23.12.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 337/1

(1)

La crisis financiera mundial que estalló en los años 2007 y 2008 ha puesto al descubierto en el sistema financiero un exceso de actividades especulativas, importantes lagunas reglamentarias, una supervisión ineficaz, mercados opacos y productos demasiado complejos. La Unión ha adoptado una serie de medidas para hacer que el sistema bancario sea más sólido y estable, entre ellas requisitos de capital más estrictos, normas para una mejor gobernanza y supervisión y regímenes de resolución y a garantizar que el sistema financiero cumpla su función de dirigir el capital hacia la financiación de la economía real. Los progresos realizados en el establecimiento de la unión bancaria son también decisivos en este contexto. Sin embargo, la crisis ha puesto igualmente de manifiesto la necesidad de mejorar la transparencia y la supervisión no solo en el sector bancario tradicional, sino también en ámbitos en que se llevan a cabo actividades de intermediación de crédito similares a las que realizan los bancos, que constituyen el conocido como la «banca paralela», cuyas dimensiones son preocupantes pues se calcula que representa ya casi la mitad del sistema bancario regulado. Cualquier deficiencia relacionada con estas actividades, que son similares a las que desarrollan las entidades de crédito, tiene el potencial de afectar al resto del sector financiero regulado.

(2)

En el contexto de su labor para contener la banca paralela, el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), establecido en el Reglamento (UE) no 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), han identificado los riesgos que las operaciones de financiación de valores (OFV) conllevan. Las OFV posibilitan el aumento del apalancamiento, la prociclicidad y la interconexión en los mercados financieros. En particular, la falta de transparencia en el recurso a OFV ha impedido que las autoridades de regulación y supervisión, al igual que los inversores, evalúen y controlen correctamente los correspondientes riesgos, asimilables a los de los bancos, y el grado de interconexión en el sistema financiero en el período anterior a la crisis financiera y durante la misma. En este contexto, el 29 de agosto de 2013, el CEF aprobó un marco de actuación titulado «Refuerzo de la supervisión y regulación del sector bancario en la sombra» («el marco de actuación del CEF») para hacer frente a los riesgos de la banca paralela asociados al préstamo de valores y los pactos de recompra, que fue aprobado, en septiembre de 2013, por los líderes del G20.

(3)

El 14 de octubre de 2014, el CEF publicó un marco regulador para los descuentos aplicables a las OFV no compensadas centralmente. A falta de compensación, dichas operaciones presentan graves riesgos si no están convenientemente garantizadas. Aunque mejorar la transparencia en la reutilización de activos de los clientes sería un primer paso que contribuiría a facilitar la capacidad de las contrapartes para analizar y prevenir riesgos, el CEF deberá llevar a término para 2016 sus trabajos sobre una serie de recomendaciones relativas a descuentos aplicados a OFV no compensadas centralmente con el fin de evitar un apalancamiento excesivo y mitigar el riesgo de concentración y de impago.

(4)

El 19 de marzo de 2012, la Comisión publicó un Libro Verde sobre la banca paralela. Basándose en las abundantes contribuciones recibidas, y teniendo en cuenta la evolución internacional, el 4 de septiembre de 2013 la Comisión publicó una Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo titulada: «El sistema bancario en la sombra — Hacer frente a nuevas fuentes de riesgo en el sector financiero». La Comunicación ponía de relieve que la complejidad y opacidad de las OFV dificultan la identificación de las contrapartes y el control de la concentración de riesgo, y también da lugar a que se genere un apalancamiento excesivo en el sistema financiero.

(5)

En octubre de 2012, un grupo de expertos de alto nivel presidido por Erkki Liikanen adoptó un informe sobre la reforma de la estructura del sector bancario de la Unión. En él se analizaban, entre otras cosas, la interacción entre el sistema bancario tradicional y la banca paralela. El informe reconocía los riesgos que conllevan las actividades bancarias en la sombra, tales como un elevado grado de apalancamiento y prociclicidad, y abogaba por una reducción de la interconexión entre la banca y la banca paralela, que había sido una fuente de contagio en una crisis bancaria de envergadura sistémica. El informe también proponía algunas medidas estructurales para hacer frente a las deficiencias persistentes en el sector bancario de la Unión.

(6)

Las reformas estructurales del sistema bancario de la Unión se abordan en una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas estructurales para aumentar la resiliencia de las entidades de crédito de la UE. Ahora bien, imponer medidas estructurales a los bancos podría dar lugar a un desplazamiento de ciertas actividades hacia sectores menos regulados, tales como la banca paralela. Por esta razón, la propuesta debe ir acompañada de los requisitos de obligado cumplimiento en materia de transparencia y notificación de las OFV que se establecen en el presente Reglamento. Así pues, las normas de transparencia del presente Reglamento complementan dicha propuesta.

(7)

El presente Reglamento responde a la necesidad de mejorar la transparencia de los mercados de financiación de valores y, por ende, del sistema financiero. A fin de garantizar condiciones de competencia equiparables y una convergencia internacional, el presente Reglamento sigue el marco de actuación del CEF. Crea un marco de la Unión en que pueden comunicarse eficazmente datos sobre las OFV a los registros de operaciones y se da a conocer información sobre OFV y de permutas de rendimiento total a los inversores de organismos de inversión colectiva. La definición de OFV que figura en el presente Reglamento no incluye los contratos de derivados definidos en el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Sí incluye, sin embargo, las operaciones conocidas normalmente como permutas de liquidez y permutas de garantías reales, que no entran en la definición de contratos de derivados del Reglamento (UE) no 648/2012. La necesidad de convergencia a escala internacional se ve reforzada por la probabilidad de que, tras la reforma estructural del sector bancario de la Unión, ciertas actividades ejercidas en la actualidad por los bancos tradicionales se traspasen la banca paralela y se integren tanto en entidades financieras como no financieras. Por lo tanto, es posible que esas actividades resulten aún menos transparentes para las autoridades de regulación y supervisión, impidiéndoles tener una visión general adecuada de los riesgos asociados a las OFV. Ello no haría sino agravar una vinculación entre el sector bancario regulado y la banca paralela que está ya arraigada en determinados mercados.

(8)

La evolución de las prácticas del mercado y los avances tecnológicos permiten a los participantes en el mercado utilizar operaciones distintas de las OFV como fuente de financiación, para la gestión de la liquidez y de los activos de garantía, como estrategia para aumentar la rentabilidad, para cubrir las ventas en corto o para el arbitraje del impuesto sobre dividendos. Estas operaciones pueden tener un efecto económico equivalente al de las OFV y plantear riesgos similares, en particular por la prociclicidad que suponen la fluctuación y la volatilidad de los valores de los activos, la transformación de la madurez o de la liquidez derivada de la financiación de activos a largo plazo o activos ilíquidos mediante activos a corto plazo o activos líquidos, o el riesgo de contagio financiero derivado de la interconexión existente entre las cadenas de operaciones que entrañan la reutilización de garantías reales.

(9)

A fin de responder a las cuestiones planteadas en el marco de actuación del CEF y a la evolución prevista a raíz de la reforma estructural del sector bancario de la Unión, es probable que los Estados miembros adopten disposiciones nacionales divergentes que podrían obstaculizar el correcto funcionamiento del mercado interior, en detrimento de los participantes en el mercado y de la estabilidad financiera. Además, la ausencia de normas armonizadas de transparencia dificulta a las autoridades nacionales la comparación de los datos a microescala procedentes de distintos Estados miembros y, por ende, la comprensión de los riesgos reales que los diversos participantes en el mercado suponen para el sistema. Por tanto, es necesario evitar que surjan tales distorsiones y obstáculos en la Unión. En consecuencia, la base jurídica adecuada para el presente Reglamento es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), tal como ha sido interpretado en reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(10)

Las nuevas normas de transparencia deben prever, pues, la comunicación de datos sobre las OFV realizadas por todos los participantes en el mercado, ya sean entidades financieras o no financieras, datos que incluirán la composición de la garantía real, la circunstancia de que la garantía real pueda reutilizarse o se haya reutilizado, la sustitución de las garantías reales al final del día, y los descuentos aplicados. Con el objeto de minimizar los costes operativos adicionales de los participantes en el mercado, las nuevas normas deben basarse en las infraestructuras, procesos operativos y formatos ya existentes que han sido introducidos con respecto a la notificación de contratos de derivados a los registros de operaciones. En dicho contexto, y en la medida en que proceda y sea posible, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM), establecida por el Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), debe minimizar los solapamientos y evitar incoherencias entre las normas técnicas adoptadas en virtud el presente Reglamento y las elaboradas al amparo del artículo 9 del Reglamento (UE) no 648/2012. El marco jurídico que establece el presente Reglamento debe ser, en la medida de lo posible, idéntico al del Reglamento (UE) no 648/2012 en lo que respecta a la notificación de los contratos de derivados a los registros de operaciones inscritos a tal efecto. Ello permitirá también que los registros de operaciones registrados o reconocidos de conformidad con dicho Reglamento desempeñen la función de registro prevista por el presente Reglamento, si cumplen determinados criterios adicionales, tras llevar a cabo un proceso de inscripción simplificado.

(11)

A fin de garantizar la coherencia y efectividad de las facultades de la AEVM de imponer sanciones, los participantes en el mercado incluidos en el ámbito del presente Reglamento deben, a tenor del Reglamento (UE) no 648/2012, estar sometidos a las disposiciones relativas a las facultades de la AEVM como establecido en dicho Reglamento y especificado, respecto de las normas de procedimiento, por los actos delegados en virtud del artículo 64, apartado 7, del mismo.

(12)

La obligación de notificar las OFV a los registros de operaciones no debe aplicarse a las operaciones con miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). No obstante, para que las autoridades de regulación y supervisión puedan tener una visión general adecuada de los riesgos asociados a las OFV realizadas por las entidades que dichas autoridades han de regular o supervisar, es conveniente que las autoridades correspondientes y los miembros del SEBC cooperen estrechamente. Esta cooperación debe permitir a dichas autoridades cumplir sus respectivas responsabilidades y mandatos. Esta estrecha cooperación debe ser confidencial y estar supeditada a una solicitud motivada de las autoridades competentes correspondientes, y únicamente debe ofrecerse con objeto de permitir a dichas autoridades desempeñar sus respectivas competencias teniendo debidamente en cuenta los principios y las obligaciones de independencia de los bancos centrales, y el ejercicio por ellos de sus funciones como autoridades monetarias, en particular la realización de operaciones de política monetaria, de divisas y de estabilidad financiera que los miembros del SEBC están legalmente facultados para efectuar. Los miembros del SEBC deben poder denegar la comunicación de información cuando las operaciones son suscritas por ellos en el ejercicio de sus funciones como autoridades monetarias. Deben notificar a la autoridad requirente dicha denegación junto con su motivación.

(13)

La información sobre los riesgos inherentes a los mercados de financiación de valores debe ser almacenada de manera centralizada y podrán acceder a ella directa y fácilmente, entre otras, la AEVM, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) («ABE»), establecida por el Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), la Autoridad Europea de Supervisión [la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación («AESPJ»)], establecida por el Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), las autoridades competentes pertinentes, la JERS y los bancos centrales pertinentes del SEBC, incluido el Banco Central Europeo (BCE), en el ejercicio de sus funciones en el marco de un mecanismo único de supervisión conforme al Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo (10), con vistas a detectar y supervisar los riesgos que para la estabilidad financiera suponen las actividades bancarias paralelas de entidades reguladas y no reguladas. La AEVM debe tener en cuenta las normas técnicas vigentes establecidas en virtud del artículo 81 del Reglamento (UE) no 648/2012 y que regulan los registros de operaciones en relación con los contratos de derivados, así como el futuro desarrollo de dichas normas técnicas, a la hora de elaborar las normas técnicas de regulación previstas en el presente Reglamento o de proponer una revisión de las mismas. La AEVM también debe velar por garantizar que las autoridades competentes pertinentes, la JERS y los bancos centrales del SEBC afectados, incluido el BCE, tengan acceso directo e inmediato a toda la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, incluidas las relativas a la definición y ejecución de la política monetaria y a la supervisión de las infraestructuras de los mercados financieros. Para ello, la AEVM debe fijar en los proyectos de normas técnicas de regulación las condiciones de acceso a este tipo información.

(14)

Es preciso establecer disposiciones sobre el intercambio de información entre las autoridades competentes nacionales y reforzar los deberes de asistencia y cooperación que estas deben prestarse entre sí. Habida cuenta del aumento de la actividad transfronteriza, procede que las autoridades competentes se faciliten mutuamente la información pertinente para el ejercicio de sus funciones, de modo que se garantice el cumplimiento efectivo del presente Reglamento, incluso en aquellos casos en que las infracciones o presuntas infracciones puedan afectar a las autoridades de varios Estados miembros. En este intercambio de información es necesario observar el más estricto secreto profesional para asegurar la buena transmisión de esa información y la protección de los derechos de los interesados. Sin perjuicio del Derecho nacional penal o tributario, las autoridades competentes, la AEVM y los organismos o personas físicas o jurídicas distintos de las autoridades competentes que reciban información confidencial deben utilizarla exclusivamente en el desempeño de sus obligaciones y en el ejercicio de sus funciones. No obstante, esto no debe impedir que, con arreglo a la legislación nacional, los organismos nacionales encargados de la prevención, la investigación o la reparación de casos de mala administración ejerzan sus funciones.

(15)

Los gestores de organismos de inversión colectiva recurren con frecuencia a las OFV para una gestión eficaz de carteras. Tal recurso puede tener un impacto significativo sobre el funcionamiento de esos organismos de inversión colectiva. Las OFV pueden servir para alcanzar los objetivos de inversión o para mejorar el rendimiento. Los gestores recurren también a permutas de rendimiento total que tienen efectos equivalentes a las OFV. Los gestores de organismos de inversión colectiva recurren con frecuencia a OFV y a permutas de rendimiento total para su exposición a determinadas estrategias o para aumentar el rendimiento. El recurso a OFV y a permutas de rendimiento total podría aumentar el perfil de riesgo general del fondo, si no se informa de ello adecuadamente a los inversores. Es fundamental garantizar que los inversores de dichos organismos de inversión colectiva puedan elegir con conocimiento de causa y evaluar el perfil general de riesgo y remuneración de los organismos de inversión colectiva. Al evaluar las OFV y las permutas de rendimiento total, el organismo de inversión colectiva debe tener en cuenta el fondo económico de la operación además de su forma jurídica.

(16)

Realizar inversiones a partir de información incompleta o incorrecta acerca de la estrategia de inversión de un fondo puede suponer importantes pérdidas para los inversores. Por ello, es esencial que los fondos de inversión colectiva faciliten de forma pormenorizada toda la información pertinente en relación con su recurso a OFV y permutas de rendimiento total. Además, en el ámbito de los fondos de inversión colectiva es particularmente importante una total transparencia, puesto que los activos utilizados en las OFV y las permutas de rendimiento total son, en su totalidad, propiedad de los inversores y no de los gestores de los organismos de inversión colectiva. Por lo que se refiere a las OFV y las permutas de rendimiento total, la comunicación de información completa es, pues, un instrumento esencial para prevenir posibles conflictos de intereses.

(17)

Las nuevas normas en materia de transparencia de las OFV y de las permutas de rendimiento total están estrechamente relacionadas con las Directivas 2009/65/CE (11) y 2011/61/UE (12) del Parlamento Europeo y del Consejo, ya que dichas Directivas constituyen el marco jurídico que regula el establecimiento, la gestión y la comercialización de los organismos de inversión colectiva.

(18)

Los organismos de inversión colectiva pueden consistir en organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) gestionados por sociedades de gestión de OICVM o sociedades de inversión de tipo OICVM autorizados en virtud de la Directiva 2009/65/CE, o en fondos de inversión alternativos (FIA) gestionados por gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) autorizados o registrados de conformidad con la Directiva 2011/61/UE. Las nuevas normas sobre transparencia de OFV y de las permutas de rendimiento total que incorpora el presente Reglamento completan las disposiciones de dichas Directivas, y deben aplicarse con carácter adicional a las establecidas en las mencionadas Directivas.

(19)

A fin de que los inversores puedan tener conocimiento de los riesgos asociados al recurso a OFV y a permutas de rendimiento total, los gestores de organismos de inversión colectiva deben incluir en informes periódicos información detallada sobre el posible recurso a tales técnicas. Los informes periódicos que las sociedades de gestión de OICVM o las sociedades de inversión de tipo OICVM, así como los GFIA, tienen que presentar en la actualidad deben completarse con la información adicional sobre el recurso a OFV y a permutas de rendimiento total. A la hora de especificar con mayor precisión el contenido de estos informes periódicos, la AEVM debe tener en cuenta las cargas administrativas y las especificidades de los distintos tipos de OFV y de permutas de rendimiento total.

(20)

Resulta oportuno que la política de inversión de un organismo de inversión colectiva, en lo que respecta a las OFV y a las permutas de rendimiento total, se dé a conocer claramente en los documentos precontractuales, como el folleto de los fondos de tipo OICVM y la información precontractual a los inversores de FIA. De esta forma se garantizará que los inversores comprendan y valoren los riesgos inherentes antes de decidir invertir en un determinado OICVM o FIA.

(21)

La reutilización de garantías reales proporciona liquidez y permite a las contrapartes reducir los costes de financiación. Sin embargo, suele generar complejas cadenas de garantía entre la banca tradicional y la banca paralela dando lugar a riesgos para la estabilidad financiera. La falta de transparencia sobre el grado de reutilización de los instrumentos financieros aportados como garantía real, y los correspondientes riesgos en caso de quiebra, puede socavar la confianza en las contrapartes y amplificar los riesgos para la estabilidad financiera.

(22)

Para aumentar la transparencia de las operaciones de reutilización, conviene establecer unas obligaciones mínimas de notificación. La reutilización debe producirse únicamente con el conocimiento y el consentimiento expresos de la contraparte aportante, y debe contabilizarse en su cuenta de valores. Por lo tanto, el ejercicio del derecho a la reutilización debe contabilizarse en la cuenta de valores de la contraparte aportante, a menos que dicha cuenta se rija por la legislación de un tercer país que pueda disponer otros medios adecuados de contabilizar la reutilización.

(23)

Aunque el ámbito de aplicación de las normas sobre reutilización del presente Reglamento es más amplio que el de la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (13), el presente Reglamento no modifica el ámbito de aplicación de dicha Directiva, sino que ha de entenderse con carácter adicional a dicha Directiva. Las condiciones en las que las contrapartes tendrán derecho a la reutilización y a ejercer dicho derecho no deben reducir en modo alguno la protección concedida al acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad conforme a la Directiva 2002/47/CE. En tal contexto, la inobservancia de los requisitos de transparencia de las operaciones de reutilización no debe afectar a la legislación nacional en materia de validez o efecto de una operación.

(24)

El presente Reglamento impone a las contrapartes normas de información estrictas sobre la reutilización que deben entenderse sin perjuicio de la aplicación de normas sectoriales específicamente adaptadas a determinados agentes, estructuras y situaciones. En consecuencia, las normas sobre reutilización previstas en el presente Reglamento deben aplicarse, por ejemplo, a los organismos de inversión colectiva y depositarios o clientes de empresas de inversión únicamente en la medida en que no existan, en el marco aplicable a los fondos de inversión colectiva o a la protección de los activos de los clientes, normas más estrictas sobre reutilización que constituyan una lex specialis y que prevalezcan sobre las normas contenidas en el presente Reglamento. En particular, el presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones del Derecho nacional o de la Unión que restrinjan, en su caso, la capacidad de las contrapartes para proceder a la reutilización de instrumentos financieros aportados como garantía real por contrapartes o personas que no sean contrapartes. La aplicación de los requisitos en materia de reutilización debe aplazarse a seis meses tras la entrada en vigor del presente Reglamento para que las contrapartes tengan tiempo suficiente para adaptar sus acuerdos de garantía, incluidos los acuerdos marco, y para que los nuevos acuerdos de garantía sean conformes al presente Reglamento.

(25)

Con objeto de fomentar la coherencia de la terminología a nivel internacional, el presente Reglamento emplea el término «reutilización» en consonancia con el marco de actuación del CEF. No obstante, este uso no debe dar lugar a incoherencia dentro del acervo de la Unión, y en particular debe entenderse sin perjuicio del significado del término «reutilización» que se hace en las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE.

(26)

Con vistas al cumplimiento por las contrapartes de las obligaciones derivadas del presente Reglamento y a fin de velar por que todas ellas reciban un trato similar en toda la Unión, los Estados miembros deben garantizar que las autoridades competentes dispongan de la facultad de imponer sanciones y otras medidas administrativas que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. En consecuencia, las sanciones y otras medidas administrativas establecidas por el presente Reglamento deben satisfacer una serie de requisitos esenciales en relación con los destinatarios, los criterios a tener en cuenta a la hora de aplicar una sanción o medida, la publicación de las sanciones o medidas, las principales facultades sancionadoras y los niveles de las sanciones pecuniarias administrativas. Es conveniente que se apliquen las medidas y sanciones establecidas con arreglo a las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE en caso de inobservancia de las obligaciones de transparencia relativas a los organismos de inversión colectiva previstas en el presente Reglamento.

(27)

Los poderes para imponer sanciones conferidos a las autoridades competentes deben entenderse sin perjuicio de las competencias exclusivas del BCE, con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) no 1024/2013, para revocar la autorización de las entidades de crédito con fines de supervisión prudencial.

(28)

Las disposiciones del presente Reglamento relativas a la solicitud de inscripción de los registros de operaciones y a la revocación de la inscripción no afectan a las vías de recurso establecidas en el capítulo V del Reglamento (UE) no 1095/2010.

(29)

Las normas técnicas en el sector de los servicios financieros deben garantizar una armonización coherente y una protección adecuada de los depositantes, inversores y consumidores en toda la Unión. Como organismo con conocimientos altamente especializados, se considera eficaz y adecuado confiar a la AEVM el desarrollo de proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución que no impliquen decisiones estratégicas. La AEVM debe garantizar procedimientos administrativos y de información eficientes en la elaboración de las normas técnicas. La Comisión debe estar facultada para adoptar normas técnicas de regulación a través de actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE, y de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1095/2010, en relación con los siguientes aspectos: los pormenores e que se han de notificar respecto a los distintos tipos de OFV; los pormenores de la solicitud de inscripción o la ampliación de la inscripción de un registro de operaciones; los pormenores de los procedimientos que deben ser aplicados por los registros de operaciones para comprobar los datos sobre OFV notificados a los mismos; la frecuencia y los pormenores de la publicación de los datos de los registros de operaciones, sus requisitos y el acceso a los mismos; y, si es necesario, la especificación más detallada del contenido del anexo.

(30)

La Comisión debe estar facultada para adoptar normas técnicas de ejecución elaboradas por la AEVM a través de actos de ejecución con arreglo al artículo 291 del TFUE, y de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1095/2010, en relación con el formato y la frecuencia de las notificaciones, el formato de la solicitud de inscripción o ampliación de la inscripción de un registro de operaciones, así como los procedimientos y formularios para el intercambio de información sobre las sanciones y otras medidas con la AEVM.

(31)

Resulta oportuno delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE respecto de la modificación de la lista de entidades que han de excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento y de los tipos de tasas, los conceptos por los que serán exigibles, el importe de las tasas y la manera en que deberán pagarlas los registros de operaciones. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(32)

A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación del presente Reglamento, deben atribuirse a la Comisión competencias de ejecución para decidir sobre la evaluación de las normas de terceros países a efectos del reconocimiento de los registros de operaciones de terceros países, así como para evitar posibles disposiciones duplicadas o contradictorias. La evaluación en la que se sustenten las decisiones de equivalencia de los requisitos de la notificación en un tercer país debe entenderse sin perjuicio del derecho de un registro de operaciones establecido en un tercer país y reconocido por la AEVM a prestar servicios de notificación a entidades establecidas en la Unión, ya que la decisión de reconocimiento debe ser independiente de la evaluación a efectos de las decisiones de equivalencia.

(33)

Cuando se revoque un acto de ejecución sobre equivalencia, las contrapartes deben quedar automáticamente sometidas de nuevo a todos los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

(34)

Cuando proceda, la Comisión debe cooperar con las autoridades de terceros países en la búsqueda de soluciones sinérgicas que garanticen la coherencia entre el presente Reglamento y los requisitos establecidos por dichos terceros países, con el fin de evitar posibles duplicaciones a este respecto.

(35)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, garantizar la transparencia de determinadas actividades de los mercados, como la utilización de OFV y la reutilización de garantías reales, para posibilitar el seguimiento y la identificación de los correspondientes riesgos, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones del presente Reglamento, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

(36)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la protección de datos personales, el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho de defensa y el principio non bis in idem, la libertad de empresa, el derecho de propiedad y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. El presente Reglamento debe aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios.

(37)

De conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) se consultó al Supervisor Europeo de Protección de Datos, que emitió su dictamen el 11 de julio de 2014 (15).

(38)

Todo intercambio o comunicación de datos personales por las autoridades competentes de los Estados miembros o por los registros de operaciones debe realizarse de conformidad con las disposiciones relativas a la transmisión de datos de naturaleza personal previstas en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (16). Todo intercambio o comunicación de datos personales entre la AEVM, la ABE y la AESPJ debe ajustarse a las disposiciones relativas a la transmisión de datos de naturaleza personal previstas en el Reglamento (CE) no 45/2001.

(39)

Conviene que la Comisión, con la asistencia de la AEVM, controle la aplicación internacional de la obligación de notificación establecida en el presente Reglamento y prepare informes al respecto para el Parlamento Europeo y el Consejo. El plazo previsto para la presentación de los informes de la Comisión debe permitir la aplicación efectiva previa del presente Reglamento.

(40)

Una vez conocido el resultado de la labor realizada por los foros internacionales pertinentes, y con la asistencia de la AEVM, la ABE y la JERS, la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre los avances de las iniciativas internacionales para mitigar los riesgos asociados a las operaciones de financiación de valores, incluidas las recomendaciones del CEF sobre los descuentos aplicables a las OFV no compensadas centralmente, así como sobre la idoneidad de tales recomendaciones para los mercados de la Unión.

(41)

La aplicación de los requisitos de transparencia establecidos en el presente Reglamento debe aplazarse de modo que los registros de operaciones tengan tiempo suficiente para solicitar la autorización y reconocimiento de aquellas de sus actividades que se regulen en el presente Reglamento, y las contrapartes y fondos de inversión colectiva, tiempo suficiente para dar cumplimiento a dichos requisitos. En particular, conviene aplazar la modificación de los folletos, teniendo en cuenta las directrices publicadas por la AEVM el 18 de diciembre de 2012, que establecen un marco facultativo para las sociedades de gestión de OICVM en relación con las obligaciones de información y la necesidad de reducir la carga administrativa de los gestores de organismos de inversión colectiva. A fin de garantizar la aplicación eficaz de la notificación de las OFV, es necesaria una aplicación escalonada de los requisitos por tipo de contraparte. Este enfoque debe tener en cuenta la capacidad efectiva de la contraparte para cumplir sus obligaciones de notificación establecidas en el presente Reglamento.

(42)

Las nuevas normas uniformes sobre la transparencia de las OFV y determinados derivados extrabursátiles, en particular las permutas de rendimiento total, establecidas en el presente Reglamento están estrechamente vinculadas al Reglamento (UE) no 648/2012, ya que dichos derivados extrabursátiles entran en el ámbito de aplicación de las disposiciones sobre notificación establecidas en dicho Reglamento. Con objeto de garantizar que ambas series de disposiciones sobre transparencia y notificación tengan un ámbito de aplicación coherente, es necesario deslindar claramente los derivados extrabursátiles de los derivados negociables en un mercado regulado, con independencia de que esos contratos se negocien en la Unión o en mercados de terceros países. Por consiguiente, la definición de derivados extrabursátiles del Reglamento (UE) no 648/2012 debe modificarse para que los contratos de derivados de un mismo tipo queden determinados bien como derivados extrabursátiles bien como derivados negociables en un mercado regulado con independencia de que dichos contratos se negocien en la Unión o en mercados de terceros países.

(43)

Por consiguiente, el Reglamento (UE) no 648/2012 deberá modificarse en consecuencia.

a)

a toda contraparte de una OFV que esté establecida:

b)

a las sociedades de gestión de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y las sociedades de inversión de tipo OICVM, de conformidad con la Directiva 2009/65/CE;

c)

a los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) autorizados de conformidad con la Directiva 2011/61/UE;

d)

a toda contraparte que realice operaciones de reutilización y que esté establecida:

a)

a los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), a otros organismos nacionales con funciones similares, u otros organismos públicos de la Unión que se encarguen de la gestión de la deuda pública o que intervengan en dicha gestión;

b)

al Banco de Pagos Internacionales.

a)

una empresa de servicios de inversión autorizada de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (17);

b)

una entidad de crédito autorizada de conformidad con la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (18) o el Reglamento (UE) no 1024/2013;

c)

una empresa de seguros o de reaseguros autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (19);

d)

un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y, si ha lugar, su sociedad de gestión, autorizados de conformidad con la Directiva 2009/65/CE;

e)

un FIA gestionado por un gestor de FIA autorizado o registrado de conformidad con la Directiva 2011/61/UE;

f)

un fondo de pensiones de empleo autorizado o registrado de conformidad con la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (20);

g)

una entidad de contrapartida central autorizada de conformidad con el Reglamento (UE) no 648/2012;

h)

un depositario central de valores autorizado de conformidad con el Reglamento (UE) no 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (21);

i)

una entidad de un tercer país que requiera autorización o registro de conformidad con el acto legislativo a que se refieren las letras a) a h) si se estableciera en la Unión;

a)

que tiene allí su administración central, si la contraparte es una persona física;

b)

que tiene allí su domicilio social, si la contraparte es una persona jurídica;

c)

que tiene allí su administración central, si la contraparte no tiene un domicilio social de conformidad con su legislación nacional;

a)

operaciones de recompra;

b)

el préstamo de valores o materias primas y la toma de valores o materias primas en préstamo;

c)

una operación simultánea de compra-retroventa o una operación simultánea de venta-recompra;

d)

operaciones de préstamo con reposición de la garantía;

a)

se hayan celebrado antes de la fecha de aplicación correspondiente a que se refiere el artículo 33, apartado 2, letra a), y sigan pendientes en dicha fecha, si:

b)

se hayan celebrado en la fecha de aplicación a que se refiere el artículo 33, apartado 2, letra a), o con posterioridad.

a)

las partes en la OFV y, si fuera diferente, el beneficiario de los derechos y obligaciones que emanan de la operación;

b)

el importe del principal, la moneda, los activos utilizados como garantía real y su tipo, calidad y valor; el método utilizado para proporcionar la garantía real; la indicación de si la garantía real está disponible para reutilización; en caso de que dicha garantía real sea diferenciable de otros activos, si ha sido reutilizada; cualquier sustitución de la garantía real; el tipo aplicado a la operación de recompra, los honorarios del préstamo o el tipo aplicado a la reposición de la garantía; el descuento; la fecha de valor; la fecha de vencimiento; la primera fecha de exigibilidad y el segmento del mercado;

c)

dependiendo de la OFV, también se incluirán detalles sobre los siguientes puntos:

a)

códigos mundiales de identificación de entidades jurídicas (LEI) o códigos pre-LEI hasta que sea totalmente operativo el Sistema Mundial del Identificador de Entidades Jurídicas;

b)

códigos ISIN (International Securities Identification Number), e

c)

identificadores exclusivos de transacciones.

a)

una solicitud de registro;

b)

sea una solicitud de ampliación de inscripción a los efectos del artículo 4 del presente Reglamento, en el caso de un registro de operaciones ya registrado con arreglo al título VI, capítulo 1, del Reglamento (UE) no 648/2012.

a)

los procedimientos a que se hace referencia en el apartado 2 del presente artículo que deben aplicar los registros de operaciones a fin de verificar la integridad y exactitud de los datos que se les notifiquen en virtud del artículo 4, apartado 1;

b)

la solicitud de registro mencionada en el apartado 5, letra a);

c)

una solicitud simplificada para la ampliación de inscripción a que se refiere el apartado 5, letra b), con el fin de evitar la duplicación de requisitos.

a)

la solicitud de registro mencionada en el apartado 5, letra a);

b)

la solicitud para la ampliación de inscripción mencionada en el apartado 5, letra b).

a)

renuncie expresamente a la inscripción o no haya prestado servicio alguno en los seis meses anteriores;

b)

haya obtenido la inscripción valiéndose de declaraciones falsas o de cualquier otro medio irregular;

c)

haya dejado de cumplir las condiciones iniciales de inscripción.

a)

AEVM;

b)

la Autoridad de Supervisión Europea (Autoridad Bancaria Europea) («ABE»);

c)

la Autoridad de Supervisión Europea (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) («AESPJ»);

d)

la JERS;

e)

la autoridad competente responsable de la supervisión de las plataformas de negociación de las transacciones notificadas;

f)

los miembros pertinentes del SEBC, incluido el Banco Central Europeo (BCE) en el ejercicio de sus funciones en el marco de un mecanismo único de supervisión conforme al Reglamento (UE) no 1024/2013;

g)

las autoridades pertinentes de un tercer país respecto del cual se haya adoptado un acto de ejecución de conformidad con el artículo 19, apartado 1;

h)

las autoridades supervisoras designadas de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (24);

i)

las autoridades pertinentes de valores y mercados de la Unión cuyas respectivas responsabilidades y mandatos de supervisión cubran las transacciones, los mercados, los participantes y los activos que entren dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento;

j)

la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía creada por el Reglamento (CE) no 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (25);

k)

las autoridades de resolución designadas con arreglo al artículo 3 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

l)

la Junta Única de Resolución creada por el Reglamento (UE) no 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (27);

m)

las autoridades a que se refiere el artículo 16, apartado 1.

a)

la frecuencia y los pormenores de las posiciones agregadas a que se refiere el apartado 1 y los datos de las OFV a que se refiere el apartado 2;

b)

las normas operativas necesarias, para permitir, de una manera oportuna, estructurada e integral:

c)

los pormenores de la información a la que las entidades a que se refiere el apartado 2 tendrán acceso, teniendo en cuenta su mandato y sus necesidades específicas;

d)

los términos y las condiciones en que las entidades a que se refiere el apartado 2 tendrán acceso directo e inmediato a los datos contenidos en los registros de operaciones.

a)

las sociedades de gestión de OICVM o las sociedades de inversión de tipo OICVM, en sus informes semestrales y anuales a que se refiere el artículo 68 de la Directiva 2009/65/CE;

b)

los GFIA, en el informe anual a que se refiere el artículo 22 de la Directiva 2011/61/UE.

a)

que la contraparte aportante haya sido debidamente informada por escrito, por la contraparte destinataria, de los riesgos y las consecuencias que puede suponer:

b)

que la contraparte aportante haya dado su consentimiento previo y expreso, corroborado por la firma por escrito o en forma jurídicamente equivalente por dicha contraparte de un acuerdo de garantía financiera prendaria cuyos términos otorguen el derecho de uso de acuerdo con el artículo 5 de la Directiva 2002/47/CE, o haya acordado expresamente aportar garantías por medio del acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad.

a)

que la reutilización se lleve a cabo en las condiciones especificadas en el acuerdo de garantía a que se refiere el apartado 1, letra b);

b)

que los instrumentos financieros recibidos en virtud de un acuerdo de garantía se transfieran desde la cuenta de la contraparte aportante.

a)

por lo que respecta a las contrapartes financieras, las autoridades competentes o las autoridades competentes nacionales en el sentido de los Reglamentos (UE) nos 648/2012, 1024/2013 y 909/2014 y de las Directivas 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE y 2014/65/UE, así como las autoridades de control en virtud de la Directiva 2009/138/CE;

b)

en lo que respecta a las contrapartes no financieras, las autoridades competentes designadas de conformidad con el artículo 10, apartado 5, del Reglamento (UE) no 648/2012;

c)

a efectos de los artículos 13 y 14 del presente Reglamento, por lo que respecta a las sociedades de gestión de OICVM y las sociedades de inversión de tipo OICVM, las autoridades competentes designadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Directiva 2009/65/CE;

d)

a efectos de los artículos 13 y 14 del presente Reglamento, por lo que respecta a los GFIA, las autoridades competentes designadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Directiva 2011/61/UE.

a)

que se haya incoado ya un procedimiento judicial por los mismos hechos y contra las mismas personas ante las autoridades del Estado miembro de la autoridad competente que recibe la solicitud, o

b)

que haya recaído ya sobre dichas personas una sentencia firme por los mismos hechos en el Estado miembro de la autoridad competente que recibe la solicitud.

a)

que los registros de operaciones autorizados en dicho país cumplen requisitos jurídicamente vinculantes que son equivalentes a los establecidos en el presente Reglamento;

b)

que en dicho tercer país los registros de operaciones son objeto, de manera continuada, de medidas efectivas de supervisión y de imposición del ejercicio de sus obligaciones;

c)

que existen garantías de secreto profesional, incluida la protección de los secretos comerciales que las autoridades han comunicado a terceros, y que estas garantías son al menos equivalentes a las establecidas en el presente Reglamento, y

d)

que hay una obligación jurídicamente vinculante y ejecutoria respecto a esos registros de operaciones autorizados en ese tercer país de proporcionar acceso directo e inmediato a los datos a las entidades a que se refiere el artículo 12, apartado 2.

a)

una solicitud de reconocimiento, o bien

b)

una solicitud de ampliación de inscripción a los efectos del artículo 4 del presente Reglamento, en el caso de un registro de operaciones ya reconocido con arreglo al Reglamento (UE) no 648/2012.

a)

que la Comisión haya determinado, mediante un acto de ejecución de conformidad con el apartado 1, que el tercer país dispone de un marco jurídico y de supervisión equivalente por cuyo cumplimiento velan las autoridades;

b)

que las autoridades competentes del tercer país hayan establecido acuerdos de cooperación con la AEVM que contengan al menos:

a)

son equivalentes a los requisitos establecidos con arreglo al artículo 4;

b)

garantizan la protección del secreto profesional de manera equivalente a la que se establece al respecto en el presente Reglamento;

c)

se aplican y se hacen cumplir efectivamente de manera equitativa y no distorsionada, a fin de que se garantice la supervisión y el cumplimiento efectivos en el tercer país de que se trate, y

d)

garantizan que las entidades a que se refiere el artículo 12, apartado 2, o bien tienen acceso a los detalles relativos a datos de OFV conforme al artículo 19, apartado 1, o bien tienen acceso indirecto a los detalles relativos a las OFV conforme al artículo 20.

a)

emitir un requerimiento por el que se conmine a la persona responsable de la infracción a que ponga fin a la misma y se abstenga de repetirla;

b)

una declaración pública en la que se indique la persona responsable y la naturaleza de la infracción de conformidad con el artículo 26;

c)

revocar o suspender la autorización;

d)

prohibir temporalmente que cualquier persona que ejerza un cargo de dirección o cualquier persona física a la que se considere responsable de la infracción ejerza funciones de dirección;

e)

imponer sanciones pecuniarias administrativas máximas de, como mínimo, el triple del importe de las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas gracias a la infracción, cuando las mismas pueda determinarlas la autoridad pertinente, aun cuando dichas sanciones excedan de las cantidades mencionadas en las letras f) y g);

f)

si se trata de una persona física, imponer sanciones pecuniarias administrativas máximas de como mínimo 5 000 000 EUR o, en los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, el valor correspondiente en la moneda nacional en 12 de enero de 2016;

g)

si se trata de personas jurídicas, unas sanciones pecuniarias administrativas máximas de la siguiente cuantía como mínimo:

a)

la gravedad y duración de la infracción;

b)

el grado de responsabilidad de la persona responsable de la infracción;

c)

la solvencia financiera de la persona responsable de la infracción, teniendo en cuenta factores tales como el volumen de negocios total, si se trata de una persona jurídica, o los ingresos anuales, si se trata de una persona física;

d)

la magnitud de las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas por la persona responsable de la infracción, cuando las mismas puedan determinarse;

e)

el grado de cooperación de la persona responsable de la infracción con la autoridad competente, sin perjuicio de la obligación de que dicha persona restituya las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas;

f)

las anteriores infracciones de la persona responsable de la infracción.

a)

procedimientos específicos para la recepción de notificaciones de infracciones de los artículos 4 o 15 y su seguimiento, incluido el establecimiento de canales de comunicación seguros para tales notificaciones;

b)

protección adecuada de las personas empleadas en virtud de un contrato laboral que informen de infracciones de los artículos 4 o 15 o estén acusadas de cometer infracciones de dichos artículos, frente a represalias, discriminaciones y otro tipo de trato injusto;

c)

protección de los datos personales relativos tanto a la persona que informa de la infracción de los artículos 4 o 15 como a la persona física presuntamente responsable de la infracción, incluida protección dirigida a mantener la confidencialidad de su identidad en todas las fases del procedimiento, sin perjuicio de la información que deba ser revelada con arreglo a la legislación nacional en el contexto de investigaciones o ulteriores procesos judiciales.

a)

aplazar la publicación de la decisión hasta el momento en que ya no existan las razones que justifiquen el aplazamiento;

b)

publicar la decisión de forma anonimizada y conforme al Derecho nacional, si tal publicación garantiza la protección efectiva de los datos de naturaleza personal, y, en su caso, aplazar la publicación de los datos pertinentes durante un plazo razonable, si se prevé que en ese plazo dejarán de existir las razones que motivan la publicación anonimizada;

c)

no publicar la decisión si la autoridad competente considera que las opciones indicadas en las anteriores letras a) y b) son insuficientes para garantizar:

a)

si el uso de OFV lleva a la acumulación de un apalancamiento importante que no se trate en la reglamentación vigente;

b)

en su caso, las opciones disponibles para resolver dicha acumulación de apalancamiento;

c)

si son precisas nuevas medidas para reducir la prociclicidad de dicho apalancamiento.

1)

En el artículo 2, el punto 7 se sustituye por el texto siguiente:

2)

Se añade el texto siguiente:

«Artículo 2 bis

Decisiones de equivalencia a los efectos de la definición de derivados extrabursátiles

1.   A los efectos del artículo 2, apartado 7, del presente Reglamento, un mercado de un tercer país se considerará equivalente a un mercado regulado tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE cuando cumpla los requisitos jurídicamente vinculantes equivalentes a los requisitos establecidos en el título III de dicha Directiva y está sometido a una supervisión y ejecución efectivas en dicho tercer país de forma permanente, según los determinado por la Comisión con arreglo al procedimiento mencionado en el apartado 2 del presente artículo.

2.   La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que determinen que un mercado de un tercer país cumple los requisitos jurídicamente vinculantes equivalentes a los requisitos establecidos en el título III de la Directiva 2004/39/CE y está sometido a una supervisión y ejecución efectivas en dicho tercer país de forma permanente a los efectos del apartado 1.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 86, apartado 2, del presente Reglamento.

3.   La Comisión y la AEVM publicarán en sus sitios web una lista de estos mercados que se consideran equivalentes con arreglo al acto de ejecución mencionado en el apartado 2. Dicha lista se actualizará periódicamente.».

3)

En el artículo 81, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   Los registros de operaciones pondrán la información necesaria a disposición de las entidades de modo que puedan ejercer sus correspondientes responsabilidades y mandatos:

(30)  Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63)."

(31)  Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición (DO L 142 de 30.4.2004, p. 12)."

(32)  Reglamento (CE) no 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (DO L 211 de 14.8.2009, p. 1)."

(33)  Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) no 1093/2010 y (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).»."

a)

el artículo 4, apartado 1, que se aplicará:

b)

el artículo 13, que será aplicable a partir del 13 de enero de 2017;

c)

el artículo 14, que será aplicable a partir del 13 de julio de 2017 en el caso de organismos de inversión colectiva sometidos a las Directivas 2009/65/CE o 2011/61/UE constituidos antes del 12 de enero de 2016;

d)

el artículo 15, que se aplicará a partir del 13 de julio de 2016, incluyendo los acuerdos de garantía real existentes.

23.12.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 337/35

(1)

En los últimos años se han realizado importantes progresos de cara a la integración de los pagos minoristas en la Unión, especialmente en el contexto de los actos legislativos de la Unión en materia de pagos, en particular a través de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), el Reglamento (CE) no 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), y el Reglamento (UE) no 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (7). La Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (8) vino a completar más el marco regulador de los servicios de pago, al poner un límite específico al recargo que los minoristas pueden cobrar a sus clientes por el uso de determinados medios de pago.

(2)

El marco jurídico revisado de la Unión aplicable a los servicios de pago se complementa con el Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo (9). Dicho Reglamento establece, en particular, normas relativas al cobro de tasas de intercambio por las operaciones basadas en tarjetas y persigue acelerar la consecución de un mercado integrado efectivo en el ámbito de los pagos con tarjeta.

(3)

La Directiva 2007/64/CE se adoptó en diciembre de 2007, a partir de una propuesta de la Comisión de diciembre de 2005. Desde entonces, el mercado de pagos minoristas ha experimentado notables innovaciones técnicas, que han dado lugar a un rápido incremento del número de pagos electrónicos y pagos móviles, y a la aparición de nuevos tipos de servicios de pago en el mercado, y que han puesto en entredicho la validez del marco actual.

(4)

La revisión del marco jurídico de la Unión sobre servicios de pago y, en especial, la evaluación de impacto de la Directiva 2007/64/CE y la consulta relativa al Libro Verde de la Comisión, de 11 de enero de 2012, titulado «Hacia un mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por internet o pagos móviles», han puesto de manifiesto que los cambios habidos plantean grandes desafíos desde el punto de vista normativo. Importantes sectores del mercado de pagos, en particular los pagos con tarjeta, los pagos por internet y los pagos móviles, siguen estando fragmentados según las fronteras nacionales. Muchos productos o servicios de pago innovadores no entran, en su totalidad o en gran parte, en el ámbito de aplicación de la Directiva 2007/64/CE. Además, la Directiva 2007/64/CE ha demostrado ser en algunos casos, en su ámbito de aplicación y, en particular, en los elementos excluidos del mismo, como determinadas actividades conexas a los pagos, demasiado ambigua o general, o simplemente obsoleta, vista la evolución del mercado. Ello ha generado inseguridad jurídica, posibles riesgos de seguridad en la cadena de pago y desprotección de los consumidores en determinados terrenos. Se ha constatado la dificultad que tienen los proveedores de servicios de pago para lanzar servicios de pago digitales innovadores, seguros y de fácil uso, de modo que los consumidores y los minoristas puedan disfrutar de métodos de pago eficaces, cómodos y seguros a escala de la Unión. En ese contexto, hay un gran potencial positivo que debe estudiarse de manera más sistemática.

(5)

El desarrollo continuado de un mercado único integrado de pagos electrónicos seguros es esencial para apoyar el crecimiento de la economía de la Unión y para garantizar que los consumidores, los comerciantes y las empresas en general disfruten de posibilidades de elección y condiciones de transparencia en los servicios de pago de modo que puedan aprovechar plenamente las ventajas del mercado interior.

(6)

Resulta oportuno establecer nuevas disposiciones que colmen las lagunas legales y, a la vez, aporten más claridad jurídica y garanticen una aplicación uniforme del marco regulador en toda la Unión. Es preciso garantizar condiciones operativas equivalentes, tanto a los operadores ya existentes en el mercado como a los nuevos, y facilitar que los nuevos medios de pago lleguen a un mayor número de consumidores, así como asegurar una elevada protección del consumidor en el uso de esos servicios de pago en toda la Unión. Se prevé que ello generará eficiencia en todo el sistema de pago e incrementará la gama de servicios de pago disponibles y la transparencia de estos, reforzando al mismo tiempo la confianza de los consumidores en un mercado de pagos armonizado.

(7)

En los últimos años, han aumentado los riesgos de seguridad de los pagos electrónicos, debido a la mayor complejidad técnica de estos, el incesante incremento del volumen de pagos electrónicos en todo el mundo y los nuevos tipos de servicios de pago. Disponer de servicios de pago fiables y seguros es condición esencial para el buen funcionamiento del mercado de servicios de pago, por lo que los usuarios de esos servicios deben gozar de la debida protección frente a tales riesgos. Los servicios de pago son esenciales para el mantenimiento de actividades económicas y sociales de vital importancia.

(8)

Las disposiciones de la presente Directiva sobre los requisitos de transparencia y de información aplicables a los proveedores de servicios de pago y sobre los derechos y las obligaciones asociados a la prestación y utilización de los servicios de pago que la presente Directiva establece deben aplicarse también, cuando corresponda, a las operaciones en las que uno de los proveedores de servicios de pago esté radicado fuera del Espacio Económico Europeo («EEE»), a fin de evitar que los diferentes Estados miembros adopten planteamientos divergentes, en detrimento de los consumidores. Cuando proceda, las mencionadas disposiciones deben hacerse extensivas a las operaciones en todas las monedas oficiales entre proveedores de servicios de pago radicados en el EEE.

(9)

El envío de dinero constituye un servicio de pago sencillo que se basa, por lo general, en la entrega de efectivo por un ordenante a un proveedor de servicios de pago, que transfiere el importe correspondiente, por ejemplo mediante redes de comunicación, a un beneficiario o a otro proveedor de servicios de pago que actúe por cuenta del beneficiario. En algunos Estados miembros existen supermercados, comerciantes y otros minoristas que prestan al público un servicio equivalente que permite pagar las facturas de servicios de utilidad pública y otras facturas domésticas periódicas. Estos servicios de pago de facturas deben considerarse servicios de envío de dinero, salvo que las autoridades competentes consideren que la actividad corresponde a otro tipo de servicio de pago.

(10)

La presente Directiva establece una definición neutra del concepto de adquisición de operaciones de pago a fin de englobar no solo los modelos adquirentes habituales, estructurados en torno a la utilización de tarjetas de pago, sino también otros modelos de negocio, incluidos aquellos en los que intervienen varios adquirentes. Con ello se pretende garantizar que, cualquiera que sea el instrumento utilizado para efectuar el pago, los comerciantes reciban idéntica protección si la actividad del adquirente es la misma que la adquisición de operaciones con tarjeta. No constituyen «adquisición» los servicios técnicos prestados al proveedor de servicios de pago, como el simple tratamiento y conservación de datos o la explotación de los terminales. Por otra parte, debe quedar claro que algunos modelos adquirentes no consisten de hecho en una transferencia de fondos del adquirente al beneficiario, dado que las partes pueden acordar otras formas de liquidación.

(11)

La exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva 2007/64/CE de las operaciones de pago realizadas a través de un agente comercial por cuenta del ordenante o del beneficiario se aplica de manera muy diversa en los diferentes Estados miembros. Algunos de ellos permiten que se acojan a esa exclusión plataformas de comercio electrónico que actúan como intermediarios por cuenta de compradores y vendedores individuales sin posibilidad real de negociar o llevar a cabo la compra o venta de bienes o servicios. Esto excede del alcance que se había previsto para la exclusión y puede suponer mayores riesgos para los consumidores, al quedar estos proveedores al margen de la protección que ofrece el marco regulador. Las divergencias en la aplicación falsean además la competencia en el mercado de pagos. Por ello, para subsanar estas dificultades, se aclara que la exclusión se aplica cuando el agente actúa únicamente en nombre del ordenante o únicamente en nombre del beneficiario, con independencia de que los fondos del cliente obren o no en su poder. Si el agente actúa por cuenta tanto del ordenante como del beneficiario (como ocurre con ciertas plataformas de comercio electrónico), la exclusión solo debe aplicársele en caso de que los fondos del cliente no obren en ningún momento en su poder.

(12)

La presente Directiva no debe aplicarse a las actividades de las compañías de transporte de fondos y las compañías de gestión de efectivo cuyas actividades estén limitadas al transporte físico de billetes y monedas.

(13)

La información procedente del mercado indica que las actividades de pago englobadas en la exclusión referente a una red limitada comportan, a menudo, pagos de magnitud significativa, tanto en volumen como en cuantía, y ofrecen a los consumidores cientos o miles de productos y servicios diferentes. Tal circunstancia no se ajusta a la finalidad que con la citada exclusión perseguía la Directiva 2007/64/CE y conlleva un aumento de los riesgos, así como la desprotección jurídica, de los usuarios de los servicios de pago y, en particular, de los consumidores, y pone a los operadores del mercado regulados en situación de clara desventaja. A fin de limitar esos riesgos, no debe ser posible utilizar el mismo instrumento para efectuar operaciones de pago a efectos de la adquisición de bienes y servicios dentro de más de una red limitada, ni para adquirir un abanico ilimitado de bienes y servicios. Debe considerarse que un instrumento de pago se utiliza dentro de una red limitada si solo puede emplearse en las siguientes circunstancias: primero, para la adquisición de bienes y servicios en un determinado establecimiento minorista o determinada cadena de establecimientos minoristas, cuando las entidades participantes estén directamente vinculadas entre sí por un acuerdo comercial que prevea, por ejemplo, la utilización de una sola marca de pago y esta se utilice en todos los puntos de venta y figure —en la medida en que sea factible— en el instrumento de pago que pueda emplearse en ellos; segundo, para la adquisición de una serie muy limitada de bienes y servicios, como ocurre, por ejemplo, cuando el ámbito de utilización está efectivamente limitado a un número de bienes o servicios funcionalmente conectados entre sí, sea cual sea la localización geográfica del punto de venta; o tercero, cuando el instrumento de pago esté regulado por una autoridad pública de ámbito nacional o regional para fines sociales o fiscales específicos a efectos de la adquisición de bienes o servicios concretos.

(14)

Los instrumentos de pago amparados por la exclusión de red limitada podrían incluir las tarjetas de compra, tarjetas de combustible, tarjetas de socio, tarjetas de transporte público, tiques de aparcamiento, vales de alimentación o vales de servicios específicos, sujetos a veces a un marco jurídico específico en materia fiscal o laboral destinado a promover el uso de tales instrumentos para lograr los objetivos establecidos en la legislación social. En caso de que tal instrumento con fines específicos se convierta en un instrumento con fines más generales, debe dejar de estar excluido del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Los instrumentos que puedan utilizarse para comprar en establecimientos de comerciantes afiliados no deben estar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva, pues suelen estar pensados para una red de proveedores de servicios que crece constantemente. La exclusión de red limitada debe ir unida a la obligación de que los proveedores de servicios de pago potenciales notifiquen las actividades que entren en su ámbito de aplicación.

(15)

La Directiva 2007/64/CE excluye de su ámbito de aplicación determinadas operaciones de pago, ejecutadas mediante dispositivos informáticos o de telecomunicación, cuando el operador de red no actúa únicamente como intermediario en la entrega de bienes y servicios digitales a través de dicho dispositivo, sino que además genera valor añadido. Esa exclusión permite, en particular, las compras facturadas por el operador, o pago directo a través de la factura telefónica, que, con servicios tales como los de tono de llamada y SMS de tarificación adicional, contribuyen al desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en la venta de contenidos digitales y servicios de voz de escaso valor. Entre esos servicios figuran los servicios de entretenimiento, tales como chats y descargas de vídeos, música y juegos, de información, tales como información meteorológica, noticias, información deportiva actualizada e información bursátil, de consultas de números de abonados, y de participación en programas de televisión o radio, tales como votaciones, participación en concursos y resultados en directo. La información procedente del mercado no indica que este método de pago, en el que los consumidores confían para pagos de escasa cuantía, se haya convertido en un servicio general de intermediación en los pagos. No obstante, al estar expresada la disposición sobre la exclusión del ámbito de aplicación de forma ambigua, se ha aplicado de forma diversa en los distintos Estados miembros, lo que ha dado lugar a una falta de seguridad jurídica tanto de los operadores como de los consumidores y ha dado lugar, en ocasiones, a que servicios de intermediación en los pagos invoquen el derecho a estar excluidos de manera ilimitada del ámbito de aplicación de la Directiva 2007/64/CE. Procede, por tanto, aclarar y reducir el ámbito de aplicación de esta exclusión para ese tipo de proveedores de servicios de pago, especificando los tipos de operaciones de pago a las que es aplicable la misma.

(16)

La exclusión relativa a determinadas operaciones de pago, ejecutadas mediante dispositivos informáticos o de telecomunicación, debe centrarse específicamente en los micropagos por contenidos digitales y servicios de voz. Debe introducirse una referencia clara a las operaciones de pago para la adquisición de billetes o entradas electrónicos, a fin de tener en cuenta el desarrollo de los pagos en los que, en particular, el cliente puede encargar, pagar, obtener y validar billetes o entradas electrónicos desde cualquier lugar y en cualquier momento utilizando un teléfono u otro dispositivo móvil. Los billetes y entradas electrónicos permiten y facilitan la entrega de servicios que el consumidor podría adquirir también en forma de billete o entrada en papel y que incluyen los servicios de transporte, entretenimiento, aparcamiento y entrada a espectáculos, pero excluyen los bienes físicos; de esta manera, reducen los costes de producción y distribución asociados a los canales tradicionales de emisión de billetes y entradas en papel y aumentan la comodidad del consumidor, al ofrecerle formas nuevas y sencillas de adquirir tales billetes o entradas. Para facilitar la labor de las entidades que recaudan donativos con fines benéficos, también deben quedar excluidas las operaciones de pago relacionadas con dichos donativos. Los Estados miembros, de conformidad con la legislación nacional, deben poder limitar la exclusión a la recogida de donativos en favor de organizaciones benéficas registradas. La exclusión, en líneas generales, solo debe aplicarse a los tipos de operaciones de pago mencionados cuando el valor de la operación sea inferior a un umbral especificado, a fin de limitar claramente la exclusión a los pagos que presenten escaso riesgo.

(17)

La zona única de pagos en euros (SEPA, por sus siglas en inglés) ha facilitado la creación de «factorías de pagos» y «factorías de cobros» en el ámbito de la Unión, que permiten centralizar las operaciones de pago de un mismo grupo. A ese respecto, procede disponer que las operaciones de pago entre una empresa matriz y su filial o entre filiales de la misma empresa matriz que se realicen a través de un proveedor de servicios de pago perteneciente al mismo grupo han de quedar excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva. El cobro de órdenes de pago por cuenta de un grupo empresarial por parte de la empresa matriz o de una filial para su transmisión a un proveedor de servicios de pago no debe considerarse un servicio de pago a efectos de la presente Directiva.

(18)

La Directiva 2007/64/CE excluye de su ámbito de aplicación los servicios de retirada de dinero ofrecidos por los proveedores de cajeros automáticos independientes de proveedores de servicios de pago gestor de cuenta. Esa exclusión ha impulsado el crecimiento de los servicios de cajeros automáticos independientes en muchos Estados miembros, en particular en las zonas poco pobladas. Excluir plenamente de lo dispuesto en la presente Directiva a esta parte del mercado de cajeros automáticos, que está registrando un rápido crecimiento, crearía confusión, sin embargo, en relación con las comisiones aplicables por los servicios de retirada de dinero. En situaciones transfronterizas, tal exclusión podría dar lugar a que una misma retirada de dinero sea gravada con dos comisiones, una del proveedor de servicios de pago gestor de cuenta y otra del proveedor del cajero automático. Por consiguiente, para mantener tanto la prestación de servicios de cajero automático como la claridad en cuanto a las comisiones por retirada de dinero, procede mantener la exclusión pero exigir a los operadores de cajeros automáticos que apliquen las disposiciones específicas sobre transparencia de la presente Directiva. Además, las comisiones aplicadas por los operadores de cajeros automáticos deben respetar lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 924/2009.

(19)

A menudo, los proveedores de servicios que desean acogerse a una exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva 2007/64/CE no consultaban a las autoridades para determinar si sus actividades estaban incluidas o excluidas del ámbito de aplicación de esa Directiva, sino que se basaban en sus propios análisis. Esto dio lugar a enormes disparidades en la aplicación de ciertas exclusiones en los distintos Estados miembros. Además, según parece, algunas de las exclusiones pueden haber sido utilizadas por los proveedores de servicios de pago para modificar sus modelos de negocio de forma que las ofertas de servicios de pago queden fuera del ámbito de aplicación de dicha Directiva. Esto puede conllevar un aumento de los riesgos a que están expuestos los usuarios de servicios de pago, y condiciones divergentes para los proveedores de servicios de pago en el mercado interior. Conviene por ello que los proveedores de servicios queden obligados a notificar las actividades pertinentes a las autoridades competentes, de modo que estas puedan evaluar si se cumplen o no los requisitos establecidos en las disposiciones pertinentes y garantizar una interpretación homogénea de las normas en todo el mercado interior. En particular, para todas las exclusiones basadas en el respeto de un determinado umbral, conviene establecer un procedimiento de notificación para garantizar el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

(20)

Por otra parte, es importante establecer la obligación de que los posibles proveedores de servicios de pago notifiquen a las autoridades competentes los servicios que prestan en el contexto de una red limitada sobre la base de los criterios enunciados en la presente Directiva, si el valor de las operaciones de pago sobrepasa un determinado umbral. Las autoridades competentes deben valorar si los servicios notificados pueden considerarse prestados en el contexto de una red limitada.

(21)

La definición de servicios de pago debe ser tecnológicamente neutra y permitir el desarrollo de nuevos tipos de servicios de pago, garantizando, al mismo tiempo, condiciones operativas equivalentes para los proveedores de servicios de pago existentes y los nuevos.

(22)

La presente Directiva debe seguir el planteamiento adoptado en la Directiva 2007/64/CE que abarca así todos los tipos de servicios de pago electrónicos. Por tanto, no resulta oportuno que las nuevas normas se apliquen a aquellos servicios en los cuales la transferencia o el transporte de fondos del ordenante al beneficiario se efectúen exclusivamente por medio de billetes de banco y monedas, o cuando la transferencia se realice mediante cheques en papel, letras, pagarés u otros instrumentos en papel, vales en papel o tarjetas extendidas por un proveedor de servicios de pago o por otras partes a fin de poner fondos a disposición del beneficiario.

(23)

La presente Directiva no debe aplicarse ni a las operaciones de pago efectuadas en efectivo, dado que existe ya un mercado único para los servicios de pago en efectivo. La presente Directiva tampoco debe aplicarse a las operaciones efectuadas por medio de cheques en papel, toda vez que dichas operaciones, por su propia naturaleza, no pueden procesarse tan eficientemente como otros medios de pago. Sería conveniente, no obstante, que las buenas prácticas en la materia se inspiraran en los principios enunciados en la presente Directiva.

(24)

Es preciso especificar las categorías de proveedores de servicios de pago que pueden legítimamente prestar servicios de pago en toda la Unión, a saber, las entidades de crédito que captan depósitos de los usuarios que pueden utilizarse para financiar operaciones de pago, las cuales deben seguir sometidas a los requisitos prudenciales establecidos en la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (10), las entidades de dinero electrónico que emiten dinero electrónico que puede utilizarse para financiar operaciones de pago, las cuales deben seguir sometidas a los requisitos prudenciales establecidos en la Directiva 2009/110/CE, las entidades de pago y las instituciones de giro postal habilitadas para prestar servicios de pago conforme a la legislación nacional. La aplicación de dicho marco jurídico debe quedar limitada a los proveedores de servicios que presten servicios de pago como ocupación o actividad empresarial habitual conforme a la presente Directiva.

(25)

La presente Directiva debe establecer las normas de ejecución de las operaciones de pago cuando los fondos adopten la forma de dinero electrónico, tal como se define en la Directiva 2009/110/CE. La presente Directiva no debe, sin embargo, regular la emisión de dinero electrónico establecida mediante la Directiva 2009/110/CE. Por consiguiente, las entidades de pago no deben estar autorizadas a emitir dinero electrónico.

(26)

La Directiva 2007/64/CE ha establecido un régimen prudencial por el que se introduce una licencia única para todos los proveedores de servicios de pago no vinculados a la captación de depósitos o la emisión de dinero electrónico. A tal fin, la citada Directiva introdujo una nueva categoría de proveedores de servicios de pago, las «entidades de pago», estableciendo la autorización, sujeta a una serie de requisitos estrictos y exhaustivos, de que ciertas personas jurídicas no pertenecientes a las categorías existentes prestasen servicios de pago en toda la Unión. Este tipo de servicios deben quedar por tanto sujetos a los mismos requisitos en toda la Unión.

(27)

Desde la adopción de la Directiva 2007/64/CE han surgido nuevos tipos de servicios de pago, especialmente en el ámbito de los pagos por internet. En particular, los servicios de iniciación de pagos en el sector del comercio electrónico han evolucionado. Esos servicios de pago desempeñan una función en el comercio electrónico al proporcionar un soporte lógico que sirve de puente entre el sitio web del comerciante y la plataforma bancaria en línea del proveedor de servicios de pago gestor de cuenta del ordenante, con el fin de iniciar pagos por transferencia a través de internet.

(28)

En los últimos años, con los avances tecnológicos ha surgido también una serie de servicios complementarios, tales como los de información sobre cuentas. Estos servicios proporcionan al usuario del servicio de pago información agregada en línea sobre una o varias cuentas de pago mantenidas en otro u otros proveedores de servicios de pago, a la que se accede mediante interfaces en línea del proveedor del servicio de pago gestor de cuenta, lo que permite al usuario del servicio de pago tener en todo momento una visión global e inmediata de su situación financiera. Tales servicios deben quedar incluidos también en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, con el fin de proporcionar a los consumidores una protección adecuada de sus pagos y de los datos de sus cuentas, así como seguridad jurídica en cuanto a la situación de los proveedores de información sobre cuentas.

(29)

Los servicios de iniciación de pagos permiten al proveedor del servicio de iniciación de pagos dar al beneficiario la seguridad de que el pago se ha iniciado. La finalidad de estas seguridades es dar un incentivo al beneficiario para que entregue el bien o preste el servicio sin dilación indebida. Tales servicios ofrecen una solución de bajo coste tanto a los comerciantes como a los consumidores, y ofrecen a estos últimos la posibilidad de hacer compras en línea aun cuando no posean tarjetas de pago. Los servicios de iniciación de pagos no están sujetos en la actualidad a la Directiva 2007/64/CE, por lo que no están necesariamente supervisados por una autoridad competente ni se atienen a lo establecido en la Directiva 2007/64/CE. Ello plantea una serie de problemas jurídicos, que van desde la protección de los consumidores a aspectos relacionados con la seguridad, la responsabilidad, la competencia y la protección de datos, especialmente en relación con la protección de los datos del usuario del servicio de pago con arreglo a las normas de protección de datos de la Unión. Las nuevas normas deben resolver estos problemas.

(30)

Las credenciales de seguridad personalizadas empleadas para que el cliente sea autenticado bien directamente por el usuario del servicio de pago, o bien por el proveedor de servicios de iniciación del pago son, normalmente, las emitidas por los proveedores de servicios de pago gestores de cuenta. Los proveedores de servicios de iniciación de pagos no establecen necesariamente una relación contractual con los proveedores de servicios de pago gestores de cuenta y estos últimos, con independencia del modelo de negocio que utilicen los primeros, les deben permitir utilizar los procedimientos de autenticación que facilitan los proveedores de servicios de pago gestores de cuenta para que puedan iniciar un pago concreto por cuenta del ordenante.

(31)

El proveedor del servicio de iniciación de pagos, cuando presta exclusivamente el servicio de iniciación de pagos, no tiene en su poder fondos del usuario en ninguna etapa de la cadena de pago. Cuando el proveedor de servicios de iniciación de pagos desee prestar otros servicios de pago, para los cuales tiene los fondos del usuario, debe obtener una autorización completa para dichos servicios.

(32)

Estos servicios de iniciación de pagos se basan en el acceso directo o indirecto de los proveedores de servicios de iniciación de pagos a las cuentas del ordenante. El proveedor de servicios de pago gestor de cuenta que proporcione un mecanismo de acceso indirecto debe permitir también el acceso directo para los proveedores de servicios de iniciación de pagos.

(33)

La presente Directiva debe tener por objeto garantizar la continuidad en el mercado, de modo que los proveedores de servicios ya existentes y los nuevos, con independencia de sus respectivos modelos de negocio, puedan ofrecer sus servicios en un marco reglamentario claro y armonizado. En espera de que se apliquen dichas normas, sin perjuicio de la necesidad de garantizar la seguridad de las operaciones de pago y proteger al cliente de riesgos demostrables de fraude, los Estados miembros, la Comisión, el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), creada mediante el Reglamento no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) (ABE), deben garantizar una competencia leal en este mercado, evitando que se discrimine de manera injustificada a quienes ya participan en el mercado. Cualquier proveedor de servicios de pago, incluido el proveedor de servicios de pago gestor de cuentas, debe poder ofrecer servicios de iniciación de pagos.

(34)

La presente Directiva no modifica sustancialmente las condiciones de concesión y mantenimiento de las autorizaciones de las entidades de pago. Al igual que en la Directiva 2007/64/CE, entre dichas condiciones figuran requisitos prudenciales que han de ser proporcionados con respecto a los riesgos operativos y financieros que afrontan este tipo de entidades en el ejercicio de sus actividades. En este contexto, debe garantizarse un sólido régimen de capital inicial combinado con un capital permanente, régimen que podría configurarse de manera más compleja a su debido tiempo, dependiendo de las necesidades del mercado. Debido a la gran variedad de los servicios de pago, la presente Directiva debe permitir emplear diversos métodos, junto con cierto grado de discrecionalidad en el ejercicio de la supervisión, a fin de garantizar que, a igualdad de riesgo, reciban el mismo trato todos los proveedores de servicios de pago. Los requisitos aplicables a las entidades de pago deben reflejar el hecho de que ejercen actividades más especializadas y limitadas, que generan, por tanto, riesgos más limitados y de más fácil supervisión y control que los que se plantean en toda la gama, más amplia, de actividades de las entidades de crédito. En particular, debe prohibirse a las entidades de pago la captación de depósitos de usuarios, y autorizárseles la utilización de fondos recibidos de los usuarios únicamente a efectos de prestación de servicios de pago. Las necesarias normas prudenciales, entre ellas las referidas al capital inicial, deben adecuarse al riesgo que conlleve el servicio de pago que preste la entidad de pago. Los proveedores de servicios de pago que presten únicamente servicios de iniciación de pagos deben considerarse de riesgo medio por lo que atañe al capital inicial.

(35)

Puesto que ni los proveedores de servicios de iniciación de pagos, cuando prestan exclusivamente ese tipo de servicios, ni los proveedores de servicios de información sobre cuentas tienen en su poder fondos de clientes, resultaría desproporcionado imponer requisitos de fondos propios a estos nuevos agentes en el mercado. No obstante, es importante que puedan hacer frente a las responsabilidades que se deriven de sus actividades. Por lo tanto, procede exigirles que tengan un seguro de responsabilidad civil profesional o que ofrezcan alguna garantía comparable. La ABE debe elaborar directrices, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) no 1093/2010, sobre los criterios que deban utilizar los Estados miembros para definir el importe mínimo del seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía comparable. La ABE no debe establecer diferencias entre el seguro de responsabilidad civil profesional y la garantía comparable, ya que ambos deben ser intercambiables.

(36)

A fin de evitar una utilización abusiva del derecho de establecimiento, es preciso exigir que la entidad de pago que solicite autorización en un Estado miembro preste como mínimo una parte de sus servicios de pago en ese Estado miembro.

(37)

Debe disponerse que los fondos de los usuarios de los fondos de pagos se mantengan separados de los fondos de las entidades de pago. Resulta necesario establecer requisitos de salvaguardia si la entidad de pago está en posesión de fondos de los usuarios de los fondos de pagos. Cuando la misma entidad de pago efectúe una operación de pago tanto para el ordenante como para el beneficiario y se ofrezca al ordenante una línea de crédito, puede resultar conveniente salvaguardar los fondos destinados al beneficiario una vez que representen el crédito de este ante la entidad de pago. Las entidades de pago deben asimismo estar sujetas a requisitos eficaces en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

(38)

La presente Directiva no introduce cambios en las obligaciones de las entidades de pago con respecto a la información contable y la auditoría de cuentas en relación con sus cuentas anuales y consolidadas. Las entidades de pago deben elaborar sus cuentas anuales y consolidadas de conformidad con la Directiva 86/635/CEE del Consejo (12) y la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (13). Las cuentas anuales y las cuentas consolidadas deben ser sometidas a auditoría, a menos que la entidad de pago haya quedado exenta de esta obligación en virtud de dichas Directivas.

(39)

Los proveedores de servicios de pago, cuando presten uno o varios de los servicios de pago regulados por la presente Directiva, deben mantener en todo momento cuentas de pago que se utilicen exclusivamente para realizar operaciones de pago. A fin de que los proveedores de servicios de pago puedan prestar servicios de pago, es imprescindible que tengan la posibilidad de abrir y mantener cuentas en entidades de crédito. Los Estados miembros deben velar por que el acceso a tales cuentas se ofrezca en condiciones no discriminatorias y de un modo que resulte acorde con el objetivo legítimo al que responde. Aunque el acceso puede ser básico, siempre debe ser lo suficientemente amplio para que la entidad de pago pueda prestar sus servicios sin obstáculos y con eficiencia.

(40)

La presente Directiva debe regular la concesión de créditos por las entidades de pago, a saber, la concesión de líneas de crédito y expedición de tarjetas de crédito, solamente en la medida en que esa actividad esté estrechamente ligada a servicios de pago. Solo si el crédito se concede para facilitar servicios de pago y se trata de un crédito a corto plazo concedido por un período no superior a doce meses, incluso de modo rotativo, procede permitir que las entidades de pago concedan dichos créditos en relación con sus actividades transfronterizas, con la condición de que se refinancien principalmente utilizando los fondos propios de la entidad de pago, así como otros fondos procedentes de los mercados de capitales, y no los fondos mantenidos por cuenta de clientes para operaciones de pago. Las normas anteriores deben establecerse sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (14) u otra legislación pertinente de la Unión o legislación nacional sobre las condiciones de concesión de créditos al consumo no armonizada por la presente Directiva.

(41)

En general, el funcionamiento de la cooperación entre las autoridades nacionales competentes responsables de conceder autorizaciones a las entidades de pago, efectuar controles y decidir sobre la posible revocación de dichas autorizaciones ha demostrado ser satisfactorio. Sin embargo, la cooperación entre las autoridades competentes debe reforzarse, tanto con respecto a la información intercambiada como de cara a la aplicación e interpretación coherentes de la Directiva, en los casos en que las entidades de pago autorizadas deseen prestar servicios de pago también en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen, en el ejercicio del derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, incluso a través de internet (régimen de «concesión de pasaporte»). La ABE debe ayudar a las autoridades competentes a resolver los litigios entre autoridades competentes en el contexto de la cooperación transfronteriza de conformidad con el Reglamento (UE) no 1093/2010. También procede pedirle que prepare un proyecto de normas técnicas de regulación sobre la cooperación y el intercambio de datos.

(42)

Para que el funcionamiento de las entidades de pago autorizadas o registradas por las autoridades competentes del Estado miembro de origen, incluidos sus agentes, sea más transparente y para garantizar un elevado nivel de protección del consumidor en toda la Unión, es necesario garantizar un acceso público sencillo a la lista de entidades que prestan servicios de pago. A tal efecto, la ABE debe desarrollar y gestionar un registro central en el que publique una lista con los nombres de las entidades que prestan servicios de pago. Los Estados miembros deben asegurarse de mantener actualizados los datos que ofrecen. Estas medidas también deberían contribuir a mejorar la cooperación entre las autoridades competentes.

(43)

En aras de una información más exacta y actualizada, debe exigirse a las entidades de pago que informen a la autoridad competente de su Estado miembro de origen, sin indebidas demoras, de todo cambio que afecte a la exactitud de la información y los elementos aportados en relación con la autorización, en particular nuevos agentes o entidades a las que se externalicen actividades. En caso de duda, las autoridades competentes deben además cerciorarse de que la información recibida sea correcta.

(44)

Los Estados miembros deben poder exigir que las entidades de pago que operen en su territorio y cuya administración central esté situada en otro Estado miembro les informen periódicamente de las actividades que realizan en sus respectivos territorios a efectos estadísticos o de información. Cuando esas entidades de pago operan en virtud del régimen de libertad de establecimiento, la información mencionada debe poder utilizarse también para supervisar el cumplimiento de las disposiciones de los títulos III y IV de la presente Directiva, y es importante que cada Estado miembro pueda exigir a las entidades de pago en cuestión que nombren un punto de contacto central en su territorio, que facilite a las autoridades competentes la supervisión de las redes de agentes. La ABE elaborará proyectos de normas de regulación en las que establezca criterios que permitan determinar cuándo procede designar un punto de contacto centralizado y cuáles han de ser sus funciones. La obligación de nombrar un punto de contacto central debe guardar proporción con el objetivo de lograr una comunicación y una notificación de información adecuadas sobre el cumplimiento de los títulos III y IV en el Estado miembro de acogida.

(45)

En situaciones de urgencia que requieran una intervención inmediata a fin de hacer frente a una amenaza grave para los intereses colectivos de los usuarios de servicios de pago en el Estado miembro de acogida, por ejemplo ante un fraude a gran escala, debe ser posible para las autoridades competentes del Estado miembro de acogida adoptar medidas cautelares, paralelamente a la cooperación transfronteriza entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida y en espera de las medidas que adopte la autoridad competente del Estado miembro de origen. Dichas medidas deben ser adecuadas, proporcionadas, no discriminatorias y de carácter temporal. El Estado miembro de acogida debe motivar la adopción de dichas medidas. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la entidad de pago de que se trate y las demás autoridades interesadas —como la Comisión y la ABE— deben ser informadas con antelación o, si la urgencia de la situación lo impide, sin demora injustificada.

(46)

La presente Directiva especifica el conjunto mínimo de facultades de que han de disponer las autoridades competentes para supervisar el cumplimiento de la normativa por parte de las entidades de pago, facultades que han de ejercerse respetando los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida privada. Sin perjuicio del control por una autoridad independiente (autoridad nacional de protección de datos) y de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los Estados miembros deben dotarse de garantías adecuadas y efectivas si el ejercicio de tales facultades puede dar lugar a cualesquiera abusos o arbitrariedades que constituyan una interferencia grave con tales derechos, por ejemplo previendo, cuando proceda, la autorización previa de la autoridad judicial del Estado miembro de que se trate.

(47)

Es importante garantizar que todas las personas que presten servicios de pago estén sujetas a ciertos requisitos legales y reglamentarios mínimos. En consecuencia, resulta oportuno exigir que se registre la identidad y la ubicación de todas las personas que presten servicios de pago, inclusive de aquellas que no puedan cumplir íntegramente los requisitos para ser autorizadas como entidades de pago. Este enfoque resulta acorde con la lógica de la Recomendación especial VI del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), que prevé la implantación de un mecanismo que permita tratar como entidades de pago a aquellos proveedores de servicios de pago que no puedan cumplir todos los requisitos que preconiza la citada Recomendación. A tal efecto, incluso las personas que estén eximidas del cumplimiento de todos o parte de los requisitos de autorización, los Estados miembros deben incluir a dichas personas en el registro de entidades de pago. No obstante, es fundamental que la posibilidad de conceder dichas exenciones se supedite a requisitos estrictos sobre el valor de las operaciones de pago. Las entidades de pago que se beneficien de una exención no deben disfrutar del derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, ni deben ejercer indirectamente estos derechos en tanto en cuanto sean miembros de un sistema de pago.

(48)

Procede prever un régimen prudencial específico para los proveedores de servicios de información sobre cuentas, dada la naturaleza específica de la actividad que realizan y dados los riesgos asociados a la prestación de dichos servicios. Los proveedores de servicios de información sobre cuentas deben poder prestar servicios de forma transfronteriza, en el marco de las normas de «concesión de pasaportes».

(49)

Para los proveedores de servicios de pago resulta fundamental poder acceder a servicios de infraestructuras técnicas de sistemas de pago. No obstante, el acceso debe estar supeditado al cumplimiento de los requisitos pertinentes con el fin de garantizar la integridad y estabilidad de dichos sistemas. Todo proveedor de servicios de pago que solicite participar en un sistema de pago debe asumir el riesgo de su propia elección de sistema y demostrar ante el sistema de pago que sus procedimientos internos tienen solidez suficiente para hacer frente a todo tipo de riesgo. Estos sistemas de pago incluyen normalmente los sistemas de tarjetas cuatripartitos, así como los principales sistemas de tratamiento de las transferencias y los adeudos domiciliados. A fin de garantizar en toda la Unión la igualdad de trato entre las diferentes categorías de proveedores autorizados de servicios de pago, con arreglo a las condiciones contempladas en su licencia, es preciso clarificar las normas que rigen el acceso a los sistemas de pago.

(50)

Conviene establecer disposiciones en materia de trato no discriminatorio de las entidades de pago autorizadas y las entidades de crédito, de tal forma que todo proveedor de servicios de pago que opere en el mercado interior pueda recurrir a los servicios de las infraestructuras técnicas de dichos sistemas de pago en igualdad de condiciones. Es preciso establecer diferencias de trato entre los proveedores autorizados de servicios de pago y los que se beneficien de una exención de conformidad con la presente Directiva, así como de las exenciones contempladas en el artículo 3 de la Directiva 2009/110/CE, debido a las diferencias entre sus respectivos marcos prudenciales. En cualquier caso, deben permitirse diferencias en las condiciones de precio solo cuando estén motivadas por diferencias en los costes soportados por los proveedores de servicios de pago. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a limitar el acceso a sistemas de pago de importancia sistémica, con arreglo a la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (15), ni de las competencias del Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales en relación con el acceso a los sistemas de pago.

(51)

La presente Directiva no afecta al ámbito de aplicación de la Directiva 98/26/CE. Sin embargo, para garantizar condiciones de competencia equitativas entre los proveedores de servicios de pago, la presente Directiva debe establecer que, si un participante en un sistema de pago designado con arreglo a las condiciones de la Directiva 98/26/CE presta servicios en relación con dicho sistema a un proveedor de servicios de pago autorizado o registrado, también debe conceder acceso a dichos servicios, en condiciones objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, a cualquier proveedor de servicios de pago autorizado o registrado que lo solicite. Los proveedores de servicios de pago a quienes se conceda acceso no deben, sin embargo, ser considerados participantes según la definición de la Directiva 98/26/CE ni, por tanto, disfrutar de la protección garantizada en el marco de dicha Directiva.

(52)

Las disposiciones relativas al acceso a los sistemas de pago no deben aplicarse a los sistemas que han sido creados y son utilizados por un único proveedor de servicios de pago. Los sistemas de pago de este tipo pueden funcionar ya sea compitiendo directamente con los sistemas de pago o, como ocurre más frecuentemente, en un sector de mercado que no esté cubierto de forma adecuada por sistemas de pago. Estos sistemas incluyen sistemas tripartitos como los sistemas de tarjetas tripartitos, en la medida en que nunca hayan funcionado en la práctica como sistemas de tarjetas cuatripartitos, por ejemplo por recurrir a licenciatarios, agentes o socios con los que utilicen tarjetas con marca combinada. También incluyen normalmente los servicios de pago ofrecidos por proveedores de servicios de telecomunicaciones en los que el operador del sistema es el proveedor de servicios de pago tanto para el ordenante como para el beneficiario, así como los sistemas internos de los grupos bancarios. Con el fin de estimular la competencia que pueden generar estos sistemas de pago cerrados con respecto a los sistemas de pago mayoritarios establecidos, no resulta conveniente conceder a terceros acceso a estos sistemas de pago cerrados privados. No obstante, estos sistemas cerrados deben estar siempre sujetos a las normas de competencia nacionales y de la Unión, que pueden requerir que se permita acceder a ellos con el fin de mantener una competencia efectiva en los mercados de servicios de pago.

(53)

Dado que los consumidores y las empresas no se hallan en las mismas condiciones, no necesitan disponer del mismo nivel de protección. Si bien procede garantizar los derechos de los consumidores mediante disposiciones con respecto a las cuales no puedan establecerse excepciones en los contratos, resulta razonable permitir que las empresas y organizaciones acuerden otro tipo de disposiciones cuando no estén involucrados consumidores. No obstante, los Estados miembros deben poder disponer que las microempresas, según se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (16), reciban el mismo trato que los consumidores. En todo caso, determinadas disposiciones esenciales de la presente Directiva deben aplicarse siempre, sea cual fuere el tipo de usuario.

(54)

La presente Directiva debe especificar las obligaciones de los proveedores de servicios de pago por lo que atañe a la información que deben facilitar a los usuarios de dichos servicios, los cuales deben recibir información de un mismo y elevado nivel de claridad sobre los servicios de pago, a fin de poder adoptar decisiones fundadas y elegir libremente en toda la Unión. En interés de la transparencia, la presente Directiva debe establecer los requisitos armonizados necesarios para garantizar el suministro de la información necesaria, suficiente y comprensible a los usuarios de servicios de pago en relación con el contrato de servicio de pago y con las operaciones de pago. A fin de favorecer un funcionamiento correcto del mercado interior de los servicios de pago, los Estados miembros no deben poder adoptar disposiciones en materia de información que difieran de las establecidas en la presente Directiva.

(55)

Procede proteger a los consumidores de las prácticas comerciales engañosas y desleales, conforme a lo establecido en la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (17), así como en las Directivas 2000/31/CE (18), 2002/65/CE (19), 2008/48/CE, 2011/83/UE (20) y 2014/92/UE (21). Las disposiciones de esas Directivas siguen siendo aplicables. No obstante, conviene aclarar la relación entre la presente Directiva y la Directiva 2002/65/CE por lo que se refiere, en particular, a los requisitos de información precontractual que se establecen en ambas.

(56)

Para una mayor eficiencia, la información requerida debe guardar proporción con las necesidades de los usuarios y comunicarse en un formato normalizado. Sin embargo, los requisitos en materia de información aplicables a una operación de pago singular deben ser diferentes de los aplicables a un contrato marco que permita una sucesión de operaciones de pago.

(57)

En la práctica, los contratos marco y las operaciones de pago sujetas a dichos contratos son mucho más frecuentes y tienen mayor importancia económica que las operaciones de pago singulares. Si existe una cuenta de pago o un instrumento de pago específico, se requiere un contrato marco. Por lo tanto, los requisitos de información previa sobre los contratos marco deben ser exhaustivos y la información debe facilitarse siempre en papel o a través de otros soportes duraderos, tales como los extractos de cuenta impresos a través de cajeros automáticos, CD-ROM, DVD y discos duros de ordenadores personales en los que puedan almacenarse correos electrónicos, así como a través de sitios de internet, en la medida en que se pueda acceder a dichos sitios con fines de consulta durante un período de tiempo adecuado a efectos de información y que sea posible la reproducción de la información almacenada sin cambios. No obstante, el contrato marco entre el proveedor de servicios de pago y el usuario del servicio de pago debe poder estipular la forma en que se facilitará la información ulterior sobre las operaciones de pago ejecutadas, pudiendo estipularse, por ejemplo, por lo que respecta a las operaciones bancarias por internet, que toda la información sobre la cuenta de pago esté disponible en línea.

(58)

Por lo que se refiere a las operaciones de pago singulares, solo la información esencial debe facilitarse por iniciativa del proveedor del servicio de pago. Habida cuenta de que el ordenante está normalmente presente cuando da la orden de pago, no es necesario disponer que la información se facilite siempre por escrito o mediante otro soporte duradero. El proveedor de servicios de pago podría dar la información oralmente en la ventanilla o facilitar de otro modo el acceso a la misma, por ejemplo mediante difusión de las condiciones en un tablón de anuncios en sus locales. También debe informarse sobre dónde obtener información adicional más detallada, por ejemplo, direcciones de sitios de internet. No obstante, si así lo solicita el consumidor, la información esencial debe proporcionarse además por escrito o mediante otro soporte duradero.

(59)

La presente Directiva debe prever el derecho del consumidor a recibir la información pertinente de forma gratuita antes de quedar vinculado por un contrato de servicios de pago. El consumidor también debe poder solicitar que se le facilite por escrito, gratuitamente, información previa y el contrato marco, en cualquier momento a lo largo de la relación contractual, de forma que pueda comparar los servicios y las condiciones ofrecidas por los proveedores de servicios de pago y, en caso de litigio, comprobar sus derechos y obligaciones contractuales, lo cual permitirá mantener un elevado nivel de protección del consumidor. Estas disposiciones deben ser compatibles con la Directiva 2002/65/CE. Las disposiciones específicas de la presente Directiva en materia de gratuidad de la información no deben tener como consecuencia que se permita cobrar gastos por facilitar información a los consumidores con arreglo a otras Directivas aplicables.

(60)

La forma en que el proveedor de servicios de pago facilite la información necesaria al usuario del servicio de pago debe tener en cuenta las necesidades de este último, así como aspectos técnicos de carácter práctico y de coste-beneficio en función de la situación con respecto al acuerdo del contrato respectivo de servicio de pago. La presente Directiva debe distinguir por tanto entre las dos formas en las que el proveedor de servicios de pago debe facilitar la información, bien el proveedor de servicios de pago la comunica de forma activa en el momento adecuado, tal como establece la presente Directiva, sin que el usuario del servicio de pago tenga que tomar ninguna iniciativa, o bien la información se pone a disposición del usuario de servicios de pago, tomando en consideración toda posible solicitud de información adicional que este pueda formular. En el segundo caso, el usuario del servicio de pago debe tomar activamente iniciativas para obtener la información, tales como solicitarla explícitamente al proveedor de servicios de pago, consultar el correo electrónico de la cuenta bancaria o imprimir extractos de cuenta por medio de una tarjeta bancaria. A estos efectos, el proveedor de servicios de pago debe garantizar el acceso a la información y que esta esté a disposición del usuario de servicios de pago.

(61)

El consumidor debe recibir información básica sobre las operaciones de pago efectuadas, sin coste adicional. Por lo que respecta a las operaciones de pago singulares, el proveedor de servicios de pago no debe facturar separadamente esta información. De la misma forma, la información ulterior sobre las operaciones de pago sujetas a un contrato marco de manera mensual también debe ofrecerse gratuitamente. No obstante, habida cuenta de la importancia de la transparencia en la fijación de precios y de las distintas necesidades de los clientes, las partes deben poder acordar los gastos aplicables en caso de información adicional o más frecuente. Para tener en cuenta las diferentes prácticas nacionales, los Estados miembros deben estar autorizados a establecer normas por las cuales los extractos mensuales en papel u otro soporte duradero, de las cuentas de pago deban ofrecerse gratuitamente.

(62)

A fin de facilitar la movilidad de los clientes, los consumidores deben tener la posibilidad de rescindir un contrato marco sin incurrir en gastos. No obstante, respecto de los contratos que los consumidores hayan rescindido en un plazo inferior a seis meses desde su entrada en vigor, se debe permitir a los proveedores de servicios de pago cobrar gastos en consonancia con los costes incurridos debido a la rescisión del contrato por el consumidor. Por lo que respecta a los consumidores, no debe convenirse un plazo de notificación previa superior a un mes y, por lo que respecta a los proveedores de servicios de pago, dicho plazo no puede ser inferior a dos meses. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la obligación del proveedor de servicios de pago de rescindir el contrato de servicios de pago en circunstancias excepcionales, con arreglo a otra normativa nacional o de la Unión pertinente, como la normativa en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, o con motivo de cualquier actuación que tenga por objeto la inmovilización de fondos o cualquier otra medida específica en relación con la prevención e investigación de delitos.

(63)

A fin de garantizar un elevado nivel de protección del consumidor, los Estados miembros deben estar facultados, en interés de los consumidores, para mantener o establecer restricciones o prohibiciones en lo que respecta a la modificación unilateral de las condiciones del contrato marco, por ejemplo si no hay razones que justifiquen la modificación.

(64)

Las disposiciones contractuales no deben tener como objeto ni efecto la discriminación de los consumidores que residen legalmente en la Unión por motivo de su nacionalidad o lugar de residencia. Por ejemplo, cuando en un contrato marco se prevea el derecho de bloquear la utilización de un instrumento de pago por razones objetivamente justificadas, el proveedor de servicios de pago no podrá alegar dicho derecho únicamente porque el usuario del servicio de pago haya cambiado su lugar de residencia dentro de la Unión.

(65)

En relación con los gastos, la experiencia demuestra que compartirlos entre el ordenante y el beneficiario es el sistema más eficaz, pues facilita un tratamiento completamente automatizado de los pagos. Por tanto, debe establecerse que, en circunstancias normales, los proveedores de servicios de pago respectivos cobren directamente los gastos al ordenante y al beneficiario. El importe de los gastos aplicados puede ser también nulo, ya que la presente Directiva no debe afectar a la práctica habitual por la cual el proveedor de servicios de pago no cobra comisiones a los consumidores por efectuar abonos en su cuenta. Igualmente, en función de los términos del contrato, un proveedor de servicios de pago puede cobrar comisión únicamente al beneficiario (el comerciante) por la utilización del servicio de pago, de modo que no se aplican comisiones al ordenante. Es posible que los sistemas de pago impongan comisiones por medio de una cuota de suscripción. Las disposiciones relativas al importe transferido o las posibles comisiones aplicadas no tendrán efectos directos sobre las tarifas aplicadas entre los proveedores de servicios de pago o los posibles intermediarios.

(66)

Las divergencias en las prácticas nacionales en cuanto a los gastos aplicados por el uso de un determinado instrumento de pago («recargo») han generado una extraordinaria heterogeneidad en el mercado de pagos de la Unión y constituyen una fuente de confusión para los consumidores, en particular en el comercio electrónico y en el contexto transfronterizo. Comerciantes radicados en Estados miembros en los que se autoriza el recargo ofrecen productos y servicios en Estados miembros en los que está prohibido y, aun así, aplican el recargo al consumidor. Hay también muchos ejemplos de comerciantes que han aplicado a los consumidores un recargo mucho más elevado que el coste soportado por el uso de un determinado instrumento de pago. Por otra parte, la clara necesidad de revisar las prácticas en materia de recargo se ve corroborada por el hecho de que el Reglamento (UE) 2015/751 establece disposiciones con respecto a las tasas de intercambio aplicables a las operaciones de pagos con tarjeta. Las tasas de intercambio constituyen el elemento principal de las comisiones que aplican los comerciantes por pagos con tarjetas o basados en tarjetas. Los comerciantes han utilizado ocasionalmente el recargo para compensar los costes adicionales vinculados a los pagos basados en tarjeta. El Reglamento (UE) 2015/751 impone límites a las tasas de intercambio. Estos límites se aplicarán antes de la prohibición establecida en la presente Directiva. Por consiguiente, los Estados miembros deben examinar la posibilidad de impedir a los beneficiarios la exigencia de comisiones por el uso de instrumentos de pago para los que las tasas de intercambio se encuentran reguladas en el capítulo II del Reglamento (UE) 2015/751.

(67)

Aunque la presente Directiva reconoce la importancia de las entidades de pago, las entidades de crédito siguen siendo la vía principal para los consumidores de obtener instrumentos de pago. La emisión de un instrumento de pago basado en una tarjeta por un proveedor de servicios de pago, ya sea una entidad de crédito o una entidad de pago, distinto del gestor de cuenta del consumidor, proporcionaría mayor competencia en el mercado y, por lo tanto, una mejor y mayor oferta para el consumidor. Si bien la mayoría de los pagos en el punto de venta se basan hoy en tarjetas, el grado actual de innovación en materia de pagos puede originar en los próximos años la rápida aparición de nuevos canales de pago. Por ello, a la hora de examinar la presente Directiva, conviene que la Comisión preste especial atención a esos avances y, en particular, a la posible necesidad de revisar el ámbito de aplicación de la disposición sobre la confirmación de la disponibilidad de los fondos. Para el proveedor de servicios de pago que emite un instrumento de pago basado en una tarjeta, sobre todo en el caso de las tarjetas de débito, la obtención de confirmación de la disponibilidad de fondos en la cuenta del consumidor por parte del proveedor de servicios de pago gestor de cuenta, permitiría al emisor gestionar mejor y reducir los riesgos de crédito. Al mismo tiempo, la confirmación dada no debe permitir al proveedor de servicios de pago gestor de cuenta bloquear fondos en la cuenta de pago del ordenante.

(68)

La utilización de una tarjeta o de un instrumento de pago basado en una tarjeta para hacer un pago con frecuencia genera un mensaje que confirma la disponibilidad de fondos y las dos operaciones de pago resultantes. La primera operación se efectúa entre el emisor y el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta del comerciante, mientras que la segunda, normalmente una operación de adeudo domiciliado, se produce entre el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta del ordenante y el emisor. Ambas operaciones deberían tratarse de la misma manera como cualquier otra operación equivalente. Los proveedores de servicios de pago que emiten instrumentos de pago basados en una tarjeta deberán gozar de los mismos derechos y estar sometidos a las mismas obligaciones con arreglo a la Directiva, independientemente de que sea o no el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta del ordenante, en particular por lo que se refiere a la responsabilidad (por ejemplo, autenticación) y a las responsabilidades de cara a los diferentes actores de la cadena de pago. Dado que la solicitud del proveedor de servicios de pago y la confirmación de la disponibilidad de fondos puede hacerse a través de canales de comunicación seguros existentes, procedimientos técnicos e infraestructuras de comunicación entre los proveedores de servicios de iniciación de pagos o los proveedores de servicios de información sobre cuentas y los proveedores de servicios de pago gestores de cuentas, respetando las medidas de seguridad necesarias, los proveedores de servicios de pago o los titulares de tarjetas no deben correr con gastos adicionales. Además, si las operaciones de pago se efectúan en un entorno de internet, es decir en el sitio web del comerciante, o en un comercio minorista, el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta solo debe estar obligado a proporcionar la confirmación pedida por el emisor cuando las cuentas gestionadas por los proveedores de servicios de pago gestores de cuenta son accesibles electrónicamente para dicha confirmación, al menos, a través de la banca en línea. Teniendo en cuenta el carácter específico del dinero electrónico, ese mecanismo no debe poder aplicarse a operaciones de pago iniciadas mediante instrumentos de pago basados en tarjetas en los que se almacene dinero electrónico, tal como se define en la Directiva 2009/110/CE.

(69)

La obligación de preservar la seguridad de las credenciales personalizadas es de extrema importancia para proteger los fondos del usuario de servicios de pago y limitar los riesgos de fraude y el acceso no autorizado a la cuenta de pago. No obstante, los términos y condiciones y demás obligaciones impuestas por el proveedor de servicios de pago a los usuarios de servicios de pago en relación con la protección de las credenciales de seguridad personalizadas han de redactarse de manera que no impidan a los usuarios de servicios de pago beneficiarse de las ventajas de los servicios ofrecidos por otros proveedores de servicios de pago, incluidos los servicios de iniciación de pagos y los de información sobre cuentas. Además, los mencionados términos y condiciones no deberán contener ninguna disposición que dificulte de la manera que sea la utilización de servicios de pago de otros proveedores de servicios de pago autorizados o registrados en virtud de la presente Directiva.

(70)

Para reducir los riesgos y las consecuencias de operaciones de pago no autorizadas o que hayan sido ejecutadas incorrectamente, el usuario de servicios de pago debe informar al proveedor de servicios de pago, lo antes posible, sobre toda reclamación en relación con operaciones de pago supuestamente no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, siempre y cuando el proveedor de servicios de pago haya respetado sus obligaciones de información con arreglo a la presente Directiva. Si el usuario de servicios de pago respeta el plazo de notificación, debe poder hacer valer esas reclamaciones dentro de los plazos de prescripción nacionales. La presente Directiva no debe afectar a otras reclamaciones entre usuarios de servicios de pago y proveedores de servicios de pago.

(71)

En caso de una operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago deberá devolver inmediatamente el importe de dicha operación al ordenante. No obstante, cuando haya una sospecha fundada de que una operación no autorizada es el resultado de una conducta fraudulenta del usuario de servicios de pago y la sospecha se funde en motivos objetivos comunicados a la autoridad nacional pertinente, el proveedor de servicios de pago tendrá la posibilidad de efectuar, en un plazo razonable, una investigación antes de devolver el importe al ordenante. A fin de evitar perjuicios al ordenante, la fecha de valor del abono de la devolución no debe ser posterior a la fecha de adeudo del importe. A fin de ofrecer incentivos para que el usuario de servicios de pago comunique sin demora a su proveedor de servicios de pago toda pérdida o robo de un instrumento de pago y reducir así el riesgo de operaciones de pago no autorizadas, el usuario solo debe ser responsable por un importe muy limitado, salvo en caso de fraude o grave negligencia por su parte. A este respecto, parece adecuado fijar un importe de 50 EUR con vistas a garantizar una protección elevada y homogénea del usuario dentro de la Unión. No se le debe imputar responsabilidad al ordenante, cuando este se encuentre en una posición que no le permite tener conocimiento del extravío, el robo o la sustracción del instrumento de pago. Asimismo, una vez que el usuario de servicios de pago haya comunicado al proveedor de servicios de pago que su instrumento de pago puede haber sido objeto de uso fraudulento, no deben exigírsele responsabilidades por las ulteriores pérdidas que pueda ocasionar el uso no autorizado del instrumento. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la responsabilidad de los proveedores de servicios de pago por la seguridad técnica de sus propios productos.

(72)

A la hora de evaluar la posible negligencia o la negligencia grave del usuario de servicios de pago, deben tomarse en consideración todas las circunstancias. Las pruebas de una presunta negligencia, y el grado de esta, deben evaluarse con arreglo a la normativa nacional. No obstante, si el concepto de negligencia supone un incumplimiento del deber de diligencia, la negligencia grave tiene que significar algo más que la mera negligencia, lo que entraña una conducta caracterizada por un grado significativo de falta de diligencia. Un ejemplo sería el guardar las credenciales usadas para la autorización de una operación de pago junto al instrumento de pago, en un formato abierto y fácilmente detectable para terceros. Se deben considerar nulas las cláusulas contractuales y las condiciones de prestación y utilización de instrumentos de pago mediante las cuales aumente la carga de la prueba sobre el consumidor o se reduzca la carga de la prueba sobre el emisor. Además, en situaciones específicas y, más concretamente, cuando el instrumento de pago no esté presente en el punto de venta, como en el caso de los pagos en línea, resulta oportuno que el proveedor de servicios aporte pruebas de la presunta negligencia, puesto que los medios a disposición del ordenante son limitados en esos casos.

(73)

Deben adoptarse las disposiciones oportunas para proceder a una asignación de pérdidas en caso de operaciones de pago no autorizadas. Pueden aplicarse disposiciones distintas a los usuarios de servicios de pago que no sean consumidores, pues estos usuarios, por lo general, se hallan en mejores condiciones de evaluar el riesgo de fraude y adoptar las medidas correspondientes. A fin de garantizar un elevado nivel de protección del consumidor, el usuario debe tener siempre derecho a dirigir su reclamación de devolución a su proveedor de servicios de pago gestor de cuentas, incluso cuando ha intervenido en la operación de pago un proveedor de servicios de iniciación de pagos. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la asignación de responsabilidades entre los proveedores de servicios de pago.

(74)

En el caso de los servicios de iniciación de pagos, los derechos y obligaciones de los usuarios de servicios de pago y los de los proveedores de servicios de pago que intervienen deberán adecuarse a los servicios que se presten. En concreto, tiene que haber una asignación de responsabilidades entre el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta y el proveedor de servicios de iniciación de pagos que intervienen en la operación de modo que cada uno de ellos deba responsabilizarse de aquellas partes de la operación que estén bajo su control.

(75)

Entre los objetivos de la presente Directiva está el de aumentar la protección del consumidor en las operaciones de pago basadas en tarjeta en las que el importe exacto de la operación se desconoce en el momento en el ordenante autoriza la ejecución de la operación de pago, como ocurre, por ejemplo, en las gasolineras de autoservicio, los contratos de alquiler de vehículos o las reservas hoteleras. El proveedor de servicios de pago del ordenante solo puede bloquear fondos en la cuenta de pago del ordenante si este ha dado su consentimiento respecto del importe exacto de los fondos que han de bloquearse, y estos fondos han de liberarse sin demora injustificada tras la recepción de la información sobre el importe exacto de la operación de pago y a más tardar en cuanto se reciba la orden de pago.

(76)

El proyecto de la SEPA se propone seguir desarrollando los servicios de pago comunes en toda la Unión hasta sustituir los servicios nacionales actuales con respecto a los pagos denominados en euros. Con vistas a garantizar una migración completa a toda la Unión de las transferencias y adeudos domiciliados, el Reglamento (UE) no 260/2012 establece requisitos técnicos y de negocio para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros. Por lo que respecta a los adeudos domiciliados, el mismo Reglamento establece que el ordenante dé su consentimiento tanto al beneficiario como al proveedor de servicios de pago del ordenante (directa o indirectamente a través del beneficiario) y que los mandatos u órdenes de domiciliación, así como toda posible modificación o cancelación posterior, queden en poder del beneficiario o de un tercero por cuenta de este. El actual y hasta la fecha único régimen de adeudos domiciliados paneuropeo para los pagos de consumidores en euros desarrollado por el Consejo Europeo de Pagos (CEP) se basa en el principio de que la orden para ejecutar un adeudo domiciliado la da el ordenante al beneficiario y, junto con toda posible modificación o cancelación posterior, queda en poder del beneficiario. La orden también puede quedar en poder de un tercero por cuenta del beneficiario. A fin de garantizar una amplia aceptación de la SEPA y asegurar un alto nivel de protección del consumidor en la SEPA, el régimen paneuropeo de adeudos domiciliados existente establece el derecho de reembolso incondicional para los pagos autorizados. Como reflejo de dicha realidad, la presente Directiva se propone establecer el derecho de reembolso incondicional como un requisito general para todas las operaciones de adeudos domiciliados denominados en euros en el ámbito de la Unión.

No obstante, en paralelo a la SEPA, los regímenes tradicionales de adeudos domiciliados en una moneda distinta del euro siguen existiendo en los Estados miembros cuya moneda no es el euro. Dichos regímenes resultan ser eficaces y garantizan un nivel de protección alto al ordenante a través de otras medidas de salvaguarda, aunque no siempre se basen en el derecho de reembolso incondicional. En ese caso, se debe proteger al ordenante mediante una norma general de devolución, cuando el importe de la operación de pago ejecutada supera el que razonablemente podía esperar el ordenante. Además, los Estados miembros deben poder establecer normas en relación con el derecho de reembolso que sean más favorables para el ordenante. Existe una verdadera demanda de productos específicos de adeudos domiciliados denominados en euros dentro de la SEPA, como ilustra la continua existencia de determinados servicios de pago tradicionales en euros en algunos Estados miembros. Sería proporcionado permitir que el ordenante y el proveedor de servicios de pago del ordenante convinieran en un contrato marco que el ordenante no tenga derecho de reembolso cuando el ordenante se halle protegido bien debido a que ha dado su consentimiento al proveedor de servicios de pago para ejecutar una operación directamente, incluso cuando el proveedor de servicios de pago actúa en nombre del beneficiario o bien debido a que, en su caso, el proveedor de servicios de pago o el beneficiario hayan proporcionado o puesto a disposición del ordenante, en la forma acordada, información relativa a la futura operación de pago al menos con cuatro semanas de antelación a la fecha prevista. En cualquier caso, el ordenante debe hallarse siempre protegido por la norma general de devolución en caso de operaciones no autorizadas o ejecutadas incorrectamente.

(77)

A efectos de la planificación financiera y del cumplimiento de las obligaciones de pago a su debido tiempo, los consumidores y las empresas deben disponer de garantías sobre los plazos de ejecución de las órdenes de pago. Por consiguiente, la presente Directiva debe establecer cuándo surten efecto los derechos y obligaciones, a saber, cuando el proveedor de servicios de pago recibe la orden de pago, incluso cuando ha tenido la posibilidad de recibirla por los medios de comunicación convenidos en el contrato de servicios de pago, independientemente de que haya podido participar previamente en el proceso de generación y transmisión de la orden de pago, por ejemplo en las comprobaciones de seguridad y de disponibilidad de fondos, en la información sobre el uso del número de identificación personal o en la emisión de promesas de pago. Por otra parte, debe considerarse que la recepción de una orden de pago se produce en el momento en que el proveedor de servicios de pago del ordenante recibe la orden del pago que deba adeudarse en la cuenta del ordenante. No deben ser pertinentes a estos efectos el día o el momento en que el beneficiario transmita a su proveedor de servicios de pago las órdenes de pago para el cobro, por ejemplo, de pagos con tarjeta o de adeudos domiciliados, o en que el beneficiario obtenga de su proveedor de servicios de pago la financiación anticipada de los correspondientes importes (mediante un crédito contingente a su cuenta). Los usuarios deben poder confiar en la correcta ejecución de una orden de pago completa y válida, si el proveedor de servicios de pago no tiene motivos contractuales o reglamentarios para rechazarla. En caso de que el proveedor de servicios de pago rechace una orden de pago, debe comunicárselo al usuario del servicio de pago, junto con los motivos en que se basa, a la mayor brevedad posible, con sujeción a lo dispuesto en el Derecho nacional y de la Unión. Cuando el contrato marco incluya condiciones que permiten al proveedor de servicios de pago cargar una comisión, esa comisión debe justificarse objetivamente y ser lo más baja posible.

(78)

Dada la rapidez de procesamiento de las operaciones que permiten los sistemas de pago modernos y completamente automatizados, debido a la cual no es posible, transcurrido un determinado plazo, revocar las órdenes de pago sin afrontar elevados costes de intervención manual, es preciso especificar un plazo claro para la revocación de pagos. Sin embargo, en función del tipo de servicio de pago y de la orden de pago, debe ser posible variar el plazo para la revocación de pagos si así lo acuerdan las partes. La revocación en este contexto debe referirse solo a la relación entre el usuario de servicios de pago y el proveedor de servicios de pago, sin que ello afecte a la irrevocabilidad y firmeza de las operaciones de pago realizadas a través de sistemas de pago.

(79)

Según la legislación nacional de algunos Estados miembros, esta irrevocabilidad no debe afectar a los derechos u obligaciones del proveedor de servicios de pago, a tenor del contrato marco suscrito con el ordenante o de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas o directrices nacionales, de reembolsar al ordenante el importe de la operación de pago ejecutada en caso de litigio entre el ordenante y el beneficiario. Dicha devolución debe considerarse una nueva orden de pago. Excepto en esos casos, los litigios que se deriven de la relación que subyace a la orden de pago deben resolverse exclusivamente entre el ordenante y el beneficiario.

(80)

Para el tratamiento integrado y automatizado de los pagos y la seguridad jurídica con respecto al cumplimiento de cualquier obligación subyacente entre usuarios de servicios de pago, es fundamental que se deba abonar en la cuenta del beneficiario el importe íntegro transferido por el ordenante. Por consiguiente, ningún intermediario que intervenga en la ejecución de las operaciones de pago debe poder efectuar deducciones del importe transferido. No obstante, el beneficiario debe poder celebrar un acuerdo con su proveedor de servicios de pago con arreglo al cual este último pueda deducir sus propios gastos. Sin embargo, para que el beneficiario pueda comprobar que se le ha abonado correctamente el importe debido, la información ulterior facilitada sobre la operación de pago debe indicar no solo el importe total de los fondos transferidos, sino también los posibles gastos aplicados.

(81)

Los instrumentos de pagos de escasa cuantía deben constituir una alternativa barata y fácilmente accesible en el caso de los bienes y servicios de precio reducido, y no deben someterse a requisitos excesivos. Los requisitos de información y las normas de ejecución deben limitarse, por consiguiente, a la información esencial, habida cuenta asimismo de las características técnicas que cabe razonablemente esperar de instrumentos dedicados a pagos de escasa cuantía. Pese a tratarse de un régimen menos estricto, los usuarios de servicios de pago deben beneficiarse de una protección adecuada que atienda a los riesgos limitados que plantea este tipo de instrumentos de pago, en particular en el caso de los instrumentos de prepago.

(82)

En aras de una mayor eficiencia de los pagos en toda la Unión, todos los pagos iniciados por el ordenante y denominados en euros o en otra moneda de un Estado miembro no perteneciente a la zona del euro, incluidas las transferencias y los servicios de envío de dinero, deben respetar un plazo máximo de ejecución de un día. En todos los demás pagos, tales como los iniciados por el beneficiario o a través del mismo, incluido el adeudo domiciliado y el pago con tarjeta, a falta de acuerdo explícito entre el proveedor y el ordenante que prevea un plazo de ejecución más prolongado, debe aplicarse la misma norma de plazo máximo de ejecución de un día. El mencionado plazo debe poder prorrogarse un día hábil si la orden de pago se cursa en papel. Esto permite mantener la prestación de servicios de pago a los consumidores que solo utilizan normalmente documentos en papel. Cuando se utilice un régimen de adeudo domiciliado, el proveedor de servicios de pago del beneficiario debe transmitir la orden de cobro en los plazos acordados entre este último y aquel, a fin de que la liquidación pueda tener lugar en la fecha convenida. Habida cuenta de la gran eficiencia que a menudo caracteriza a las infraestructuras de pago y a fin de evitar cualquier deterioro de los niveles de servicio actuales, debe permitirse a los Estados miembros mantener o establecer normas que especifiquen un plazo de ejecución inferior a un día hábil, cuando proceda.

(83)

Las disposiciones sobre ejecución por el importe íntegro y plazo de ejecución deben constituir buenas prácticas cuando uno de los proveedores de servicios de pago no esté situado en la Unión.

(84)

Para reforzar la confianza de los consumidores en un mercado de pagos armonizado, es de fundamental importancia que los usuarios de los servicios de pago estén informados de los costes y comisiones reales de los servicios de pago a fin de elegir la opción que les interese. Por ello, no debe permitirse el uso de métodos de fijación de precios no transparentes, pues dificultan extremadamente al usuario la determinación del precio real del servicio de pago. En concreto, no debe permitirse el uso de la fecha de valor en perjuicio del usuario.

(85)

Para el funcionamiento eficaz y ordenado de los sistemas de pago es imprescindible que el usuario pueda confiar en que el proveedor de servicios de pago ejecute la operación correctamente y en el plazo acordado. Normalmente, el proveedor de servicios de pago está en condiciones de evaluar los riesgos de la operación de pago. Es el proveedor de servicios de pago quien proporciona el sistema de pago, toma medidas para reclamar los fondos asignados erróneamente y, en la mayoría de los casos, decide qué intermediarios intervienen en la ejecución de una operación de pago. Por todos estos motivos, es del todo procedente, excepto cuando se trate de circunstancias excepcionales e imprevisibles, asignar al proveedor de servicios de pago la responsabilidad de la ejecución de las operaciones de pago que acepte del usuario, salvo en lo que respecta a las acciones u omisiones del proveedor de servicios de pago del beneficiario, de cuya selección solo es responsable el beneficiario. No obstante, a fin de no dejar desprotegido al ordenante en improbables circunstancias anómalas en que no sea posible dilucidar si el proveedor de servicios de pago del beneficiario recibió o no a su debido tiempo el importe del pago, la correspondiente carga de la prueba debe recaer en el proveedor de servicios de pago del ordenante. Como regla general, cabe esperar que la entidad intermediaria (normalmente un organismo «neutral», tal como un banco central o una cámara de compensación) que transfiera el importe del pago del proveedor de servicios de pago remitente al receptor conservará los datos de la cuenta y podrá presentarlos cuando sea necesario. Siempre que el importe del pago se haya ingresado en la cuenta del proveedor de servicios de pago receptor, el beneficiario debe poder invocar inmediatamente frente a dicho proveedor de servicios de pago su derecho a que se ingrese el importe en su cuenta.

(86)

El proveedor de servicios de pago del ordenante, en calidad de proveedor de servicios de pago gestor de cuenta o, cuando proceda, el proveedor de servicios de iniciación de pagos, debe asumir la responsabilidad de la correcta ejecución del pago, incluida, en particular, la cantidad total correspondiente a la operación de pago y el plazo de ejecución, así como la plena responsabilidad por los posibles incumplimientos de otras partes en la cadena de pago hasta llegar a la cuenta del beneficiario. Como resultado de esa responsabilidad, en caso de que no se abone al proveedor de servicios de pago del beneficiario la totalidad del importe, o este se abone con retraso, el proveedor de servicios de pago del ordenante debe corregir la operación de pago o devolver al ordenante sin demora injustificada el importe correspondiente de dicha operación, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que pudieran interponerse con arreglo a la normativa nacional. Dada la responsabilidad del proveedor de servicios de pago, ni el ordenante ni el beneficiario deben soportar coste alguno como consecuencia de la ejecución incorrecta del pago. Si las operaciones de pago no llegan a ejecutarse, se ejecutan de forma defectuosa o con retraso, los Estados miembros deben velar por que la fecha de valor de los pagos en rectificación de las mismas efectuados por los proveedores de servicios de pago concuerde siempre con la fecha de valor aplicable en caso de que la ejecución de la operación de pago hubiera sido correcta.

(87)

La presente Directiva debe referirse únicamente a las obligaciones y responsabilidades contractuales entre el usuario de servicios de pago y su proveedor de servicios de pago. Sin embargo, de cara al funcionamiento correcto de las transferencias y demás servicios de pago, es preciso que los proveedores de servicios de pago y sus intermediarios, por ejemplo los procesadores de pagos, celebren contratos que estipulen sus derechos y obligaciones mutuos. Las cuestiones relacionadas con las responsabilidades constituyen una parte esencial de estos contratos uniformes. A fin de garantizar la confianza mutua entre los proveedores de servicios de pago y los intermediarios que participan en una operación de pago, es necesario que exista seguridad jurídica en cuanto a que un proveedor de servicios de pago que no sea responsable será compensado por las pérdidas que sufra o los importes que abone, en virtud de las disposiciones de la presente Directiva en materia de responsabilidad. Procede que los demás derechos y el contenido detallado del derecho de recurso, así como las modalidades de tramitación de reclamaciones frente al proveedor de servicios de pago o al intermediario por operaciones de pago ejecutadas incorrectamente, estén sujetos a acuerdo.

(88)

El proveedor de servicios de pago debe tener la posibilidad de especificar sin ambigüedad la información requerida para ejecutar una orden de pago correctamente. Ahora bien, a fin de evitar la fragmentación y el riesgo de que se vea comprometido el establecimiento de sistemas integrados de pago en la Unión, no debe autorizarse a los Estados miembros a exigir que se emplee un determinado identificador para las operaciones de pago. Sin embargo, esto no debe impedir a los Estados miembros exigir al proveedor de servicios de pago del ordenante que actúe con la debida diligencia y compruebe, cuando sea técnicamente posible y sin que ello requiera intervención manual, la coherencia del identificador único y, si este resulta incoherente, rechace la orden de pago e informe de ello al ordenante. La responsabilidad del proveedor de servicios de pago debe limitarse a la ejecución correcta de la operación de pago conforme a la orden del usuario de servicios de pago. Si los fondos de una operación de pago se abonaran a un destinatario distinto del beneficiario, por haber utilizado el ordenante un identificador único incorrecto, los proveedores de servicios de pago del ordenante y del beneficiario no tendrán que asumir la responsabilidad, pero sí deben quedar obligados a cooperar razonablemente para recuperar los fondos, en particular comunicando la información pertinente a tal efecto.

(89)

La prestación de servicios de pago por los prestadores de servicios de pago puede conllevar el tratamiento de datos personales. Procede aplicar la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (22), las disposiciones nacionales de incorporación de la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (23) en lo que respecta al tratamiento de datos personales a los efectos de la presente Directiva. En particular, cuando a efectos de la presente Directiva hayan de tratarse datos personales, deben especificarse los fines precisos, mencionarse la base jurídica pertinente y cumplir los requisitos de seguridad pertinentes establecidos en la Directiva 95/46/CE, y se deben respetar los principios de necesidad, proporcionalidad, limitación de finalidad y plazo de retención de datos proporcionado. Asimismo, la protección de datos desde el diseño y la protección de datos por defecto debe incorporarse en todos los sistemas de tratamiento de datos desarrollados y usados en el marco de la presente Directiva.

(90)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar, a la protección de los datos de carácter personal, a la libertad de empresa, a la tutela judicial efectiva y a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito. La presente Directiva debe aplicarse de acuerdo con esos derechos y principios.

(91)

Los proveedores de servicios de pago son responsables de las medidas de seguridad. Dichas medidas deben ser proporcionales a los riesgos de seguridad existentes. Los proveedores de servicios de pago deben establecer un marco que permita paliar los riesgos y mantener procedimientos eficaces de gestión de incidentes. Procede implantar un mecanismo de notificación periódica que garantice que los proveedores de servicios de pago faciliten regularmente a las autoridades competentes una evaluación actualizada de sus riesgos de seguridad y las medidas que hayan adoptado para hacerles frente. Además, a fin de minimizar en lo posible el perjuicio causado a los usuarios, a otros proveedores de servicios de pago o a los sistemas de pago, por ejemplo en caso de perturbaciones importantes de estos sistemas, es esencial que los proveedores de servicios de pago tengan la obligación de comunicar los incidentes graves de seguridad a las autoridades competentes, sin indebidas demoras. Conviene asignar una función de coordinación a la ABE.

(92)

Las obligaciones de notificación de los incidentes de seguridad se entienden sin perjuicio de las obligaciones de notificación de incidentes establecidas en otros actos legislativos de la Unión y cualesquiera requisitos establecidos en la presente Directiva deben estar alineados y ser proporcionales a las obligaciones de notificación impuestas por otros actos legislativos de la Unión.

(93)

Es necesario crear un marco legal claro en el que se establezcan condiciones en virtud de las cuales los proveedores de servicios de iniciación de pagos y los proveedores de servicios de información sobre cuentas puedan prestar sus servicios con el consentimiento del titular de la cuenta sin que el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta pueda exigir la utilización de un modelo de negocio específico, tanto basado en un acceso directo como en un acceso indirecto para la prestación de estos tipos de servicios. El proveedor de servicios de iniciación de pagos y el proveedor de servicios de información sobre cuentas, por una parte, y el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta, por otra, deben cumplir las disposiciones sobre la necesaria protección y seguridad de los datos que se establecen o a las que se alude en la presente Directiva, o que figuren en normas técnicas de regulación. Esas normas técnicas de regulación deben ser compatibles con las diferentes soluciones tecnológicas disponibles. Para garantizar que en el contexto de tales servicios la comunicación es segura entre los actores pertinentes, la ABE también debe especificar los requisitos de los estándares de comunicación abiertos y comunes que han de aplicar todos los proveedores de servicios de pago gestores de cuentas para permitir la prestación de servicios de pago en línea. Esto supone que dichos estándares abiertos han de garantizar la interoperabilidad de las diferentes soluciones tecnológicas de comunicación. Esos estándares comunes y abiertos también deben garantizar que el proveedor de servicios de pago gestor de cuentas tenga conocimiento de que quien se ha puesto en contacto con él no es el propio cliente, sino un proveedor de servicios de iniciación de pagos o un proveedor de servicios de información sobre cuentas. Las normas deben garantizar asimismo que los proveedores de servicios de iniciación de pagos y los proveedores de servicios de información sobre cuentas se comuniquen de un modo seguro con el proveedor de servicios de pago gestor de cuentas y los clientes afectados. Al elaborar dichos requisitos, la ABE debe prestar especial atención al hecho de que los estándares que se apliquen han de permitir la utilización de todos los tipos normales de dispositivos (como ordenadores, tabletas o teléfonos móviles) para efectuar los diferentes servicios de pago.

(94)

Cuando se elaboren las normas técnicas de regulación sobre autenticación y comunicación, la ABE debe evaluar y tomar en cuenta sistemáticamente la dimensión de la privacidad, para detectar los riesgos asociados a cada una de las opciones técnicas disponibles y las soluciones que se podrían aplicar para minimizar las amenazas a la protección de los datos.

(95)

La seguridad de los pagos electrónicos es fundamental para garantizar la protección de los usuarios y el desarrollo de un entorno adecuado para el comercio electrónico. Todos los servicios de pago ofrecidos electrónicamente deben prestarse con la adecuada protección, gracias a la adopción de tecnologías que permitan garantizar una autenticación segura del usuario y minimizar el riesgo de fraude. No parece necesario garantizar este mismo nivel de protección para operaciones de pago iniciadas y efectuadas por medios distintos de la utilización de dispositivos o plataformas electrónicos, como las operaciones de pago basadas en papel o las derivadas de ventas por correspondencia o telefónicas. Un crecimiento sólido de los pagos por móviles y por internet debe ir acompañado de una mejora generalizada de las medidas de seguridad. Los servicios de pago ofrecidos por internet o por otros canales a distancia, cuando funcionamiento no depende de si el dispositivo utilizado para iniciar la operación de pago y el instrumento de pago utilizado están físicamente localizados, deben incluir, por lo tanto, la autenticación de las operaciones mediante códigos dinámicos, para que el usuario tenga conocimiento en todo momento del importe que está autorizando y del beneficiario.

(96)

Las medidas de seguridad han de ser compatibles con el nivel de riesgo que entraña el servicio de pago. Para permitir el desarrollo de medios de pago accesibles y de fácil uso para pagos de bajo riesgo (por ejemplo, los pagos de escasa cuantía y los pagos sin contacto en el punto de venta, basados o no en un teléfono móvil), en las normas técnicas de regulación se deberían especificar exenciones de la aplicación de los requisitos de seguridad. Es necesario que las credenciales de seguridad personalizadas se utilicen adecuadamente, para limitar los riesgos de captación de datos mediante suplantación de identidad (phising) y otras actividades fraudulentas. A tal fin, el usuario debe poder confiar en la adopción de medidas que protejan la confidencialidad y la integridad de sus credenciales personalizadas de seguridad. Entre estas medidas figuran, en particular, los sistemas de cifrado basados en dispositivos personales del ordenante (lectores de tarjetas o teléfonos móviles, por ejemplo) o facilitados al ordenante por su proveedor de servicios de pago gestor de cuentas por otros cauces (por SMS o mensaje de correo electrónico por ejemplo). Las medidas, incluidos los sistemas habituales de cifrado, que pueden dar lugar a códigos de autenticación como las contraseñas de un solo uso, pueden aumentar la seguridad de las operaciones de pago; la utilización de este tipo de códigos de autenticación por los usuarios de servicios de pago debe considerarse compatible con sus obligaciones respecto de los instrumentos de pago y las credenciales de seguridad personalizadas, incluso cuando intervengan proveedores de servicios de iniciación de pagos o proveedores de servicios de información sobre cuentas.

(97)

Los Estados miembros deben determinar si las autoridades competentes designadas para conceder autorización a las entidades de pago pueden ser asimismo autoridades competentes en relación con los procedimientos de resolución alternativa de litigios.

(98)

Sin perjuicio del derecho de los clientes a emprender acciones ante los tribunales, los Estados miembros deben garantizar que existan procedimientos fácilmente accesibles, adecuados, independientes, imparciales, transparentes y efectivos para la resolución alternativa de litigios entre proveedores de servicios de pago y usuarios de servicios de pago derivados de los derechos y obligaciones contemplados en la presente Directiva. El Reglamento (CE) no 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (24) prohíbe que se menoscabe, mediante disposiciones contractuales sobre la legislación aplicable, la protección garantizada al consumidor por las disposiciones imperativas de la ley del país en que tenga su residencia habitual. Por lo que atañe a la implantación de un procedimiento de resolución alternativa de litigios eficiente y eficaz, los Estados miembros deben velar por que los proveedores de servicios de pago establezcan un procedimiento eficaz de reclamación al que puedan recurrir los usuarios de servicios de pago antes de que el litigio pase a ser resuelto mediante procedimientos de resolución alternativa de litigios o por la vía extrajudicial o judicial. El procedimiento de reclamación debe prever plazos breves y claros dentro de los cuales el proveedor de servicios de pago debe responder a una reclamación. Los Estados miembros deben velar por que las entidades de resolución alternativa de litigios tengan capacidad suficiente para iniciar una cooperación transfronteriza de forma adecuada y eficiente en relación con los litigios relativos a los derechos y obligaciones que se derivan en virtud de la presente Directiva.

(99)

Es preciso garantizar el cumplimiento efectivo de las disposiciones de derecho nacional adoptadas en virtud de la presente Directiva. Por consiguiente, deben establecerse procedimientos adecuados que permitan tramitar las reclamaciones contra aquellos proveedores de servicios de pago que no cumplan dichas disposiciones, y, en su caso, garantizar la imposición de sanciones adecuadas, efectivas, proporcionadas y disuasorias. Con vistas a garantizar que la presente Directiva se cumpla de forma efectiva, los Estados miembros deben designar a autoridades competentes que reúnan las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) no 1093/2010 y actúen con independencia frente a los proveedores de servicios de pago. En aras de la transparencia, los Estados miembros deben notificar a la Comisión las autoridades designadas, describiendo claramente las funciones que les competen en virtud de la presente Directiva.

(100)

Sin perjuicio del derecho de emprender acciones ante los tribunales para garantizar el cumplimiento de la presente Directiva, los Estados miembros deben garantizar que también se otorga a las autoridades competentes las facultades necesarias, incluida la facultad de sancionar, en caso de que el proveedor de servicios de pago no respete los derechos y obligaciones establecidos en la presente Directiva, especialmente si hay riesgo de reincidencia u otras preocupaciones que puedan afectar a los intereses colectivos de los consumidores.

(101)

Es importante que se informe a los consumidores, de una forma clara y exhaustiva, de sus derechos y obligaciones en virtud de la presente Directiva. Procede por tanto que la Comisión publique un folleto sobre esos derechos y obligaciones.

(102)

La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones de Derecho nacional que regulen las responsabilidades derivadas de inexactitudes en la formulación o transmisión de declaraciones.

(103)

La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva 2006/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (25) que regulan el régimen del IVA aplicable a los servicios de pago.

(104)

Las referencias de la presente Directiva a importes en euros han de interpretarse como referencias a los importes equivalentes en moneda nacional de los Estados miembros cuya moneda no es el euro.

(105)

Por motivos de seguridad jurídica, es conveniente establecer disposiciones transitorias que permitan a las personas que hayan iniciado actividades de entidades de pago con arreglo a la normativa nacional de transposición de la Directiva 2007/64/CE, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Directiva, puedan proseguir dichas actividades en el Estado miembro de que se trate durante un período determinado.

(106)

Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la adaptación de la referencia a la Recomendación 2003/361/CE, si esta sufriera modificaciones, y por lo que respecta a la actualización del importe medio de las operaciones de pago ejecutadas por el proveedor de servicios de pago que sirve de umbral en los Estados miembros que se acogen a la opción de eximir a las entidades de pago de dimensiones reducidas de la totalidad o de una parte de los requisitos de autorización, a fin de tener en cuenta la inflación. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(107)

Al objeto de garantizar una aplicación coherente de la presente Directiva, la Comisión debe poder confiar en los conocimientos y el apoyo de la ABE, que debe tener la responsabilidad de elaborar directrices y preparar proyectos de normas técnicas de regulación sobre aspectos de seguridad de los servicios de pago, en particular en relación con la autenticación reforzada de clientes, y sobre la cooperación entre Estados miembros en el contexto de la prestación de servicios y el establecimiento de entidades de pago autorizadas en otros Estados miembros. La Comisión debe estar facultada para adoptar esos proyectos de normas técnicas de regulación. Esas funciones específicas concuerdan plenamente con la función y responsabilidades de la ABE, que el Reglamento (UE) no 1093/2010 asigna a esta.

(108)

Cuando, de conformidad con la presente Directiva y en virtud del Reglamento (CE) no 1093/2010, la ABE elabore las directrices, los proyectos de normas técnicas de regulación y los proyectos de normas técnicas de ejecución, debe consultar a todas las partes interesadas, incluidas las del mercado de servicios de pago, a fin de reflejar todos los intereses involucrados. Si fuera necesario para lograr un equilibrio de opiniones adecuado, la ABE se esforzará en particular por recabar la opinión de los operadores pertinentes no bancarios.

(109)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, una mayor integración del mercado único de servicios de pago, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, pues requiere la armonización de la multitud de normas diferentes que en la actualidad existen en los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta última puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para conseguir dicho objetivo.

(110)

De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (26), en casos justificados, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisión de dichos documentos.

(111)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001 y ha emitido su dictamen el 5 de diciembre de 2013 (27).

(112)

Por consiguiente, las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010 deben ser modificados en consecuencia.

(113)

Dado el número de cambios que deben introducirse en la Directiva 2007/64/CE, resulta oportuno derogarla y sustituirla.

a)

entidades de crédito definidas en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (28), incluidas sus sucursales en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 17, de dicho Reglamento que estén ubicadas en la Unión, tanto si las administraciones centrales de esas sucursales de entidades de crédito están ubicadas en el interior de la Unión como si, de conformidad con el artículo 47 de la Directiva 2013/36/UE y con la legislación nacional, lo están en el exterior de la Unión;

b)

entidades de dinero electrónico en el sentido del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2009/110/CE, incluidas, de conformidad con el artículo 8 de dicha Directiva y con la legislación nacional, sus sucursales si estas están ubicadas en la Unión y tienen su administración central fuera de la Unión, y en la medida en que los servicios de pago prestados por las sucursales estén vinculados a la emisión de dinero electrónico;

c)

instituciones de giro postal facultadas en virtud de la legislación nacional para prestar servicios de pago;

d)

entidades de pago;

e)

el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales nacionales cuando no actúen en su condición de autoridad monetaria u otras autoridades públicas;

f)

los Estados miembros y sus autoridades regionales y locales cuando no actúen en su condición de autoridades públicas.

a)

los requisitos de transparencia y requisitos de información para los servicios de pago, y

b)

los derechos y obligaciones respectivos de los usuarios de servicios de pago y de los proveedores de servicios de pago en relación con la prestación de dichos servicios con carácter de profesión u ocupación habitual.

a)

las operaciones de pago efectuadas exclusivamente en efectivo y directamente del ordenante al beneficiario, sin intervención de ningún intermediario;

b)

las operaciones de pago del ordenante al beneficiario a través de un agente comercial autorizado mediante un acuerdo para negociar o concluir la compra o venta de bienes o servicios por cuenta exclusiva del ordenante o del beneficiario;

c)

el transporte físico, como actividad profesional, de billetes y monedas, incluidos su recogida, tratamiento y entrega;

d)

las operaciones de pago consistentes en la recogida y entrega no profesionales de dinero en efectivo realizadas en el marco de actividades no lucrativas o benéficas;

e)

los servicios en los que el beneficiario proporciona dinero en efectivo al ordenante como parte de una operación de pago, a instancia expresa del usuario del servicio de pago, inmediatamente antes de la ejecución de una operación de pago mediante el pago destinado a la compra de bienes o servicios;

f)

las operaciones de cambio de divisas «efectivo por efectivo» (cambio de billetes), en las que los fondos no se mantengan en una cuenta de pago;

g)

las operaciones de pago realizadas por medio de cualquiera de los siguientes documentos girados contra un proveedor de servicios de pago a fin de poner fondos a disposición del beneficiario:

h)

las operaciones de pago realizadas por medio de un sistema de compensación y liquidación de pagos o valores o entre agentes de compensación y liquidación, contrapartes centrales, cámaras de compensación y/o bancos centrales y otros participantes en el sistema, y proveedores de servicios de pago, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35;

i)

las operaciones de pago relacionadas con la gestión de carteras, incluyendo dividendos, réditos u otras distribuciones, o con amortizaciones o ventas, realizadas por personas mencionadas en la letra h) o por empresas de servicios de inversión, entidades de crédito, instituciones de inversión colectiva o sociedades de gestión de activos que presten servicios de inversión y cualquier otra entidad autorizada a custodiar instrumentos financieros;

j)

los servicios prestados por proveedores de servicios técnicos como soporte a la prestación de servicios de pago, sin que dichos proveedores lleguen a estar en ningún momento en posesión de los fondos que deban transferirse, incluidos el tratamiento y almacenamiento de datos, los servicios de confianza y de protección de la intimidad, la autenticación de datos y entidades, el suministro de tecnología de la información y redes de comunicación y el suministro y mantenimiento de terminales y dispositivos empleados para los servicios de pago, con exclusión de los servicios de iniciación de pagos y servicios de información sobre cuentas;

k)

los servicios basados en instrumentos de pago específicos que solo se pueden utilizar de forma limitada y que cumplan alguna de las condiciones siguientes:

l)

las operaciones de pago de un proveedor de redes o servicios de comunicación electrónica efectuadas con carácter adicional a la prestación de servicios de comunicación electrónica en favor de un suscriptor de la red o servicio:

siempre que ninguna operación de pago a las que se refieren los puntos i) e ii) supere la cuantía de 50 EUR y cumpla una de las condiciones siguientes:

m)

las operaciones de pago efectuadas entre proveedores de servicios de pago, sus agentes o sucursales por cuenta propia;

n)

las operaciones de pago y servicios conexos entre una empresa matriz y su filial o entre filiales de la misma empresa matriz, sin intermediación alguna de un proveedor de servicios de pago distinta de la de una empresa que pertenezca al mismo grupo;

o)

los servicios de retirada de efectivo en cajeros automáticos prestados por proveedores que actúen en nombre de uno o varios emisores de tarjetas y que no sean parte del contrato marco con el consumidor que retire dinero de una cuenta de pago, siempre y cuando dichos proveedores no presten otros servicios de pago a que se refiere el anexo I. No obstante, se deberá facilitar al cliente la información relativa a toda comisión por retirada de fondos a que se refieren los artículos 45, 48, 49 y 59 con anterioridad a dicha retirada, así como a la recepción del efectivo una vez llevada a cabo la operación.

1.

«Estado miembro de origen», uno de los siguientes:

2.

«Estado miembro de acogida»: el Estado miembro distinto del Estado miembro de origen en el cual el proveedor de servicio de pago tiene un agente o una sucursal o presta servicios de pago;

3.

«servicio de pago»: una o más actividades empresariales enumeradas en el anexo I;

4.

«entidad de pago»: una persona jurídica a la cual se haya otorgado autorización, de conformidad con el artículo 11, para prestar y ejecutar servicios de pago en toda la Unión;

5.

«operación de pago»: una acción, iniciada por el ordenante o por cuenta de este, o por el beneficiario, consistente en ingresar, transferir o retirar fondos, con independencia de cualesquiera obligaciones subyacentes entre el ordenante y el beneficiario;

6.

«operación remota de pago»: operación de pago iniciada a través de internet o de un dispositivo que pueda utilizarse para la comunicación a distancia;

7.

«sistema de pago»: un sistema de transferencia de fondos regulado por disposiciones formales y normalizadas, y dotado de normas comunes para el tratamiento, liquidación o compensación de operaciones de pago;

8.

«ordenante»: la persona física o jurídica titular de una cuenta de pago que autoriza una orden de pago a partir de dicha cuenta, o, en caso de que no exista una cuenta de pago, la persona física o jurídica que dicta una orden de pago;

9.

«beneficiario»: la persona física o jurídica que es el destinatario previsto de los fondos objeto de una operación de pago;

10.

«usuario de servicios de pago»: la persona física o jurídica que utiliza un servicio de pago, ya sea como ordenante, beneficiario o ambos;

11.

«proveedor de servicios de pago»: las entidades y organismos contemplados en el artículo 1, apartado 1, y las personas físicas o jurídicas que se acojan a la exención en virtud los artículos 32 y 33;

12.

«cuenta de pago»: una cuenta a nombre de uno o varios usuarios de servicios de pago y utilizada para la ejecución de operaciones de pago;

13.

«orden de pago»: toda instrucción cursada por un ordenante o beneficiario a su proveedor de servicios de pago por la que se solicite la ejecución de una operación de pago;

14.

«instrumento de pago»: cualquier dispositivo personalizado y/o conjunto de procedimientos acordados entre el usuario de servicios de pago y el proveedor de servicios de pago y utilizados para iniciar una orden de pago;

15.

«servicio de iniciación del pago»: servicio que permite iniciar una orden de pago, a petición del usuario del servicio de pago, respecto de una cuenta de pago abierta con otro proveedor de servicios de pago;

16.

«servicio de información sobre cuentas»: servicio en línea cuya finalidad consiste en facilitar información agregada sobre una o varias cuentas de pago de las que es titular el usuario del servicio de pago bien en otro proveedor de servicios de pago, bien en varios proveedores de servicios de pago;

17.

«proveedor de servicios de pago gestor de cuenta»: un proveedor de servicios de pago que facilita a un ordenante una o varias cuentas de pago y se encarga de su mantenimiento;

18.

«proveedor de servicios de iniciación de pagos»: el proveedor de servicios de pago que ejerce a título profesional las actividades a que se refiere el anexo I, punto 7;

19.

«proveedor de servicios de información sobre cuentas»: el proveedor de servicios de pago que ejerce a título profesional las actividades a que se refiere el anexo I, punto 8;

20.

«consumidor»: una persona física que, en los contratos de servicios de pago objeto de la presente Directiva, actúa con fines ajenos a su actividad económica, comercial o profesional;

21.

«contrato marco»: un contrato de servicio de pago que rige la ejecución futura de operaciones de pago individuales y sucesivas y que puede estipular la obligación de abrir una cuenta de pago y las correspondientes condiciones para ello;

22.

«servicio de envío de dinero»: un servicio de pago que permite recibir fondos de un ordenante sin que se cree ninguna cuenta de pago en nombre del ordenante o del beneficiario, con el único fin de transferir una cantidad equivalente a un beneficiario o a otro proveedor de servicios de pago que actúe por cuenta del beneficiario, y/o recibir fondos por cuenta del beneficiario y ponerlos a disposición de este;

23.

«adeudo domiciliado»: servicio de pago destinado a efectuar un cargo en la cuenta de pago del ordenante, en el que la operación de pago es iniciada por el beneficiario sobre la base del consentimiento dado por el ordenante al beneficiario, al proveedor de servicios de pago del beneficiario o al proveedor de servicios de pago del propio ordenante;

24.

«transferencia»: servicio de pago destinado a efectuar un abono en una cuenta de pago de un beneficiario mediante una operación de pago o una serie de operaciones de pago con cargo a una cuenta de pago de un ordenante por el proveedor de servicios de pago que mantiene la cuenta de pago del ordenante, y prestado sobre la base de las instrucciones dadas por el ordenante;

25.

«fondos»: los billetes y monedas, dinero escritural o dinero electrónico con arreglo al artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2009/110/CE;

26.

«fecha de valor»: momento utilizado por un proveedor de servicios de pago como referencia para el cálculo del interés sobre los fondos abonados o cargados a una cuenta de pago;

27.

«tipo de cambio de referencia»: tipo de cambio empleado como base para calcular cualquier cambio de divisas y que facilita el proveedor de servicio de pago o procede de una fuente accesible al público;

28.

«tipo de interés de referencia»: tipo de interés empleado como base para calcular intereses que deban aplicarse y procedente de una fuente accesible al público que pueda ser verificada por las dos partes en un contrato de servicios de pago;

29.

«autenticación»: procedimiento que permita al proveedor de servicios de pago comprobar la identidad del usuario de un servicio de pago o la validez de la utilización de determinado instrumento de pago, incluida la utilización de credenciales de seguridad personalizadas del usuario;

30.

«autenticación reforzada de cliente»: la autenticación basada en la utilización de dos o más elementos categorizados como conocimiento (algo que solo conoce el usuario), posesión (algo que solo posee el usuario) e inherencia (algo que es el usuario), que son independientes —es decir, que la vulneración de uno no compromete la fiabilidad de los demás—, y concebida de manera que se proteja la confidencialidad de los datos de autenticación;

31.

«credenciales de seguridad personalizadas»: elementos personalizados que el proveedor de servicios de pago proporciona al usuario de servicios de pago a efectos de autenticación;

32.

«datos de pago sensibles»: datos, incluidas las credenciales de seguridad personalizadas, que pueden ser utilizados para cometer un fraude. Por lo que respecta a las actividades de los proveedores de servicios de iniciación de pagos y los proveedores de servicios de información sobre cuentas, el nombre del titular de la cuenta y el número de la misma no constituyen datos de pago sensibles;

33.

«identificador único»: una combinación de letras, números o signos especificados por el proveedor de servicios de pago al usuario de dichos servicios, que este último debe proporcionar a fin de identificar de forma inequívoca al otro usuario del servicio de pago y/o la cuenta de pago de ese otro usuario en una operación de pago;

34.

«medio de comunicación a distancia»: cualquier medio que, sin la presencia física simultánea del proveedor de servicios de pago y del usuario de servicios de pago, pueda emplearse para la celebración de un contrato de servicios de pago;

35.

«soporte duradero»: un instrumento que permita al usuario de servicios de pago almacenar la información que le ha sido transmitida personalmente, de manera fácilmente accesible para su futura consulta, durante un período de tiempo adecuado para los fines de dicha información, y que permita la reproducción sin cambios de la información almacenada;

36.

«microempresa»: una empresa que, en la fecha de celebración del contrato de servicios de pago, cumpla las condiciones definidas en el artículo 1 y en el artículo 2, apartados 1 y 3, del anexo de la Recomendación 2003/361/CE;

37.

«día hábil»: día de apertura comercial, a los efectos necesarios para la ejecución de una operación de pago, de los proveedores de servicios de pago del ordenante o del beneficiario que intervienen en la ejecución de la operación de pago;

38.

«agente»: una persona física o jurídica que presta servicios de pago en nombre de una entidad de pago;

39.

«sucursal»: un centro de actividad, distinto de la administración central, que constituye una parte de una entidad de pago, desprovisto de personalidad jurídica, y que efectúa directamente todas o algunas de las operaciones inherentes a la actividad de la entidad de pago; todos los centros de actividad establecidos en un mismo Estado miembro por una entidad de pago cuya administración central esté en otro Estado miembro se considerarán una única sucursal;

40.

«grupo»: un grupo de empresas vinculadas entre sí por una relación a que hace referencia el artículo 22, apartados 1, 2 o 7, de la Directiva 2013/34/UE, o empresas definidas en los artículos 4, 5, 6 y 7 del Reglamento Delegado (UE) no 241/2014 de la Comisión (29) que estén vinculadas entre sí por una relación a tenor del artículo 10, apartado 1, o del artículo 113, apartados 6 o 7, del Reglamento (UE) no 575/2013;

41.

«red de comunicaciones electrónicas»: una red según se define en el artículo 2, letra a), de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (30);

42.

«servicio de comunicaciones electrónicas»: un servicio según se define en el artículo 2, letra c), de la Directiva 2002/21/CE;

43.

«contenido digital»: bien o servicio producido y suministrado en formato digital, cuya utilización o consumo se limita al empleo de un dispositivo técnico y no incluye en modo alguno la utilización o consumo de bienes o servicios físicos;

44.

«adquisición de operación de pago»: un servicio de pago prestado por un proveedor de servicios de pago que ha convenido mediante contrato con un beneficiario en aceptar y procesar las operaciones de pago, de modo que se produzca una transferencia de fondos al beneficiario;

45.

«emisión de instrumentos de pago»: servicio de pago en el cual un proveedor de servicios de pago se compromete mediante contrato a proporcionar a un ordenante un instrumento de pago que permite iniciar y procesar las operaciones de pago del ordenante;

46.

«fondos propios»: fondos según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 118, del Reglamento (UE) no 575/2013, donde al menos el 75 % del capital de nivel 1 adopta la forma del capital ordinario de nivel 1 a que se refiere el artículo 50 de dicho Reglamento, y el capital de nivel 2 no excede de un tercio del capital de nivel 1;

47.

«marca de pago»: cualquier nombre, término, signo, símbolo o combinación de los anteriores, material o digital, capaz de indicar bajo qué sistema de tarjetas de pago se realizan operaciones de pago basadas en una tarjeta;

48.

«utilización de marcas de pago compartidas»: la inclusión de dos o más marcas de pago o aplicaciones de pago de una misma marca de pago en el mismo instrumento de pago.

a)

un programa de actividades en el que se indique, en particular, el tipo de servicio de pago que se pretende prestar;

b)

un plan de negocios que incluya un cálculo de las previsiones presupuestarias para los tres primeros ejercicios, que demuestre que el solicitante podrá emplear sistemas, recursos y procedimientos adecuados y proporcionados para operar correctamente;

c)

pruebas de que la entidad de pago dispone del capital inicial mencionado en el artículo 7;

d)

por lo que respecta a las entidades de pago contempladas en el artículo 10, apartado 1, una descripción de las medidas adoptadas para proteger los fondos del usuario de los servicios de pago con arreglo al artículo 10;

e)

una descripción de los métodos de gobierno empresarial y de los mecanismos de control interno del solicitante, incluidos procedimientos administrativos, de gestión del riesgo y contables, que demuestre que dichos métodos de gobierno empresarial, mecanismos de control y procedimientos son proporcionados, apropiados, sólidos y adecuados;

f)

una descripción del procedimiento establecido para la supervisión, la tramitación y el seguimiento de los incidentes de seguridad y las reclamaciones de los consumidores al respecto, incluido un mecanismo de notificación de incidentes que atienda a las obligaciones de notificación de la entidad de pago establecidas en el artículo 96;

g)

una descripción del procedimiento establecido para registrar, controlar, rastrear y restringir el acceso a los datos de pago sensibles;

h)

una descripción de los mecanismos que garanticen la continuidad de la actividad, en particular una delimitación clara de las operaciones esenciales, planes efectivos para contingencias y un procedimiento para poner a prueba y revisar periódicamente la adecuación y eficiencia de dichos planes;

i)

una descripción de los principios y las definiciones aplicados para la recopilación de los datos estadísticos sobre los resultados, las operaciones y el fraude;

j)

un documento relativo a la política de seguridad, que incluya una evaluación pormenorizada de riesgos en relación con sus servicios de pago y una descripción de las medidas de control de la seguridad y mitigación de los riesgos adoptadas para proteger adecuadamente a los usuarios de los servicios de pago de dichos riesgos, incluido el fraude y uso ilegal de datos sensibles y de carácter personal;

k)

en el caso de las entidades de pago sujetas a las obligaciones en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que establecen la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (31) y el Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo (32), una descripción de los mecanismos de control interno introducidos por el solicitante a fin de cumplir dichas obligaciones;

l)

una descripción de la organización estructural del solicitante, incluida, cuando proceda, una descripción de la utilización que se pretenda hacer de agentes y sucursales y de los controles dentro y fuera de los locales de estos que el solicitante se compromete a realizar, como mínimo una vez al año, y una descripción de las disposiciones en materia de externalización, así como de su participación en un sistema de pago nacional o internacional;

m)

la identidad de las personas que posean, directa o indirectamente, participaciones significativas en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 36, del Reglamento (UE) no 575/2013, con indicación de la cuantía de su participación efectiva y pruebas de su idoneidad, atendiendo a la necesidad de garantizar la gestión sana y prudente de la entidad de pago;

n)

la identidad de los administradores y las personas responsables de la gestión de la entidad de pago y, en su caso, de las personas responsables de la gestión de los servicios de pago de la entidad de pago, así como pruebas de su honorabilidad y experiencia y los conocimientos adecuados para la prestación de los servicios de pago, según determine el Estado miembro de origen de la entidad de pago;

o)

en su caso, la identidad de los auditores legales y las sociedades de auditoría, según se definen en la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (33);

p)

el estatuto jurídico y los estatutos sociales del solicitante;

q)

la dirección de la administración central del solicitante.

a)

el perfil de riesgo de la empresa;

b)

si la empresa presta o no otros servicios de pago a que se refiere el anexo I o realiza o no otras actividades empresariales;

c)

el volumen de la actividad:

d)

las características específicas de las garantías comparables y los criterios para su aplicación.

a)

en caso de que la entidad de pago solo preste el servicio de pago a que se refiere el punto 6 del anexo I, su capital no será en ningún momento inferior a 20 000 EUR;

b)

en caso de que la entidad de pago preste el servicio de pago a que se refiere el punto 7 del anexo I, su capital no será en ningún momento inferior a 50 000 EUR;

c)

en caso de que la entidad de pago preste cualquiera de los servicios de pago a que se refieren los puntos 1 a 5 del anexo I, su capital no será en ningún momento inferior a 125 000 EUR.

Método A

Los fondos propios de las entidades de pago serán, como mínimo, iguales al 10 % de sus gastos generales del año anterior. Las autoridades competentes podrán ajustar dicha exigencia en caso de que los negocios de una entidad de pago registren un cambio sustancial desde el año anterior. Cuando una entidad de pago no haya completado todavía un año de actividad en la fecha de cálculo, los fondos propios serán, como mínimo, iguales al 10 % de los correspondientes gastos generales previstos en su plan de negocios, a menos que las autoridades competentes exijan la modificación de dicho plan.

Método B

Los fondos propios de las entidades de pago serán, como mínimo, iguales a la suma de los siguientes elementos multiplicados por el factor de escala k establecido en el apartado 2, donde el volumen de pagos (VP) representa una duodécima parte de la cuantía total de las operaciones de pago ejecutadas por la entidad de pago durante el año anterior:

Método C

Los fondos propios de la entidad de pago serán, como mínimo, iguales al indicador pertinente, definido en la letra a), multiplicado por el factor de multiplicación establecido en la letra b), y multiplicado a su vez por el factor de escala k, establecido en el apartado 2:

a)

0,5 en caso de que la entidad de pago solo preste el servicio de pago a que se refiere el punto 6 del anexo I;

b)

1 en caso de que la entidad de pago preste cualquiera de los servicios de pago a que se refiere en cualquiera de los puntos 1 a 5 del anexo I.

a)

los fondos no se mezclarán en ningún momento con los fondos de ninguna persona física o jurídica que no sean los usuarios de servicios de pago en cuyo nombre se dispone de los fondos y, en caso de que todavía estén en posesión de la entidad de pago y aún no se hayan entregado al beneficiario o transferido a otro proveedor de servicios de pago al final del día hábil siguiente al día en que se recibieron los fondos, se depositarán en una cuenta separada en una entidad de crédito o se invertirán en activos seguros, líquidos y de bajo riesgo, tal como hayan establecido las autoridades competentes del Estado miembro de origen; y quedarán protegidos, de conformidad con la normativa nacional en beneficio de los usuarios de servicios de pago, frente a posibles reclamaciones de otros acreedores de la entidad de pago, en particular en caso de insolvencia;

b)

los fondos estarán cubiertos por una póliza de seguro u otra garantía comparable de una compañía de seguros o de una entidad de crédito que no pertenezca al mismo grupo que la propia entidad de pago, por un importe equivalente al que habría sido separado en caso de no existir la póliza de seguro u otra garantía comparable, que se hará efectiva en caso de que la entidad de pago sea incapaz de hacer frente a sus obligaciones financieras.

a)

no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses, renuncie a esta expresamente o haya cesado de ejercer su actividad durante un período superior a seis meses, si el Estado miembro afectado no ha previsto la caducidad de la autorización en estos supuestos;

b)

haya obtenido la autorización por medio de falsas declaraciones o por cualquier otro medio irregular;

c)

no reúna ya las condiciones para la concesión de autorización o no informe a la autoridad competente sobre todo cambio significativo a este respecto;

d)

pueda constituir una amenaza para la estabilidad del sistema de pagos o poner en peligro la confianza en el mismo en caso de seguir prestando servicios de pago, o

e)

se encuentre en otro de los supuestos de revocación de autorización previstos por la legislación nacional.

a)

las entidades de pago autorizadas y sus agentes;

b)

las personas físicas o jurídicas que disfruten de la exención en virtud de los artículos 32 o 33 y sus agentes, y

c)

aquellas entidades mencionadas en el artículo 2, apartado 5, a las que su legislación nacional autorice a prestar servicios de pago.

a)

prestación de servicios operativos o servicios auxiliares estrechamente relacionados, tales como la garantía de la ejecución de operaciones de pago, servicios de cambio de divisas, actividades de custodia y almacenamiento y tratamiento de datos;

b)

la gestión de sistemas de pago, sin perjuicio del artículo 35;

c)

actividades empresariales distintas de la prestación de servicios de pago, con arreglo a la legislación nacional y de la Unión aplicable.

a)

que se trate de un crédito subordinado concedido exclusivamente en relación con la ejecución de una operación de pago;

b)

sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa nacional en materia de concesión de créditos mediante tarjetas de crédito, el crédito concedido en relación con el pago, ejecutado con arreglo al artículo 11, apartado 9, y al artículo 28, será reembolsado dentro de un plazo corto que, en ningún caso, será superior a doce meses;

c)

dicho crédito no se concederá con cargo a los fondos recibidos o en posesión a efectos de la ejecución de una operación de pago;

d)

que los fondos propios de la entidad de pago sean en todo momento adecuados, a criterio de las autoridades de supervisión, teniendo en cuenta la cuantía total de los créditos concedidos.

a)

nombre y domicilio del agente;

b)

una descripción de los mecanismos de control interno que vaya a utilizar el agente a fin de cumplir las obligaciones que establece la Directiva (UE) 2015/849 con respecto al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo, descripción que se actualizará sin demora en caso de que se introduzcan modificaciones de importancia en los datos comunicados en la notificación inicial;

c)

la identidad de los administradores y personas responsables de la gestión del agente al que vaya a recurrirse para la prestación de servicios de pago, y, para los agentes que no sean proveedores de servicios de pago, una prueba de su honorabilidad y profesionalidad;

d)

los servicios de pago de la entidad de pago que se encomendarán al agente, y

e)

el número o código de identificación único del agente, si ha lugar.

a)

la externalización no dará lugar a la delegación de responsabilidad por parte de la alta dirección;

b)

no alterará las relaciones y obligaciones de la entidad de pago con respecto a sus usuarios de conformidad con la presente Directiva;

c)

no irá en menoscabo de las condiciones que debe cumplir la entidad de pago para recibir la autorización y conservarla de conformidad con el presente título;

d)

no dará lugar a la supresión o modificación de ninguna de las restantes condiciones a las que se haya supeditado la autorización de la entidad de pago.

a)

exigir a la entidad de pago que facilite toda la información necesaria para supervisar el cumplimiento, que especifique el propósito de la solicitud, según corresponda, y el plazo en el que debe facilitarse la información;

b)

efectuar inspecciones in situ en la entidad de pago, en cualesquiera agentes o sucursales que presten servicios de pago bajo la responsabilidad de la entidad de pago o en cualquier entidad a la que se hayan externalizado actividades;

c)

emitir recomendaciones y directrices y, cuando proceda, medidas administrativas de obligado cumplimiento;

d)

suspender o revocar la autorización en virtud del artículo 13.

a)

las autoridades competentes de otros Estados miembros responsables de la autorización y supervisión de las entidades de pago;

b)

el BCE y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros, en su calidad de autoridades monetarias y de supervisión, y, en su caso, otras autoridades públicas responsables de la vigilancia de los sistemas de pago y liquidación;

c)

otras autoridades pertinentes designadas en virtud de la presente Directiva, de la Directiva (UE) 2015/849 y de otras disposiciones de Derecho de la Unión aplicables a los proveedores de servicios de pago, como la legislación aplicable en materia de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo;

d)

la ABE, en su función de contribuir al funcionamiento consecuente y coherente de los mecanismos de supervisión a que se refiere el artículo 1, apartado 5, letra a), del Reglamento (UE) no 1093/2010.

a)

el nombre, la dirección y el número de autorización, si ha lugar, de la entidad de pago;

b)

el Estado o Estados miembros en los que se proponga operar;

c)

el servicio o servicios de pago que vayan a prestarse;

d)

si la entidad de pago se propone recurrir a un agente, la información enumerada en el artículo 19, apartado 1;

e)

si la entidad de pago se propone recurrir a una sucursal, la información enumerada en el artículo 5, apartado 1, letras b) y e), en relación con el ejercicio de actividades de servicios de pago en el Estado miembro de acogida, una descripción de la estructura organizativa de la sucursal y la identidad de los responsables de la gestión de la sucursal.

a)

el volumen y el valor totales de las transacciones realizadas por la entidad de pago en Estados miembros de acogida;

b)

el tipo de servicios de pago prestados, y

c)

el número total de agentes establecidos en el Estado miembro de acogida.

a)

el valor total medio de las operaciones de pago ejecutadas en los 12 meses precedentes por la persona de que se trate, incluidos los posibles agentes con respecto a los cuales asume plena responsabilidad, no exceda de un límite fijado por el Estado miembro, límite que, en todo caso, no podrá ser superior a 3 millones EUR mensuales. Dicho requisito evaluará con respecto a la cuantía total de las operaciones de pago prevista en su plan de negocios, a menos que las autoridades competentes exijan la modificación de dicho plan, y

b)

ninguna de las personas físicas responsables de la gestión o el ejercicio de la actividad haya sido condenada por delitos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo u otros delitos de carácter financiero.

a)

normas que restrinjan la participación efectiva en otros sistemas de pago;

b)

normas que discriminen entre los proveedores de servicios de pago autorizados o entre proveedores de servicios de pago registrados en relación con los derechos, obligaciones y facultades de los participantes, ni

c)

restricciones basadas en el estatuto institucional.

a)

los sistemas de pago designados con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 98/26/CE;

b)

los sistemas de pago integrados exclusivamente por proveedores de servicios de pago que pertenezcan a un grupo.

a)

no obstante lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 56, el proveedor del servicio de pago solo facilitará al ordenante la información sobre las características principales del servicio de pago, incluida la forma de utilizar el instrumento de pago, la responsabilidad, los gastos cobrados y demás información práctica necesaria para adoptar una decisión con conocimiento de causa, e indicará en qué lugar puede acceder fácilmente a la información y condiciones contenidas en el artículo 52;

b)

no obstante lo dispuesto en el artículo 54, podrá convenirse que el proveedor de servicios de pago no tenga la obligación de proponer los cambios de las condiciones del contrato marco de la misma forma que establece el artículo 51, apartado 1;

c)

podrá convenirse que, no obstante lo dispuesto en los artículos 57 y 58, después de la ejecución de una operación de pago:

a)

la especificación de la información o del identificador único que el usuario de servicios de pago debe facilitar para la correcta iniciación o ejecución de una orden de pago;

b)

el plazo máximo de ejecución del servicio de pago que vaya a prestarse;

c)

todos los gastos que el usuario debe abonar al proveedor de servicios de pago y, en su caso, un desglose de dichos gastos;

d)

cuando proceda, el tipo de cambio efectivo o de referencia que se aplicará a la operación de pago.

a)

el nombre del proveedor de servicios de iniciación de pagos, la dirección postal de su administración central y, cuando proceda, la de su sucursal o agente establecido en el Estado miembro en el que se ofrece el servicio de pago, junto con cualesquiera otros datos de contacto, incluida la dirección de correo electrónico, que sea de utilidad para la comunicación con el proveedor de servicios de iniciación de pagos, y

b)

los datos de contacto de la autoridad competente.

a)

una confirmación de la satisfactoria iniciación de la orden de pago con el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta del ordenante;

b)

una referencia que permita al ordenante y al beneficiario identificar la operación de pago y, en su caso, al beneficiario identificar al ordenante y cualquier información comunicada junto con la operación de pago;

c)

el importe de la operación de pago;

d)

en su caso, el importe de los gastos que deban abonarse por la operación al proveedor de servicios de iniciación de pagos y, cuando proceda, el correspondiente desglose de dicho importe.

a)

una referencia que permita al ordenante identificar la operación de pago y, en su caso, la información relativa al beneficiario;

b)

el importe de la operación de pago en la moneda utilizada en la orden de pago;

c)

el importe de los gastos de la operación de pago que deba abonar el ordenante y, en su caso, un desglose de dicho importe;

d)

en su caso, el tipo de cambio utilizado en la operación de pago por el proveedor de servicios de pago del ordenante, o una referencia de este, cuando sea distinto del tipo facilitado de conformidad con el artículo 45, apartado 1, letra d), y el importe de la transacción tras la conversión de moneda;

e)

la fecha de recepción de la orden de pago.

a)

una referencia que permita al beneficiario identificar la operación de pago y, en su caso, al ordenante, así como cualquier información comunicada junto con la operación de pago;

b)

el importe de la operación de pago en la moneda en que los fondos sean abonados al beneficiario;

c)

el importe de los gastos de la operación de pago que deba abonar el beneficiario y, en su caso, un desglose de dichos gastos;

d)

cuando proceda, el tipo de cambio utilizado en la operación de pago por el proveedor de servicios de pago del beneficiario y el importe de la operación de pago antes de la conversión de moneda;

e)

la fecha de valor del abono.

1.

sobre el proveedor de servicios de pago:

2.

sobre la utilización del servicio de pago:

3.

sobre los gastos y tipos de interés y de cambio:

4.

sobre la comunicación:

5.

sobre medidas de salvaguardia y correctivas:

6.

sobre modificaciones y la rescisión del contrato marco:

7.

sobre resolución de litigios:

a)

el plazo máximo de ejecución,

b)

los gastos que debe abonar el ordenante,

c)

cuando proceda, el desglose del importe de los gastos.

a)

una referencia que permita al ordenante identificar cada operación de pago y, en su caso, la información relativa al beneficiario;

b)

el importe de la operación de pago en la moneda en que se haya cargado en la cuenta de pago del ordenante o en la moneda utilizada para la orden de pago;

c)

el importe de cualesquiera gastos de la operación de pago y, en su caso, el correspondiente desglose de dicho importe o los intereses que deba abonar el ordenante;

d)

en su caso, el tipo de cambio utilizado en la operación de pago por el proveedor de servicios de pago del ordenante, y el importe de la operación de pago tras dicha conversión de moneda;

e)

la fecha de valor del adeudo o la fecha de recepción de la orden de pago.

a)

una referencia que permita al beneficiario identificar la operación de pago y al ordenante, así como cualquier información comunicada junto con la operación de pago;

b)

el importe de la operación de pago en la moneda en que se haya abonado en la cuenta de pago del beneficiario;

c)

el importe de cualesquiera gastos de la operación de pago y, en su caso, el correspondiente desglose de dicho importe o los intereses que deba abonar el beneficiario;

d)

cuando proceda, el tipo de cambio utilizado en la operación de pago por el proveedor de servicios de pago del beneficiario y el importe de la operación de pago antes de la conversión de moneda;

e)

la fecha de valor del abono.

a)

no se apliquen el artículo 69, apartado 1, letra b), el artículo 70, apartado 1, letras c) y d), ni el artículo 74, apartado 3, si el instrumento de pago no permite su bloqueo ni impedir futuras utilizaciones;

b)

no se apliquen los artículos 72, 73 ni el artículo 74, apartados 1 y 3, si el instrumento de pago se utiliza de forma anónima o el proveedor de servicios de pago es incapaz, por otros motivos intrínsecos del propio instrumento de pago, de demostrar que la operación de pago ha sido autorizada;

c)

no obstante lo dispuesto en el artículo 79, apartado 1, el proveedor de servicios de pago no tenga la obligación de notificar al usuario del servicio de pago su rechazo de la orden de pago si la no ejecución resulta evidente en el contexto de que se trate;

d)

no obstante lo dispuesto en el artículo 80, el ordenante no pueda revocar la orden de pago una vez que la haya transmitido o haya dado su consentimiento para efectuar la operación de pago al beneficiario;

e)

no obstante lo dispuesto en los artículos 83 y 84, se apliquen otros períodos de ejecución.

a)

la cuenta de pago del ordenante sea accesible en línea en el momento de la solicitud;

b)

el ordenante haya dado consentimiento expreso al proveedor de servicios de pago gestor de cuenta para que responda a las solicitudes de proveedores de servicios de pago específicos de facilitar confirmación de que el importe correspondiente a una operación de pago basada en una tarjeta determinada está disponible en la cuenta de pago del ordenante;

c)

el consentimiento a que hace referencia la letra b) debe darse antes de que se realice la primera solicitud de confirmación.

a)

el ordenante haya dado consentimiento expreso al proveedor de servicios de pago que solicite dicha confirmación;

b)

el ordenante haya iniciado la operación de pago basada en una tarjeta por el importe en cuestión utilizando un instrumento de pago basado en tarjeta emitido por el proveedor de servicios de pago;

c)

el proveedor de servicios de pago se autentique ante el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta antes de cada solicitud de confirmación, y se comunique de manera segura con el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta, de conformidad con el artículo 98, apartado 1, letra d).

a)

en ningún momento entrará en poder de los fondos del ordenante en relación con la prestación del servicio de iniciación de pagos;

b)

garantizará que las credenciales de seguridad personalizadas del usuario de servicios de pago no sean accesibles a terceros, con excepción del usuario y del emisor de las credenciales de seguridad personalizadas, y que las transmite a través de canales seguros y eficientes;

c)

garantizará que cualquier otra información sobre el usuario de servicios de pago obtenida al prestar servicios de iniciación de pagos se facilita exclusivamente al beneficiario y únicamente con el consentimiento expreso del usuario de servicios de pago;

d)

cada vez que se inicie un pago, se identificará ante el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta del titular de la cuenta y se comunicará de manera segura con el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta, el ordenante y el beneficiario, de conformidad con el artículo 98, apartado 1, letra d);

e)

no almacenará datos de pago sensibles del usuario de servicios de pago;

f)

no solicitará al usuario de servicios de pago ningún dato distinto de los necesarios para prestar el servicio de iniciación del pago;

g)

no utilizará, almacenará o accederá a ningún dato para fines distintos de la prestación del servicio de iniciación de pagos expresamente solicitado por el ordenante;

h)

no modificará el importe, el destinatario ni ningún otro elemento de la operación.

a)

establecerá una comunicación segura con los proveedores de servicios de iniciación de pagos, de conformidad con el artículo 98, apartado 1, letra d);

b)

inmediatamente después de la recepción de la orden de pago procedente de un proveedor de servicios de iniciación de pagos, facilitará al proveedor de servicios de iniciación de pagos o pondrá a su disposición toda la información sobre el inicio de la operación de pago y toda la información a la que tenga acceso con relación a la ejecución de la operación de pago al proveedor de servicios de iniciación de pagos;

c)

tratará las órdenes de pago transmitidas a través de los servicios de un proveedor de servicios de iniciación de pagos sin discriminación alguna con respecto a las órdenes de pago transmitidas directamente por el ordenante, salvo por causas objetivas, en particular en lo que se refiere a los plazos, la prioridad o los gastos aplicables.

a)

prestará sus servicios exclusivamente sobre la base del consentimiento explícito del usuario del servicio de pago;

b)

garantizará que las credenciales de seguridad personalizadas del usuario de servicios de pago no sean accesibles a terceros, con excepción del usuario y del emisor de las credenciales de seguridad personalizadas, y que, cuando las transmita el proveedor de servicios de información sobre cuentas, la transmisión se realice a través de canales seguros y eficientes;

c)

en cada comunicación, se identificará ante el proveedor o proveedores de servicios de pago gestores de cuenta del usuario de servicios de pago y se comunicará de manera segura con el proveedor o proveedores de servicios de pago gestores de cuenta y el usuario del servicio de pago, de conformidad con el artículo 98, apartado 1, letra d);

d)

accederá únicamente a la información de las cuentas de pago designadas y las operaciones de pago correspondientes;

e)

no solicitará datos de pago sensibles vinculados a las cuentas de pago;

f)

no utilizará, almacenará o accederá a ningún dato, para fines distintos de la prestación del servicio de información sobre cuentas expresamente solicitado por el usuario del servicio de pago, de conformidad con las normas sobre protección de datos.

a)

establecerá una comunicación segura con los proveedores de servicios de información sobre cuentas, de conformidad con el artículo 98, apartado 1, letra d), y

b)

tratará las peticiones de datos transmitidas a través de los servicios de un proveedor de servicios de información sobre cuentas sin discriminación alguna, salvo por causas objetivas.

a)

utilizará el instrumento de pago de conformidad con las condiciones que regulen la emisión y utilización del instrumento de pago que deberán ser objetivas, no discriminatorias y proporcionadas;

b)

en caso de extravío, robo o apropiación indebida del instrumento de pago o de su utilización no autorizada, lo notificará al proveedor de servicios de pago o a la entidad que este designe, sin demora indebida en cuanto tenga conocimiento de ello.

a)

se asegurará de que las credenciales de seguridad personalizadas del instrumento de pago solo sean accesibles para el usuario de servicios de pago facultado para utilizar el instrumento, sin perjuicio de las obligaciones que incumben al usuario de servicios de pago con arreglo al artículo 69;

b)

se abstendrá de enviar instrumentos de pago que no hayan sido solicitados, salvo en caso de que deba sustituirse un instrumento de pago ya entregado al usuario de servicios de pago;

c)

garantizará que en todo momento estén disponibles medios adecuados que permitan al usuario de servicios de pago efectuar una notificación en virtud del artículo 69, apartado 1, letra b), o solicitar un desbloqueo del instrumento de pago en virtud del artículo 68, apartado 4; el proveedor de servicios de pago facilitará al usuario de dichos servicios, cuando este así lo solicite, medios que le permitan demostrar que ha efectuado dicha notificación durante los dieciocho meses siguientes a la misma;

d)

ofrecerá al usuario de servicios de pago la posibilidad de efectuar una notificación en virtud del artículo 69, apartado 1, letra b), gratuitamente y cobrar, si acaso, únicamente los costes de sustitución directamente imputables al instrumento de pago;

e)

impedirá cualquier utilización del instrumento de pago una vez efectuada la notificación en virtud del artículo 69, apartado 1, letra b).

a)

al ordenante no le resultaba posible detectar la pérdida, el robo o la apropiación indebida de un instrumento de pago antes de un pago, salvo cuando el propio ordenante haya actuado fraudulentamente, o

b)

la pérdida se debe a la acción o inacción de empleados o de cualquier agente, sucursal o entidad de un proveedor de servicios de pago al que se hayan externalizado actividades.

a)

que la autorización no especificase, en el momento en que se dio, el importe exacto de la operación de pago;

b)

que el importe de la operación de pago supere el importe que el ordenante podía esperar razonablemente teniendo en cuenta las anteriores pautas de gasto, las condiciones del contrato marco y las circunstancias pertinentes al caso.

a)

el ordenante haya dado su consentimiento para que se ejecute la operación de pago directamente al proveedor de servicios de pago, y

b)

en su caso, el proveedor de servicios de pago o el beneficiario hayan proporcionado o puesto a disposición del ordenante, en la forma acordada, información relativa a la futura operación de pago al menos con cuatro semanas de antelación a la fecha prevista.

a)

las operaciones de pago en euros;

b)

las operaciones de pago nacionales en la moneda de un Estado miembro que no forme parte de la zona del euro;

c)

las operaciones de pago que solo impliquen una conversión de moneda entre el euro y la moneda de un Estado miembro que no forme parte de la zona del euro, siempre que la correspondiente conversión se lleve a cabo en el Estado miembro que no forme parte de la zona del euro y, en el caso de operaciones de pago transfronterizas, la transferencia transfronteriza se realice en euros.

a)

no hay conversión de moneda, o

b)

hay conversión de moneda entre el euro y la divisa de un Estado miembro o entre las divisas de dos Estados miembros.

a)

los proveedores de servicios de pago, sobre la clasificación de los incidentes graves a que se refiere el apartado 1 y sobre el contenido, el formato, incluidas las plantillas de notificación normalizadas, y los procedimientos de notificación de tales incidentes, y