8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/1

A.

Considerando que el IPA es el nuevo instrumento financiero que sustituye a los instrumentos y programas para países candidatos y candidatos potenciales, a saber, Phare, SAPARD, ISPA, la ayuda financiera de preadhesión en favor de Turquía, y CARDS, y que su objetivo es racionalizar los fondos comunitarios de forma flexible en función de las necesidades específicas y la capacidad de gestión de estos países,

B.

Considerando que el IPA consta de cinco componentes, que cubren las prioridades definidas en función de las necesidades de los países beneficiarios, a saber:

C.

Considerando que el IPA es un factor esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, de las normas sociales, de las infraestructuras y de la cooperación regional transfronteriza, así como para la promoción del respeto de los derechos humanos en los países candidatos y candidatos potenciales,

D.

Considerando que la actividad de control parlamentario sobre la ejecución del presupuesto en el ámbito de la política de ampliación no se limita a garantizar que los fondos comunitarios se empleen de conformidad con las disposiciones reguladoras y con las políticas prioritarias de la Unión Europea, sino que también evalúa si se han asignado de forma efectiva a las prioridades identificadas en la estrategia y en los informes de progreso de los países beneficiarios y si se han alcanzado los resultados previstos en lo relativo a los intereses comunes de la Unión Europea,

E.

Considerando la suma importancia de someter la aplicación del IPA a un examen riguroso en una etapa temprana con el fin de evitar los problemas identificados de forma tardía en la aplicación de instrumentos de preadhesión anteriores, pues las irregularidades no tomadas en consideración a su debido tiempo se multiplicarán y será muy difícil abordarlas más tarde, dado que asumirán la forma de malas prácticas permanentes,

F.

Considerando que la lucha contra la corrupción y las reformas sectoriales (en los sectores de la administración pública, judicial y policial) influyen no sólo en la buena gobernanza y en el Estado de Derecho, sino también en el clima empresarial general,

G.

Considerando que el IPA, sobre todo a través de la revisión de los documentos indicativos de planificación plurianual (DIPP), ofrece una considerable flexibilidad, que permite la adaptación a la evolución de las necesidades y la capacidad de gestión de los países beneficiarios,

H.

Considerando que, en virtud del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1085/2006 (Reglamento IPA), la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, antes del 31 de diciembre de 2010, un informe de evaluación de los tres primeros años de aplicación del IPA, acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa para la modificación del Reglamento,

I.

Considerando que, a petición del Parlamento, la Comisión se ha comprometido a efectuar, a partir de 2009, una revisión intermedia del paquete de instrumentos de ayuda exterior, incluido el IPA,

J.

Considerando que conviene, a partir de ahora, que el Parlamento dialogue con los Parlamentos nacionales de los países beneficiarios del IPA,

1.

Acoge con satisfacción el diálogo estructurado que se ha iniciado con la Comisión acerca de la puesta en marcha del IPA y recuerda su postura al respecto, en especial la necesidad de conceder a todos los países beneficiarios igual acceso a todo el abanico de utensilios políticos disponibles en el instrumento, dar la prioridad adecuada a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y prestar mayor atención a la creación de capacidades institucionales, en particular a nivel parlamentario, al desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, a las medidas para promover el principio de tolerancia y de no discriminación, al desarrollo humano y a la cooperación regional como principales áreas políticas;

2.

Celebra la alta tasa de cumplimiento de los compromisos del IPA en 2007; lamenta, sin embargo, que los primeros programas del IPA no se aprobasen hasta final de 2007 y que su aplicación efectiva no comenzase hasta 2008, en parte debido a la tardía aprobación del nuevo instrumento y, en parte, a los retrasos por parte de los países beneficiarios en la creación de las estructuras y sistemas de gestión necesarios; insta a la Comisión a seguir impulsando la ejecución de los proyectos y a supervisar la asignación de fondos y los resultados obtenidos para garantizar que el IPA tenga un impacto visible en los países implicados;

3.

Señala que, debido a la aprobación tardía del Reglamento IPA y del Reglamento (CE) no 718/2007 (Reglamento de aplicación del IPA) y la posterior aprobación del primer marco financiero indicativo plurianual y de los DIPP, el seguimiento, la evaluación y los informes sobre los programas y proyectos IPA fueron limitados y aún no se han obtenido resultados; subraya que para conseguir una correcta transición de los antiguos instrumentos de preadhesión al IPA se requiere continuidad en la programación, una adecuada ejecución de los proyectos y la realización de los pagos;

4.

Considera que ha habido una coherencia satisfactoria entre los programas nacionales del IPA en 2007 y la política de preadhesión de la Unión Europea, ya que la mayoría de los objetivos fijados en los programas eran conformes con las prioridades identificadas en los correspondientes informes de progreso de la Comisión;

5.

Indica que el principal objetivo de los países candidatos es la aplicación de las normas europeas, sobre todo las de carácter estadístico, medioambiental y fiscal, lo cual es coherente con la política comunitaria de ampliación; señala, no obstante, que no se debe restar importancia a los criterios de carácter político, especialmente la gobernanza democrática, el respeto de los derechos humanos, la libertad de religión, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías y el Estado de Derecho, ya que su incumplimiento puede conllevar complicaciones y demoras en las negociaciones; considera que debería existir un mayor equilibrio entre los proyectos destinados al cumplimiento de los criterios políticos y los destinados a la aplicación del acervo comunitario;

6.

Recuerda a la Comisión que la legitimidad y la capacidad de la Unión Europea para promover reformas pueden aumentar considerablemente si el IPA centra su ayuda en los aspectos que benefician directamente a los ciudadanos de los países candidatos y candidatos potenciales, en especial a la vista de las necesidades y desafíos que han surgido debido a la crisis financiera mundial;

7.

Opina, en consecuencia, que el IPA debe apoyar los esfuerzos de los países beneficiarios por cumplir las exigencias establecidas en la hoja de ruta para la liberalización de visados, de manera que los ciudadanos de los Balcanes Occidentales puedan por fin disfrutar de libertad de circulación y participar plenamente en los programas y sistemas de la Unión Europea; acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de seguir incrementando la asignación de fondos del IPA a los programas Tempus, Erasmus Mundus y Juventud en Acción;

8.

Toma nota del hecho de que la Comisión ha podido certificar que Croacia llevaba a cabo una gestión descentralizada de los componentes I y IV y Turquía de los componentes I y II a finales de 2008; alienta a la Comisión a continuar trabajando intensamente con los países candidatos y los candidatos potenciales para que, en un futuro próximo, dichos países puedan gestionar fondos de forma descentralizada y obtener así acceso a todos los componentes del IPA; señala, sin embargo, que la atribución de poderes de gestión depende de su ejercicio efectivo;

9.

Subraya que la utilización del IPA es una responsabilidad compartida entre la Comisión y los Gobiernos nacionales de los países candidatos y candidatos potenciales; pide a la Comisión que mejore la cooperación y la comunicación entre sus delegaciones y las autoridades respectivas, que establezca un control permanente de los procedimientos de aplicación de los proyectos y que proceda a establecer medidas comunes para mejorar la capacidad administrativa de los países beneficiarios;

10.

Subraya la necesidad de una gestión y un control transparentes y eficaces del IPA, teniendo en cuenta el carácter específico del sistema de auditoría y de control interno de cada país, así como las mejores prácticas en los procedimientos de preadhesión de los anteriores países candidatos;

11.

Espera que la Comisión informe cada año al Parlamento y a su Comisión de Control Presupuestario, competente en la materia, de los pagos y de la ejecución de los fondos del IPA, así como de los fondos restantes del ISPA, del IPARD y del SAPARD, proporcionando información pormenorizada sobre cada país beneficiario y los ejemplos de mejores prácticas, y señalando cualquier problema o irregularidad encontrados;

12.

Señala que las cuestiones horizontales, como la evaluación del impacto medioambiental, la buena gobernanza, la participación de la sociedad civil, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, no se encuentran lo suficientemente presentes y visibles en los proyectos del IPA de 2007; insta a la Comisión a desarrollar, en concreto, los programas multibeneficiarios regionales u horizontales, en particular en relación con la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, el diálogo intercultural y la igualdad de género;

13.

Señala que se asignan fondos limitados a grandes zonas geográficas o de política global y que estos fondos se dividen en un gran número de pequeños proyectos, en vez de centrarse en unos pocos proyectos de mayor repercusión; subraya que en los programas nacionales de carácter anual debería encontrarse el equilibrio necesario para dar una respuesta adecuada a las prioridades clave identificadas en los informes de progreso y evitar una excesiva fragmentación de los fondos;

14.

Subraya la necesidad urgente y sumamente importante de servirse del IPA para fortalecer la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada en los países beneficiarios, prestando especial atención al blanqueo de capitales, a la migración ilegal y al tráfico de seres humanos; señala que, a pesar de que en todos los informes de progreso de 2008 se identificó la corrupción como un problema grave y una prioridad clave, ésta no tuvo la consideración que merecía en todos los programas del IPA en 2007; sugiere que se destinen fondos a tal fin, como se ha hecho en los casos de Croacia (15) y Montenegro (16), y pide a la Comisión que desarrolle una estrategia más coherente en este contexto basada en las enseñanzas extraídas de las últimas ampliaciones;

15.

Señala que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de los países beneficiarios deberían tener una participación más activa en el inicio y elaboración de proyectos; subraya que en los futuros programas del IPA se debería abordar la dependencia sistemática de las OSC de los donantes, para evitar la existencia de OSC «a la carta», así como el desarrollo de algunas OSC en función de conflictos etno-políticos, sobre todo en Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Kosovo (17); espera que el nuevo instrumento para la sociedad civil aborde muchos de los problemas relacionados con la diversidad, la complejidad y la fragmentación de los programas de la Unión Europea;

16.

Insiste en que es necesario prestar un apoyo constante a las OSC en los países candidatos y candidatos potenciales con el fin de crear un medio ambiente competitivo entre estas organizaciones y asegurar la viabilidad de sus esfuerzos para una aplicación del IPA orientada en los resultados y para una presencia ininterrumpida en la gestión de los proyectos;

17.

Señala que los proyectos y actividades financiados por el IPA tienen poca repercusión «sobre el terreno» a escala comunitaria y no han generado legitimidad «ascendente» para una mayor aproximación a la Unión Europea;

18.

Considera que no se han abordado de forma oportuna la educación y el empleo juvenil como condiciones previas al desarrollo y la estabilidad a largo plazo; subraya la necesidad de combatir el desempleo, sobre todo el juvenil y de larga duración, puesto que se trata de una cuestión transversal de gran importancia; sugiere, a este respecto, que la Comisión estudie la posibilidad de aprovechar en mayor medida la flexibilidad que ofrece el IPA para permitir, cuando proceda, la financiación de medidas relativas a los componentes III a V a través de los dos primeros componentes;

19.

Señala que el apoyo financiero regional derivado del IPA es relativamente bajo (aproximadamente un 10 % del IPA total), debido, en particular, a que abarca once ámbitos de intervención en seis países, desde la educación y la juventud hasta la seguridad nuclear;

20.

Muestra su preocupación por que el importe del IPA en 2007 asignado al componente II tan sólo ascendiera a 38 800 000 de euros de los 497 200 000 con que cuenta este instrumento (es decir, menos de un 8 %); señala que esto contradice la afirmación de la Comisión de que la cooperación transfronteriza contribuye a la reconciliación y a las buenas relaciones de vecindad, lo que es especialmente pertinente en una región con una historia reciente de conflictos; lamenta que haya sido difícil establecer en la práctica una cooperación eficaz, por una serie de razones, especialmente divergencias de las estructuras y de los procedimientos entre algunos socios, así como dificultades políticas; pide a los países beneficiarios y a la Comisión que en este componente promuevan la cooperación existente y que prevean una nueva cooperación para favorecer las relaciones de buena vecindad y promover la integración económica, sobre todo en los ámbitos del medio ambiente, el patrimonio natural y cultural y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada;

21.

Expresa asimismo su preocupación por que ningún país beneficiario haya presentado un programa del IPA en 2007 que aborde directamente el tema de los derechos de la mujer o la igualdad de género, aunque las cuestiones de género se hayan identificado como un importante reto tanto en los informes de progreso como en los DIPP; vuelve a pedir a la Comisión que provea fondos de preadhesión para reforzar los derechos de las mujeres en los Balcanes, en particular a través de las ONG de mujeres y de las organizaciones de mujeres; insta a la Comisión a que consigne en el IPA los fondos pertinentes para fomentar la integración presupuestaria de la perspectiva de género en la política de preadhesión y alentar a los países beneficiarios a presentar las correspondientes propuestas de proyectos;

22.

Subraya la necesidad de implicar cada vez a más organizaciones no gubernamentales en el diseño y la ejecución de los proyectos financiados por el IPA y de velar así por que sus ayudas reflejen las necesidades y expectativas reales, contribuir a una mayor visibilidad de los proyectos del IPA y promover el desarrollo de una sociedad civil dinámica y proactiva en los países beneficiarios;

23.

Pide al Tribunal de Cuentas Europeo que presente un informe de evaluación intermedio sobre la aplicación del IPA antes de finales de 2010;

24.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, y al Tribunal de Cuentas, así como a los Gobiernos, Parlamentos e instituciones de auditoría nacionales de los Estados beneficiarios del IPA.

8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/7

A.

Considerando que, en virtud de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, la posibilidad de adoptar un instrumento comunitario en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, con incidencia transfronteriza, solo puede considerarse en el supuesto de que esté demostrado que es imposible superar, en el plano nacional, un obstáculo que impida la realización o el funcionamiento del mercado interior,

B.

Considerando que el pago tardío y el impago van en perjuicio de los intereses tanto de las empresas como de los consumidores, en especial cuando el acreedor y las autoridades encargadas de la ejecución carecen de información sobre el paradero del deudor o sobre su situación patrimonial; considerando asimismo que esta circunstancia se ve acentuada por la actual situación económica, en la que la existencia de liquidez es un elemento esencial para la supervivencia de las empresas,

C.

Considerando que los problemas en materia de cobro transfronterizo de deudas pueden constituir un serio obstáculo a la libre circulación de requerimientos de pago en la Unión Europea e impedir el acceso a la justicia; considerando además que, si no se pueden ejecutar las resoluciones judiciales, se socava el ejercicio de la justicia y las normas de moralidad comercial,

D.

Considerando que, en general, el cobro de las deudas constituye un problema de primer orden que se agrava cuando los créditos son transfronterizos, en particular en el caso de las pequeñas empresas, que no tienen a su disposición abogados especializados o departamentos dedicados al cobro de deudas y, con frecuencia, se encuentran en la desagradable posición de tener que dedicar personal, recursos financieros escasos y, sobre todo, tiempo a este problema y no a actividades productivas,

E.

Considerando que hay indicios de que la Directiva sobre la morosidad en las operaciones comerciales (3) no se respeta ni se conoce lo suficiente, y que, si se hubiese actualizado y aplicado debidamente, dicha Directiva podría influir considerablemente en la disminución del número de casos de pago tardío o de impago,

F.

Considerando las enormes divergencias existentes en función del ordenamiento nacional en materia de contratos e insolvencia sobre la manera en que los acreedores pueden asegurar su deuda en el momento del contrato, especialmente mediante cláusulas de reserva de dominio u otros mecanismos de ese tipo que en ocasiones se obvian a causa de esas divergencias,

G.

Considerando que la adopción de una normativa comunitaria sobre la eficacia en la ejecución de las resoluciones judiciales debe afectar a todos los deudores, sin establecer distinciones a priori entre los deudores de buena fe y los de mala fe,

H.

Considerando que, con frecuencia, la elusión, el pago tardío y el impago de deudas se agudiza por la despreocupación de las partes en sus tratos precontractuales y contractuales; que es necesario insistir en mayor medida en la sensibilización comercial y el posible recurso a cláusulas optativas de tipo «europeo», dentro del marco común de referencia (MCR), lo que garantizaría que las partes tuviesen en cuenta esas cuestiones al inicio de su relación comercial,

I.

Considerando que se ha señalado al Parlamento el grave problema que pueden representar los casos transfronterizos en los que están implicados deudores recalcitrantes, es decir, personas que podrían pagar sus deudas o saldar sus obligaciones pero que no lo hacen, o personas que probablemente no paguen lo que deben, incluso cuando se haya dictado sentencia contra ellas; considerando que dichas personas poseen con frecuencia importantes activos en diferentes entidades, órganos de representación y fideicomisos, y que no se puede obtener una ejecución satisfactoria si no se dispone de la debida información; considerando que, a menudo, es necesario obtener dicha información sin alertar al deudor recalcitrante, que frecuentemente tiene la posibilidad de trasladar rápidamente sus activos para que estén cubiertos por otro ordenamiento jurídico,

J.

Considerando que también se ha señalado al Parlamento que determinados Estados soberanos no cumplen los laudos arbitrales o las sentencias que transmiten tribunales de otro Estado, lo que ha desembocado en la aparición de «fondos oportunistas» que adquieren esta deuda soberana por una cuantía mucho menor y después intentan obtener beneficios a través de su ejecución; considerando que sería mejor y más justo conceder a los acreedores originales los medios necesarios para obtener reparación por sí mismos,

K.

Considerando que cabe argumentar que son pocos los Estados que no tienen ningún activo en el exterior, y que, si el acreedor no tiene esperanzas de obtener la ejecución (únicamente) en su Estado miembro o en el Estado de que se trate, la reparación efectiva sólo puede realizarse a través de un tribunal extranjero, en particular los tribunales de otros Estados miembros de la Unión Europea,

L.

Considerando que, de conformidad con el Reglamento Bruselas I (4), los Estados miembros elaboran sus propias medidas provisionales que regulan sus legislaciones nacionales respectivas, y que, según dicho Reglamento, las sentencias ex parte no son objeto de reconocimiento y ejecución mutuas, mientras que las sentencias inter partes son ejecutadas por el tribunal competente mediante la medida de reparación más aproximada que dicho tribunal pueda establecer,

M.

Considerando que las medidas provisionales incluyen: (i) mandamientos para la divulgación de la información sobre activos patrimoniales que puedan ser objeto de medidas de ejecución de una resolución, y (ii) mandamientos para preservar los activos a la espera de ejecución, así como (iii) mandamientos de pago provisional por los que se concede al acreedor un pago inmediato a la espera de que se resuelva el conflicto subyacente,

N.

Considerando que la aplicación de medidas provisionales debe estar sometida a condiciones similares a las que aplica el Tribunal de Justicia, es decir, que acreedor debe convencer al tribunal de lo fundado de su demanda [un título ejecutivo en forma de sentencia o instrumento auténtico, o pruebas que hagan admisible la demanda prima facie (fumus bonis iuris)] y demostrar la urgencia, es decir, que existe el riesgo real de que la ejecución no se lleve a cabo si no se concede la medida (periculum in mora); considerando que la aplicación de estas medidas puede estar sujeta a la prestación de garantía,

O.

Considerando que, en los casos de menor envergadura, particularmente cuando de otro modo las costas judiciales pudieran ser prohibitivas, el retraso en la administración de justicia equivale a la denegación de la misma, y que, en casos de mayor envergadura, la falta de información sobre los activos patrimoniales puede ser el mayor obstáculo; considerando, por tanto, que el recurso a órdenes conminatorias en forma de medidas provisionales puede constituir una acertada solución en ambos tipos de casos,

P.

Considerando, asimismo, que toda acción comunitaria en favor de la obtención de información ha de ser examinada también en el contexto de estos tipos de casos, en los cuales la falta de información entraña graves injusticias; considerando que, a menos que el acreedor tenga a su disposición información sobre los activos de un deudor (y a fortiori, de un deudor recalcitrante) a los que se pueda acceder en ejecución de una resolución, el acreedor no podrá conseguir la ejecución de la misma,

Q.

Considerando que, en la práctica, este problema no se limita a los casos en los que ya se ha pronunciado una sentencia que se ha incumplido, sino que también puede producirse antes de que los reclamantes presenten sus reclamaciones,

R.

Considerando, no obstante, que es absolutamente esencial que las medidas que se propongan sean proporcionadas, así como que no reproduzcan simplemente lo que ya se puede obtener mediante las medidas nacionales existentes y se limiten a las reclamaciones transfronterizas, y considerando asimismo que se debe evitar toda armonización innecesaria e inadecuada,

S.

Considerando que se ha manifestado cierta preocupación en el sentido de que algunas de las ideas sobre la eficacia de la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea mediante la transparencia de los activos de los deudores podrían violar derechos fundamentales, incluido el derecho al respeto de la vida privada (protección de datos), socavar las salvaguardias procedimentales e ir en contra de las tradiciones constitucionales de numerosos Estados miembros,

T.

Considerando que las propuestas formuladas deben ser rentables e integrarse en otros ámbitos de la política comunitaria con el fin de evitar la innecesaria duplicación de los esfuerzos,

1.

Acoge positivamente el Libro Verde de la Comisión, antes citado, de 6 de marzo de 2008, porque contribuye a la estrategia de Lisboa;

2.

Declara que la opacidad de la información necesaria para obligar a los deudores a cumplir sus obligaciones es contraria a los principios comunes de buena fe y de responsabilidad patrimonial; sostiene que la falta de conocimiento de las legislaciones nacionales relativas a las vías de ejecución o su falta de eficacia puede frenar la realización de un mercado interior unificado y conlleva costes injustificados;

3.

Señala que el retraso en el pago, el impago y la dificultad de cobro de estas deudas perjudican los intereses de las empresas y consumidores acreedores, disminuyen la confianza en el mercado interior y debilitan la acción de la justicia;

4.

Apoya una estrategia integrada y eficaz según los principios de «Legislar mejor», y considera que debe alcanzarse el objetivo del pago asegurando la no discriminación, la protección de datos sensibles y las garantías judiciales con medidas proporcionales que aporten la transparencia necesaria y reduzcan considerablemente los costes informativos y de gestión;

5.

Sostiene que el acreedor, además de a la información disponible de forma pública, debe poder acceder, bajo control o por mediación de una autoridad competente y de forma fácil en todo el mercado interior, a los datos necesarios para iniciar el procedimiento de ejecución y conseguir el cobro de su deuda;

6.

Coincide con la Comisión en que el cobro transfronterizo de deudas mediante la ejecución de resoluciones judiciales es un problema de primer orden del mercado interior; considera, no obstante, que las soluciones propuestas por la Comisión requieren mayor elaboración para poder resolver adecuadamente el problema más difícil, a saber, el que plantean los deudores recalcitrantes;

7.

Opina que la elaboración y actualización de dicho manual podría ser laboriosa y cara, y que, para las personas que pretendan obtener reparación, podría ser más fácil contar con un solo régimen aplicable, y que, en la mayoría de los casos, el acreedor tendrá que solicitar el asesoramiento de un abogado en la jurisdicción extranjera de que se trate; considera, no obstante, que puede resultar útil disponer de una versión simplificada, a falta de un régimen transfronterizo viable;

8.

Considera firmemente que sería útil la publicación de directorios nacionales de abogados extranjeros que ejercen sus derechos dentro del mercado interior con arreglo a las Directivas 77/249/CEE (5) y 98/5/CE (6) ; señala que debería existir un enlace con dichos directorios en las páginas web de la Comisión, que podrían ser complementarios del manual;

9.

Se opone a facilitar un acceso injustificado, indiscriminado y arbitrario a cualquier tipo de información contenida en los registros de población, seguridad social y fiscales, pero está a favor de un marco apropiado y proporcionado que garantice la eficacia de la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea;

10.

Afirma que el acceso a los registros de población, en caso de existir, podría ser útil para localizar a ciudadanos sin medios económicos que no abonan las pensiones alimentarias o no reembolsan los créditos personales, y para evitar los abusos;

11.

Considera que, si bien en determinados ordenamientos un mejor acceso a los registros de seguridad social y fiscales ha sido una innovación con buenos resultados, también es necesario garantizar el respeto de las normativas en materia de protección de datos y confidencialidad; señala que se trata de un tema delicado para la opinión pública; señala además que podrían surgir problemas jurídicos por el uso de la información para un objetivo diferente de aquel para el que se recogió;

12.

Toma nota además de que, en numerosos Estados miembros, las declaraciones de la renta y los registros de la seguridad social son confidenciales, y de que, en dichos Estados, la idea de un registro, con todos los riesgos que conlleva de pérdida de expedientes, no sería bien acogida sino que sería considerada como una práctica abusiva del poder ejecutivo;

13.

Afirma que si la propuesta no fuera proporcionada respecto del fin perseguido, podría dar lugar a abusos y constituir una violación del derecho al respeto de la vida privada;

14.

Considera que puede ser útil profundizar en la idea consistente en mejorar la cooperación entre los órganos públicos de ejecución; señala, no obstante, que no todos los Estados miembros disponen de órganos de ese tipo;

15.

Opina que puede ser útil que, en el procedimiento de ejecución de una resolución judicial, se incluya una declaración del deudor, cuando dicho procedimiento pueda ir acompañado de sanciones con arreglo a la legislación nacional;

16.

Considera que no es necesaria acción comunitaria alguna en este ámbito, siempre y cuando no se demuestre que los instrumentos existentes en los Estados miembros no son eficientes;

17.

Indica que podría estudiarse seriamente la idea consistente en introducir una especie de medida provisional comunitaria adicional a las de los tribunales nacionales; considera que esta idea se podría plasmar en un procedimiento simple y flexible que podría estar vigente en toda la UE y que evitaría retrasos y gastos innecesarios; opina que también sería eficaz y justo para los que no sean parte;

18.

Propone que esta medida se pueda aplicar también a las solicitudes de arbitraje y opina que también se podría tener en cuenta en el contexto de la próxima revisión del Reglamento Bruselas I;

19.

Pide a la Comisión que conceda prioridad a esta cuestión y realice: a) una evaluación detallada del problema, b) un estudio de viabilidad de los posibles instrumentos comunitarios, y c) una evaluación de impacto de los posibles medios de recurso de Derecho comunitario limitados a los aspectos transfronterizos; considera que en estos trabajos, la Comisión también debe identificar y justificar debidamente la base jurídica adecuada para cualquier instrumento comunitario que proponga, que debe limitarse a los casos transfronterizos, así como ser complementario y no interferir con la aplicación de los recursos estrictamente nacionales en este ámbito;

20.

Insta a la Comisión a examinar exhaustivamente todas las medidas precontractuales y contractuales que podrían asociarse al desarrollo del MCR y todos los instrumentos optativos derivados del mismo, con objeto de garantizar que las partes en contratos europeos transfronterizos tienen en cuenta las cuestiones relativas al pago tardío y al impago cuando celebran contratos;

21.

Espera con gran interés la revisión de la Directiva sobre el pago tardío, e insta a la Comisión a que trate este asunto lo más rápidamente posible, a la vista del actual clima económico;

22.

Propone que se elabore un estudio sobre los enfoques nacionales divergentes en materia de cláusulas de reserva de dominio y otros mecanismos similares, con objeto de garantizar el reconocimiento mutuo al respecto;

23.

Propugna que un adquirente de derechos patrimoniales reconocidos en una resolución judicial pueda ejercer su derecho en las mismas condiciones que el transmisor de información;

24.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos de los Estados miembros.

8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/12

A.

Reconociendo la importancia del procedimiento de petición y sus atribuciones específicas, que permiten a la comisión competente buscar soluciones y explicaciones para los ciudadanos de la UE que presentan peticiones al Parlamento,

B.

Visto el número creciente de ciudadanos de la UE que presentan peticiones al Parlamento, junto con los esfuerzos de la Comisión de Peticiones de acelerar más sus procedimientos con el fin de proporcionar un mejor servicio a los ciudadanos que requieren su ayuda,

C.

Considerando que varias de las recomendaciones aprobadas en el informe anual de 2007 todavía no han sido aplicadas por las autoridades del Parlamento,tales como la solicitud de una mejora urgente de los recursos administrativos de su Comisión de Peticiones, incluidas las competencias en materia lingüística y jurídica, con el fin de incrementar la capacidad del Parlamento para efectuar investigaciones independientes de las peticiones que se le dirigen, como, por ejemplo, una cooperación más estrecha con SOLVIT en el ámbito de las peticiones y reclamaciones sobre el mercado interior, así como la creación de un portal común de la UE para los ciudadanos europeos,

D.

Teniendo presente que, a pesar de los considerables progresos realizados en el desarrollo de las estructuras y políticas de la Unión durante este período, los ciudadanos siguen teniendo conciencia directa de muchas deficiencias en la aplicación de las políticas y los programas de la Unión en la medida en que les afectan directamente, y considerando que éstas suelen ser con frecuencia el objeto de las peticiones que se reciben,

E.

Considerando que la «iniciativa ciudadana» instituida por el Tratado de Lisboa entrañará una participación aún mayor de los ciudadanos en las actividades y la labor de la Unión Europea,

F.

Considerando que, en consecuencia, el Parlamento tiene la responsabilidad de asegurar una mejor aplicación de la legislación comunitaria por parte de los diferentes Estados miembros en interés de los ciudadanos y residentes de la UE y, por consiguiente, de trabajar en cooperación con los Estados miembros para lograr este objetivo,

G.

Considerando, no obstante, que muchos Estados miembros siguen reticentes a cooperar activamente con la comisión competente, por ejemplo, no participando en las reuniones de la comisión, y considerando que esto denota una falta de cooperación leal con la institución,

H.

Considerando que la negativa a cooperar activa y oportunamente con el trabajo de la comisión competente en interés de la aplicación correcta del Derecho comunitario plantea dudas acerca del deseo y la determinación de los Estados miembros en cuestión de aplicar correctamente las políticas y los objetivos de la UE, exponiendo así a las autoridades a la imposición de medidas en forma de sanciones y de multas, previstas en los Tratados, así como a la crítica pública,

I.

Reconociendo, no obstante, que muchos Estados miembros muestran un buen nivel de cooperación y colaboran con el Parlamento en un esfuerzo por responder a las preocupaciones que los ciudadanos manifiestan a través del procedimiento de petición,

J.

Reconociendo la contribución constructiva al procedimiento de petición de los servicios de la Comisión, que regularmente proporcionan, a solicitud de la comisión competente, las evaluaciones preliminares de muchas de las peticiones recibidas,

K.

Considerando que esta cooperación podría y debería seguir fomentándose, en particular, en lo que respecta a los procedimientos de conformidad con los artículos 226 y 228 del Tratado CE en casos debidamente justificados,

L.

Considerando que sería legítimo que el Parlamento hiciese uso de sus atribuciones con arreglo al artículo 230 del Tratado CE, si ello resultase necesario para poner fin a una violación grave del Derecho comunitario que se haya puesto de manifiesto durante el examen de una petición y cuando persista una diferencia significativa de interpretación, a pesar de los esfuerzos realizados para resolverla, entre el Parlamento y la Comisión en lo que respecta a la acción requerida según el Derecho comunitario para proteger los derechos del ciudadano en el caso concreto,

M.

Considerando que el procedimiento por infracción no aporta una solución a los peticionarios aunque los Estados miembros estén obligados por el Tribunal de Justicia a modificar su legislación para adaptarla a los actos legislativos de la UE,

N.

Considerando que la incapacidad para proporcionar una solución extrajudicial directamente a los ciudadanos de la UE que han sido víctimas de una aplicación incorrecta del Derecho comunitario constituye una injusticia fundamental que requiere un análisis más minucioso por parte de las instituciones de la UE y, en particular, del Parlamento,

O.

Considerando que, en virtud del artículo 230 del Tratado CE, el Parlamento tiene el derecho de interponer recursos ante el Tribunal de Justicia en las mismas condiciones que el Consejo y la Comisión, y que, de conformidad con el artículo 201 del Tratado CE, está facultado para ejercer un control sobre las actividades de la Comisión, por lo que dispone de los instrumentos jurídicos y políticos para responder con mayor eficacia a las legítimas preocupaciones de los ciudadanos,

P.

Considerando que el Parlamento debería revisar sus propios procedimientos con el fin de facilitar la interposición de recursos ante el Tribunal de Justicia, en particular en virtud del artículo 121 de su Reglamento, cuando están en juego los derechos de los peticionarios,

Q.

Considerando que, de conformidad con el artículo 6 del Tratado de la UE, la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que constituyen también un elemento básico de los criterios de Copenhague para la adhesión a la UE, y considerando que el artículo 7 del Tratado de la UE establece procedimientos específicos que pueden iniciarse en caso de violación grave y persistente de los principios mencionados o de un claro riesgo de la misma,

R.

Considerando las propuestas de resolución presentadas en el Pleno en 2008 y aprobadas por la gran mayoría de los diputados, de conformidad con el artículo 192, apartado 1, de su Reglamento, sobre la base de las peticiones recibidas relativas al impacto del gasoducto Nord Stream bajo el mar Báltico y relativas a las empresas fraudulentas dedicadas a la elaboración de directorios,

S.

Considerando que de la reciente inquietud con respecto a la seguridad del suministro energético se han derivado proyectos de gasoductos para gas natural y gas natural licuado, que, en particular cuando se planifican con precipitación y sin una evaluación adecuada de los riesgos y las alternativas, han originado preocupación entre los peticionarios respecto de la ausencia del examen de los riesgos potenciales graves para el medio ambiente, la salud humana y la seguridad, sobre todo en el caso de proyectos en el Báltico, Gales e Irlanda,

T.

Considerando que, del examen de las peticiones, resulta evidente que las listas de proyectos mencionados en los anexos a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (1), no incluyen una serie de instalaciones y actividades importantes que han aparecido después de producirse las últimas modificaciones a los anexos, como son las instalaciones de regasificación y biocarburantes,

U.

Considerando que muchas peticiones referentes a la red Natura 2000 continúan mostrando que acabar con la pérdida de biodiversidad es un reto esencial para la Unión y que las Directivas sobre hábitats (2) y aves (3) constituyen herramientas básicas e indispensables para cumplir los compromisos de la UE para acabar con la pérdida de biodiversidad antes de 2010,

V.

Considerando que el examen de las peticiones ha mostrado asimismo que la falta de fuentes suficientes de agua potable se ve agravada por otros factores como son la demanda creciente de agua derivada de la urbanización y los proyectos de ocio excesivos, el mantenimiento inadecuado de las infraestructuras y la prevención insuficiente de las fugas, el uso intensivo de agua por la agricultura industrial y una política de precios que no alienta el uso sostenible del agua,

W.

Teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por la Comisión de Peticiones a raíz de la misión de investigación a Fos-sur-Mer, Chipre y Rumanía,

X.

Teniendo en cuenta las preocupaciones manifestadas por la Comisión de Peticiones en relación con determinados proyectos de infraestructura en los Montes Rila de Bulgaria observados de una misión de información en 2008,

Y.

Considerando que, aunque la Defensora del Pueblo para los servicios parlamentarios y de salud del Reino Unido, Ann Abraham, se dirigió a la Comisión de Peticiones en diciembre de 2008 y presentó sus resultados, lo que le llevó cuatro años, la posterior respuesta del Gobierno del Reino Unido en enero de 2009, implicando posibles pagos ex gratia a las personas desproporcionadamente afectadas, no puede ser considerada un remedio adecuado para las numerosas víctimas del desastre,

Z.

Reconociendo la cooperación positiva y constructiva con el Defensor del Pueblo Europeo en 2008, el apoyo prestado por la Comisión de Peticiones a sus recomendaciones contenidas en su Informe anual 2007 y sus dos Informes especiales sobre las Reclamaciones 1487/2005 y 3453/2005 sobre respectivamente el uso de las lenguas por parte del Consejo y la aplicación del procedimiento por incumplimiento por parte de la Comisión, y celebrando las modificaciones, pragmáticas pero necesarias, de su estatuto aprobado por el Parlamento,

AA.

Considerando que en 2008 la Comisión de Peticiones recibió 1 886 peticiones, de las cuales 1 065 se admitieron a trámite y 821 no se admitieron a trámite; que el número de peticiones que no cumplían las condiciones del artículo 191, apartado 1, del Reglamento se incrementó considerablemente desde principios de 2007,

1.

Acoge con satisfacción la participación y la contribución de los peticionarios en cada reunión de la Comisión de Peticiones, lo que permite un diálogo directo y abierto con los representantes del Parlamento Europeo, y continúa animando a los ciudadanos de la UE y a las asociaciones comunitarias a que sigan exponiendo cuestiones que entren dentro del ámbito de actividad de la Unión Europea y que les afecten directamente, en la convicción de que este proceso permite al Parlamento, en su calidad de institución, supervisar la aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros y defender y promover mejor los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la UE, como se definen en el Tratado UE;

2.

Insta a los Parlamentos nacionales y regionales en su calidad de representantes de los ciudadanos a que se mantengan vigilantes en relación con la manera en que los Estados miembros aplican los Tratados y el derecho derivado, en particular, en lo que respecta a cuestiones relativas al medio ambiente, a los derechos sociales y el empleo, a la libre circulación de personas, bienes y servicios, a los servicios financieros, a los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluido su derecho a la propiedad legítimamente adquirida, al reconocimiento de sus cualificaciones profesionales y a toda forma de discriminación; pide a las Instituciones europeas que se comuniquen de manera eficaz con los ciudadanos de forma que éstos conozcan sus derechos y los deberes de las instituciones nacionales y locales;

3.

Destaca que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, el Parlamento no puede admitir a trámite peticiones que tengan por objeto recurrir decisiones adoptadas por autoridades competentes u órganos judiciales de los Estados miembros y que esta información debe comunicarse de una manera clara y comprensible a los peticionarios; hace hincapié, además, en que las reclamaciones han de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 191, apartado 1, de su Reglamento antes de que puedan ser admitidas a trámite;

4.

Pide que se apliquen en un plazo razonable las recomendaciones aprobadas en el Informe anual de 2007 a las que todavía no se ha dado curso;

5.

Pide a la Comisión, a todos los Estados miembros y a sus instituciones, nacionales, regionales y locales, junto con sus Representantes Permanentes, que cooperen plenamente con la comisión competente del Parlamento Europeo en la investigación de las denuncias o las propuestas contenidas en las peticiones, sobre una base leal y constructiva, con vistas a encontrar soluciones a las cuestiones planteadas a través del procedimiento de petición;

6.

Pide a las instancias competentes del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo que lleven a cabo un análisis en profundidad de posibles procedimientos para asegurar la adopción de medidas correctoras en favor de los ciudadanos de la UE y que se negocie un nuevo acuerdo interinstitucional que incluya poderes reforzados para las comisiones de investigación, con el fin reforzar los derechos de los ciudadanos de la UE;

7.

Opina que esta revisión complementaría cualquier aplicación eventual del Tratado de Lisboa previendo salvaguardias adicionales sobre la base de los derechos y las obligaciones declarados de los ciudadanos y las instituciones de la UE;

8.

Recuerda que el Parlamento, en su Resolución de 20 de abril de 2004 sobre la Comunicación de la Comisión relativa al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (4), destacó que el respeto y la promoción de los valores en los que está basada la Unión y la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales son «su especial responsabilidad como representante por elección directa de los ciudadanos europeos», y que consideraba «que, si se descarta la necesidad potencial de aplicar sanciones, se produce necesariamente la impresión de que la Unión no está dispuesta a ello o no está en situación de hacer uso de todos los recursos de que dispone para proteger sus valores»;

9.

Pide a la Comisión, una vez más, que asegure un reconocimiento y un énfasis mayores del procedimiento de petición, en particular, en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos por infracción y a la obligación de informar a la Comisión de Peticiones directa y oficialmente cuando se adopten decisiones de incoar procedimientos de acuerdo con los artículos 226 y 228 relacionados con las cuestiones planteadas en las peticiones individuales

10.

Recuerda que el Parlamento estimó que las alegaciones de incumplimientos graves del Derecho comunitario que la Comisión de Peticiones ha considerado bien fundadas tras el examen de las correspondientes peticiones, pero que el Estado miembro implicado se niega a admitir y que pueden sentar un precedente a escala nacional, deberían ser examinadas en última instancia por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en aras de la coherencia del Derecho comunitario y la realidad del mercado interior (5);

11.

Reconoce que los procedimientos por infracción, incluso si tienen éxito, pueden no originar una solución inmediata del problema específico planteado por los peticionarios individuales, una situación que, con frecuencia, mina la confianza pública en la capacidad de las instituciones de la UE para responder a sus expectativas;

12.

Opina que, teniendo en cuenta las claras indicaciones de que no podrá lograrse el objetivo de acabar con la pérdida de biodiversidad en la UE para 2010, se requiere la adopción de medidas urgentes con el fin de hacer más eficaz la aplicación de las Directivas sobre hábitats y aves, y pide a la Comisión que haga todo lo posible para garantizar que los Estados miembros aplican las directivas de manera coherente con este objetivo;

13.

Pide al Parlamento y a la Comisión que transmitan a los Estados miembros la importancia de anticipar, especialmente en lo que se refiere a la aprobación de la planificación, como forma de contribuir a evitar los incumplimientos posibles de las disposiciones legislativas comunitarias que se han adoptado pero no han entrado todavía en vigor;

14.

Reconoce que a veces no pueden encontrarse soluciones para las reclamaciones de los peticionarios debido a deficiencias existentes en el propio Derecho comunitario aplicable;

15.

Manifiesta su inquietud por el gran número de peticiones recibidas por la Comisión de Peticiones favorables a la concesión del derecho de voto a los residentes «no ciudadanos» de Letonia en las elecciones municipales; recuerda que el Comité de Derechos Humanos las Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia y la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa han recomendado que los «no ciudadanos» puedan participara en las elecciones municipales; insta a la Comisión a que supervise de cerca y fomente la regularización del estatuto de los «no ciudadanos» en Letonia, muchos de los cuales han nacido en ese país;

16.

Constata que el Parlamento recibe muchas peticiones de particulares y asociaciones en las que muchos de los problemas expuestos no constituyen infracción al Derecho comunitario y que, por lo tanto, deberían resolverse agotando la vía judicial del Estado miembro concernido y, una vez agotadas las vías nacionales, la instancia de recurso procedente es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

17.

Observa que todavía no se ha tratado plenamente la petición en favor de una sede única, firmada por millón y medio de personas, destinada a lograr que el Parlamento Europeo se reúna en una única localidad; recomienda que la Comisión de Peticiones examine este asunto de forma prioritaria durante la próxima legislatura;

18.

Pide, por consiguiente, a las comisiones legislativas competentes que tengan en cuenta las propuestas o las sugerencias que de vez en cuando pueda formular la Comisión de Peticiones en lo que respecta a la aplicación por parte de los Estados miembros de determinada legislación, con vistas a una posible revisión o a una investigación más a fondo;

19.

Recuerda su solicitud a la Comisión para que intensifique su seguimiento de la aplicación de la Directiva 2006/114/CE del parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (6), con respecto a las empresas dedicadas de manera engañosa a la elaboración de directorios profesionales y que le informe de la viabilidad y de las posibles consecuencias de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/29/CE del parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005 relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (7), concretamente sustituyendo el término «consumidor» por los términos «la persona objetivo de la práctica;»

20.

Apoya el llamamiento realizado por el Defensor del Pueblo al Consejo para que amplíe las opciones lingüísticas de las páginas web de sus Presidencias para incluir las lenguas más difundidas en la Unión Europea, con el fin de garantizar que los ciudadanos tengan acceso directo a las actividades de las Presidencias del Consejo; se refiere a este respecto a la Presidencia francesa del Consejo, que publicó su página web oficial cumpliendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo;

21.

Apoya el llamamiento realizado por el Defensor del Pueblo a la Comisión, con referencia a la aplicación de la Directiva relativa al tiempo de trabajo (8), para tratar las reclamaciones presentadas por los ciudadanos conforme a los principios de buena administración en el ámbito de los poderes discrecionales de la Comisión referentes al inicio de procedimientos por infracción;

22.

Se felicita por la cooperación constructiva entre el Defensor del Pueblo y la UE en el marco institucional pertinente; apoya los llamamientos reiterados por parte del Defensor del Pueblo sobre la necesidad de un código de buena conducta administrativa, común a todas las instituciones y a todos los organismos comunitarios, como aprobó el Parlamento en su Resolución el 6 de septiembre de 2001 sobre el informe especial del Defensor del Pueblo Europeo (9) siguiendo la investigación por propia iniciativa de la existencia y acceso público, en las diferentes instituciones y diferentes organismos, de un código de buena conducta administrativa; opina que el Defensor del Pueblo, la Comisión y el Parlamento deberían preparar un portal comunitario común para el tratamiento de las reclamaciones dirigidas a las instituciones de la UE;

23.

Insta a la aplicación por todas las partes de la Resolución 550 (1984) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Chipre, que conduciría a la plena restitución de la propiedad a sus legítimos dueños en Varosha; sugiere que, en caso de que no se produzcan resultados visibles para finales de 2009, la comisión competente debería examinar la posibilidad de presentar al Pleno el asunto de los peticionarios de Famagusta;

24.

Pide a las autoridades rumanas que adopten medidas para conservar y salvaguardar el patrimonio cultural y arquitectónico de Rumanía, con arreglo al artículo 151 del Tratado CE, tal como solicitó en su Declaración de 11 de octubre de 2007 sobre la necesidad de medidas para proteger la catedral católica de San José en Bucarest, Rumanía, un monumento histórico y arquitectónico en peligro (10); señala, con referencia a los problemas sobre la restitución de la propiedad confiscada bajo el régimen comunista, que, con arreglo al artículo 295 del Tratado CE, la propiedad es un asunto de competencia nacional;

25.

Solicita a las autoridades francesas que preparen una evaluación epidemiológica para determinar el impacto en la zona próxima a Fos-Berre, en la proximidad inmediata de la planta incineradora en construcción en Fos-sur-Mer; reconoce que la Directiva 1999/30/CE de 22 de abril de 1999 sobre los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente (11) no prohíbe la construcción de un incinerador en la zona ya afectada por la contaminación atmosférica, pero que, con arreglo a la Directiva 1999/30/CE y la Directiva del Consejo 96/62/CE de 27 de septiembre de 1996 sobre la evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente (12), se han de adoptar medidas destinadas a cumplir las normas europeas sobre contaminación atmosférica;

26.

Recuerda las recomendaciones incluidas en el Informe anual de 2007 de la Comisión de Peticiones, destinadas a examinar de nuevo los procedimientos administrativos para el tratamiento de las peticiones, tales como, por ejemplo, el traspaso del registro de peticiones a la secretaría de la Comisión de Peticiones, una cooperación estrecha con SOLVIT, el refuerzo de la base de datos de peticiones, la creación de un portal comunitario para los ciudadanos europeos, etc.; se felicita de la redacción por parte de algunos diputados de un código de buenas prácticas para el tratamiento de las peticiones, que entraría en vigor al comienzo de la próxima legislatura;

27.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el informe de la Comisión de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a sus comisiones de peticiones y a sus defensores del pueblo, así como a otros órganos competentes análogos.

8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/18

A.

Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental del Derecho comunitario y que, de conformidad con el artículo 2 del Tratado, es una de las misiones que debe promover la Comunidad,

B.

Considerando que en el artículo 3, apartado 2, del Tratado se establece el principio del enfoque integrado de la igualdad al disponer que, en todas sus actividades, la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre el hombre y la mujer,

C.

Considerando la progresión constante del porcentaje de mujeres diputadas al Parlamento Europeo, que ha pasado del 17,5 % en 1979 al 31,08 % en 2009,

D.

Considerando el escaso número de mujeres diputadas que ocupan cargos de alto nivel en los órganos del Parlamento (por ejemplo, presidencia o vicepresidencia de comisiones o delegaciones.),

E.

Considerando que en las Direcciones Generales de Políticas Interiores y Políticas Exteriores del Parlamento, las mujeres están sobrerrepresentadas y constituyen respectivamente el 66,5 % y el 66 % del personal, y que cabe destacar los importantes progresos realizados en los últimos años por la Dirección General de Políticas Interiores, coronados por el «Premio de la Igualdad 2007 - mejores prácticas», tanto por la creación de un entorno laboral favorable a la igualdad y al enfoque integrado de la igualdad, como por el aumento considerable del número de mujeres que ocupan cargos de dirección (por ejemplo, desde 2005 el número de jefas de unidad pasó del 5 % al 30 %),

F.

Considerando que, por lo general, la mayoría de las comisiones parlamentarias conceden cierta importancia al enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres (como en el marco de su actividad legislativa, de sus relaciones institucionales con la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de la elaboración del plan de acción a favor de la igualdad, entre otros), y que sólo algunas – pocas – comisiones se ocupan de ella rara vez o nunca,

G.

Considerando que el funcionamiento de la red encargada del enfoque integrado de la igualdad de género en las comisiones parlamentarias, compuesta por diputados y miembros de la secretaría, no ha logrado hasta ahora los resultados que se esperaban,

H.

Considerando que el Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad ha propuesto la creación de una red similar en las delegaciones interparlamentarias con objeto de incluir las cuestiones de igualdad de género en las relaciones exteriores de la Unión Europea,

1.

Subraya que la reivindicación de la igualdad entre mujeres y hombres debe traducirse en un enfoque práctico que no oponga las mujeres a los hombres;

2.

Hace hincapié en que un enfoque integrado de la igualdad constituye una evolución positiva tanto para las mujeres como para los hombres;

3.

Señala que el enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres conlleva la reorganización, la mejora, la evolución y la evaluación de las políticas, a fin de que los agentes generalmente implicados en la adopción de las políticas incorporen la perspectiva de la igualdad en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las fases;

4.

Recuerda la necesidad de adoptar y aplicar una estrategia acompañada de objetivos concretos para un enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas comunitarias que son competencia de las comisiones y delegaciones parlamentarias;

5.

Resalta la importancia del mandato del Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad y pide que se siga alentando y promoviendo este proceso en todo el Parlamento, así como en las relaciones y la cooperación con la Comisión, el Consejo y las demás instituciones;

6.

Felicita a las comisiones parlamentarias que han posibilitado el enfoque integrado de la igualdad en sus trabajos, y solicita a las restantes comisiones y delegaciones que hagan lo mismo;

7.

Pide que se impulse el funcionamiento de la red encargada del enfoque integrado de la igualdad en las delegaciones interparlamentarias y en las misiones de observación de las elecciones;

8.

Alienta al Secretario General a que dé prioridad a la formación en el enfoque integrado de la igualdad de los funcionarios de todos los niveles de las comisiones y delegaciones parlamentarias; reitera su petición de que se imparta una formación en la igualdad entre hombres y mujeres a todos los diputados al Parlamento, y ello desde el comienzo de la próxima legislatura;

9.

Sigue alentando el trabajo en red de los funcionarios de las secretarías de las comisiones parlamentarias y de las delegaciones interparlamentarias que, en las Direcciones Generales de Políticas Interiores y de Políticas Exteriores, están especialmente formados en el enfoque integrado de la igualdad de género, a fin de que puedan intercambiar periódicamente buenas prácticas;

10.

Subraya la necesidad de que las comisiones y delegaciones parlamentarias dispongan de herramientas apropiadas para un buen conocimiento del enfoque integrado, como los indicadores, los datos y las estadísticas desglosados por sexo, así como el reparto de los recursos presupuestarios desde el punto de vista de la igualdad entre mujeres y hombres;

11.

Subraya que la aplicación del enfoque integrado de la igualdad debe tener en cuenta la especificidad de cada comisión o delegación parlamentaria; solicita a las comisiones y delegaciones una participación activa en las evaluaciones que se realizan periódicamente bajo los auspicios de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, basándose en el cuestionario presentado a los presidentes y vicepresidentes encargados del enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres, e incluyendo los casos de incumplimiento registrados en los trabajos de las comisiones y las delegaciones, así como los avances en la aplicación del enfoque integrado de la igualdad en cada comisión;

12.

Resalta la importancia para las comisiones y delegaciones parlamentarias de que su papel y responsabilidades en el ámbito del enfoque integrado de la igualdad de género estén bien definidos;

13.

Destaca la importancia de establecer una colaboración eficaz y coordinada del Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad con la red encargada del enfoque integrado de la igualdad de género en las comisiones y delegaciones interparlamentarias y con la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género;

14.

Pide al Secretario General que vele por que se siga aplicando la estrategia integrada de conciliación de la vida familiar y la vida profesional y se facilite la evolución de la carrera de las mujeres funcionarias;

15.

Pide a los grupos políticos que tengan en cuenta el objetivo de una participación equilibrada de hombres y mujeres en la selección de personas para ocupar puestos de responsabilidad;

16.

Invita a la Mesa del Parlamento a que, en sus contactos con los Parlamentos de los Estados miembros, destaque el papel del Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad como modelo de acción positiva;

17.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Consejo de Europa.

8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/20

A.

Considerando que las relaciones entre las Comunidades Europeas y Turkmenistán se rigen actualmente por el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre comercio y cooperación comercial y económica, firmado en diciembre de 1989; considerando que ese Acuerdo no contiene una cláusula dedicada a los derechos humanos,

B.

Considerando que el Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio, de 2 de diciembre de 1998, celebrado entre la Comunidad Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y Turkmenistán, por otra, se encuentra en fase de aprobación en el Consejo,

C.

Considerando que en mayo de 1997 se rubricó un Acuerdo de colaboración y cooperación (ACC) con Turkmenistán y se firmó en 1998; considerando que, desde entonces, once Estados miembros han ratificado el ACC -Francia, Irlanda, el Reino Unido y Grecia todavía tienen que ratificarlo- y que los doce nuevos Estados miembros lo ratificarán mediante un Protocolo único; considerando que Turkmenistán ratificó el ACC en 2004,

D.

Considerando que, una vez ratificado por todos los Estados miembros, el ACC se celebrará por un periodo inicial de diez años, después de los cuales se renovará anualmente, siempre y cuando ninguna de las partes decida denunciarlo; considerando que las partes podrán ampliar o modificar el ACC o desarrollarlo, con el fin de tener en cuenta las evoluciones,

E.

Considerando que Turkmenistán desempeña un papel importante en la región del Asia Central y que, por consiguiente, resulta deseable una estrecha cooperación entre este país y la Unión Europea,

F.

Considerando que la situación en Turkmenistán ha mejorado con el nuevo Presidente; que el régimen ha manifestado su voluntad de llevar a cabo importantes reformas; y considerando que todavía hacen falta considerables progresos en diversos ámbitos clave como los derechos humanos, el Estado de Derecho y las libertades individuales,

G.

Considerando que el Acuerdo comercial interino (ACI) propuesto entre las Comunidades Europeas y Turkmenistán establece el respeto por la democracia y los derechos humanos como una condición para la cooperación,

H.

Considerando que, por consiguiente, el ACI tendría la capacidad de contribuir al progreso de las reformas democráticas en curso en Turkmenistán,

I.

Considerando que el ACI incluye un mecanismo que permite a ambas partes denunciarlo mediante notificación a la otra parte,

1.

Toma nota de que, tras el cambio de presidente en Turkmenistán, se observan señales de voluntad de llevar a cabo reformas en ámbitos clave; acoge con satisfacción en particular la creación del Instituto Nacional para la Democracia y los Derechos Humanos; toma nota del proceso de revisión de la Constitución que tiene por objeto reforzar la democracia, las libertades individuales y el Estado de Derecho; toma nota además de la revisión de la ley electoral; celebra la adhesión de Turkmenistán a las convenciones internacionales como el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; celebra igualmente la reforma del sistema educativo, que tiene por objeto mejorar la calidad y reforzar la igualdad de los estudiantes;

2.

Pide al Gobierno de Turkmenistán que avance con más rapidez hacia la democracia y el respeto de Estado de Derecho; pide, en particular, la celebración de elecciones abiertas y democráticas, la libertad religiosa, el desarrollo de una verdadera sociedad civil, la liberación de todos los presos políticos y de los presos de conciencia, la eliminación de las restricciones de viaje y el acceso de supervisores independientes;

3.

Destaca la necesidad de que la Unión Europea siga fomentando esta evolución; subraya que las actividades del Gobierno de Turkmenistán deben controlarse detallada y regularmente;

4.

Pide al Consejo y a la Comisión que le mantenga regular y plenamente informado de la situación de los derechos humanos en Turkmenistán;

5.

Lamenta que en diversos ámbitos, en particular en lo que respecta a los derechos humanos y la democracia, la situación siga siendo insatisfactoria; atrae la atención en particular sobre la necesidad de que todos los presos políticos sean liberados sin condiciones; subraya la importancia de la eliminación de todos los obstáculos a la libertad de viajar y de la concesión del acceso libre a los supervisores independientes, incluida la Cruz Roja Internacional; pide más mejoras en las libertades civiles, también para las organizaciones no gubernamentales; subraya la necesidad de realizar reformas a todos los niveles y en todos los sectores de la administración;

6.

Subraya la importancia de las relaciones económicas y comerciales para la apertura de la sociedad turcomana y la mejora de la situación democrática, económica y social de los ciudadanos turcomanos;

7.

Considera que el ACI, a la vez que establece las normas que rigen las relaciones económicas, supone un punto de partida hacia unas relaciones continuas y sostenibles entre la Unión Europea y Turkmenistán y un instrumento potencial para reforzar el proceso de reforma en este país;

8.

Subraya que el ACI no es un cheque en blanco para Turkmenistán; pide, por consiguiente, un control estricto y revisiones regulares de los desarrollos en ámbitos clave de Turkmenistán y, si procede, la suspensión del Acuerdo si existen pruebas de que no se están cumpliendo las condiciones; pide una actualización regular del control por parte de la Comisión y del Consejo;

9.

Pide al Consejo y a la Comisión que incluyan en el ACC una cláusula de suspensión clara relativa a los derechos humanos; subraya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe ser respetada; pide al Consejo que acepte toda solicitud del Parlamento de suspender el Acuerdo;

10.

Pide al Consejo y a la Comisión que incluyan también una cláusula de revisión en el ACC; pide que se le consulte en relación con cualquier revisión del ACC;

11.

Señala que, para que pueda entrar en vigor, el ACC requiere el dictamen conforme del Parlamento; a pesar de que el ACI lamentablemente no requiere su dictamen conforme, pide que las cuestiones planteadas en la presente Resolución se tengan plenamente en cuenta, puesto que, de lo contrario, podría verse comprometido su dictamen conforme sobre el ACC; por consiguiente, manifiesta su intención de basar su dictamen sobre el ACI en las respuestas recibidas del Consejo y la Comisión en sus respectivas declaraciones;

12.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de Turkmenistán.

8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/23

A.

Considerando que la inmigración en Europa siempre será una realidad mientras sigan existiendo diferencias considerables en lo que respecta al bienestar y la calidad de vida entre Europa y otras regiones del mundo,

B.

Considerando que es imperativo adoptar un enfoque común en materia de inmigración en la UE, con más razón en una zona común sin controles fronterizos internos en la que la acción o inacción de un Estado miembro tiene consecuencias directas en otros y en la UE en su conjunto,

C.

Considerando que una mala gestión de la migración puede alterar la cohesión social de los países de destino y puede igualmente perjudicar a los países de origen así como a los propios inmigrantes,

D.

Considerando que la migración regular representa una oportunidad de la que pueden beneficiarse tanto los migrantes como los países de origen, porque se benefician de las remesas de sus migrantes, o los Estados miembros; que, no obstante, los progresos en el ámbito de la migración regular tienen que ir acompañados de acciones efectivas de lucha contra la inmigración irregular, teniendo en cuenta, sobre todo, que esta inmigración potencia la existencia de organizaciones delictivas de tráfico de seres humanos,

E.

Considerando que una verdadera política comunitaria común de inmigración no solo debe basarse en la lucha contra la migración irregular, sino también en la cooperación con terceros países y países de tránsito, y en la existencia de una política adecuada de integración de los inmigrantes,

F.

Considerando que las políticas europeas de inmigración deben respetar las normas del Derecho internacional, en particular las relativas a los derechos humanos, la dignidad humana y el derecho de asilo,

G.

Considerando que la UE es -y debe seguir siéndolo- un espacio acogedor para aquellos que obtengan el derecho a permanecer en ella, tanto si son inmigrantes por motivos laborales, de reunificación familiar o de estudio, como si se trata de personas necesitadas de protección internacional,

H.

Considerando que los migrantes han desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de la UE y del proyecto europeo a lo largo de las últimas décadas y que es fundamental reconocer este hecho y reconocer también que la UE sigue necesitando el trabajo de los migrantes,

I.

Considerando que, de acuerdo con EUROSTAT, el envejecimiento demográfico de la UE será una realidad a medio plazo, pues se prevé que para 2060 la población activa habrá posiblemente descendido en aproximadamente 50 millones de personas; que la inmigración puede constituir un impulso decisivo para los buenos resultados económicos de la UE,

J.

Considerando que el cumplimiento de los objetivos de crecimiento y empleo de la Estrategia de Lisboa pueden verse impedidos por una posible escasez de mano de obra, y que en la actualidad está aumentando el paro; que dicha escasez podría atenuarse a corto plazo mediante una gestión adecuada y estructurada de la inmigración económica,

K.

Considerando que los inmigrantes suelen estar expuestos a empleos precarios o trabajan en puestos de menor calidad o para los que están excesivamente cualificados,

L.

Considerando que la UE también debería esforzarse en mayor medida en abordar internamente los problemas relativos a la escasez de mano de obra y de oficios mediante la utilización de grupos actualmente subempleados, como las personas con discapacidad, aquellas con formación insuficiente, o los solicitantes de asilo que ya residan en la UE y sean parados de larga duración,

M.

Considerando que el número de mujeres inmigrantes está en constante aumento en la UE y que las mujeres representan aproximadamente el 54 % del total de inmigrantes,

N.

Considerando que las mujeres inmigrantes se enfrentan a graves problemas de integración y de acceso al mercado de trabajo debido a su bajo nivel de formación y a los estereotipos y prácticas negativos de sus países de origen, así como a los estereotipos negativos y a la discriminación existentes en los Estados miembros; que, no obstante, muchas mujeres jóvenes con un alto nivel de educación vienen a ocupar en la UE empleos relativamente poco cualificados,

1.

Apoya enérgicamente el establecimiento de una política europea común de inmigración basada en un elevado nivel de solidaridad política y operativa, confianza mutua, transparencia, colaboración, responsabilidad compartida y esfuerzos conjuntos a través de principios comunes y de acciones concretas, así como en los valores consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

2.

Reitera que la gestión de los flujos migratorios debe basarse en un enfoque coordinado teniendo en cuenta la situación demográfica y económica de la UE y de sus Estados miembros;

3.

Considera que, en materia de desarrollo de una política común de inmigración, podría ser muy útil consultar en mayor medida y regularmente a representantes de la sociedad civil, como las organizaciones que trabajan para y con comunidades de inmigrantes;

4.

Lamenta que, hasta el momento, la aplicación de una política común de inmigración legal haya sido demasiado limitada y acoge favorablemente los nuevos instrumentos legislativos que se han adoptado dentro del marco de la política europea común de inmigración legal;

5.

Subraya que una política europea de inmigración coherente y equilibrada añade credibilidad a la UE en sus relaciones con los países terceros;

6.

Reitera que la gestión eficaz de la inmigración requiere la implicación de las autoridades regionales y locales, y una colaboración y cooperación auténticas con los terceros países de origen y tránsito, que tienen con frecuencia la impresión de que se les imponen decisiones de manera unilateral; destaca que una cooperación como ésta solo puede tener lugar si el país tercero respeta las leyes internacionales en materia de derechos humanos y de protección de las personas, y es signatario de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados;

7.

Considera que la emigración a la UE no es la solución para superar los desafíos a que se enfrentan los países en desarrollo, y que una política común de inmigración debe ir acompañada de una política de desarrollo eficaz de los países de origen;

8.

Celebra la adopción del mencionado Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, y las acciones, los instrumentos y las propuestas que presenta la Comisión en su Comunicación titulada «Una Política Común de Emigración para Europa: Principios, medidas e instrumentos», antes citada; pide al Consejo y a la Comisión que inicien rápidamente la fase de realización de los compromisos asumidos;

9.

Celebra las implicaciones institucionales del Tratado de Lisboa, especialmente en relación con la ampliación del procedimiento de codecisión y de la votación por mayoría cualificada a todas las políticas de inmigración, con la aportación de claridad a las competencias de la UE en materia de visados y controles fronterizos, y con la ampliación de las competencias de la UE en materia de asilo y de inmigración legal e ilegal;

10.

Considera que una política común de inmigración también requiere necesariamente la elaboración de una política común de asilo, y recuerda el informe, antes citado, sobre el futuro del Sistema europeo común de asilo (SECA) y la propuesta de la Comisión de un reglamento por el que se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo;

11.

Considera que la migración legal sigue siendo necesaria para satisfacer las necesidades de Europa en el plano demográfico, del mercado laboral y de las cualificaciones, debido a los efectos del descenso y envejecimiento demográficos sobre la economía; opina que también contribuye al desarrollo de los terceros países mediante el intercambio de conocimientos y técnicas y el envío de las remesas de los inmigrantes; pide que se desarrollen sistemas seguros que faciliten estas transferencias financieras a terceros países;

12.

Considera que la inmigración regular debe ser la alternativa a la inmigración irregular puesto que ofrece una ruta de entrada en la Unión Europea legal, segura y organizada;

13.

Recuerda que las estimaciones presentadas por la Comisión prevén la necesidad de 60 millones de trabajadores migrantes para 2050, lo que requiere la apertura de canales para la migración legal;

14.

Subraya la necesidad de que se proceda a una evaluación global de las necesidades de la UE en términos de cualificaciones y mercado; considera, no obstante, que cada uno de los Estados miembros debería conservar el control del número de personas necesario para cubrir las necesidades de su mercado laboral y tener en cuenta el principio de preferencia comunitaria mientras se apliquen medidas transitorias;

15.

Apoya el desarrollo de «perfiles de inmigración» que permitan una imagen integrada de la situación de la inmigración en cada uno de los Estados miembros en un momento dado, tomando como aspecto central de estos perfiles las necesidades del mercado laboral;

16.

Reitera la necesidad de aumentar el atractivo de la UE para trabajadores altamente cualificados, incluida la puesta a disposición de información sobre los mercados de trabajo de los países de destino y de acogida, teniendo en cuenta las consecuencias que esto puede tener en la fuga de cerebros en los países de origen; considera que la fuga de cerebros se puede mitigar a través de la emigración temporal o circular, facilitando formación en los países de origen para mantener el empleo en sectores clave, especialmente en educación y sanidad, y firmando acuerdos de cooperación con los países de origen; pide a los Estados miembros que se abstengan de proceder a la contratación activa de personal en los países en desarrollo que sufran escasez de recursos humanos en sectores clave como la sanidad y la educación;

17.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen mecanismos, directrices y otros instrumentos que faciliten la migración circular y temporal así como medidas, en cooperación con los países de origen, para compensar la pérdida de recursos humanos, ofreciendo apoyo concreto para la formación de profesionales en sectores clave que se ven mermados por esta fuga de cerebros;

18.

Celebra que con el texto sobre la «tarjeta azul» se haya abierto el camino hacia una política común en materia de inmigración legal, pero hace un llamamiento a los Estados miembros para que avancen en mayor medida hacia normas comunes para una política de inmigración que no se ocupe únicamente de los trabajadores altamente cualificados;

19.

Expresa su satisfacción por la adopción de la tarjeta azul relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado e insta a la Comisión a que presente cuanto antes iniciativas para las demás categorías laborales, también con objeto de contrarrestar en mayor medida la inmigración irregular y la explotación de los inmigrantes sin papeles;

20.

Pide que se establezcan nuevas medidas para facilitar aún más la acogida a estudiantes e investigadores y su circulación en el interior de la UE;

21.

Subraya la importancia de reconocer las competencias de los inmigrantes, principalmente teniendo en cuenta las cualificaciones formales, no formales e informales obtenidas en el país de origen; considera que este reconocimiento servirá para combatir el desaprovechamiento de competencias que en la actualidad se produce entre la población inmigrante, sometida a trabajos que exigen cualificaciones muy inferiores a las que posee, fenómeno que se acentúa especialmente entre las mujeres;

22.

Pide a la Comisión que, en los futuros documentos sobre la materia, tenga en cuenta la cuestión del reconocimiento de las competencias y estimule el aprendizaje a lo largo de la vida, garantizando además que los Estados miembros facilitan a los inmigrantes el aprendizaje de la lengua del país de acogida como forma de integración social, profesional y cultural en la Unión Europea y mejorando la capacidad de los inmigrantes de apoyar el desarrollo de sus hijos; pide asimismo a la Comisión que aplique los resultados de las deliberaciones sobre la educación lingüística de los niños inmigrantes y el aprendizaje, en el Estado miembro de residencia, de la lengua y la cultura del país de origen, y pide que el marco que se proponga respete los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

23.

Reafirma que la red europea de empleo y movilidad laboral (EURES) es uno de los instrumentos apropiados para lograr el equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo de una forma transparente, responsable y eficaz; sugiere por lo tanto que se amplíe el concepto de la red EURES para facilitar el contacto entre los empleadores europeos que buscan trabajadores con determinadas cualificaciones y los candidatos procedentes de terceros países; propone que se utilicen los centros especiales (los ya existentes y los que se creen en un futuro) o las representaciones de la UE en terceros países como plataforma para esta expansión de la red EURES y que se garantice la continuidad del trabajo de asesoramiento y su ampliación en materia de instrumentos para apoyar el autoempleo o el recurso del microcrédito, insiste en que la necesidad que tiene Europa de profesionales altamente cualificados no debe provocar una «fuga de cerebros» en terceros países, con el consiguiente perjuicio para sus economías emergentes y su infraestructura social,

24.

Opina que debería concederse, a los inmigrantes de los llamados terceros países, el derecho a la movilidad dentro de la UE, de manera que – como residentes legales en un Estado miembro – puedan ejercer un empleo como trabajadores transfronterizos en otro Estado miembro sin necesidad de solicitar otro permiso de trabajo, y que debe concederse a esos inmigrantes la plena libertad de circulación como trabajadores tras un período de cinco años de residencia legal en un Estado miembro;

25.

Destaca la importancia de la coordinación entre las autoridades locales y regionales, especialmente en materia de formación, y las autoridades nacionales y europeas en materia de gestión de las necesidades del mercado de trabajo, según el principio de preferencia comunitaria; hace hincapié en que dicha cooperación es indispensable para implementar eficazmente una política de inmigración apropiada para cubrir la escasez de mano de obra en determinados sectores y Estados miembros y para integrar a los inmigrantes de forma eficaz y adecuada;

26.

Pide a la Comisión que haga pública más información en los países de origen acerca de las posibilidades de emigración legal, así como de los derechos y obligaciones de los emigrantes una vez que llegan a la UE;

27.

Pide a los Estados miembros que utilicen satisfactoriamente los mecanismos de financiación comunitaria relativos a la política de inmigración para crear más y mejores empleos para los inmigrantes,

28.

Subraya que la integración aumenta la diversidad cultural en la UE y debe basarse en la inclusión social, la lucha contra la discriminación y la igualdad de oportunidades, principalmente facilitando el acceso a la sanidad, la educación, la formación lingüística y el empleo; considera que las políticas de integración también deben basarse en programas innovadores adecuados y reconoce el papel fundamental desempeñado por las autoridades locales y regionales, los sindicatos, las organizaciones de inmigrantes, las federaciones profesionales y las asociaciones en la integración de los inmigrantes;

29.

Apoya los esfuerzos de integración de los Estados miembros, de los inmigrantes legales y de los beneficiarios de protección internacional, teniendo en cuenta el respeto a la identidad y los valores de la UE y de sus Estados miembros, incluido el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia, la tolerancia y la igualdad, la libertad de opinión y la escolarización obligatoria de los niños; recuerda que la integración es un proceso bidireccional que implica adaptaciones tanto por parte de los inmigrantes como de la población de acogida, tal y como se recoge en los principios básicos comunes (PBC) adoptados por el Consejo, y puede verse facilitado por el intercambio de buenas prácticas; reconoce que es más difícil lograr la integración en los Estados miembros que se enfrentan a importantes presiones migratorias, habida cuenta de su especial situación geográfica, si bien debe ser un objetivo irrenunciable; pide por consiguiente a los demás Estados miembros que contribuyan a aliviar estas presiones en un espíritu de solidaridad, facilitando así la integración de los beneficiarios de una protección internacional que se encuentran en los Estados miembros de la UE, paralelamente a la promoción de la migración legal;

30.

Subraya que un buen proceso de integración es el mejor instrumento para eliminar la desconfianza y las sospechas entre la población autóctona y los inmigrantes, y es fundamental eliminar cualquier idea o acción xenófobas;

31.

Alienta el desarrollo de mecanismos de aprendizaje mutuo y el intercambio de la mejor práctica entre los Estados miembros con el fin de reforzar la capacidad de los países de acogida de gestionar una diversidad creciente, y también de un sistema de indicadores comunes y una capacidad estadística adecuada que permitan a los Estados miembros evaluar los resultados de las políticas de inmigración;

32.

Recuerda que un elemento clave es la inclusión de organizaciones de inmigrantes que desempeñan un papel único en el proceso de integración, al ofrecer a los inmigrantes la oportunidad de una participación democrática; pide a los Estados miembros que faciliten sistemas de apoyo de la sociedad civil en el proceso de integración permitiendo la presencia de los inmigrantes en la vida civil y política de la sociedad de acogida, su adhesión a los partidos políticos y sindicatos y el derecho a votar en las elecciones locales;

33.

Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión y del Comité Económico y Social Europeo de reforzar la coherencia de las políticas de integración con la puesta en marcha del Foro Europeo de la Integración que cuenta con la participación e implicación de organizaciones sociales y asociaciones de inmigrantes y que tiene como fin intercambiar experiencias y elaborar recomendaciones; pide a los Estados miembros que coordinen sus esfuerzos en materia de integración con el intercambio de las mejores prácticas contenidas en sus planes nacionales de integración;

34.

Pide a la Comisión que garantice de modo adecuado el apoyo financiero a la integración estructural y cultural de los inmigrantes, también con la ayuda de programas comunitarios como «Aprendizaje permanente», «Europa con los ciudadanos», «La juventud en acción» y «Cultura 2007-2013»; toma nota de que en la mayoría de los casos los profesores están mal preparados para acoger a un gran número de niños inmigrantes en las clases y pide una mejor formación de los docentes y un apoyo financiero suficiente;

35.

Destaca el hecho de que los programas escolares y de aprendizaje permanente desempeñan un papel fundamental en el proceso de integración mediante el desarrollo de competencias, en particular lingüísticas; considera que la participación sin reservas en programas de formación y aprendizaje permanente debería ser un derecho y una oportunidad para los inmigrantes recién llegados;

36.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que prosigan el fomento de sus políticas contra las discriminaciones, incluidas las aplicadas por las autoridades públicas;

37.

Pide a los Estados miembros que respeten y apoyen las Directivas aplicables, como las Directivas del Consejo 2000/78/CE (17), 2000/43/CE (18) y 2004/113/CE (19), con el fin de luchar contra la discriminación;

38.

Pide a los Estados miembros que ratifiquen la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990 (20);

39.

Pide a la Comisión que reúna datos sobre la inmigración en la UE, desglosados por género, y promueva su estudio por parte del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, con miras a una mayor divulgación de las necesidades y los problemas específicos de las mujeres inmigrantes, así como de los procedimientos más adecuados para lograr su integración en las sociedades de los países de acogida;

40.

Exhorta a los Estados Miembros a que tengan debidamente en cuenta a la hora de elaborar sus políticas de integración, la dimensión de género y la situación y necesidades específicas de las mujeres inmigrantes;

41.

Pide a los Estados miembros que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres inmigrantes, ya estén en situación regular o no;

42.

Pide a los Estados miembros que apoyen campañas de información destinadas a las mujeres inmigrantes, con vistas a informarles de sus derechos, posibilidades de educación y formación lingüística, formación profesional y acceso al empleo, y con vistas a evitar los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina y otras formas de coacción mental o física;

43.

Subraya la necesidad de un plan general detallado para establecer los objetivos generales y la arquitectura de la estrategia de gestión de las fronteras de la UE, incluidos los detalles que muestren la manera en que pueden optimizarse aún más todos los programas y los planes relacionados en este ámbito; opina que, al considerar la arquitectura de la estrategia de gestión de las fronteras de la UE, la Comisión debe analizar en primer lugar la eficacia de los actuales sistemas de gestión de las fronteras de los Estados miembros, con el fin de obtener las mejores sinergias entre ellos y facilitar información suplementaria sobre la rentabilidad de los nuevos sistemas propuestos, a saber, el sistema de entrada/salida, el sistema electrónico de autorización de viaje, los sistemas automatizados de control fronterizo y el programa de registro de los pasajeros, en el marco de la gestión integrada de las fronteras de la UE;

44.

Hace hincapié en que la gestión integrada de las fronteras debe respetar el equilibrio adecuado entre garantizar la libre circulación de un número creciente de personas a través de las fronteras y garantizar una mayor seguridad para los ciudadanos de la UE; no niega que el uso de datos ofrece claras ventajas; opina, al mismo tiempo, que la confianza de la opinión pública en la acción gubernamental solo puede mantenerse si se prevén salvaguardias para la protección de datos y mecanismos de supervisión y reparación suficientes;

45.

Pide que se realice una evaluación de la viabilidad de un planteamiento integrado, en cuatro etapas, en el que los controles se realicen sistemáticamente en cada etapa cuando los inmigrantes viajan a la Unión;

46.

Subraya que la estrategia fronteriza de la UE debe complementarse también con medidas concretas destinadas a reforzar las fronteras de los terceros países en el marco de la Asociación África-UE y de la Política Europea de Vecindad (Asociación Oriental, EUROMED);

47.

Pide que se sustituyan los actuales visados nacionales de Schengen por visados europeos uniformes de Schengen, para permitir la igualdad de trato a todos los solicitantes de visados; desea que se le informe del calendario exacto y de los detalles tanto del estudio político como del estudio técnico de la Comisión que analizará la viabilidad, las implicaciones prácticas y el impacto de un sistema por el que se exija a los nacionales de terceros países la obtención de una autorización electrónica para viajar antes de iniciar su viaje al territorio de la UE (Sistema electrónico de autorización de viaje, ESTA); pide que se mejore la cooperación entre los consulados de los Estados miembros y que se establezcan gradualmente servicios consulares conjuntos en materia de visados;

48.

Pide al Consejo que adopte mecanismos basados en la solidaridad entre los Estados miembros a fin de repartir la carga de trabajo derivada del control de fronteras y que coordine las políticas nacionales de los mismos;

49.

Considera que la lucha eficaz contra la inmigración ilegal es una parte crucial de una política global de migración de la UE y, por consiguiente, lamenta que una toma de decisiones eficaz en este ámbito se vea paralizada por una capacidad insuficiente de los Estados miembros para colaborar realmente en sus intereses mutuos;

50.

Está escandalizado por la tragedia humana causada por las rutas marítimas de la inmigración ilegal, en particular en las fronteras marítimas del sur de la Unión, que siguen los que huyen por mar desde las costas africanas e inician una peligrosa travesía hacia Europa; pide enérgicamente que se emprendan acciones urgentes para poner término de una vez por todas a esta tragedia humana y reforzar el diálogo y la cooperación con los países de origen;

51.

Recuerda que la inmigración ilegal a menudo se desarrolla a través de redes delictivas que, hasta el momento, han demostrado ser más eficaces que la acción común europea; está convencido de que tales redes son responsables de la muerte de cientos de personas que pierden la vida en el mar cada año; recuerda que, dentro del respeto de las obligaciones internacionales, los Estados miembros tienen una responsabilidad común en el salvamento de vidas en el mar; pide, por lo tanto, a la Comisión y al Consejo que redoblen sus esfuerzos en la lucha contra la delincuencia organizada, la trata de seres humanos y el contrabando que ocurre en diversas partes de la UE y, en particular, que intenten desmantelar todas las redes combatiendo no solo a los intermediarios, que no son más que la pieza visible, sino también a aquellas personas que, desde lo alto de la pirámide, sacan el mayor provecho de esas actividades delictivas;

52.

Pide a la Comisión que intensifique los programas de concienciación en los países de tránsito y de origen sobre los peligros de la migración ilegal;

53.

Celebra la nueva Directiva por la que se establecen sanciones aplicables a los empleadores de residentes en situación irregular que son nacionales de terceros países y la considera un instrumento útil para frenar la explotación de los trabajadores inmigrantes y reducir el atractivo de uno de los factores más atrayentes de la migración ilegal;

54.

Insta a los Estados miembros a que no se demoren en la transposición de la nueva Directiva que prevé sanciones para los empleadores que contratan a inmigrantes en situación irregular;

55.

Considera que es absolutamente necesario reforzar los cauces de diálogo con los países de origen y establecer acuerdos de cooperación con esos países, con objeto de poner término a esta migración ilegal, que es inhumana y dramática;

56.

Considera que, pese a los repetidos aumentos de medios presupuestarios, que el Parlamento solicitó insistentemente, la Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (FRONTEX) todavía no está en condiciones de proporcionar la suficiente coordinación de los esfuerzos de control en las fronteras exteriores de la Unión, debido a las limitaciones de su mandato y a la falta de esfuerzos por hacer partícipes a los países terceros, especialmente en lo que se refiere a las operaciones marítimas;

57.

Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión consistente en una propuesta de revisión del mandato de FRONTEX, y considera que urge reforzarla, en particular ampliando su capacidad de coordinación, su capacidad para coordinar misiones permanentes en zonas que se enfrentan a fuertes presiones migratorias, a petición de los Estados miembros interesados, y su capacidad para comprometerse con los terceros países; opina que también es necesario hacer hincapié en un aumento de la capacidad de análisis del riesgo y de recopilación de información por parte de FRONTEX;

58.

Considera que FRONTEX necesita contar con recursos adecuados, no solo financieros, para poder cumplir su mandato de manera consecuente, y pide el desarrollo de nuevas tecnologías para combatir la migración irregular, a los Estados miembros que compartan en mayor medida los medios técnicos y a la Comisión que presente propuestas legislativas para establecer un requisito de solidaridad obligatoria sobre la misma base que la prevista para los equipos de intervención rápida en las fronteras (RABIT);

59.

Pide a FRONTEX y a la Comisión que elaboren un estudio con estimaciones sobre la posibilidad de que FRONTEX adquiera sus propios equipos y sobre los requisitos de una posible revalorización de las operaciones en el mar de FRONTEX en un servicio de guardacostas de la UE, sin menoscabar el control por parte de los Estados miembros de sus fronteras;

60.

Considera que FRONTEX solo puede ser plenamente eficaz si se realizan más esfuerzos en acciones complementarias, tales como la readmisión y cooperación con terceros países; pide a la Comisión que preste su apoyo a dicha agencia en este sentido;

61.

Apoya el establecimiento de servicios especializados de FRONTEX para tener en cuenta y evaluar mejor las situaciones específicas en las fronteras especialmente sensibles, en particular en las fronteras terrestres del este y en las fronteras marítimas del sur;

62.

Toma nota de que las diferencias de interpretación de los términos jurídicos y del Derecho marítimo internacional y las diferencias entre las legislaciones y los procedimientos nacionales han obstaculizado las operaciones de FRONTEX; pide que se realicen estudios amplios con el fin de buscar un enfoque común y de resolver conflictos entre las legislaciones y los procedimientos nacionales;

63.

Pide una cooperación constante y reforzada entre FRONTEX y los organismos y agencias nacionales;

64.

Pide que se siga desarrollando la idea de EUROSUR también a través de una mejora de la coordinación entre los Estados miembros;

65.

Observa que los pescadores y las embarcaciones y marineros particulares encuentran con frecuencia inmigrantes ilegales antes que las fuerzas navales nacionales; subraya la necesidad de informar claramente a esas personas de sus obligaciones en virtud del Derecho internacional de ayudar a los inmigrantes en peligro, y pide la creación de un mecanismo de indemnización por el trabajo perdido como resultado de las operaciones de salvamento;

66.

Subraya que existe una clara necesidad de estadísticas fiables para establecer instrumentos concretos de lucha contra la migración ilegal a escala de la UE y pide a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para proporcionar dichas estadísticas;

67.

Considera que se tiene que obligar a abandonar el territorio de la Unión Europea a los inmigrantes que no tienen derecho a protección internacional o que residen de manera irregular en el territorio de los Estados miembros; toma nota, a este respecto, de la adopción de la Directiva sobre retorno, y pide a los Estados miembros que, en el marco de la transposición de dicha Directiva, velen por que se mantengan las disposiciones más favorables que ya estén previstas en sus ordenamientos jurídicos internos; pide a los Estados miembros que garanticen que el retorno se realiza con el debido respeto al Derecho y a la dignidad de las personas afectadas, dándose debidamente preferencia al retorno voluntario;

68.

Pide la creación de un sistema de servicios de asesoramiento para el retorno en centros de acogida cerrados y abiertos, que sirvan de punto de contacto para las personas que deseen obtener más información sobre la asistencia al retorno;

69.

Pide a la Comisión que establezca mecanismos de control y de apoyo para la reintegración social y profesional en los países de origen de los migrantes que hayan sido repatriados;

70.

Pide a los Estados miembros que inscriban prioritariamente sus políticas de readmisión en una política común y no en acuerdos bilaterales;

71.

Solicita, en relación con los acuerdos de readmisión, que se informe periódicamente al Parlamento Europeo y a sus comisiones competentes, durante las conversaciones con los países terceros, acerca de la evolución y los obstáculos que hayan encontrado los negociadores;

72.

Pide a la Comisión que vele por que los Estados miembros solo celebren acuerdos bilaterales de readmisión con terceros países que garanticen plenamente el respeto de los derechos humanos de las personas readmitidas y sean signatarios de la Convención de Ginebra de 1951;

73.

Pide a la Comisión que siga adelante con la aplicación efectiva de la obligación de los terceros países a readmitir a sus nacionales con residencia irregular en el territorio de la UE, tal como se prevé en el artículo 13 del Acuerdo de Cotonú de 23 de junio de 2000; pide que se refuercen estas disposiciones durante las negociaciones sobre el nuevo acuerdo ACP (Estados de África, del Caribe y del Pacífico);

74.

Subraya la necesidad de que exista una auténtica dimensión europea en la política de retorno mediante el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno; insta a que se desarrolle un mayor nivel de cooperación entre los Estados miembros en la ejecución de los retornos y que se refuerce el papel de FRONTEX en las operaciones conjuntas de retorno;

75.

Pide que se refuerce la cooperación, incluida la cooperación consular, con los países de origen y de tránsito con el fin de facilitar los procedimientos de readmisión, y solicita a la Comisión que evalúe los actuales acuerdos de readmisión con el fin de facilitar su aplicación y extraer las correspondientes lecciones para la negociación de futuros acuerdos;

76.

Pide al Consejo que considere la posibilidad de adoptar disposiciones legislativas con vistas a conceder un salvoconducto europeo a nacionales de terceros países que residen ilegalmente en un Estado miembro, para facilitar la readmisión en países terceros; será necesario adoptar medidas destinadas a incorporar el salvoconducto europeo en los acuerdos de readmisión de la Unión para hacerlos obligatorios en los países terceros en cuestión;

77.

Lamenta profundamente que los Estados miembros no hayan mostrado la suficiente solidaridad ante el creciente desafío que plantea la inmigración; pide que se revise con urgencia el Programa marco de solidaridad y gestión de los flujos migratorios para el periodo 2007-2013 (21) y sus cuatro instrumentos financieros, con el fin de que puedan reflejar las nuevas realidades derivadas de las crecientes presiones migratorias y se puedan utilizar para tratar las necesidades urgentes, como en el caso de situaciones de flujos migratorios masivos;

78.

Toma nota de los compromisos asumidos por los Estados miembros en el marco del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo mencionado más arriba, en relación con la necesidad de solidaridad; celebra, en particular, la inclusión de un mecanismo voluntario de reparto de las cargas que permite, dentro de la UE, reasignar a otro Estado miembro a los beneficiarios de protección internacional en los Estados miembros que se enfrentan a presiones específicas y desproporcionadas sobre sus regímenes nacionales de asilo, debido en particular a su situación geográfica o demográfica y pide a los Estados miembros que apliquen esos compromisos; celebra asimismo que se hayan asignado a este fin 5 millones de euros en el presupuesto de la UE para 2009, en el marco del Fondo europeo para los refugiados; insiste, no obstante, en la introducción de instrumentos obligatorios; pide a la Comisión que utilice de inmediato este mecanismo y proponga sin demora una iniciativa legislativa para establecer un mecanismo de este tipo a nivel europeo y de manera permanente;

79.

Celebra la refundición del Reglamento de Dublín y las disposiciones propuestas con vistas a un mecanismo que suspenda las transferencias de Dublín cuando se sospeche que éstas puedan tener como resultado que los solicitantes no se beneficien de los niveles adecuados de protección en los Estados miembros responsables, en particular, en lo que respecta a las condiciones de acogida y de acceso al procedimiento de asilo, así como en casos en los que esas transferencias de Dublín puedan aumentar la carga sobre aquellos Estados miembros que se enfrentan a presiones específicas y desproporcionadas debido, en particular, a su situación geográfica o demográfica; subraya, no obstante, que sin la introducción de un instrumento doblemente obligatorio para todos los Estados miembros, esas disposiciones supondrían más una declaración política que un instrumento eficaz de apoyo verdadero a los Estados miembros;

80.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de una refundición del Reglamento relativo a la creación de «Eurodac» para la comparación de huellas dactilares, y recuerda a los Estados miembros sus obligaciones de tomar las huellas dactilares y enviar los datos de conformidad con el actual Reglamento Eurodac; opina que se debe recurrir a los datos biométricos, como las huellas dactilares, para reforzar la eficacia de las operaciones de control en las fronteras;

81.

Lamenta que la cooperación con terceros países no haya dado unos resultados satisfactorios, con la destacada excepción de la cooperación de España con terceros países como Senegal y otros países del África subsahariana y de África del norte; pide que se preste un apoyo específico a los terceros países de tránsito y origen con el fin de ayudarles a crear una capacidad efectiva de gestión de las fronteras, incluyendo la participación de FRONTEX en misiones de asistencia fronteriza en dichos países;

82.

Recuerda a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que es esencial continuar el diálogo establecido con los países de origen y tránsito en la línea de las conferencias ministeriales UE-África sobre migración y desarrollo celebradas en Trípoli, Rabat y Lisboa;

83.

Pide la aplicación de los instrumentos políticos desarrollados en el marco del «Enfoque Global de la Migración» (22), así como del «Proceso de Rabat» de 2006 sobre migración y desarrollo, y la Asociación UE-África en materia de inmigración, movilidad y empleo, acordada en Lisboa en diciembre de 2007;

84.

Subraya la importancia que reviste una política de desarrollo en los terceros países de origen o tránsito como medio para hacer frente al desafío de la emigración en origen; pide que se mejore la coordinación de las políticas de inmigración y de desarrollo de la Unión, teniéndose plenamente en cuenta los objetivos estratégicos, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

85.

Observa, no obstante, que la política de desarrollo no puede ser la única alternativa a la migración, porque no puede existir un desarrollo solidario sin movilidad permanente;

86.

Pide que se refuerce la cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones y con otras organizaciones internacionales en la creación de nuevas oficinas regionales en áreas sensibles en las que sea necesaria la asistencia práctica relativa, entre otras cosas, a la migración legal o al retorno voluntario de los inmigrantes;

87.

Subraya la importancia de crear centros de información y de gestión de la migración, como el inaugurado en Malí en octubre de 2008; opina que estos centros pueden contribuir considerablemente a resolver los problemas de la migración abordando las preocupaciones de los migrantes en potencia, de los que retornan y de los que residen en la UE; pide a la Comisión que facilite la información necesaria sobre los proyectos de creación de otros centros en el marco de la Asociación UE-África y que examine la posibilidad de crear este tipo de centros en los países vecinos del Este;

88.

Hace hincapié en que todos los acuerdos con los países de origen y tránsito deben incluir capítulos sobre la cooperación en materia de inmigración, y pide que se establezca una política ambiciosa con terceros países en el ámbito de la cooperación policial y judicial, con el fin de luchar contra las organizaciones delictivas internacionales que participan en la trata de seres humanos y de enjuiciar a las personas implicadas con la colaboración de Europol y de Eurojust; pide asimismo a la Comisión que intensifique su apoyo, incluida la asistencia financiera y técnica, en favor de los terceros países, para crear las condiciones económicas y sociales que desincentiven la migración ilegal, las actividades relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia organizada;

89.

Pide a la Comisión que promueva la negociación de acuerdos globales europeos como el firmado con Cabo Verde, que avance en las negociaciones globales que mantiene con Marruecos, Senegal y Libia, y que promueva la celebración de acuerdos con los principales países de origen de la inmigración;

90.

Pide el apoyo de los terceros países para que desarrollen su marco legislativo nacional y establezcan sistemas de inmigración y de asilo que respeten plenamente el Derecho internacional e insta, igualmente, a los terceros países de tránsito a que firmen y respeten la Convención de Ginebra de 1951;

91.

Pide a los Estados miembros que inicien una reflexión sobre la cuestión de los «refugiados medioambientales», que hoy en día no pueden ser considerados como emigrantes económicos y que tampoco están reconocidos como refugiados en el sentido de la Convención de Ginebra;

92.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/35

A.

Considerando que la definición de la política RTE-T, tal como figura en la Decisión no 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transportes (3), y en la Decisión no 884/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, que modifica la Decisión no 1692/96/CE sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transportes (4), ha dado lugar a una «lista de deseos» que incluye 30 proyectos prioritarios inspirados principalmente por intereses nacionales,

B.

Considerando que, en materia de transporte de mercancías, es necesario mejorar la competitividad externa del ferrocarril y de las vías navegables con respecto a la carretera, con objeto de garantizar el equilibrio de explotación de las «autopistas del mar» y de los corredores ferroviarios para el transporte de mercancías,

C.

Considerando que los 30 proyectos prioritarios han conducido a una propuesta de la Comisión que prevé una financiación comunitaria del orden de 20 000 millones de euros en el marco financiero 2007-2013 para el conjunto de la red transeuropea de transportes, importe que se redujo a 8 000 millones de euros, de los cuales solo 5 300 millones de euros para los 30 proyectos prioritarios, debido a la insistencia del Consejo,

D.

Considerando la incapacidad manifiesta de la Unión Europea para cumplir las normas de financiación de las RTE-T establecidas por su Reglamento (CE) no 680/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía (5), creando por ello incertidumbre en los planes de financiación de los proyectos,

E.

Considerando la necesidad de reforzar la capacidad de la Comisión para llevar adelante los grandes proyectos transfronterizos, especialmente los ferroviarios, que exigen una coordinación reforzada y continua entre los Estados miembros comprometidos y una financiación plurianual que sobrepasa el plazo de las perspectivas financieras,

F.

Considerando que los anexos a la mencionada Comunicación de la Comisión de 14 de mayo de 2008 muestran que aproximadamente el 49 % de los créditos para proyectos de transporte se destina al transporte por carretera, un 31 % al ferrocarril y un 9 %, aproximadamente, al transporte urbano, pero que no queda claro con nitidez qué proyectos concretos se cofinancian,

1.

Reconoce que las primeras tentativas de desarrollar una política comunitaria de infraestructuras de transporte inspirada en los «eslabones perdidos» de la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT) fueron estimuladas por el Libro Blanco de 2 de diciembre de 1992 titulado «El curso futuro de la política común de transportes» con la justificación de promover el crecimiento económico, la competitividad y el empleo, y fueron puestas en práctica por el antiguo Comisario responsable de Transportes, Karel Van Miert; constata que el Reglamento (CE) no 2236/95 del Consejo, de 18 de septiembre de 1995, que determina las normas generales para la concesión de ayuda financiera comunitaria en el ámbito de las redes transeuropeas (6), y la Decisión no 884/2004/CE se orientaban hacia los objetivos mencionados; considera que es digno de señalar el impulso que dio a esta política la que fuera Vicepresidenta de la Comisión y Comisaria de Energía y Transportes, Loyola de Palacio;

2.

Considera que los informes de los coordinadores RTE-T son ejemplos interesantes en la perspectiva de la coordinación y de la integración de un número limitado de proyectos importantes; pide, por lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que prosigan los esfuerzos encaminados a la mejora de los proyectos prioritarios actuales; considera que la inversión a medio o largo plazo deberá proseguir en consonancia con el objetivo de completar la totalidad de la red;

3.

Acoge con satisfacción la pronta presentación de la mencionada Comunicación de la Comisión de 4 de febrero de 2009, destinada a revisar fundamentalmente la infraestructura comunitaria de transportes y la política RTE-T, sobre la base de los desafíos actuales y futuros en el ámbito de los transportes, la movilidad transfronteriza, la financiación, la economía, la política regional (incluidas las regiones permanentemente desfavorecidas), la política social y el medio ambiente;

4.

No entiende, a este respecto, los motivos para introducir el vago concepto de «pilar conceptual» de una RTE-T que llegue a recargar la lista de prioridades; está convencido de que, contrariamente al objetivo manifestado por la Comisión, un pilar calificado expresamente de conceptual no mejorará la credibilidad de la política de RTE-T, que se alcanzaría mejor mediante el desarrollo de proyectos concretos;

5.

Expresa su acuerdo, por consiguiente, con la idea de desarrollar un enfoque sobre las redes más integrado, con corredores que reflejen las necesidades de conexión intermodal para los ciudadanos y las mercancías; subraya, por consiguiente, que debe concederse prioridad a los ferrocarriles, a los puertos, a las vías navegables, marítimas e interiores sostenibles y a sus conexiones con sus países o los nudos intermodales en enlaces de infraestructuras con los nuevos Estados miembros y dentro de estos, y que también se ha de prestar especial atención a los enlaces transfronterizos de transporte, así como a la mejora de los enlaces con aeropuertos y puertos de mar en las redes transeuropeas; subraya que debe prestarse atención a las necesidades, distintas pero complementarias, de los pasajeros y las mercancías; recomienda que los Estados y las autoridades regionales mejoren las estaciones intermedias y las interconexiones locales como enlaces con las RTE-T, con el fin de minimizar los costes asociados a la existencia de áreas periféricas;

6.

Pide a la Comisión que preste un apoyo particular a los proyectos prioritarios con vínculos intermodales e interoperatividad consistente que atraviesen varios Estados miembros; señala que la conexión de áreas económicas a lo largo de estos proyectos prioritarios es un cometido nacional;

7.

Constata con satisfacción que los modos de transporte respetuosos del medio ambiente reciben una parte desproporcionadamente amplia de la consideración en la lista de proyectos prioritarios; pide a la Comisión a este respecto que se asegure de que esta proporcionalidad se preservará en el futuro cuando se ejecuten los proyectos;

8.

Subraya la necesidad de integrar la protección del clima y el desarrollo sostenible de todos los modos de transporte en la política de infraestructuras europea, con el fin de respetar los objetivos comunitarios de reducción de emisiones de CO2;

9.

Pide a la Comisión a que inste a los Estados miembros a que integren la legislación medioambiental comunitaria en los procesos de decisión y de planificación de proyectos RTE-T, especialmente Natura 2000, la evaluación medioambiental estratégica, la evaluación del impacto sobre el medio ambiente, la calidad del aire, la directiva marco sobre el agua, las directivas relativas a la protección de los hábitats y de las aves, así como el Mecanismo de informes sobre los transportes y el medio ambiente (TERM) de la Agencia Europea del Medio Ambiente;

10.

Insta a la Comisión a que minimice las disposiciones oscuras o contradictorias concernientes a las declaraciones de interés común y a la aplicación de la legislación medioambiental; considera, además, que, una vez que los proyectos se reconozcan como RTE-T, los Estados miembros no deben abusar de la legislación europea mencionada en el apartado 9 con objeto de bloquear la puesta en marcha de los proyectos de RTE-T;

11.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta, como factores relevantes en el contexto de la política comunitaria de infraestructuras de transporte, nuevos desarrollos como la crisis financiera mundial, el cambio demográfico, la ampliación y los nuevos países vecinos, así como las conexiones cada vez más estrechas con los países del Este y del Mediterráneo;

12.

Subraya que, especialmente en el contexto actual de crisis económica, el desarrollo de las RTE-T y la integración del transporte en la UE con el de los Estados vecinos es la manera más segura de garantizar tanto la sostenibilidad a largo plazo del mercado interior como la cohesión económica y social en la UE;

13.

Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para mejorar la coordinación europea del desarrollo territorial (agenda territorial de la Unión Europea y principio de cohesión territorial) y de la planificación de los transportes teniendo en cuenta la accesibilidad regional mediante la mejora de las redes entre las regiones; señala que deben tenerse en cuenta las diferencias entre regiones de montaña, regiones litorales e insulares, regiones centrales y periféricas y otras regiones transfronterizas, tanto como la necesidad de una mayor integración de los sistemas de movilidad urbana en la TEN-T;

14.

Pide a la Comisión que dé prioridad particular a proyectos clave relativos a los principales enlaces ferroviarios, de carretera y por vía navegable para asegurar conexiones transfronterizas con los nuevos Estados miembros y con terceros países;

15.

Sugiere a este respecto que la Perspectiva de Desarrollo Espacial Europeo (PDEE) se incluya como base para la planificación y que los estudios ESPON disponibles se incluyan como información de fondo científica y orientada hacia la planificación sobre el desarrollo del transporte;

16.

Insiste en la necesidad de integrar tanto los objetivos de la Estrategia de Lisboa como los del Plan de Recuperación en el desarrollo de las políticas de RTE-T, dada la importancia esencial de la movilidad, accesibilidad y su logística para la competitividad de la UE, así como para mejorar la cohesión en sus territorios;

17.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que integren los corredores verdes, las redes de transporte ferroviario de mercancías, los corredores del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), la red transeuropea de flete ferroviario (RTE-FF), las «autopistas» marítimas, tales como el transporte marítimo a corta distancia, las vías navegables existentes con capacidad limitada o esclusas sin suficiente capacidad, los puertos secos, las plataformas logísticas y los nodos de movilidad urbana, además de la proyectada extensión de las RTE-T a la Política Europea de Vecindad y a los países del Este y del Mediterráneo, en un concepto de RTE-T intermodal basado en acciones planificadas en favor de modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente, menos costosos en carburante y más seguros, velando por un uso óptimo de todos los modos de transporte y fomentando la compatibilidad de las conexiones entre los diversos modos de transporte, en particular entre los enlaces ferroviarios en los puertos; pide, por otra parte, una coherencia entre el marco RTE-T actual y futuro y la legislación propuesta sobre corredores de transporte ferroviario de mercancías;

18.

Observa que, según indica la encuesta más reciente, hasta fechas muy recientes solo se destinaban a las vías navegables interiores el 1 % de los fondos europeos de infraestructuras; considera que se necesita un apoyo europeo suficiente para desarrollar la infraestructura de navegación interior en Europa, a fin de aprovechar todo el potencial de las vías navegables interiores como modo de transporte sostenible y fiable;

19.

Pide a la Comisión que intente asegurarse de que el desarrollo del transporte de mercancías por ferrocarril se intensifica con vistas a una mayor eficiencia de las redes y a un transporte más rápido;

20.

Acoge positivamente en este contexto la propuesta de la Comisión de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la red ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo (COM(2008)0852), y la mencionada Comunicación de la Comisión de 18 de octubre de 2007,

21.

Subraya la importancia de facilitar la distribución de la información en el transporte intermodal, con el fin de promover y fomentar la interacción entre la infraestructura no material y la infraestructura material (sistemas de información como ERTMS/RIS/ITS/SESAR/Galileo), mejorar la interoperabilidad, el material rodante (el equipo material y logicial ERTMS en los trenes, y la reducción del ruido de los vagones), la logística verde, las conexiones y los nudos intermodales, los servicios puerta a puerta descentralizados de la cadena de aprovisionamiento y la gestión de la movilidad;

22.

Destaca la importancia de desarrollar sistemas de transporte inteligentes, armonizados y normalizados para las RTE-T con vistas a una gestión del transporte más eficiente, fluida, segura y respetuosa con el medio ambiente;

23.

Recomienda que se mejore la ejecución de RTE-T facilitando un mejor acceso a la información mediante sistemas como el sistema de información TENtec a través de un método abierto de coordinación que incluya evaluaciones comparativas y el intercambio de las mejores prácticas;

24.

Subraya la necesidad de reforzar la eficacia de la infraestructura existente en los proyectos RTE-T a corto plazo, en particular cuando la realización de tales proyectos ya haya empezado, con el fin de hacer que los corredores sean más viables y eficaces, sin esperar a la realización a largo plazo de proyectos muy grandes en estos corredores;

25.

Apoya la opción estructural C para la forma RTE-T que figura en el Libro Verde, es decir, un doble nivel compuesto de una red global basada en los mapas RTE-T actuales y una «red central» intermodal, que aún debe ser definida y con el ferrocarril, las vías navegables sostenibles y los puertos y su conexión con los nodos logísticos como prioridades;

26.

Apoya el concepto de una «red de base» consistente en un «pilar geográfico» y un «pilar conceptual», a cuyo respecto el «pilar conceptual» contiene criterios y objetivos que permiten proyectos, corredores y partes de red por identificar con flexibilidad en un cierto plazo en vez de con rigidez en el comienzo del período de presupuestación para el conjunto del período; considera que debe ser posible extender flexiblemente las RTE-T durante el período de presupuestación para que se adapte a las condiciones cambiantes del mercado;

27.

Reconoce el papel central de los Estados miembros, en consulta con sus autoridades regionales y locales, los interlocutores de la sociedad civil y de la población local, en materia de decisión, de planificación y de financiación de la infraestructura de transportes, incluida la coordinación y la cooperación europea transfronteriza; espera más coherencia del Consejo Europeo entre las solicitudes de proyectos RTE-T y las decisiones relativas al presupuesto RTE-T; teniendo en cuenta la revisión intermedia del marco financiero de la UE, y también el debate actual sobre el plan de recuperación de la UE, pide a los Estados miembros que consideren correctamente el problema de la ayuda financiera necesaria para las infraestructuras de transporte que forman parte de las RTE-T como prioridad según la política de la UE establecida hasta ahora;

28.

Se declara plenamente de acuerdo con el objetivo comunitario de reducción de la carga administrativa y, por lo tanto, anima enérgicamente a la Comisión a que revise los marcos financieros para los proyectos RTE-T prioritarios con objeto de seguir reduciendo la burocracia;

29.

Pide a los Estados miembros y la Comisión que refuercen la coordinación de las políticas llevadas a cabo a nivel nacional para lograr consistencia en la cofinanciación y realización del programa RTE-T, de conformidad con los artículos 154 y 155 del Tratado CE;

30.

Subraya a este respecto que la crisis financiera supone una mayor presión sobre la Unión Europea, los Estados miembros y las regiones para que basen las decisiones sobre proyectos de infraestructura de transportes en evaluaciones racionales de la relación coste-beneficio, la sostenibilidad y el valor añadido transfronterizo europeo;

31.

Opina, sin embargo, que la inversión en la infraestructura de transporte es un ámbito fundamental para abordar la crisis económica y financiera, por lo que pide a la Comisión que acelere los proyectos de infraestructura relacionados con las RTE-T y financiados en el marco de los Fondos estructurales y de cohesión; pide a los Estados miembros que valoren de nuevo sus prioridades en materia de inversiones, teniendo en cuenta este planteamiento, para acelerar los proyectos RTE-T bajo su responsabilidad, particularmente en las secciones transfronterizas;

32.

Recuerda a la Comisión que la cofinanciación comunitaria de proyectos de infraestructuras de transportes por la RTE-T, los fondos de cohesión y regionales y el BEI deben tener en cuenta los criterios siguientes: viabilidad económica, mejora de la competitividad, fomento del mercado único, sostenibilidad medioambiental, transparencia para los contribuyentes y participación del ciudadano (principio de asociación); subraya en este sentido la importancia del desarrollo de asociaciones público-privadas para la financiación de las RTE-T, así como de la necesidad de proponer soluciones flexibles para aquellos problemas que se presenten en obras de este calibre (dificultades orográficas, técnicas, oposición ciudadana, etc.);

33.

Pide a la Comisión que asegure a este respecto que los proyectos evaluados conforme a los programas de financiación de la UE tengan en cuenta su posible impacto en la financiación nacional para otras inversiones necesarias que no reciben ayuda de fondos de la UE; considera, en particular, que los créditos utilizados por los Estados miembros para complementar proyectos financiados por la UE no deben asignarse a expensas del mantenimiento o de la inversión en líneas de aportación de tráfico; opina más bien que los proyectos deben elaborarse y evaluarse, por lo menos parcialmente, sobre la base de su potencial para integrar (y no descuidar) el desarrollo y el mantenimiento de la necesaria infraestructura suplementaria de aportación de tráfico;

34.

Subraya las necesidades de inversión rápidamente crecientes del mercado europeo del transporte aéreo en el marco del paquete Cielo Único Europeo II y del «enfoque global del sistema aéreo» propuesto; pide, por lo tanto, a la Comisión que tome en consideración el aumento de la parte disponible para la financiación de aeropuertos y GTA/SNA al revisar el marco presupuestario de las RTE-T;

35.

Constata que es necesario reforzar los programas de investigación y desarrollo sobre las buenas y más eficientes prácticas en materia de financiación de la infraestructura de transportes y los efectos beneficiosos que de ello resultan en materia de competitividad y de empleo cuantitativo y cualitativo, incluidas las experiencias de las asociaciones público-privadas, como ya se ha hecho en los estudios actuales de la Comisión;

36.

Subraya la necesidad de crear un grupo de trabajo en el órgano ejecutivo de las RTE-T a fin de aumentar el uso de la asociación entre los sectores público y privado para financiar determinados proyectos o secciones prioritarios, y para difundir las soluciones como buenas prácticas;

37.

Destaca que un recurso más frecuente a la cooperación entre el sector público y el privado y al Banco Europeo de Inversiones no puede sustituir a una parte significativa de financiación presupuestaria para proyectos importantes, con un período de amortización de varias generaciones;

38.

Favorece una revisión del presupuesto de las RTE-T por parte de los Estados miembros en el marco de la revisión intermedia de las perspectivas financieras 2009-2010, con miras a revertir la drástica reducción de los otros proyectos y de las ambiciones de desarrollo del ferrocarril y de las vías navegables de dichos proyectos;

39.

Subraya la necesidad de destinar un porcentaje de los ingresos por peaje de infraestructuras viarias a la financiación de los proyectos de RTE-T, con objeto de incrementar la positiva influencia en el endeudamiento;

40.

Pide a la Comisión que elabore una selección de ejemplos de conexiones ferroviarias regionales transfronterizas que han sido desmanteladas o abandonadas, dando preferencia especialmente a las que pudieran interconectarse con la RTE-T;

41.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren la red Eurovelo y la pista del Telón de acero como una oportunidad para promover las redes de infraestructuras ciclistas comunitarias transfronterizas y fomentar una movilidad blanda y un turismo sostenible:

42.

Pide a la Comisión, para impulsar la competitividad del conjunto de la RTE ferroviaria, que proponga – para finales de su mandato - una iniciativa legislativa referente a la apertura de los mercados nacionales ferroviarios de transporte de pasajeros a partir del 1 de enero de 2012;

43.

Lamenta la lentitud de ejecución de los proyectos prioritarios que afectan a las secciones fronterizas, singularmente las de los Pirineos, vitales para la Península Ibérica y Francia;

44.

Recomienda a la Comisión que asocie al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo a sus propuestas (pluri) anuales y a las opciones en materia de cofinanciación de proyectos RTE-T;

45.

Pide a la Comisión que informe al Parlamento Europeo y al Consejo, para cada proyecto prioritario, regularmente y por lo menos una vez al año, sobre la situación de cada proyecto, sobre la fiabilidad de los costes del proyecto, sobre la viabilidad de cada proyecto y sobre el calendario de ejecución de los proyectos;

46.

Pide a la Comisión y al BEI que presenten al Parlamento y al Consejo una lista anual de proyectos específicos cofinanciados cuando se trate de una cofinanciación con recurso a medios regionales, de los fondos de cohesión y del BEI para proyectos RTE-T, tal como ya es el caso de la cofinanciación RTE-T;

47.

Hace hincapié en que, desde un punto de vista ecológico y económico, los sistemas de transporte intermodales, que permiten la utilización de distintos medios de transporte en una ruta determinada, son frecuentemente la única opción viable y sostenible de cara al futuro;

48.

Hace hincapié en que, dentro del espacio Schengen ampliado recientemente, las infraestructuras de transportes entre Europa Occidental y Europa Oriental revisten una importancia fundamental visto el potencial de crecimiento económico, en particular en los nuevos Estados miembros, vinculado a las mismas; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que desarrollen y promuevan enlaces viales y ferroviarios transnacionales entre Europa Occidental y Europa Oriental, apoyando, en particular, las infraestructuras de transporte transfronterizas mediante un programa de acción específico ejecutado en colaboración con las autoridades locales, regionales y nacionales; recuerda asimismo que una mejor interconexión de las RTE-T con las redes de transporte de terceros países mejoraría, en particular, la situación de las zonas fronterizas y aportaría un valor añadido a la cooperación interregional y a toda la UE;

49.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/41

A.

Considerando que la Unión Europea desea limitar el calentamiento mundial a 2o C y reducir a la mitad la pérdida de biodiversidad y que, según el Informe Eliasch, reducir a la mitad la deforestación antes de 2030 costará anualmente entre 17 000 y 33 000 millones de dólares USA,

B.

Considerando que una gestión forestal sostenible reviste una importancia fundamental para combatir la deforestación y es un aspecto esencial del desarrollo económico,

C.

Considerando que la deforestación representa alrededor del 20 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, es un factor fundamental de la pérdida de biodiversidad y representa una seria amenaza para el desarrollo y, en particular, para las condiciones de vida de las personas pobres,

D.

Considerando que la deforestación se produce al ritmo alarmante de 13 millones de hectáreas de bosques al año, la mayoría en los bosques tropicales, pero también, en cierta medida, en Europa, especialmente en Europa Central y Oriental,

E.

Considerando que la deforestación supone un perjuicio medioambiental difícilmente reversible, como el desequilibrio permanente de los recursos hídricos, la estepización y la desertización, y la pérdida de diversidad biológica, cuyos gastos económicos globales sobrepasan con creces el gasto en medidas de protección y de mejora,

F.

Considerando que la degradación forestal se presenta bajo formas distintas y es de difícil definición, pero que tiene importantes consecuencias para el clima, la biodiversidad y los bienes y servicios,

G.

Considerando que, según el cuarto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, es preciso lograr un distanciamiento significativo de la postura de dejar que el aumento de emisiones siga su curso en los países en desarrollo, incluyendo una reducción de las emisiones asociadas a la deforestación, y conseguir, para para 2020, una reducción en los países industrializados de las emisiones del 25 – 40 % con respecto a 1990 para limitar el calentamiento global a 2 °C,

H.

Considerando que la reducción de la deforestación desempeñará un papel importante no sólo en la mitigación del cambio climático sino, también, en la adaptación a dicho cambio,

1.

Destaca la necesidad de una mayor coherencia entre la conservación de los bosques las políticas de gestión sostenible y otras políticas externas e internas de la UE; pide una evaluación cuantitativa del impacto que tienen sobre los bosques ciertas políticas de la UE, como las relativas a la energía (especialmente los biocombustibles), la agricultura, la producción y el consumo sostenibles, la contratación pública, el comercio y la cooperación para el desarrollo;

2.

Pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo y al Consejo propuestas de requisitos de sostenibilidad comunitarios rigurosos para toda la madera y los productos derivados de la madera extraída de los bosques;

3.

Pide a la Comisión que publique para finales de 2009 un amplio estudio sobre la incidencia de la producción, el consumo y el comercio en la Unión Europea de productos alimentarios y no alimentarios sobre la deforestación y la degradación forestal; pide la elaboración de un estudio para evaluar y especificar toda incidencia negativa de los diferentes sectores industriales, con recomendaciones sobre nuevas estrategias y nuevas innovaciones dirigidas a reducir este impacto;

4.

Señala que los problemas relativos a las condiciones del agua deben tratarse con sumo cuidado en el contexto de la economía forestal, y pone de relieve la necesidad fundamental de un desarrollo conjunto de los recursos forestales e hídricos y de armonizar las políticas correspondientes de la Unión Europea con el fin de restaurar y mejorar la capacidad de retención de agua de los ecosistemas;

5.

Acoge favorablemente las políticas de contratación pública ecológica y la promoción de instrumentos como el etiquetado ecológico y los sistemas de certificación forestal; pide la rápida aprobación y aplicación de las políticas de contratación pública ecológica para los productos derivados de la madera en la Unión Europea; pide a los Estados miembros que basen su política de contratación pública en normas de elevada sostenibilidad y que, en consecuencia, fijen objetivos realistas según dichas normas;

6.

Considera que hay que prestar un apoyo financiero significativo a los países en desarrollo a fin de detener la deforestación a gran escala de aquí al año 2020, y que las muestras de compromiso serán decisivas en las negociaciones internacionales con vistas a un acuerdo global y amplio sobre el clima para el periodo posterior a 2020;

7.

Reconoce que la movilización de fondos suficientes en el marco de un acuerdo global sobre el clima revestirá una importancia crucial para reducir a la mitad y, finalmente, detener la deforestación mundial; apoya, en este contexto, la propuesta de la Comisión de crear un Mecanismo Mundial del Carbono Forestal (MMCF) en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sobre la base de un régimen de financiación permanente; pide a los Estados miembros que respalden su compromiso de detener la deforestación y la degradación forestal en el mundo destinando una parte sustancial de los ingresos procedentes de las subastas del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea para reducir la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo, y enfocando las negociaciones sobre estas fuentes de financiación con arreglo a las líneas esbozadas en la Comunicación de la Comisión, de 28 de enero de 2009, titulada «Hacia la consecución de un acuerdo a gran escala sobre el cambio climático en Copenhague» (COM(2009)0039); pide, asimismo, a los Estados miembros que apoyen la propuesta de la Comisión de adoptar la propuesta de Noruega en materia de financiación y que asignen al MMCF parte de los ingresos futuros procedentes de las subastas de unidades de cantidades atribuidas;

8.

Defiende que el apoyo prestado a través del MMCF debería depender del rendimiento demostrado y basarse en resultados verificados en términos de reducción de la deforestación a gran escala y de la degradación forestal; subraya que este apoyo también debería arrojar beneficios en términos de protección de la biodiversidad, una mayor capacidad de recuperación y mejores condiciones de subsistencia en las regiones forestales;

9.

Insiste en la necesidad de respetar plenamente los derechos de las poblaciones autóctonas de las zonas forestales, incluido el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado del uso de los bosques que tengan en usufructo consuetudinario; considera fundamental que las comunidades locales y los pueblos indígenas participen de forma racional y amplia en todas las fases de evaluación, programación y aplicación de medidas para la reducción de emisiones resultantes de la deforestación y la degradación forestal;

10.

Subraya que cualquier mecanismo con arreglo al Programa Colaborador de las Naciones Unidas sobre la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo, que constituye parte integrante del acuerdo internacional sobre el clima para después de 2012, debe garantizar en primer lugar y ante todo la protección de los bosques naturales;

11.

Señala que el proceso de deforestación en la Europa Oriental contribuye a la degradación del medio ambiente natural y repercute sobre la calidad de vida, entre otros aspectos;

12.

Señala que los créditos forestales en el mercado del carbono podrían, a medio y largo plazo, formar parte de una serie de políticas de lucha contra la deforestación, siempre que sea posible garantizar metodologías exactas de contabilización del carbono de los bosques y mecanismos de control fiables; subraya la necesidad de adoptar una decisión definitiva con respecto a la inclusión de los créditos forestales en el régimen de comercio de derechos de emisión, precedida de un análisis riguroso sobre la viabilidad de todos los mecanismos de financiación potenciales y de una evaluación del resultado de la Conferencia de las Partes de Copenhague y de las conclusiones extraídas de los proyectos piloto;

13.

Recuerda que ningún crédito derivado de proyectos forestales utilizado para contrarrestar las emisiones de gases de efecto invernadero en los países industrializados podrá contabilizarse una segunda vez para lograr el objetivo de distanciamiento de la práctica de dejar que todo siga su curso al que se espera que los países en desarrollo se comprometan en el acuerdo internacional sobre el clima para después de 2012;

14.

Señala que todo sistema de compensación de la reducción de la deforestación y de la degradación forestal en el marco de una normativa futura relativa al clima debe tener en cuenta no sólo los sumideros de carbón, sino también los servicios ecosistémicos y los beneficios sociales derivados de los bosques;

15.

Pide a la Unión Europea que fomente normas sociales y medioambientales estrictas en materia de reducción de las emisiones resultantes de las actividades de deforestación y de la degradación de los bosques; pide a la Unión Europea que promueva mecanismos de reducción de las emisiones resultantes de las actividades de deforestación y de la degradación de los bosques que vayan más allá del enfoque actual basado en el mecanismo de desarrollo limpio, y que aborde las causas subyacentes de la deforestación, como la mala gobernanza, la pobreza, la corrupción y la no aplicación de la legislación, apoyando reformas políticas e institucionales a nivel local y nacional;

16.

Lamenta que la Comunicación, contrariamente a su título, no aborde la degradación forestal; pide a la Comisión que desarrolle planes de acción y proyectos piloto, y que muestre su compromiso en su propia política forestal para detener no sólo la deforestación, sino también la degradación forestal (inclusive en la Unión Europea), desarrollando y estableciendo también sistemas de supervisión adecuados, con el fin de obtener datos apropiados sobre el suelo y la biomasa de los bosques;

17.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros.

8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/43

A.

Considerando que los transportes urbanos constituyen una parte considerable de la totalidad de los transportes y que, por este motivo, los artículos 70 a 80 del Tratado CE son el fundamento jurídico que confiere a la Unión Europea una competencia compartida con los Estados miembros en este sector,

B.

Considerando que un gran número de directivas y reglamentos europeos, transversales o modales, tienen un impacto en los transportes urbanos y que se requiere establecer su coherencia mediante un enfoque específico de los desplazamientos urbanos,

C.

Considerando que el plan sobre el clima europeo, adoptado por el Consejo Europeo celebrado los días 8 y 9 de marzo de 2007, fija objetivos ambiciosos de reducción en un 20 % del consumo de energía, de reducción en un 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y de una proporción del 20 % de energías renovables respecto al consumo global de energía para 2020, y que estos objetivos no pueden lograrse sin una estrategia adaptada en consecuencia a los transportes urbanos,

D.

Considerando que el programa de investigación y desarrollo CIVITAS registró un enorme éxito que refleja la importancia que, para las autoridades locales y las empresas organizadoras del transporte, revisten las inversiones europeas destinadas a programas de desplazamientos urbanos innovadores,

E.

Considerando que los Fondos de Cohesión y los Fondos Estructurales financian programas de movilidad urbana, pero presentan el doble inconveniente, por una parte, de estar desprovistos de estrategia y objetivos europeos de movilidad urbana y, por otra, de estar asignados desigualmente en el territorio de la Unión,

F.

Considerando que las zonas urbanas constituyen polos de intermodalidad y conexión privilegiados entre las redes transeuropeas de transportes, que deben contribuir al logro de sus objetivos generales en favor de una movilidad europea sostenible y de una competitividad duradera de las redes de ciudades de la UE,

G.

Considerando que las zonas urbanas son importantes centros de actividad económica y que el transporte de mercancías es vital para el abastecimiento de la población pero se enfrenta al mismo tiempo a desafíos debido a las superficies de almacenamiento restringidas y a los limitados horarios de suministro,

H.

Considerando que el respeto estricto del principio de subsidiariedad y del derecho de autonomía municipal en materia de planificación no permite contemplar una política preceptiva europea, pero permite a la Unión adoptar una estrategia de estímulo similar a la que representa su política regional y de cohesión, sin imponer soluciones desde arriba,

I.

Considerando que los problemas que plantean las zonas urbanas no pueden abordarse con políticas modales, sino mediante un enfoque en términos de usuarios y sistemas de transporte integrados,

J.

Considerando que una política de transporte urbano eficaz y sostenible en beneficio tanto de los ciudadanos europeos como de la economía europea solamente quedará garantizada si se asegura un trato justo entre el transporte de mercancías y el de pasajeros y entre los diversos modos de transporte,

K.

Considerando que una planificación urbana que tenga en cuenta el cambio demográfico de la sociedad, proporcionando, por ejemplo, una oferta de vivienda especialmente para las personas de edad avanzada en el centro de las ciudades y tiendas en las proximidades de sus viviendas puede contribuir sensiblemente a evitar el tráfico,

L.

Considerando la necesidad de disponer de estrategias sólidas respecto de los desplazamientos urbanos para optimizar los instrumentos pertinentes mediante el desarrollo de plataformas de intercambios intermodales y la integración de los distintos sistemas de desplazamiento,

M.

Considerando la necesidad de disponer de una información estadística fiable y más sistemática que permita una evaluación de las políticas públicas locales y un intercambio de las mejores prácticas en materia de desplazamientos urbanos,

N.

Considerando la importancia económica y tecnológica que tienen las distintas técnicas aplicadas en los transportes urbanos para la competitividad y el comercio exterior de la Unión,

O.

Considerando que, a raíz de los plazos impuestos por la celebración de las próximas elecciones legislativas europeas, es obligado respetar el calendario inicialmente previsto para el debate parlamentario sobre el plan de acción para los transportes urbanos anunciado por la Comisión,

1.

Lamenta que no se haya publicado el plan de acción sobre la movilidad urbana anunciado por la Comisión y se muestra dispuesto a aceptar iniciativas distintas, pero insiste en la necesidad de un planteamiento coherente; decide, por tanto, dar curso a su informe de iniciativa y formular propuestas respecto de un plan de acción europeo sobre la movilidad urbana;

2.

Recuerda que los transportes urbanos están sujetos al principio de subsidiaridad, pero señala que, con frecuencia, las autoridades locales no pueden hacer frente a estos retos sin la cooperación y la coordinación europea, por lo que la Comisión debe facilitar estudios, preparar el marco jurídico, financiar la investigación y promover y difundir las buenas prácticas, conforme al principio de que debe estar al alcance de todos, en todas las lenguas de la Unión Europea;

3.

Pide a la Comisión que publique una recopilación de las disposiciones reglamentarias europeas aplicables en este ámbito y que proponga a las regiones y a las ciudades marcos comunes de referencia que les faciliten la toma de decisiones en materia de planificación y ejecución de las estrategias de desarrollo;

4.

Propone el lanzamiento inmediato de un programa de mejora de las estadísticas y las bases de datos sobre la movilidad urbana en Eurostat, que integre en particular:

5.

Sugiere que se abra inmediatamente un portal y un foro en Internet de ámbito europeo sobre la movilidad urbana, con el fin de facilitar el intercambio y la difusión de información, mejores prácticas y experiencias innovadoras, en particular en materia de desplazamientos no agresivos con el medio ambiente;

6.

Sugiere que se cree un premio europeo anual, que integre los trofeos CIVITAS, en el marco de la semana europea de la movilidad, para recompensar las iniciativas o los proyectos de transporte urbano que se hayan distinguido y puedan reproducirse;

7.

Propone el desarrollo de una nueva generación de CIVITAS (CIVITAS IV), en torno a convocatorias de proyectos que integren en particular:

8.

Propone reforzar la investigación y el desarrollo de Sistemas de Transporte Inteligentes (STI), coordinarlos mejor con las necesidades y los objetivos de los residentes urbanos y las autoridades locales y dirigirlos hacia:

9.

Pide que se aumenten los fondos nacionales y europeos para las aplicaciones ITS a fin de permitir un mayor despliegue de ITS por las autoridades locales;

10.

Pide que se promueva el principio del enfoque integrado en el marco de una gobernanza compartida en la que participen los agentes urbanos y periféricos, nacionales y europeos, y que tenga en cuenta los asuntos vinculados al transporte: inserción social, ruido, seguridad, competitividad, medio ambiente, etc.; reitera su petición de que la aplicación del enfoque integrado sea obligatoria en la programación y en la elección de los proyectos con cargo a los Fondos Estructurales;

11.

Recomienda la aplicación de planes de desplazamiento urbano sostenibles e integrados en las poblaciones de más de 100 000 habitantes, lo que entraña:

12.

Recomienda la creación de un foro europeo permanente sobre la gobernanza de los transportes urbanos en el que participen autoridades representativas de los organizadores de transportes, incluyendo asociaciones de usuarios y ciudadanos y federaciones profesionales de operadores de transporte, con el fin de fomentar el intercambio y la difusión de las buenas prácticas;

13.

Propone que se condicione la financiación europea en materia de transportes urbanos a la existencia de planes integrados de movilidad urbana (planes de desplazamientos urbanos);

14.

Aboga por la cooperación y la integración operativa de las autoridades responsables de la organización de los transportes públicos, la circulación y el estacionamiento en las ciudades europeas de más de 250 000 habitantes, en territorios comparables en función de los flujos de población y mercancías, y respetando las especificidades locales;

15.

Alienta a las autoridades organizadoras en el ámbito del transporte a asignarse objetivos proactivos y coherentes para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por medio de políticas de movilidad fijadas en los planes de desplazamiento urbano sostenibles e integrados arriba mencionados y a traducir estos objetivos en obligaciones específicas de resultados asignadas a los operadores de los servicios de transporte públicos o privados;

16.

Propone evaluar las experiencias de integración tarifaria (entre ellas, el proyecto «Interoperable Fare Management») y de información intermodal e información entre las autoridades organizadoras en el ámbito del transporte en los núcleos urbanos de la Unión, con el fin de facilitar el intercambio de las mejores prácticas;

17.

Aboga por la creación de un observatorio de la movilidad urbana en la Comisión, pero no desea la creación de una nueva agencia;

18.

Lamenta que, en el actual período de programación 2007-2013, sólo se prevea asignar al transporte urbano alrededor de un 9 % (es decir, 8 mil millones de euros) de los Fondos Estructurales destinados al transporte (a saber, 82 mil millones de euros); considera que ese porcentaje es demasiado reducido para afrontar los desafíos de una movilidad adecuada en las ciudades europeas y de la protección ambiental y climática;

19.

Insta a que se examine la posibilidad, dentro del marco financiero 2014-2020, de un instrumento financiero europeo dedicado a la movilidad urbana (programa integrado del tipo Marco Polo) que permita cofinanciar:

propone que esta financiación se asigne de manera que sirva de estímulo, sobre la base de licitaciones con pliego de condiciones europeo;

20.

Solicita a la Comisión que elabore un informe sobre las zonas de acceso regulado en las zonas urbanas con el fin de evaluar su impacto en la movilidad, la calidad de vida, las emisiones y los efectos externos, la salud y la seguridad, teniendo en cuenta la necesidad de un sistema que permita sancionar las infracciones transfronterizas penales y no penales de tráfico;

21.

Propone la creación de una red de información y venta de títulos de transporte urbano para las principales ciudades de destino de la Unión Europea en las estaciones y los aeropuertos de salida, cuando éstos estén situados en la Unión;

22.

Insta a que se defina una «carta de los usuarios» de los transportes urbanos, que incluya a los peatones, los ciclistas, la distribución de mercancías y servicios y que incluya la forma de compartir la calle, con objeto de poder reducir las disparidades existentes;

23.

Opina que el modelo de ciudad caracterizado por trayectos cortos es el más adecuado para establecer una movilidad respetuosa con el medio ambiente y el clima en las ciudades;

24.

Insta a la Comisión y a las autoridades locales a que intensifiquen y amplíen sus iniciativas relativas a los días sin coches, como se ha venido practicando con ocasión del día europeo sin coches que se celebra anualmente;

25.

Pide a la Comisión que presente cuanto antes un planteamiento armonizado sobre las «zonas verdes» y el desarrollo de un distintivo europeo único de acceso a las «zonas verdes» para evitar el desarrollo de planteamientos diversos por ciudades o Estados miembros con inconvenientes considerables para los ciudadanos y las empresas;

26.

Considera que es importante que las iniciativas sobre movilidad incluyan la creación de redes interurbanas que permitan conectar las grandes ciudades entre sí, asegurar su desarrollo económico y facilitar el desplazamiento rápido de personas y mercancías;

27.

Sugiere el establecimiento de una política europea de normalización y homologación de los equipos en cuanto a la seguridad y la salud, la comodidad (ruido, vibraciones), la interoperatividad de las redes (carril-bus, tranvía-tren, etc.), la posibilidad de acceso para las personas con movilidad reducida o con cochecitos de niños, los modos de transporte no agresivos con el medio ambiente y los motores limpios (autobús, taxis, etc.), basándose en un balance del carbono y en un análisis del impacto de los costes para los operadores y los usuarios;

28.

Propone velar de manera permanente para garantizar que todas las decisiones tienen en cuenta la proporcionalidad de los costes y los beneficios y la posibilidad de subvencionar a los usuarios con posibilidades económicas limitadas;

29.

Aconseja elaborar directrices con recomendaciones mínimas para la calidad de los servicios, la evaluación y participación de los usuarios y ciudadanos, en el marco de la apertura a la competencia de las redes de transporte urbano, con arreglo al Reglamento (CE) no 1370/2007;

30.

Sugiere que se destine una parte importante de los créditos liberados por el Plan Europeo de Recuperación Económica a financiar las inversiones y los trabajos en los transportes urbanos y los transportes colectivos en curso, cuya financiación sea inmediata y que puedan aplicarse antes del 31 de diciembre de 2009;

31.

Observa que, en el Plan Europeo de Recuperación Económica, se están asignando recursos procedentes de los Fondos Estructurales a los proyectos de infraestructura sostenible; pide a los Estados miembros y a las regiones que, con carácter urgente, destinen una parte importante de esos fondos al transporte urbano respetuoso con el clima;

32.

Pide a la Comisión que tome nota de las propuestas incluidas en la presente Resolución, así como del deseo del Parlamento Europeo de que lleve la iniciativa en este ámbito, para desembocar, cuanto antes, en un plan de acción;

33.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/50

A.

Considerando que los sistemas de transporte inteligentes (STI) son aplicaciones avanzadas que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito del transporte y en la prestación de servicios innovadores relacionados con los modos de transporte y la gestión del tráfico;

B.

Considerando que los STI presentan un gran potencial para un uso más eficiente de todos los modos de transporte y pueden satisfacer las necesidades y hacer frente a los desafíos planteados por la política europea de transportes;

C.

Considerando que la congestión del tráfico afecta al 10 % de la red de carreteras y que su coste anual asciende al 1 % del PIB de la UE, que el número de víctimas mortales de los accidentes de tráfico asciende aún a 42 953 (2006) —muy por encima del objetivo intermedio fijado para alcanzar la cifra de 25 000 en 2010— y que el transporte por carretera representa el 72 % de todas las emisiones de CO2 relacionadas con el transporte, mientras que el 40 % de las emisiones de CO2 del transporte por carretera de Europa se deben al tráfico urbano;

D.

Considerando que los STI han demostrado ser vitales para reducir el consumo de energía y para hacer más ecológico el transporte;

E.

Considerando que se han desarrollado aplicaciones inteligentes para distintos modos de transporte, tales como el transporte por ferrocarril (ERTMS y TAF-TSI), el transporte marítimo y de navegación interior (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS y SIF), el transporte aéreo (SESAR) y el transporte terrestre (por ejemplo, el transporte de ganado);

1.

Destaca que los STI constituyen un instrumento clave para usar de manera eficaz las infraestructuras existentes y para hacer que el transporte resulte más eficaz, más seguro y más limpio desde el punto de vista medioambiental, contribuyendo así al desarrollo de la movilidad sostenible de los ciudadanos y la economía;

2.

Destaca el efecto positivo que ejercen los STI en el desarrollo sostenible para mejorar el rendimiento económico de todas las regiones, incluidas las zonas urbanas, determinar las condiciones para el acceso recíproco, incrementar la actividad comercial local e interregional y desarrollar el mercado interior de la Unión Europea y el empleo vinculado a las actividades que se deriven de la aplicación de dichos STI;

3.

Considera que los STI pueden mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos europeos, en particular de los que viven en zonas urbanas, y contribuirán también a mejorar la seguridad en carretera, reducir las emisiones nocivas y la contaminación atmosférica, aumentar la eficacia de los transportes, mejorar el acceso a las zonas periféricas y alcanzar el objetivo prioritario de reducción del tráfico;

4.

Deplora el retraso a la hora de establecer un marco común para aplicar los STI en la UE y la falta de un despliegue coordinado de los STI con objetivos específicos, que se debe principalmente a los obstáculos existentes para la interoperabilidad, la falta de cooperación efectiva entre todos los interesados y los problemas sin resolver en los ámbitos de la privacidad y la responsabilidad en relación con el uso de los datos;

5.

Acoge con satisfacción el Plan de acción de la Comisión relativo a sistemas de transporte inteligentes (plan de acción) por ser un marco común de las acciones y programas que cuenta con plazos claros para presentar resultados;

6.

Cree firmemente que es necesario crear un instrumento que fomente el uso de los STI en la política de transportes; apoya un instrumento legislativo que establezca el marco para el despliegue de los STI y pide que la Comisión proporcione información más detallada sobre la situación actual de las acciones, los recursos financieros y la programación del plan de acción a fin de garantizar que se establezca en la Directiva por la que se define el marco de despliegue de los STI un conjunto de acciones con plazos de realización;

7.

Es consciente de la limitada ayuda económica que ha otorgado la Comunidad (en 2008) a la acción EasyWay, un proyecto orientado a desplegar los STI en toda Europa a través de los principales corredores de la red transeuropea de carreteras en 21 Estados miembros de la UE, dirigido por las autoridades nacionales de carreteras y los operadores en asociación con socios del ámbito público y privado;

8.

Señala que los STI deben desplegarse en todos los modos de transporte y para todos los viajeros de Europa, siguiendo un enfoque coordinado con las aplicaciones de Galileo; apoya firmemente su despliegue inmediato a fin de ampliar la intermodalidad entre el sector público y el privado y en el transporte público, mejorando la información general y aumentando la gestión de capacidades;

9.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aborden el problema de la responsabilidad, que es un gran obstáculo para el desarrollo favorable y coherente de los STI en Europa;

10.

Considera que la interoperabilidad en el proceso de desarrollo de los STI reviste una gran importancia para el desarrollo coherente y efectivo de los STI en Europa; destaca que, en el caso de las inversiones en la red transeuropea de carreteras (construcción o mantenimiento), deben hacerse esfuerzos para atender al necesario despliegue de los STI;

11.

Pide a la Comisión, habida cuenta de que ya es significativa la oferta en el mercado europeo de STI, que establezca unas especificaciones relativas al nivel mínimo de las aplicaciones y servicios de STI que pueden alcanzar todos los Estados miembros y que es necesario para la eficacia del despliegue, la realización y el funcionamiento de los STI;

12.

Considera de vital importancia preparar un estudio de la demanda del mercado para evaluar las necesidades reales que superen el nivel mínimo definido de las aplicaciones y servicios de STI y fortalecer los aspectos del mercado interior relacionados con los STI mediante la normalización y un adecuado marco normativo;

13.

Destaca la importancia de la cooperación transfronteriza en los niveles técnico y administrativo en las fronteras exteriores de la UE, que es crucial para la realización eficaz de los STI en la UE;

14.

Subraya la necesidad de proporcionar, como mínimo, una masa crítica de datos e información en las siguientes cinco áreas básicas para el despliegue efectivo de los STI: información en tiempo real sobre tráfico y desplazamientos; datos sobre la red de carreteras; datos públicos para la cartografía digital; datos para los servicios mínimos de difusión general de mensajes de tráfico y planificadores de viajes multimodales puerta a puerta;

15.

Solicita unos servicios mínimos de difusión general de mensajes de tráfico que abarquen la red Transeuropea (RTE-T);

16.

Subraya que, para adoptar y aplicar a gran escala los SIT, es necesario que se respeten las informaciones sobre el tráfico y los horarios establecidos para los diferentes medios de transporte;

17.

Hace hincapié en la importancia de proporcionar a los viajeros información en tiempo real y de la infraestructura, así como de hacer que ésta sea más precisa, fiable y uniforme respetando las características específicas de Europa (geográficas, culturales y lingüísticas) y garantizando la continuidad geográfica;

18.

Considera esencial para el desarrollo de los STI que se garantice el acceso del sector privado a los datos sobre carreteras, tráfico y desplazamientos, respetando la privacidad y abordando la cuestión de los derechos de propiedad intelectual;

19.

Opina que es esencial garantizar que los STI sean armonizados, interoperables y fiables y, al mismo tiempo, preservar la libertad de elección de los usuarios con respecto a los STI;

20.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que coordinen y vinculen los STI a las iniciativas sobre movilidad urbana de la UE, a fin de obtener una movilidad del transporte y una fluidez de gestión más eficaces y de reducir la congestión de las carreteras, los corredores de la RTE-T, los corredores de mercancías y las conurbaciones;

21.

Considera que la cooperación transfronteriza y el desarrollo de programas son elementos necesarios para el despliegue y la aplicación efectivos de los STI, como el proyecto EasyWay;

22.

Solicita a la Comisión que determine la información prioritaria, las normas referentes a los vehículos y el equipo de transporte a fin de realizar un despliegue avanzado de los STI, así como medidas para fomentar una mayor armonización de la infraestructura de las autopistas;

23.

Considera que es esencial que la evaluación del coste económico por vehículo y de la infraestructura derivada del despliegue de los STI se base en un análisis de rentabilidad que abarque todos los costes asociados (económicos, societales y medioambientales);

24.

Aboga por el desarrollo de procedimientos y sistemas de información de los usuarios sobre la oferta de transportes urbanos y el estado de sus redes, mediante la tecnología GSM en particular;

25.

Recomienda que se intensifique la realización de estudios sobre sistemas de integración tarifaria entre autoridades competentes de una misma región, en particular sobre los procesos técnicos pertinentes;

26.

Alienta el desarrollo de tecnologías intermodales que permitan un mejor acceso de las personas de movilidad reducida a los transportes y a la movilidad urbana;

27.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que se preparen para el despliegue y la introducción armonizados de la aplicación «eCall» en todos los países de la UE para el año 2010, en cuanto concluyan las pruebas de normalización;

28.

Considera que las aplicaciones y el despliegue de los STI deberían:

29.

Insta a la Comisión a que continúe el proceso de reducción de los costes de las comunicaciones, con el fin de que el equipamiento de comunicaciones e información basado en las telecomunicaciones pueda utilizarse de modo más amplio;

30.

Acoge con satisfacción la iniciativa propuesta de flete electrónico «e-Freight» e insta a la Comisión a que introduzca el concepto de «carga inteligente» con miras a lograr un enfoque intermodal de los servicios de STI para carga, con especial atención a las mercancías peligrosas;

31.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que dediquen la misma atención al transporte de pasajeros y al de mercancías, con el fin de evitar la discriminación del transporte de pasajeros, la cual es especialmente perjudicial para la movilidad de las personas;

32.

Recomienda un marco reglamentario adecuado relativo a la interfaz persona-máquina (y otros protocolos de los STI) y señala la necesidad de abordar los problemas de responsabilidad;

33.

Pide a la Comisión que se ocupe del problema de los usuarios más vulnerables de la carretera —incluidas las personas con movilidad reducida—, y que amplíe las acciones dirigidas a promocionar el despliegue de sistemas avanzados de asistencia a la conducción y otros sistemas, tales como los STI y la interfaz persona-máquina, a los vehículos de dos ruedas, en virtud de las subacciones propuestas en el plan de acción;

34.

Pide a la Comisión que explote al máximo el potencial de los STI por lo que se refiere a medidas preventivas para evitar la contaminación del aire y las concentraciones excesivas de ozono y para reducir los ruidos y las emisiones de partículas, NOx y CO2;

35.

Subraya la importancia de definir una arquitectura común de plataformas destinada a las interfaces y los protocolos normalizados a fin de facilitar el uso de los STI, los sistemas cooperativos y las especificaciones para la comunicación y el intercambio de información infraestructura a infraestructura (I2I), vehículo a infraestructura (V2I) y vehículo a vehículo (V2V);

36.

Pide a la Comisión que ejecute un plan de trabajo sobre los STI con plataformas comunes relativas a las aplicaciones y el despliegue de los STI, que cuente con la participación de los sectores público y privado y que establezca un marco adecuado para resolver los problemas de responsabilidad relacionados con los STI;

37.

Observa que debe fomentarse la formación en materia de aplicaciones de STI para mejorar la capacidad de transporte de los usuarios y facilitar la interacción persona-máquina;

38.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un foro abierto para intercambiar información y para abordar los problemas relacionados con los STI;

39.

Subraya la necesidad de respetar la privacidad y considera que los problemas de privacidad y de seguridad y protección de los datos desde las primeras etapas de desarrollo del diseño de los STI deben tomarse en consideración cuando se determinen la arquitectura y las medidas de aplicación («privacidad mediante el diseño»);

40.

Pide a todas las partes implicadas en aplicaciones de STI que cumplan las directivas comunitarias sobre la protección de datos personales y la privacidad en el sector de las comunicaciones (Directiva 95/46/CE (11) y Directiva 2002/58/CE (12)) y pide a la Comisión que garantice el uso adecuado de los datos en las aplicaciones y el despliegue de los STI;

41.

Opina que el uso de datos anónimos en las aplicaciones de los STI es necesario para el despliegue sin trabas de los STI, pero deben garantizarse al mismo tiempo la privacidad y el cumplimiento del marco jurídico comunitario sobre la protección de datos;

42.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ejerzan un liderazgo sólido y una gobernanza genuina con miras a desplegar los STI en Europa;

43.

Aboga por el fomento del desarrollo de planificadores de viajes multimodales nacionales y europeos puerta a puerta, con la debida consideración de las alternativas de transporte público existentes, y por su interconexión en toda Europa;

44.

Insta a la Comisión a que haga un mejor uso de las capacidades de la UE en relación con los programas del sistema mundial de navegación por satélite EGNOS y Galileo, así como a mejorar la interconectividad multimodal;

45.

Subraya que estas tecnologías deben aplicarse de manera que se evite la incompatibilidad entre modos de transporte y que debe haber libertad de elección para utilizar cualquiera de estas tecnologías;