16.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 309/115

2.1

El Libro Blanco de la Comisión Europea sobre una política europea de comunicación (COM(2006) 35 final) se aprobó el 1 de febrero de 2006. Fue el tercer documento sobre asuntos relativos a la comunicación que aprobó la Comisión Europea en el plazo de siete meses. Los otros dos fueron: un Plan de acción interno (SEC(2005) 985 final), aprobado el 20 de julio de 2005; y su Comunicación «Contribución de la Comisión al período de reflexión y más allá: Plan D de democracia, diálogo y debate» (COM(2005) 494 final), aprobada el 13 de octubre de 2005. El Libro Blanco invita a las instituciones y órganos de la UE a responder a través de los canales institucionales normales y establece un periodo de seis meses para consultas, después del cual propone evaluar la situación «con el fin de proponer medidas en cada ámbito de actuación».

2.2

Por su parte, el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado recientemente dos dictámenes en el ámbito de la comunicación: el primero sobre «El periodo de reflexión: la estructura, los temas y el contexto para una evaluación del debate sobre la Unión Europea» (CESE 1249/2005 (1)), aprobado el 26 de octubre de 2005 y dirigido al Parlamento Europeo; y el segundo sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Contribución de la Comisión al período de reflexión y más allá: Plan D de democracia, diálogo y debate» (CESE 1499/2005 (2)), aprobado el 14 de diciembre de 2005. Ambos dictámenes proponían una serie de recomendaciones de carácter operativo. En su reunión del 6 de abril de 2006, el Grupo de Comunicación del CESE emprendió un proceso de revisión sistemática de la aplicación de dichas recomendaciones de carácter operativo.

2.3

Por tanto, el presente Dictamen sobre el Libro Blanco no debería revisar lo que el Comité ya ha cubierto y está aún cubriendo. Por el contrario, debería tratar de responder a las cuestiones planteadas por los cinco ámbitos básicos determinados en el Libro Blanco, a saber:

2.4

Además de los dos dictámenes del Comité citados anteriormente y del Libro Blanco de la Comisión, el subcomité y su ponente cuentan con otras fuentes:

2.5

Este Dictamen sobre el Libro Blanco se divide en cinco secciones, que corresponden con las cinco cuestiones establecidas por el documento de la Comisión, y se limita a abordar una o sólo unas cuantas cuestiones en cada sección.

3.1.1

En el campo específico de comunicar Europa al ciudadano, el papel de los Estados miembros es esencial. En muchos otros ámbitos, el papel esencial corresponde a las empresas, los interlocutores sociales y ciertas partes de la sociedad civil. En resumidas cuentas, es la propia sociedad dinámica la que desempeña un papel decisivo. Pero éste no es el caso cuando se trata de comunicar Europa al ciudadano.

3.1.2

La cuestión fundamental aquí es si el Comité aceptará la sugerencia de la Comisión de que «los principios y normas comunes que deberían guiar las actividades de información y comunicación sobre asuntos europeos [pudieran] recogerse en un documento marco (por ejemplo, una Carta o Código de Conducta Europeo de la Comunicación). El objetivo sería hacer participar a todos los protagonistas (instituciones de la UE, Gobiernos nacionales, regionales y locales, y ONG) en un compromiso común en pro del respeto de estos principios y asegurarse de que la política de comunicación de la UE redunde en interés de los ciudadanos.»

3.1.3

El Comité comprende que la preocupación subyacente de la Comisión Europea en este sentido resida en la ausencia de un verdadero fundamento jurídico en que se puedan basar las actividades de información y comunicación de la UE. El Comité ya se ha pronunciado claramente al respecto. En particular, en el punto 3.7 de su Dictamen sobre el periodo de reflexión (3) dirigido al Parlamento Europeo (que se aprobó el 26 de octubre de 2005), el Comité pedía a la Comisión que considerase «la posibilidad de presentar una propuesta legislativa para establecer una verdadera política de comunicación, y que afrontase el problema» oculto «de la ausencia de un fundamento jurídico, que ha dado lugar a tantos mecanismos informales y a un planteamiento tan desequilibrado. La mera presentación de tal propuesta, en opinión del Comité, fomentaría el debate».

3.1.4

En el Libro Blanco se afirma que, «al final del período de consulta, la Comisión presentará los resultados y considerará la oportunidad de proponer dicha Carta, Código u otro instrumento». El Comité no ve con buenos ojos esta formulación y considera arriesgado lo que resultaría ser el posible enfoque que presentase la Comisión.

3.1.5

La Comisión hace referencia a «principios y normas generales», basándose en la práctica en algunos Estados miembros. No obstante, dichos principios y normas van más allá de la comunicación y la información. Una simple declaración de principios con la que todos puedan estar de acuerdo –porque efectivamente ya lo están– no aportará ningún valor añadido. Por otro lado, un código o carta podría resultar restrictivo. Además, dichos principios ya están consagrados en diversos textos básicos. Si, por el contrario, la intención es elaborar un código de conducta para agentes de los medios de comunicación y de la comunicación en general, podría correrse el riesgo de que se interpretara como un intento de manipular el debate o de contener los enfoques euroescépticos. Asimismo, la intención de hacer participar a todos los agentes resulta irrealista, ya que una de las lecciones que deben extraer todas las instituciones de las experiencias de referéndum en Francia y los Países Bajos es que cada vez hay más agentes que no apoyan automáticamente el proceso de integración europea. Por último, el hecho de que todos los agentes que se enumeran en el Libro Blanco debieran adherirse a dicho código implicaría la misma responsabilidad para todos ante el reto de la comunicación que afronta la Unión Europea. A juicio del Comité, si se diera dicha impresión podría inducirse a un engaño puesto que la responsabilidad principal reside –y debería considerarse que reside– en los gobiernos de los Estados miembros.

3.1.6

El Comité expresa su preocupación ante el lanzamiento por parte de la Comisión de un foro especial basado en la Web para obtener opiniones sobre la conveniencia de dicho documento marco. Hay que tener en cuenta que no todos los ciudadanos europeos tienen acceso a dicho enfoque basado en la Web. Sería recomendable que se apoyara el ejercicio de consulta a través de otros medios de comunicación más tradicionales.

3.2.1

El Comité observa que los recursos financieros son sumamente limitados. Y por otra parte, los procedimientos impuestos para el desembolso de los fondos, tras la adopción del nuevo Reglamento financiero, sin ninguna duda están impidiendo y desanimando a la sociedad civil bienintencionada a llevar a cabo determinadas actividades.

3.2.2

Para lograr comunicar con el ciudadano hay que actuar tomando como guía los motivos de su escepticismo: en primer lugar, los ciudadanos son cada vez más críticos con los resultados y las consecuencias que las decisiones políticas tienen en sus condiciones de vida y de trabajo. En segundo lugar, existe realmente una falta de discurso político y, con ello, una necesidad de comunicación; pero para que esa comunicación sea eficaz hay que reorganizarla.

3.2.3

La comunicación eficaz requiere, en primer lugar, un mensaje claro y atractivo, una visión clara que sea aceptada por los ciudadanos. Éstos quieren que Europa sea un proyecto político y un modelo europeo, manteniendo la cohesión social y mejorando la competitividad. Algunos países han demostrado que esto es posible.

3.2.4

La comunicación está centralizada y centrada en Europa. En su mayor parte tiene lugar a nivel europeo entre los representantes y las instituciones europeas y las personas que están ya en contacto con el proyecto europeo. Además, utiliza instrumentos, como las consultas a través de Internet, que por su naturaleza llegan sólo a determinados grupos de personas. Para conectar con el ciudadano es preciso desarrollar, en primer lugar, actividades de comunicación en las que participen representantes que no provengan únicamente de las instituciones europeas o del círculo de personas que ya están en contacto con la UE. En segundo lugar, hay que descentralizar los debates; es decir, habrá que organizar debates a nivel nacional, regional y local en los que participen los órganos de decisión y los medios de comunicación de dichos niveles, a quienes, en algunos casos, habrá que convencer primero.

3.2.5

En este contexto, en el Libro Blanco se formulan diversas propuestas de carácter práctico sobre temas que van de la educación cívica a los debates abiertos y conjuntos. El Comité apoya especialmente los argumentos en pro de una educación cívica. No obstante, como se reconoce en el Libro Blanco, el artículo 149 del TCE estipula de una forma bastante clara que únicamente los Estados miembros son responsables del contenido de la enseñanza y de la organización de su sistema educativo. Una vez más, existe, por lo tanto, el doble riesgo de que las instituciones europeas aboguen por una mayor educación cívica. De este modo, corren, por un lado, el riesgo de que se las acuse de interferir en las competencias propias de los gobiernos de los Estados miembros y, por otro, de estar aceptando implícitamente la responsabilidad de algo que en realidad no les corresponde.

3.2.6

Sin embargo, la Unión Europea necesita que sus ciudadanos acepten un destino común. Para ello, sería deseable que, como parte de los programas educativos en los Estados miembros, la Unión Europea fuese presentada y explicada histórica y actualmente como un proyecto político común de todos los Estados miembros y sus ciudadanos. Esta cuestión debería debatirse abiertamente en el Consejo de Ministros de Educación.

3.2.7

Esto no significa que las instituciones de la UE no deban hacer nada. Por el contrario, todas deberían centrarse más en informar a los ciudadanos europeos sobre la forma en que la Unión Europea aporta valor añadido. Debería determinarse cuáles son los destinatarios y promover las experiencias positivas de la UE.

3.2.8

En términos más generales, habría que hacer todo lo posible para que los ciudadanos sintieran que son parte de un proceso legislativo y decisorio totalmente transparente.

3.3.1

En esta sección la Comisión sugiere que las instituciones comunitarias estén mejor equipadas con útiles y capacidades de comunicación y que estudien modos de superar la fractura digital. El Comité lamenta que la sugerencia de la Comisión en el sentido de constituir una agencia europea de la prensa fuera eliminada de la versión final del Libro Blanco, ya que, tal como demostraron las primeras reacciones, habría provocado un amplio debate sobre el carácter de la relación entre los medios de comunicación basados en Bruselas y las instituciones comunitarias.

3.3.2

El Comité apoya las medidas formuladas en esta sección. No obstante, pide a la Comisión que haga una distinción entre los medios de comunicación especializados y los de carácter general. Normalmente los medios de comunicación especializados están bien informados y realizan coberturas informativas. El Comité también destacaría que la televisión sigue siendo el primer vector de información para la mayoría de los ciudadanos europeos. Insta a la Comisión a que tenga en cuenta tanto este dato como la rapidez con la que la televisión digital está evolucionando a la hora de elaborar cualquier estrategia general. En este contexto, el Comité subraya la esencial importancia de comunicarse con los ciudadanos en su propia lengua.

3.3.3

Por su parte, el Comité sigue actualizando y aplicando su plan estratégico de comunicación, que incluye revisiones continuas de sus herramientas de comunicación y su uso, así como la exploración de métodos innovadores (el uso de la «Open Space Technology» o tecnología de espacio abierto en los Foros de Partes Interesadas «Cómo acortar la distancia entre Europa y los ciudadanos» de los días 7 y 8 de noviembre de 2005 (Bruselas) y los días 9 y 10 de mayo de 2006 (Budapest) fue un claro ejemplo de ello).

3.4.1

La Comisión propone establecer redes de expertos nacionales y un Observatorio de la opinión pública europea. El Comité está de acuerdo con la idea clave del Libro Blanco al respecto. En particular, comparte la opinión de que la Unión Europea dispone de una herramienta viable en el Eurobarómetro, aunque considera que la Comisión debería tratar de establecer vínculos y sinergias con las organizaciones nacionales que se encargan de realizar sondeos de opinión.

3.4.2

No obstante, el Comité también estima que, en particular, la Comisión aún no está aprovechando suficientemente los mecanismos existentes para la estimación de la opinión pública, como el Comité Económico y Social Europeo. En este sentido, el CESE se congratuló al observar las declaraciones de intenciones incluidas en el nuevo Protocolo de Cooperación entre la Comisión Europea y el Comité Económico y Social Europeo (firmado el 7 de noviembre de 2005). En el marco de la adenda –que se realizará posteriormente al Libro Blanco– al Protocolo de Cooperación que el Presidente Barroso anunció el 7 de noviembre de 2005, se podría favorecer un uso más estructurado del Comité como caja de resonancia.

3.5.1

Aquí la Comisión enumera una serie de nuevos modos estructurados de cooperación. Además, señala el papel que ya está desempeñando el Comité Económico y Social Europeo y hace referencia al nuevo protocolo de cooperación entre las dos instituciones establecido el 7 de noviembre de 2005. La cooperación entre las dos instituciones es buena a nivel central. No obstante, el Comité considera que se podría hacer mucho más para fomentar las sinergias entre los recursos de la Comisión y del Comité a nivel descentralizado. Una vez más, se trata de un tema que se debería desarrollar en la adenda –que se realizará con posterioridad al Libro Blanco– al Protocolo de 7 de noviembre de 2005.

4.1

El Comité recuerda sus recomendaciones anteriores dirigidas a la Comisión en el contexto de la comunicación y, en particular, las que se formulan en el anexo a su Dictamen sobre «El periodo de reflexión: la estructura, los temas y el contexto para una evaluación del debate sobre la Unión Europea» (CESE 1249/2005 (4)) y en su Dictamen de mayo dirigido al Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio de 2006.