20.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 168/1

A.

El CESE pide a los responsables de las decisiones políticas que, junto con los enfoques interactivos comunitarios y nacionales, presten especial atención al concepto de desarrollo de la cadena de valor y de abastecimiento –o, mejor aún, al de industria en red e interacción entre empresas.

B.

Estos procesos dinámicos requieren la adaptación y la adaptabilidad de la gestión de todos los aspectos empresariales, entre ellos la definición y el diseño de los productos, los servicios, la mercadotecnia y la gestión de los recursos financieros y humanos. Estas tareas se suelen subcontratar. Funcionar en red significa que las empresas se hallan cada vez más interrelacionadas a nivel mundial y que la fabricación y los servicios están cada vez más integrados.

C.

Existen diferencias substanciales en el modo en que las empresas se ven afectadas por esta situación, dependiendo de su tamaño, su posición en las cadenas o redes de abastecimiento y los sectores en los que operan. Las grandes empresas multinacionales suelen estar bien situadas en todas las fases de este proceso de establecimiento en red. Por el contrario, los proveedores relativamente pequeños y medianos, que intervienen en las fases iniciales o intermedias (primer, segundo, tercer… proveedor) se topan en ocasiones con obstáculos, tal como se expone en la segunda parte. En este documento las denominaremos empresas iniciales e intermedias (IIC, de sus siglas inglesas, initial and intermediate companies), concepto acuñado específicamente para el presente dictamen (1).

D.

La inmensa mayoría de los puestos de trabajo del sector privado se encuentran en empresas que no son de gran tamaño (véase el punto C). Las más innovadoras y creativas de ellas revisten una importancia decisiva en la economía estructurada en red. La magnitud de este desarrollo es tan significativa que no sólo tiene un impacto considerable a nivel macroeconómico, sino también macroeconómico.

E.

El CESE considera necesario mejorar el entorno en que operan las IIC. El presente dictamen (véanse las secciones 3 y 4 de la segunda parte) determina los principales retos y formula diversas propuestas como las siguientes:

F.

La falta de una definición establecida de las IIC dificulta la comprensión de toda su importancia en los procesos de la globalización y de las transformaciones industriales. Deberían realizarse mayores esfuerzos por aumentar la sensibilización sobre el papel que desempeñan. Si se aplica alguna o todas las propuestas del punto E, las propias compañías deberían cumplir unos requisitos, los responsables políticos otros y ambos juntos aún más. En cualquier caso, cualquier aplicación semejante debe llevarse a cabo en estrecha colaboración con todas las partes implicadas. En la misma línea, los comités de diálogo sectorial a nivel europeo y nacional deberían poder aportar una orientación fiable común a los responsables políticos.

1.1

Hablar de la aparición de las cadenas de abastecimiento como un fenómeno moderno no es acertado, ya que han existido, de una forma u otra, desde que surgió la producción organizada.

1.2

Sin embargo, cabe señalar que en las últimas décadas se ha generado un fuerte interés por las cadenas de abastecimiento como parte del encarnizado ambiente generado por los avances tecnológicos y la globalización, así como todos los efectos relacionados en los mercados. Este tema es objeto de un intenso debate en innumerables publicaciones y conferencias por todo el mundo. La secuencia lineal convencional viene sustituida por redes complejas y procesos de fabricación integrados que a menudo funcionan en múltiples empresas y países.

1.3

En la actualidad, cada vez se entrecruzan más las cadenas de valor y abastecimiento y en muchos ámbitos se observa la existencia de verdaderas redes internacionales. Esto justifica el uso del término «red» más que el de «cadena», ya que el primero es indudablemente más efímero que el segundo.

1.4

Las redes de creación de valor (o, más simplemente, «redes de valor») están adquiriendo un carácter más internacional y se están ampliando. La red de valor paneuropea, intensificada con la reciente ampliación de la UE, es parte de este proceso.

1.5

Es evidente que el deseo de superación ya no resulta suficiente para cumplir las necesidades de las empresas. Las ventajas derivadas de programas introspectivos en las empresas, aunque útiles y convenientes, no les permiten aprovechar las oportunidades que brinda un verdadero sistema de hacer negocios. Las empresas deben buscar en el exterior si pretenden sobrevivir en el mundo moderno.

1.6

Como resultado de ello, la gestión de las redes y la logística ocupan ahora un lugar predominante, ya que las empresas invierten cada vez más tiempo y dinero en optimizar los beneficios mediante la racionalización y la coordinación de redes de actividades y servicios cada vez más complicadas, que resultan cruciales para las operaciones industriales y comerciales modernas.

1.7

La naturaleza de la responsabilidad de los gestores y de las capacidades que se exigen a la mano de obra a todos los niveles ha cambiado drásticamente, puesto que se necesitan decisiones y actitudes que aseguren niveles óptimos de cooperación entre compradores, proveedores y empresas.

1.8

Esta es la situación de las empresas más avanzadas (grandes, medianas y pequeñas) pese a las diferencias e interacciones constantes entre sectores. No obstante, se observa que las multinacionales grandes están mejor situadas que las IIC (2) en los procesos actuales.

1.9

De hecho, dos tercios de los trabajadores del sector privado en Europa trabajan para pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales son IIC. Por consiguiente, el bienestar de este tipo de empresas no sólo presenta una dimensión macroeconómica, sino también un impacto macroeconómico.

1.10

Aunque el tema de este dictamen es el desarrollo de la cadena de valor y abastecimiento, la atención se centra principalmente en las IIC innovadoras (de alta tecnología y calidad) con el potencial de crecer y funcionar a escala internacional o aquellas que ya están presentes en el mercado internacional (3).

1.11

Por lo tanto, es preciso diseñar y mejorar los modos y medios de crear un entorno sano y sostenible para este tipo de empresas a fin de que su potencial prospere y se aproveche al máximo.

1.12

Aunque las redes y cadenas de abastecimiento difieran de un sector a otro, se ha considerado necesario ilustrar el análisis realizado en este documento centrándonos sólo en un sector. El anexo 2 a este dictamen se dedica, pues, a presentar un estudio de caso en el sector de la automoción, que describe bien algunos de los temas en juego. Se ha elegido este sector al destacar por la complejidad de sus cadenas o redes de abastecimiento, como se muestra en el anexo 1.

1.13

Las empresas europeas suelen optar por subcontratar uno o varios «eslabones» de la cadena de abastecimiento. Posteriormente importan el resultado y le añaden el valor antes de pasarlo a la red de valor. Es importante crear condiciones que garanticen a lo largo del proceso el mantenimiento de unos niveles de rentabilidad, empleo y conocimientos técnicos que sean los más altos posibles en Europa. Esto resulta de suma importancia porque los conocimientos técnicos específicos se convierten cada vez más en factor de producción de pleno derecho, que se aplican a las redes de creación de valor, principalmente con financiación sin fronteras más que transfronteriza (4).

1.14

El presente documento aborda el modo en que la UE puede contribuir mejor al mantenimiento de elementos importantes (valor añadido) de la cadena de abastecimiento en Europa (5).

2.1

Las transformaciones industriales están estrechamente vinculadas a la creación de valor en la sociedad en red, que implica un papel significativo de servicios tales como la consultoría, la ingeniería, la logística o la mercadotecnia. A medida que se reduce la integración vertical, la creación de valor en el procesamiento se suele trasladar al proveedor. Este proceso se hace aún más multidimensional al formar también parte muchos de esos proveedores de las redes internacionales, lo que genera nuevas interdependencias entre proveedores.

2.2

¿Pero qué implica realmente el término «global»? Junto con el evidente papel desempeñado por los EE.UU. y Japón, otros países han irrumpido en escena en las últimas décadas, como las denominadas naciones BRIC (Brasil, Rusia, la India y China). No obstante, convendría señalar que un tercio de los componentes de este grupo sobrevive, por influencia especialmente de la India y China, «reorganizando radicalmente todo el panorama de la cadena de abastecimiento y de creación de valor» (6).

2.3

En vista de ello, la UE debe reforzar su capacidad competitiva añadiendo valor, puesto que una competencia basada meramente en el coste no es realista y no respeta lo valores sociales y de sostenibilidad de la Unión.

2.4

Las cadenas y redes de abastecimiento se están extendiendo porque los procesos industriales se caracterizan cada vez más por la fragmentación de las líneas de producción y la especialización de los productos mediante tecnologías y la adaptación al cliente. Los fabricantes podrían estandarizar partes centrales de los productos y, al mismo tiempo, dejar espacio para la adaptación al cliente. Esto se conoce como «personalización a gran escala».

2.5

Estos factores se ven estimulados por la interacción entre la industria manufacturera y los servicios (7), lo que conduce a que se desdibujen los límites entre los sectores. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) contribuyen a esta situación aumentando la interoperabilidad y los servicios electrónicos.

2.6

Las empresas europeas deberían aspirar a crear redes de abastecimiento que elaboren «productos ampliados» (sistema de productos y servicios) que se dirijan a nichos de mercado de alto valor añadido. Incluso las propias fábricas se han convertido en complejos productos comercializables.

2.7

Los nuevos ciclos tecnológicos hacen cada vez más hincapié en la gestión de los recursos humanos a todos los niveles e insisten en la urgencia de un aprendizaje permanente como elemento esencial de la competitividad y la empleabilidad.

2.8

El ciclo de vida de los productos está acortándose y cambiando debido al aumento de la interacción entre los servicios y la fabricación, y a la internacionalización de la competencia y la cooperación (en pro de la competencia) en muchos ámbitos.

2.9

La estructura de las empresas y la relación dinámica entre ellas están influenciadas en gran medida por estos cambios actuales. De ahí que necesiten someterse constantemente a adaptaciones y reorganizaciones. La especialización de los procesos de producción, la adaptación al cliente o personalización y el desarrollo de servicios relacionados con la fabricación conducen cada vez más a la subcontratación. Por otro lado, la subcontratación puede generar más especialización y descentralización.

2.10

Se produce una concentración a través de fusiones y adquisiciones: paralelamente a estos procesos, cuanto más se aleja uno del consumidor, mayor grado de concentraciones y fusiones se producen.

2.11

La subcontratación y la deslocalización tienen lugar a escala internacional (8). Las economías emergentes en los nuevos Estados miembros y Asia intervienen ampliamente en este proceso, ya que cada una ofrece sus propias ventajas en materia de costes y su propio potencial de mercado. Asia se está convirtiendo en un centro indiscutible de producción y provisión de servicios a bajo coste. En China y la India se está desarrollando tecnología independiente. Tales procesos pueden implicar la deslocalización de actividades, con pérdidas reales en términos de empleo. Esto puede provocar un sentimiento de precariedad entre los empleados. Por otro lado, la deslocalización también puede impulsar el empleo en compañías de Europa (9).

2.12

Fenómenos complicados derivados de las innumerables transacciones, fusiones y adquisiciones que se producen en el mundo demuestran que la deslocalización, como resultado de cambios en las líneas de producción y servicios, no es un proceso lineal o unidireccional. Los costes de producción sólo son una parte de un abanico más amplio de consideraciones. Otros tantos factores, que no constituyen el objeto de este dictamen, entran en juego. Entre ellos, cabe destacar una logística compleja, los altos costes de transporte, las preocupaciones medioambientales, los marcos reglamentarios, la protección de la propiedad intelectual y la disponibilidad de materias primas, así como la tecnología y los conocimientos técnicos específicos. Cuando todas estas consideraciones se toman en cuenta, a la industria y los servicios les conviene en ocasiones volver a Europa.

2.13

Por otro lado, la deslocalización también puede afectar a las actividades innovadoras, lo que implicaría una pérdida de conocimientos técnicos específicos para Europa. De hecho, la deslocalización puede reducir a largo plazo la capacidad de innovación de la industria europea si no se refuerza el conocimiento y la base de investigación en la UE. En esta perspectiva, el número creciente de ingenieros en la India y en China (45 % de todos los ingenieros del mundo) es un aspecto revelador.

2.14

Asimismo, el hecho de que jóvenes altamente cualificados abandonen Europa o muestren preferencia por trabajar en grandes compañías (10) extranjeras puede provocar un déficit de personal cualificado en las IIC europeas.

2.15

Las grandes empresas suelen estar mejor situadas que las IIC para abordar los retos mencionados anteriormente. En general, tienen un acceso relativamente fácil a los bancos y mercados de capital, intervienen en todo tipo de interacción e interoperabilidad con otras empresas, tienen acceso a una amplia variedad de mercados y lideran el proceso de subcontratación. No obstante, son menos flexibles que las empresas pequeñas.

3.1

Todos los indicadores muestran que el proceso de fragmentación de la producción, de la adaptación al cliente y de las redes internacionales continuará. En la mayoría de los ámbitos, las grandes multinacionales actúan como líderes estratégicos, pero gran parte del trabajo lo lleva a cabo un número cada vez mayor de IIC.

3.2

En ocasiones, a pesar de su gran potencial, las IIC se ven obligadas a adoptar enfoques a corto plazo, deben trabajar duro para acceder a los nuevos mercados, suelen depender de pedidos regulares de algunos clientes importantes y con frecuencia no tienen un acceso tan bueno a los mercados de capital. Además están muy expuestas a riesgos de ruptura de la cadena de suministro, relacionados con reducciones de costes y de otro tipo, exigidas continuamente por los grandes clientes. En los siguientes puntos, la atención se centra en los retos más significativos que se les plantean.

3.3

Muchas de las mejoras en las condiciones marco de empresas relativamente pequeñas y medianas dependen simplemente de actitudes tanto en la sociedad como dentro de las propias empresas. En algunos Estados miembros y regiones la actitud ante este tipo de empresas es más positiva que en otros. El intercambio de mejores prácticas debería, pues, fomentarse.

3.4

Debe alentarse a las IIC a que extiendan su cooperación y elaboren proyectos conjuntos. Dicha cooperación y proyectos pueden fortalecer su posición en el mercado y apoyar las negociaciones de proveedores con clientes importantes. También podrían contribuir a compensar los repercusiones negativas del efecto «cerrojo», es decir cuando una IIC no puede acceder a otras redes de proveedores o, al contrario, una red de proveedores no puede acceder a una IIC (locked in o locked out).

3.5

Debería fomentarse el uso de software de fuente abierta (11) y el acceso libre a tecnología y normas de ingeniería. Es muy importante que exista una conexión efectiva entre las IIC y los institutos de investigación.

3.6

Las agrupaciones (clustering) y redes próximas que lideran las empresas y las zonas industriales en entornos altamente industrializados y tecnológicamente avanzados pueden servir de gran ayuda para ello (12), ya que promueven los sistemas cooperativos entre las empresas. Una actitud abierta a las universidades e institutos de investigación vecinos, unida a un enfoque apropiado de los entes locales y regionales, resulta crucial. Las zonas industriales cercanas a los centros tecnológicos, parques científicos y universidades pueden resultar muy beneficiosas para las pequeñas empresas.

3.7

Convendría alentar a los bancos y agentes financieros pertinentes en general a adoptar una actitud más positiva con respecto a la asunción de riesgos. Los datos estadísticos muestran que en el mundo financiero estadounidense hay una postura más positiva ante los riesgos que genera importantes beneficios. Un acceso abierto al mercado de capitales en Europa es, en cualquier caso, necesario: tanto más cuanto que en muchos casos la carga financiera en los procesos de producción tiende a trasladarse de grandes empresas a pequeños proveedores.

3.8

En la industria de la automoción, por ejemplo, la subcontratación ha provocado un problema financiero en muchas empresas porque tanto los procesos de desarrollo como el periodo de amortización son largos: el periodo de desarrollo suele durar de tres a cinco años y el de amortización de cinco a siete. En los Estados Unidos este problema se resuelve parcialmente facilitando el acceso al capital privado y, en muchos países desarrollados, con normas impositivas y ayudas estatales muy generosas. En este ámbito, las condiciones en Europa necesitan mejorarse desesperadamente, en particular en lo que se refiere a las IIC y sus necesidades de financiar la I+D para fines de innovación tecnológica. Aparte de las medidas de los gobiernos, los bancos (incluido el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que trabaja en estrecha colaboración con socios del mundo de la banca en Europa) y el capital privado también han de desempeñar el papel que les corresponde.

3.9

El CESE señala con gran interés las orientaciones contenidas en la Comunicación de la Comisión titulada «Aplicación del programa comunitario sobre la Estrategia de Lisboa: Financiar el crecimiento de las PYME — añadir valor europeo» (13). Se requiere un puente más adecuado entre las instituciones financieras y el capital privado, por un lado, y las PYME, por otro.

3.10

Depender de clientes importantes es causa de preocupación, especialmente en regiones monoindustriales cuando las IIC no tienen acceso a cadenas de abastecimiento o viceversa. Cuando se colabora con empresas grandes, el proveedor se ve con frecuencia obligado a hacer uso de la tecnología necesaria. Proveer a un cliente importante puede obligar a un proveedor a utilizar una determinada tecnología.

3.11

Lo mismo puede ocurrir a los proveedores que se ven «encerrados» porque no cuentan con las herramientas necesarias para acceder a mercados adicionales y participar en otras cadenas o redes de abastecimiento.

3.12

Sin embargo, las grandes empresas no desean ser totalmente dependientes de un solo proveedor, aunque a veces ocurre. En una serie de casos, los grandes fabricantes del sector del automóvil, especialmente en lo que se refiere a la investigación, desarrollo y producción de nuevos componentes y sistemas destinados al producto final, prefieren proveedores únicos. Aún así, lo más normal es que haya una competencia encarnizada entre proveedores.

3.13

En algunos casos, principalmente en la industria de la automoción, se ha constatado que los costes del desarrollo técnico han pasado al proveedor, de quien también se ha requerido que comparta sus conocimientos con la competencia. Esto puede representar un problema, especialmente para los proveedores no monopolistas.

3.14

Los denominados efectos «cerrojo» tienden a aumentar al ascender el número de aplicaciones de TIC, si bien dichos efectos no se reducen a una cuestión de TI. Suele resultar difícil conseguir licencias. La falta de normalización y de interoperabilidad, por un lado, y el poco uso de la tecnología de fuente abierta, por otro, dificultan las inversiones.

3.15

De nuevo (véase el punto 3.6.), la cooperación y la formación de agrupaciones pueden contribuir a superar los déficits derivados de los procesos mencionados anteriormente, especialmente en regiones monoindustriales.

3.16

La propiedad intelectual es un elemento clave (14). La protección de los derechos de propiedad intelectual plantea un reto especial para las IIC, muchas de las cuales son pequeñas y medianas empresas. Los problemas a los que generalmente se enfrentan al financiar la I+D ya se han mencionado; las cosas no deberían empeorar generando una situación de la que se beneficie la competencia.

3.17

Las patentes desempeñan un papel fundamental. El CESE ha expresado en numerosos dictámenes su gran preocupación en cuanto a «los repetidos reveses sufridos en la introducción de la patente comunitaria», que han mermado la credibilidad de la política de investigación de la UE y no han logrado apoyar «una investigación más innovadora y encaminada hacia la consecución de resultados competitivos» (15). Si no se aborda esta importante cuestión, la protección de la innovación resultará muy cara (en particular, con respecto a los EE.UU. y Japón), y en ocasiones incluso inasequible para las IIC.

3.18

El problema de los costosos procedimientos de protección de los derechos de propiedad intelectual se completa además con un cierto nivel de ineficiencias, que suele ocasionar su incumplimiento. En las relaciones comerciales con China, la falsificación debería tratarse prioritariamente. Como consecuencia de este problema de falsificación, muchas empresas de alta tecnología no desean aumentar sus inversiones en China o incluso prefieren retirarlas (16).

3.19

El anexo 2 ilustra la gravedad del abuso y la falsificación de los derechos de propiedad intelectual en componentes de la industria de la automoción.

3.20

Las IIC especializadas poseen sus propios activos. En el paso de operaciones a gran escala a la descentralización y los enfoques personalizados, surgen nuevas oportunidades, siempre que se desarrollen las capacidades correspondientes.

3.21

Lo preocupante es que en toda Europa la mayoría de los jóvenes licenciados prefiere trabajar para grandes compañías. Existe una necesidad patente de alentar a los ciudadanos a trabajar en IIC mejorando sus perspectivas profesionales. El problema se recrudece especialmente para las ICC cuando el número total de licenciados es insuficiente, por ejemplo en disciplinas de ingeniería.

3.22

La denominada «dualidad de sistemas de formación» –aprendizaje y trabajo– vigente en la actualidad en algunos Estados miembros como Alemania, Austria y Luxemburgo («duale Ausbildung») puede resultar muy valiosa para las IIC.

3.23

Es esencial que se intensifiquen las capacidades y la cualificación de los empleados. Tanto los propios empleados como las empresas pueden contribuir al aumento de estos niveles (17). La mejora del entorno laboral puede resultar positiva a este respecto. Conceptos modernos de gestión de recursos humanos, entre los que se incluye la revisión sistemática de los sistemas educativos y de formación, podrían contribuir a la creación de empleo. Estos puntos tienen que abordarse en el marco de enfoques sectoriales, incluido el diálogo entre agentes sociales.

3.24

Además de la correlación directa entre sistemas de educación eficaces y la calidad de las capacidades de los trabajadores, la importancia del triángulo educación-innovación-investigación no debe subestimarse. En este sentido, la nueva iniciativa comunitaria «Las regiones, por el cambio económico» puede resultar de gran ayuda, ya que destaca la dimensión y el impacto regionales de la investigación, las capacidades tecnológicas y las agrupaciones económicas (18).

3.25

Con el fin de aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las IIC mediante la mejora de las capacidades y el espíritu empresarial, no se puede desatender la importancia de la dimensión territorial. La globalización, que implica una internacionalización cada vez mayor, trae consigo la obligación de reforzar la proximidad regional. Esto se puede conseguir a través de:

3.26

El espíritu empresarial es muy importante, al igual que la creatividad y la flexibilidad, es decir, la capacidad de adaptarse rápidamente a otras circunstancias. Las pequeñas y medianas empresas suelen tener una mayor capacidad de respuesta a los retos que las grandes empresas. Estos factores podrían ayudar a las pequeñas y medianas empresas a aprovecharse de la fragmentación y la personalización de las redes (19).

4.1

Con el fin de intensificar la eficacia de las cadenas de valor y abastecimiento es esencial que se cree un entorno empresarial sólido para las IIC. A juicio del CESE, existen dos instrumentos principales que apoyarán la presencia de IIC europeas en redes internacionales: el nuevo estilo de política industrial (incluido su enfoque sectorial) y el Séptimo Programa Marco.

4.2

Convendría que las IIC intervinieran más sistemáticamente en la política industrial. La Comisión y el Consejo deberían llevar a cabo evaluaciones previas y más minuciosas de las repercusiones en empresas de alta tecnología de las próximas leyes sobre asuntos como el desarrollo técnico y la fijación de normas. El «sector empresarial» significa con frecuencia únicamente las grandes compañías. Se debería consultar por separado a las IIC, a menudo ignoradas.

4.3

El CESE insiste en la importancia de las TIC para las IIC. Además, está totalmente de acuerdo con los objetivos que la Comisión ha definido en su Comunicación «Mejorar la confianza en los mercados electrónicos entre empresas» (20).

4.4

La Comisión también ha establecido una Red de apoyo al negocio electrónico europeo para las PYME. El CESE se muestra conforme al principal objetivo de dicha Red, que consiste en reunir a los expertos europeos de comercio electrónico para que compartan experiencias y buenas prácticas.

4.5

Un aspecto fundamental de la política industrial de la UE es el diálogo abierto sobre orientaciones futuras y tecnologías desde un punto de vista sectorial, como se prevé en las plataformas tecnológicas europeas actuales. Aunque los límites entre sectores se están disipando, un enfoque específico de un sector resulta todavía bastante apropiado en este ámbito y ofrece oportunidades propicias para las IIC.

4.6

No se puede dar demasiada importancia a la innovación. El CESE apoya la propuesta de la Comisión de crear mercados favorables a la innovación lanzando una nueva iniciativa de mercado líder dirigida a facilitar la creación y la mercadotecnia de productos y servicios innovadores en ámbitos prometedores (21).

4.7

Es importante que las IIC participen en las plataformas tecnológicas. Se espera encontrar más formas y medios de eliminar los obstáculos en este ámbito. Ha de establecerse una agenda estratégica de investigación que incluya a las IIC. No obstante, las debilidades tradicionales de muchas de estas empresas, como la falta de confianza mutua, tiempo, representantes disponibles y, a menudo, de enfoques estratégicos se pueden percibir también en la experiencia diaria de estas plataformas.

4.8

Con objeto de definir una agenda estratégica de investigación, el Grupo de alto nivel Manufuture  (22) ha efectuado un análisis que contiene ideas similares sobre el cambio en los productos de nuevo valor añadido y la combinación de fabricación y servicios, por un lado, y en las formas innovadoras de producción, por otro (23).

4.9

Además, los efectos «cerrojo» en lo que se refiere a las cadenas de abastecimiento suelen obstaculizar la participación efectiva en las plataformas cuando las IIC –incluso aquellas con un potencial considerable– no pueden participar en sistemas interoperables.

4.10

A juicio del CESE, debería desarrollarse una visión estratégica para las IIC que pudiese ayudar a superar las dificultades causadas por el efecto «cerrojo». La interoperabilidad debería constituir el objetivo en sí, el cual podría conseguirse mediante:

4.11

El CESE estima que el mismo objetivo podría promoverse mediante la creación de foros comunitarios para la cooperación entre las IIC con el fin de que se ponga en común la creatividad y la innovación en Europa.

4.12

Un asunto de suma importancia es la facilitación del acceso a los mercados financieros.

4.12.1

El CESE considera que debería alentarse a los bancos y a otros agentes financieros implicados, como los fondos de capital de riesgo, a adoptar una actitud más positiva con respecto a la asunción de riesgos, por ejemplo invirtiendo en IIC de alta tecnología.

4.12.2

Un ejemplo específico de ello sería conceder a las IIC un acceso más fácil tanto al mercado de capitales como al capital privado en la adaptación a los retrasos que pueden resultar de periodos largos de desarrollo y amortización, que pueden causar problemas. Es este sentido, el papel del BEI y del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) debería reforzarse para facilitar el acceso a instrumentos de préstamos de riesgo, capital de riesgo y sistemas de garantías (26).

4.12.3

El CESE opina que instituciones financieras como el BEI pueden desempeñar un mayor papel de apoyo, especialmente en consorcios que incluyan a bancos locales, que tienen un buen conocimiento de las empresas de la zona.

4.12.4

En vista del nuevo estilo de política regional y de las asociaciones entre la industria y la investigación, el BEI está trabajando actualmente en un nuevo instrumento financiero junto a al DG RTD, denominado mecanismo de financiación de riesgo compartido (Risk Sharing Finance Facility, RSFF). Su objetivo es mejorar el acceso a la financiación de deudas, especialmente para la investigación privada y otras actividades relacionadas con un perfil de riesgo mayor a la media, que no está cubierto por el mercado.

4.13

La política fiscal es responsabilidad de los Estados miembros. A pesar de ello, lo más conveniente sería debatir a nivel comunitario las medidas fiscales apropiadas destinadas a reforzar la posición de la empresa europea en las cadenas de valor y abastecimiento mundiales.

4.14

La UE ha de incluir entre sus objetivos de política comercial la protección de los derechos de propiedad intelectual de las pequeñas y medianas empresas, dadas las actitudes a menudo injustas y poco fiables de los (grandes) mercados emergentes con respecto a las empresas europeas.

4.15

Los recursos humanos son fundamentales. Más que nunca, los sistemas educativos constituyen un pilar indispensable de crecimiento económico sostenible. La educación, la formación profesional y el aprendizaje a lo largo de la vida constituyen una responsabilidad compartida de diferentes empresas, agentes sociales y autoridades públicas (27).

4.16

Los debates sectoriales entre los interlocutores sociales deberían incluir enfoques hechos a medida para la gestión de recursos humanos, lo que incluye el desarrollo de sistemas de formación destinados proporcionar las necesarias cualificaciones profesionales. También deberían tener en cuenta la dimensión regional de las transformaciones industriales y la iniciativa comunitaria «Las regiones, por el cambio económico» (28).

4.17

En el Séptimo Programa Marco, que está relacionado con los objetivos del nuevo estilo de política industrial, debería prestarse especial atención a los vínculos con las pequeñas y medianas empresas, incluyendo un uso adecuado del nuevo instrumento IFRC creado conjuntamente con el BEI (29). En proyectos de TIC avanzados financiados por el Séptimo Programa Marco, es fundamental que participen las IIC con el fin de permitirles incorporarse a redes avanzadas conjuntas y entablar colaboraciones.

4.18

A juicio del CESE, el Séptimo Programa Marco puede contribuir a la creación de una política de innovación permanente que incluya vínculos estrechos entre los centros de conocimiento (universidades, institutos tecnológicos y centros de formación profesional) y la actividad industrial. Las cadenas o redes de valor y abastecimiento son esenciales para dicha política, ya que el programa se dirige a contribuir al desarrollo de nuevos «productos ampliados» (también conocidos como «productos/servicios» o «servicios integrados de productos») y procesos. El propósito de todo ello es crear un único entorno de red viable en Europa, lo cual también beneficiaría a las IIC.

4.19

El CESE señala que es difícil hacer participar a las pequeñas y medianas empresas en programas de I+D por razones de burocracia. Los procedimientos de selección de al menos un año son demasiado largos para estas empresas.

4.20

Es muy recomendable que se creen las condiciones adecuadas para el desarrollo de empresas en red sólidas que cuenten con estructuras de interconexión transparentes. El CESE aboga por que el Séptimo Programa Marco contribuya a desarrollar sistemáticamente modelos y operaciones en red óptimos en un entorno industrial dinámico y complejo.

4.21

Del mismo modo, debería fomentarse la creación de estructuras de gestión de cadenas de logística y abastecimiento tanto desde el punto de vista estratégico como operativo.

4.22

En el caso de industrias menos tecnológicas que están físicamente unidas a Europa, los programas de investigación pueden favorecer aumentos continuos de productividad y eficacia a fin de mantener la competitividad.

4.23

Entre los numerosos aspectos que deben tener en cuenta las empresas con objeto de sacar el máximo beneficio de los programas de investigación comunitarios, se encuentra la importancia de establecer redes adecuadas. Aunque actualmente no corresponde con la mentalidad de las IIC en Europa, la cooperación pre competitiva entre empresas podría resultar muy útil, al igual que el fomento de relaciones de colaboración.

4.24

Por consiguiente, el Séptimo Programa Marco se dirige a contribuir a una industria de red orientada al conocimiento, basada en normas europeas, que constituyen un elemento importante para la cooperación, conexión e interoperabilidad.

4.25

El CESE opina que el Séptimo Programa Marco brinda una gran oportunidad para intensificar la eficacia de las redes de valor y abastecimiento e insta a las partes interesadas a asegurar su plena aplicación. Esto no sólo se aplica a las tecnologías que mejoran la interconectividad de las redes (principalmente TIC), sino también a otras tecnologías capacitadoras, como la nanotecnología.

4.26

Paralelamente a los avances de la política industrial, los contextos y acciones regionales y locales también revisten importancia para el Séptimo Programa Marco, en particular en lo que se refiere a la cooperación de las IIC con grandes compañías, universidades cercanas, institutos tecnológicos y centros de formación profesional (30).

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 168/10

1.1

A lo largo de los últimos 50 años el espacio europeo se ha ido transformando y la mundialización está acelerando estas transformaciones, con consecuencias considerables para las áreas metropolitanas, centros de gravedad de Europa (2). Éstas se benefician de una situación inmejorable para responder a los desafíos y aprovechar plenamente las oportunidades que se derivan de tales cambios.

1.2

El CESE considera que el Consejo y la Comisión deben hacer una evaluación de conjunto, y establecer directrices, sobre la evolución de las áreas metropolitanas y las iniciativas nacionales en este ámbito. Un debate bien estructurado al nivel europeo aunará los enfoques nacionales en una perspectiva común, lo que también podría ser un estímulo para los agentes regionales.

1.3

El CESE considera que, en Europa, un debate mejor estructurado sobre las áreas metropolitanas, y entre dichas áreas, contribuiría a estimular tales zonas para que apliquen por sí mismas con éxito las Estrategias de Lisboa y Gotemburgo, algo que también podría quedar reflejado en los programas nacionales de reformas.

1.4

El CESE observa que desde hace algunos años está teniendo lugar un animado debate sobre este tema. La relación entre las grandes metrópolis y la Estrategia de Lisboa pone de relieve más que en el pasado las repercusiones socioeconómicas de estas grandes metrópolis. Es ya un paso adelante.

1.5

En muchos países y regiones, los entes públicos, el sector privado y la sociedad civil intentan crear las condiciones necesarias para un desarrollo sostenible de las áreas metropolitanas y reforzar su competitividad en Europa y el mundo. En particular, merece especial atención la evolución observada en Alemania. La existencia de estudios universitarios y de otro tipo elaborados al nivel federal contribuyen a la objetividad del debate. Las autoridades nacionales y regionales han participado en conferencias interministeriales sobre las zonas metropolitanas.

1.6

La política urbana de la Comisión, así como el proyecto de Agenda Territorial del Consejo constituyen un paso adelante. Ambos establecen un marco para una política urbana ambiciosa. En dicha agenda se destacan algunas características específicas de las grandes metrópolis. El CESE, sin embargo, señala que el proyecto de Agenda Territorial se muestra todavía demasiado vacilante al respecto.

1.7

A pesar de las estructuras y los enfoques diferentes de un país a otro, las grandes regiones comparten en líneas generales los mismos desafíos y ambiciones.

1.8

Los aspectos que frenan un desarrollo equilibrado de las áreas metropolitanas son la falta de identidad y la ausencia de una gobernanza adecuada. Las entidades administrativas existentes suelen ser muy antiguas e impiden un ajuste flexible.

1.9

Para que las áreas metropolitanas puedan salir adelante con éxito es imprescindible un compromiso a varios niveles –nacional, regional y urbano–, para lo que se requiere una legitimidad de las instancias descentralizadas, lo cual facilitará también iniciativas del sector privado y de las instancias no gubernamentales.

1.10

El CESE señala de nuevo la ausencia de datos socioeconómicos y medioambientales, comparables a escala europea, sobre las zonas metropolitanas. El CESE considera que, tal como también se hace a escala europea y nacional, es necesario efectuar un seguimiento anual de los resultados de las regiones metropolitanas europeas desde el punto de vista económico, social y medioambiental, para conocer más a fondo la situación de cada una de ellas y facilitar la movilización de los responsables metropolitanos interesados.

2.1

El CESE recomienda que la Comisión elabore un Libro Verde sobre las áreas metropolitanas como complemento de la Agenda Territorial y de las «Directrices estratégicas comunitarias para la política de cohesión en apoyo del crecimiento y el empleo», a fin de impulsar el debate europeo a partir de un análisis objetivo.

2.2

El CESE recomienda que se adopte una perspectiva común y europea a la hora de considerar los retos y las ambiciones de las grandes ciudades, así como los conocimientos y las experiencias registradas en los Estados miembros, y se difundan las buenas prácticas.

2.3

El CESE considera necesario que la Comisión adopte una decisión política con vistas a que Eurostat se encargue de la elaboración anual de estadísticas fiables y comparables sobre todas las áreas metropolitanas de la Unión Europea, y que se le asignen créditos suplementarios para que pueda cumplir esta nueva misión.

2.4

Con el fin de que Eurostat pueda cumplir tal misión lo antes posible, el CESE sugiere encargar a ORATE, o a otro organismo competente, la elaboración de un estudio experimental, con vistas a probar los diferentes métodos posibles para delimitar las zonas metropolitanas a partir de unos criterios comunes y proponer una lista restringida de los datos relativos a las zonas metropolitanas de más de un millón de habitantes durante el período 1995-2005. Se podrían utilizar, en particular, los datos detallados de la encuesta europea de población activa (3).

3.1

En su dictamen de 2004, el CESE llamó la atención sobre las repercusiones socioeconómicas de las áreas metropolitanas (4), que, a su juicio, estaban ampliamente subestimadas.

3.2

El dictamen tenía por objeto concienciar a las instancias comunitarias del desarrollo constante, y en ocasiones espectacular, de la concentración de la población y las actividades económicas en las áreas metropolitanas en Europa y en el mundo.

3.3

En el dictamen de 2004, el CESE aboga por que el desarrollo de las metrópolis europeas figure en la agenda comunitaria. El CESE fue uno de los primeros en destacar el vínculo directo existente entre la función de las metrópolis y la aplicación de la Estrategia de Lisboa. Las áreas metropolitanas son los laboratorios de la economía mundial, motores de la economía y centros de creatividad y de innovación.

3.4

Al mismo tiempo, en ellas se concentran los principales retos a que Europa deberá hacer frente en los próximos años. En particular, deben afrontar fenómenos de pobreza y exclusión social y de segregación territorial que repercuten en el empleo y la delincuencia (internacional) (5).

3.5

La proyección de las metrópolis se refuerza multiplicando el número de intercambios de todo tipo que realizan entre sí, tanto en Europa como al nivel mundial. Las redes que forman las metrópolis contribuyen a reforzar la integración europea.

3.6

En el dictamen de 2004, el CESE señala que no existen análisis comparativos que presenten de forma satisfactoria sus puntos fuertes, puntos débiles, limitaciones y oportunidades.

3.7

Este es el motivo de que en 2004 el CESE hiciera hincapié en la necesidad de definir las áreas metropolitanas europeas y elaborar datos pertinentes y comparables, incluida la evaluación de los principales indicadores de la Estrategia de Lisboa para cada una de ellas.

3.8

La economía del conocimiento y la sociedad en redes aumentan el poder de atracción de las áreas metropolitanas para las personas y las actividades. En algunos Estados miembros se ha entablado un animado debate al nivel nacional y regional sobre la política que se debe aplicar en las grandes metrópolis y sobre su gobernanza. En determinados casos estos debates han dado lugar a acciones concretas promovidas de abajo arriba o viceversa.

4.1

En 2004, el CESE exhortaba a la Comisión a que elaborara análisis integrados con la colaboración de todos los comisarios implicados y presentara periódicamente informes sobre la situación socioeconómica de las áreas metropolitanas y su posicionamiento a escala europea. De este modo se podrían evaluar mejor los puntos fuertes y débiles de las grandes metrópolis a fin de mejorar la definición de las políticas europeas y nacionales y facilitar la difusión de buenas prácticas.

4.2

En su respuesta a las recomendaciones del CESE, la Comisión declaraba que estaba de acuerdo con la doble observación del CESE en relación con la función clave que desempeñan las áreas metropolitanas para la realización de los objetivos de la Estrategia de Lisboa y la falta de datos fiables y comparables a escala europea sobre estas entidades territoriales (6).

4.3

Pese a esta visión compartida, la Comisión todavía no ha definido un enfoque más específico e integrado sobre las áreas metropolitanas. Se está aplicando gradualmente una política urbana, pero no se hace una distinción entre «ciudades y áreas metropolitanas». Los datos aportados por los institutos de estadística son incompletos y al haberse elaborado a partir de definiciones nacionales siguen sin ser comparables a escala europea.

5.1

Recientemente se han adoptado varias iniciativas a escala nacional y regional que demuestran con gran claridad la evolución de las metrópolis. Estas iniciativas suelen incluir medidas variadas para respaldar un desarrollo más armonioso por lo que respecta a las infraestructuras, la ordenación del territorio, la economía y los aspectos sociales, así como el desarrollo de las infraestructuras de transportes y telecomunicaciones entre las propias metrópolis. A continuación se presentan a título de ejemplo algunas iniciativas adoptadas en varios países. Evidentemente, no se trata de un marco exhaustivo.

5.1.1

Desde 1993 se está llevando a cabo en Alemania un debate pormenorizado sobre las áreas metropolitanas. Los estudios y debates universitarios han tenido por objeto establecer una lista adecuada y objetiva de las funciones desempeñadas por las grandes metrópolis e identificar a estas últimas con arreglo a dicha lista.

5.1.1.1

Según el análisis alemán, se ha pasado del enfoque tradicional de mapa nacional de ciudades y municipios, y también Länder, a un enfoque diferente, que presenta un nuevo mapa de Alemania, con nuevas «Leitbilder» o ideas directrices. A partir de las orientaciones y programas de acción en materia de política de ordenación territorial (que datan de 1992 y 1995), que habían subrayado la importancia y la función de las zonas metropolitanas, Alemania dispone –desde la decisión de 30 de junio de 2006 de la Conferencia Interministerial de Ministros del Estado federal y Estados federados (Länder) responsables de la Ordenación del Territorio– de once regiones metropolitanas. La primera conferencia interministerial sobre este asunto se celebró en 2003.

5.1.1.2

El mapa de las metrópolis alemanas pone de manifiesto que existe un desajuste entre la organización administrativa actual y los límites geográficos de las regiones metropolitanas. Por ejemplo, la región metropolitana de Nuremberg comprende la ciudad de Nuremberg y un conjunto de municipios urbanos y rurales vecinos. Otras abarcan parcialmente varios Estados federados, como, por ejemplo, Frankfurt/Rhin/Main y Hamburgo, O forman parte de un Estado federado, como Munich y la cuenca del Ruhr. En muchos casos ya existe una regionalización por temas, por ejemplo en el ámbito de la cultura, el deporte, la sostenibilidad o los paisajes. En todos los casos, el territorio engloba ciudades, importantes y pequeñas, y zonas rurales. De este modo se puede delimitar correctamente el territorio de las áreas metropolitanas en cuestión.

5.1.1.3

No se han previsto (todavía) medidas nacionales específicas. Se ha instado a las áreas metropolitanas a que determinen y hagan valer sus particularidades. El objetivo perseguido es el desarrollo de las áreas metropolitanas alemanas como entidades autónomas en el contexto europeo e internacional. Evidentemente, algunas políticas nacionales, como las políticas ferroviarias o aéreas, podrán contribuir a realizar las aspiraciones de estas áreas.

5.1.1.4

Para respaldar la legitimidad de este nuevo enfoque se insta a las áreas metropolitanas a que establezcan unos sistemas de representación democrática, cada una en función de sus características específicas y su visión. Podrán establecer libremente las modalidades pertinentes, ya sea mediante elecciones directas, como la región de Stuttgart, o a través de una representación indirecta de las ciudades y los municipios, como ocurre en la región de Nuremberg.

5.1.1.5

Los objetivos políticos que deberán debatirse y alcanzarse en el marco de estas áreas metropolitanas –que; además; presentan características diversas– son los siguientes: garantizar la masa crítica necesaria para la competitividad; crear las condiciones requeridas para una gobernanza eficaz; clarificar el reparto de responsabilidades, desarrollar una organización espacial policéntrica; encontrar un equilibrio satisfactorio entre la urbanización y la protección de los espacios rurales; desarrollar las infraestructuras de transporte y garantizar la movilidad; respaldar la innovación y las agrupaciones (clusters) de carácter económico; hacer frente a los «riesgos» tecnológicos y a los naturales; ofrecer los recursos necesarios a la inversión pública; mejorar la accesibilidad internacional y velar por la promoción de la región.

5.1.2

En el Reino Unido, el interés por un desarrollo reforzado de las metrópolis comenzó a principios de siglo. En 2004 se publicó una nota gubernamental sobre la competitividad de las áreas metropolitanas distintas de Londres (7). Su objetivo consistía en crear las condiciones necesarias para reforzar la autonomía de las regiones metropolitanas (city-regions) en un contexto internacional. Pero el proceso previsto fue bloqueado, en particular a raíz de un referéndum negativo sobre la creación de una asamblea regional en la región de Newcastle.

5.1.2.1

El debate en el Reino Unido se centra actualmente en el reparto de competencias, por una parte, entre el nivel nacional y el nivel regional, y, por otra, entre las ciudades y los municipios en las regiones más pobladas identificadas como futuras áreas metropolitanas. La idea de dar una entidad a las regiones metropolitanas sigue siendo de actualidad. A pesar de la ambigüedad del debate en curso, próximamente se publicará un Libro Blanco sobre este asunto, y se está preparando una nueva organización territorial sobre la base de criterios reconocidos, comparable con la alemana.

5.1.2.2

Es necesario distinguir entre descentralización política y apoyo al desarrollo de las metrópolis. Este se caracteriza por su flexibilidad y por las alianzas formadas por varios municipios para hacer valer sus oportunidades y afrontar en común los retos que se presenten. Un buen ejemplo lo ofrece el desarrollo en el Norte del Reino Unido, una iniciativa de abajo arriba denominada «Northern Way» que se caracteriza por una serie de convenios en el interior del área metropolitana.

5.1.2.3

En respuesta a iniciativas locales y regionales se considera indispensable disponer de un enfoque de arriba abajo, ya que numerosas decisiones estratégicas solo pueden adoptarse de común acuerdo. Estas decisiones podrán quedar recogidas en tres agendas: una agenda de la competitividad destinada a garantizar el apoyo a las regiones más avanzadas y a las regiones con peores resultados; una agenda de la cohesión social en favor de los grupos desfavorecidos; y una agenda medioambiental en la que se incluyan medidas para mejorar la calidad de vida y preservar los recursos naturales. En estos tres ámbitos, las áreas metropolitanas se consideran el nivel geográfico más adecuado para llevar a cabo estas políticas.

5.1.3

En Francia, el debate se remonta a 1960. Hasta hace poco apenas se habían adoptado medidas concretas, debido a que se había subestimado la dimensión política del debate. En términos generales, en toda Europa ha sido característica esta falta de dimensión política.

5.1.3.1

En 2004, la DIACT (8) presentó una licitación de proyectos metropolitanos con el fin de fomentar la cooperación entre las grandes ciudades y respaldar el desarrollo económico de regiones metropolitanas. Un jurado integrado por los directores de los ministerios implicados y expertos seleccionaron quince proyectos metropolitanos elaborados por los entes locales. Los proyectos se concretaron en 2006. En 2007 se celebrarán contratos metropolitanos subvencionados por el Estado para la realización de acciones estructurantes. Con esta iniciativa, la DIACT reconoce la importancia de las regiones metropolitanas como protagonistas clave de la competitividad de los territorios.

5.1.4

Tanto en Italia como en España, la regionalización está progresando. Este desarrollo, que no afecta directamente a las áreas metropolitanas, crea sin embargo nuevas oportunidades (legales) para la gobernanza de las metrópolis.

5.1.4.1

Por lo que se refiere a Italia, en 1990 una ley estableció un planteamiento de arriba abajo, fijando catorce áreas metropolitanas. Esta ley no llegó a aplicarse. En 1999, una nueva ley autorizaba las iniciativas de abajo arriba para la creación de áreas metropolitanas. Se creó una única asamblea, en la región de Bolonia, que agrupaba a 20 municipios y disponía de un presupuesto. Finalmente, en 2001 una reforma constitucional autorizó el establecimiento de tres áreas metropolitanas en torno a Roma, Nápoles y Milán. Recientemente se ha reactivado la puesta en práctica de esta reforma.

5.1.4.2

En España, el debate territorial está condicionado por el régimen autonómico. Las autonomías tienen competencia exclusiva en este ámbito. Por consiguiente, son responsables de las zonas metropolitanas. Al mismo tiempo, está teniendo lugar un proceso de fortalecimiento de las grandes ciudades, y también una prueba de fuerza entre el gobierno central, las comunidades autónomas y áreas metropolitanas tales como Madrid, Barcelona y Valencia. Bilbao, un éxito desde el punto de vista de la metropolización, constituye un modelo aparte con una colaboración público–privada.

5.1.4.3

El establecimiento de áreas metropolitanas no se limita a los grandes países ni a los países como tales. Entre los ejemplos más conocidos pueden citarse los de las áreas metropolitanas de «Centrope», es decir, Viena-Bratislava-Brnö-Gjör, regiones situadas en cuatro países diferentes, y de Copenhague-Malmö (Dinamarca y Suecia). Ambas regiones progresan. En los Países Bajos se está llevando a cabo un amplio debate sobre la gobernanza más adecuada de la Randstad, para suprimir la fragmentación administrativa que bloquea su desarrollo infraestructural, territorial y socioeconómico.

5.1.5

En los nuevos Estados miembros se está produciendo una evolución comparable a la de los países mencionados arriba. En Polonia, el gobierno ha establecido una serie de zonas metropolitanas o city-regions. Un ejemplo ilustrativo es la región de Katowice, que recientemente ha adquirido un estatus específico de zona metropolitana. No obstante, el desarrollo urbano y metropolitano se produce por lo general de forma no controlada y, por consiguiente, arbitraria, debido a la ausencia de una gobernanza regional adecuada. Por este motivo, algunas metrópolis están tomando como punto de referencia las prácticas y la experiencia de los países con una tradición en materia de políticas descentralizadas.

5.1.6

Las Cámaras de Comercio y de Industria (CCI), en su calidad de representantes, muy visibles y activas, del mundo de los negocios a escala local y regional, también participan en el proceso de metropolización, en particular las Cámaras de las capitales y de las aglomeraciones urbanas. Contribuyen en todas partes al poder de atracción y la influencia económica y cultural de sus territorios, sin perder de vista las exigencias de calidad de vida y el respeto del medio ambiente.

6.1

A escala comunitaria, poner en marcha la Estrategia de Lisboa es el objetivo prioritario de la Comisión Barroso. Es una cuestión que afecta a todos los Comisarios. La DG REGIO ha situado la Estrategia de Lisboa en el centro de la política regional de «nuevo estilo», con el desarrollo urbano como punta de lanza.

6.1.1

Se ha dado prioridad a «Lisboa» y al desarrollo urbano en todas las regiones beneficiarias de programas comunitarios. Dichos programas no se refieren explícitamente a las áreas metropolitanas. Para éstas, el programa URBACT es uno de los más valiosos (9).

6.1.2

Además de la DG REGIO, otras direcciones generales, como la DG Investigación, la DG Medio Ambiente y la DG Transportes, realizan programas específicos que con frecuencia son importantes para las metrópolis, puesto que también se inspiran en mayor medida en los objetivos de «Lisboa». No se dirigen directamente a las metrópolis como tales, pero todos los programas destinados a reforzar los resultados de las ciudades se aplican también a las metrópolis.

6.1.3

En junio de 2006, un grupo de trabajo del Consejo publicó un primer proyecto para una Agenda Territorial (10). En dicho documento se describen con todo detalle las tendencias de la sociedad europea en materia de urbanización. No obstante, sigue faltando una clara distinción entre ciudades y áreas metropolitanas.

6.2

Varios Consejos Informales de Ministros de Ordenación del Territorio se centraron en los desafíos de las (grandes) ciudades (11). La ordenación del territorio figura como competencia de la Unión en el Tratado actual, en el marco del Título «Medio Ambiente», en el artículo 175.2 (12).

6.3

El Parlamento Europeo  (13) subraya que «las ciudades y las aglomeraciones o zonas urbanas concentran al 78 % de la población de la Unión Europea y constituyen un lugar donde se concentran las dificultades […] y un lugar donde se construye el futuro […]». Asimismo, las considera protagonistas clave del desarrollo regional y del cumplimiento de los objetivos de Lisboa y Gotemburgo.

6.3.1

El Parlamento Europeo pide que todas las DG de la Comisión que trabajen directa o indirectamente sobre las cuestiones urbanas se coordinen con el fin de determinar los problemas concretos de la realidad urbana en cada ámbito de acción e indicar de manera conjunta cuáles son los impactos positivos de las políticas aplicadas. Propone la creación de un grupo de trabajo interservicios y pide que se instaure un diálogo territorial.

6.4

El Comité de las Regiones llama la atención de las instancias europeas con una insistencia cada vez mayor sobre los desafíos que afrontan las regiones urbanas. Sus conclusiones se basan en las mismas preocupaciones y principios que el PE y el CESE.

6.4.1

El Comité de las Regiones hace hincapié en las realidades de las «regiones funcionales» y la importancia de una cooperación entre socios más allá de las fronteras administrativas (nacionales, regionales y locales), que se debería fomentar mediante incentivos especiales por vía de las políticas comunitarias, como la promoción de proyectos de desarrollo estratégico de zonas de gran amplitud. Goza de especial importancia la creación de nuevas redes de cooperación entre áreas metropolitanas y regiones urbanas, así como la potenciación de las que ya existen. Especial mención merece la cooperación desarrollada en el período actual a través de la Iniciativa Interreg III, cooperación que se articulará en el período 2007-2013 a través del Objetivo Cooperación Territorial (14).

6.5

En sus declaraciones de marzo y septiembre de 2006, la red METREX (15) subraya que es necesario definir las áreas metropolitanas y reconocer que son un componente clave de la Agenda Territorial de la Unión Europea. Recomienda que se elaboren estadísticas sobre las áreas metropolitanas, comparables a escala europea. Pide que la Comisión prepare un Libro Verde con tres elementos principales: la competitividad económica, la cohesión social y la protección del medio ambiente. Considera que muchos problemas importantes a los que se enfrenta Europa, como el cambio climático, el envejecimiento demográfico o la inmigración, sólo pueden resolverse de manera eficaz e integrada con la participación de las metrópolis. Por último, considera que las áreas metropolitanas pueden desempeñar un papel esencial en la realización de los objetivos de Lisboa, en particular para asegurar la competitividad europea en la escena mundial.

6.6

Durante los quince últimos años, el número de regiones representadas en Bruselas ha aumentado considerablemente (16). En las conferencias que organizan, el desarrollo y el funcionamiento de las áreas metropolitanas suelen suscitar los debates más animados.

6.7

Un grupo de regiones representadas en Bruselas se ha unido precisamente bajo el nombre de «Las Regiones de Lisboa».

6.8

En el marco del programa ORATE, durante los últimos años se ha producido gran cantidad de información, datos, indicadores e informes sobre las regiones europeas. No obstante, para quienes observen que los límites administrativos regionales son muy diferentes de los de las áreas metropolitanas, los resultados de estos trabajos de alta calidad no aportan a los responsables del desarrollo, la ordenación y la gestión de los espacios metropolitanos la información y los análisis necesarios para definir las políticas más pertinentes, con el fin de aprovechar plenamente el potencial de las metrópolis.

6.9

La DG Regio y Eurostat pusieron en marcha el proyecto Auditoría urbana con el fin de aportar unos indicadores fiables y equiparables sobre varias ciudades (17). El CESE se congratula de los esfuerzos realizados para proporcionar datos sobre las zonas urbanas. No obstante, las características de la información facilitada no permiten todavía una amplia utilización de la misma (18).

7.1

El CESE observa que el debate sobre las áreas metropolitanas es mucho más animado que hace unos años por dos razones principales. Por una parte, la multiplicación de las metrópolis en todo el mundo ha puesto de manifiesto el establecimiento de una nueva organización urbana a un ritmo muy rápido (19). Por otra parte, el reconocimiento del vínculo existente entre el desarrollo económico, social y medioambiental de las grandes metrópolis y la Estrategia de Lisboa ha contribuido a alimentar este debate.

7.2

En todos los Estados miembros, independientemente de su tamaño y su nivel de desarrollo, se celebran debates políticos y sociales sobre el enfoque más adecuado.

7.3

Estos debates se celebran en un primer momento en un contexto nacional. No obstante, en la mayoría de los casos las autoridades reconocen que la verdadera dimensión de algunas áreas metropolitanas no se limita al territorio nacional. Ya se han citado los ejemplos de Copenhague-Malmö y Viena-Bratislava, pero no se deben olvidar otras áreas metropolitanas identificadas por las autoridades francesas, como Metz-Luxemburgo-Saarbrücken y Lille-Courtrai. En toda la Unión Europea aumenta el número de regiones transfronterizas que podrían constituir una zona metropolitana.

7.4

A pesar de la intensificación del debate durante los últimos años, el CESE señala que estas nuevas estructuras se encuentran aún en estado embrionario.

7.5

Las ciudades y áreas metropolitanas que, en su gran mayoría, quieren demostrar su importancia a escala europea y mundial presentan su realidad con cifras nacionales o regionales, pero a veces no tienen en cuenta la dimensión real del territorio al que se refieren. Esta es una de las consecuencias de la diferencia existente entre el área metropolitana y la región o regiones administrativas a que pertenecen.

7.6

No obstante las diferencias entre los enfoques y las estructuras nacionales y regionales, el CESE observa una convergencia evidente por lo que respecta a los problemas. Entre los temas más debatidos figuran:

7.7

La población no siempre tiene el sentimiento de pertenecer a una metrópolis. A las áreas metropolitanas europeas les falta legitimidad política. Las estructuras administrativas de antaño ya no son suficientes (datan de los ciclos históricos del pasado), pero los gobiernos nacionales se muestran muy sensibles a posibles resistencias contra nuevas estructuras procedentes de las partes interesadas, en particular de las entidades administrativas existentes. En cambio, los desafíos que deben afrontar las áreas metropolitanas son inmensos. Para superarlos y gestionar correctamente los avances se necesita, prácticamente en todas partes y con vistas a una estrategia de conjunto, una nueva organización de la gobernanza.

20.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 168/16

1.1

El CESE agradece y felicita a la Presidencia alemana por el trabajo de preparación y esfuerzo de transparencia y consulta desplegado en torno a la Agenda Territorial.

1.2

El CESE considera que ha llegado el momento de superar la actual fase de coordinación informal en el Consejo y pasar a una nueva fase de mayor cooperación política. Sobre la base del trabajo realizado y con las nuevas aportaciones previstas por ESPON/ORATE, es preciso dar un nuevo paso en la integración con un mandato claro a la Comisión para que tenga capacidad de iniciativa.

1.3

El CESE considera que de los debates en el Consejo sobre la Agenda Territorial deben derivarse decisiones políticas más precisas, para lo cual es necesario que la Comisión Europea tenga una mayor implicación, pues la Comisión es quien mejor puede dar coherencia y garantizar la compatibilidad de los diferentes enfoques sobre la cohesión territorial en la Unión Europea.

1.4

El objetivo de la cohesión territorial a nivel de la UE hace necesario que la Comisión se dote de un servicio específico y fuerte que analice, diagnostique y haga propuestas políticas que confirmen el valor añadido de un enfoque europeo sobre la cohesión territorial.

1.5

El CESE propone que se garantice la continuidad cuando acabe la Presidencia alemana. La Comisión debería analizar, sintetizar y poner en práctica la Agenda Territorial mediante un programa de acción respetuoso con las competencias de las políticas de ordenación del territorio de los Estados miembros y de las regiones.

1.6

El 4o Informe sobre la cohesión que está elaborando la Comisión Europea debe analizar el impacto territorial de los fondos comunitarios y establecer algunos vínculos entre la política de cohesión y los objetivos de la Agenda Territorial. El CESE considera que los programas de cooperación transfronteriza deben ser reforzados.

1.7

En la gobernanza de la Agenda Territorial deben participar de manera equilibrada las diferentes administraciones que actúan sobre el territorio: locales, regionales, nacionales y de la UE, así como la sociedad civil organizada, que debe ser consultada previamente.

1.8

El CESE propone al Consejo de ministros la puesta en marcha de un método abierto de coordinación para la Agenda Territorial, con directrices precisas, como un primer paso para incorporar estos asuntos al método comunitario, tras la aprobación del Tratado Constitucional.

1.9

El CESE desea que la UE adopte pronto el Tratado Constitucional, que incluye el objetivo de la cohesión territorial, y propone que, sobre la base del consenso existente en torno a la Agenda Territorial, el Consejo Informal de Leipzig, recomiende en sus conclusiones su puesta en marcha progresiva en lugar de señalar el carácter no vinculante de dicha Agenda.

1.10

En consecuencia, el CESE solicita a la Comisión Europea que proponga al Consejo de Ministros avanzar en la aplicación de la Agenda Territorial sobre las bases jurídicas actuales.

2.1

El 7 de noviembre de 2006, el Ministerio Federal de Transportes, Obras Públicas y Urbanismo solicitó al Comité Económico y Social Europeo, en nombre de la futura Presidencia alemana, la elaboración de un dictamen exploratorio sobre la Agenda Territorial.

2.2

En su reunión informal sobre cohesión territorial y desarrollo urbano que se celebrará los días 24 y 25 de mayo de 2007 en Leipzig, los ministros europeos aprobarán un documento de reflexión política, la Agenda Territorial de la UE  (1), basado en el informe denominado «Situación territorial y perspectivas de la UE» (2). Este informe analiza los principales retos que se le plantean a la UE en materia de política de ordenación territorial y, por medio de ejemplos, muestra cómo aprovechar mejor el potencial que representa la diversidad de los territorios de Europa para favorecer un crecimiento económico sostenible. La Agenda Territorial de la UE consta de una serie de recomendaciones destinadas a tener más en cuenta la diversidad territorial de la UE, y de un conjunto de propuestas relativas a un programa de acción sobre la política de ordenación territorial.

2.3

Desde 1995 el CESE se ha expresado a favor de una mayor cooperación en la política de ordenación del territorio europeo:

Otros dictámenes más recientes apoyan también una mayor implicación y consideración de la dimensión territorial de la integración europea:

3.1

La primera reunión informal de los ministros encargados de la ordenación del territorio y políticas territoriales en general tuvo lugar en Nantes en 1989.

3.2

Este tipo de reunión se organiza a iniciativa de las sucesivas presidencias semestrales de la UE. En 1993, en la reunión de Lieja, se decidió elaborar la Estrategia Territorial Europea (ETE)  (3) que fue adoptada en 1999 en Potsdam, y que representa el marco de referencia común de las reuniones informales de los ministros encargados de la ordenación del territorio y políticas territoriales.

3.3

En la reunión ministerial informal sobre la cohesión territorial que tuvo lugar en Rotterdam en noviembre de 2004, los ministros aceptaron integrar en su agenda política hasta 2007 la preparación de un documento de síntesis sobre «Situación territorial y perspectivas de la UE», que es el documento de base de la Agenda Territorial.

3.4

La Agenda Territorial constituye un marco estratégico que establece las prioridades para el desarrollo territorial de la Unión Europea. Contribuye al crecimiento económico y al desarrollo sostenible al reforzar la cohesión territorial, que se puede definir como la capacidad de la política de cohesión de adaptarse a las necesidades y características específicas de los desafíos y oportunidades geográficas, para lograr un desarrollo territorial equilibrado y sostenible.

3.5

El objetivo de la cohesión territorial se incorporó en el proyecto de Tratado Constitucional de junio de 2003 como tercera dimensión de la cohesión económica y social en su artículo III-116. La dimensión territorial de las políticas comunitarias es también analizada en el Tercer Informe sobre la cohesión, presentado por la Comisión en 2005. Las Orientaciones estratégicas comunitarias sobre la cohesión adoptadas en 2006 incluyen también esta nueva dimensión territorial de la cohesión.

3.6

En la reunión ministerial informal que tuvo lugar en Luxemburgo en mayo de 2005, los ministros aprobaron los siguientes temas y prioridades de la Agenda Territorial:

3.7

Entre las acciones claves se mencionan las siguientes:

4.1

La ETE es un marco de referencia común para los diferentes actores del desarrollo y ordenación del territorio (UE, estados, regiones y otros entes territoriales) que apoya la dimensión territorial de una Europa policéntrica y la necesaria territorialización de las políticas sectoriales de la UE. Es una iniciativa intergubernamental que fue adoptada en la reunión ministerial de Potsdam en 1999, y que no tiene carácter vinculante. En la práctica la ETE sólo ha sido aplicada en relación con la puesta en marcha del Observatorio en red de la ordenación del territorio europeo (ESPON (4)/ORATE) e indirectamente a través de los tres programas INTERREG.

4.2

La ETE tiene los objetivos siguientes:

4.3

Cuatro ámbitos principales interactúan entre sí y ejercen presiones importantes sobre el desarrollo territorial:

4.4

A partir de los ámbitos anteriores, la ETE establece las orientaciones siguientes:

4.5

Algunas acciones concretas previstas son:

4.6.1

El Observatorio en red de la ordenación del territorio europeo (ORATE) es un programa de investigación aplicada en el ámbito del desarrollo territorial y está financiado por INTERREG y los Estados miembros. Su objetivo es proporcionar a los responsables de la elaboración de las políticas nacionales y regionales de Europa datos sistemáticos y actualizados sobre las tendencias territoriales y el impacto de las políticas en las regiones y territorios europeos, datos que pueden contribuir de manera directa a la elaboración y aplicación de las políticas.

4.6.2

La totalidad de la investigación aplicada del programa ORATE afecta al territorio de 29 países europeos, incluidos los 27 Estados miembros de la UE más Noruega y Suiza.

4.6.3

Se tiene previsto aumentar el presupuesto de manera considerable: de los 7 millones de euros para el periodo 2000-2006, se pasa, en el nuevo Programa ORATE 2013 para el periodo 2007-2013, a 34 millones de euros que, sumados a las contribuciones nacionales, podría alcanzar los 45 millones de euros.

5.1.1

En todo lo relativo a las cuestiones que afectan al territorio, el valor añadido de un enfoque común europeo es imprescindible. La experiencia acumulada en las últimas décadas y la necesidad de tomar en cuenta la dimensión territorial de la integración europea requiere una progresiva «comunitarización» de las políticas que afectan al enfoque general del territorio europeo.

5.1.2

La Unión Europea desarrolla numerosas políticas comunitarias que actúan y tienen efectos sobre el territorio: la política de la competencia, las redes transeuropeas de transporte, telecomunicaciones y energía, la política de medio ambiente, la política agrícola, la política de investigación y desarrollo tecnológico, la política regional, las inversiones del BEI, etc. Sin embargo, la UE no dispone de un enfoque común que integre, evalúe y coordine las implicaciones de estas políticas sobre el territorio europeo.

5.1.3

Un enfoque común del territorio europeo necesita de objetivos y directrices comunes europeas. El valor añadido de estas directrices territoriales europeas es claro respecto a objetivos tales como: la protección del medio ambiente, un desarrollo urbano policéntrico y sostenible, las redes transeuropeas, la prevención, a través de planes europeos, de las catástrofes naturales, tecnológicas y del cambio climático.

5.1.4

El llamado «método comunitario» (5) es aquél en el que la Comisión, de propia iniciativa o por iniciativa de otras instancias comunitarias, elabora propuestas concretas para su eventual adopción por el Consejo de Ministros, y en su caso, en codecisión con el Parlamento Europeo.

5.1.5

Para algunas políticas, el Consejo ha puesto en marcha el llamado «método abierto de coordinación», que supone un procedimiento de actuación política menos intensa y precisa que el método comunitario. El CESE considera que para los asuntos de la Agenda Territorial el método abierto de coordinación puede ser útil como un paso previo al método comunitario. Se puede trabajar a través del método abierto de coordinación hasta la aprobación del Tratado Constitucional, que permitirá utilizar el método comunitario.

5.1.6

Pero como ha puesto de manifiesto la experiencia europea en otras políticas, este sistema solo es útil cuando la Comisión tiene un papel muy activo y se trabaja con unos objetivos y unas directrices muy precisas.

5.1.7

Con independencia de la solución que se dé al proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, que incluye la cohesión territorial en el título de su sección III con el respaldo del CESE, los artículos siguientes del actual Tratado (TCE) en vigor deberían servir de base jurídica para elaborar un enfoque común para el territorio europeo, asumiendo que es una competencia de la Unión Europea:

5.2.1

La política regional comunitaria es un instrumento clave para la cohesión económica y social, para la convergencia económica y, en general, para el proceso de integración europeo.

5.2.2

El CESE ha apoyado siempre dicha política, que persigue y logra la reducción de las disparidades entre regiones europeas.

5.2.3

Esta política regional, que es uno de los mayores éxitos entre las políticas comunitarias, debe continuar funcionando ante las nuevas disparidades que existen tras el proceso de ampliación.

5.2.4

Dicha política regional no es incompatible, sino todo lo contrario, con una política efectiva de cohesión territorial, como se propone en la Agenda Territorial, a desarrollar en el marco del nuevo periodo 2007-2013.

5.3.1

Las dos últimas ampliaciones crean nuevos desafíos para el territorio europeo que ha pasado desde 2004 de 15 a 27 Estados miembros, aumentando su población un 28 % (de 382 a 490 millones de habitantes) y su territorio un 34 % (de 3,2 a 4,3 millones de km2). Esta nueva dimensión y la diversificación de sus características territoriales hacen urgente una visión de conjunto de esa realidad territorial y geográfica y de sus posibles evoluciones.

5.3.2

Las dos últimas ampliaciones representan un desafío territorial importante que debe ser analizado en profundidad por la Comisión Europea.

5.3.3

El número de las regiones fronterizas internas y externas ha aumentado considerablemente. Las regiones fronterizas representan un desafío y una oportunidad concreta para que el proceso de integración se traduzca en realidades tangibles.

5.4.1

Los desafíos y riesgos que afectan al territorio europeo, se deben resolver desde un enfoque europeo. El valor añadido de una visión de conjunto del territorio europeo es indiscutible y dicha visión de conjunto debería ser reconocida como una necesidad estratégica clave.

5.4.2

Conviene señalar algunas características del territorio:

El territorio, como estructura física y geográfica, es, por lo tanto, de una importancia estratégica fundamental. Las evaluaciones de impacto que realiza la Comisión deben incluir este enfoque territorial, para lo que es necesaria la colaboración de ORATE.

5.5.1

La UE debe dotarse de un sistema adecuado de gobernanza, en el que los distintos niveles de gobernabilidad territorial estén debidamente equilibrados, pues sobre el territorio actúan los gobiernos locales, regionales, nacionales y de la UE. El principio de subsidiariedad debe ser respetado, pero asegurando la coherencia y el enfoque holístico, común y compartido.

5.5.2

También es necesario que la sociedad civil participe en los diferentes niveles a través de los procedimientos estructurados de diálogo social y de diálogo civil. En muchos Estados miembros y en muchas regiones europeas existen consejos económicos y sociales (u organismos afines) que deben ser movilizados para que, junto con los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil, participen activamente en los sistemas de consulta y gobernanza de los asuntos territoriales.

6.1

La Agenda Territorial está basada en el documento «El estado y las perspectivas del territorio de la Unión Europea», que más que un documento de síntesis es un documento en el que las sucesivas presidencias semestrales han ido incorporando diferentes contribuciones. El documento hace una presentación en 197 parágrafos de todos los desafíos que afectan al territorio y en este sentido supone una guía muy útil a partir de la cual la Comisión debería proponer un plan de acción.

6.2

La Agenda Territorial debería integrar las estrategias territoriales de los Estados miembros, y tener en cuenta la dimensión territorial de las demás políticas comunitarias buscando complementariedades y sinergias para llegar a una síntesis europea a través de unas directrices sobre una estrategia territorial para la UE que se proponen en el punto 8.

6.3

La Agenda Territorial de la UE debe orientar su desarrollo con un enfoque de sostenibilidad económica, social y medioambiental.

7.1.1

La cohesión territorial persigue introducir un enfoque territorial europeo que enmarque y haga compatibles las estrategias territoriales formuladas e implementadas por los Estados miembros y por las regiones.

7.1.2

La cohesión territorial debe centrarse en aquellas cuestiones que afectan a la ordenación del territorio, en primer término, y a la planificación urbana y regional, en segundo término. Tal y como señaló la CEMAT (6) en 1994: «La ordenación del territorio es el instrumento idóneo para la implementación del desarrollo sostenible, en la escala territorial.»

7.1.3

Es necesario, en este sentido, trabajar en la clarificación conceptual, metodológica y lingüística de la ordenación del territorio. La ordenación del territorio es un enfoque interdisciplinario y constituye una prioridad transversal que afecta a diversos temas y sobre todo al medio ambiente, el transporte y comunicaciones, la vivienda y los asentamientos humanos e industriales etc.

7.2.1

En el marco de la estrategia de Lisboa, el CESE propone un desarrollo económico más equilibrado en el territorio europeo, para que todos los ciudadanos y todos los territorios se beneficien del desarrollo, incluyendo las regiones con desventajas naturales y estructurales permanentes (7).

7.2.2

El conjunto de las políticas europeas deben promover el objetivo de la cohesión social. El CESE propone que entre los objetivos de la Agenda Territorial se incluyan los de la cohesión social, porque el territorio es el lugar donde viven las personas, donde encuentran las oportunidades y padecen los problemas.

7.2.3

Un desarrollo policéntrico para las áreas urbanas y metropolitanas y una adecuada relación entre éstas y las áreas periféricas y las áreas rurales pueden favorecer un mayor equilibrio económico y social en Europa. La lucha contra la pobreza y la exclusión social, la integración de los inmigrantes (8), el impulso a las políticas de vivienda, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de servicios públicos de calidad. deben ser también algunos de los objetivos fundamentales del enfoque territorial.

7.3.1

Todos los informes más recientes sobre el cambio climático llaman la atención sobre la gravedad del problema. Está claro que el calentamiento del planeta es un hecho, no una opinión. Muchos de los efectos del cambio climático comienzan a plasmarse en el territorio. La ordenación del territorio debe asumir este nuevo desafío para tratar de paliar y corregir algunos de los efectos que el cambio climático provocará sobre el territorio.

7.3.2

Es necesario elaborar un plan europeo para hacer frente a los riesgos y catástrofes naturales. No se trata de hacer ciencia ficción. El reciente informe del economista Stern (9), encargado por el gobierno británico, da la medida de lo que el planeta se está jugando: se necesitaría invertir al menos un 1 % del PIB mundial en la lucha contra el cambio climático para evitar que los costes globales y los riesgos del mismo provoquen una caída del 5 % del PIB mundial, que puede llegar a un 20 % del PIB mundial si continúan creciendo, en la misma progresión que ahora, los efectos más nocivos del calentamiento.

7.3.3

El cambio climático puede afectar negativamente a la cohesión y la competitividad, a la calidad de vida y al desarrollo sostenible en un plazo más corto que el previsto hasta ahora, como confirma el reciente informe del grupo de expertos de la ONU sobre el cambio climático presentado en París el 2 de febrero 2007. El CESE propone que se tengan en cuenta los efectos del cambio climático en la ordenación del territorio.

7.3.4

Entre los riesgos que es preciso considerar se deben incluir los derivados de catástrofes tecnológicas (crisis radioactivas, químicas o bacteriológicas), producidas por accidentes o por ataques terroristas y prever eventuales desplazamientos masivos de la población.

7.4.1

La idea de las redes transeuropeas de transporte (RTE-T) aparece a finales de los años ochenta, vinculada al mercado único. Hablar de mercado único y de la libertad de circulación sólo tenía sentido si las diferentes redes nacionales y regionales de transporte estaban conectadas entre sí mediante un sistema europeo de infraestructuras modernas y eficaces.

7.4.2

Desde 1992 el Tratado dedica el Título XV (artículos 154, 155 y 156) a las redes transeuropeas. Quince años después el balance es decepcionante e incluso preocupante. Dificultades de financiación y falta de voluntad política explican en parte este pobre balance. El CESE lamenta el olvido y el abandono político con que los gobiernos han enterrado la Iniciativa de crecimiento (10) de 2003 que incluía la construcción de grandes redes transeuropeas. El CESE pregunta: ¿En qué medida la falta de una visión global del territorio europeo y de sus infraestructuras están en la base del pobre balance que ofrecen las redes transeuropeas de transportes, telecomunicaciones y energía?

7.4.3

El CESE quiere resaltar como uno de los objetivos fundamentales que todas las personas y todos los territorios deben disponer de una adecuada accesibilidad y conectividad a las redes de transporte. A través de una red paneuropea equilibrada y con unas buenas conexiones a la misma de las ciudades pequeñas, las áreas rurales y las regiones insulares.

7.4.4

En la actualidad Europa no dispone de una adecuada red para la energía (electricidad, petróleo y gas). Esta ausencia puede colapsar la actividad económica. Además supone una gran desigualdad de oportunidades para las regiones y territorios que en la actualidad no tienen acceso a estas redes.

7.4.5

Es imprescindible en la política europea de energía considerar el enfoque territorial, tanto desde el punto de vista de la protección de los recursos naturales como desde la cohesión social y territorial.

7.4.6

Igualmente para el desarrollo de la estrategia de Lisboa es necesario que todos los territorios y todos los ciudadanos tengan acceso a la sociedad de la información y a sus redes, a la circulación del conocimiento y a la formación. La Agenda Territorial de la UE debe considerar prioritariamente este enfoque.

7.5.1

El objetivo de la protección del medio físico, de la conservación del medio natural y de la biodiversidad en Europa solo es posible con un enfoque político común sobre el territorio. Desde este punto de vista el valor añadido europeo es imprescindible.

7.5.2

La Agenda Territorial debe sentar las bases para una nueva política europea más eficaz de protección del medio natural y de conservación de la biodiversidad (11).

7.6.1

Europa dispone de un importantísimo patrimonio cultural que la UE debe proteger. Todas las regiones de Europa disponen de una gran diversidad cultural que es la base de la historia y de la identidad de los europeos.

7.6.2

La Agenda Territorial debe favorecer la conservación de este rico y diverso patrimonio cultural, que además se debe potenciar como factor endógeno de desarrollo económico y de cohesión social.

8.1

Las directrices para una estrategia territorial de la UE deben buscar la máxima eficiencia económica, cohesión social y sostenibilidad medioambiental respetando el principio de subsidiariedad y de proporcionalidad.

8.2

Las directrices para una estrategia territorial sostenible para el territorio comunitario, sin interferir en las competencias de las políticas de ordenación del territorio de los Estados y regiones, son un marco de referencia para el territorio europeo que deben dar contenido y sentido a la cohesión territorial.

8.3

Las directrices para una estrategia territorial que persigan la cohesión económica, social y territorial deberían abordar de forma prioritaria:

20.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 168/22

1.1

Era imposible abarcar en este dictamen todas las actividades de la DG COMP (1). Sólo podían estudiarse someramente algunos casos seleccionados y no se han excluido las sentencias judiciales de casos de antitrust, fusiones y ayudas estatales, ya que para ello habría sido necesario un estudio exhaustivo de conductas de mercado detalladas y de cómo las autoridades las valoraron. No obstante, del Informe se deduce claramente que la actitud de la DG Competencia se caracteriza por la perseverancia a la hora de cumplir los procedimientos y el empeño en encontrar soluciones apropiadas y prácticas a los problemas surgidos. Si alguna crítica puede hacerse es que tal vez pudieran mencionarse algunos asuntos concretos en los que la importancia del sector, desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos de la competencia internacional recogidos en la Agenda de Lisboa y en la documentación anexa, no justificaba la atención que les prestó la Comisión. Para el CESE, los ejemplos son el documento de seguimiento del Informe de 2005 «Servicios profesionales — Prosecución de la reforma» y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Avances de los Estados miembros en la revisión y eliminación de las restricciones de la competencia en el ámbito de los servicios profesionales». En opinión del Comité, la llamada de la Agenda de Lisboa a la liberación de los servicios es de aplicación esencialmente a los servicios de alcance internacional (infraestructuras, telecomunicaciones, transporte, etc.) y no se preocupa tanto por las profesiones liberales (arquitectos, abogados, médicos, ingenieros, contables y farmacéuticos). La mayoría de éstos son pequeños empresarios y su importancia es sobre todo local. En consonancia con el principio de subsidiariedad, la competencia corresponde a los Estados miembros (véase el caso Cipolla-Macrino, asuntos C-94/04 y C-202/04) (2). No puede negarse que son necesarias ciertas restricciones para garantizar una calidad profesional elevada, adquirir la experiencia precisa y justificar la confianza que se deposita en ellos, en línea con las expectativas de la sociedad. El Comité acoge con satisfacción los detallados estudios de los mercados de las distintas profesiones liberales en los Estados miembros, en los cuales se evalúan el alcance y la intensidad de las restricciones existentes. Al propio tiempo debe insistirse en que no sólo han de analizare los efectos económicos de la liberalización de las pautas de la competencia que se propone, sino también sus posibles repercusiones en la estructura de la sociedad. Ello no excluye los procedimientos antitrust de las autoridades nacionales responsables de la competencia, dirigidos principalmente contra los esfuerzos de las asociaciones profesionales para fijar los precios.

1.2

Se ha aconsejado al CESE que confíe más en la amplia experiencia y conocimientos profesionales de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones representadas en el Comité para el seguimiento de la actividad de la DG COMP. Incluso se ha sugerido que el Comité podría llevar a cabo ocasionalmente investigaciones con vistas a iniciar acciones para casos de antitrust y ayudas estatales. La DG Competencia de la Comisión podría ayudar aportando información periódica sobre sus objetivos políticos e incluso su actividad en la gestión de casos, con las debidas limitaciones de confidencialidad.

1.3

Podrían celebrarse reuniones asiduas entre representantes del CESE y el funcionario de enlace con los consumidores de la DG Competencia. El intercambio de información podría promover el diálogo actual con las organizaciones para la protección de los consumidores. Cuando la DG COMP resume las conclusiones de las investigaciones sectoriales (3) que afectan a la energía (gas y electricidad) y a los servicios financieros (banca minorista y seguros a las empresas), deberían comunicarse sus conclusiones a los representantes del CESE, para que las estudien y hagan sus observaciones (preferiblemente en un grupo de trabajo).

1.4

El CESE toma nota de la necesidad de resumir sus puntos de vista sobre el impacto de la política de competencia en los valores económicos y sociales que se recogen en el mandato del Comité. A tal fin, en un futuro inmediato deberían iniciarse trabajos encaminados a publicar un estudio para interpretar los conceptos de competencia y competitividad (incluido su contenido actual) siguiendo el espíritu de la Agenda de Lisboa y valorar su probable impacto social en los Estados miembros.

1.5

Cuando la DG COMP inició el debate sobre la aplicación del artículo 82 del Tratado CE (abuso de posición dominante), publicó un documento sobre la conducta excluyente, dañina para los competidores y para la propia competencia. Este documento ha sido ampliamente debatido. La Comisión ha prometido hacer un seguimiento estudiando la explotación abusiva de posición dominante, que es una cuestión aún más delicada desde el punto de vista de los consumidores y de los proveedores (PYME) de las empresas con una posición dominante. El Comité opina que la Comisión debería preparar el documento sobre conductas explotadoras según el artículo 82 del Tratado CE. Tal documento podría servir de base para los debates y, una vez determinadas suficientes características comunes de ambos tipos de conducta abusiva (la de exclusión y la explotadora), podrían establecerse directrices unificadas que incluyan las conclusiones sobre la interpretación de las normas sobre abuso de posición dominante.

2.1

El libre mercado no siempre conduce al mejor resultado posible. Las distorsiones de la competencia afectan a los trabajadores y consumidores, así como a las empresas y a la economía en general. La legislación sobre competencia es un instrumento con el que los gobiernos establecen e imponen una conducta justa en los mercados a través de unas normas de procedimiento básicas del Derecho administrativo.

2.2

Al presentar el CESE su Dictamen sobre el informe, merece la pena señalar que los modernos Estados democráticos orientados a la economía de mercado poseen dos conjuntos principales de instrumentos para influir en la economía:

2.2.1

La DG Competencia tiene la posibilidad de utilizar ambas políticas: la aplicación de los artículos 81, 82 y 86 (4) del Tratado CE representa las actividades típicas de las autoridades responsables de la competencia.

2.3

Otra consideración importante es que en general se admite que la competencia leal, sin distorsiones y clara entre los agentes del mercado es probablemente para los consumidores la mejor garantía de que la calidad y variedad de los productos responderá a sus expectativas. No obstante, no debe olvidarse que muchas otras circunstancias influyen en el denominado beneficio para los consumidores: la situación general de la sociedad, unos factores materiales y morales favorables o desventajosos, etc. El Comité Económico y Social Europeo (en lo sucesivo «el CESE» o «el Comité») desea situar el informe de la DG Competencia en un contexto general y estudiarlo desde la perspectiva de los valores del Comité que se recogen en su mandato.

3.1

Cuando la Comisión Europea ejerce sus facultades para obligar al cumplimiento de la ley mediante la aplicación de las disposiciones antitrust (sobre conductas contrarias a la competencia) de los artículos 81 y 82 del Tratado de Roma, tales facultades se dirigen hacia las empresas de los Estados miembros (5). Por tanto, las acciones de la Comisión pueden compararse con el ejercicio de una competencia cuasi judicial, puesto que juzga la conducta de las empresas en el mercado a posteriori, de conformidad con la legislación sobre competencia. Esta actividad, que corresponde a la Dirección General de Competencia de la Comisión (DG COMP) desde principios de la década de 1960, se refleja en las decisiones de la Comisión, que, junto con las sentencias del Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (a través de los recursos) ha desarrollado a lo largo de cuarenta y cinco años un sistema legal de precedentes. La jurisprudencia acumulada de esta forma, juzgando distintas situaciones de mercado, es uno de los más valiosos logros del acervo comunitario.

3.2

Del Informe de 2005 se desprende claramente que la DG COMP es muy consciente de todas las facetas destacadas de la competencia económica dentro y fuera de la UE, así como de su papel a la hora de garantizar su protección legal. Tanto más cuanto que la exhaustiva jurisprudencia de la UE pueden aplicarla igualmente los tribunales y las autoridades nacionales responsables de la competencia, de tal modo que estas normas van conformando continuamente las prácticas legales nacionales y europeas.

Por lo que se refiere a 2005, el CESE desea comentar las siguientes iniciativas, propuestas y medidas:

3.2.1

Reglamento sobre el acceso a los expedientes de la Comisión Europea en asuntos de antitrust y de fusiones: ésta ha sido siempre una cuestión delicada en cuanto a los procedimientos. La Comisión perfecciona continuamente sus detalles. La Comisión considera importante garantizar que las empresas interesadas en los procedimientos antitrust o de fusión tengan acceso a los expedientes, tanto en papel como en formato electrónico. El nuevo Reglamento sustituye a un texto anterior aprobado en 1997.

3.2.2

Petición a los posibles denunciantes de que faciliten información que contribuya a la aplicación efectiva de las normas sobre competencia: resulta llamativo que esta petición se publique en el Informe objeto de revisión. Destaca las dificultades que tienen las autoridades responsables de la competencia para controlar los mercados y pide a las organizaciones de la sociedad civil y a las asociaciones profesionales que participen en el inicio y realización de las investigaciones (por ejemplo, recogiendo pruebas) sobre infracciones graves de la legislación sobre competencia.

3.2.3

Documento de reflexión sobre la aplicación del artículo 82 del Tratado CE (abuso de posición dominante): el objetivo de la DG COMP era generar un debate entre especialistas sobre la conducta contraria a la competencia y excluyente de las empresas con un poder en el mercado suficiente para influir en la conducta de sus competidores y conseguir sobre ellos ventajas unilaterales. Se aportaron más de cien contribuciones al documento de reflexión (que sirve de base para futuras directrices). En la mayoría de dichas contribuciones se subraya la necesidad de un análisis económico del mercado en cuestión y de sus agentes. No es posible negar la verdad de estas observaciones, aunque muchas contribuciones destacan la importancia de reconocer el principio de no obstaculizar a las empresas eficientes cuando aplican sus estrategias de mercado. Por tanto, esta teoría ahora de moda, en lugar de condenar estrictamente la conducta no equitativa, defiende una mayor indulgencia («regla del sentido común») hacia las estrategias empresariales eficaces, aunque belicosas. Sin embargo, según la jurisprudencia europea (6), estas ideas no concuerdan con la intolerancia hacia la conducta de mercado no equitativa que pretende eliminar a los competidores no deseados, intolerancia que es la postura predominante en Europa (7). No cabe duda de que marcar la línea divisoria que no deben traspasar los agentes decisivos del mercado es un problema fundamental para las políticas de competencia. Dado su papel en la defensa de los intereses de la sociedad civil (PYME (8), trabajadores, consumidores, etc.), el CESE espera con inquietud el resultado del debate.

3.2.4

Las directrices de evaluación de impacto prevén la revisión de todas las iniciativas legislativas y políticas incluidas en el Programa anual de trabajo de la Comisión Europea desde el punto de vista de las probables repercusiones positivas o negativas sobre la competencia: el objetivo es evitar «unas restricciones innecesarias o desproporcionadas de la competencia» ya en la fase legislativa en la UE. Los esfuerzos por cuantificar los probables efectos en los mercados (¿cuáles?) son una prueba de hasta qué punto ha arraigado en el enfoque de la Comisión la idea de una competencia «vigorosa» o «perfecta» (es decir, leal y sin distorsiones). El CESE considera que la «competencia» debe entenderse en un sentido mucho más amplio y que, especialmente en el caso de los consumidores, los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas, los intereses a largo plazo podrían diferir considerablemente de los inmediatos de garantizar las condiciones que permitan una competencia «perfecta» (9).

3.2.5

Libro Verde — Reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia. El reciente dictamen del CESE sobre el Libro Verde, de 26 de octubre de 2006, valoraba positivamente los esfuerzos de la Comisión en este ámbito. La publicación del Libro Verde de la Comisión Europea sobre reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia ha sido bien acogida y ha abierto un amplio debate sobre la necesidad de facilitar a los perjudicados por prácticas contrarias a la competencia que reclamen daños y perjuicios. En su dictamen de 26 de octubre de 2006 (INT/306), el CESE afirma, entre otras cosas, que el objetivo es garantizar la protección efectiva de todos los que participan en el mercado único europeo. Dada la libre circulación de bienes, ha de existir en todos los países cierto grado de uniformidad en cuanto a los derechos y obligaciones contractuales. Por lo que se refiere a las transacciones transfronterizas, debe trabajarse para alcanzar un determinado grado de armonización entre las distintas legislaciones nacionales.

3.2.5.1

En segundo lugar, debe tenerse presente la existencia de las autoridades responsables de la competencia, tanto europeas como nacionales, cuya misión consiste en determinar cuáles son las prácticas prohibidas y establecer las sanciones económicas que pudieran imponerse a las empresas que incumplan las normas.

3.2.6

Inicio de investigaciones en los sectores del gas y la electricidad recientemente liberalizados: sin duda tales investigaciones contribuirán a aclarar la situación real en estos sectores de gran importancia y diversidad, en los que durante mucho tiempo se ha considerado que la liberalización es una panacea. Ha llegado el momento de que los mercados locales, nacionales e internacionales se sometan a un escrutinio imparcial que arroje luz sobre numerosas situaciones de monopolio perjudiciales para los consumidores, los trabajadores y las empresas.

3.2.7

Comunicaciones electrónicas: existe una insatisfacción creciente con los mercados europeos de comunicaciones electrónicas, cada vez más integrados. Los precios mayoristas (entre operadores) de los operadores de redes móviles para servicios de itinerancia internacional son excesivamente elevados. Por este motivo la DG COMP ha puesto en marcha investigaciones a través de la presentación de pliegos de cargos a las empresas operadoras. La conclusión provisional de la investigación fue que dos de las tres empresas alemanas principales estaban abusando de su posición dominante y cobrando «precios no equitativos y excesivos».

3.2.7.1

El CESE desea aprovechar esta oportunidad para afirmar sin ambages que el concepto y la expresión «precios excesivos» han ido deslizándose progresivamente en la interpretación del artículo 82 del Tratado CE (10), mientras que en la redacción del Tratado sólo se dice «imponer precios no equitativos», en otras palabras, precios injustos o injustificados. La razón por la cual la Comisión Europea ha rechazado hasta el momento investigar y actuar contra la conducta de mercado por la que las empresas dominantes aplican unas subidas de precios abusivas es su renuencia a definir qué son precios «adecuados» o «inadecuados» (11) (especialmente cuando se trata de servicios que se suministran en distintos países). Sin embargo, los operadores de telefonía móvil reciben una demanda de servicios internacionales (itinerancia) mayor y las actitudes de los clientes son cada vez más sensibles a los costes. Consideran, con razón, que incluso un ligero aumento de precio podría ser «no equitativo», sin por ello ser de hecho «excesivo». El CESE espera con interés las conclusiones y decisiones de la Comisión en éste y otros casos similares.

3.2.8

Decisión de multar a la empresa AstraZeneca por hacer un uso ilegal del sistema normativo: la Comisión adoptó un nuevo enfoque en la interpretación del artículo 82 del Tratado CE al multar a AstraZeneca AB y AstraZeneca Plc (AZ) con 60 millones de euros por incumplimiento del artículo mencionado, así como del artículo 54 del Tratado, por el que se establece el Espacio Económico Europeo. El abuso cometido consistió en que las empresas fusionadas –para conservar la protección de los derechos de propiedad intelectual que les permitía mantener un precio elevado para sus productos en muchos mercados– iniciaron unos procedimientos oficiales basados en un Reglamento del Consejo para obtener un certificado complementario de protección para la patente de Losec, su producto contra la úlcera. El abuso implicaba proporcionar información engañosa a las correspondientes autoridades y organismos responsables, con el resultado de una ampliación de la patente. En consecuencia, se consideró que la patente de Losec no había vencido y Losec no pasó a ser un medicamento genérico, de forma que las empresas más pequeñas capaces de comercializar este producto contra la úlcera no podían fabricarlo a un precio mucho menor que el de las empresas de AstraZeneca. Por tanto, el efecto de posponer la expiración de la patente perjudicó indirectamente a los consumidores.

3.2.8.1

La novedad de este procedimiento antitrust era que, en su decisión, la Comisión determinó que aun cuando los competidores pudieran recurrir el procedimiento de ampliación de la patente, ello no excluía la aplicación del artículo 82 del Tratado CE. Las empresas de AstraZeneca se encontraban en una posición dominante en los mercados europeos (y no europeos) en cuestión, y el abuso se había cometido con procedimientos iniciados de forma fraudulenta.

3.2.8.2

El CESE desea aprovechar esta ocasión para señalar que este tipo de conducta de mercado responde más bien a la categoría de prácticas desleales de mercado (12), que aún no se incluyen en el mandato de la DG Competencia. En esta ocasión concreta, el abuso se cometió desde una posición dominante, pero en muchos otros casos las empresas realizan acciones similares independientemente de su poder en el mercado y quedan impunes. Pensando en términos de mercados europeos integrados, también es preciso lograr una mejor protección para los consumidores y los competidores, que habitualmente son PYME. La decisión de la Comisión en el caso AstraZeneca habla de avances probables en esta dirección.

3.2.9

Decisión referente al administrador supervisor en el caso Microsoft: este conocido caso ha tenido repercusiones significativas para las empresas estadounidenses, que han aprendido que el sistema legal europeo, actúa como guardián, incluso ante poderosos agentes que no pertenecen al mercado de la UE. La última decisión demuestra hasta qué punto es flexible la Comisión Europea a la hora de buscar y diseñar soluciones aceptables para ambas partes y que permitan a las empresas que hayan incumplido la normativa de la Comunidad volver a las condiciones normales de competencia. De hecho, el nombramiento de un administrador (13) que supervisara que este gigante de la TI cumplía lo impuesto por la Decisión es un instrumento tomado de la práctica de control de las fusiones y refleja las buenas intenciones de la DG COMP en lo que respecta a la cooperación para resolver conflictos.

3.2.10

Inicio de investigaciones sectoriales de los servicios financieros: el Comité respalda las investigaciones puestas en marcha en el ámbito de las tarjetas de pago y los servicios de la banca minorista (cuentas corrientes e instrumentos para la financiación de PYME), así como de un caso especial en los seguros a las empresas (véase el punto 3.2.10.2).

3.2.10.1

Por lo que se refiere a los servicios bancarios arriba señalados, la competencia parece enfrentarse a unas barreras de entrada, falta de elección real y, posiblemente, la existencia de posiciones dominantes.

3.2.10.2

En cuanto a los seguros a empresas, la investigación sectorial «examinará en particular el grado de cooperación entre aseguradores y asociaciones de seguros en ámbitos tales como las condiciones de las pólizas normales (14). Aunque en muchos casos esta cooperación puede generar eficiencia, las formas de cooperación potencialmente falseadoras pueden limitar la capacidad de la demanda de negociar los términos de la cobertura y pueden también restringir la competencia y la innovación en el mercado».

3.2.11

Propuesta de la Comisión sobre las obligaciones de servicio público y contratos en el transporte de pasajeros por ferrocarril, carretera y vías navegables: la propuesta revisada sobre las obligaciones de servicio público y contratos en el transporte de pasajeros puede promover la participación de las PYME de estos ámbitos, situándolas así en mejor posición para intervenir en el transporte local.

3.2.12

Creación de la Dirección especializada en la lucha contra los cárteles: el CESE respalda plenamente los avances logrados en la resolución profesional de los casos de cárteles.

3.2.13

Desde el 1 de mayo de 2004 los Reglamentos 1/2003 y 773/2004 sobre procedimientos antitrust han introducido un nuevo sistema para identificar las posibles actuaciones contra la competencia y los efectos de los acuerdos concluidos por los agentes del mercado. Las notificaciones para conocer la posición preliminar de las autoridades responsables de la competencia en cuanto a la posible naturaleza contraria a la competencia de la empresa en participación prevista y los acuerdos de cooperación (horizontal y vertical) ya no pueden dirigirse a la Comisión Europea ni a las autoridades correspondientes de los Estados miembros. Esto significa que, en vez de una exención individual, en forma de «carta de garantía» o «certificación negativa» emitidas por la DG COMP antes del 1 de mayo de 2004, son las propias empresas las que deben supervisar escrupulosamente todos los aspectos del acuerdo previsto para verificar que cumple alguna de las condiciones (o todas) del artículo 81(3) del Tratado CE (15) en cuanto a los efectos beneficiosos en los mercados correspondientes. Una de las condiciones es que si se concluye un acuerdo de estas características (especialmente empresa en participación) en un determinado mercado y ello produce beneficios a los participantes, una parte ha de llegar a los consumidores.

3.2.13.1

El CESE desea insistir en que el incumplimiento de la condición recogida en la última frase del punto anterior no debe ser motivo para considerar una determinada conducta contraria a la competencia. Al evaluar aquellos acuerdos que infrinjan el artículo 81 (1), la Comisión debería matizar toda prueba que demuestre que se pretendía una conducta perjudicial para los consumidores, como circunstancia agravante.

4.1

Una de las funciones destacadas de la Comisión es examinar la previsible estructura de los mercados y el predominio de fusiones efectuadas por empresas que buscan concentrar sus capacidades de desarrollo, fabricación y mercado a fin de consolidar su poder en el mercado y mejorar su posición. No sólo las fusiones de empresas, sino incluso las empresas en participación pueden considerarse concentraciones si los poderes ejecutivos están centrados en una única estructura de dirección unificada y si los distintos participantes actúan como un único agente del mercado en cuestión. Entre las ventajas de las concentraciones figuran aumentar la eficiencia, agilizar el desarrollo de productos, reducir costes y lograr sinergias en la gestión. Sin embargo, desde el punto de vista de la política de competencia, las concentraciones pueden resultar desfavorables, porque al aglutinar los poderes del mercado se crean a menudo posiciones dominantes, lo cual, a su vez, supone un elevado riesgo de abusos. A veces las fusiones pueden tener repercusiones negativas. Diversos estudios han demostrado que no siempre fomentan la eficacia o el empleo. A largo plazo, los beneficios y el valor de una empresa pueden verse incluso perjudicados. Las fusiones también producen la pérdida de muchos puestos de trabajo. Por tanto, al evaluar las fusiones también es importante valorar los aspectos del empleo y de la política social (los puestos de trabajo). La mejor forma de valorar si los efectos de una concentración podrían distorsionar la competencia es comprobar distintos aspectos de la fusión proyectada respecto de las condiciones que se especifican en el artículo 81.3 del Tratado CE (véase la nota a pie de página número 12). Si la estructura de mercado y el poder en el mercado de las empresas afectadas por la fusión cumplen las condiciones establecidas en dicho artículo, se considera que la concentración es aceptable. Existe una relación importante con el control de las concentraciones (que es esencialmente un instrumento de la política industrial) y las normas de defensa de la competencia, que ayudan a las autoridades a aplicar la política de competencia en su sentido más estricto.

4.1.1

Cuando superan determinados límites máximos de ventas en la UE y en el mundo, las empresas deben notificar a la Comisión Europea su intención inequívoca de aglutinar poder de mercado (concentraciones), y la DG Competencia llevará a cabo los procedimientos de la Fase I y, ocasionalmente, de la Fase II. La obligación de notificar a la Comisión no depende de la fuerza en el mercado: lo que la Comisión tiene en cuenta es si la concentración reduciría la competencia de forma significativa, por ejemplo creando o reforzando una posición dominante.

4.2

Uno de los principales objetivos (o resultados esperados) del control de las operaciones de concentración es promover la competitividad internacional de los fabricantes y distribuidores europeos (16). El problema inherente de las prácticas de la UE es que las empresas consiguen una posición de mercado tan sólida a través de las fusiones que pueden verse tentadas a restringir la competencia en el mercado común. La Comisión ha hecho grandes esfuerzos para compensar tal riesgo imponiendo distintas condiciones para la certificación (es decir, «soluciones»), recomendando desinversiones, la venta de derechos de propiedad intelectual, el abandono de la distribución en algunos países, etc. En todo caso, el estudio de las impresionantes estadísticas de fusiones lleva a la conclusión de que no es posible deducir si:

4.3

En octubre de 2005, la DG Competencia publicó un Estudio sobre la política de soluciones en casos de concentraciones en el que se detallan los compromisos señalados a las empresas como requisitos previos para la certificación, a fin de aliviar los posibles efectos contrarios a la competencia, junto con detalladas evaluaciones ex post de dichos compromisos. En más del 40 % de los casos aprobados se han presentado cuestiones graves sin resolver (transferencia incompleta de las empresas objeto de desinversión, delimitación incorrecta de los activos, etc.). Esto puede servir de recordatorio de la necesidad de evaluar toda posible conducta contraria a la competencia que infringe el artículo 82 (CE) a la luz del aumento de poder de mercado de las partes interesadas derivado de las fusiones certificadas.

5.1

Una de las principales tareas de la DG Competencia es supervisar la actividad de los Estados miembros: qué empresas reciben ayuda financiera y sobre qué base. Dado que la Unión Europea pretende garantizar la igualdad de condiciones a todas las empresas presentes en el mercado común, la idea de «ayudas estatales» se ha definido cuidadosamente y en todos los casos se ha interpretado en relación con las políticas industriales de los gobiernos. El escrutinio no se limita a las intervenciones financieras directas, sino que se extiende también a las exenciones fiscales y a cualquier otro tipo de beneficio otorgado a las empresas de forma selectiva. La Comisión Europea puede considerarlos inaceptables si distorsionan la competencia.

5.2

En 2005, la DG Competencia intentó alcanzar una mejor comprensión de los objetivos de las ayudas estatales en los Estados miembros y de las normas que se aplican para asignarlas. El propósito de esta iniciativa era contribuir al éxito de la agenda de Lisboa utilizando las ayudas para fomentar la competitividad de la economía de la UE en conjunto. Con vistas a mejorar la coordinación entre las partes interesadas (es decir, los organismos estatales, las empresas y sus asociaciones), así como para dirigir los fondos públicos hacia sectores en los que pudieran utilizarse con eficacia, puso en marcha un Plan de acción de ayudas estatales (17). Los principios rectores del Plan no anulan las prácticas existentes, sino que pretenden contribuir a establecer unas mejores prácticas a las que los Estados miembros puedan adaptarse. Siguen algunas observaciones:

5.2.1

Los ejemplos «buenos y malos» que presenta el informe reflejan la diversidad de razones por las que pueden conseguirse las ayudas. El CESE, por supuesto, respalda plenamente el objetivo de que «los fondos públicos se empleen de manera eficaz y en beneficio de los ciudadanos de la UE para mejorar la eficiencia económica, generar mayor crecimiento y empleo sostenible, garantizar la cohesión social y regional y mejorar los servicios de interés económico general, el desarrollo sostenible y la diversidad cultural»  (18). Sin embargo, teniendo en cuenta las malas condiciones debidas a unas infraestructuras insuficientemente desarrolladas y un entorno empresarial desfavorable para las pequeñas y medianas empresas, así como otras desventajas, especialmente en los nuevos Estados miembros, el CESE no puede apoyar el objetivo de que se otorguen menos ayudas estatales.

5.2.2

Parece que crear unas condiciones financieramente favorables para las empresas convencionales en crisis ampliando las ayudas a fin de rescatarlas o reestructurarlas sigue siendo una cuestión de importancia en varios Estados miembros. Desde el punto de vista del empleo, el CESE no puede criticarlo, aunque ha habido varios casos en los que la Comisión ha expresado sus dudas en cuanto a la viabilidad de las ayudas que sirven para devolver una posición económica equilibrada a las empresas rescatadas.

5.2.3

Según un paquete de medidas legales presentado en el mes de julio y coordinado con el Plan de acción de ayudas estatales, «las empresas puedan recibir ayudas públicas que cubran todos los costes en que incurran, incluido un beneficio razonable, cuando realicen tareas de servicio público, tal y como las autoridades públicas las hayan definido y se las hayan encomendado». Como ayuda a las empresas (probablemente PYME localmente importantes) para que superen las dificultades financieras, tales posibilidades podrían ser buenos ejemplos del uso eficaz del dinero público en beneficio de los ciudadanos y las empresas de la UE.

6.1

2005 fue el primer año completo en el que fueron operativos los cambios en los procedimientos antitrust introducidos por el Reglamento del Consejo 1/2003, lo cual significa lo siguiente:

6.2

Del Informe que se examina en el presente Dictamen se deduce claramente que la participación de los tribunales nacionales en la aplicación de la legislación europea sobre competencia es escasa, y no hay perspectivas de que estos problemas vayan a solucionarse en el futuro inmediato. Una de las razones principales puede ser que la jurisdicción de primera instancia en la legislación sobre competencia varía de un país a otro. Otra razón es que hasta el momento sólo se ha dispuesto de legislación nacional sobre competencia, mientras que, a pesar de que la armonización legislativa ha influido mucho en el sistema legal de los Estados miembros, en muchos sigue habiendo diferencias entre la legislación comunitaria y la nacional. Por primera vez parece que incluso las partes litigantes son reacias a emprender acciones ante los tribunales nacionales (19).

6.3

Una razón oculta es que la jurisprudencia europea, que de hecho es una fuente real de legislación sobre competencia, no es fácilmente accesible para los jueces de los Estados miembros. Por lo que se refiere al Derecho procesal, se dispone de resúmenes concisos de diversas situaciones procesales y referencias a los precedentes, pero hasta la fecha ni la Comisión ni el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas han redactado manuales similares para el Derecho sustantivo  (20). El primer paso hacia una aplicación más amplia en los Estados miembros de los artículos antitrust en vigor debería ser compilar los casos tipo más importantes (y más frecuentemente citados) junto con explicaciones de conceptos y definiciones en un manual que se completaría con las sentencias y conclusiones de los Tribunales de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Tal compilación debería traducirse, por supuesto, a todas las lenguas nacionales y actualizarse periódicamente. El Comité está convencido de que si no se editan y publican compilaciones de la jurisprudencia en todas las lenguas que se utilizan en los Estados miembros y no se organizan cursos de formación en legislación comunitaria sobre competencia dirigidos a todos los jueces, abogados y expertos nacionales interesados, no se afianzará la correcta aplicación de las normas sobre competencia de la UE en los Estados miembros.

6.4

En cuanto a la creación de una red de comunicación y cooperación con las autoridades nacionales responsables de la competencia, la Comisión (y en particular la DG COMP) ha conseguido afianzar la Red Europea de Competencia (REC) en un plazo relativamente breve. Los foros y grupos de trabajo que se describen en el Informe son eslabones eficaces de la cadena de un sistema de cooperación bien establecido en el que las autoridades nacionales responsables de la competencia a menudo mantienen contactos directos entre sí (incluso entre quienes tramitan los casos) sin necesidad de que Bruselas actúe como intermediario. Puede afirmarse que la integración no ha sido tan profunda en ninguna otra parte de la organización oficial de la UE.

—

cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,

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cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,

—

cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:

20.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 168/29

1.1

El CESE acoge positivamente la presentación de una estrategia temática comunitaria para la protección del suelo y respalda en principio la elaboración de una directiva marco.

1.2

La estrategia debe centrarse en las zonas que presentan mayores problemas y donde los suelos cultivables están más amenazados, como los cambios de utilización del suelo (uso de terrenos de cultivo para la construcción de edificios o carreteras, por ejemplo), las zonas industriales contaminadas y el sellado. La estrategia de la UE deberá respetar el principio de subsidiariedad.

1.3

Los costes de la degradación del suelo deben correr a cargo de quienes la causan, siempre y cuando sea de manera proporcionada, y no necesariamente a cargo del usuario del terreno.

1.4

Si el objetivo de una directiva marco es garantizar una base común, el nivel de ambición debe ser similar en todos los Estados miembros con el fin de evitar que se falsee la competencia.

1.5

Cuando en la agricultura y la silvicultura se respetan las buenas prácticas agrícolas, se preserva y mejora la calidad del suelo.

1.6

Cuando un suelo agrícola se destina a la producción alimentaria, ello implica, por definición, que se está utilizando un terreno natural, y es inevitable que tenga algún tipo de efecto.

1.7

El CESE critica con dureza que la Comisión todavía no haya presentado su propuesta actualizada de una nueva directiva revisada sobre los lodos de depuradora, e insta a la Comisión a presentarla cuanto antes, ya que es uno de los elementos clave para la protección de los suelos agrícolas y para detener la contaminación con productos nocivos.

1.8

De conformidad con el artículo 1 que fija el objeto y el ámbito de aplicación, la rehabilitación del suelo debe hacerse a partir de cada situación particular y decidirse según cada caso.

1.9

Las políticas sectoriales elaboradas a nivel nacional a que se hace referencia en el artículo 3 no deberán distorsionar la competencia entre los Estados miembros.

1.10

La obligación impuesta a los Estados miembros en el artículo 4 debe guardar unas proporciones razonables.

1.11

Es necesario reformular el pasaje del artículo 12 que fija que, en algunos casos, un posible comprador podrá estar obligado a presentar un informe.

1.12

Las sanciones que se fijan en el artículo 22 también deben estar en una proporción razonable respecto de los daños ocasionados. En opinión del CESE, resulta inaceptable que puedan aplicarse varias sanciones diferentes a una misma infracción.

1.13

La obligación del operador de adoptar medidas reparadoras, de conformidad con el artículo 23, puede estar justificada cuando es el responsable de los daños causados.

1.14

La constitución de un comité de expertos independientes, procedentes tanto del sector público como del privado, facilitaría la elaboración de una estrategia en materia de suelos.

2.1

El suelo es una fuente de energía no renovable que en muchos lugares de la UE se está deteriorando como consecuencia de la actividad humana, como la industria, el turismo y el desarrollo urbano o las infraestructuras de transporte, y debido a algunas actividades de la agricultura y la silvicultura.

2.2

El suelo es un recurso de interés común en la UE. Si no consigue asegurarse la protección del suelo a nivel de la UE, se estarán socavando el desarrollo sostenible y la competitividad en Europa. Las políticas comunitarias contribuyen ya, en varios ámbitos, a la protección del suelo, pero hace falta una política coordinada. Solo nueve Estados miembros han adoptado una legislación específica relativa a la protección del suelo, destinada en muchos casos a afrontar riesgos específicos, en especial la contaminación del suelo. La degradación del suelo tiene consecuencias graves para otros ámbitos de interés común en la UE, como el agua, la salud pública, el cambio climático, la protección de la naturaleza y la diversidad biológica y la seguridad alimentaria.

2.3

Teniendo esto en cuenta, la Comisión propone una estrategia europea para la protección del suelo. La estrategia ha adoptado la forma de una comunicación seguida de una propuesta de directiva marco y una evaluación de impacto. En la directiva marco se fijan principios, objetivos y medidas comunes. Los Estados miembros deberán aplicar procedimientos sistemáticos para determinar y frenar la degradación del suelo, adoptar medidas preventivas e integrar la protección del suelo en otros ámbitos. No obstante, se deja cierto espacio para la flexibilidad. Corresponde a los Estados miembros decidir sobre el nivel de ambición, los objetivos específicos y las medidas para alcanzarlos. Esto se explica porque el fenómeno de la degradación del suelo varía enormemente de un lugar a otro de la UE, donde se cuentan hasta 320 tipos de tierra diferentes.

2.4

Los Estados miembros deberán identificar las zonas donde existe un riesgo de erosión, reducción del número de sustancias orgánicas, compactación, salinización y deslizamiento de tierras. Asimismo, deberán establecer objetivos para reducir los riesgos en estas zonas y elaborar programas con medidas que permitan alcanzar los objetivos fijados. También deberán adoptar medidas para prevenir la contaminación, elaborar una lista de lugares contaminados en sus territorios y establecer estrategias nacionales para mejorar la situación. Cuando un terreno se vende, el propietario o el comprador deberán aportar información pertinente sobre la calidad del suelo a las autoridades competentes y a la otra parte en la transacción, cuando tenga lugar o haya tenido lugar una actividad potencialmente contaminante del suelo. Por último, los Estados miembros quedan obligados a limitar o reducir los efectos del sellado, por ejemplo rehabilitando antiguos terrenos explotados.

3.1

El CESE acoge positivamente la Comunicación de la Comisión «Estrategia temática para la protección del suelo», que constituye la continuación de la Comunicación de 2002 (1), así como la propuesta de elaborar una «Directiva marco para la protección del suelo». Ya en 2000, el CESE solicitó, en un Dictamen de iniciativa sobre la utilización de los lodos de depuradora en la agricultura (2), que la Comisión adoptara una iniciativa para establecer requisitos mínimos de protección del suelo a nivel comunitario.

3.2

Durante cuatro años, la Comisión ha impulsado un proceso abierto y extenso, con amplias consultas, para elaborar la estrategia para la protección del suelo, un proceso que el CESE ha tenido ocasión de seguir. Los comentarios de este dictamen se refieren sobre todo a la propuesta de directiva marco, sobre la que el CESE ha sido consultado, pero en algunos casos afectan también a la Comunicación de la Comisión.

3.3

El suelo y las funciones que realiza constituyen un recurso inestimable para la naturaleza, el ciclo biológico y la supervivencia misma del ser humano. La actividad humana influye de diferentes maneras en las funciones del suelo y su utilización. Una estrategia de la UE debe centrarse en los ámbitos en los que las tierras cultivables están más amenazadas, como los cambios de utilización del suelo, las zonas industriales contaminadas, el sellado y la erosión.

3.4

El suelo y sus funciones se relacionan con otros ámbitos que están regulados tanto por la normativa comunitaria como por las legislaciones nacionales: Directiva del agua, Directiva sobre nitratos, legislación en materia de sustancias químicas, etc. Algunos países disponen ya de distintos tipos de normas y formas de vigilancia y supervisión por lo que se refiere al suelo y su contaminación, por lo que la propuesta de la Comisión no solo no debe implicar un empeoramiento de la situación para estos países, sino que debe ofrecerles suficiente flexibilidad.

3.5

La Comisión señala que el coste de la degradación del suelo no lo pagan sus usuarios, sino la sociedad u otros agentes. El CESE desea hacer hincapié en que la responsabilidad de este tipo de daños debe recaer en quienes los provocan, que no siempre son los usuarios de los terrenos. En muchas ocasiones, los usuarios sufren los efectos de la contaminación procedente de la deposición atmosférica, la contaminación originada por los vertidos industriales en otras zonas, las inundaciones y otros vertidos de productos contaminantes, situaciones en las que los usuarios padecen efectos perjudiciales de los que no son en absoluto responsables.

3.6

No obstante, el CESE constata que la Comisión subraya a través de todo el texto que las medidas preventivas deberán aplicarse en la fuente de contaminación, lo que obviamente es el método adecuado. De esta manera se garantiza también un reparto correcto de responsabilidades. Asimismo, con este enfoque se ven afectados otros ámbitos legislativos que los específicamente relativos al suelo.

3.7

El CESE respalda la aprobación de una estrategia específica para la protección del suelo y su presentación en forma de una directiva marco a tal fin. Esto ofrece las condiciones necesarias para brindar una protección similar, a partir de normas básicas comunes, ante problemas que pueden ser de índole transfronteriza. No obstante, para reforzar verdaderamente la protección del suelo, esta política debe integrarse también en otra normativa.

3.8

Asimismo, la Comisión indica que los costes y ganancias variarán según el nivel de ambición y cómo se aprovechan las posibilidades existentes, por ejemplo las exigencias medioambientales en el marco de la política agrícola común. El CESE subraya que sigue sin resolver el problema de cómo los Estados miembros van a interpretar y aplicar con una misma seguridad jurídica la denominada «condicionalidad», que se ha incluido como requisito en la política agrícola común. Si la finalidad de una directiva marco es garantizar una base común en materia de protección del suelo y evitar, entre otras cosas, que los agentes implicados se vean sujetos a obligaciones económicas muy diferentes, los niveles de ambición aplicados deben ser similares, para evitar así una distorsión de la competencia.

3.9

La Comisión señala, como primer ejemplo, que las prácticas agrícolas o forestales inadecuadas pueden contribuir a la degradación del suelo. Por el contrario, cuando en la agricultura y la silvicultura se respetan las buenas prácticas agrícolas, se preserva y mejora la calidad del suelo. Constituyen una amenaza para los suelos cultivables los cambios de utilización, la extensión de la industria, las infraestructuras de transporte, la contaminación atmosférica, el ozono próximo al suelo y otros tipos de contaminación. Aun cuando la ordenación del territorio (planificación urbana) no sea competencia de la UE sino de los Estados miembros, debe prestársele atención.

3.10

Las fuerzas del mercado y la actual política agrícola también han contribuido a un mayor desarrollo estructural y una mayor especialización, y a la separación, en gran medida, de la agricultura y la ganadería, lo que puede tener como consecuencia una disminución de la materia orgánica en los suelos. Es más, la desvinculación de las ayudas en la nueva política agrícola común refuerza más bien este fenómeno.

3.11

La Comisión considera que la agricultura puede tener un efecto positivo para el estado de los suelos, siempre y cuando sea ecológica y extensiva o forme parte de una gestión de los suelos integrada. Se trata de un enfoque algo simplista, ya que todo depende de los conocimientos y la técnica utilizados para tratar el suelo. Por definición, cuando un suelo agrícola se destina a la producción alimentaria, ello implica que se está haciendo uso de un terreno natural. Es inevitable que esto tenga ciertos efectos, que debemos aceptar para que la producción de alimentos sea posible. Las repercusiones para los suelos cultivables dependen de las estaciones y el clima, lo que no significa que hayan de aceptarse los nutrientes, la erosión, la reducción de la capa de humus, etc. Con los conocimientos de que disponemos en la actualidad, una empresa agrícola normal puede más bien contribuir a conservar y aumentar la calidad del suelo. Son pocos los empresarios que tienen una perspectiva tan a largo plazo como los agricultores y silvicultores cuando se trata de inversiones y cuidado del suelo. Esta alta sensibilización de los agricultores frente a la protección del suelo debería completarse y apoyarse con sistemas de asesoramiento y medidas e incentivos de carácter voluntario.

3.12

Asimismo, la Comisión señala que la protección medioambiental queda reforzada por medio de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental (3). En efecto, así es, lo que resulta positivo. Pero es necesario señalar que sería incompatible con una concepción normal del Derecho que un mismo daño pueda castigarse, como es el caso en la actualidad, con tres tipos de sanciones diferentes: retirada de las ayudas, responsabilidad penal y tasas administrativas.

3.13

El CESE suscribe el punto de vista de que para una utilización sostenible del suelo se requiere una estrategia global de la UE para su protección.

3.14

Su puesta en práctica podría respaldarse mediante la creación de un grupo de expertos independientes para cuestiones relativas a la protección del suelo, que incluya representantes del sector público y privado.

4.1

El CESE desaprueba firmemente que la Comisión no haya presentado todavía su propuesta de modificación de la Directiva sobre el uso de lodos de depuradora en la agricultura y los límites máximos permitidos para la presencia de metales pesados, que la Comisión prepara desde hace varios años. En la Comunicación sobre la protección del suelo se menciona la intención de presentar dicha propuesta en 2007. En la primera Comunicación sobre una estrategia temática para la protección del suelo, que data de 2002, se decía que la revisión formaría parte de la estrategia marco. Por consiguiente, una de las medidas más importantes para mejorar la protección del suelo y una producción alimentaria segura se ha visto seriamente retrasada. Por ello, es absolutamente imprescindible publicar la modificación de la Directiva sobre el uso de lodos de depuradora al mismo tiempo que la estrategia temática para la protección del suelo.

4.1.1

La actual Directiva sobre lodos de depuradora (4)sigue permitiendo en los lodos unos límites elevados de metales pesados y de otras sustancias contaminantes, que pueden extenderse luego en los suelos agrícolas. El CESE desea recordar que, en su Dictamen de iniciativa, aprobado ya en 2000, sobre la «Revisión de la Directiva 86/278/CEE del Consejo relativa a la utilización de los lodos de depuradora en la agricultura», se pide que se establezcan exigencias más firmes en relación con los límites máximos de metales pesados. También siguen siendo escasos los conocimientos sobre el contenido de los demás contaminantes químicos, cómo interaccionan y qué repercusiones tienen para el suelo y la seguridad alimentaria cuando se extienden por los suelos agrícolas.

4.1.2

El CESE lo considera una cuestión muy seria, y hace referencia a un estudio presentado por dos investigadores en la revista médica The Lancet en noviembre de 2006. Aun cuando se trate de un estudio aislado, sus resultados muestran que algunas sustancias tóxicas para el medio ambiente bien conocidas pueden tener un efecto en el desarrollo cerebral de los fetos y niños pequeños al que todavía no se ha prestado atención. Según los autores del estudio, esto podría tener una relación con problemas graves como el autismo, el TDAH (ADHD o trastornos hipercinéticos) y las anomalías de desarrollo. Muchos de estos productos químicos también están presentes en productos de uso doméstico. De una manera u otra van a parar al sistema de desagües, pero carecemos de conocimientos suficientes sobre sus efectos en aquellos suelos en los que los lodos se utilizan como fertilizantes.

4.1.3

El CESE considera positivo que la Comisión, por lo que parece, haya abandonado su antigua opinión de que, desde una perspectiva medioambiental, el mejor uso que puede hacerse de los lodos residuales es dispersarlos en los suelos cultivables. Las formulaciones que figuran en la Comunicación sobre la estrategia relativa a los residuos (5) parecen indicar en este sentido. En este texto, la Comisión confirma que tiene la intención de presentar una propuesta de revisión de la Directiva sobre lodos de depuradora una vez aprobada la Estrategia para la protección del suelo. Sin embargo, el CESE considera que no se debería haber esperado, sino que se debería haber presentado mucho antes una revisión radical de la directiva en relación con los límites máximos de metales pesados y otros agentes contaminantes en los lodos, en particular cuando la Comisión reconoce, en su propuesta de Directiva, que dicha revisión es necesaria para limitar la introducción de sustancias nocivas en el suelo.

4.1.4

El uso de lodos de depuradora en la agricultura y la presencia de sustancias contaminantes es una de las cuestiones primordiales para la protección del suelo y la seguridad alimentaria. También agudiza la cuestión de si son responsables de los daños eventuales al suelo sus usuarios o los productores de los lodos, es decir las ciudades y municipios. Una revisión de la Directiva de lodos debe clarificar la situación en materia de responsabilidad y daños y perjuicios.

4.1.5

Además, una nueva normativa, más segura, sobre sustancias químicas resulta imprescindible para garantizar la protección del suelo en general, y en particular para tratar la cuestión de cómo la sociedad se deshace de los lodos de depuradora dispersándolos en el suelo. Para alcanzar la protección del suelo deseada es absolutamente necesario proceder a sustituir los productos químicos nocivos por otros que lo sean menos.

4.1.6

El CESE insta a la Comisión a que presente sin demora la propuesta de revisión de la directiva, y que someta a análisis de riesgo a un mayor número de sustancias que las que abarca la directiva actual. Esta medida debería constituir una de las partes esenciales de la protección del suelo cultivable, a fin de no incrementar la contaminación y garantizar una seguridad alimentaria fiable.

4.2

En el artículo I de la Directiva relativa a la protección del suelo se explica que las medidas incluyen la restauración y rehabilitación de los terrenos degradados de manera que alcancen un nivel de funcionalidad compatible, como mínimo, con el uso actual y el futuro uso planificado. El CESE respalda este principio, pero se pregunta si es realmente necesario que la directiva marco especifique ese «como mínimo», ya que este aspecto debe tratarse en función de la situación y determinarse según cada caso.

4.3

El CESE considera que la actual formulación del artículo 3 puede dar pie a que los Estados miembros deseen establecer una política sectorial nacional, lo que daría lugar a una distorsión de la competencia. Es importante que el artículo se limite a un análisis, pero las medidas eventuales deben ser conformes con las condiciones para el buen funcionamiento del mercado interior, es decir, normas comunes y una situación equitativa de competencia.

4.4

El CESE considera asimismo que el artículo 4 deja un espacio casi ilimitado para la intervención. Por lo que se refiere a los suelos agrícolas, el CESE ya ha señalado más arriba que las tierras cultivadas tienen de por sí una influencia sobre el suelo, que varía en función de factores sobre los que el usuario del suelo no puede ejercer su influencia, como las estaciones, el clima, etc. En este contexto, las obligaciones impuestas a los Estados miembros deben mantenerse dentro de límites razonables. De la misma manera, debe haber una mínima correspondencia entre las medidas adoptadas en los Estados miembros. Esto se inscribe en la línea de la disposición del artículo 9 que prescribe medidas proporcionales destinadas a preservar las funciones del suelo.

4.5

El artículo 12 estipula que, en determinados casos, el propietario de un terreno o un posible comprador deberán presentar un informe sobre el estado del suelo. En opinión del CESE, no es correcto imponer esta obligación a los posibles compradores. Si las diferencias en las legislaciones nacionales hacen necesaria cierta flexibilidad, conviene reflejarlo de otra manera.

4.6

El artículo 17 trata de la plataforma voluntaria que la Comisión tiene la intención de crear. La Comisión debe hacer lo necesario para asegurarse de que en ella se intercambian métodos similares, con el fin de que el enfoque sea uniforme y garantice unas condiciones de competencia equitativas. Dado que el intercambio de información se hace sobre una base voluntaria, resulta también necesario que la Comisión participe de manera activa.

4.7

El artículo 22 establece que los Estados miembros deberán fijar regímenes de sanciones. El CES considera que, en aras de la seguridad jurídica, es importante que estas sanciones guarden una proporción razonable respecto del daño causado. También resulta inaceptable que puedan aplicarse varias sanciones diferentes a una misma infracción.

4.8

El artículo 23 propone modificaciones a la Directiva 2004/35/CE, en la que se establece que las autoridades exigirán que el operador adopte medidas reparadoras. En opinión del CESE, esto podrá ser en el caso solo cuando sea el operador quien haya ocasionado el daño, lo que no queda claramente formulado.

20.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 168/34

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«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un procedimiento de autorización uniforme para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios»

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«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre enzimas alimentarias, por el que se modifican la Directiva 83/417/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Directiva 2001/112/CE del Consejo»

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«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes utilizados en los alimentos o en su superficie y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 1576/89, (CEE) no 1601/91 y (CE) no 2232/96 del Consejo y la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo»

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«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre aditivos alimentarios»

1.1

El Comité acoge favorablemente el paquete de propuestas sobre los aditivos, las enzimas y los aromas y sobre los procedimientos comunes de autorización en la medida en que se cree un mercado interior eficaz y competitivo en el que se garantice un alto nivel de protección de la vida y la salud humana.

1.2

El Comité estima que un conjunto de normas claras y armonizadas sobre las modalidades de aplicación de las evaluaciones de la seguridad, con un calendario seguro y previsible y un coste limitado, representa una garantía tanto para los consumidores como para los productores, especialmente los de menor entidad.

1.3

El Comité comparte el objetivo de simplificación de la Comisión, destinado a armonizar el sector de los aditivos, aromas y enzimas y a fomentar la coherencia entre ellos, adoptando un único procedimiento común para su autorización.

1.4

El Comité considera que, si bien la posibilidad de obtener una única autorización, válida para el conjunto del territorio de la UE, puede constituir una ventaja importante para el mercado único a medio y largo plazo, conviene, con todo, tener en cuenta el impacto de las nuevas normativas en los productos importados.

1.4.1

Europa se halla en una situación de competencia permanente en el mercado mundial, tanto en términos de exportación como de importación, y las normas propuestas suelen ser más costosas que las que prevé el Codex Alimentarius, y pueden conllevar falseamientos de la competencia en detrimento de las empresas europeas, en especial las de pequeñas dimensiones.

1.5

El Comité estima que el procedimiento propuesto, que consiste en someter a comitología las modificaciones aportadas a la lista comunitaria, es positivo, siempre que se garanticen criterios de transparencia exigentes y un diálogo permanente con los productores y consumidores, así como mecanismos rápidos de innovación y desarrollo de los productos.

1.6

El Comité apoya el refuerzo de la acción de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA/EFSA) con el fin de llevar a cabo una evaluación de riesgos transparente y fundada en datos científicos y argumentos objetivos que ofrezca seguridad a los consumidores.

1.7

El Comité recomienda fomentar los procedimientos y recursos humanos y financieros de la AESA/EFSA a fin de garantizar evaluaciones de gran calidad, transparentes e independientes y que respeten plenamente los criterios de confidencialidad.

1.8

El Comité considera igualmente oportuno que los Estados miembros refuercen la acción de seguimiento sobre el consumo y uso de los aditivos, las enzimas y los aromas, mediante metodologías eficaces que incorporen los datos facilitados por la industria.

1.9

El Comité es favorable a una revisión periódica de las listas positivas de los aditivos, las enzimas y los aromas, siempre que se base en un diálogo permanente y estructurado con los consumidores y los productores y no comporte cargas suplementarias en lo que respecta a gastos y plazos.

2.1

Los avances científicos y tecnológicos nos ofrecen la posibilidad de obtener productos alimentarios de mejor calidad gracias, entre otras cosas, al uso de pequeñas cantidades de enzimas, aromas y aditivos alimentarios. Estos mismos avances nos permiten evitar una utilización inadecuada de dichas sustancias.

2.2

En el marco de los esfuerzos emprendidos por mejorar la legislación comunitaria a partir del concepto «de la granja al consumidor», la Comisión anunció en el Libro Blanco relativo a la seguridad alimentaria, sobre el que el Comité se pronunció en su momento (1), su intención de actualizar y completar la legislación vigente en materia de aditivos y de aromas, así como de establecer disposiciones específicas sobre las enzimas (acciones 11 y 13 del Libro Blanco).

2.3

El Comité siempre ha apoyado el objetivo de asegurar el buen funcionamiento del mercado interior, garantizando al mismo tiempo un nivel elevado de protección de la vida y la salud humana, y ha subrayado en reiteradas ocasiones la necesidad de adoptar un enfoque global e integrado en relación con la seguridad alimentaria en la UE.

2.4

En opinión del CESE, «la cadena alimentaria europea debe contar con legislación en todos sus eslabones,» desde la granja a la mesa«; cada eslabón de la cadena alimentaria debe ser tan válido como el siguiente y la Comisión debería garantizar una aplicación eficaz de la legislación comunitaria» (2).

2.5

En el paquete de propuestas presentado por la Comisión, la adopción de un procedimiento común para la autorización de enzimas, aromas y aditivos constituye un elemento esencial e innovador. En consecuencia, el Comité aprueba el objetivo de simplificación de la Comisión, que pretende armonizar estos ámbitos. Esto permitirá evitar múltiples procedimientos de autorización por parte de los diferentes Estados miembros, suprimiendo sistemas de autorización por partida doble y reduciendo sensiblemente las cargas administrativas y burocráticas.

2.6

La legislación relativa a los aditivos alimentarios ya se ha armonizado a nivel europeo. En el presente, existen cerca de 330 aditivos alimentarios autorizados con arreglo a esa legislación, y siguen presentándose sin cesar solicitudes de autorización de nuevos aditivos o nuevos usos.

2.6.1

Con miras a realizar una evaluación de estas solicitudes es necesario disponer de datos suficientemente precisos sobre el uso y las características de estas sustancias, sobre todo para las decisiones que se refieren a la gestión de los riesgos.

2.7

Gracias a esta armonización, prevista para los aromas y enzimas, los nuevos procedimientos para la autorización serán más rápidos y se reducirán tanto los costes para la actualización de las fichas técnicas como las modificaciones en el etiquetado.

2.8

En cuanto a las enzimas, se corre el riesgo de que la actual incertidumbre jurídica, causada por la diversidad de las normativas nacionales provoque distorsiones del mercado de las enzimas alimentarias y complicaciones administrativas y financieras en los distintos Estados miembros. Además, a falta de medidas encaminadas a la armonización, se seguirían ofreciendo distintos niveles de protección en función de las divergencias existentes entre los Estados miembros en la percepción de los riesgos, la evaluación de la seguridad y la reglamentación de las enzimas alimentarias.

2.8.1

Conviene destacar que, si por un lado, se corre el riesgo de que la falta de normas armonizadas a nivel de la UE interponga obstáculos a la libre circulación y al comercio para la industria productora, por otro, la armonización de la evaluación de la seguridad o de la autorización del uso de las enzimas alimentarias podrá comportar inversiones considerables, del orden de los 150 000-250 000 euros (3) por enzima, principalmente como consecuencia del coste de las autorizaciones.

2.8.2

Por otra parte, la industria de las enzimas alimentarias se halla comprometida a favor de un desarrollo continuo de tecnologías y procesos destinados a innovar y mejorar la producción alimentaria, pero no puede subestimar los posibles riesgos de naturaleza química como las alergias, la toxicidad y la actividad residual microbiológica. La existencia de estos riesgos requiere una evaluación continua de la seguridad para los consumidores, sobre todo en lo que respecta a las enzimas que proceden de los organismos genéticamente modificados.

2.9

En cuanto a la normativa sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes destinados a utilizarse en los productos alimentarios, sería conveniente un procedimiento de autorización más eficaz para la gestión de una lista positiva que contenga cerca de 2 600 sustancias aromatizantes.

2.9.1

Es obvio que con la armonización de la normativa sobre los aromas la Unión Europea podrá lograr una mejor posición en las negociaciones con terceros países, ya que se habrá de proceder a la introducción de los aromas en el sistema del Codex Alimentarius, y ello, asimismo, a fin de evitar la penalización de las empresas europeas, en particular las PYME.

2.9.2

Con la creación de un mercado uniforme e integrado de los aromas en la UE la industria europea estará en condiciones de mantener su primacía en el sector de la producción y desarrollo de los aromas.

2.9.3

Por otra parte, no hay que subestimar la sobrecarga de trabajo necesaria para adaptarse a las nuevas normas en materia de etiquetado de los aromas.

2.10

En opinión del Comité, a fin de garantizar una evaluación independiente, transparente y de elevada calidad sobre la seguridad de los aditivos, las enzimas y los aromas, conviene que se dote a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de recursos y medios suplementarios y que se prevean nuevos procedimientos.

2.11

El paso de los procedimientos decisorios, basados en la codecisión con el Parlamento Europeo, a los procedimientos de comitología, que prevén el recurso a comités para las autorizaciones, requiere criterios claros y transparentes para la evaluación de la seguridad de los beneficios previstos para los consumidores.

2.12

Como el Comité ya destacó en dictámenes anteriores (4), «Con vistas a que se pueda evaluar el progreso en asuntos de seguridad alimentaria y juzgar si el nuevo sistema cumple con las expectativas, el CES subraya la necesidad de criterios de evaluación, como el aumento o la disminución de la confianza del consumidor, la frecuencia y gestión de las crisis alimentarias, la cooperación reforzada entre las partes interesadas, etc.».

3.1

El paquete de propuestas presentado por la Comisión pretende precisar y clarificar la legislación vigente sobre los aditivos y aromas alimentarios e introduce nuevas normas para las enzimas, además de una propuesta que tiene por objeto la adopción de procedimientos comunes para las autorizaciones, en estos tres sectores, basados en los dictámenes científicos emitidos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria AESA/EFSA.

3.2

Aditivos. Las nuevas normas tienden a simplificar y agilizar el sistema de autorización de los aditivos alimentarios, que rige actualmente la Directiva 89/107/CEE. Las autorizaciones para la inclusión de los aditivos en la nueva lista positiva se basarían en el marco de evaluación de los riesgos en materia de seguridad alimentaria de la AESA/EFSA, de conformidad con el Reglamento 178/2002/CE. Además, se propone una revisión de los aspectos técnicos del actual sistema de autorización y se definen nuevas disposiciones comunitarias armonizadas para los aditivos utilizados como ingredientes de otros aditivos.

3.3

Enzimas. Basándose en un dictamen científico favorable de la AESA/EFSA se propone un nuevo marco reglamentario para la evaluación, aprobación y control de las enzimas utilizadas para uso alimentario, así como la confección de una lista positiva de todas las enzimas utilizadas en los alimentos con una finalidad tecnológica. Asimismo, se definen disposiciones para el etiquetado de las enzimas alimentarias, distintas de las que se utilizan como auxiliares tecnológicos.

3.4

Aromas. Se prevé la revisión de las normas generales establecidas por la Directiva 88/388/CEE, con el fin de adaptar las normas a la evolución tecnológica y científica mediante la aprobación de un nuevo Reglamento que fije normas más claras sobre:

3.5

Procedimiento común de autorización. La propuesta sugiere la introducción de un procedimiento común para la autorización de los aditivos, aromas y enzimas alimentarias, basado en una evaluación de la seguridad por parte de la AESA/EFSA y un procedimiento de gestión de los riesgos. Las fases previstas para la autorización prevén la presencia de los Estados miembros y la Comisión, en el marco de un procedimiento reglado, en el seno de un Comité. La propuesta confiere a la Comisión, sobre la base de evaluaciones científicas de la AESA/EFSA, la tarea de redactar y actualizar diversas «listas positivas», una por cada categoría de las sustancias en cuestión. La inclusión de una sustancia en una de estas listas implica que su uso se ha autorizado de manera general para todos los operadores en el mercado comunitario.

4.1

El Comité es, en lo esencial, favorable a las propuestas de la Comisión siempre que se salvaguarden la eficacia y competitividad del mercado interior y se garantice un alto nivel de protección de la vida y la salud humana.

4.2

El CESE considera que el instrumento propuesto, el Reglamento, constituye una garantía respecto a la directiva, que hace posibles interpretaciones dispares de la transposición de la normativa.

4.3

En opinión del Comité, la posibilidad de obtener una única autorización válida para todo el territorio de la Unión Europea puede ser de gran utilidad para el mercado único a medio y largo plazo.

4.3.1

Conviene, no obstante, tener presente el impacto de las nuevas normativas en los productos importados y el hecho de que Europa es, en todo caso, un gran importador en el juego de competencia permanente del mercado global, ya que las normas comunitarias son más costosas que las que prevé en la actualidad el Codex Alimentarius, que, en consecuencia, debería adaptarse para no penalizar a las empresas europeas.

4.4

La opción adoptada por la Comisión, que consiste en someter el procedimiento de modificación de la lista comunitaria a la práctica de la comitología, puede constituir un paso adelante positivo, tanto para la industria como para la sociedad civil, ya que se aplica manteniendo criterios de transparencia exigentes y, de manera paralela, permite seguir el ritmo de la innovación y el desarrollo de nuevos y mejores productos, sobre todo desde el punto de vista de la lucha contra las alergias.

4.5

En opinión del Comité, hacer que la práctica de la evaluación de riesgos se base en procedimientos transparentes y argumentos objetivos constituye un enfoque encomiable de la acción de la AESA/EFSA.

4.6

El Comité estima que a las nuevas responsabilidades confiadas a la AESA/EFSA debería acompañar el fomento de los procedimientos y recursos humanos y financieros de esta agencia a fin de garantizar evaluaciones de gran calidad, transparentes e independientes y que respeten plenamente los criterios de confidencialidad.

5.1.1

El Comité considera que en el dictamen de la AESA/EFSA convendría incorporar las medidas de aplicación, incluidos el contenido, la redacción y la presentación de la solicitud, los acuerdos para el control de la validez de la solicitud y la naturaleza de la información previstos en el artículo 9.

5.1.2

En cuanto a la actualización de la lista comunitaria, el sistema de autorización debería prever plazos más cortos y reducir de nueve a tres meses el lapso de tiempo previsto por la propuesta de la Comisión a fin de poder concluir en doce meses el ciclo de examen y autorización en su totalidad.

5.1.3

Asimismo, en los casos particulares previstos en el artículo 10, la posibilidad de prorrogar el periodo de evaluación por la AESA/EFSA o por la Comisión no debería prescindir de la existencia de plazos, sino prever un lapso de tiempo máximo que el Reglamento debe especificar.

5.1.4

El Comité estima que en el procedimiento común de autorización conviene incluir la previsión de revisión periódica y la actualización de las listas, limitando costes y cargas y sobre la base de un diálogo permanente y estructurado con los productores y consumidores.

5.1.5

El sistema de autorización comunitario no debería, en ningún caso, utilizarse para justificar la interposición de barreras técnicas a los intercambios, por lo que en las importaciones y exportaciones han de excluirse las pruebas costosas y las certificaciones.

5.2.1

Habría que precisar en mayor medida los criterios de definición de la «necesidad tecnológica razonable», así como de las «ventajas y beneficios para el consumidor» previstos en el artículo 5.

5.2.2

En cuanto al etiquetado al que se refiere el artículo 20, convendría que las indicaciones sean claramente comprensibles e identificables para el gran público y uniformes en toda la Comunidad.

5.3.1

El Comité valora positivamente el hecho de que el ámbito de aplicación del Reglamento incluya todas las enzimas alimentarias que tienen una función tecnológica y deban ser objeto de una autorización para poder pasar a formar parte de la lista positiva comunitaria.

5.3.2

Como para el caso de los aditivos, el Comité estima que para las enzimas también conviene incluir, entre los criterios de evaluación, las «ventajas y beneficios para el consumidor».

5.3.3

En cuanto al etiquetado, el Comité subraya la necesidad, tanto para los productores como para los consumidores, de transparencia y requisitos uniformes a escala comunitaria, sin complejidades inútiles.

5.3.4

En opinión del Comité, sería oportuno evitar el mantenimiento de listas positivas en la legislación vertical, ya que esto daría lugar a un sistema de autorización doble para las mismas enzimas. Las directivas y reglamentos anteriores deberían modificarse lo antes posible con el fin de referirse de manera unívoca a la nueva normativa propuesta.

5.4.1

El Comité considera que sería conveniente armonizar los criterios de evaluación de conformidad con los utilizados para los aditivos, incluyendo las «ventajas y beneficios para el consumidor».

5.4.2

El Comité indica que, en lo que se refiere al consumidor, es necesaria una información más clara sobre la naturaleza y el origen de los aromas utilizados en los alimentos, como se indica en el artículo 14.

20.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 168/38

1.1

El CESE estima que la nueva orientación política de la gestión de la pesca en la UE basada en el rendimiento máximo sostenible (RMS), no obstante ser beneficiosa a largo plazo, puede conllevar unas consecuencias económicas y sociales muy duras de asumir por el sector pesquero europeo. Por ello, el Comité recomienda que se midan muy cuidadosamente las ventajas y los inconvenientes de su aplicación desde el punto de vista económico, social y medioambiental.

1.2

Al existir una gran incertidumbre en la estimación del rendimiento máximo sostenible de las distintas poblaciones de peces, el CESE recomienda a la Comisión que en sus planes a largo plazo establezca ajustes anuales que sean razonables, graduales y flexibles y que hayan sido debidamente consensuados con todos los sectores afectados. Para ello, deberá realizar desde el primer momento apropiadas consultas a los Consejos Consultivos Regionales, al Comité Consultivo de la Pesca y la Acuicultura de la UE y al Comité de Diálogo Social de la Pesca Marítima, concediéndoles tiempo suficiente para que los miembros de los mismos puedan contrastar con sus asociados los términos de las propuestas planteadas.

1.3

En este sentido, el CESE recomienda a la Comisión un especial cuidado en el establecimiento de las tasas anuales de mortalidad por pesca cuyo objetivo sea obtener a largo plazo el rendimiento máximo sostenible en las pesquerías mixtas.

1.4

El CESE no comparte el argumento de la Comisión Europea de que con esta política de gestión de pesca se vaya a reequilibrar la balanza comercial, puesto que la disminución del aprovisionamiento del mercado por parte de las empresas comunitarias será inmediatamente compensado por importaciones de terceros países. Por ello, el Comité insta a la Comisión Europea a ejercer una especial observación y control sobre dichas importaciones al mercado comunitario.

1.5

El Comité estima que la Comisión y los Estados miembros de UE deben tener en cuenta los «otros factores medioambientales» que se citan en el presente dictamen y que también influyen en la evolución de los ecosistemas marinos, y recomienda que exijan a los actores económicos cuyas actividades inciden en los mismos restricciones equivalentes a las que se solicitan para el sector pesquero.

1.6

Con relación al ajuste requerido para alcanzar el rendimiento máximo sostenible, el Comité considera que los dos enfoques propuestos por la Comisión pueden ser complementarios, siendo los Estados miembros los que deberán aplicar las medidas que estimen más oportunas en función los efectos económicos y sociales en sus respectivos sectores pesqueros. El CESE muestra su preocupación por el hecho de que el Fondo Europeo de la Pesca (FEP) no esté suficientemente dotado para hacer frente al impacto de la aplicación de este nuevo sistema de gestión.

2.1

La Comunicación de la Comisión sobre la «Aplicación de la sostenibilidad de la pesca en la UE a través del rendimiento máximo sostenible» (1), motivo del presente dictamen, plantea la posición de la Comisión sobre la mejora del rendimiento económico del sector pesquero en el contexto de la política pesquera común.

2.2

Fundamenta esta mejora del rendimiento económico en la eliminación gradual de la sobrepesca, considerando que esta eliminación provocará beneficios económicos a la industria pesquera al reducir los costes, mejorar las capturas, aumentar la rentabilidad de la pesca y reducir los descartes.

2.3

Para alcanzar estos objetivos la Comisión considera que ha llegado el momento de gestionar las actividades pesqueras comunitarias de una manera distinta, buscando activamente el éxito en vez de limitarse a eludir el fracaso.

2.4

La Comunicación establece una nueva orientación política en relación con la gestión de la pesca en la UE, basada en la obtención del rendimiento máximo sostenible de las poblaciones de peces mediante la fijación de tasas de mortalidad a largo plazo.

2.5

Esta nueva orientación política está basada en el compromiso político internacional, suscrito por los Estados miembros de la Unión Europea en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS) celebrada en Johannesburgo en septiembre de 2002, de mantener las poblaciones de peces o restablecerlas a niveles que puedan producir el rendimiento máximo sostenible, intentando alcanzar estos objetivos con carácter urgente en las poblaciones agotadas y, en cualquier caso, antes del año 2015.

2.6

Se trata por lo tanto de establecer un enfoque de gestión a largo plazo que se centre en la explotación óptima del potencial productivo de los recursos marinos vivos de Europa. Este enfoque es coherente con el objetivo más amplio de la política pesquera común que busca garantizar unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles.

2.7

Los beneficios económicos para la industria pesquera anteriormente mencionados sólo podrán obtenerse, tal y como plantea la Comunicación, si se restringe más la pesca durante un periodo de transición. El ritmo de este cambio deberá asociar a todas las partes afectadas al correspondiente proceso decisorio. La ayuda financiera, prevista en el Fondo Europeo de la Pesca, deberá contribuir a mitigar las repercusiones sociales y económicas durante la fase de transición.

3.1

El principio que rige la decisión de la Comisión para aplicar una gestión de la pesca basada en el rendimiento máximo sostenible es el de que se ha pescado demasiado en relación con el potencial productivo de algunas poblaciones.

3.2

El Comité, que reconoce que algunas poblaciones de peces de las aguas europeas se han reducido drásticamente en los últimos treinta años, a consecuencia sobre todo de la sobrepesca, coincide en que sería deseable lograr unos niveles de pesca más sostenibles.

3.3

La Comisión considera que aplicar sistemas de gestión de las poblaciones de peces basados en el rendimiento máximo sostenible garantizará que no se produzca un derrumbamiento de las poblaciones, permitiendo la constitución de poblaciones de mayor tamaño.

3.4

El CESE considera que el principio de aplicación es correcto, dado que el rendimiento máximo sostenible de una población de peces es la cantidad de biomasa (cantidad de peces) que puede extraerse de forma que la producción futura de esa población no se vea afectada. En consecuencia, respalda plenamente la utilización de este principio como base para la política de gestión de la pesca.

3.5

No obstante, el Comité señala a la Comisión que todo cambio de sistema de gestión comporta riesgos y que, por lo tanto, deben medirse muy cuidadosamente las ventajas y los inconvenientes.

3.6

La Comunicación presenta muy detalladamente las ventajas del sistema de gestión basado en el rendimiento máximo sostenible, sobre todo las de carácter medioambiental, pero no profundiza en las ventajas y sobre todo los inconvenientes de tipo económico y social del sistema para el sector pesquero.

3.7

Entre las ventajas señaladas por la Comisión, el CESE no comparte el argumento de que con esta política de gestión de pesca se vaya a reequilibrar la balanza comercial dado que el vacío que dejen las empresas comunitarias que desaparezcan en aras del cumplimiento de los objetivos del RMS será ocupado inmediatamente por empresas de terceros países, ya que el mercado de los productos de la pesca está condicionado por el hecho de que debe garantizar un aprovisionamiento continuo.

3.8

El planteamiento general que establece la Comunicación para el nuevo sistema de gestión es la reducción de la mortalidad por pesca: para que los peces puedan crecer más y alcancen un valor y un rendimiento superiores en el momento de la captura, hay que reducir la proporción de peces que se extrae del mar.

3.9

No obstante, la Comunicación reconoce que las poblaciones de peces son difíciles de medir y que, aún cuando la actividad pesquera (la mortalidad por pesca) sea el factor que más influye en el buen estado de una población, también intervienen otros factores como los cambios medioambientales y la afluencia de juveniles.

3.10

Por todo ello, la Comunicación propone una estrategia a largo plazo de reconstitución de las poblaciones pesqueras para encontrar un equilibrio entre la actividad pesquera y la capacidad productiva de las poblaciones, indicando que este objetivo puede alcanzarse gradualmente reduciendo el número de buques de pesca o el esfuerzo pesquero que ejercen.

3.11

Para aplicar esta estrategia de forma que los pescadores puedan obtener el rendimiento máximo sostenible de una población, habrá que definir previamente la tasa de pesca apropiada para cada población, la mortalidad anual por pesca, basándola en los mejores dictámenes científicos disponibles. Una vez definida, el sistema de gestión que se plantea tiene que marcar con qué ritmo deberán efectuarse los ajustes anuales para alcanzar dicha tasa objetivo. Estas decisiones, conforme a lo previsto en la política pesquera común, deberán aplicarse mediante planes a largo plazo.

3.12

En el momento actual la gestión de las pesquerías a nivel comunitario se realiza conforme a los principios de seguridad y precaución para las poblaciones pesqueras. Los TAC (Total Admisible de Capturas) y las cuotas de captura que anualmente se establecen están basados en informes científicos contrastados, y a algunas de las poblaciones de peces que se encuentran en peor situación se les aplican planes de recuperación previstos en el marco de la política pesquera común con el objetivo de volverlas a situar en niveles biológicos sostenibles.

3.13

El CESE considera que el cambio de sistema de gestión es significativo, puesto que implica la utilización de un objetivo biológico más ambicioso que el previsto en el sistema de gestión actual. Esta modificación implicará a su vez, en cada ajuste anual, unas reducciones de mortalidad por pesca considerables que, sin lugar a dudas, exigirán reducciones de flota y de esfuerzo pesquero y, por lo tanto, grandes sacrificios a las empresas pesqueras comunitarias. El CESE muestra su preocupación por el hecho de que el Fondo Europeo de la Pesca (FEP) no esté suficientemente dotado para hacer frente a los grandes sacrificios arriba mencionados. No obstante, en el caso de que se alcanzasen los objetivos previstos, la situación podría ser muy favorable para las empresas pesqueras que continuaran en la actividad.

3.14

Ante este planteamiento, el CESE desea manifestar a la Comisión que existe un grado de incertidumbre considerable en la estimación del RMS de las distintas poblaciones de especies. Ante tal incertidumbre, el Comité recomienda a la Comisión que en sus planes a largo plazo establezca ajustes anuales que sean razonables.

3.15

El reto, por tanto, es buscar formas de ayudar a las comunidades y a las empresas relacionadas con la pesca a superar sin problemas la fase de ajuste. El Comité cree que para ello se necesitarán medidas de apoyo más generosas e imaginativas que las que la Comisión ha propuesto hasta el momento. Tales medidas se justifican plenamente como forma de garantizar el cambio rápido a una actividad pesquera basada en un sistema más sostenible de cara al futuro.

3.16

En cualquier caso, el Comité considera fundamental que, tal y como prevé la Comunicación, en el proceso decisorio de los planes a largo plazo, así como en el ritmo de aplicación de los mismos y en las consecuencias de dicha aplicación, se asocie a todas las partes afectadas mediante frecuentes consultas a los Consejos Consultivos Regionales (CCR). Así mismo, el CESE estima que en estas consultas debe incluirse al Comité Consultivo de la Pesca y la Acuicultura de la UE (CCPA) y al Comité de Diálogo Social de Pesca la Marítima (CDS).

4.1

La implantación de un sistema de gestión de la pesca basado en el rendimiento máximo sostenible implica analizar, tal como lo hace la Comunicación, otra serie de cuestiones que afectan directamente a este tipo de gestión:

4.2

Efectos medioambientales y su influencia en el cambio de los ecosistemas marinos

4.2.1

La Comunicación admite que existe una gran incertidumbre en cuanto a la evolución de los ecosistemas marinos en relación con la modificación del clima y la meteorología y que estos y otros factores medioambientales pueden afectar a las poblaciones de peces.

4.2.2

Desconociendo el grado de incidencia de todos los efectos medioambientales, la Comisión considera que en muchos casos es la propia pesca el factor más influyente y que la aplicación de tasas de captura más bajas a una población de peces le permitirá resistir mejor los cambios ecológicos.

4.2.3

Propugna por tanto la Comunicación reducir la actividad extractiva a un ritmo constante y sostenible, para que a medida que se reduzca la mortalidad por pesca y se reconstituyan las poblaciones se vayan obteniendo mayores conocimientos de los ecosistemas y de su potencial productivo que permitan ajustar los objetivos de gestión a largo plazo.

4.2.4

El CESE admite este principio, siempre y cuando la mortalidad por pesca se reduzca a un ritmo gradual y sostenible en aquellas especies que lo requieran. La Comisión reconoce que la gestión de una biomasa de peces dirigida a aumentar su tamaño a corto plazo puede generar una inestabilidad inaceptable para la industria.

4.2.5

Sin embargo el Comité considera que aquellos «otros factores medioambientales» que ni siquiera cita la Comunicación, tales como la acción de los predadores, la contaminación, la exploración y explotación de yacimientos de petróleo o gas, las instalaciones eólicas marítimas, la extracción de arena y áridos de origen marino, etc., también influyen en la evolución de los ecosistemas marinos.

4.2.6

El CESE solicita a la Comisión y a los Estados miembros de la UE que exijan a los actores económicos cuyas actividades también influyen en la abundancia de las poblaciones de peces y en el cambio de los ecosistemas marinos, restricciones equivalentes a las que se solicitan del sector pesquero.

4.3.1

Donde el sistema de gestión de la pesca en base al rendimiento máximo sostenible encuentra una mayor dificultad de aplicación es en las pesquerías mixtas.

4.3.2

La Comunicación, consciente de esta dificultad, no trata en profundidad el sistema de gestión de las pesquerías mixtas. El CESE considera que es en este tipo de pesquerías donde deben esforzarse los contactos entre la Comisión y los CCR y el CCPA.

4.3.3

La Comunicación contempla la importancia, indudable según el Comité, de mantener el equilibrio entre los ecosistemas marinos, considerando que es un enfoque de alto riesgo disminuir la pesca de una especie para favorecer el rendimiento de otra.

4.3.4

La complejidad del sistema reside en que la pesca de todas las especies de un ecosistema, tal y como prevé la Comunicación, debería adecuarse a unas capturas (tasa objetivo) correspondientes a la obtención del rendimiento máximo sostenible a largo plazo. Esto quiere decir que entre las tasas de rendimiento máximo sostenible que se establezcan para las distintas poblaciones de un ecosistema que intervengan en una pesquería mixta, dentro de los planes a largo plazo, el máximo de capturas lo marcará la especie para la que se fija a largo plazo la tasa más baja para obtener su rendimiento máximo sostenible.

4.3.5

Asimismo señala la Comunicación que, para evitar la sobrepesca accidental de una especie como captura accesoria, puede resultar necesario incluir en algunos planes a largo plazo medidas adicionales tales como la modificación de las artes de pesca y de las zonas y temporadas de veda.

4.3.6

El CESE considera que, aunque el enfoque de este sistema de gestión es coherente con el objetivo más amplio de la política pesquera común, la Comisión debe evaluar muy detenidamente las diferentes tasas para obtener el RMS y concertar con las partes afectadas en las pesquerías mixtas la repercusión económica y social de los planes a largo plazo.

4.4.1.1

La Comunicación prevé que serán elaborados por la Comisión con consulta a los sectores afectados, teniendo como base dictámenes científicos imparciales y teniendo muy en cuenta las repercusiones económicas, sociales y medioambientales de las medidas propuestas.

4.4.1.2

Deberán definir una tasa de pesca objetivo, así como la manera de alcanzarla gradualmente reduciendo cualquier impacto adverso de la pesca sobre el ecosistema, incluyendo en las pesquerías mixtas medidas técnicas destinadas a garantizar que las diferentes poblaciones de peces se pesquen de manera compatible con sus objetivos respectivos y la posibilidad de explotar algunas poblaciones a niveles inferiores a su RMS con el fin de conseguir un aumento de la productividad de otras especies.

4.4.1.3

En caso de insuficiente base científica que permita evaluar las acciones necesarias para alcanzar la situación de rendimiento máximo sostenible, los planes a largo plazo utilizarán el enfoque de precaución.

4.4.1.4

Finalmente, los planes y sus objetivos estarán sometidos a revisiones periódicas.

4.4.1.5

El CESE considera que esta nueva orientación política de gestión de la pesca, que podrá tener indudables ventajas una vez que se haya alcanzado el RMS de todas las poblaciones de peces, podría tener consecuencias drásticas para el sector pesquero, que vería disminuidas sus capturas obligándole a una reducción de las flotas y a unas pérdidas de puestos de trabajo a corto plazo que provocarían una fragilidad del tejido económico de los puertos.

4.4.1.6

Por ello, el Comité insta a la Comisión a que en las consultas que prevé con el sector pesquero adopte una cierta flexibilidad en el ritmo de aplicación de los planes a largo plazo, de forma que permita a los pescadores una adecuación paulatina a este nuevo sistema de gestión.

4.4.1.7

En el caso de pesquerías mixtas, el CESE estima que esta flexibilidad debe ser máxima cuando existan poblaciones que se puedan explotar plenamente por encontrarse en buen estado.

4.4.2.1

Una vez elaborados y adoptados los planes a largo plazo en los que se establezcan unos objetivos adecuados para las poblaciones, corresponderá a los Estados miembros decidir el ritmo a que debe avanzarse para alcanzar estos objetivos y la manera de gestionar la transición.

4.4.2.2

La Comunicación plantea dos grandes enfoques para la gestión de este cambio:

4.4.2.3

La decisión sobre el enfoque o estrategia económica a aplicar corresponde a cada Estado miembro, mientras que la Comunidad en este contexto aportará el marco de gestión que permita eliminar gradualmente la sobrepesca utilizando el instrumento financiero del Fondo Europeo de la Pesca.

4.4.2.4

En la Comunicación hay una clara inclinación de la Comisión hacia el primer enfoque, basado en la reducción de la capacidad de flotas nacionales, por ser mas fácil de controlar y porque la experiencia indica que la reducción de la capacidad de flota genera menor rechazo social y menos problemas a la hora de aplicarla que otro tipo de soluciones.

4.4.2.5

El CESE reconoce que la reducción de la capacidad de las flotas es el sistema o enfoque más eficiente para, gradualmente, eliminar la sobrepesca. No obstante, el Comité considera que cada Estado miembro elegirá, analizando los efectos económicos y sociales, el enfoque que más le interese, sin olvidar que ambas opciones pueden utilizarse simultáneamente hasta lograr el objetivo del rendimiento máximo sostenible de las poblaciones de peces.

4.4.2.6

El CESE muestra su conformidad con la propuesta de analizar a nivel regional los efectos económicos y sociales del ajuste en lugar de hacerlo a nivel europeo, ya que las particularidades de cada flota varían de un Estado miembro a otro.

4.4.2.7

En este sentido, los planes a largo plazo tendrán como punto de partida la pesquería, se referirán a grupos de poblaciones que se capturen conjuntamente, e incluirán elementos como la limitación del grado en que pueden variar las posibilidades de pesca de un año al siguiente, garantizando una transición estable y gradual.

4.4.2.8

Finalmente, la Comunicación contempla que llevará tiempo implantar una serie completa de planes a largo plazo que permitan obtener el objetivo del RMS. Por ello, la Comunidad deberá adoptar, con efectos a partir del año 2007, unas decisiones de gestión que garanticen que no se incremente la tasa de pesca de ninguna población que ya sea objeto de sobrepesca. El CESE considera que las decisiones que pueda adoptar la Comisión Europea para el año 2007 deben ser consultadas previamente con los Consejos Consultivos Regionales, con el Comité Consultivo de la Pesca y la Acuicultura de la UE y con el Comité de Diálogo Social de la Pesca Marítima.

20.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 168/42

1.1

El Comité está de acuerdo con el fundamento jurídico (artículo 95 del TCE) y la naturaleza del instrumento (Reglamento).

1.2

La Comisión no puede alegar competencias propias emanadas del TCE que le permitan intervenir en contra de la crueldad con los animales, si se produce, además, más allá de su territorio, ni se encuentra en condiciones de abordar este problema si no es desde la perspectiva de sus competencias en materia de comercio y mercado interior de las pieles, y en razón de la existencia de diferentes legislaciones nacionales que es preciso armonizar.

1.3

El Comité comparte la idea de la Comisión de que sólo la prohibición total puede disuadir a los importadores de prendas de vestir y de juguetes de introducir grandes cantidades de pieles de perro y de gato y otros artículos derivados en el territorio de la Unión, y así oponer un obstáculo al tráfico a gran escala de pieles prohibidas.

1.4

El Comité desea que el concepto de «piel» sea explícito desde el punto de vista jurídico y designe expresamente la piel propiamente dicha y sus componentes separados (pelo, pellejo), de tal forma que la prohibición abarque todos los usos posibles de las pieles de perro y de gato.

1.5

El Comité insiste en la eficacia de los métodos de control y en la utilización de la comitología para establecer las modalidades de control más aceptables.

2.1

Mediante una propuesta de Reglamento basada en el artículo 95 del TCE (mercado interior), la Comisión propone prohibir la producción, la importación, la exportación y la venta de pieles de perro y de gato en la Unión Europea.

2.2

El Reglamento propuesto responde a las peticiones de la sociedad civil y del Parlamento Europeo, al tiempo que la Presidencia alemana lo considera prioritario.

2.3

Parece que especialmente en Asia se crían y sacrifican perros y gatos en condiciones lamentables, para utilizar sus pieles en la producción de prendas de vestir, accesorios y juguetes. Estas pieles han sido detectadas en el mercado interior europeo.

2.4

En general estas pieles se transforman mediante tratamiento químico y teñido y se venden con nombres que ocultan su origen. Es difícil identificar científicamente el origen exacto de las pieles tratadas de este modo, tanto por su aspecto y textura como mediante el análisis del ADN, pues éste se destruye en el proceso de transformación. Al parecer, la espectrometría de masas permitiría, utilizando un método comparativo, determinar el origen exacto del animal en cuestión. El control aduanero podría resultar, en consecuencia, extremadamente difícil, lo cual explica, especialmente, las excepciones previstas en el artículo 4 del proyecto.

2.4.1

El artículo 4 prevé que se permita la posesión de prendas u objetos realizados con las pieles prohibidas, si son para uso personal. En opinión del Comité, la posesión y el uso personal o la tenencia de estos bienes privados en cantidades muy limitadas deben quedar excluidos claramente del campo de aplicación del Reglamento, a fin de evitar toda sobrecarga burocrática.

2.4.2

La posible utilización de pieles no obtenidas mediante la cría para fines de producción y etiquetadas como tales podrá someterse, en su caso, a la comitología.

2.5

Desde el punto de vista de la proporcionalidad, la prohibición total de la producción, la importación y el comercio es la única medida posible, dado que las importaciones son clandestinas y hay un engaño en la mercancía, a consecuencia del etiquetado falseado de las prendas de vestir y los artículos que pueden contener piel de perro o de gato.

2.6

Muchos Estados miembros y terceros países ya han adoptado legislaciones que lo prohíben, de distinta naturaleza y alcance: la intervención comunitaria está justificada por la necesidad de armonizar el mercado interior.

2.7

Se ha establecido un sistema de información y seguimiento relativo a la detección y los métodos de detección de pieles prohibidas. La comitología permitirá establecer una lista de lo que se considerará aceptable para llevar a cabo los controles.

2.8

Los Estados miembros deberán prever sanciones proporcionadas y disuasorias.

3.1

El Comité está de acuerdo con el fundamento jurídico y la forma del Reglamento; en efecto, el bienestar animal que se busca para los animales de granja no se aplica a perros y gatos.

3.2

Es un hecho social que en Europa estos animales se han convertido en animales de compañía, que no se crían por su carne ni su piel, ni para realizar trabajos, a excepción de algunas razas de perros que se destinan a acompañar y guiar a personas con discapacidad o a encontrar a personas desaparecidas, atrapadas en escombros o en la nieve y otras tareas útiles para el ser humano, todo lo cual no hace sino aumentar la simpatía del público en general.

3.3

La Comisión no puede alegar competencias propias emanadas del TCE que le permitan intervenir en contra de la crueldad con los animales, si se produce, además, más allá de su territorio, ni se encuentra en situación de abordar este problema si no es desde la perspectiva de sus competencias en materia de comercio y armonización en el mercado interior de las pieles, ni puede eliminar obstáculos al comercio de pieles en razón de la existencia de diferentes legislaciones nacionales que es preciso armonizar a fin de evitar la fragmentación del mercado.

3.4

Dadas las notables dificultades técnicas para identificar las pieles de perros y gatos transformadas, una propuesta limitada a exigencias de etiquetado resultaría ineficaz en la práctica. El Comité comparte la idea de la Comisión de que sólo la prohibición total puede disuadir a los importadores de prendas de vestir y de juguetes de introducir grandes cantidades de pieles de perro y de gato y otros artículos derivados en el territorio de la Unión, y así oponer un obstáculo al tráfico a gran escala de pieles prohibidas.

3.5

Una vez aprobado el Reglamento, debería notificarse a la OMC como parte de las barreras no arancelarias. Dicho Reglamento es conforme con las normas del comercio internacional.

4.1

El Comité desea que el concepto de «piel» sea explícito desde el punto de vista jurídico y designe expresamente la piel propiamente dicha y sus componentes separados (pelo, pellejo), de tal forma que la prohibición abarque todos los usos posibles de las pieles de perro y de gato.

4.2

El Comité considera conveniente precisar la necesidad de evitar los controles aduaneros sobre las personas físicas en lo que se refiere a los objetos estrictamente personales que lleven en cantidad muy limitada cuando cruzan las fronteras interiores o cuando llegan de un tercer país. Tampoco deben asimilarse al comercio que queda dentro del campo de aplicación del Reglamento el intercambio o la venta de una prenda o la donación a una organización caritativa.

20.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 168/44

1.1

El Comité apoya que la Unión Europea se comprometa activamente con los esfuerzos internacionales para restringir la producción y el uso del mercurio en todo el mundo, así como para garantizar métodos seguros de almacenamiento y eliminación. Para conseguirlo es importante que Europa dé buen ejemplo con su propia manera de enfrentarse al problema del mercurio en la Unión y que respalde mejores medidas de control en todo el mundo.

1.2

El Comité, por tanto, secunda el objetivo general de la propuesta de la Comisión recogida en el Reglamento propuesto: prohibir la exportación de mercurio desde Europa y exigir el almacenamiento seguro del mercurio excedente en Europa. El CESE cree que prohibir la exportación de mercurio metálico desde Europa y exigir que se almacene de forma segura hasta el momento de su eliminación resulta especialmente adecuado y oportuno en las circunstancias actuales de desaparición gradual de los procesos cloroalcalinos que emplean mercurio.

1.3

De cara al futuro, el Comité insta a la Comisión a llevar a la práctica los demás componentes de su estrategia para el mercurio lo antes posible, y a desarrollar medidas que reduzcan más la utilización del mercurio en procesos y productos en Europa, así como para garantizar la eliminación segura de los flujos de residuos de mercurio.

1.4

El Comité cree que la prohibición legal debería entrar en vigor tan pronto como sea razonablemente posible y que, hasta entonces, debería alentarse a la Comisión y las empresas concernidas a hacer cuanto puedan para reducir las exportaciones al mínimo.

1.5

El Comité apoya las disposiciones relativas al almacenamiento que propone la Comisión en esta Reglamento, y considera que son las mejores que existen actualmente. Las evaluaciones de seguridad de los centros que se propongan para el almacenamiento deben ser realizadas por las autoridades competentes y deberían incluir un control periódico cuando estén funcionando. El Comité insta a la Comisión a solicitar a los Estados miembros informes de los progresos en esta cuestión. Además, deben proponerse medidas adicionales si se comprueba que las disposiciones sobre almacenamiento resultan insatisfactorias.

2.1

El mercurio es un componente natural que está presente en la corteza terrestre con una media de aproximadamente 0,05 mg/kg y con notables variaciones locales. El mercurio se encuentra también, en cantidades muy bajas, en la biosfera. La absorción en las plantas puede explicar también su presencia en los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas.

2.2

Los niveles medioambientales de mercurio han aumentado considerablemente desde el comienzo de la era industrial. La combustión de los combustibles fósiles libera cantidades significativas de mercurio. Además, se extrae mercurio de los minerales (principalmente el cinabrio) y se usa en diversas aplicaciones industriales. El mercurio de los procesos industriales y de los productos de desecho se libera en el medio ambiente. Los usos del pasado han dejado un legado de mercurio en vertederos, escoria de minas, centros industriales contaminados, suelos y sedimentos. Incluso las regiones con escasa liberación de mercurio, como el Ártico, están afectadas debido al transporte transcontinental y mundial de mercurio.

2.3

Una vez liberado, el mercurio persiste en el medio ambiente y circula de distintas formas en el aire, el agua, los sedimentos, el suelo y la biota. Puede transformarse en metilmercurio (principalmente mediante metabolismo microbiano), un derivado capaz de de acumularse en los organismos (bioacumulación) y de concentrarse en las cadenas alimentarias (biomagnificación), especialmente la acuática (peces y mamíferos marinos). El metilmercurio, por tanto, es el derivado más preocupante: prácticamente todo el mercurio que se encuentra en los peces es metilmercurio.

2.4

El mercurio se encuentra actualmente en varios ecosistemas y alimentos (especialmente los peces) de todo el planeta en unas concentraciones que afectan negativamente al ser humano y a la fauna. En algunas zonas del mundo, incluida Europa, una parte importante de la población está expuesta a niveles de mercurio muy superiores a los que se consideran seguros. Internacionalmente se reconoce la necesidad de reducir al mínimo la liberación de mercurio al entorno y eliminarlo paulatinamente siempre que sea posible y cuanto antes.

2.5

Pese a un descenso mundial en el consumo de mercurio (la demanda mundial es menos de la mitad que en 1980) y los bajos precios, en distintos países del mundo sigue obteniéndose mercurio de minas. En Europa ya no existe producción primaria, pero el mercurio sigue aislándose como producto secundario en otros procesos extractivos.

2.6

También llegan grandes cantidades de mercurio al mercado mundial como consecuencia de la reconversión o el cierre de instalaciones de la industria cloroalcalina que utilizaban mercurio en sus procesos. Este mercurio residual suele venderse a bajo precio a Minas de Almadén (España), que a su vez lo vende por todo el mundo.

2.7

Pese a sus ímprobos esfuerzos, ni Euro Chlor ni Almadén pueden garantizar que el mercurio exportado desde la UE en virtud de este acuerdo no vaya a incrementar la contaminación mundial, debido a la falta de control una vez que sale de las instalaciones de Almadén. Por tanto, ello podría fomentar un mayor uso del mercurio en procesos y productos no regulados en otros países y aumentar así las cantidades de residuos y emisiones de mercurio. Así pues, es conveniente evitar que esta notable aportación de mercurio procedente de procesos que lo utilizan, abandonados por la industria cloroalcalina, llegue al mercado mundial.

3.1

El 28 de enero de 2005, la Comisión adoptó su Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo — Estrategia comunitaria sobre el mercurio (COM(2005) 20 final). La estrategia proponía veinte acciones relativas a todos los aspectos del ciclo vital del mercurio. Dos de las acciones propuestas por la estrategia se refieren a la exportación y el almacenamiento del mercurio.

3.2

Ahora, la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre la prohibición de la exportación y el almacenamiento seguro del mercurio metálico da impulso a estas acciones. La propuesta tiene por objeto prohibir la exportación de mercurio metálico de la Comunidad y velar por que este mercurio no vuelva a entrar en el mercado y se almacene de forma segura, de conformidad con las medidas 5 y 9 de la Estrategia comunitaria sobre el mercurio. El propósito fundamental es evitar que se siga alimentando el «fondo mundial» de mercurio ya liberado.

3.3

El Reglamento propuesto prohibiría la exportación de mercurio de la UE desde el 1 de julio de 2011. Desde esa misma fecha, el mercurio que ya no sea utilizado por el sector cloroalcalino, el obtenido como subproducto de la limpieza de gas natural, así como el obtenido en la producción de metales no ferrosos, deberán almacenarse de forma segura.

3.4

La Comisión ha realizado amplias consultas sobre su propuesta y MAYASA, el Gobierno español y la industria cloroalcalina europea (las tres partes más directamente afectadas) han aceptado la prohibición a partir de la fecha propuesta. La Comisión ha tomado nota de que CEFIC, la organización de la industria química europea, se ha comprometido voluntariamente a garantizar el almacenamiento seguro del mercurio procedente de la industria cloroalcalina a partir del 1 de julio de 2011.

4.1

El Comité respalda decididamente el objetivo de convertir a Europa en líder de los esfuerzos mundiales por reducir la liberación y las emisiones de mercurio al medio ambiente limitando su producción y consumo, y fomentando que sea sustituido por otros materiales, procesos y productos más seguros. El Comité cree que el Reglamento REACH facilitaría estos objetivos.

4.2

El Comité se felicita al observar que en la Unión Europea ya no existe extracción de minerales que contienen mercurio. El Comité considera que la Comisión debería mantener su supervisión sobre esta cuestión y estar dispuesta a imponer una prohibición si en algún momento se detecta que en Europa vuelve a extraerse mercurio para usos comerciales. El CESE recomienda igualmente a la Comisión que estudie nuevas medidas que disuadan de obtener mercurio como producto secundario de la extracción de otros minerales y que garanticen la seguridad en el almacenamiento y la eliminación del mercurio excedente.

4.3

Viendo la situación fuera de Europa, el Comité apoya que la Unión Europea se comprometa activamente con los esfuerzos internacionales para restringir la producción y el uso del mercurio en todo el mundo, así como para garantizar métodos seguros de almacenamiento y eliminación. Para conseguirlo, es importante que Europa dé buen ejemplo con su propia manera de enfrentarse al problema del mercurio en la Unión y que respalde mejores medidas de control en todo el mundo.

4.4

En este contexto, prohibir la exportación de mercurio metálico de Europa y exigir que se almacene de forma segura hasta su eliminación representa un paso útil. Resulta particularmente adecuado y oportuno en las circunstancias actuales, pues, de otra manera, la desaparición gradual de los procesos cloroalcalinos que emplean mercurio en Europa podría haber trasladado grandes cantidades de mercurio excedente al mercado mundial. El Comité, por tanto, secunda el objetivo general de la propuesta de la Comisión recogida en el Reglamento propuesto: prohibir la exportación de mercurio desde Europa y exigir el almacenamiento seguro del mercurio excedente en Europa.

4.5

Pese a todo, éste no puede ser el final. El Comité espera que la Comisión siga trabajando para desarrollar medidas que reduzcan más la utilización del mercurio en procesos y productos en Europa, así como para garantizar la eliminación segura de los flujos de residuos de mercurio. El CESE insta también a la Comisión Europea a considerar qué otras medidas pueden tomarse a escala internacional para promover una mejor gestión del mercurio en todo el mundo, incluida la negociación de medidas de cooperación apropiadas para respaldar la transferencia de tecnologías para la sustitución del mercurio, soluciones para la captura y el almacenamiento del mercurio y, posiblemente, un acuerdo internacional sobre la gestión y el control del mercurio.

5.1

El Comité señala que la presente propuesta sólo es de aplicación a la exportación de mercurio metálico (artículo 1). El CESE considera urgente seguir estudiando la posibilidad de ampliar la prohibición a los compuestos del mercurio y a los productos que contienen mercurio, como se recoge en el artículo 5. Sería conveniente establecer para ello un calendario. También deberían estudiarse nuevas medidas para exigir que en la Unión se sustituya el mercurio de productos y procesos por materiales menos tóxicos y contaminantes.

5.2

La Comisión había propuesto en un principio que la prohibición se hiciese efectiva en 2011. El Parlamento recomendó adelantarla a 2010 y las ONG continúan presionando para que la prohibición entre en vigor en una fecha más temprana. El Comité cree que la prohibición legal debería entrar en vigor tan pronto como sea razonablemente posible y que, hasta entonces, debería alentarse a la Comisión y las empresas concernidas a hacer cuanto puedan para reducir las exportaciones al mínimo.

5.3

La Comisión propone (artículo 2) que el mercurio procedente del abandono de procesos cloroalcalinos, el obtenido de la limpieza de gas natural y el obtenido de las operaciones de minería y fundición de minerales no ferrosos se almacene de forma segura. En el artículo 3 se especifica el almacenamiento en una mina de sal subterránea o en una instalación dedicada exclusivamente al almacenamiento temporal de mercurio metálico. Tales instalaciones han de demostrar que aplican las prácticas de seguridad y almacenamiento correspondientes. Debe ser responsabilidad de cada Estado miembros crear estas instalaciones o unirse a otro en el que las condiciones para ello sean más favorables. Además de la prohibición de las exportaciones, estas disposiciones pretenden garantizar que esos excedentes de mercurio de los grandes procesos industriales desaparezcan por completo del mercado y se almacenen de forma segura.

5.4

El Comité apoya estas disposiciones relativas al almacenamiento y considera que son las mejores que existen actualmente. El Comité juzga muy importante que las evaluaciones ambientales y de seguridad que deban llevar a cabo las autoridades competentes en cualquier instalación de almacenamiento se realicen de modo exhaustivo y riguroso y que se incluya un control periódico de las instalaciones cuando estén funcionando. El Comité insta a la Comisión a solicitar a los Estados miembros informes de los progresos en esta cuestión y a estar dispuesta a proponer medidas adicionales si se comprueba que las disposiciones sobre almacenamiento resultan insatisfactorias.

5.5

Es importante que los operadores que han utilizado el mercurio corran con el coste de su almacenamiento seguro. El Comité señala que las disposiciones sobre almacenamiento del mercurio excedente derivado del abandono de los procesos cloroalcalinos deben aplicarse tras consultar a las empresas correspondientes y conseguir un acuerdo. Igualmente recuerda que Euro Chlor está desarrollando un acuerdo voluntario paralelo al Reglamento, por el que sus miembros se comprometen a utilizar instalaciones de almacenamiento seguras. El Comité acoge con agrado esta iniciativa de un grupo de industrias responsable. Siempre que tales disposiciones incluyan a todas las empresas afectadas y pueda certificarse con transparencia el control, el Comité coincide en que será la mejor forma de garantizar una aplicación eficaz. El Comité recomienda a la Comisión que estudie la posibilidad de llegar a acuerdos similares con otros grandes productores industriales de mercurio metálico, como el sector de la energía y el de la minería y fundición de minerales no ferrosos.

5.6

El Comité subraya la especial importancia que tendrán el control y la aplicación de las nuevas disposiciones. En efecto, las exigencias respecto del almacenamiento y la eliminación del mercurio harán que éste pase de ser un bien que puede comercializarse a ser una responsabilidad que supondrá un coste para quienes lo poseen. En tales circunstancias habrá operadores poco escrupulosos que se sientan tentados a eludir las rutas adecuadas para la eliminación del mercurio y desviarlo a vertederos ilegales. Para evitar estos resultados no deseados será preciso llevar registros rigurosos y aplicar el máximo control.

5.7

El Comité insta a la Comisión a estudiar nuevas acciones para aplicar lo antes posible otros elementos de la estrategia para el mercurio. En particular, el CESE considera importante fomentar que se elimine gradualmente y cuanto antes el mercurio de los sistemas de iluminación, la joyería, la odontología y la cosmética, así como acelerar las medidas para reducir o eliminar las emisiones de mercurio de las grandes plantas de combustión, los hornos crematorios y otras fuentes importantes de contaminación del aire por mercurio. Es posible que se necesiten medidas adicionales también para garantizar que, cuando se detecten cantidades significativas de mercurio en otros flujos de residuos, se capturen para su almacenamiento o eliminación en vez de permitir que se liberen y contaminen el entorno. Obviamente, todas esas medidas deberán ser evaluadas exhaustivamente para determinar la contribución de cada actividad al problema mundial del mercurio y precisar los costes y consecuencias de las soluciones propuestas.

20.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 168/47

1.1

Es necesario que, de conformidad con el artículo 128.2 del Tratado, el Consejo confirme la validez para 2007 de las actuales directrices para las políticas de empleo mediante una decisión, previa consulta al Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo.

1.2

El CESE respalda la propuesta de que se mantengan en 2007 las directrices para el empleo de 2005-2007 y recuerda las principales preocupaciones y recomendaciones.

1.3

El CESE recomienda encarecidamente que se difunda amplia y oportunamente a todas las partes interesadas el calendario y el proceso adoptados con el fin de maximizar los beneficios del proceso, reforzar la buena voluntad y garantizar la máxima participación posible de las partes interesadas y ofrecerles tiempo suficiente para que formulen sus respuestas a escala comunitaria y nacional en la fase de elaboración.

1.4

El CESE recomienda que las nuevas directrices para el empleo hagan mayor hincapié en la inclusión de las personas con necesidades especiales, a través del establecimiento de objetivos específicos y de un mayor reconocimiento de los requisitos de la política social. El CESE destaca que es importante que los interlocutores sociales y la sociedad civil participen en la fase más temprana posible del proceso de elaboración de las directrices de la Comisión, así como que sean consultados sobre el documento definitivo.

1.5

El CESE recomienda que la Comisión establezca un grupo de trabajo con el CESE lo antes posible para empezar a trabajar en la elaboración de las directrices para el empleo mediante el establecimiento de contactos formales e informales a fin de adoptar un planteamiento proactivo del desarrollo de las directrices de empleo para los próximos tres años.

1.6

El CESE aboga por que la Comisión establezca en las nuevas directrices objetivos mucho más ambiciosos y cuantificables a escala comunitaria y nacional, así como mayores competencias para la Comisión.

1.7

El CESE recomienda que todos los Estados miembros tengan sistemas TIC adecuados para garantizar que se mejora la recogida de datos y facilitar el seguimiento y evaluación por los Estados miembros y la Comisión.

1.8

El CESE recomienda nuevamente que los programas nacionales de reforma incluyan pruebas más concretas de objetivos definidos, plazos, costes y asignación presupuestaria.

2.1

A principios de 2007 la Comisión envió al CESE una propuesta como parte del proceso de consulta para validar las «Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros» para 2007, que requería que fuese confirmada mediante una decisión del Consejo.

2.2

La Comisión propone que las directrices para el empleo establecidas para el periodo 2005-2008 (1) sobre la base del artículo 128 del Tratado, se mantengan en 2007 y que los Estados miembros las tengan en cuenta en sus políticas de empleo (2).

2.3

Con esta propuesta de decisión, la Comisión tiene en cuenta la nueva Estrategia de Lisboa de 2005 que se basa en un nuevo ciclo de gobernanza con un paquete integrado de directrices que seguirán vigentes hasta 2008. Estas directrices tienen una dimensión económica, social y medioambiental.

2.4

Los Estados miembros tendrán que elaborar programas nacionales de reforma que hayan sido evaluados por la Comisión. Esta revisión anual establece el progreso realizado en el cumplimiento de las directrices y formula conclusiones que serán el fundamento del mantenimiento de las directrices.

—

El calendario para la elaboración y aprobación de las directrices era muy apretado y no permitió entablar un auténtico debate sobre este importante tema ni contar con la participación de una serie de partes interesadas a escala comunitaria y nacional con un cierto impacto en el proceso democrático asociado a la elaboración de los programas nacionales.

—

Puesto que las directrices actuales enfatizan que incumbe a los Estados miembros establecer sus propios objetivos, un problema persistente es que las medidas de las políticas de empleo ya no pueden ser evaluadas frente a objetivos específicos y cuantificables como era el caso en programas anteriores, lo que ha dado lugar a que los programas nacionales de reforma sean menos ambiciosos respecto a la política de empleo y a los derechos y obligaciones de los trabajadores.

—

Es preciso hacer mucho más hincapié en la necesidad de integrar a los jóvenes en el mercado de trabajo, y garantizarles en cierta medida un primer empleo con perspectivas de futuro.

—

Es necesario seguir insistiendo en la lucha contra la discriminación por motivos de edad, discapacidad u orígenes étnicos.

—

La transición a la economía del conocimiento requiere un enfoque mucho más riguroso y centrado de la formación profesional y el aprendizaje permanente para adaptar las nuevas tecnologías, reestructurar la base industrial y permitir que las personas adquieran cualificaciones transferibles.

—

Debería existir más coherencia en la integración de las inversiones en investigación, desarrollo e innovación para estimular la economía y crear nuevos empleos.

—

No se presta suficiente atención a la igualdad entre hombres y mujeres ni a la necesidad de conciliar la vida profesional con la vida familiar.

—

Es preciso prestar más atención al impacto de los cambios demográficos y los desafíos que entraña el envejecimiento de la fuerza laboral.

—

Es necesario reforzar y hacer un seguimiento de la aplicación de las políticas de inmigración, así como del impacto en la planificación nacional de la mano de obra.

—

Es importante que existan fondos adecuados a escala nacional y comunitaria para aplicar las medidas de las políticas de empleo.

4.1

En anteriores dictámenes, el CESE acogió favorablemente la aprobación de las directrices integradas para 2005-2008. Ahora insiste en que el éxito depende de que los Estados miembros asuman seriamente sus responsabilidades y apliquen en la práctica las prioridades acordadas a escala nacional. Es preciso volver a insistir en que todos los interlocutores sociales y la sociedad civil deben participar realmente en todas las fases de la elaboración y aplicación de estas políticas.

4.2

El CESE reconoce que se han conseguido avances en términos de crecimiento económico en la UE-25 y de medidas específicas del empleo (4), pero considera preocupante que todavía exista una disparidad en la aplicación de las distintas medidas dentro y entre los distintos Estados miembros, y opina que la falta de urgencia y prioridad impide que se produzcan cambios importantes.

4.3

El CESE pide que la Comisión asuma un papel más importante en la formulación de objetivos comunitarios y nacionales, y que haga un seguimiento y evalúe los avances que podrían aportar consistencia y valor a los informes anuales de los programas nacionales de reforma de cada Estado miembro.

4.4

El CESE aplaude las propuestas de la Comisión de utilizar recursos de los Fondos Estructurales, del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para respaldar al aplicación de las directrices sobre el empleo. El CESE insiste en que es importante que se faciliten fondos adecuados a escala comunitaria y nacional para priorizar las iniciativas en materia de empleo.

4.5

El CESE reitera su preocupación por la falta de avances y pide que las directrices para el empleo de 2008-2010 incluyan medidas y modificaciones que reflejen la necesidad de mejorar.

—

Parece poco probable que dentro de ese periodo se llegue a cumplir el objetivo global de conseguir una tasa de empleo total del 70 %. Aunque la tasa establecida para el empleo de mujeres habrá alcanzado el 60 % propuesto, este porcentaje incluye el trabajo a tiempo parcial, el trabajo flexible y el trabajo temporal.

—

Tampoco se alcanzará el objetivo propuesto del 50 % para los trabajadores de más edad (personas con edades comprendidas entre los 45 y los 65 años, según la definición de la Comisión), aunque se han conseguido ciertos avances.

—

Se siguen elaborando pocas estrategias para la inclusión de las personas con discapacidad o con necesidades específicas.

—

El nivel de desempleo juvenil, que sigue aumentando, es motivo de preocupación, así como que se tomen las medidas adecuadas para mejorar la situación.

—

La adecuación de la educación al moderno mercado de trabajo reviste una gran importancia porque faltan competencias básicas e intermedias, y existe una divergencia irreconciliable entre las competencias y cualificaciones en el mercado de trabajo.

—

También sigue preocupando en gran medida que se apliquen debidamente las medidas de formación profesional y aprendizaje permanente, y que el sector público o el sector privado se comprometan realmente a prestar apoyo financiero.

—

Se sigue registrando una continua falta de énfasis en el aprendizaje permanente entre los trabajadores de todas las edades, pero sobre todo entre los trabajadores de más edad. Esto es especialmente preocupante en relación con la adaptabilidad de la mano de obra.

—

También preocupa la integración de los trabajadores inmigrantes en los Estados miembros que están cubriendo las principales lagunas de competencias en el mercado laboral.

—

Si bien el CESE apoya la movilidad de trabajadores por todos los Estados miembros, manifiesta su preocupación por el impacto que tiene en el país de origen la transferencia de trabajadores cualificados y el traslado de competencias de un país comunitario a otro. Esta situación tiene que ser objeto de seguimiento y se tendrán que adoptar medidas para retener en el país a un número equilibrado de trabajadores competentes y cualificados a fin de garantizar la sostenibilidad.

—

Será preciso examinar la repercusión en las ofertas de empleo local para comprender los motivos por los que las personas desempleadas no solicitan empleos locales vacantes.

—

La constatación de que la economía del conocimiento basada en la investigación e innovación todavía está atrasada.

—

Ante la falta de atención prestada a un enfoque integrado del «ciclo vital» por los Estados miembros, el CESE insta a los Estados miembros a mantener sus esfuerzos para que el mundo laboral sea compatible con la vida familiar. Ésta es una tarea para toda la sociedad. En particular, los centros para la atención infantil posibilitan conciliar las obligaciones familiares y profesionales, al tiempo que permiten a las mujeres seguir trabajando o acceder al mercado laboral rápidamente tras una interrupción (5).

—

La necesidad de que los Estados miembros avancen hacia estrategias que mejoren la adaptabilidad de los trabajadores y empresas y, en particular, el potencial que tiene el concepto de «flexiguridad» (6).

—

Será preciso abordar el impacto del «trabajo no declarado», ya que tiene repercusiones en los Estados miembros y en las personas.

—

Todavía está pendiente en algunos Estados miembros la aprobación y aplicación de la agenda del «trabajo digno» (7) y los principios de la calidad del trabajo (8).

—

En comparación con la media estadounidense, las tasas de productividad europeas siguen siendo insuficientes, lo que refleja la tasa y el nivel de inversión en capital humano e intelectual.

—

Aunque la tasa de inversión pública en la UE es comparable a la estadounidense, la inversión del sector privado todavía sigue siendo muy inferior.

6.1

Tras recibir los informes anuales de los Estados miembros, la Comisión ha acometido una revisión que se ha traducido en la Comunicación sobre la Ejecución de la Estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo — «Un año de resultados», en la que se reflejan los avances hasta la fecha. Este año se ha incluido un anexo pormenorizado en el que se establecen las medidas recomendadas específicamente para cada Estado miembro. Se trata de una contribución extremadamente importante para evaluar el impacto global de directrices y, además, corrobora las preocupaciones del CESE por la ausencia de urgencia y la disparidad en la aplicación de las directrices. La Comisión tiene que tener más autoridad para establecer objetivos cuantificables, coordinar actividades y exigir su cumplimiento.

6.2

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de «evaluación del impacto» que la Comisión llevará a cabo sobre el programa trienal en conjunción con una serie de organismos para evaluar su eficacia e influir en el desarrollo de las nuevas directrices para el empleo de 2008-2010.

6.3

El CESE aplaude la propuesta del proceso de consulta sobre las nuevas directrices para el empleo que comenzará después de la publicación de la propuesta de la Comisión en diciembre de 2007 con el fin de presentar la propuesta definitiva al Consejo en junio de 2008 para su aprobación. El CESE destaca que es importante consultar y contar con la participación de los Estados miembros y todas las partes interesadas en una fase temprana del proceso tanto a escala comunitaria como nacional.

6.4

El CESE insiste en que es importante tener la oportunidad de examinar la «evaluación del impacto» tan pronto como sea posible durante 2007 con el fin de analizar el contenido, recabar información y actuar de manera proactiva con respuestas para influir en la elaboración de las directrices y de los programas nacionales.

20.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 168/50

1.1

El Libro Verde crea una nueva interpretación del mar en la UE, que cabe acoger con satisfacción. Es la primera vez que se invierte la mentalidad de las políticas comunitarias basada en la tierra. El mensaje simbólico del Libro Verde consistente en que Europa es y, sobre todo, ha sido una nación marítima pasa una nueva página en la UE en lo que se refiere a los mares.

1.2

El Libro Verde propugna un enfoque de conjunto, intersectorial y estratégico sobre los océanos. La lógica subyacente a la sustitución de un enfoque fragmentario por una visión amplia merece un apoyo generalizado.

1.3

Los elementos positivos del Libro Verde son mucho más numerosos que los posibles elementos negativos. El CESE apoya la mayoría de las propuestas formuladas en el Libro Verde (sobre pesca, puertos, construcción naval, transporte marítimo, regiones costeras, producción de energía en el mar, I+D, medio ambiente, turismo y biotecnología marina) con observaciones específicas al respecto.

1.4

El CESE suscribe el papel fundamental que se reconoce a los servicios marítimos y a los puertos de la UE en una economía globalizada. Asimismo, acoge con satisfacción que en el Libro Verde se reconozca que el transporte marítimo es internacional y requiere normas globales. Es necesario que la UE adopte medidas positivas para contrarrestar la imagen pública negativa del transporte marítimo y la escasa valoración de la contribución de los buques y los marinos a la sociedad. El CESE comparte la opinión de que los Estados miembros deberían ratificar lo antes posible los principales Convenios marítimos internacionales (OMI/OIT) y garantizar su adecuado cumplimiento.

1.5

Las agrupaciones marítimas deberían ocupar un lugar central en la futura política marítima de la UE. El CESE considera que la UE debería encargar un estudio para definirlas y compararlas con las agrupaciones marítimas de otras zonas. Las agrupaciones marítimas serán decisivas para mantener los conocimientos marítimos especializados en la UE.