudes que ahora se consideran estructurales, haga un uso más eficiente de los fondos de reserva para crisis, y aboga por un mecanismo que movilice los recursos disponibles para ofrecer respuestas concretas y eficaces a los agricultores y a las zonas rurales de la UE, así como que se doten de recursos financieros adicionales a los existentes ante la ocurrencia de situaciones climáticas excepcionales;

39.

considera que los instrumentos disponibles (incluidos los fondos de inversión y el fondo anticrisis) están reñidos con la escasez de recursos, por lo que considera necesario aumentar radicalmente su reserva presupuestaria, así como diversificar la tipología de instrumentos disponibles;

40.

invita a las instituciones de la UE, a los Estados miembros y a las regiones a que consideren el nuevo enfoque de la gestión de riesgos como un momento crucial para el futuro de la agricultura europea: ahora es el momento de dar respuestas adecuadas y concretas, ayudando a las empresas a superar las dificultades que plantea el entorno cambiante en el que operan.

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(1)  Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2022, sobre las consecuencias de la sequía, los incendios y otros fenómenos meteorológicos extremos: intensificación de la labor de la Unión en la lucha contra el cambio climático [2022/2829 (RSP)] (DO C 125 de 5.4.2023, p. 135), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0330_ES.html.

(2)  Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1290/2005, (CE) n.o 247/2006, (CE) n.o 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1782/2003 (DO L 30 de 31.1.2009, p. 16), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0073.

(3)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre «Preparación y gestión de crisis: reforzar la resiliencia de la UE, sus regiones y ciudades» (DO C 257 de 21.7.2023, p. 6).

(4)  Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 487).