(1)

El marco normativo que rige la política de cohesión de la Unión para el período 2021 a 2027, en el contexto del próximo marco financiero plurianual, contribuye al cumplimiento de los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París adoptado con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (5) (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»), que prosigue los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, concentrando la financiación de la Unión en objetivos verdes. El presente Reglamento debe realizar una de las prioridades establecidas en la Comunicación de la Comisión de 11 de diciembre de 2019 titulada «El Pacto Verde Europeo» y forma parte del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, que ofrece financiación específica en el marco del Mecanismo para una Transición Justa en el contexto de la política de cohesión para abordar los costes sociales, económicos y medioambientales de la transición a una economía circular y climáticamente neutra, en la que las emisiones de gases de efecto invernadero restantes se ven compensadas por absorciones equivalentes.

(2)

La transición a una economía climáticamente neutra y circular constituye uno de los objetivos de las políticas de la Unión (en lo sucesivo, «objetivos políticos») más importantes. El 12 de diciembre de 2019 el Consejo Europeo refrendó el objetivo de lograr una Unión climáticamente neutra de aquí a 2050, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París. Aunque la lucha contra el cambio climático y contra el deterioro del medio ambiente beneficiará a todos a largo plazo y ofrece oportunidades y presenta desafíos para todos a medio plazo, no todas las regiones y Estados miembros inician su transición desde el mismo punto o tienen la misma capacidad de respuesta. Algunos están más avanzados que otros, y la transición conlleva un impacto social, económico y medioambiental más amplio para las regiones que dependen en gran medida de combustibles fósiles para uso energético —especialmente del carbón, el lignito, la turba o el esquisto bituminoso— o de industrias que generan gran cantidad de gases de efecto invernadero. Esta situación no solo genera el riesgo de una transición a velocidad variable en la Unión en lo que respecta a la acción por el clima, sino también de crecientes disparidades entre las regiones, lo que va en detrimento de los objetivos de cohesión social, económica y territorial.

(3)

Para tener éxito y ser socialmente aceptable para todos, la transición debe ser justa e inclusiva. Por lo tanto, la Unión, los Estados miembros y sus regiones deben tener en cuenta sus implicaciones sociales, económicas y medioambientales desde el principio y desplegar todos los instrumentos posibles para mitigar las consecuencias negativas. El presupuesto de la Unión desempeña un papel importante a este respecto.

(4)

Según lo establecido en el Pacto Verde Europeo y en el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, las demás acciones deben complementarse con un Mecanismo para una Transición Justa en el marco del próximo marco financiero plurianual para el período de 2021 a 2027. Dicho Mecanismo debe contribuir a abordar las consecuencias sociales, económicas y medioambientales, en particular para los trabajadores afectados en el proceso de transición a una neutralidad climática de la Unión de aquí a 2050, mediante una concentración del gasto del presupuesto de la Unión en objetivos climáticos y sociales a nivel regional y a través del objetivo de alcanzar unos niveles de protección social y medioambiental elevados.

(5)

El presente Reglamento debe establecer el Fondo de Transición Justa (FTJ), que es uno de los pilares del Mecanismo para una Transición Justa que se aplica en el marco de la política de cohesión. Los objetivos del FTJ son mitigar los efectos negativos de la transición climática prestando apoyo a los territorios más perjudicados y a los trabajadores afectados y promover una transición socioeconómica equilibrada. En consonancia con el objetivo específico único del FTJ, las acciones que reciban apoyo de este deben contribuir directamente a aligerar el impacto de la transición, mitigando las repercusiones negativas en el empleo y financiando la diversificación y la modernización de la economía local. El objetivo específico único del FTJ se establece al mismo nivel y se integra en los objetivos políticos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(6)

Teniendo en cuenta el Pacto Verde Europeo como estrategia de crecimiento sostenible de la Unión y la importancia de combatir el cambio climático en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el FTJ pretende contribuir a integrar la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental y a que se alcance el objetivo general de destinar el 30 % de los gastos del presupuesto de la Unión a apoyar objetivos climáticos y a la intención de destinar el 7,5 % del gasto anual en el marco del marco financiero plurianual a objetivos en materia de biodiversidad en 2024 y el 10 % del gasto anual dentro del marco financiero plurianual a objetivos en materia de biodiversidad en 2026 y 2027, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, los solapamientos que existen entre los objetivos en materia de clima y biodiversidad. Los recursos de la dotación propia del FTJ tienen carácter adicional respecto de las inversiones necesarias para alcanzar el objetivo general de que el 30 % del gasto presupuestario de la Unión contribuya a cumplir los objetivos climáticos. Dichos recursos deben contribuir plenamente a alcanzar ese objetivo general junto con los recursos transferidos con carácter voluntario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) establecido mediante el Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) establecido mediante el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). En este contexto, el FTJ debe prestar apoyo a las actividades que respeten las normas en materia de clima y medio ambiente y las prioridades de la Unión, que no causen un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), y que garanticen la transición hacia una economía hipocarbónica con miras a lograr una neutralidad climática de la Unión de aquí a 2050.

(7)

Los recursos del FTJ deben complementar aquellos disponibles en el marco de la política de cohesión.

(8)

La transición a una economía climáticamente neutra es un reto para todos los Estados miembros. Va a ser especialmente difícil para aquellos Estados miembros que dependan, o hayan dependido hasta hace poco tiempo, en gran medida de combustibles fósiles o de actividades industriales que generen gran cantidad de gases de efecto invernadero que sea necesario eliminar gradualmente o que necesiten adaptarse debido a la transición a una economía climáticamente neutra y que carezcan de los medios financieros al efecto. Por tanto, el FTJ debe abarcar a todos los Estados miembros, pero la distribución de sus recursos financieros debe centrarse en los territorios más perjudicados por el proceso de transición climática y dicha distribución debe reflejar la capacidad de los Estados miembros para financiar las inversiones necesarias para hacer frente a la transición a una economía climáticamente neutra.

(9)

Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y por el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Dichas normas se establecen en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») y determinan, en particular, el procedimiento de elaboración del presupuesto y su ejecución mediante subvenciones, premios, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso a los expertos externos, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(10)

Con objeto de garantizar una utilización eficaz de los recursos del FTJ, el acceso al FTJ debe limitarse al 50 % de la asignación nacional de los Estados miembros que no se hayan comprometido aún a alcanzar el objetivo de neutralidad climática de la Unión de aquí a 2050, de acuerdo con los objetivos del Acuerdo de París, mientras el 50 % restante se facilita para la programación, previa aceptación de dicho compromiso. Con objeto de garantizar la equidad e igualdad de trato para los Estados miembros, cuando un Estado miembro, a 31 de diciembre de cualquier año a partir de 2022, no se haya comprometido a alcanzar un objetivo de neutralidad climática de la Unión de aquí a 2050, el compromiso presupuestario correspondiente al ejercicio anterior debe liberarse en su totalidad en el ejercicio siguiente.

(11)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo (11) y dentro de los límites de los recursos en él asignados, deben llevarse a cabo las medidas de recuperación y resiliencia en el marco del FTJ para afrontar los efectos sin precedentes de la crisis de la COVID-19. Dichos recursos adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el cumplimiento de los plazos establecidos en dicho Reglamento.

(12)

El presente Reglamento debe identificar tipos de inversiones para los que se permitiría que el FTJ apoyara los gastos. Todas las actividades financiadas deben realizarse respetando plenamente las prioridades y compromisos climáticos, medioambientales y sociales de la Unión. La lista de inversiones debe incluir las que apoyen a las economías locales estimulando su potencial de crecimiento endógeno de conformidad con las respectivas estrategias de especialización inteligente, incluido, en su caso, el turismo sostenible. Las inversiones deben ser sostenibles a largo plazo, teniendo en cuenta todos los objetivos del Pacto Verde Europeo. Los proyectos financiados deben contribuir a realizar la transición a una economía sostenible, climáticamente neutra y circular, e incluir medidas destinadas a aumentar la eficiencia de los recursos. La incineración de residuos no debe recibir apoyo, dado que esta actividad pertenece a la parte inferior de la jerarquía de residuos de la economía circular. Deben poder optar a la financiación los servicios de consultoría que contribuyan a la aplicación de las medidas apoyadas por el FTJ. La recuperación de los espacios naturales, el desarrollo de infraestructuras ecológicas y la gestión del agua deben poder recibir apoyo como parte de un proyecto de rehabilitación de tierras. Al financiar medidas de eficiencia energética, el FTJ debe poder apoyar inversiones como las que contribuyen a reducir la pobreza energética, principalmente mejorando la eficiencia energética del parque de viviendas. El FTJ también debe poder apoyar el desarrollo de tecnologías innovadoras de almacenamiento.

(13)

Para proteger a los ciudadanos más vulnerables a la transición climática, el FTJ también debe comprender la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional, incluida la formación, de los trabajadores afectados, con independencia de que sigan empleados o hayan perdido su puesto de trabajo como consecuencia de la transición. El FTJ debe tener como objetivo ayudarlos a adaptarse a las nuevas oportunidades de empleo. El FTJ también debe proporcionar toda forma adecuada de apoyo a los solicitantes de empleo, incluida la asistencia en su búsqueda de trabajo y su inclusión activa en el mercado laboral. Todos los solicitantes de empleo que hayan perdido su trabajo en sectores afectados por la transición en una región incluida en el plan territorial de transición justa deben poder optar a recibir apoyo del FTJ, aunque los trabajadores despedidos no residan en esa región. Debe prestarse la debida atención a los ciudadanos en riesgo de pobreza energética, en particular a la hora de aplicar medidas de eficiencia energética para mejorar las condiciones de las viviendas sociales.

(14)

Debe permitirse el apoyo a las actividades en los ámbitos de la educación y la inclusión social, así como el apoyo a las infraestructuras sociales destinadas a los servicios de cuidado de niños y personas mayores y a los centros de formación, siempre que estas actividades estén debidamente justificadas en los planes territoriales de transición justa. En el caso de la asistencia a las personas mayores, debe preservarse el principio de promoción de los cuidados de la comunidad. Los servicios sociales y públicos en esos ámbitos podrían completar la combinación de inversiones. Todo el apoyo en esos ámbitos debe requerir una justificación adecuada en los planes territoriales de transición justa y debe seguir los objetivos del pilar europeo de derechos sociales.

(15)

Debe promoverse la igualdad de género a fin de abordar la situación específica y el papel de las mujeres en la transición a la economía climáticamente neutra. La participación y el espíritu empresarial de las mujeres en el mercado laboral, así como la igualdad salarial, desempeñan un papel importante a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades. El FTJ también debe prestar especial atención a los grupos vulnerables que sufren de forma desproporcionada los efectos adversos de la transición, como los trabajadores con discapacidad. Es necesario preservar la identidad de las comunidades mineras y salvaguardar la continuidad entre las comunidades pasadas y futuras, lo que implica prestar especial atención a su patrimonio minero material e inmaterial, incluida su cultura.

(16)

Con el fin de mejorar la diversificación económica de los territorios afectados por la transición, el FTJ debe prestar apoyo a las empresas y a los agentes económicos, en particular mediante el apoyo a las inversiones productivas en las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (12) (pymes). Las inversiones productivas deben entenderse como inversiones en capital fijo o como el activo inmovilizado de una empresa para producir bienes y servicios, de manera que se contribuya a la formación bruta de capital y al empleo. En el caso de las empresas distintas de las pymes, las inversiones productivas solo deben apoyarse si son necesarias para mitigar las pérdidas de puestos de trabajo derivadas de la transición, creando o protegiendo un número significativo de puestos de trabajo, y no conducen a reubicaciones ni son fruto de ellas. Deben permitirse las inversiones en instalaciones industriales existentes, incluidas las sometidas al régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión, si contribuyen a lograr la transición a una economía de la Unión climáticamente neutra de aquí a 2050, se sitúan sustancialmente por debajo de los parámetros de referencia pertinentes establecidos para la asignación gratuita en virtud de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (13), y dan lugar a la protección de un número significativo de puestos de trabajo. Toda inversión de este tipo debe justificarse debidamente en el plan territorial de transición justa correspondiente. Con el fin de proteger la integridad del mercado interior y la política de cohesión, el apoyo que se presta a las empresas debe cumplir las normas sobre ayudas estatales de la Unión establecidas en los artículos 107 y 108 del TFUE y, en particular, el apoyo a las inversiones productivas en empresas distintas de las pymes debe limitarse a las empresas situadas en zonas designadas como asistidas a efectos del artículo 107, apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

(17)

Con el fin de ofrecer flexibilidad para la programación de los recursos del FTJ en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento, debe ser posible elaborar un programa autónomo del FTJ o programar recursos del FTJ en una o varias prioridades específicas dentro de programas financiados por el FEDER, el FSE+ o el Fondo de Cohesión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2021/1060, los recursos del FTJ podrían reforzarse con carácter voluntario con financiación complementaria del FEDER y del FSE+. En tal caso, los importes respectivos transferidos del FEDER y el FSE+ deben estar en consonancia con el tipo de operaciones establecidas en los planes territoriales de transición justa.

(18)

El apoyo del FTJ debe estar supeditado a la implantación efectiva de un proceso de transición en un territorio específico con el fin de lograr una economía climáticamente neutra. A este respecto, los Estados miembros deben elaborar, mediante el diálogo social y la cooperación con las partes interesadas pertinentes, de conformidad con la disposición pertinente del Reglamento (UE) 2021/1060 sobre asociaciones, y con el apoyo de la Comisión, planes territoriales de transición justa, en los que se establece el proceso de transición, en consonancia con sus planes nacionales integrados de energía y clima. Con ese fin, la Comisión debe crear una Plataforma de Transición Justa, que esté basada en la plataforma existente para las regiones carboníferas en transición, a fin de permitir el intercambio bilateral y multilateral de experiencias sobre las lecciones aprendidas y las mejores prácticas en todos los sectores afectados. Los Estados miembros deben velar por que las ciudades y los municipios se impliquen en la ejecución de los recursos del FTJ y que sus necesidades en ese contexto se tengan en cuenta.

(19)

Los planes territoriales de transición justa deben identificar los territorios más perjudicados, en los que ha de concentrarse la ayuda del FTJ, y describir las medidas específicas que deben adoptarse para alcanzar los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima y una economía de la Unión climáticamente neutra de aquí a 2050, en particular por lo que respecta a la conversión o el cierre de instalaciones que impliquen la producción de combustibles fósiles u otras actividades que generen una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Estos territorios deben definirse con precisión y deben corresponderse con el nivel 3 de la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (en lo sucesivo, «regiones del nivel NUTS 3»), tal como establece el Reglamento (CE) n.o 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), o formar parte de ellas. Los planes deben indicar los retos y las necesidades de dichos territorios, teniendo en cuenta el riesgo de despoblación, e identificar el tipo de operaciones necesarias para contribuir a la creación de empleo a nivel de los beneficiarios del plan y de manera que se garantice el desarrollo coherente de actividades económicas resistentes al cambio climático que también sean congruentes con la transición a una economía climáticamente neutra y los objetivos del Pacto Verde Europeo. Al identificar tales territorios, debe prestarse atención adicional a las particularidades de las islas, las zonas insulares y las regiones ultraperiféricas, en las que las características geográficas y socioeconómicas pueden requerir un planteamiento diferente para apoyar el proceso de transición hacia una economía climáticamente neutra. Solo las inversiones conformes con los planes territoriales de transición justa deben recibir apoyo financiero del FTJ. Los planes territoriales de transición justa deben formar parte de los programas, apoyados según corresponda por el FEDER, el FSE+, el Fondo de Cohesión o el FTJ, que sean aprobados por la Comisión.

(20)

Con el fin de que la utilización de los recursos del FTJ esté más orientada a la obtención de resultados, la Comisión, en consonancia con el principio de proporcionalidad, debe poder aplicar correcciones financieras en caso de quedar muy por debajo del logro de las metas establecidas para el objetivo específico del FTJ.

(21)

A fin de establecer un marco financiero adecuado para el FTJ, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para que establezca el desglose anual de los recursos disponibles por Estado miembro.

(22)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, apoyar a la población, la economía y el medio ambiente de los territorios que afrontan una transformación económica y social en su transición a una economía climáticamente neutra, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros a causa de las disparidades en los niveles de desarrollo de los diversos territorios y del retraso de los territorios menos favorecidos, así como de lo limitado de los recursos financieros de los Estados miembros y los territorios, sino que debido a la necesidad de un marco de ejecución coherente que abarque varios fondos de la Unión en régimen de gestión compartida, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(23)

Habida cuenta de que el presente Reglamento se adopta tras el inicio del período de programación y que es necesario ejecutar el FTJ de modo coordinado y armonizado, y a fin de posibilitar su rápida aplicación, debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(1)

El 17 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron conjuntamente el pilar europeo de derechos sociales (en lo sucesivo, «pilar») en respuesta a los retos sociales planteados en Europa. Los veinte principios clave del pilar se estructuran en tres categorías: igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo; condiciones de trabajo justas; y protección e inclusión social. Los veinte principios del pilar deben guiar las acciones enmarcadas en el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). A fin de contribuir a la aplicación del pilar, el FSE+ debe apoyar las inversiones en las personas y en los sistemas en el marco de las políticas sectoriales de empleo, educación e inclusión social, apoyando de ese modo la cohesión económica, social y territorial con arreglo al artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(2)

A escala de la Unión, el Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas (en lo sucesivo, «Semestre Europeo») constituye el marco en el que se determinan las prioridades de las reformas nacionales y se hace el seguimiento de su ejecución. Los Estados miembros formulan sus propias estrategias nacionales de inversión plurianual en apoyo de dichas prioridades. Esas estrategias deben presentarse junto con los programas nacionales anuales de reforma para esbozar y coordinar los proyectos de inversión prioritarios que deben financiarse con fondos de la Unión o nacionales.

También deben ayudar a utilizar coherentemente la financiación de la Unión y a maximizar el valor añadido del apoyo financiero que se vaya a recibir, en particular el procedente de los programas apoyados por la Unión en virtud, en su caso, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de Cohesión, cuyos objetivos específicos y ámbito de apoyo se establecen en el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), el FSE+, el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) establecido por un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), establecido por el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y el Programa InvestEU establecido por el Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(3)

Mediante la Decisión (UE) 2020/1512 del Consejo (7) se adoptaron unas orientaciones revisadas para las políticas de empleo de los Estados miembros. El texto de dichas orientaciones se ha acomodado a los principios del pilar, con miras a mejorar la competitividad de Europa y a hacer de ella un mejor lugar para invertir, crear puestos de trabajo y fomentar la cohesión social. A fin de acomodar plenamente los objetivos del FSE+ a los de dichas orientaciones, especialmente por lo que se refiere al empleo, la educación, la formación y la lucha contra la exclusión social, la pobreza y la discriminación, el FSE+ debe apoyar a los Estados miembros teniendo en cuenta las orientaciones integradas aplicables y las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas conforme al artículo 121, apartado 2, y al artículo 148, apartados 2 y 4, del TFUE, y, cuando proceda, los programas nacionales de reforma respaldados por las estrategias nacionales. El FSE+ también debe contribuir a los aspectos pertinentes de la aplicación de las iniciativas y actividades clave de la Unión, en particular las Comunicaciones de la Comisión de 10 de junio de 2016 titulada «Una Nueva Agenda de Capacidades para Europa», de 30 de septiembre de 2020 titulada «Espacio Europeo de Educación», y de 7 de octubre de 2020 titulada «Una Unión de la Igualdad: Marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos», así como las Recomendaciones del Consejo, de 15 de febrero de 2016 sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral, de 19 de diciembre de 2016 relativa a itinerarios de mejora de las capacidades, de 30 de octubre de 2020 relativa a «Un puente hacia el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil», y de 12 de marzo de 2021 sobre la igualdad, la inclusión y la participación de la población gitana.

(4)

El 20 de junio de 2017, el Consejo adoptó las Conclusiones tituladas «Un futuro europeo sostenible: la respuesta de la UE a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». El Consejo destacaba en ellas la importancia de conseguir un desarrollo sostenible en las tres dimensiones (económica, social y ambiental) de una manera equilibrada e integrada. Es imprescindible que el desarrollo sostenible se incorpore a todas las políticas sectoriales internas y externas de la Unión, y que esta sea ambiciosa en sus políticas que afrontan los retos globales. El Consejo acogía con satisfacción la Comunicación de la Comisión de 22 de noviembre de 2016 titulada «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible», como un primer paso hacia la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «ODS») y la aplicación del desarrollo sostenible como principio fundamental en todas las políticas de la Unión, en particular mediante sus instrumentos financieros. El FSE+ debe contribuir a la realización de los ODS, entre otros, a través de la erradicación de las formas extremas de pobreza (ODS 1), de la garantía de una educación de calidad e inclusiva (ODS 4), de la promoción de la igualdad de género (ODS 5), de la promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (ODS 8), y de la reducción de las desigualdades (ODS 10).

(5)

Los acontecimientos recientes y actuales han agravado los desafíos estructurales derivados de la mundialización de la economía, las desigualdades sociales, la gestión de los flujos migratorios y la creciente amenaza para la seguridad, la transición hacia una energía limpia, el cambio tecnológico, el declive demográfico, el desempleo, en particular el desempleo juvenil, y el creciente envejecimiento de la mano de obra, así como los que resultan del creciente desajuste entre la demanda y la oferta de capacidades y mano de obra en algunos sectores y regiones, que experimentan sobre todo las pequeñas y medianas empresas (pymes). Es probable que las transiciones ecológica y digital y la transformación de los ecosistemas industriales europeos conlleven numerosas nuevas oportunidades si van acompañadas del conjunto adecuado de capacidades, y de políticas y acciones en materia social y de empleo. Teniendo en cuenta la evolución del mundo laboral, la Unión debe estar preparada para afrontar los retos actuales y futuros invirtiendo en las capacidades pertinentes, la educación, la formación y el aprendizaje permanente, haciendo que el crecimiento sea más inclusivo y mejorando las políticas de empleo y sociales, sin olvidar la sostenibilidad económica e industrial, la movilidad laboral y con el objetivo de establecer un mercado laboral equilibrado en cuanto a la participación de mujeres y hombres.

(6)

El Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) establece el marco de acción del FEDER, del FSE+, del Fondo de Cohesión, del Fondo de Transición Justa (FTJ) establecido por el Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), del FEMPA, del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), del Fondo de Seguridad Interior (FSI) y del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras y fija, en particular, los objetivos de la política («objetivos políticos») y las normas relativas a la programación, el seguimiento y la evaluación, y la gestión y el control de los fondos de la Unión ejecutados en régimen de gestión compartida. Es preciso, por lo tanto, especificar los objetivos generales del FSE+ y establecer las disposiciones específicas relativas al tipo de actividades que pueden optar a financiación del FSE+.

(7)

El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») establece normas sobre la ejecución del presupuesto general de la Unión (en lo sucesivo, «presupuesto de la Unión»), incluidas las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso a los expertos externos. La cofinanciación de las subvenciones podrá proceder de los recursos propios de los beneficiarios, de los ingresos generados por el proyecto o de contribuciones financieras o en especie de terceros. A fin de garantizar la coherencia en la ejecución de los programas de la Unión, el Reglamento Financiero es de aplicación a las acciones que se vayan a ejecutar en régimen de gestión directa o indirecta en el marco del FSE+.

(8)

Las formas de financiación y los métodos de ejecución previstos en el presente Reglamento deben elegirse en función de su capacidad para alcanzar los objetivos específicos de las acciones y para obtener resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo esperado de incumplimiento. En el caso de las subvenciones, también debe tomarse en consideración la utilización de sumas a tanto alzado, costes unitarios y financiación a tipo fijo, así como de financiación no vinculada a los costes, tal como se recoge en el artículo 125, apartado 1, letra a), del Reglamento Financiero. Para aplicar medidas vinculadas a la integración socioeconómica de nacionales de terceros países, y de conformidad con el artículo 94 del Reglamento (UE) 2021/1060, la Comisión puede reembolsar a los Estados miembros utilizando opciones de costes simplificados, incluidas las sumas a tanto alzado.

(9)

A fin de racionalizar y simplificar el panorama de financiación y de crear más posibilidades de sinergias mediante enfoques de financiación integrados, deben integrarse en el FSE+ las acciones que recibían apoyo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, establecido por el Reglamento (UE) n.o 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), y del Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social, establecido por el Reglamento (UE) n.o 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (12). El FSE+ debe constar de dos capítulos: el capítulo en régimen de gestión compartida (en lo sucesivo, «capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida»), que se debe ejecutar en régimen de gestión compartida, y el capítulo de Empleo e Innovación Social (en lo sucesivo, «capítulo del EaSI»), que se debe ejecutar en régimen de gestión directa e indirecta. Tal enfoque debe contribuir a que se reduzca la carga administrativa vinculada a la gestión de diferentes fondos, en particular para los Estados miembros y los beneficiarios, al mismo tiempo que se mantienen unas normas más sencillas para las operaciones más sencillas, como la distribución de alimentos o la asistencia material básica.

(10)

Habida cuenta de que el ámbito de aplicación del FSE+ es más amplio, es preciso que los objetivos de mejorar la eficacia de los mercados de trabajo, de promover un acceso igualitario a un empleo de calidad, de mejorar el acceso igualitario a la educación y la formación, y la calidad de estas, para apoyar la reintegración en los sistemas educativos, promover la inclusión social y facilitar el acceso a la asistencia sanitaria de las personas vulnerables y contribuir a la erradicación de la pobreza, se ejecuten no solo en régimen de gestión compartida en el marco del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida, sino también, para las acciones necesarias a escala de la Unión, en régimen de gestión directa e indirecta en el marco del capítulo del EaSI.

(11)

El presente Reglamento establece una dotación financiera para toda la duración del FSE+ que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual con arreglo al apartado 18 del Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (13). En él debe especificarse la asignación que corresponde al capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida y la asignación que corresponde a las acciones que se ejecuten en el marco del capítulo del EaSI.

(12)

A fin de facilitar la ejecución de los objetivos específicos y operativos del capítulo del EaSI, el FSE+ debe apoyar las actividades relacionadas con la asistencia técnica y administrativa, como las actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación, mientras que las actividades de comunicación y difusión deben incluirse entre las acciones subvencionables en el marco del capítulo del EaSI.

(13)

El FSE+ debe tener como objetivo promover el empleo mediante intervenciones activas que permitan la integración y reintegración en el mercado de trabajo, en particular de las personas jóvenes, especialmente a través de la aplicación de la Garantía Juvenil reforzada, de las personas desempleadas de larga duración, de los grupos desfavorecidos en el mercado laboral y de las personas inactivas, así como mediante la promoción del empleo por cuenta propia y la economía social. El FSE+ debe tener como objetivo mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo, mediante el apoyo a la modernización de las instituciones del mercado de trabajo, como los servicios públicos de empleo, con el fin de aumentar su capacidad de prestar servicios reforzados de asesoramiento y orientación selectivos durante la búsqueda de empleo y la transición al empleo y de potenciar la movilidad de los trabajadores. El FSE+ debe promover una participación equilibrada de género en el mercado de trabajo mediante medidas dirigidas a garantizar, entre otras cosas, unas condiciones de trabajo equitativas, la mejora del equilibrio entre la vida profesional y vida privada y del acceso a la atención a la infancia, incluidos la educación infantil y los cuidados de la primera infancia. El FSE+ debe tener como objetivo asimismo ofrecer un entorno de trabajo saludable y bien adaptado, a fin de responder a los riesgos para la salud relacionados con las formas de trabajo cambiantes y las necesidades planteadas por el envejecimiento de la mano de obra.

(14)

El FSE+ debe prestar apoyo para la mejora de la calidad, la inclusividad, la efectividad y la pertinencia para el mercado de trabajo de los sistemas de educación y de formación, también mediante la promoción del aprendizaje digital, la validación del aprendizaje no formal e informal y el desarrollo profesional del profesorado, a fin de facilitar la adquisición de las competencias clave, en particular en cuanto a las capacidades básicas, incluidas la alfabetización en materia de salud y de medios de comunicación, las capacidades empresariales, lingüísticas y digitales y las competencias para el desarrollo sostenible, que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como de cara al empleo, la inclusión social y la ciudadanía activa. El FSE+ debe ayudar al progreso en la educación y la formación y la transición al empleo, debe apoyar el aprendizaje permanente y la empleabilidad con el fin de facilitar la plena participación en la sociedad de todas las personas, y debe contribuir a la competitividad, también mediante el seguimiento de los graduados, y a la innovación social y económica, mediante el apoyo a iniciativas sostenibles susceptibles de ser ampliadas en dichos ámbitos y adaptadas a los diferentes grupos de destinatarios, como las personas con discapacidad. Tal ayuda, apoyo y contribución pueden conseguirse, por ejemplo, mediante el aprendizaje en línea, la formación en el puesto de trabajo, los períodos de prácticas, los sistemas duales de educación y formación y la formación de aprendices definida en la Recomendación del Consejo, de 15 de marzo de 2018, relativa al Marco Europeo para una formación de Aprendices de Calidad y Eficaz, la orientación permanente, la anticipación de las capacidades en estrecha cooperación con la industria, la utilización de materiales y métodos de formación actualizados, la previsión y el seguimiento de los graduados, la formación de los educadores, la validación de los resultados del aprendizaje y el reconocimiento de las cualificaciones y las certificaciones sectoriales.

(15)

El apoyo proporcionado por el FSE+ debe utilizarse para promover la igualdad de acceso para todos, en particular para los grupos desfavorecidos, a una educación y una formación de calidad, no segregada e inclusiva, desde la educación infantil y cuidados de la primera infancia prestando, al mismo tiempo, especial atención a los niños procedentes de entornos socioeconómicamente desfavorecidos, mediante la educación y formación generales y profesionales, en particular, la formación de aprendices, hasta la educación superior, así como mediante el aprendizaje y la educación de personas adultas, también mediante actividades deportivas y culturales. El FSE+ debe prestar apoyo específico a las personas que aprenden necesitadas y reducir las desigualdades educativas, incluida la brecha digital, prevenir y reducir el abandono escolar prematuro, fomentar la permeabilidad entre los sectores de la educación y la formación, reforzar los vínculos con el aprendizaje no formal e informal y facilitar la movilidad para el aprendizaje para todos y la accesibilidad para las personas con discapacidad. En este contexto, deben apoyarse las sinergias con Erasmus+, establecido por el Reglamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), en particular para facilitar la participación de las personas que aprenden desfavorecidas en la movilidad para el aprendizaje.

(16)

El FSE+ debe promover oportunidades flexibles para que todos puedan mejorar sus capacidades y adquirir capacidades nuevas y diferentes, en particular capacidades empresariales y digitales, capacidades relacionadas con las tecnologías facilitadoras esenciales y capacidades relacionadas con la economía ecológica y los ecosistemas industriales, en consonancia con la Comunicación de la Comisión de 10 de marzo de 2020, titulada «Un nuevo modelo de industria para Europa». En consonancia con la Agenda de Capacidades para Europa y la Recomendación del Consejo relativa a los itinerarios de mejora de las capacidades (15), el FSE+ debe apoyar itinerarios flexibles, entre ellos, la formación modular, específica, de corta duración y accesible que dé lugar a certificados, con el fin de proporcionar a las personas las capacidades que se ajustan a las necesidades del mercado de trabajo y de los ecosistemas industriales, las transiciones ecológica y digital, la innovación y el cambio social y económico, la facilitación del reciclaje, la mejora de las capacidades y la empleabilidad, las transiciones profesionales y la movilidad geográfica y sectorial, y apoyar, en particular, a las personas poco capacitadas, las personas con discapacidad o los adultos poco cualificados. El FSE+ también debe facilitar la prestación de ayuda a las personas en materia de capacidades integradas, incluidos los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los desempleados, a través de instrumentos como las cuentas de aprendizaje individuales.

(17)

Las sinergias con Horizonte Europa, el Programa Marco de Investigación e Innovación establecido por el Reglamento (UE) 20201/695 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), deben garantizar que el FSE+ pueda integrar y ampliar los programas educativos innovadores apoyados por Horizonte Europa con el fin de dotar a las personas de las capacidades y las competencias necesarias para los puestos de trabajo del futuro.

(18)

El FSE+ debe apoyar los esfuerzos de los Estados miembros que contribuyen a erradicar la pobreza, con miras a romper el ciclo de las situaciones de desventaja perpetuadas a lo largo de generaciones y promover la inclusión social garantizando la igualdad de oportunidades para todos, reduciendo los obstáculos, luchando contra la discriminación y corrigiendo las desigualdades sanitarias. Dicho apoyo supone poner en práctica una serie de políticas dirigidas a las personas más desfavorecidas, con independencia de su sexo, orientación sexual, edad, religión o creencias, origen racial o étnico, en particular las comunidades marginadas, como la población romaní, las personas con discapacidad o enfermedades crónicas, las personas sin hogar, los niños y las personas mayores. El FSE+ debe promover la inclusión activa de las personas que se encuentran lejos del mercado de trabajo, con el fin de garantizar su integración socioeconómica. El FSE+ también se debe utilizar para promover un acceso oportuno e igualitario a servicios asequibles, sostenibles y de alta calidad que promuevan el acceso a la vivienda y a una atención centrada en las personas, como la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, en particular los servicios de asistencia familiar y local. El FSE+ debe contribuir a la modernización de los sistemas de protección social, prestando especial atención a la infancia y a los grupos desfavorecidos y con miras, en particular, a promover la accesibilidad de dichos sistemas, también para las personas con discapacidad.

(19)

El FSE+ debe contribuir a la erradicación de la pobreza, mediante el apoyo a los sistemas nacionales dirigidos a mitigar la privación material y de alimentos y a promover la integración social de las personas en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social y de las personas más desfavorecidas. Con el objetivo general de que, a escala de la Unión, al menos el 4 % de los recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida apoye a las personas más desfavorecidas, los Estados miembros deben asignar como mínimo el 3 % de sus recursos nacionales del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida a afrontar las formas de pobreza extrema con un mayor impacto de exclusión social, como la falta de hogar, la pobreza infantil y la privación de alimentos. El suministro de alimentos o la asistencia material básica a las personas más desfavorecidas no debe sustituir a las prestaciones sociales existentes que estas reciban con arreglo a los sistemas sociales nacionales o al Derecho nacional. Dada la naturaleza de las operaciones y el tipo de destinatarios finales, es necesario que el apoyo para resolver las privaciones materiales de las personas más desfavorecidas se rija por normas más sencillas.

(20)

Ante la necesidad persistente de intensificar los esfuerzos para abordar la gestión de los flujos migratorios en la Unión en su conjunto, y con el fin de garantizar un enfoque coherente, sólido y sistemático de apoyo a los esfuerzos de solidaridad y reparto de responsabilidades, el FSE+ debe prestar apoyo para promover la integración socioeconómica de los nacionales de terceros países, incluidos los migrantes, lo que puede incluir iniciativas a nivel local, de manera complementaria a las acciones financiadas al amparo del FAMI, del FEDER y de otros fondos de la Unión que puedan tener un efecto positivo en la inclusión de nacionales de terceros países.

(21)

Debido a la importancia del acceso a la asistencia sanitaria, el FSE+ debe garantizar las sinergias y la complementariedad con el programa UEproSalud, establecido por el Reglamento (UE) 2021/522 del Parlamento Europeo y del Consejo (17), y el ámbito de aplicación del FSE+ debe incluir el acceso a la asistencia sanitaria para las personas en situación de vulnerabilidad.

(22)

El FSE+ debe apoyar las reformas de las políticas y del sistema en los ámbitos del empleo, la inclusión social, el acceso a la asistencia sanitaria para las personas en situación de vulnerabilidad, los cuidados de larga duración, la educación y la formación, contribuyendo así a la erradicación de la pobreza. A fin de reforzar el ajuste con el Semestre Europeo, los Estados miembros deben asignar un importe adecuado de sus recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida a la aplicación de las recomendaciones específicas por país pertinentes a los retos estructurales que es apropiado afrontar mediante inversiones plurianuales comprendidas en el ámbito del FSE+, teniendo en cuenta el pilar, el cuadro de indicadores sociales, en su versión revisada tras la adopción de los nuevos objetivos fijados en el plan de acción del pilar social, y las especificidades regionales.

La Comisión y los Estados miembros deben garantizar la coherencia, la coordinación y la complementariedad entre el capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida y otros fondos, programas e instrumentos de la Unión, como el FTJ, el FEDER, el programa UEproSalud, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (18), el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos, establecido por el Reglamento (UE) 2021/691 del Parlamento Europeo y del Consejo (19), el FEMPA, Erasmus+, el FAMI, Horizonte Europa, el Feader, el programa Europa Digital, establecido por el Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo (20), el programa InvestEU, el programa Europa Creativa, establecido por el Reglamento (UE) 2021/818 del Parlamento Europeo y del Consejo (21), el Cuerpo Europeo de Solidaridad, establecido por el Reglamento (UE) 2021/888 del Parlamento Europeo y del Consejo (22), y el instrumento de apoyo técnico, establecido por el Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo (23).

En particular, la Comisión y los Estados miembros deben garantizar, en todas las fases del proceso, una coordinación eficaz para salvaguardar la congruencia, la coherencia, la complementariedad y la sinergia entre las fuentes de financiación, incluida su asistencia técnica.

(23)

Mediante el apoyo a los objetivos específicos establecidos en el presente Reglamento, entre otros, a través de la contribución al objetivo político de «una Europa más social e integradora mediante la aplicación del pilar europeo de derechos sociales» tal como se recoge en el Reglamento (UE) 2021/1060, el FSE+ seguirá contribuyendo a las estrategias de desarrollo territorial y local para aplicar el pilar. Apoyará las herramientas establecidas en el artículo 28 de dicho Reglamento y contribuirá así también a la consecución del objetivo político de «una Europa más próxima a sus ciudadanos, mediante el fomento del desarrollo integrado y sostenible de todo tipo de territorios y de iniciativas locales» tal como se recoge en el Reglamento (UE) 2021/1060, también mediante medidas de reducción de la pobreza y de inclusión social, teniendo en cuenta las especificidades de las regiones urbanas, rurales y costeras con vistas a abordar las desigualdades socioeconómicas en las ciudades y regiones.

(24)

Para garantizar que la dimensión social de Europa recogida en el pilar, se tenga debidamente en cuenta y que un mínimo de recursos vayan dirigidos a los más necesitados, los Estados miembros deben destinar al menos el 25 % de sus recursos nacionales del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida a impulsar la inclusión social.

(25)

Para abordar el nivel persistentemente elevado de pobreza infantil en la Unión, y en consonancia con el principio 11 del pilar, que indica que los niños tienen derecho a la protección contra la pobreza y que los niños procedentes de entornos desfavorecidos tienen derecho a medidas específicas destinadas a promover la igualdad de oportunidades, los Estados miembros deben programar un importe adecuado de sus recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida para la ejecución de la Garantía Infantil para actividades destinadas a combatir la pobreza infantil, en consonancia con los objetivos específicos del FSE+ que permiten la asignación de recursos a acciones que apoyen directamente la igualdad de acceso de los menores a la atención a la infancia, la educación, la asistencia sanitaria, una vivienda digna y una nutrición adecuada. Los Estados miembros que tuvieron una tasa media superior a la media de la Unión de niños menores de 18 años en riesgo de pobreza o de exclusión social en el período comprendido entre 2017 y 2019, según los datos de Eurostat, deben asignar al menos el 5 % de sus recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida a dichas actividades. Las operaciones que contribuyan a este requisito de concentración temática deben contabilizarse a efectos del requisito de concentración temática del 25 % para la inclusión social cuando se programen con arreglo a los objetivos específicos pertinentes.

(26)

A fin de facilitar una recuperación económica inclusiva tras una crisis grave y apoyar el empleo juvenil en un mundo laboral en constante transformación, y a la luz de los niveles persistentemente elevados de desempleo e inactividad juvenil en una serie de Estados miembros y regiones, es necesario que los Estados miembros inviertan un importe adecuado de sus recursos del FSE+ en medidas de apoyo al empleo y las capacidades juveniles, también mediante la aplicación de iniciativas en el marco de la Garantía Juvenil. Basándose en las actuaciones apoyadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil en el período de programación de 2014 a 2020 en virtud del Reglamento (UE) n.o 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (24), que se dirigen a personas físicas, y también basándose en las lecciones extraídas, los Estados miembros deben seguir promoviendo los itinerarios para la reintegración basados en la educación y el empleo de calidad e invertir en la prevención temprana y la comunicación eficaz, priorizando, cuando proceda, a las personas jóvenes desempleadas de larga duración, inactivas y desfavorecidas, también a través del trabajo juvenil. Los Estados miembros también deben invertir en medidas destinadas a facilitar la transición de la escuela al trabajo y deben adecuar las capacidades de los servicios de empleo para prestar a las personas jóvenes una ayuda personalizada e integral y presentarles unas ofertas mejor determinadas para ellos. Al integrar plenamente la Iniciativa de Empleo Juvenil en el FSE+, la oferta de acciones específicas para el empleo juvenil será más eficaz y eficiente y el ámbito de aplicación se ampliará a las medidas y reformas estructurales, garantizando así una mayor adecuación entre el apoyo financiero de la Unión y la ejecución de la Garantía Juvenil reforzada.

La mejora de las capacidades y la adquisición de capacidades nuevas y diferentes debe ayudar a las personas jóvenes a aprovechar las oportunidades de los sectores en crecimiento y prepararlas para la naturaleza cambiante del trabajo, aprovechando al mismo tiempo las oportunidades que vayan surgiendo de las transiciones digital y ecológica y la transformación de los ecosistemas industriales de la Unión. Por tanto, los Estados miembros que tuvieron una tasa media que sea superior a la media de la Unión de jóvenes de entre 15 y 29 años que no hayan trabajado, ni estudiado, ni recibido formación entre 2017 y 2019, según los datos de Eurostat, deben asignar a estas acciones al menos el 12,5 % de sus recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida.

(27)

De conformidad con el artículo 349 del TFUE y con el artículo 2 del Protocolo n.o 6 sobre las disposiciones especiales relativas al objetivo n.o 6 en el marco de los Fondos estructurales en Finlandia, Noruega y Suecia del Acta de Adhesión de 1994 (25), las regiones ultraperiféricas y las regiones septentrionales escasamente pobladas tienen derecho a medidas específicas en el marco de las políticas comunes y los programas de la Unión. Debido a las limitaciones permanentes, como la despoblación, dichas regiones requieren un apoyo específico.

(28)

La eficaz y eficiente ejecución de las medidas financiadas por el FSE+ depende de la buena gobernanza y de la colaboración de todos los agentes de los niveles territoriales pertinentes y los agentes socioeconómicos pertinentes, especialmente de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil. Por tanto, resulta esencial que los Estados miembros destinen un importe adecuado de sus recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida a garantizar la participación significativa de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil en la ejecución del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida. Dicha participación debe incluir los organismos pertinentes que representen a la sociedad civil, como los interlocutores medioambientales, las organizaciones no gubernamentales y los organismos responsables de fomentar la inclusión social, los derechos fundamentales, los derechos de las personas con discapacidad, la igualdad de género y la no discriminación. Los Estados miembros que hayan recibido una recomendación específica por país sobre el desarrollo de capacidades de los interlocutores sociales o de las organizaciones de la sociedad civil deben asignar a tal fin al menos el 0,25 % de sus recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida, debido a las necesidades específicas que tienen en ese ámbito.

(29)

El apoyo a la innovación social es esencial para mejorar la capacidad de respuesta de las políticas al cambio social y para alentar y apoyar las soluciones innovadoras. Concretamente, para mejorar la eficacia de las políticas, es importante ensayar y evaluar las soluciones innovadoras antes de generalizarlas, lo que justifica el apoyo del FSE+. Las empresas de economía social podrían desempeñar una función clave a la hora de avanzar en la innovación social y contribuir a la resiliencia social y económica. La definición de «empresa de economía social» debe ajustarse a las definiciones establecidas en el Derecho nacional y en las Conclusiones del Consejo de 7 de diciembre de 2015 sobre la promoción de la economía social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa. Además, con el fin de mejorar el aprendizaje mutuo y el intercambio de conocimientos y prácticas, debe alentarse a los Estados miembros a que prosigan sus acciones de cooperación transnacional en régimen de gestión compartida en los ámbitos del empleo, la educación y la formación, y la inclusión social, en consonancia con los objetivos específicos del FSE+.

(30)

Los Estados miembros y la Comisión deben asegurarse de que el FSE+ contribuya a promover la igualdad entre mujeres y hombres de conformidad con el artículo 8 del TFUE, con el fin de fomentar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, también la participación en el mercado de trabajo, las condiciones de empleo y la progresión de la carrera. Asimismo, deben asegurarse de que el FSE+ promueva la igualdad de oportunidades para todos sin discriminación, de conformidad con el artículo 10 del TFUE, y la integración en la sociedad de las personas con discapacidad en pie de igualdad con los demás, y contribuya a la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, aprobada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. El FSE+ debe contribuir a la promoción de la accesibilidad de las personas con discapacidad con miras a mejorar su integración en el empleo, la educación y la formación mejorando así su inclusión en todos los ámbitos de la vida. La promoción de dicha accesibilidad se debe tener en cuenta en todas las dimensiones y en todas las fases de la preparación, el seguimiento, la ejecución y la evaluación de los programas, de manera oportuna y coherente, al tiempo que se adoptan medidas específicas para promover la igualdad de género y de oportunidades. El FSE+ también debe promover la transición de la asistencia residencial o institucional a la asistencia familiar y local, en particular para aquellos que se enfrentan a discriminaciones múltiples. El FSE+ no debe apoyar ninguna acción que contribuya a la segregación ni a la exclusión social. El Reglamento (UE) 2021/1060 establece que las normas de subvencionabilidad se determinen a nivel nacional, si bien con algunas excepciones respecto de las cuales han de establecerse disposiciones específicas en relación con el capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida.

(31)

Todas las operaciones deben seleccionarse y ejecutarse respetando la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). La Comisión debe hacer todo lo posible para garantizar que las denuncias se evalúen a su debido tiempo, incluidas las relacionadas con infracciones de la Carta, e informar al denunciante del resultado de su evaluación en consonancia con la Comunicación de la Comisión de 19 de enero de 2017, titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación».

(32)

Con el fin de reducir la carga administrativa en la recogida de datos, los requisitos de información deben mantenerse lo más sencillos posible. Cuando se disponga de datos en registros o en fuentes equivalentes, los Estados miembros deben poder permitir a las autoridades de gestión extraerlos de dichos registros.

(33)

En lo que respecta al tratamiento de los datos personales en el marco del presente Reglamento, los responsables nacionales del tratamiento de datos deben realizar sus tareas a efectos del presente Reglamento de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (26). Debe garantizarse la dignidad y el respeto de la intimidad de los destinatarios finales de las operaciones que se lleven a cabo en virtud del objetivo específico de «corregir la privación material mediante alimentos y/o la prestación de asistencia material básica a las personas más desfavorecidas, en particular a los menores, y establecer medidas de acompañamiento que apoyen su inclusión social». A fin de evitar la estigmatización, no debe exigirse a las personas que reciban alimentos y/o asistencia material básica que se identifiquen cuando reciban la ayuda ni cuando participen en encuestas sobre las personas más desfavorecidas que se hayan beneficiado del FSE+.

(34)

La experimentación social es un proyecto a pequeña escala que permite recoger elementos fácticos sobre la viabilidad de las innovaciones sociales. Ha de ser posible y fomentarse que las ideas se pongan a prueba a escala local y que las ideas viables se apliquen a mayor escala, si procede, o se transfieran a otros contextos en diferentes regiones o Estados miembros con el apoyo financiero del FSE+ o en combinación con otros recursos.

(35)

El Reglamento del FSE+ establece disposiciones destinadas a lograr la libre circulación de los trabajadores de forma no discriminatoria, garantizando una estrecha cooperación de los servicios públicos de empleo de los Estados miembros, la Comisión y los interlocutores sociales. La red europea de servicios de empleo debe promover un mejor funcionamiento de los mercados de trabajo, facilitando la movilidad transfronteriza de los trabajadores, en particular mediante asociaciones transfronterizas, y una mayor transparencia de la información sobre dichos mercados de trabajo. El ámbito de aplicación del FSE+ debe incluir también la elaboración y el apoyo de los planes de movilidad específicos destinados a cubrir los puestos vacantes en los mercados de trabajo donde se hayan detectado carencias.

(36)

La falta de acceso de las microempresas, de las empresas sociales y de la economía social a la financiación es uno de los principales obstáculos a la creación de empresas, especialmente entre las personas más excluidas del mercado de trabajo. En el marco del capítulo del EaSI, el presente Reglamento debe establecer las disposiciones de creación de un ecosistema de mercado para aumentar la oferta de financiación y mejorar el acceso a esta para las empresas sociales, así como para satisfacer la demanda de quienes más lo necesitan, y, en particular, de los desempleados, las mujeres y las personas vulnerables que desean poner en marcha o desarrollar una microempresa. Dicho objetivo ha de abordarse también a través de instrumentos financieros y garantías presupuestarias en el marco del eje de actuación «inversión social y capacidades» del Fondo InvestEU. Las empresas de economía social, cuando se definan con arreglo al Derecho nacional, deben considerarse empresas sociales en el contexto del capítulo del EaSI, independientemente de su naturaleza jurídica, en la medida en que cumplan con la definición de «empresa social» que establece el presente Reglamento.

(37)

Los operadores del mercado de inversión social, incluidos los agentes filantrópicos, podrían desempeñar un papel clave a la hora de alcanzar varios objetivos del FSE+, pues ofrecen financiación y enfoques innovadores y complementarios para combatir la exclusión social y la pobreza, reducir el desempleo y contribuir a los ODS. Por tanto, según corresponda y siempre que no tengan unos objetivos políticos o sociales contrarios a los ideales de la Unión, se debe implicar en las acciones del FSE+ a los agentes filantrópicos, como las fundaciones y los donantes, en particular en aquellas acciones que están dirigidas al desarrollo del ecosistema del mercado de inversión social.

(38)

Se necesitan orientaciones en el capítulo del EaSI en relación con el desarrollo de infraestructuras sociales y servicios conexos, en particular para la vivienda social, la atención a la infancia y la educación, la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, incluidas las instalaciones para facilitar la transición de los servicios de asistencia institucional a la familiar y local y teniendo en cuenta los requisitos de accesibilidad para las personas con discapacidad.

(39)

Teniendo en cuenta la importancia de combatir el cambio climático en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París, adoptado con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (27), y los ODS, el presente Reglamento contribuirá a integrar las acciones relativas al clima y a que se alcance el objetivo general de destinar el 30 % de los gastos del presupuesto de la Unión a apoyar objetivos climáticos. Las acciones pertinentes se determinarán durante la preparación y la ejecución, y se volverán a evaluarán en el contexto de la evaluación intermedia.

(40)

De conformidad con la Decisión 2013/755/UE del Consejo (28), las personas y entidades establecidas en países y territorios de ultramar pueden optar a la financiación conforme a las normas y los objetivos del capítulo del EaSI y a las medidas que resulten de aplicación al Estado miembro al que está vinculado el país o territorio de ultramar en cuestión.

(41)

Los terceros países miembros del Espacio Económico Europeo pueden participar en programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (29), que prevé la ejecución de los programas sobre la base de una decisión adoptada en virtud de dicho Acuerdo. Los terceros países también pueden participar sobre la base de otros instrumentos jurídicos. Debe introducirse en el presente Reglamento una disposición específica que obligue a los terceros países a conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas ejerzan plenamente sus competencias respectivas.

(42)

Conviene establecer indicadores a efectos de información en el marco del capítulo del EaSI. Estos indicadores deben basarse en los resultados, ser objetivos, fáciles de recopilar y proporcionales a la parte del capítulo del EaSI dentro de todo el FSE+. Deben cubrir los objetivos operativos y las actividades de financiación que se realicen en el marco del capítulo del EaSI, sin exigir la fijación de metas correspondientes.

(43)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (30) y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (31), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (32) y (UE) 2017/1939 (33) del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, entre ellas el fraude, para la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la OLAF está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea está facultada para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (34). De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(44)

Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del TFUE. Dichas normas se establecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento de elaboración del presupuesto y su ejecución mediante subvenciones, premios, contratos públicos y gestión indirecta, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(45)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, aumentar la eficacia de los mercados de trabajo, promover la igualdad de acceso a un empleo de calidad, mejorar la igualdad de acceso a la educación y a la formación, y la calidad de estas, promover la inclusión social y contribuir a la erradicación de la pobreza, así como los objetivos perseguidos en el marco del capítulo del EaSI, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(46)

A fin de modificar determinados elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la modificación y la ampliación de los anexos sobre los indicadores. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (35). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(47)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Las competencias de ejecución en relación con el modelo de encuesta estructurada de los destinatarios finales deben ejercerse de conformidad con el procedimiento consultivo previsto en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (36), dada la naturaleza de este modelo.

(48)

A fin de posibilitar una respuesta rápida a las circunstancias excepcionales o inusuales contempladas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que puedan surgir durante el período de programación, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para que adopte medidas temporales que faciliten el uso de la ayuda del FSE+ en respuesta a tales circunstancias, con un límite máximo de dieciocho meses. La Comisión debe adoptar las medidas más apropiadas a la luz de las circunstancias excepcionales o inusuales a las que se enfrente un Estado Miembro, preservando los objetivos del FSE+, pero sin incluir modificaciones de los requisitos de concentración temática. Por otro lado, en relación con las medidas temporales de utilización de la ayuda del FSE+ en respuesta a circunstancias excepcionales o inusuales, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución sin procedimientos de comité, dado que el ámbito de aplicación de dichas medidas está determinado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y se limita a las medidas establecidas en el presente Reglamento. La Comisión también debe supervisar la aplicación y evaluar la idoneidad de las medidas temporales. Cuando la Comisión considere que es necesario modificar el presente Reglamento debido a circunstancias excepcionales o inusuales, el alcance de la modificación no debe incluir los requisitos de concentración temática relacionados con el empleo juvenil ni los relacionados con el apoyo a las personas más desfavorecidas, pues las personas jóvenes y las personas más desfavorecidas suelen verse afectadas de manera más adversa por tales situaciones de crisis. En consecuencia, es necesario garantizar que dichos grupos específicos sigan recibiendo apoyo suficiente.

(49)

Para la administración del FSE+, la Comisión debe estar asistida por un comité previsto en el artículo 163 del TFUE (en lo sucesivo, «Comité del FSE+»). A fin de que el Comité del FSE+ pueda disponer de toda la información necesaria y obtener una amplia gama de opiniones de las partes interesadas pertinentes, el Comité del FSE+ debe poder invitar a representantes sin derecho a voto, siempre que el orden del día de la reunión requiera su participación, incluidos representantes del Banco Europeo de Inversiones y del Fondo Europeo de Inversiones, así como de las organizaciones de la sociedad civil pertinentes.

(50)

Para garantizar que se sigan abordando las especificidades de cada capítulo del FSE+, el Comité del FSE+ debe establecer grupos de trabajo para cada uno de los capítulos del FSE+. La composición y funciones de dichos grupos de trabajo serán establecidas por el Comité del FSE+. Los grupos de trabajo deben tener la posibilidad de invitar a sus reuniones a representantes de la sociedad civil y a otras partes interesadas. Las tareas de los grupos de trabajo pueden incluir garantizar la coordinación y la cooperación entre las autoridades del Estado miembro y la Comisión para la ejecución del FSE+, incluidos la consulta sobre el programa de trabajo del capítulo del EaSI, el seguimiento de la ejecución de cada capítulo del FSE+, el intercambio de experiencias y buenas prácticas dentro de los capítulos del FSE+ y entre ellos y el fomento de posibles sinergias con otros programas de la Unión.

(51)

Con el fin de garantizar una mayor transparencia en la ejecución del presente Reglamento, la Comisión debe establecer los vínculos necesarios con los correspondientes comités activos en el ámbito social y del empleo, como el Comité de Empleo, el Comité de Protección Social o el Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

(52)

Con arreglo al artículo 193, apartado 2, del Reglamento Financiero, las acciones ya iniciadas solo pueden ser subvencionadas si el solicitante puede demostrar la necesidad de comenzar la acción antes de la firma del convenio de subvención. No obstante, los gastos en que se haya incurrido antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención no se consideran subvencionables, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. A fin de evitar perturbaciones en el apoyo prestado por la Unión que pueda perjudicar a los intereses de la Unión, debe ser posible disponer en la decisión de financiación, por un tiempo limitado al inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, y únicamente en casos debidamente justificados, que las actividades y los gastos sean subvencionables desde el comienzo del ejercicio 2021, aun cuando se hubieran ejecutado y causado antes de la presentación de la solicitud de subvención.

(53)

Por consiguiente, procede derogar el Reglamento (UE) n.o 1296/2013.

(54)

A fin de garantizar una continuidad en la prestación de ayuda en el ámbito de actuación pertinente y permitir la ejecución desde el inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y debe ser aplicable, con efecto retroactivo en lo que respecta al capítulo del EaSI, desde el 1 de enero de 2021.

Parte I

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Parte II

Capítulo I

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Capítulo II

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Capítulo III

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Parte III

Capítulo I

Artículo 25

Capítulo II

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Capítulo III

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Parte IV

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

(1)

El artículo 176 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) está destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Unión. Con arreglo a dicho artículo y al artículo 174, párrafos segundo y tercero, del TFUE, el FEDER debe contribuir a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, entre las que debe prestarse especial atención a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, en particular las desventajas resultantes del declive demográfico, por ejemplo las regiones más septentrionales con muy escasa densidad de población, y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña.

(2)

El Fondo de Cohesión se creó para contribuir a la consecución del objetivo general de reforzar la cohesión económica, social y territorial de la Unión proporcionando contribuciones financieras en los ámbitos del medio ambiente y las redes transeuropeas de infraestructuras de transporte (RTE-T), según se establece en el Reglamento (UE) n.o 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(3)

El Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) establece las normas comunes aplicables al FEDER, el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo de Cohesión, el Fondo de Transición Justa, el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), el Fondo de Seguridad Interior (FSI) y el instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de visados (IGFV), que operan dentro de un marco común.

(4)

A fin de simplificar las normas que eran aplicables tanto al FEDER como al Fondo de Cohesión durante el período de programación 2014-2020, las normas aplicables a ambos fondos deben establecerse en un único Reglamento.

(5)

En la ejecución del FEDER y del Fondo de Cohesión deben respetarse los principios horizontales establecidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en el artículo 10 del TFUE, incluidos los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 del TUE, teniendo en cuenta la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los Estados miembros deben observar asimismo las obligaciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como los principios del pilar europeo de derechos sociales, proclamados por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en 2017, y garantizar la accesibilidad en consonancia con el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de acuerdo con el Derecho de la Unión que armoniza los requisitos de accesibilidad aplicables a los productos y los servicios. En este contexto, el FEDER y el Fondo de Cohesión, en sinergia con el FSE+, deben ejecutarse de manera que promuevan la transición de la asistencia institucional a la asistencia en los ámbitos familiar y local, y deben perseguir sus objetivos para contribuir a la creación de empleo de calidad, a la erradicación de la pobreza y al fomento de la inclusión social. Los Estados miembros y la Comisión deben procurar eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre hombres y mujeres e integrar la perspectiva de género, así como luchar contra la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Ningún fondo debe apoyar acciones que contribuyan a cualquier forma de segregación o exclusión y, cuando financie infraestructuras, ambos deben garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad.

(6)

Los objetivos del FEDER y del Fondo de Cohesión deben perseguirse en el marco de un desarrollo sostenible y del fomento por parte de la Unión del objetivo de la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, tal como se establece en el artículo 11 y el artículo 191, apartado 1, del TFUE, y teniendo en cuenta el principio de que quien contamina paga. Teniendo en cuenta la importancia de la lucha contra el cambio climático, en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París de 2015 sobre el Cambio Climático resultante de la 21.a Conferencia de las Partes adoptado con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ambos fondos van a contribuir a la integración de las acciones relativas al clima en las demás políticas y a que se alcance el objetivo general de destinar el 30 % de los gastos del presupuesto de la Unión a apoyar objetivos climáticos. Con este fin, se prevé que las operaciones en el marco del FEDER contribuyan en un 30 % de la dotación financiera total del FEDER a la consecución de objetivos climáticos. Se prevé que las operaciones en el marco del Fondo de Cohesión contribuyan en un 37 % de la dotación financiera total del Fondo de Cohesión a la consecución de objetivos climáticos. Además, las medidas en virtud del presente Reglamento deben contribuir a lograr la ambición de destinar el 7,5 % del gasto anual en el marco financiero plurianual a los objetivos de biodiversidad en el año 2024 y el 10 % en 2026 y 2027, teniendo en cuenta al mismo tiempo los solapamientos que existan entre los objetivos en materia de clima y de biodiversidad.

Ambos fondos deben apoyar actividades que respeten las normas y prioridades climáticas y medioambientales de la Unión y que no supongan un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), y que aseguren la transición hacia una economía hipocarbónica con el fin de lograr la neutralidad climática en 2050. Los programas del FEDER y del Fondo de Cohesión deben tener en cuenta el contenido de los planes nacionales integrados de energía y clima adoptados en el marco de la gobernanza de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima tal como se establece mediante el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(7)

Con el fin de proteger la integridad del mercado interior, las operaciones del FEDER y del Fondo de Cohesión en beneficio de empresas deben cumplir las normas de la Unión sobre ayudas estatales establecidas en los artículos 107 y 108 del TFUE.

(8)

El principio de asociación es un elemento clave en la ejecución del FEDER y del Fondo de Cohesión, que se basa en el enfoque de la gobernanza en varios niveles y garantiza la participación de las autoridades regionales, locales, urbanas y otras autoridades públicas, la sociedad civil y los interlocutores económicos y sociales y, en su caso, las organizaciones de investigación y universidades. La ejecución de ambos fondos debe garantizar la coordinación y la complementariedad con el FSE+, el Fondo de Transición Justa, el FEMPA y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

(9)

Es necesario establecer disposiciones con respecto al apoyo del FEDER tanto al objetivo de inversión en empleo y crecimiento como al objetivo de cooperación territorial europea (Interreg).

(10)

Con el fin de determinar los tipos de actividades que pueden financiarse con cargo al FEDER y al Fondo de Cohesión, deben fijarse objetivos de las políticas (en lo sucesivo, «objetivos políticos») específicos para prestar apoyo con cargo a ambos fondos, a fin de garantizar que contribuyan a uno o varios de los objetivos políticos comunes establecidos en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1060.

(11)

En el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen la espina dorsal de la economía europea, el FEDER debe seguir apoyando su desarrollo mediante una mejora de su crecimiento sostenible y su competitividad. Además, teniendo en cuenta el impacto potencialmente profundo de la pandemia de COVID-19 o cualquier situación de crisis que pueda producirse en el futuro y tenga repercusiones en las empresas y el empleo, el FEDER debe apoyar la recuperación de dichas situaciones de crisis respaldando la creación de empleo en las pymes, también mediante inversiones productivas.

(12)

Las inversiones en el marco del FEDER deben contribuir al desarrollo de una red global de infraestructuras digitales de alta velocidad y a promover una movilidad multimodal sostenible y no contaminante, con especial atención al transporte público, la movilidad compartida y los desplazamientos a pie y en bicicleta, como parte de la transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono.

(13)

Para aprovechar las oportunidades de la era digital, el FEDER debe contribuir al desarrollo de una sociedad digital inclusiva en la que los ciudadanos, las organizaciones de investigación, las empresas y las administraciones públicas aprovechen al máximo las oportunidades que ofrece dicha digitalización. La administración electrónica eficaz a nivel nacional, regional y local implica el desarrollo de herramientas, así como el replanteamiento de la organización y los procesos, con el fin de prestar servicios públicos de manera más eficaz, fácil, rápida y a un menor coste. En particular, las tecnologías digitales y de telecomunicaciones deben utilizarse para mejorar las redes y servicios tradicionales en beneficio de las comunidades locales mediante el desarrollo de proyectos, como los relativos a «ciudades y pueblos inteligentes».

(14)

El apoyo del FEDER en el marco del objetivo político 1 se debe basar en el desarrollo de capacidades para las estrategias de especialización inteligente, que fijen prioridades a escala nacional, regional, o ambas, para reforzar su ventaja competitiva desarrollando los puntos fuertes en materia de investigación e innovación, y estableciendo correspondencias entre estos y las necesidades empresariales y competencias necesarias a través de un proceso de descubrimiento emprendedor. El proceso debe permitir que los agentes empresariales, en particular las organizaciones industriales, educativas y de investigación, las administraciones públicas y la sociedad civil, identifiquen los ámbitos más prometedores para el desarrollo económico sostenible a partir de las estructuras y la base de conocimiento distintivas de cada región. Habida cuenta de que el proceso de gobernanza basado en una especialización inteligente resulta crucial para la calidad de la estrategia, el FEDER debe proporcionar apoyo destinado a desarrollar y reforzar las capacidades necesarias para permitir un proceso de descubrimiento emprendedor eficiente y preparar o actualizar las estrategias de especialización inteligente.

(15)

Con el fin de impulsar la consecución de una Unión climáticamente neutra de aquí a 2050, teniendo debidamente en cuenta las consecuencias sociales y económicas que esto conlleva, el FEDER y el Fondo de Cohesión deben contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a combatir la pobreza energética. En este contexto, resultan especialmente cruciales las inversiones en eficiencia energética, en particular en sistemas de ahorro energético, y las inversiones en energías renovables de acuerdo con los criterios de sostenibilidad establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) y en sistemas energéticos inteligentes, así como las inversiones destinadas a prevenir catástrofes, fomentar la biodiversidad y las infraestructuras ecológicas (en lo sucesivo, «infraestructuras verdes»), incluidas la conservación, valorización y promoción de las zonas naturales protegidas, y otras medidas encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tales como la conservación y restauración de zonas naturales con alto potencial para la absorción y el almacenamiento de carbono, incluso también mediante la rehumidificación de turberas, la captura de gases de vertederos o la reducción de las emisiones en procesos o productos industriales. Asimismo, se debe proporcionar apoyo a aquellas inversiones destinadas a reducir toda forma de contaminación, como la contaminación atmosférica, del agua, del suelo, acústica y lumínica.

(16)

Al elaborar los programas cofinanciados por el FEDER y por el Fondo de Cohesión, deben tenerse en cuenta los planes nacionales integrados de energía y clima, que detallan las políticas y medidas y que hacen frente a la pobreza energética y a las emisiones de gases de efecto invernadero. Con objeto de contribuir a alcanzar los objetivos nacionales de reducción de la pobreza energética que figuran en los planes nacionales integrados de energía y clima, el FEDER debe apoyar en particular las mejoras en la eficiencia energética de viviendas y edificios, en consonancia con la Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) en su versión modificada, para contribuir a contar con un parque inmobiliario descarbonizado a más tardar en 2050, reduciendo así el consumo de energía y promoviendo el ahorro para los hogares afectados por la pobreza energética.

(17)

A fin de mejorar la conectividad en el transporte, el FEDER y el Fondo de Cohesión deben promover el desarrollo de una red transeuropea de transporte, según se contempla en el Reglamento (UE) n.o 1315/2013, mediante inversiones en las infraestructuras del transporte ferroviario, del transporte por vías de navegación interior, del transporte por carretera, del transporte marítimo y del transporte multimodal, y también en medidas de reducción del ruido. El FEDER y el Fondo de Cohesión deben asimismo apoyar la movilidad nacional, regional y local, transfronteriza y urbana. Al hacerlo, ambos fondos deben prestar atención a la mejora de la seguridad, en particular de los puentes y túneles existentes.

(18)

En un mundo cada vez más interconectado y habida cuenta de la dinámica demográfica y migratoria, es evidente que la política de migración de la Unión exige un planteamiento común que aproveche las sinergias y complementariedades entre los distintos instrumentos de financiación. Por consiguiente, el FEDER debe prestar atención a los retos demográficos cuando se preparen y ejecuten los programas. A fin de garantizar un apoyo coherente, firme y constante a los esfuerzos de solidaridad y reparto de responsabilidades entre los Estados miembros en la gestión de la migración, el FEDER debe prestar apoyo, en el nivel territorial más adecuado, para facilitar la integración inclusiva a largo plazo de los nacionales de terceros países, incluidos los migrantes, en beneficio del desarrollo social y económico, adoptando un enfoque destinado a proteger su dignidad y sus derechos.

(19)

El FEDER debe apoyar a las entidades de la «economía social», como las cooperativas, las mutualidades, las asociaciones sin ánimo de lucro y las empresas sociales, para así fomentar la innovación social y el acceso inclusivo al empleo de alta calidad.

(20)

Con el fin de fomentar la inclusión social y combatir la pobreza, en especial entre las comunidades marginadas, es necesario mejorar el acceso, también mediante infraestructuras, a los servicios sociales, educativos, culturales y recreativos, entre ellos a los deportes, teniendo en cuenta las necesidades concretas de las personas con discapacidad, la infancia y las personas de edad avanzada.

(21)

El FEDER y el Fondo de Cohesión deben fomentar la inclusión socioeconómica de las comunidades marginadas, con especial atención al marco estratégico político nacional de inclusión de la población gitana a que se refiere el anexo IV del Reglamento (UE) 2021/1060 en el que se fijan medidas de integración, de las familias con bajos ingresos, en particular las familias en riesgo de pobreza y exclusión social, y los colectivos desfavorecidos, entre los que se encuentran las personas con necesidades especiales. Concretamente, en consonancia con el principio n.o 19 del pilar europeo de derechos sociales, el FEDER y el Fondo de Cohesión deben poder apoyar el suministro de viviendas sociales. Teniendo en cuenta los retos a los que se enfrentan las comunidades gitanas marginadas con respecto al acceso a los servicios básicos, el FEDER y el Fondo de Cohesión deben contribuir a mejorar sus condiciones de vida y sus perspectivas de desarrollo.

(22)

Con el fin de reforzar la preparación para la educación y la formación a distancia y en línea de una forma integradora desde un punto de vista social, el FEDER, en el ejercicio de su función de mejorar el acceso equitativo a servicios inclusivos y de calidad en el ámbito de la educación, la formación y el aprendizaje permanente, debe en particular contribuir a fomentar la resiliencia del aprendizaje a distancia y en línea. Los esfuerzos para garantizar la continuidad de la educación y la formación durante la pandemia de COVID-19 han puesto de manifiesto importantes deficiencias relativas al acceso a los equipos de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones (TIC) y a la conectividad necesarios por parte de los alumnos procedentes de entornos desfavorecidos y en regiones remotas. En ese contexto, el FEDER debe apoyar la puesta a disposición de los equipos de TIC y de la conectividad necesarios, fomentando así la resiliencia de los sistemas de educación y formación para el aprendizaje a distancia y en línea.

(23)

Con el fin de reforzar la capacidad de los sistemas sanitarios públicos para prevenir las emergencias sanitarias, responder a estas rápidamente y recuperarse de ellas, el FEDER también debe contribuir a la resiliencia de los sistemas sanitarios. Además, dado que la pandemia sin precedentes de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la disponibilidad inmediata de suministros esenciales para dar una respuesta eficaz a una situación de emergencia, debe ampliarse el alcance del apoyo del FEDER a fin de permitir la compra de los suministros necesarios para reforzar la resiliencia frente a las catástrofes y la resiliencia de los sistemas sanitarios, en particular la atención primaria, así como fomentar la transición de la asistencia institucional a la asistencia en los ámbitos familiar y local. Al adquirir suministros para reforzar la resiliencia de los sistemas sanitarios, estos deben ser coherentes con la estrategia sanitaria nacional, no ir más allá de esta, y garantizar la complementariedad con el programa UEproSalud, establecido por el Reglamento (UE) 2021/522 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), así como con las capacidades de rescEU en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión establecido por la Decisión n.o 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (11).

(24)

El FEDER debe apoyar y promover la transición de la asistencia institucional a la asistencia en los ámbitos familiar y local mediante instalaciones de apoyo que intenten evitar la segregación de la comunidad, faciliten la integración de las personas en la sociedad y garanticen condiciones de vida independientes.

(25)

Debe establecerse un objetivo específico dedicado al apoyo a las economías regionales que dependen en gran medida de los sectores turístico y cultural. Ello permitiría aprovechar todo el potencial de la cultura y el turismo sostenible para la recuperación económica, la inclusión social y la innovación social, sin perjuicio de las posibilidades de prestar apoyo con cargo al FEDER a esos sectores en el marco de otros objetivos específicos.

(26)

Las inversiones en los sectores creativo y cultural, en servicios culturales y en bienes de patrimonio cultural podrían financiarse en el marco de cualquier objetivo político siempre que contribuyan a los objetivos específicos y entren dentro del alcance de la ayuda del FEDER.

(27)

El turismo sostenible exige un equilibrio entre la sostenibilidad económica, social, cultural y medioambiental. El planteamiento para apoyar el turismo sostenible debe ser conforme a la Comunicación de la Comisión de 19 de octubre de 2007 titulada «Agenda para un turismo europeo sostenible y competitivo». En concreto, debe tener en cuenta el bienestar de los turistas, respetar el entorno natural y cultural y asegurar el desarrollo socioeconómico y la competitividad de los destinos y las empresas a través de un planteamiento de actuación global e integrado.

(28)

A fin de apoyar los esfuerzos de los Estados miembros y las regiones a la hora de afrontar nuevos retos y garantizar un alto nivel de seguridad para los ciudadanos, así como la prevención de la marginación y la radicalización, al tiempo que se aprovechan las sinergias y complementariedades con otras políticas de la Unión, las inversiones financiadas por el FEDER deben contribuir a la seguridad en los ámbitos en los que sea necesario velar por la seguridad de los espacios públicos y las infraestructuras esenciales, como el transporte y la energía, contribuyendo así a crear sociedades más inclusivas y seguras.

(29)

El FEDER debe proporcionar apoyo en el marco del objetivo político 5 de un modo integrado para el desarrollo económico, social y medioambiental basado en estrategias territoriales intersectoriales que empleen herramientas integradas para el desarrollo territorial con objeto de asegurar el desarrollo armonioso tanto de las zonas urbanas como de las no urbanas. Asimismo, para el desarrollo de las zonas urbanas se debe prestar especial atención al apoyo a zonas urbanas funcionales debido a su importancia tanto para estimular la cooperación entre las autoridades locales y los socios a través de fronteras administrativas como para fortalecer los vínculos entre el entorno urbano y el entorno rural.

(30)

El FEDER debe apoyar el turismo sostenible de manera integrada, en concreto mediante el refuerzo de la cooperación dentro de los territorios funcionales. Las empresas y las administraciones públicas deben cooperar de manera sistemática para proporcionar con más eficiencia servicios de calidad en zonas de elevado potencial turístico, teniendo debidamente en cuenta que se cree un entorno jurídico y administrativo estable que propicie el crecimiento sostenible de dichas zonas, para así dar un impulso a la influencia del turismo sostenible en la economía. Las acciones que reciban apoyo en el ámbito del turismo sostenible pueden tener en cuenta las mejores prácticas en este ámbito, como por ejemplo el enfoque de «zonas turísticas».

(31)

Como consecuencia del objetivo general del Fondo de Cohesión establecido en el TFUE, es necesario determinar y limitar los objetivos políticos que debe apoyar el Fondo de Cohesión.

(32)

Con el fin de mejorar la capacidad administrativa general de las instituciones y la gobernanza en los Estados miembros que ejecutan los programas en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento, es necesario proporcionar medidas de apoyo para las autoridades de los programas y para los agentes sectoriales o territoriales responsables de la realización de las actividades pertinentes para la ejecución del FEDER y del Fondo de Cohesión con arreglo a todos los objetivos específicos perseguidos teniendo en cuenta los principios horizontales que se detallan en el Reglamento (UE) 2021/1060, que incluyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(33)

A fin de fomentar e impulsar las medidas de cooperación en los programas ejecutados en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento, es necesario reforzar las medidas de cooperación con socios, también a nivel local y regional, dentro de un mismo Estado miembro o entre distintos Estados miembros en relación con la ayuda proporcionada en el marco de todos los objetivos específicos. Esta cooperación reforzada es complementaria a la cooperación en el marco de Interreg y debe apoyar, en particular, la cooperación entre asociaciones estructuradas con vistas a aplicar las estrategias regionales a que se hace referencia en la Comunicación de la Comisión de 18 de julio de 2017 titulada «Reforzar la innovación en las regiones de Europa: estrategias para un crecimiento resiliente, inclusivo y sostenible». Así pues, los socios pueden proceder de cualquier región de la Unión, pero también de regiones transfronterizas y de todas las regiones incluidas en una Agrupación europea de cooperación territorial en virtud del Reglamento (CE) n.o 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), en una estrategia macrorregional o de cuenca marítima, o una combinación de estos dos tipos de estrategias.

(34)

El FEDER debe contribuir a corregir los principales desequilibrios regionales dentro de la Unión y a reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, incluidas las que afronten retos debido a compromisos de descarbonización, favoreciendo así la resiliencia regional. Por tanto, la ayuda del FEDER en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento debe concentrarse en las prioridades clave de la Unión en consonancia con los objetivos políticos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/1060. Así pues, la ayuda del FEDER debe centrarse en los objetivos políticos de «una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad TIC regional» y «una Europa más verde y baja en carbono en transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono y resiliente, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación y adaptación al cambio climático, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible». Los recursos dedicados a la movilidad urbana y sostenible y la inversión en banda ancha se pueden tener parcialmente en cuenta para el cálculo del cumplimiento de los requisitos de concentración temática. Los Estados miembros deben decidir en sus acuerdos de asociación si cumplen los requisitos de concentración temática a escala de categoría de regiones o a escala nacional para todo el período de programación. La concentración temática a nivel nacional debe ser determinada por tres grupos de Estados miembros formados en función de sus respectivas rentas nacionales brutas y debe permitir cierta flexibilidad en los programas individuales. Dado que la ayuda del Fondo de Cohesión también puede contribuir a la concentración temática, deben establecerse las condiciones para dicha contribución. Además, la metodología empleada para la clasificación de los Estados miembros debe establecerse de manera detallada, teniendo en cuenta la situación específica de las regiones ultraperiféricas y las regiones septentrionales escasamente pobladas.

(35)

A fin de concentrar el apoyo en las prioridades clave de la Unión también conviene que se respeten los requisitos de concentración temática a lo largo de todo el período de programación, en particular en caso de transferencia entre prioridades dentro de un mismo programa o entre programas diferentes.

(36)

Para permitir que el FEDER apoye, en el marco de Interreg, las inversiones en infraestructuras y las inversiones asociadas relacionadas con estas, así como las actividades de formación e integración, es necesario disponer que el FEDER también deba poder financiar actividades en el marco de los objetivos específicos del FSE+, creado en virtud del Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo (13).

(37)

A fin de concentrar el uso de los limitados recursos disponibles de la manera más eficiente posible, el apoyo del FEDER a las inversiones productivas en el marco del objetivo específico correspondiente debe limitarse a las microempresas, y a las pequeñas y medianas empresas, en el sentido de lo dispuesto en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (14), salvo en lo que respecta a inversiones específicas previstas en el presente Reglamento.

(38)

En el contexto del apoyo del FEDER a las inversiones productivas procede aclarar que inversión productiva debe entenderse como inversión en capital fijo o activos inmateriales de una empresa con vistas a la producción de bienes y servicios, de manera que se contribuya a la formación bruta de capital y al empleo. También debe disponerse que, en determinadas condiciones, el FEDER y el Fondo de Cohesión puedan apoyar las inversiones en empresas que no sean pymes. Además, sobre la base de la experiencia de anteriores períodos de programación, el FEDER y el Fondo de Cohesión también deben apoyar las inversiones en empresas que no sean pymes, incluidos en particular los servicios públicos, cuando se trate de inversiones en infraestructuras que garanticen el acceso a los servicios disponibles al público en el ámbito de la energía, el medio ambiente y la biodiversidad, el transporte y la conectividad digital.

(39)

El presente Reglamento debe establecer los diferentes tipos de actividades cuyos costes han de poder ser financiados mediante inversiones del FEDER y del Fondo de Cohesión, en el marco de sus respectivos objetivos según lo previsto en el TFUE, incluida la financiación participativa. El Fondo de Cohesión debe poder apoyar inversiones en la RTE-T y en el medio ambiente, en particular las relacionadas con el desarrollo sostenible y la energía que presenten beneficios para el medio ambiente. En ese contexto, el Fondo de Cohesión también debe poder apoyar la adaptación energética y sísmica combinada. En lo que respecta al FEDER, la lista de actividades debe tener presentes las necesidades de desarrollo nacionales y regionales específicas, así como el potencial endógeno, y debe simplificarse. El FEDER debe poder apoyar inversiones en infraestructuras (incluidas las infraestructuras empresariales de investigación e innovación para pymes), viviendas para las comunidades marginadas y los colectivos desfavorecidos, familias con bajos ingresos y migrantes, cultura y patrimonio, turismo sostenible y servicios a empresas, inversiones en relación con el acceso a los servicios (con especial hincapié en las comunidades desfavorecidas, marginadas y segregadas), las inversiones productivas en pymes, equipos, software y activos inmateriales, así como medidas en lo que respecta a la información, la comunicación, los estudios, el establecimiento de redes, la cooperación, el intercambio de experiencias entre socios y las actividades en las que participen agrupaciones. A fin de apoyar la ejecución del programa, ambos fondos deben poder financiar también actividades de asistencia técnica. Por último, con el fin de prestar apoyo a un abanico más amplio de intervenciones financiadas en el marco de los programas de Interreg, es necesario ampliar su alcance para incluir también la puesta en común de una amplia gama de instalaciones y recursos humanos y el reparto de costes relacionados con las medidas que entran dentro del alcance del FSE+.

(40)

Los proyectos de redes transeuropeas de transporte en el marco del Reglamento (UE) n.o 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) han de seguirse financiando con cargo al Fondo de Cohesión tanto mediante gestión compartida como mediante gestión directa en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» establecido mediante un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1316/2013 y (UE) n.o 283/2014.

(41)

Al mismo tiempo, es importante aclarar qué actividades quedan fuera del alcance del FEDER y del Fondo de Cohesión, incluidas las inversiones para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de las actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (16), a fin de evitar que se duplique la financiación disponible, que ya existe en el marco de dicha Directiva, o las inversiones en empresas en crisis, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión (17), a menos que se autoricen en virtud de una ayuda de minimis o de normas temporales sobre ayudas estatales establecidas para hacer frente a circunstancias excepcionales. El FEDER y el Fondo de Cohesión tampoco deben apoyar determinados tipos de inversión en aeropuertos, en instalaciones para el depósito de residuos y el tratamiento de desechos residuales, o en combustibles fósiles. Por lo tanto, el FEDER debe poder apoyar medidas medioambientales específicas de mitigación, seguridad y protección en aeropuertos regionales siempre que el objetivo primario de las inversiones quede claramente identificado por lo que respecta a los niveles de protección medioambiental y de seguridad y sea conforme a las normas sobre ayudas estatales.

En lo que respecta a las inversiones que aumenten la capacidad de las instalaciones para el tratamiento de desechos residuales, por «desechos residuales» deben entenderse principalmente los residuos municipales no recogidos selectivamente y los desechos del tratamiento de residuos. Se podrá obtener financiación para la modernización de las redes de calefacción urbana cuando esta tenga por objeto mejorar la eficiencia energética de los sistemas urbanos eficientes de calefacción, según se definen en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (18), con arreglo a los objetivos establecidos en los planes nacionales integrados de energía y clima. Con el fin de promover las energías renovables, se pueden proporcionar ayudas para calderas de calefacción urbana abastecidas con una combinación de gas y fuentes de energía renovables. En tales casos, la ayuda de ambos fondos debe corresponder proporcionalmente a la parte de energía renovable que utilicen las calderas. Además, debe establecerse expresamente que los países y territorios de ultramar enumerados en el anexo II del TFUE no puedan recibir ayuda del FEDER ni del Fondo de Cohesión.

(42)

Los Estados miembros deben transmitir periódicamente a la Comisión información sobre los avances logrados, utilizando los indicadores comunes de realización y de resultados que figuran en el anexo I. Los indicadores comunes de realización y de resultados pueden complementarse, en su caso, con indicadores de realización y de resultados específicos para cada programa. La información facilitada por los Estados miembros debe ser la base sobre la que la Comisión informe sobre los avances hacia la consecución de los objetivos específicos a lo largo de todo el período de programación, utilizando para ello el conjunto básico de indicadores que figura en el anexo II.

(43)

Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (19), el FEDER y el Fondo de Cohesión deben ser evaluados sobre la base de la información que se recoja de conformidad con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo cargas administrativas, en particular a los Estados miembros, y un exceso de regulación. Dichos requisitos deben incluir, cuando corresponda, indicadores mensurables que sirvan de base para evaluar los efectos de ambos fondos en la práctica.

(44)

En el marco de las normas pertinentes previstas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, según se aclara en el Código de Conducta, los Estados miembros deben poder presentar una solicitud debidamente justificada de mayor flexibilidad para el gasto público o estructural equivalente que reciba apoyo de la administración pública mediante cofinanciación de inversiones activadas dentro del FEDER y del Fondo de Cohesión. La Comisión debe evaluar dicha solicitud de conformidad con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y del Código de Conducta.

(45)

El FEDER debe abordar los problemas de las zonas desfavorecidas, especialmente de las zonas rurales y las que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, tales como el declive demográfico, en el acceso a los servicios básicos, en particular los servicios digitales, incrementando el atractivo para la inversión, por ejemplo, mediante las inversiones de negocios y la conectividad a grandes mercados. Para ello, el FEDER debe prestar atención a retos de desarrollo específicos que experimentan algunas regiones insulares, fronterizas o de montaña. Además, el FEDER debe prestar especial atención a las dificultades concretas de las zonas de nivel NUTS 3 y de unidades administrativas locales, tal como se indica en el Reglamento (CE) n.o 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (20), que tengan una densidad de población muy baja, conforme a los criterios señalados en el punto 161 de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020, en concreto aquellas con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, o zonas que hayan sufrido un descenso medio de la población de al menos el 1 % durante el período 2007-2017. Los Estados miembros deben estudiar la posibilidad de desarrollar planes de acción voluntarios concretos a nivel local para dichas zonas con objeto de contrarrestar estas dificultades demográficas.

(46)

Para aprovechar al máximo la contribución destinada a afrontar de forma más efectiva los retos económicos, demográficos, medioambientales y sociales, en particular en zonas que padecen desventajas naturales o demográficas, tal como establece el artículo 174 del TFUE, las acciones en el ámbito del desarrollo territorial deben basarse en estrategias territoriales integradas, también en las zonas urbanas y rurales, y deben prestar atención a los vínculos entre el ámbito urbano y el rural. Por ello, la ayuda del FEDER debe proporcionarse en las modalidades contempladas en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2021/1060, asegurando una adecuada participación de las autoridades locales, regionales y urbanas, de los interlocutores económicos y sociales y de los representantes de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales. Las estrategias territoriales también deben poder acogerse a un enfoque de financiación múltiple e integrado que incluya al FEDER, al FSE+, al FEMPA y al Feader.

(47)

Con el fin de reforzar la resiliencia de las comunidades en zonas rurales, así como sus condiciones económicas, sociales y medioambientales, el apoyo del FEDER se debe emplear para desarrollar proyectos como los pueblos inteligentes, tal como se detalla en la Resolución del Parlamento Europeo de 3 de octubre de 2018 sobre la respuesta a las necesidades específicas de las zonas rurales, montañosas y periféricas de la Unión, en particular mediante la creación de nuevas oportunidades, como los servicios descentralizados y las soluciones energéticas y las tecnologías e innovaciones digitales.

(48)

En el marco de un desarrollo urbano sostenible, se considera necesario apoyar un desarrollo territorial integrado para afrontar de forma más eficaz los retos económicos, medioambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan a las zonas urbanas, incluidas las zonas urbanas funcionales, a la vez que se tiene en cuenta la necesidad de promover los vínculos entre el ámbito urbano y el rural. El apoyo destinado a las zonas urbanas puede adoptar la forma de un programa distinto o de una prioridad distinta y debe poder acogerse a un enfoque de financiación múltiple. Los principios para seleccionar las zonas urbanas en las que se lleven a cabo acciones integradas para un desarrollo urbano sostenible, así como los importes indicativos previstos para dichas acciones, deben fijarse en los programas correspondientes al objetivo de inversión en empleo y crecimiento, y la meta de que al menos el 8 % de los recursos del FEDER deben destinarse a dicho fin a escala nacional. Asimismo, ha de establecerse que dicho porcentaje se respete durante todo el período de programación en caso de transferencia entre prioridades dentro de un mismo programa o entre distintos programas, en particular en la revisión intermedia.

(49)

A fin de determinar o proporcionar soluciones que den respuesta a cuestiones relacionadas con el desarrollo urbano sostenible a escala de la Unión, las Acciones Innovadoras Urbanas en el ámbito del desarrollo urbano sostenible deben ser sustituidas por una Iniciativa Urbana Europea, que debe ejecutarse mediante gestión directa o indirecta. Esta iniciativa debe comprender todas las zonas urbanas, incluidas las zonas urbanas funcionales, y apoyar la Agenda Urbana para la Unión Europea. Para estimular la participación de las autoridades locales en las asociaciones temáticas en el marco de la Agenda Urbana, el FEDER debe prestar apoyo para los gastos de organización relacionados con dicha participación. La iniciativa podría incluir la cooperación intergubernamental en asuntos urbanos, en particular la cooperación encaminada al desarrollo de capacidades a nivel local para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Los Estados miembros y las autoridades regionales y locales deben participar activamente en la gestión y aplicación de la Iniciativa Urbana Europea. Las medidas acordadas en el marco de ese modelo de gestión podrían incluir el intercambio de representantes regionales y locales. Las medidas adoptadas en el marco de la Iniciativa Urbana Europea deben promover los vínculos entre las zonas urbanas y rurales dentro de las zonas urbanas funcionales. La cooperación con la Red Europea de Desarrollo Rural reviste especial importancia a este respecto.

(50)

Se debe fomentar la comercialización y ampliación de proyectos interregionales de innovación en todo el territorio de la Unión mediante las nuevas inversiones interregionales en innovación que tiene que gestionar la Comisión. Mediante el apoyo a proyectos de innovación en ámbitos de especialización inteligente, entre los que se encuentran los proyectos piloto y las medidas de desarrollo de capacidades, se van a ver especialmente beneficiadas las regiones menos desarrolladas, al impulsarse sus ecosistemas de innovación y su capacidad de integración en cadenas de valor de la Unión de mayor envergadura. Con ello también se ha de contribuir a la aplicación de la Comunicación de la Comisión de 18 de julio de 2017 titulada «Reforzar la innovación en las regiones de Europa: Estrategias para un crecimiento resiliente, inclusivo y sostenible», en concreto para apoyar las plataformas temáticas de especialización inteligente en ámbitos esenciales.

(51)

Se debe prestar especial atención a las regiones ultraperiféricas, concretamente mediante la adopción de medidas en virtud del artículo 349 del TFUE, que prevé una asignación adicional para las regiones ultraperiféricas a fin de compensar los costes adicionales en que se incurra en estas regiones como consecuencia de una o varias de las limitaciones permanentes a que se refiere dicho artículo, a saber, su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo. Esa asignación debe poder cubrir inversiones, gastos de funcionamiento y obligaciones de servicio público que tengan por objeto compensar los costes adicionales ocasionados por tales limitaciones. Las ayudas de funcionamiento deben poder sufragar los gastos relativos a los servicios de transporte de mercancías y las ayudas para poner en marcha servicios de transporte, así como los gastos de operaciones destinadas a superar los problemas que se deriven de la limitada capacidad de almacenamiento, la sobredimensión y el mantenimiento de los medios de producción, y la falta de recursos humanos en el mercado de trabajo local. Esa asignación no ha de estar sujeta a los requisitos de concentración temática. A fin de proteger la integridad del mercado interior, como en el caso de todas las operaciones cofinanciadas por el FEDER y el Fondo de Cohesión, toda contribución del FEDER a la financiación de ayudas de funcionamiento y de inversión en las regiones ultraperiféricas debe ajustarse a las normas sobre ayudas estatales establecidas en los artículos 107 y 108 del TFUE.

(52)

A fin de que se pueda dar una respuesta rápida a las circunstancias excepcionales e inusuales contempladas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que puedan surgir durante el período de programación, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión para que adopte medidas temporales que faciliten el uso de la ayuda del FEDER en respuesta a tales circunstancias. La Comisión debe adoptar las medidas más apropiadas a la luz de las circunstancias excepcionales o inusuales a las que se enfrente un Estado miembro, preservando al mismo tiempo los objetivos del fondo. Además, las decisiones de ejecución en relación con una medida temporal para la utilización del FEDER en respuesta a circunstancias excepcionales o inusuales deben adoptarse sin procedimientos de comité, dado que el ámbito de aplicación está determinado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y limitado a la medida establecida en el presente Reglamento. La Comisión también debe supervisar la aplicación y evaluar la idoneidad de las medidas.

(53)

A fin de modificar algunos elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a efectuar adaptaciones, cuando esté justificado, del anexo II, en el que figura una lista de indicadores utilizados como base para informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el rendimiento de los programas. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(54)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, reforzar la cohesión económica, social y territorial mediante la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la magnitud de las disparidades existentes entre los niveles de desarrollo de las diferentes regiones y al retraso de las regiones menos favorecidas, así como a los limitados recursos económicos de los Estados miembros y las regiones, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo;

(55)

Habida cuenta de que el presente Reglamento se adopta tras el inicio del período de programación, y que es necesario ejecutar tanto del FEDER como el Fondo de Cohesión de modo coordinado y armonizado, y a fin de posibilitar su rápida aplicación, debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

CAPÍTULO I

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

CAPÍTULO II

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

CAPÍTULO III

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

ANEXO I

ANEXO II