(1)

El objetivo de la política europea de radionavegación por satélite es dotar a la Unión de dos sistemas de radionavegación por satélite, el sistema resultante del programa Galileo y el sistema EGNOS (en lo sucesivo, «sistemas»). Dichos sistemas son el resultado de los programas Galileo y EGNOS, respectivamente. Ambas infraestructuras se componen de satélites y una red de estaciones terrestres.

(2)

El objetivo del programa Galileo es crear y explotar la primera infraestructura de radionavegación y posicionamiento por satélite destinada específicamente a fines civiles, que puede ser utilizada por una serie de actores públicos y privados en Europa y en todo el mundo. El sistema resultante del programa Galileo funciona independientemente de los demás sistemas actuales o futuros, con lo que contribuye, en particular, a la autonomía estratégica de la Unión, tal como subrayaron el Parlamento Europeo y el Consejo.

(3)

El objetivo del programa EGNOS es mejorar la calidad de las señales abiertas emitidas por los sistemas mundiales de radionavegación por satélite existentes («GNSS»), así como las del servicio abierto ofrecido por el sistema establecido en el marco del programa Galileo, cuando estén disponibles. Los servicios prestados por el programa EGNOS deben cubrir, con carácter prioritario, los territorios de los Estados miembros situados geográficamente en Europa, incluidas a estos efectos las Azores, las Islas Canarias y Madeira.

(4)

El Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones han dado siempre su pleno apoyo a los programas Galileo y EGNOS.

(5)

Dado que los programas Galileo y EGNOS ya han alcanzado una fase de desarrollo avanzada y han dado lugar a unos sistemas en fase de explotación, precisan de un instrumento jurídico específico que responda a sus necesidades, sobre todo en materia de gobernanza y seguridad, que cumpla el requisito de buena gestión financiera y que promueva el uso de los sistemas.

(6)

Los sistemas son infraestructuras establecidas como redes transeuropeas cuyo uso desborda ampliamente las fronteras nacionales de los Estados miembros. Además, los servicios que se ofrecen a través de estos sistemas contribuyen a una amplia gama de actividades sociales y económicas, como el desarrollo de redes transeuropeas en los ámbitos de las infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y energía.

(7)

Los programas Galileo y EGNOS son herramientas de la política industrial y entran en el marco de la estrategia Europa 2020, como se desprende de la Comunicación de la Comisión de 17 de noviembre de 2010«Una política industrial integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la sostenibilidad en el punto de mira». También se hace referencia a los mismos en la Comunicación de la Comisión de 4 de abril de 2011«Hacia una estrategia espacial de la Unión Europea al servicio del ciudadano». Dichos programas ofrecen numerosas ventajas para la economía y los ciudadanos de la Unión, ventajas cuyo valor acumulado se estima en unos 130 000 millones EUR para el período 2014-2034.

(8)

Un número creciente de sectores económicos, en particular el transporte, las telecomunicaciones, la agricultura y la energía, utilizan cada vez en mayor medida sistemas de radionavegación por satélite. Las autoridades públicas también pueden beneficiarse de estos sistemas en varios ámbitos como los servicios de emergencia, los servicios policiales, la gestión de crisis y la gestión de las fronteras. Desarrollar el uso de la radionavegación por satélite aporta enormes beneficios a la economía, la sociedad y el medio ambiente. Dichos beneficios socioeconómicos se desglosan en tres categorías principales: beneficios directos resultantes del crecimiento del mercado espacial, beneficios directos resultantes del crecimiento del mercado posterior de aplicaciones y servicios del GNSS, y beneficios indirectos resultantes de la aparición de nuevas aplicaciones en otros sectores o de transferencia de tecnologías a otros sectores, lo que da lugar a nuevas oportunidades de mercado en otros sectores, aumentos de productividad en toda la industria y beneficios públicos generados por la reducción de la contaminación o la mejora de los niveles de protección y seguridad.

(9)

Por consiguiente, es importante que la Unión apoye el desarrollo de aplicaciones y servicios basados en los sistemas. Ello permitirá a los ciudadanos de la Unión aprovechar los beneficios derivados de los sistemas y velar por que se mantenga la confianza pública en los programas Galileo y EGNOS. El instrumento adecuado para financiar las actividades de investigación e innovación relativas al desarrollo de las aplicaciones del GNSS es el programa Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación («programa Horizonte 2020») que establece el Reglamento (UE) no 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de … (2). No obstante, una parte anterior muy específica de las actividades de investigación y desarrollo debe financiarse con cargo al presupuesto asignado a los programas Galileo y EGNOS contemplados en el presente Reglamento, cuando dichas actividades afectan a elementos fundamentales tales como conjuntos de circuitos integrados o receptores compatibles con Galileo, que facilitarán el desarrollo de aplicaciones en diferentes sectores de la economía. No obstante, dicha financiación no debe menoscabar el despliegue o la explotación de las infraestructuras establecidas en virtud de los programas.

(10)

Habida cuenta del uso cada vez mayor de la radionavegación por satélite en numerosos ámbitos de actividad, una interrupción de la prestación de los servicios podría tener consecuencias importantes en las sociedades contemporáneas y ocasionar pérdidas a muchos operadores económicos. Además, dado su carácter estratégico, los sistemas de radionavegación por satélite constituyen infraestructuras sensibles, que pueden ser utilizadas de manera malintencionada. Dichos factores pueden afectar a la seguridad de la Unión, de sus Estados miembros y de sus ciudadanos. Por tanto, conviene tener en cuenta las exigencias de seguridad en el momento del diseño, el desarrollo, el despliegue o la explotación de las infraestructuras establecidas en virtud de los programas Galileo y EGNOS de acuerdo con las prácticas habituales.

(11)

El programa Galileo consta de una fase de definición que ya se ha completado, una fase de desarrollo y validación hasta 2013, una fase de despliegue que se inició en 2008 y cuya finalización está prevista para 2020, y una fase de explotación que se iniciará, progresivamente, a partir de 2014/2015, para que el sistema completo esté plenamente operativo en 2020. Los primeros cuatro satélites operativos han sido construidos y lanzados durante la fase de desarrollo y validación, mientras que la constelación de satélites se completará durante la fase de despliegue y la renovación se producirá durante la fase de explotación. La infraestructura terrestre asociada se desarrollara y explotará en consecuencia.

(12)

El programa EGNOS se encuentra en fase de explotación desde que, en octubre de 2009 y en marzo de 2011, respectivamente, su servicio abierto y su «servicio de salvaguardia de la Vida» se declararon operativos. Supeditándose a las exigencias técnicas y financieras y sobre la base de los correspondientes acuerdos internacionales, la cobertura geográfica de los servicios proporcionados por el sistema EGNOS podrá ampliarse a otras regiones del mundo, en particular a territorios de países candidatos, de terceros países asociados al Cielo Único Europeo y de países de la Política Europea de Vecindad. No obstante, dicha ampliación no debe financiarse con cargo a los créditos presupuestarios asignados a los programas Galileo y EGNOS en virtud del Reglamento del Consejo (UE, Euratom) no 1311/2013 (3) y no debe retrasar la ampliación de la cobertura a todo el territorio de los Estados miembros situado geográficamente en Europa.

(13)

La concepción original del servicio de salvaguardia de la vida de Galileo previsto en el Reglamento (CE) no 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) se ha reconfigurado para garantizar su interoperabilidad con otros sistemas GNSS, para atender eficazmente las necesidades de los usuarios del servicio de salvaguardia de la vida y para reducir la complejidad, los riesgos y los costes de la infraestructura necesaria.

(14)

Para maximizar la aceptación del servicio de salvaguardia de vida de EGNOS, debe prestarse sin costes directos para el usuario. El servicio público regulado (PRS) de Galileo debe ofrecerse también de forma gratuita a los siguientes explotadores de PRS, en el sentido de la Decisión no 1104/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), los Estados miembros, el Consejo, la Comisión, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y las agencias de la Unión debidamente autorizadas. La ausencia de costes se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas a los costes de funcionamiento de una autoridad responsable del PRS establecidas en la Decisión no 1104/2011/UE.

(15)

A fin de optimizar la utilización de los servicios prestados, los sistemas, redes y servicios que resultan de los programas Galileo y EGNOS deben ser compatibles e interoperables entre sí y, en la medida de lo posible, también con otros sistemas de radionavegación por satélite y con medios de radionavegación convencionales cuando dicha compatibilidad e interoperabilidad se disponga en un acuerdo internacional, sin perjuicio del objetivo de la autonomía estratégica.

(16)

Dado que, en principio, la Unión se ocupa de la totalidad de la financiación de los programas Galileo y EGNOS, conviene determinar que la Unión sea la propietaria de todos los bienes, materiales o inmateriales, creados o desarrollados en el marco de dichos programas. A fin de que se respeten plenamente los derechos fundamentales en materia de propiedad, procede concluir los acuerdos necesarios con los propietarios actuales, en particular por lo que se refiere a las partes esenciales de las infraestructuras y su seguridad. Se entiende que la disposición relativa a la propiedad de bienes inmateriales establecida por el presente Reglamento no cubre derechos inmateriales que no sean transferibles con arreglo a las normativas nacionales pertinentes. Dicha propiedad por parte de la Unión se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que la Unión, de conformidad con el presente Reglamento y cuando se considere adecuado previa evaluación caso por caso, ponga dichos bienes a disposición de terceros o disponga de ellos. En particular, la Unión debe poder transferir a terceros los derechos de propiedad intelectual generados durante el trabajo realizado en el marco de los programas Galileo y EGNOS o conceder a terceros licencias sobre estos derechos de propiedad intelectual. Para facilitar la adopción de la radionavegación por satélite por parte de los mercados, conviene garantizar que los terceros puedan utilizar de manera óptima, en concreto, los derechos de propiedad industrial e intelectual que se derivan de los programas Galileo y EGNOS y que pertenecen a la Unión, también en el plano socioeconómico.

(17)

Las disposiciones en materia de propiedad del presente Reglamento no afectarán a los activos creados o desarrollados al margen de los programas Galileo y EGNOS. En ciertos casos, sin embargo, esos activos pueden ser fundamentales para el funcionamiento de los programas. A fin de estimular el desarrollo de nuevas tecnologías al margen de los programas Galileo y EGNOS, la Comisión debería alentar a terceros a atraer la atención de sus servicios sobre los activos intangibles pertinentes y a negociar el adecuado uso de los mismos cuando ello sea beneficioso para los programas.

(18)

Las fases de despliegue y explotación del programa Galileo y la fase de explotación del programa EGNOS deben ser financiadas en su totalidad por la Unión. Sin embargo, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), los Estados miembros deben poder aportar a los programas Galileo y EGNOS fondos suplementarios o una contribución en especie, sobre la base de acuerdos adecuados, para financiar componentes adicionales de los programas en relación con sus potenciales objetivos particulares de los Estados miembros en cuestión. Los terceros países y las organizaciones internacionales también deben poder contribuir a los programas.

(19)

A fin de garantizar la continuidad y la estabilidad de los programas Galileo y EGNOS y considerando su dimensión europea y su valor añadido europeo intrínseco, es necesaria una financiación suficiente y adecuada a lo largo de los distintos períodos de programación financiera. Conviene también indicar el importe necesario durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020 para financiar la conclusión de la fase de despliegue del programa Galileo y las fases de explotación de los programas Galileo y EGNOS.

(20)

El Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013, destina una cantidad máxima de 7 071,3 millones EUR en precios corrientes a la financiación de las actividades relacionadas con los programas Galileo y EGNOS durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020. Por motivos de claridad y para facilitar la contención de los costes, el importe global debe dividirse en varias categorías. No obstante, en interés de la flexibilidad y para garantizar la continuación armoniosa de los programas, la Comisión debe estar facultada para reasignar créditos transfiriéndolos de una categoría a otra. Las actividades de los programas debe englobar también la protección de los sistemas y su funcionamiento, incluido con respecto al lanzamiento de satélites. En este sentido, la participación en los gastos de servicios destinados a garantizar dicha protección, podría financiarse con cargo al presupuesto asignado a los programas Galileo y EGNOS, con arreglo a las disponibilidades resultantes de una gestión rigurosa y respetando plenamente el importe máximo fijado en el Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013. Dicha contribución se utilizará exclusivamente para la prestación de datos y servicios y no para adquirir infraestructuras. Para la continuidad de los programas Galileo y EGNOS, el presente Reglamento establece una dotación financiera que constituye la referencia principal, a tenor del punto 17 del acuerdo interinstitucional 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (7), para el Parlamento Europeo y el Consejo en el marco del procedimiento presupuestario anual.

(21)

Conviene que las actividades a las que se destinan los créditos presupuestarios de la Unión asignados a los programas Galileo y EGNOS para el período 2014-2020 sean especificadas en el presente Reglamento. Dichos créditos deben destinarse, principalmente, a las actividades relacionadas con la fase de despliegue del programa Galileo, incluidas las acciones de gestión y de seguimiento de dicha fase, y a las relacionadas con la explotación del sistema resultante del programa Galileo, incluidas las acciones previas a dicha fase o preparatorias, y del sistema EGNOS. Asimismo, deben asignarse a la financiación de otras actividades determinadas necesarias para la gestión y la realización de los objetivos de los programas Galileo y EGNOS, en particular, el apoyo a la investigación y el desarrollo de elementos fundamentales tales como conjuntos de circuitos integrados o receptores compatibles con Galileo incluyendo módulos informáticos adecuados para el posicionamiento y la vigilancia de la integridad. Dichos elementos constituyen la interfaz entre los servicios ofrecidos por las infraestructuras y las aplicaciones derivadas, y facilitarán el desarrollo de aplicaciones en los diversos sectores de la economía. Su desarrollo actuará como catalizador para maximizar los beneficios socioeconómicos, pues facilitará la absorción por el mercado de los servicios ofrecidos. La Comisión informará anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la estrategia de gestión de costes aplicada.

(22)

Cabe señalar que los costes de inversión y explotación de los sistemas evaluados para el período 2014-2020 no tienen en cuenta las obligaciones financieras imprevistas que la Unión pueda tener que asumir, especialmente las relacionadas con el régimen de responsabilidad en relación con el funcionamiento de los servicios o la propiedad de la Unión de los sistemas, en particular respecto de disfunciones de los sistemas. Dichas obligaciones son objeto de un análisis específico por parte de la Comisión.

(23)

Conviene, asimismo, señalar que los recursos presupuestarios previstos en el presente Reglamento no cubren los trabajos financiados por los fondos asignados al programa Horizonte 2020, como son los relacionados con el desarrollo de las aplicaciones derivadas de los sistemas. Gracias a dichos trabajos, se optimizará la utilización de los servicios que se ofrecen en el marco de los programas Galileo y EGNOS, se garantizará la rentabilidad de las inversiones autorizadas por la Unión en materia de ventajas sociales y económicas y aumentarán los conocimientos de las empresas de la Unión sobre tecnología de la radionavegación por satélite. La Comisión velará por la transparencia y la claridad de las diferentes fuentes de financiación para los diferentes aspectos de los programas.

(24)

Por otro lado, los ingresos generados por los sistemas, procedentes en particular del servicio comercial prestado por el sistema establecido en el marco del programa Galileo, deben ser percibidos por la Unión, a fin de garantizar la compensación al menos parcial de las inversiones que previamente haya autorizado, y dichos ingresos deberán utilizarse para apoyar los objetivos de los programas Galileo y EGNOS. Además, podría estipularse un mecanismo de reparto de los ingresos en todos los contratos que se suscriban con entidades del sector privado.

(25)

A fin de evitar los costes excesivos, así como los retrasos, que han afectado al desarrollo de los programas Galileo y EGNOS en los últimos años, es necesario intensificar los esfuerzos que permiten controlar los riesgos que pueden dar lugar a costes adicionales y/o a retrasos, como piden el Parlamento Europeo en su Resolución de 8 de junio de 2011 sobre la revisión intermedia de los programas europeos de navegación por satélite: evaluación de la ejecución, futuros desafíos y perspectivas de financiación (8) y las Conclusiones del Consejo de 31 de marzo de 2011, y como se desprende de la Comunicación de la Comisión, de 29 de junio de 2011, «Un presupuesto para Europa 2020».

(26)

La buena gobernanza pública de los programas Galileo y EGNOS requiere, por un lado, un reparto estricto de las responsabilidades y las tareas, en particular entre la Comisión, la Agencia del GNSS Europeo y la Agencia Espacial Europea (AEE), y, por otro, la adaptación progresiva de la gobernanza a las necesidades de explotación de los sistemas.

(27)

La Comisión, habida cuenta de que representa a la Unión, que, en principio, se ocupa en solitario de la financiación de los programas Galileo y EGNOS y es propietaria de los sistemas, debe ser responsable del desarrollo de dichos programas y de la supervisión global de estos. Por tanto, debe administrar los fondos asignados a los programas con arreglo al presente Reglamento y velar por la puesta en práctica de todas las actividades de los programas, así como velar por el reparto claro de las responsabilidades y las tareas, en particular entre la Agencia del GNSS Europeo y la AEE. A tal fin, conviene asignar a la Comisión, además de las tareas relacionadas con esas responsabilidades generales y las demás tareas que le competen de conformidad con el presente Reglamento, determinadas tareas específicas. Al objeto de optimizar los recursos y las competencias de las diferentes partes interesadas, la Comisión debe poder delegar determinadas tareas por medio de acuerdos de delegación, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012.

(28)

Considerando la importancia para los programas Galileo y EGNOS de la infraestructura terrestre de los sistemas y su impacto sobre la seguridad, la determinación del emplazamiento de las infraestructuras debe ser una de las tareas específicas asignadas a la Comisión. El despliegue de las infraestructuras terrestres de los sistemas debe seguir realizándose mediante un proceso abierto y transparente. El emplazamiento de dicha infraestructura deber determinarse teniendo en cuenta las limitaciones geográficas y técnicas asociadas a la distribución geográfica óptima de la infraestructura terrestre y la posible presencia de instalaciones y equipos existentes que puedan llevar a cabo tales cometidos, así como garantizando el cumplimiento de las necesidades en materia de seguridad de cada estación terrestre y los requisitos nacionales de seguridad de cada Estado miembro.

(29)

La Agencia del GNSS Europeo se creó en virtud del Reglamento (UE) no 912/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) para alcanzar los objetivos de los programas Galileo y EGNOS y ejecutar determinadas tareas relacionadas con el desarrollo de dichos programas. Se trata de una agencia de la Unión, que, como organismo a tenor del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012, está sujeta a las obligaciones que incumben a las agencias de la Unión. Conviene asignarle determinadas tareas relacionadas con la seguridad de los programas y con su posible designación como autoridad responsable del PRS. También debe contribuir a la comercialización de los sistemas, entre otras vías, estableciendo contactos con los usuarios y potenciales usuarios de los servicios que se prestan en el marco de los programas Galileo y EGNOS y debe recopilar información sobre sus necesidades y la evolución del mercado de radionavegación por satélite. Además, conviene que ejecute las tareas que la Comisión le confíe por medio de uno o varios acuerdos de delegación, que engloben tareas diferentes específicas relacionadas con los programas, en particular tareas relacionadas con las fases de explotación de los sistemas, incluida la gestión operativa de los programas, la promoción de las aplicaciones y los servicios en el mercado de la radionavegación por satélite y la promoción del desarrollo de elementos fundamentales relacionados con los programas. Para que la Comisión, en representación de la Unión, pueda ejercer plenamente su poder de control, los acuerdos de delegación deben incluir, entre otras cosas, las condiciones generales de gestión de los fondos confiados a la Agencia del GNSS Europeo.

La transferencia de responsabilidades a la Agencia del GNSS Europeo en relación con las tareas asociadas con la gestión operativa de los programas Galileo y EGNOS y su explotación debe ser gradual y estar supeditada a la realización con éxito de la debida revisión del traspaso y a la disposición de la Agencia del GNSS Europeo a asumir estas tareas, a fin de garantizar la continuidad de dichos programas. En el caso de EGNOS, este traspaso debe tener lugar el 1 de enero de 2014; respecto de Galileo, se espera que se produzca en 2016.

(30)

Para el desarrollo de la fase de despliegue de Galileo, la Unión debe celebrar con la AEE un acuerdo de delegación que determine las tareas de la AEE en esta fase. La Comisión, en representación de la Unión, debe hacer todos los esfuerzos por concluir este acuerdo de delegación en un plazo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. Para que la Comisión pueda ejercer plenamente su poder de control, el acuerdo de delegación debe incluir las condiciones generales de gestión de los fondos confiados a la AEE. Por lo que respecta a las actividades financiadas exclusivamente por la Unión, dichas condiciones deben garantizar un grado de control comparable al que se exigiría si la AEE fuera una agencia de la Unión.

(31)

En la fase de explotación de los programas Galileo y EGNOS, la Agencia del GNSS Europeo debe acordar con la AEE las modalidades de trabajo, definiendo los cometidos de esta última en el desarrollo de futuras generaciones de los sistemas y la prestación de asistencia técnica en relación con la generación de sistemas existentes. Dichas modalidades deben atenerse al Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012. No deben abarcar la función de la AEE por lo que respecta a las actividades relativas a la investigación y la tecnología, o a las fases incipientes de evolución y las actividades de investigación relativas a las infraestructuras establecidas en el marco de los sistemas Galileo y EGNOS. Dichas actividades deben financiarse al margen del ámbito del presupuesto asignado a los programas, por ejemplo, con los fondos concedidos al programa Horizonte 2020.

(32)

La responsabilidad del desarrollo de los programas Galileo y EGNOS incluye, entre otras cosas, la responsabilidad en relación con su seguridad, la de los sistemas y su explotación. Salvo en el caso de la aplicación de la Acción Común 2004/552/PESC del Consejo (10), que debe revisarse para reflejar la evolución de los programas Galileo y EGNOS, a su gobernanza y a los cambios del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea resultado del Tratado de Lisboa, la responsabilidad de la seguridad recae en la Comisión, aunque determinadas tareas en materia de seguridad se confíen a la Agencia del GNSS Europeo. Corresponde, en particular, a la Comisión establecer los mecanismos destinados a garantizar la coordinación adecuada entre las diferentes entidades encargadas de la seguridad.

(33)

En aplicación del presente Reglamento, en asuntos relacionados con la seguridad, la Comisión debe consultar con los pertinentes expertos en seguridad de los Estados miembros.

(34)

Habida cuenta de los conocimientos específicos de que dispone el SEAE y sus contactos periódicos con las administraciones de los terceros países y de las organizaciones internacionales, resulta un organismo capaz de asistir a la Comisión en la ejecución de algunas de sus tareas relativas a la seguridad de los sistemas y de los programas Galileo y EGNOS en el ámbito de las relaciones exteriores, de conformidad con la Decisión 2010/427/UE del Consejo (11). La Comisión debe garantizar que el SEAE esté plenamente asociado a sus actividades a la hora de realizar los cometidos relacionados con la seguridad en el ámbito de las relaciones exteriores. A tal fin, se prestará al SEAE todo el apoyo técnico necesario.

(35)

Para garantizar la circulación de información en condiciones de seguridad, en el ámbito del presente Reglamento, las normas pertinentes en materia de seguridad deben ofrecer un nivel de protección de la información clasificada de la UE equivalente al establecido por las normas de seguridad que figuran en el anexo de la Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom (12) de la Comisión y por las normas de seguridad del Consejo que figuran en el anexo de la Decisión 2013/488/UE del Consejo (13). Cada uno de los Estados miembros garantizará que sus normas nacionales de seguridad se aplican a toda persona física o jurídica que resida o esté establecida en su territorio, y que maneje información clasificada de la Unión Europea relacionada con los programas Galileo y EGNOS. Las normas de seguridad de la AEE y la Decisión de 15 de junio de 2011, de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (14) se consideran equivalentes a las normas mencionadas, con arreglo a lo establecido en el anexo de la Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom, y en las normas de seguridad que figuran en el anexo de la Decisión 2013/488/UE del Consejo.

(36)

El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de las normas actuales y futuras sobre acceso a documentos adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Debe además entenderse que el presente Reglamento no impone a los Estados miembros ninguna obligación de desatender a sus exigencias constitucionales relativas al acceso a los documentos.

(37)

Al objeto de distribuir los fondos de la Unión asignados a los programas Galileo y EGNOS, cuyo importe constituye un límite que la Comisión no debe superar, es indispensable que se apliquen procedimientos eficaces de adjudicación de contratos públicos y, en particular, que los contratos se negocien de manera que se garantice un uso óptimo de los recursos, unas prestaciones satisfactorias, una continuación armoniosa de los programas, una buena gestión de los riesgos y el respeto del calendario propuesto. El correspondiente órgano de contratación debe esforzarse por que se cumplan dichas exigencias.

(38)

Puesto que, en principio, los programas Galileo y EGNOS serán financiados por la Unión, los contratos públicos que se suscriban en el marco de dichos programas deben cumplir las normas de la Unión relativas a la contratación pública y tratar, ante todo, de optimizar los recursos, controlar los costes, mitigar los riesgos, mejorar la eficacia y disminuir la dependencia de un solo proveedor. Conviene que, a lo largo de toda la cadena de suministro, se garantice una competencia libre y justa, que ofrezca posibilidades de participación equilibradas a las diferentes ramas de actividad a todos los niveles, en particular a los recién llegados y a las pequeñas y medianas empresas («PYME»). Se deben evitar los posibles abusos de posición dominante y la dependencia a largo plazo de un único proveedor. Para mitigar los riesgos vinculados al programa, evitar la dependencia de una única fuente de suministro y garantizar un mayor control general del programa, del coste y del calendario, debe recurrirse, cuando sea necesario, a múltiples fuentes de suministro. Además, el desarrollo de la industria europea debe preservarse y promoverse en todos los ámbitos relacionados con la radionavegación por satélite, de conformidad con los acuerdos internacionales en los que la Unión es parte. Debe reducirse al mínimo el riesgo de ejecución insuficiente de un contrato o de incumplimiento del mismo. A tal fin, los contratistas deben demostrar la sostenibilidad de su ejecución del contrato respecto de los compromisos asumidos y de la duración del mismo. Por ello, cuando proceda, los órganos de contratación especificarán los requisitos relativos a la fiabilidad de los suministros y de la prestación de los servicios.

Además, en los casos de adquisiciones de bienes y servicios de carácter sensible, los órganos de contratación podrán someter esas adquisiciones a requisitos específicos, especialmente con miras a garantizar la seguridad de la información. Las industrias de la Unión deben tener la posibilidad de acudir a fuentes situadas fuera de la Unión en relación con determinados componentes y servicios, cuando se demuestre que ofrecen ventajas sustanciales en términos de calidad y costes, teniendo en cuenta, no obstante, el carácter estratégico de los programas, así como las exigencias de la Unión en materia de seguridad y de control de las exportaciones. Conviene aprovechar las inversiones, así como la experiencia y las competencias en materia industrial, incluidas las adquiridas durante las fases de definición, desarrollo y validación de los programas, al tiempo que se garantiza el cumplimiento de las normas relativas a una contratación pública competitiva.

(39)

A fin de evaluar mejor el coste total de un producto, servicio o trabajo objeto de una licitación, incluido su coste operativo a largo plazo, durante la contratación debe tenerse en cuenta, si procede, el coste total a lo largo del ciclo de vida útil del producto, servicio o trabajo objeto de la licitación, siguiendo un enfoque basado en la rentabilidad, como el cálculo de los costes del ciclo de vida, al intentar realizar la contratación basándose en el criterio de adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa. A tal fin, el órgano de contratación debe cerciorarse de que la metodología utilizada para calcular los costes relativos al ciclo de vida útil de un producto, servicio o trabajo es mencionada expresamente en la documentación del contrato o en el anuncio de licitación, y que ello permite verificar la exactitud de la información facilitada por los licitadores.

(40)

La radionavegación por satélite es una tecnología compleja y en constante evolución, de la que se derivan incertidumbres y riesgos para los contratos públicos suscritos en el marco de los programas Galileo y EGNOS, en la medida en que dichos contratos pueden referirse a equipos o prestaciones de servicio a largo plazo. Dichas características hacen necesario establecer medidas especiales en materia de contratación pública, que se aplican además de las normas previstas en el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012. Por tanto, el órgano de contratación debe poder restablecer unas condiciones de competencia justas cuando, antes de la convocatoria una o varias empresas ya dispongan de información privilegiada sobre las actividades de dicha convocatoria. También debe poder adjudicar un contrato desglosado en tramos condicionales, introducir, en determinadas condiciones, una cláusula adicional en el marco de la ejecución del contrato o, incluso, imponer un nivel mínimo de subcontratación. Por último, debido a la incertidumbre tecnológica que caracteriza a los programas Galileo y EGNOS, los precios de los contratos públicos no siempre pueden establecerse de manera precisa, por lo que debe ser posible suscribir contratos especiales, en los que no se estipule un precio cierto y definitivo y que incluyan cláusulas de salvaguardia de los intereses financieros de la Unión.

(41)

Conviene recordar que, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), los Estados miembros deben abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda ir en detrimento de los programas Galileo y EGNOS o los servicios. Asimismo, conviene aclarar que los Estados miembros afectados deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de las estaciones terrestres establecidas en su territorio. Además, los Estados miembros y la Comisión deben trabajar juntos y con los organismos internacionales y las autoridades de regulación pertinentes para garantizar que el espectro radioeléctrico necesario para el sistema establecido en el marco del programa Galileo está disponible y protegido a fin de permitir el pleno desarrollo y la puesta en práctica de las aplicaciones basadas en dicho sistema, con arreglo a la Decisión no 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (15).

(42)

Habida cuenta del carácter mundial de los sistemas, es fundamental que la Unión celebre acuerdos con terceros países y organizaciones internacionales en el marco de los programas Galileo y EGNOS, de conformidad con el artículo 218 del TFUE, en particular para garantizar el buen funcionamiento, atender a determinadas cuestiones relativas a la seguridad y al cobro, optimizar los servicios prestados a los ciudadanos de la Unión y satisfacer las necesidades de los terceros países y las organizaciones internacionales. Llegado el caso, también es útil adaptar los acuerdos vigentes a la evolución de los programas Galileo y EGNOS. Con ocasión de la preparación o de la aplicación de dichos acuerdos, la Comisión puede solicitar la asistencia del SEAE, de la AEE y de la Agencia del GNSS Europeo, dentro de los límites de las tareas que les han sido atribuidas en el marco del presente Reglamento.

(43)

Conviene recordar que la Comisión, para el cumplimiento de algunas de sus tareas de carácter no reglamentario, puede solicitar, llegado el caso y en la medida de lo necesario, la asistencia técnica de determinadas partes externas. Las demás entidades que participan en la gobernanza pública de los programas Galileo y EGNOS también pueden beneficiarse de la misma asistencia técnica para la ejecución de las tareas que les son confiadas en aplicación del presente Reglamento.

(44)

La Unión se basa en el respeto de los derechos fundamentales y, en particular, los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen expresamente el derecho fundamental a la privacidad y a la protección de los datos personales. Conviene garantizar la protección de los datos personales y de la privacidad en el marco de los programas Galileo y EGNOS.

(45)

A lo largo de todo el ciclo de gasto, deben protegerse los intereses financieros de la Unión mediante medidas proporcionadas como la prevención, la detección y la investigación de irregularidades, la recuperación de fondos perdidos, pagados indebidamente o utilizados de forma incorrecta, y, si procede, la imposición de sanciones administrativas y financieras, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012.

(46)

Es importante informar con regularidad al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la ejecución de los programas Galileo y EGNOS, en particular en materia de gestión de riesgos, costes, calendario y resultados. Además, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión se reunirán en el seno de la Comisión Interinstitucional de Galileo, de conformidad con la Declaración común sobre la Comisión Interinstitucional de Galileo, publicada junto con el presente Reglamento.

(47)

La Comisión Europea, basándose en los indicadores acordados, debe llevar a cabo evaluaciones, a fin de valorar la eficacia y la eficiencia de las medidas adoptadas para la realización de los objetivos de los programas Galileo y EGNOS.

(48)

Al objeto de velar por la seguridad de los sistemas y de su funcionamiento, conviene delegar en la Comisión el poder de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE habida cuenta del alto nivel de los objetivos necesarios para garantizar la seguridad de los sistemas y de su funcionamiento. Es especialmente importante que la Comisión celebre las consultas oportunas durante sus trabajos de preparación, incluso con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe velar por la transmisión simultánea, oportuna y adecuada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

(49)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (16).

(50)

Dado que la buena gobernanza pública requiere una gestión homogénea de los programas Galileo y EGNOS, una aceleración de la toma de decisiones y un acceso indiscriminado a la información, conviene que representantes de la Agencia del GNSS Europeo y de la AEE puedan participar como observadores en los trabajos del Comité de los Programas GNSS Europeos («el Comité»), establecido para asistir a la Comisión. Por las mismas razones, conviene que los representantes de terceros países o de organizaciones internacionales que han celebrado un acuerdo internacional con la Unión puedan participar en los trabajos del Comité sin perjuicio de las exigencias de seguridad y con arreglo a lo establecido en los términos de dicho acuerdo. Los representantes de la Agencia del GNSS Europeo, de la AEE, de terceros países y de organizaciones internacionales no pueden participar en las votaciones del Comité.

(51)

Habida cuenta de que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento y la explotación de sistemas de radionavegación por satélite, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, puesto que supera las capacidades financieras y técnicas de un Estado miembro que actúe por sí solo, y, por consiguiente, en razón de su escala y sus efectos puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del TUE. Con arreglo al principio de proporcionalidad enunciado en el mencionado artículo 5, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo.

(52)

La Empresa Común Galileo, creada mediante el Reglamento (CE) no 876/2002 del Consejo (17) cesó su actividad el 31 de diciembre de 2006. Por tanto, procede derogar el Reglamento (CE) no 876/2002.

(53)

Dada la necesidad de evaluar los programas Galileo y EGNOS y el alcance de las modificaciones que se van a introducir en el Reglamento (CE) no 683/2008, en aras de la claridad y de la seguridad jurídica debe derogarse el Reglamento (CE) no 683/2008.

(1)

El programa de acción plurianual aplicable hasta 2014 al sector fiscal ha contribuido considerablemente a facilitar y reforzar la cooperación entre las administraciones tributarias dentro de la Unión. Las administraciones tributarias de los países participantes han reconocido el valor añadido de dicho programa, también para la protección de los intereses financieros de los Estados miembros, de la Unión y de los contribuyentes. Los retos que se plantearán durante el próximo decenio no podrán afrontarse sin que los Estados miembros miren más allá de las fronteras de sus territorios o cooperen intensamente con sus homólogos. El programa Fiscalis, aplicado por la Comisión en cooperación con los países participantes, ofrece a los Estados miembros un marco de la Unión en el que impulsar dichas actividades de cooperación y que resulta más eficaz desde la perspectiva del coste que si cada Estado miembro estableciese su propio marco de cooperación de forma bilateral o multilateral. Es por tanto oportuno garantizar la continuación de dicho programa con el establecimiento de un nuevo programa en el mismo ámbito.

(2)

El programa establecido en virtud del presente Reglamento, «Fiscalis 2020», y su éxito son vitales en la situación económica presente y deben respaldar la cooperación en materia fiscal.

(3)

Se espera que las actividades contempladas en Fiscalis 2020, a saber, los sistemas de información europeos tal y como se definen en el presente Reglamento (Sistemas de Información Europeos), las acciones conjuntas para funcionarios de las administraciones tributarias y las iniciativas de formación comunes, contribuyan a la consecución del crecimiento inteligente, sostenible e integrador que persigue como objetivo la Estrategia Europa 2020, al fortalecer el funcionamiento del mercado interior, proporcionar un marco de apoyo a actividades que mejoren la capacidad administrativa de las administraciones tributarias y impulsar el progreso técnico y la innovación. Al ofrecer un marco para actividades que permitan aumentar la eficacia de las administraciones tributarias, reforzar la competitividad de las empresas, promover el empleo y contribuir a la protección de los intereses financieros y económicos de los Estados miembros, de la Unión y de los contribuyentes, Fiscalis 2020 revitalizará con energía el funcionamiento de los sistemas fiscales en el mercado interior, contribuyendo al mismo tiempo a la supresión progresiva de los obstáculos y distorsiones aún existentes en el mercado interior.

(4)

El ámbito de aplicación de Fiscalis 2020 debe ponerse en consonancia con las necesidades actuales, con el fin de centrarse en todos los impuestos armonizados a escala de la Unión y en otros impuestos en la medida en que sean pertinentes a efectos del mercado interior y de la cooperación administrativa entre los Estados miembros.

(5)

Con el fin de apoyar el proceso de adhesión y de asociación de terceros países, Fiscalis 2020 debe estar abierto a la participación de los países adherentes y los candidatos, pero también de los potenciales países candidatos y de los países socios de la Política Europea de Vecindad, si se cumplen determinadas condiciones y su participación contribuye solo a las actividades de Fiscalis 2020 destinadas a combatir el fraude fiscal y la evasión de impuestos, y a afrontar la planificación fiscal agresiva. Además, ante la creciente interconectividad de la economía mundial, Fiscalis 2020 debería seguir ofreciendo la posibilidad de que se invite a expertos externos a participar en las actividades contempladas en Fiscalis 2020. Únicamente debe invitarse a expertos externos —representantes de autoridades estatales, operadores económicos y sus organizaciones o representantes de organizaciones internacionales— cuando sus contribuciones se consideren esenciales para lograr los objetivos de Fiscalis 2020.

(6)

Los objetivos y prioridades de Fiscalis 2020 tienen en cuenta los problemas y desafíos que se plantearán en el ámbito fiscal a lo largo del próximo decenio. Fiscalis 2020 debe seguir desempeñando su cometido en ámbitos esenciales como la aplicación coherente de la legislación de la Unión en materia de fiscalidad, garantizando el intercambio de información y apoyando la cooperación administrativa y mejorando la capacidad administrativa de las administraciones tributarias. Además, dada la compleja dinámica de los nuevos retos identificados, debe hacerse más hincapié en apoyar la lucha contra el fraude fiscal, la evasión de impuestos y la planificación fiscal agresiva. Ha de ponerse empeño en reducir la carga administrativa de las administraciones tributarias y los costes del cumplimiento de las obligaciones fiscales para los contribuyentes, y en evitar la doble imposición.

(7)

En el plano práctico, Fiscalis 2020 debe instrumentar, explotar y apoyar los sistemas de información europeos y las actividades de cooperación administrativa, reforzar las capacidades y competencias de los funcionarios de las administraciones tributarias, potenciar la comprensión y aplicación de la normativa de la Unión en materia de fiscalidad y apoyar la mejora de los procedimientos administrativos y el intercambio de información sobre buenas prácticas administrativas y la difusión de estas. Dichos objetivos deben perseguirse poniendo especial interés en apoyar la lucha contra el fraude fiscal, la evasión de impuestos y la planificación fiscal agresiva.

(8)

Los instrumentos del programa que se aplicaban antes de Fiscalis 2020 deben completarse con el fin de responder adecuadamente a los desafíos que esperan a las administraciones tributarias en el próximo decenio y para conservar la consonancia con la evolución del Derecho de la Unión. Fiscalis 2020 debe abarcar: controles bilaterales o multilaterales y otras formas de cooperación administrativa establecidas en la normativa pertinente de la Unión en materia de cooperación administrativa; equipos de expertos; acciones de fortalecimiento de las capacidades de la administración pública que proporcionen una formación específica y especializada en el ámbito de la fiscalidad a aquellos Estados miembros que se encuentren en circunstancias particulares y excepcionales que justifiquen medidas especiales de ese tipo; y, cuando sea necesario, estudios y actividades conjuntas de comunicación con el fin de apoyar la aplicación de la normativa de la Unión en el ámbito fiscal.

(9)

Los sistemas de información europeos desempeñan un papel esencial en la comunicación entre las administraciones tributarias y, por tanto, en el fortalecimiento de los sistemas fiscales dentro de la Unión, por lo que deben seguir siendo financiados y perfeccionados en el marco de Fiscalis 2020. Debe posibilitarse, además, la inclusión en este de los nuevos sistemas de información que establezca la normativa de la Unión en el ámbito fiscal. En su caso, los sistemas de información europeos deben basarse en una arquitectura informática y unos modelos de desarrollo compartidos.

(10)

En el contexto de una mejora más amplia de la cooperación administrativa y del apoyo a la lucha contra el fraude fiscal, la evasión de impuestos y la planificación fiscal agresiva, puede ser útil que la Unión celebre con terceros países acuerdos que les permitan utilizar los componentes de la Unión de los sistemas de información europeos con el fin de favorecer un intercambio seguro de información entre ellos y los Estados miembros en el marco de acuerdos bilaterales en materia fiscal.

(11)

Fiscalis 2020 debe utilizarse también para la realización de actividades de formación comunes. Fiscalis 2020 debe seguir apoyando a los países participantes para que refuercen las competencias y conocimientos profesionales en relación con la fiscalidad, mediante la elaboración conjunta de contenidos de formación más adecuados, dirigidos tanto a los funcionarios de las administraciones tributarias como a los operadores económicos. A tal fin, el planteamiento común de la formación actualmente integrado en Fiscalis 2020, basado principalmente en un desarrollo centralizado del aprendizaje electrónico, tiene que evolucionar hacia un programa polifacético de apoyo a la formación en favor de la Unión.

(12)

Fiscalis 2020 debe cubrir un período de siete años para que su duración sea la misma que la del marco financiero plurianual establecido en el Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013 del Consejo (2).

(13)

El presente reglamento establece una dotación financiera para toda la vigencia de Fiscalis 2020, que, en el marco del procedimiento presupuestario anual, constituya para el Parlamento Europeo y el Consejo el importe de referencia privilegiada según los términos del punto 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (3).

(14)

En cumplimiento del compromiso de coherencia y simplificación de los programas de financiación que contrajo la Comisión en su Comunicación de 2010 sobre la revisión del presupuesto de la UE, los recursos necesarios deben cofinanciarse con otros instrumentos de financiación de la Unión —excluyendo, sin embargo, la doble financiación— cuando las actividades de Fiscalis 2020 persigan objetivos que sean comunes a varios instrumentos de financiación.

(15)

Las medidas necesarias para la ejecución financiera del presente Reglamento se adoptarán de acuerdo con el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y con el Reglamento Delegado (UE, Euratom) no 1268/2012 de la Comisión (5).

(16)

Los países participantes deberían sufragar los gastos correspondientes a los elementos nacionales de Fiscalis 2020, que incluirían, entre otras cosas, los componentes ajenos a la Unión de los sistemas de información europeos y toda actividad de formación que no forme parte de las iniciativas de formación comunes.

(17)

Teniendo en cuenta la importancia de que los países participantes asuman una participación plena en las acciones conjuntas, conviene que, cuando sea necesario para alcanzar plenamente los objetivos de Fiscalis 2020, se pueda establecer un porcentaje de cofinanciación del 100 % de los costes subvencionables en el caso de los gastos de viaje y alojamiento, los gastos ligados a la organización de eventos y las dietas.

(18)

Los intereses financieros de la Unión deben protegerse durante todo el ciclo de gasto con la aplicación de medidas adecuadas, tales como la prevención, detección e investigación de las irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, pagados indebidamente o utilizados incorrectamente y, en su caso, la imposición de sanciones.

(19)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta al establecimiento de los programas de trabajo anuales. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(20)

Dado que el objetivo del presente Reglamento —a saber, el establecimiento de un programa plurianual para mejorar el funcionamiento de los sistemas fiscales en el mercado interior— no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, al no poder estos llevar a cabo eficientemente la cooperación y coordinación necesarias para lograr dicho objetivo, la Unión puede adoptar medidas y establecer un programa plurianual, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(21)

La Comisión debe contar con la asistencia del Comité Fiscalis 2020 para la aplicación de Fiscalis 2020.

(22)

Con el fin de facilitar la evaluación de Fiscalis 2020, debe establecerse desde el principio un marco adecuado para el seguimiento de los resultados obtenidos por Fiscalis 2020. La Comisión debe establecer, junto con los países participantes, indicadores adaptables y criterios de referencia predefinidos que permitan hacer un seguimiento de los resultados de las actividades de Fiscalis 2020. Debe llevarse a cabo una evaluación intermedia en la que se examine la consecución de los objetivos de Fiscalis 2020, la eficiencia del mismo y su valor añadido a escala Europea. Además, debe realizarse una evaluación final en la que se analicen sus repercusiones a largo plazo y sus efectos desde la perspectiva de la sostenibilidad. Es importante que se garantice la total transparencia, mediante la elaboración de informes regulares de seguimiento y la presentación de informes de evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo.

(23)

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7), rige el tratamiento de datos personales llevado a cabo en los Estados miembros en el contexto del presente Reglamento y bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros, en particular de las autoridades públicas independientes designadas por estos. Las actividades de tratamiento de datos personales que realice la Comisión en virtud del presente Reglamento y bajo la supervisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos se rigen por lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). Cualquier intercambio o transmisión de información efectuado por las autoridades competentes de los Estados miembros debe ser conforme con las disposiciones sobre la transferencia de datos personales establecidas en la Directiva 95/46/CE, y los realizados por la Comisión deben ajustarse a las normas sobre la transmisión de datos personales establecidas en el Reglamento (CE) no 45/2001.

(24)

El presente Reglamento debe sustituir a la Decisión no 1482/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9). Por consiguiente, debe derogarse dicha Decisión.

(1)

La Comisión adoptó una Comunicación titulada «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» en marzo de 2010 (en lo sucesivo «Estrategia Europa 2020»). El Consejo Europeo la aprobó en junio de 2010. La Estrategia Europa 2020 responde a la crisis económica y tiene el propósito de preparar a la Unión para la próxima década. Establece cinco objetivos ambiciosos en materia de clima y energía, empleo, innovación, educación e inclusión social, que han de alcanzarse de aquí a 2020, y determina motores clave del crecimiento cuya finalidad es hacer que la Unión sea más dinámica y competitiva. Asimismo hace hincapié en la importancia de reforzar el crecimiento de la economía europea al tiempo que se obtiene un alto nivel de empleo y una economía baja en carbono y eficiente en cuanto a recursos y energía, junto con la necesaria cohesión social. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) deben desempeñar un papel esencial en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Su importancia queda reflejada en el hecho de que las PYME se mencionan en seis de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020.

(2)

A fin de garantizar que las empresas, en particular las PYME, desempeñen un papel fundamental en los esfuerzos por conseguir el crecimiento económico de la Unión, lo que constituye una prioridad absoluta, la Comisión adoptó en octubre de 2010 una Comunicación titulada «Una política industrial integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la sostenibilidad en el punto de mira», que fue refrendada por el Consejo de diciembre de 2010. Se trata de una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020. En la Comunicación se expone una estrategia cuyo fin es impulsar el crecimiento y el empleo manteniendo y apoyando en Europa una base industrial fuerte, diversificada y competitiva, concretamente con la mejora de las condiciones generales para las empresas y con el refuerzo de varios aspectos del mercado interior, en especial los servicios relacionados con la empresa.

(3)

La Comisión adoptó en junio de 2008 una Comunicación titulada «Pensar primero a pequeña escala – Small Business Act para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas», que fue acogida con satisfacción por el Consejo de diciembre de 2008. La Iniciativa en favor de las pequeñas empresas (en lo sucesivo, «Iniciativa») ofrece un exhaustivo marco de actuación para las PYME, promueve el espíritu emprendedor y consagra el principio de «pensar primero a pequeña escala» en la legislación y en las políticas, a fin de potenciar la competitividad de las PYME. Dicha Iniciativa establece diez principios y esboza políticas y acciones legislativas para promover el potencial de crecimiento y creación de empleo de las PYME. La aplicación de la misma contribuye a conseguir los objetivos de la Estrategia Europa 2020. En las iniciativas emblemáticas se han expuesto ya varias acciones relativas a las PYME.

(4)

La Iniciativa ha sido desde entonces objeto de una revisión —publicada en febrero de 2011—, en la que se basó el Consejo para adoptar sus conclusiones de 30 y 31 de mayo de 2011. En la citada revisión se repasa la aplicación de la Iniciativa y se evalúan las necesidades de las PYME que operan en el actual entorno económico, en el que cada vez les resulta más difícil obtener financiación y acceder a los mercados. En esa revisión se ofrece una visión de conjunto de los progresos realizados en los dos primeros años de la Iniciativa, se establecen nuevas medidas para responder a los desafíos derivados de la crisis económica y señalados por las partes interesadas y se proponen formas de mejorar la adopción y la aplicación de la misma, dando un papel claro a las partes interesadas, principalmente a las organizaciones empresariales. Las prioridades establecidas en dicha revisión deben reflejarse en los objetivos específicos de un programa para la competitividad de las empresas y de las PYME. Es importante garantizar que la aplicación del Programa se lleve a cabo de forma coordinada con la aplicación de la Iniciativa. En particular, las acciones contempladas en el contexto de los objetivos específicos deben contribuir a la aplicación de los diez principios mencionados anteriormente y de nuevas acciones previstas en el proceso de revisión de la citada Iniciativa.

(5)

El Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013 del Consejo (3) establece el Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020. El Marco Financiero Plurianual describe cómo se alcanzarán los objetivos de las políticas, a saber, aumentar el crecimiento y crear más puestos de trabajo en Europa, establecer una economía baja en carbono y más respetuosa del medio ambiente y dar a la Unión un protagonismo internacional.

(6)

Para contribuir al refuerzo de la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la Unión, en particular de las PYME, ayudar a las PYME ya existentes a fomentar una cultura empresarial y promover la creación y el crecimiento de las PYME, al avance de la sociedad del conocimiento y al desarrollo basado en un crecimiento económico equilibrado, procede crear un programa para la competitividad de las empresas y para las PYME (en lo sucesivo, «Programa COSME»).

(7)

El Programa COSME debe conceder la máxima prioridad al programa de simplificación, en consonancia con la Comunicación de la Comisión, de 8 de febrero de 2012, titulada «Un programa de simplificación para el Marco Financiero Plurianual 2014-2020». Los gastos de la Unión y de los Estados miembros en el ámbito de la promoción de la competitividad de las empresas y las PYME deben coordinarse mejor para garantizar la complementariedad y una mayor eficiencia y visibilidad, y alcanzar mayores sinergias presupuestarias.

(8)

La Comisión se ha comprometido a integrar la acción climática en los programas de gasto de la Unión y a dedicar por lo menos el 20 % del presupuesto de la Unión a objetivos relacionados con el clima. Es importante asegurarse de que la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, así como la prevención de riesgos, se promuevan al preparar, diseñar y llevar a la práctica el Programa COSME. Las medidas incluidas en el presente Reglamento han de contribuir a promover la transición a una economía y una sociedad bajas en carbono y resilientes al cambio climático.

(9)

A tenor de la Decisión 2001/822/CE del Consejo (4), las entidades y organismos de los países y territorios de ultramar pueden optar a participar en el Programa COSME.

(10)

La política de competitividad de la Unión tiene como finalidad poner en práctica las medidas institucionales y de actuación que creen las condiciones necesarias para que las empresas puedan crecer de manera sostenible, especialmente las PYME. Alcanzar la competitividad y la sostenibilidad supone la capacidad de alcanzar y mantener la competitividad económica y el crecimiento de las empresas con arreglo a objetivos de desarrollo sostenible. El aumento de la productividad, incluida la productividad de los recursos y de la energía, es la principal fuente de crecimiento sostenible de los ingresos. La competitividad depende también de la capacidad de las empresas para aprovechar plenamente oportunidades como el mercado interior. Ello es especialmente importante para las PYME, que representan el 99 % de las empresas de la Unión, proporcionan dos de cada tres de los actuales puestos de trabajo en el sector privado y el 80 % de los que se crean, y que aportan más de la mitad del valor añadido generado por las empresas de la Unión. Las PYME son un motor fundamental del crecimiento económico, el empleo y la integración social.

(11)

La Comunicación de la Comisión, de 18 de abril de 2012, titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo» estima que las políticas que promueven la transición a una economía verde, tales como las políticas sobre eficiencia de los recursos, eficiencia energética y cambio climático, podrían generar más de cinco millones de puestos de trabajo antes de 2020 y, en particular, en el sector de las PYME. Habida cuenta de ello, entre las medidas específicas llevadas a cabo en el marco del Programa COSME, podría incluirse la promoción del desarrollo de productos, servicios, tecnologías y procesos sostenibles, así como la eficiencia de los recursos y la eficiencia energética y la responsabilidad social de las empresas.

(12)

En los últimos años, la competitividad ha estado en el punto de mira del diseño de las políticas de la Unión, debido a los fallos estratégicos, institucionales y del mercado que socavan la competitividad de las empresas de la Unión, en particular de las PYME.

(13)

Así pues, el Programa COSME debe abordar los fallos del mercado que afectan a la competitividad de la economía de la Unión a escala mundial, y que socavan la capacidad de las empresas, y en particular de las PYME, para competir con sus homólogas de otras partes del mundo.

(14)

El Programa COSME debe dirigirse especialmente a las PYME, tal como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (5). Al aplicar el presente Reglamento, la Comisión debe consultar a todas las partes implicadas, incluidas las organizaciones representativas de las PYME. Debe prestarse especial atención a las microempresas, a las empresas que realizan actividades artesanales, a los trabajadores por cuenta propia, a las profesiones liberales y a las empresas sociales. También debe prestarse especial atención a los emprendedores potenciales, nuevos, jóvenes y mujeres, así como a grupos destinatarios concretos. tales como personas mayores de una cierta edad, inmigrantes y emprendedores procedentes de grupos socialmente desfavorecidos o vulnerables, como las personas con discapacidad, y a la promoción de la transmisión de empresas, a la creación de empresas semilla, y a las segundas oportunidades para los emprendedores.

(15)

Muchos de los problemas de la Unión relacionados con la competitividad tienen que ver con las dificultades que encuentran las PYME para acceder a la financiación, pues han de luchar por demostrar su solvencia y tienen difícil el acceso al capital riesgo. Tales dificultades repercuten negativamente en el nivel y la calidad de las nuevas empresas creadas así como en el crecimiento y el índice de supervivencia de las empresas ya establecidas, así como en la disposición de los nuevos emprendedores a asumir otras empresas viables en el contexto de un traspaso o una herencia. Los instrumentos financieros de la Unión establecidos en la Decisión no 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), con arreglo al Programa Marco para la innovación y la competitividad han demostrado que aportan valor añadido y constituyen una contribución positiva para al menos 220 000 PYME. El valor añadido reforzado que tienen para la Unión los instrumentos financieros propuestos radica, entre otras cosas, en que afianzan el mercado interior del capital riesgo, desarrollan un mercado de financiación paneuropeo para las PYME, a la vez que abordan los fallos del mercado que no pueden abordar los Estados miembros. Las acciones de la Unión deben ser coherentes, consecuentes y complementarias de los instrumentos financieros de los Estados miembros para las PYME, tener un efecto multiplicador y evitar crear distorsiones en el mercado, tal como se estipula en el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (7). Las entidades a las que se confíe la ejecución de las acciones han de garantizar la adicionalidad y evitar la doble financiación a través de los recursos de la Unión.

(16)

La Comisión debe prestar atención a la visibilidad de la financiación facilitada a través de los instrumentos financieros del presente Reglamento, para que se conozca la disponibilidad del apoyo de la Unión y los mercados reconozcan el apoyo prestado. Con ese objetivo los intermediarios financieros también deben tener la obligación de poner explícitamente de relieve frente los receptores finales que la financiación ha sido posible con la ayuda de los instrumentos financieros del presente Reglamento. La Comisión y los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias, incluido mediante sistemas en línea de uso fácil, para difundir información sobre los instrumentos financieros disponibles entre las PYME y los intermediarios. Estos sistemas, que podrían estar ubicados en una única página electrónica, no deben ser copias repetidas de sistemas existentes.

(17)

La Red europea de apoyo a las empresas ha demostrado su valor añadido para las PYME europeas como ventanilla única de apoyo a las empresas, ayudándolas a mejorar su competitividad y a explorar oportunidades de negocio dentro y fuera del mercado interior. La racionalización de metodologías y métodos de trabajo y la provisión de una dimensión europea a los servicios de apoyo a las empresas solo pueden conseguirse a nivel de la Unión. En particular, la Red ha ayudado a las PYME a encontrar socios para cooperar o para transferir tecnología en el mercado interior y a terceros países, a obtener asesoramiento sobre fuentes de financiación de la Unión, sobre Derecho de la Unión y derechos de propiedad intelectual e industrial y sobre programas de la Unión de impulso de la ecoinnovación y producción sostenible. Asimismo, la Red ha recibido observaciones sobre la legislación y las normas de la Unión. Su excepcional pericia es especialmente importante para superar asimetrías de información y aligerar los costes de transacción que conllevan las actividades transfronterizas.

(18)

Se requiere un esfuerzo permanente de mejora de la calidad de los servicios y los resultados de la Red europea de apoyo a las empresas, en particular, por lo que respecta a la sensibilización de las PYME y la aceptación ulterior de los servicios propuestos, mediante una mayor integración de servicios de internalización e innovación, mejorando la cooperación entre la Red y las PYME interesadas a nivel local y regional, consultando y mejorando la participación de organizaciones anfitrionas, reduciendo la burocracia, mejorando el apoyo a las tecnologías de la información y la visibilidad de la Red y de sus servicios en las regiones geográficas cubiertas.

(19)

La limitada internacionalización de las PYME tanto dentro como fuera de Europa afecta a su competitividad. Según algunas estimaciones, actualmente el 25 % de las PYME de la Unión exportan o han exportado alguna vez en los tres últimos años; sin embargo, solo el 13 % de ellas exportan regularmente fuera de la Unión, y únicamente el 2 % han realizado inversiones fuera de su país. Por otra parte, la encuesta del Eurobarómetro de 2012 muestra el potencial no aprovechado de crecimiento de las PYME de la Unión en los mercados ecológicos, tanto dentro como fuera de la Unión, en términos de internacionalización y acceso a la contratación pública. En consonancia con la Iniciativa, que pedía a la Unión y a los Estados miembros que apoyasen a las PYME y las animaran a beneficiarse del crecimiento de mercados fuera de la Unión, la Unión facilita apoyo financiero a varias iniciativas, como el Centro de cooperación industrial UE-Japón y el Centro de Información para las PYME sobre los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial en China. Se crea valor añadido de la Unión promoviendo la cooperación y ofreciendo servicios a nivel Europeo que sean complementarios, eviten duplicidades con los servicios fundamentales de promoción del comercio de los Estados miembros y fortalezcan el esfuerzo combinado de los prestadores de servicios públicos y privados en este ámbito. Tales servicios deben incluir información sobre derechos de propiedad intelectual, y normas y oportunidades de contratación pública. Se debe tener plenamente en cuenta la parte II de las conclusiones del Consejo de 6 de diciembre de 2011 titulada «Reforzar la aplicación de la política industrial en toda la UE», relativas a la Comunicación de la Comisión titulada «Una política industrial integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la sostenibilidad en el punto de mira». A este respecto, una estrategia europea bien definida sobre «agrupaciones empresariales» debe complementar los esfuerzos nacionales y regionales para impulsar las «agrupaciones empresariales» en el sentido de la excelencia y la cooperación internacional, teniendo en cuenta que la agrupación entre PYME supone un medio clave para potenciar su capacidad de innovación y de entrada en los mercados extranjeros.

(20)

Para mejorar la competitividad de las empresas de la Unión, en particular de las PYME, los Estados miembros y la Comisión tienen que crear un entorno empresarial favorable. Requieren una atención especial los intereses de las PYME y los sectores en los que estas están más presentes. También son necesarias las iniciativas a nivel de la Unión para poner en común información y conocimientos a escala europea y los servicios digitales pueden ser particularmente rentables en este ámbito. Dichas acciones pueden ayudar a desarrollar un entorno de igualdad de condiciones para las PYME.

(21)

Las lagunas, la fragmentación y la burocracia innecesaria dentro del mercado interior impiden que los ciudadanos, los consumidores y las empresas, en particular las PYME, le saquen todo el partido. Por lo tanto, es muy necesario un esfuerzo concertado por parte de los Estados miembros, del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión en aras de resolver las carencias en los ámbitos de la aplicación, la legislación y la información. De conformidad con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, los Estados miembros, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión deben colaborar también para reducir y evitar imponer a las PYME cargas administrativas y normativas innecesarias. Las acciones en el marco del presente Programa COSME —el único programa de la Unión centrado específicamente en las PYME— deben contribuir a lograr estos objetivos y, en particular, a lograr el objetivo de mejorar las condiciones generales de las empresas. Los controles de aptitud y las evaluaciones de impacto financiados con arreglo al presente Programa COSME deben desempeñar un papel en este esfuerzo.

(22)

Otro factor que afecta a la competitividad es el relativamente bajo espíritu emprendedor en la Unión. Solo el 45 % de los ciudadanos de la Unión (y menos del 40 % de las mujeres) querrían trabajar por cuenta propia, frente al 55 % de la población de los Estados Unidos y al 71 % de la de China (según la encuesta del Eurobarómetro de 2009 sobre espíritu empresarial). Con arreglo a la Iniciativa, debe prestarse especial atención a todas las situaciones a las que puedan tener que hacer frente los emprendedores, incluidos el arranque, el crecimiento, la transmisión y la quiebra (segunda oportunidad). La promoción de la formación en materia de emprendimiento, así como las medidas de mejora de la coherencia y el carácter sistemático, como las evaluaciones comparativas y los intercambios de buenas prácticas, aportan un elevado valor añadido para la Unión.

(23)

A fin de que los nuevos emprendedores o los aspirantes a emprendedores adquieran experiencia en el ámbito de los negocios en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen y de esta forma puedan reforzar su talento emprendedor, se ha lanzado el programa «Erasmus para jóvenes emprendedores». En relación con el objetivo de mejorar las condiciones generales para promover el emprendimiento y la cultura empresarial, la Comisión debe poder adoptar medidas diseñadas para ayudar a los nuevos emprendedores a mejorar sus aptitudes para desarrollar sus competencias, conocimientos técnicos y aptitudes en este ámbito, así como para mejorar sus capacidades tecnológicas y en el ámbito de la gestión empresarial.

(24)

La competencia mundial, los cambios demográficos, las restricciones de recursos y las tendencias sociales emergentes generan retos y oportunidades para diferentes sectores empresariales que tienen ante sí retos de escala mundial y se caracterizan por una elevada proporción de PYME. Por ejemplo, los sectores basados en el diseño deben adaptarse para beneficiarse del potencial no explotado de la fuerte demanda de productos personalizados, creativos e incluyentes. Puesto que estos retos se aplican a todas las PYME de la Unión que operan en estos sectores, es necesario un esfuerzo concertado a nivel de la Unión con miras a generar un crecimiento adicional mediante iniciativas que propicien la aparición de nuevos productos y servicios.

(25)

En apoyo de las acciones emprendidas por los Estados miembros, el Programa COSME puede apoyar iniciativas, tanto en ámbitos sectoriales como intersectoriales, con considerable potencial de crecimiento y de actividad emprendedora, en particular aquellos ámbitos con un elevado porcentaje de PYME, que aceleren el surgimiento de industrias competitivas y sostenibles, sobre la base de los modelos empresariales más competitivos, productos y procesos mejorados, estructuras organizativas o cadenas de valor modificadas. Como se indica en la Comunicación de la Comisión de 30 de junio de 2010, titulada «Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo» acogida con satisfacción por el Consejo en octubre de 2010, el turismo es un sector importante de la economía de la Unión. Las empresas de este sector contribuyen directamente con un 5 % al Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reconoce la importancia del turismo y destaca las competencias de la Unión en este ámbito. Las iniciativas turísticas europeas pueden complementar las acciones de los Estados miembros, fomentando la creación de un entorno favorable y promoviendo la cooperación entre Estados miembros, en particular mediante el intercambio de buenas prácticas. Entre las acciones se puede incluir la mejora de la base de conocimientos turísticos, facilitando datos y análisis, y desarrollando proyectos de cooperación internacional en estrecha cooperación con los Estados miembros a la vez que se evitan requisitos obligatorios para las empresas de la Unión.

(26)

El Programa COSME indica acciones en pos de los objetivos, la dotación presupuestaria total para perseguirlos, una dotación financiera mínima para los instrumentos financieros, diversos tipos de medidas de ejecución, así como las disposiciones en materia de transparencia para el seguimiento y la evaluación y para la protección de los intereses financieros de la Unión.

(27)

El Programa COSME complementa otros programas de la Unión, aunque reconociendo que cada instrumento debe funcionar siguiendo sus propios procedimientos específicos. Así, no deben financiarse dos veces los mismos costes subvencionables. Con el fin de conseguir que la financiación de la Unión tenga valor añadido y un impacto sustancial, deben generarse sinergias estrechas entre el Programa COSME, el Reglamento (UE) no 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) («Horizonte 2020»), el Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) («Fondos Estructurales») y otros programas de la Unión.

(28)

Los principios de transparencia e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres deben tenerse en cuenta en todas las iniciativas y acciones pertinentes dentro del Programa COSME. En ellas debe tenerse también presente el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos los ciudadanos.

(29)

La concesión de ayudas a las PYME debe llevarse a cabo en el marco de un proceso transparente. La concesión de ayudas y su desembolso deben ser transparentes, no burocráticos y conformes a las normas comunes.

(30)

El presente Reglamento establece, para toda la duración del Programa COSME, una dotación financiera que, con arreglo al punto 17 del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (10), constituirá el importe de referencia privilegiada para la autoridad presupuestaria durante el procedimiento presupuestario annual.

(31)

Para garantizar que la financiación se limite a resolver los fallos estratégicos, institucionales y del mercado, y con vistas a evitar perturbaciones en los mercados, la financiación procedente del Programa COSME debe cumplir las normas sobre ayudas estatales de la Unión.

(32)

El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y los protocolos de los acuerdos de asociación contemplan la participación de los países de que se trate en los programas de la Unión. La participación de otros terceros países debe ser posible cuando los acuerdos y los procedimientos así lo indiquen.

(33)

Es importante que se garantice una sólida gestión financiera del Programa COSME y su ejecución de la manera más efectiva y fácil posible, y que al mismo tiempo se garantice la seguridad jurídica y la accesibilidad del Programa COSME a todos los participantes.

(34)

El Programa COSME debe ser sometido a seguimiento y evaluación para poder realizar los ajustes necesarios. Debe presentarse un informe anual sobre su ejecución en el que figuren los avances logrados y las actividades previstas.

(35)

La ejecución del Programa COSME debe supervisarse anualmente recurriendo a indicadores clave para evaluar los resultados y las repercusiones. Los indicadores, que incluirán unas bases de referencia pertinentes, deben proporcionar el fundamento mínimo para evaluar en qué medida se han alcanzado los objetivos del Programa COSME.

(36)

El informe provisional sobre la consecución del objetivo de todas las actuaciones respaldadas por el Programa COSME, elaborado por la Comisión, también debe incluir una evaluación de la baja tasa de participación de las PYME, cuando esta se constate en un número importante de Estados miembros. Cuando proceda, los Estados miembros podrían tener en cuenta los resultados del informe provisional en sus políticas respectivas.

(37)

Los intereses financieros de la Unión deben quedar protegidos a lo largo de todo el ciclo de gasto con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, la detección y la investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, las sanciones administrativas y financieras, de conformidad con el Reglamento (UE) no 966/2012.

(38)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para que adopte programas de trabajo anuales de cara a la ejecución del Programa COSME. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (11). Algunas de las acciones incluidas en el programa de trabajo anual implican la coordinación de acciones a nivel nacional. En este sentido, procede aplicar el artículo 5, apartado 4, del citado Reglamento.

(39)

Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a complementar los indicadores, modificar determinados puntos específicos en relación con los instrumentos financieros y modificar los importes indicativos cuando las modificaciones superen dichos importes en más de un 5 % del valor de la dotación financiera de cada caso. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(40)

En aras de la seguridad jurídica y la claridad, procede derogar la Decisión no 1639/2006/CE.

(1)

En la Comunicación de la Comisión, de 29 de junio de 2011, titulada «Un presupuesto para Europa 2020» se pide la creación de un único programa en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte, que incluya los aspectos internacionales de la educación superior y reúna el Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente («Aprendizaje permanente») establecido mediante la Decisión no 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), el programa La juventud en acción («Juventud en acción») establecido por la Decisión no 1719/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), el programa de acción Erasmus Mundus («Erasmus Mundus») establecido por la Decisión no 1298/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), el programa ALFA III establecido por el Reglamento (CE) no 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y los programas Tempus y Edulink, a fin de garantizar una mayor eficiencia, un mayor enfoque estratégico y la explotación de sinergias entre los diferentes aspectos del programa único. También se propone que el deporte forme parte de este Programa único («el Programa»).

(2)

Los informes de evaluación intermedia de los actuales programas Aprendizaje Permanente, Juventud en Acción y Erasmus Mundus y la consulta pública sobre el futuro de la actuación de la Unión en materia de educación, formación y juventud, así como en materia de educación superior, revelaron una necesidad grande y, en algunos aspectos, creciente, de proseguir la cooperación y la movilidad en esos ámbitos a escala europea. Los informes de evaluación destacaron la importancia de crear lazos más estrechos entre los programas de la Unión y la evolución de las políticas de educación, formación y juventud, expresaron el deseo de que la acción de la Unión se estructure de manera que pueda responder mejor a las premisas del aprendizaje permanente y propugnaron un enfoque más sencillo, flexible y fácil de utilizar para poner en práctica esa acción, así como el final de la fragmentación de los programas de cooperación internacional en materia de educación superior.

(3)

El Programa debe centrarse en la accesibilidad de la financiación y en la transparencia de los procedimientos administrativos y financieros, en particular mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de la digitalización. Para el éxito del Programa, es importante prestar una atención constante a la reducción de los gastos administrativos así como a la integración y simplificación de la organización y de la gestión del mismo.

(4)

La consulta pública acerca de las opciones estratégicas de la Unión para la puesta en práctica de la nueva competencia de la Unión en el ámbito del deporte y el informe de evaluación de la Comisión sobre las acciones preparatorias en el campo del deporte proporcionaron unas útiles indicaciones con respecto a las áreas prioritarias de actuación de la Unión e ilustraron el valor añadido que puede aportar la Unión a la hora de apoyar actividades destinadas a generar, compartir y difundir experiencias y conocimiento sobre los diferentes temas que afectan al deporte a nivel europeo, siempre que se centren en particular en el deporte de base.

(5)

La Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador define la estrategia de crecimiento de la Unión para la próxima década en apoyo de dicho crecimiento mediante el establecimiento de cinco objetivos ambiciosos que deben alcanzarse en 2020, en particular en el ámbito de la educación, a fin de reducir el porcentaje de abandono escolar a menos del 10 % y para permitir que al menos el 40 % de la población de entre 30 y 34 años de edad haya finalizado la educación superior o nivel equivalente. También se incluyen sus iniciativas emblemáticas, en particular «Juventud en Movimiento» y la Agenda de nuevas competencias y empleos.

(6)

En sus conclusiones de 12 de mayo de 2009 el Consejo solicitó un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) en el que se establecen cuatro objetivos estratégicos con el fin de responder a los desafíos que siguen existiendo para la creación de una Europa basada en el conocimiento y hacer que el aprendizaje permanente sea una realidad para todos.

(7)

De conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como en los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Programa promueve, entre otras cosas, la igualdad entre mujeres y hombres, así como medidas para luchar contra la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Es necesario ampliar el acceso de las personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos y vulnerables, y abordar activamente las necesidades especiales de aprendizaje de las personas con discapacidad en la aplicación del Programa.

(8)

El Programa debe incluir una importante dimensión internacional, en particular en lo que se refiere a la educación superior, no solamente a fin de reforzar la calidad de la educación superior europea para alcanzar los objetivos generales del ET 2020 y el atractivo de la Unión como destino para realizar estudios, sino también para promover el entendimiento entre las personas y contribuir al desarrollo sostenible de la educación superior en los países asociados, así como a un desarrollo socioeconómico más amplio de los mismos, en particular estimulando la «circulación de cerebros» mediante acciones de movilidad con nacionales de los países asociados. A tal fin, la financiación debe provenir del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), del Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA) y del Instrumento de Asociación para la Cooperación con Terceros Países (IACTP). La financiación también puede garantizarse con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo (FED), de conformidad con los procedimientos que lo regulan. Las disposiciones del presente Reglamento deben aplicarse a la utilización de esos fondos, de conformidad con los reglamentos que establecen los citados instrumentos y fondo, respectivamente.

(9)

En su Resolución de 27 de noviembre de 2009 relativa a un marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018) el Consejo destacó la necesidad de considerar a todos los jóvenes como un recurso de la sociedad y aspiraba a facilitar su participación en el desarrollo de las políticas que les afectan mediante un diálogo estructurado continuo entre los responsables de la toma de decisiones y los jóvenes y las organizaciones juveniles a todos los niveles.

(10)

La inclusión en un único programa del aprendizaje formal, no formal e informal debe crear sinergias y promover una cooperación intersectorial más estrecha entre los diversos sectores de la educación, la formación y la juventud. Durante la ejecución del Programa deben tenerse debidamente en cuenta las necesidades específicas de los diferentes sectores y, cuando proceda, la función de las autoridades regionales y locales.

(11)

A fin de apoyar la movilidad, la equidad y la excelencia en los estudios, la Unión debe establecer, con carácter experimental, un mecanismo de garantía de préstamos a estudiantes (el «Mecanismo») que permita a los estudiantes, con independencia de su condición social, estudiar cursos de máster en otro país para el que esté abierta la participación en el Programa («país del Programa»). El mecanismo de garantía de préstamos a estudiantes debe estar a disposición de las instituciones financieras que acepten ofrecer préstamos para estudios de máster en otros países del Programa, en unas condiciones favorables para los estudiantes. Este instrumento adicional e innovador para la movilidad en el aprendizaje no debe ni sustituir a los sistemas de subvenciones o préstamos existentes, ni impedir la creación de sistemas futuros que apoyen la movilidad de los estudiantes en los ámbitos local, nacional o de la Unión. El mecanismo de garantía de préstamos a estudiantes debe ser objeto de seguimiento y evaluación rigurosos, sobre todo en relación con su penetración en el mercado en diferentes países. De conformidad con el artículo 21, apartados 2 y 3, antes del final de 2017 se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de evaluación intermedia con el fin de obtener orientaciones políticas acerca de la continuidad del mecanismo de garantía de préstamos a estudiantes.

(12)

Los Estados miembros deben procurar adoptar todas las medidas oportunas para eliminar los obstáculos legales y administrativos al correcto funcionamiento del Programa. Esto también implica resolver, en la medida de lo posible, cuestiones administrativas que plantean dificultades para la obtención de visados y autorizaciones de residencia. De conformidad con la Directiva 2004/114/CE del Consejo (8), se alienta a los Estados miembros a establecer procedimientos acelerados de admisión.

(13)

La Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Apoyar el crecimiento y el empleo – una agenda para la modernización de los sistemas de educación superior en Europa» establece un marco dentro del cual la Unión, los Estados miembros y las instituciones de educación superior pueden cooperar para incrementar el número de graduados, mejorar la calidad de la educación y maximizar la contribución que la educación superior y la investigación pueden aportar para ayudar a nuestras economías y sociedades de los Estados miembros a salir más fuertes de la crisis económica global.

(14)

Con el fin de luchar mejor contra el desempleo de los jóvenes en la Unión, debe prestarse especial atención a la cooperación transnacional entre las instituciones de educación superior y de formación profesional y las empresas, con el objetivo de mejorar las posibilidades de empleo de los estudiantes y desarrollar sus competencias empresariales.

(15)

La Declaración de Bolonia, firmada por los Ministros de Educación de veintinueve países europeos el 19 de junio de 1999, estableció un proceso intergubernamental destinado a crear un «Espacio Europeo de la Educación Superior», lo que requiere un apoyo continuo a nivel de la Unión.

(16)

El papel fundamental que desempeñan la educación y formación profesional para contribuir a alcanzar una serie de objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020 queda ampliamente reconocido y definido en el renovado Proceso de Copenhague (2011-2020), teniendo en cuenta, en particular, su potencial para combatir el elevado nivel de desempleo en Europa, en especial el desempleo juvenil y el desempleo de larga duración, fomentar una cultura de aprendizaje permanente, combatir la exclusión social y promover una ciudadanía activa. Se necesitan periodos de prácticas y aprendizaje profesional, inclusive en microempresas y en pequeñas y medianas empresas, con objeto de reducir el desfase entre el conocimiento adquirido a través de la educación y la formación, y las aptitudes y competencias necesarias en el mundo del trabajo, así como para mejorar la empleabilidad de los jóvenes.

(17)

Es preciso reforzar la intensidad y el alcance de la cooperación europea entre escuelas, y la movilidad del personal de las escuelas y de los educandos a fin de hacer frente a las prioridades establecidas en la Agenda para la cooperación europea en las escuelas en el siglo XXI, en concreto, mejorar la calidad de la educación escolar en la Unión en el ámbito del desarrollo de competencias y a fin de mejorar la equidad y la inclusión dentro de los sistemas y las instituciones escolares, así como reforzar y prestar apoyo a la profesión docente y la dirección de las escuelas. En este contexto, debe darse prioridad a los objetivos estratégicos de reducción del abandono escolar, mejora de los resultados en aptitudes básicas y mejora de la participación y de la calidad de la educación y atención en la primera infancia, junto a los objetivos de refuerzo de las competencias profesionales de profesores y directores de centros docentes, y la mejora de las oportunidades educativas para los niños procedentes de la emigración y los que se encuentran en una situación socioeconómica desfavorable.

(18)

La renovada Agenda Europea para el Aprendizaje de Adultos, incluida en la Resolución del Consejo de 28 de noviembre de 2011, tiene como objetivo permitir que todos los adultos desarrollen y refuercen sus capacidades y competencias a lo largo de su vida. Debe prestarse una especial atención a la mejora de las oportunidades de aprendizaje destinadas al elevado número de europeos poco cualificados, en particular reforzando la alfabetización y las competencias matemáticas, y promoviendo itinerarios de aprendizaje flexibles y segundas oportunidades.

(19)

La actuación del Foro Europeo de la Juventud, los Centros Nacionales de información sobre el reconocimiento académico (NARIC), las redes Eurydice, Euroguidance y Eurodesk, los Servicios Nacionales de Apoyo al Hermanamiento Electrónico, los Centros Nacionales Europass y las Oficinas Nacionales de Información en los países vecinos es esencial para alcanzar los objetivos del Programa, en especial al proporcionar periódicamente a la Comisión información actualizada sobre los diferentes campos de su actividad y a través de la difusión de los resultados del Programa en la Unión y en los países asociados.

(20)

Debe reforzarse la cooperación en virtud del Programa con las organizaciones internacionales en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte, y en particular con el Consejo de Europa.

(21)

Con el fin de contribuir en todo el mundo al desarrollo de la excelencia en los estudios sobre la integración europea y de responder a la creciente necesidad de conocimientos y de diálogo sobre el proceso de integración europeo y su desarrollo, es importante estimular la excelencia en la enseñanza, la investigación y la reflexión en este ámbito, prestando apoyo, mediante las acciones Jean Monnet, a instituciones académicas, a asociaciones que actúen en el ámbito de la integración europea y a asociaciones que persigan un objetivo de interés europeo.

(22)

La cooperación en virtud del Programa con las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte de la Unión, tanto a escala nacional como europea, reviste suma importancia para propiciar un sentimiento amplio de implicación con respecto a las estrategias y políticas de aprendizaje permanente y para tener en cuenta las ideas y preocupaciones de las partes interesadas a todos los niveles.

(23)

La Comunicación de la Comisión titulada «Desarrollo de la dimensión europea en el deporte», de 18 de enero de 2011, establece las ideas de la Comisión para una actuación a escala de la Unión en el ámbito del deporte tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y propone una lista de acciones concretas que deben llevar a cabo la Comisión y los Estados miembros con objeto de reforzar la identidad europea del deporte en tres capítulos amplios: la función social del deporte, la dimensión económica del deporte y la organización del deporte. También debe tenerse en cuenta el valor añadido que representa el deporte, incluidos los deportes autóctonos, y su contribución al patrimonio cultural e histórico de la Unión.

(24)

Existe la necesidad de centrar la atención en particular en el deporte de base y en el voluntariado en el deporte, habida cuenta del importante papel que desempeñan en la promoción de la inclusión social, la igualdad de oportunidades y las actividades físicas beneficiosas para la salud.

(25)

Una mayor transparencia y reconocimiento de las cualificaciones y las competencias y una aceptación más amplia de las herramientas de transparencia y reconocimiento de la Unión deben contribuir al desarrollo de una educación y formación de calidad y facilitar la movilidad con fines de aprendizaje permanente y laborales, en toda Europa, tanto entre países como entre sectores. Permitir el acceso a los métodos, las prácticas y las tecnologías utilizadas en otros países contribuirá a mejorar las posibilidades de encontrar empleo.

(26)

Con este fin, se recomienda que se haga un uso más amplio del Marco Único para la Transparencia de las Cualificaciones y Competencias de la Unión (Europass) creado de conformidad con la Decisión no 2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9), del Registro Europeo de Agencias de Garantía de la Calidad de la Enseñanza Superior (EQAR) y de la Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior (ENQA) creados con arreglo a la Recomendación 2006/143/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10), del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) establecido con arreglo a la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 (11), del Sistema Europeo de Créditos para la Educación y Formación Profesionales (ECVET), establecida con arreglo a la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009 (12), del Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesional (EQAVET) (13) creado de conformidad con la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 y del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS).

(27)

A fin de garantizar que la comunicación al público en general sea más eficiente y las sinergias entre las actividades de comunicación emprendidas a iniciativa de la Comisión sean más fuertes, los recursos asignados a acciones de comunicación conforme al presente Reglamento también han de contribuir a la comunicación institucional de las prioridades políticas de la Unión Europea, siempre que guarden relación con los objetivos generales del presente Reglamento.

(28)

Debe garantizarse el valor añadido europeo de todas las acciones realizadas en el marco del Programa así como su complementariedad con las actividades asumidas por los Estados miembros de conformidad con lo establecido en el artículo 167, apartado 4, del TFUE, y con otras actividades, en particular las correspondientes a los ámbitos de la cultura y los medios de comunicación, el empleo, la investigación y la innovación, la industria y las empresas, la política de cohesión y de desarrollo, así como la política de ampliación y las iniciativas, instrumentos y estrategias en materia de política regional y relaciones exteriores.

(29)

El Programa está concebido para tener unos efectos positivos y sostenibles sobre las políticas y prácticas en materia de educación, formación, juventud y deporte. Estos efectos sistémicos deben lograrse a través de diversas acciones y actividades previstas en el Programa, cuyo objetivo es promover cambios en el ámbito institucional que conduzcan, en su caso, a una innovación del sistema. No se requiere a los proyectos individuales que solicitan apoyo financiero al Programa que tengan unos efectos sistémicos por sí solos. Es el resultado acumulativo de estos proyectos el que debe contribuir a la consecución de los efectos sistémicos.

(30)

Para conseguir una gestión efectiva de los resultados, que incluya la evaluación y el seguimiento, deben elaborarse indicadores específicos de rendimiento, mensurables y realistas, que puedan medirse a lo largo del tiempo y reflejen al mismo tiempo la lógica de la intervención.

(31)

La Comisión y los Estados miembros deben optimizar el uso de las TIC y las nuevas tecnologías con el fin de facilitar el acceso a las acciones en materia de educación, formación, juventud y deporte. En este contexto, podría recurrirse a la movilidad virtual, que debe ser complementaria de la movilidad con fines de aprendizaje, pero no sustituirla.

(32)

El presente Reglamento establece, para todo el periodo de duración del Programa, una dotación financiera de … EUR que constituye el importe de referencia principal para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, con arreglo a lo establecido en el punto 17 del Acuerdo Interinstitucional, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria (14) y buena gestión financiera.

(33)

Con el fin de garantizar la continuidad de la ayuda financiera que proporciona el Programa para el funcionamiento de los organismos, la Comisión ha de poder considerar subvencionables, durante la fase inicial del Programa, los costes directamente vinculados a la ejecución de las actividades objeto de apoyo, aún cuando el beneficiario haya incurrido en dichos costes antes de presentar la solicitud de financiación

(34)

Es necesario establecer criterios de rendimiento en los que debe basarse la asignación presupuestaria de fondos entre los Estados miembros para las acciones gestionadas por las Agencias Nacionales.

(35)

Los países candidatos a la adhesión a la Unión y aquellos países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que formen parte del Espacio Económico Europeo (EEE) pueden participar en programas de la Unión con arreglo a Acuerdos Marco, decisiones de los Consejos de Asociación o acuerdos similares.

(36)

La Confederación Suiza puede participar en programas de la Unión de conformidad con un futuro acuerdo entre la Unión y este país.

(37)

Los ciudadanos de un país o territorio de ultramar (PTU) y las instituciones u organismos públicos o privados competentes de un PTU pueden participar en los Programas de conformidad con la Decisión 2001/822/CE del Consejo (15). Deben tenerse en cuenta en la ejecución del Programa las limitaciones derivadas de la lejanía de las regiones ultraperiféricas de la Unión y los países y territorios de ultramar.

(38)

La Comisión y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en su Comunicación conjunta de 25 de mayo de 2011 titulada «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante», destacaron, entre otras cosas, el objetivo de seguir facilitando la participación de los países vecinos en las acciones de movilidad y desarrollo de capacidades de la Unión en la educación superior y de abrir el futuro Programa de educación a los países vecinos.

(39)

Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, la detección y la investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, las sanciones. Si bien la ayuda exterior de la Unión tiene unas necesidades financieras cada vez mayores, la situación económica y presupuestaria de la Unión limita los recursos disponibles para esta ayuda. Por tanto, la Comisión debe tratar de utilizar los recursos disponibles de la manera más eficiente y sostenible, en particular recurriendo a instrumentos financieros con efecto multiplicador.

(40)

Para mejorar el acceso al Programa, las subvenciones destinadas a apoyar la movilidad de las personas deben adaptarse a los costes de vida y de subsistencia del país de acogida. De conformidad con el Derecho nacional, también debe alentarse a los Estados miembros a eximir dichas subvenciones de cualesquiera impuestos y cotizaciones sociales. Esta misma exención debe aplicarse a los organismos públicos o privados que concedan este apoyo financiero a las personas de que se trate.

(41)

De conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), el trabajo voluntario puede reconocerse como cofinanciación en forma de contribuciones en especie.

(42)

En su Comunicación de 29 de junio de 2011 titulada «Un presupuesto para Europa 2020», la Comisión ha subrayado su compromiso en favor de la simplificación de la financiación de la Unión. La creación de un único programa de educación, formación, juventud y deporte debe conseguir una simplificación y racionalización y unas sinergias significativas en la gestión del Programa. La ejecución del Programa se vería aún más simplificada mediante el uso de una financiación en forma de cantidades fijas, coste por unidad o a tanto alzado, así como una reducción de los requisitos formales y burocráticos para beneficiarios y Estados miembros.

(43)

La mejora de la ejecución y la calidad de los gastos deben ser los principios que orienten la consecución de los objetivos del Programa, asegurando al mismo tiempo una utilización óptima de los recursos financieros.

(44)

Es importante asegurar una sólida gestión financiera del Programa y su ejecución de la manera más efectiva y sencilla posible, velando al mismo tiempo por la seguridad jurídica y la accesibilidad del Programa a todos los participantes.

(45)

Con el fin de garantizar una rápida respuesta a los cambios de necesidades durante todo el periodo de duración del Programa, debe delegarse en la Comisión el poder para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE en lo que respecta a las disposiciones adicionales relativas a las acciones gestionadas por las agencias nacionales. Es especialmente importante que la Comisión realice las consultas apropiadas durante los trabajos de preparación, también con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(46)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias de ejecución deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

(47)

El Programa debe abarcar tres ámbitos distintos, y el Comité establecido de conformidad con el presente Reglamento debe tratar cuestiones tanto horizontales como sectoriales. Incumbe a los Estados miembros garantizar que se envíen al Comité a los representantes que proceda en función de los temas del orden del día, y corresponde a la presidencia del Comité velar por que los órdenes del día de las reuniones indiquen claramente el sector o los sectores implicados, así como los temas que, en función de los sectores, van a debatirse en cada reunión. Cuando proceda, de conformidad con el Reglamento del Comité y con carácter ad hoc, debe poderse invitar a expertos externos, incluyendo los representantes de los interlocutores sociales, a participar en las reuniones del comité, en calidad de observadores.

(48)

Conviene que el Programa se cierre correctamente, en particular por lo que se refiere a la continuación de las disposiciones plurianuales para su gestión, como en el caso de la financiación de la asistencia técnica y administrativa. A partir del 1 de enero de 2014, la asistencia técnica y administrativa debe encargarse, en caso necesario, de la gestión de las acciones que todavía no hayan concluido en el marco de los programas anteriores al finalizar 2013.

(49)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación del Programa, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a sus dimensiones o efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, conforme al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad mencionado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(50)

Deben derogarse, por consiguiente, las Decisiones no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE y no 1298/2008/CE.

(51)

Para garantizar la continuidad de la ayuda financiera proporcionada en el Programa, el presente Reglamento debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2014. Por motivos de urgencia, el presente Reglamento debe entrar en vigor tan pronto como sea posible después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.