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L 204/1

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L 204/3

a)

en el caso de la República de Sudáfrica, el Ministerio de Energía (Department of Energy);

b)

en el caso de la Comunidad, la Comisión Europea,

a)

deuterio y agua pesada (óxido de deuterio) y cualquier otro compuesto de deuterio en el que la razón deuterio/átomos de hidrógeno exceda de 1:5000, para su utilización en un reactor nuclear conforme se define en el apartado 1.1 del anexo B de la circular informativa INFCIRC/254/Rev.10/Parte 1 del OIEA;

b)

grafito de pureza nuclear: grafito con un nivel de pureza superior a 5 partes por millón de boro equivalente y con una densidad superior a 1,50 g/cm3, para su utilización en un reactor nuclear conforme se define en el apartado 1.1 del anexo B de la circular informativa INFCIRC/254/Rev.10/Parte 1 del OIEA;

a)

la persona jurídica creada por el Tratado Euratom, y

b)

los territorios a los que se aplica el Tratado Euratom;

a)

la investigación y el desarrollo en el ámbito de la energía nuclear (incluido el ámbito de las tecnologías de fusión);

b)

el uso de materiales y tecnologías nucleares en aplicaciones en el ámbito de la salud o la agricultura;

c)

las transferencias de materiales nucleares y equipos;

d)

la seguridad nuclear, la gestión de residuos radiactivos y combustible usado, el cierre definitivo de instalaciones, la protección contra la radiación, incluida la preparación y respuesta ante emergencias;

e)

el control de seguridad nuclear;

f)

otros ámbitos acordados por las Partes, en la medida en que estén cubiertos por los programas respectivos de las Partes.

a)

suministro de materiales nucleares y no nucleares, equipos y tecnologías relacionadas,

b)

prestación de servicios relacionados con el ciclo del combustible nuclear;

c)

creación de grupos de trabajo, en caso necesario, para llevar a cabo estudios y proyectos específicos en el ámbito de la investigación científica y el desarrollo tecnológico;

d)

intercambio de expertos, información científica y tecnológica, organización de seminarios científicos y conferencias, formación del personal administrativo, científico y técnico;

e)

consultas sobre cuestiones de investigación y tecnología y realización de investigación conjunta en virtud de programas comunes;

f)

actividades de cooperación en materia de fomento de la seguridad nuclear, y

g)

otras formas de cooperación que determinen las Partes por escrito.

a)

que este artículo se ha vuelto a transferir fuera de la jurisdicción de la Parte receptora de acuerdo con las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo, o

b)

que los materiales nucleares ya no son utilizables para actividades nucleares pertinentes desde el punto de vista del control de seguridad y las salvaguardias mencionados en el artículo VI, apartado 1, del presente Acuerdo o han pasado a ser prácticamente irrecuperables, o

c)

que los materiales no nucleares y los equipos ya no son utilizables con fines nucleares, o

d)

hasta que las Partes convengan en que deben dejar de estar sometidos al presente Acuerdo.

a)

en la Comunidad, al control de seguridad de Euratom de conformidad con el Tratado Euratom y a las salvaguardias del OIEA de conformidad con los acuerdos indicados a continuación, según corresponda, y según hayan sido revisados y sustituidos, en tanto en cuanto sea aplicable el Tratado de no proliferación:

b)

en Sudáfrica, las salvaguardias del OIEA con arreglo al Acuerdo entre el Gobierno de la República de Sudáfrica y el OIEA para la aplicación de salvaguardias en relación con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, que se firmó y entró en vigor el 16 de septiembre de 1991 y se publicó como INFCIRC/394, complementado por el Protocolo Adicional, que se firmó y entró en vigor el 13 de septiembre de 2002, y el Tratado sobre una Zona Africana Libre de Armas Nucleares, que se firmó el 11 de abril de 1996 y entró en vigor el 15 de julio de 2009.

a)

la Comunidad deberá aplicar, en la medida en que le corresponda, salvaguardias basadas en el sistema de control de seguridad de Euratom que ofrezcan una eficacia y una cobertura equivalentes a las que ofrecen los acuerdos de salvaguardias mencionados en el apartado 1, letra a), del presente artículo, o, cuando ello no sea posible;

b)

las Partes deberán acordar las disposiciones a que haya lugar para la aplicación de salvaguardias que ofrezcan una eficacia y una cobertura equivalentes a las que ofrecen los acuerdos de salvaguardias mencionados en el apartado 1, letras a) o b), del presente artículo.

31.7.2013   

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L 204/11

(1)

El Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo (1) faculta a la Comisión para declarar mediante reglamentos que determinadas categorías específicas de ayudas son compatibles con el mercado interior y no están sujetas a la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(2)

La ayuda de Estado es un concepto objetivo definido en el artículo 107, apartado 1, del TFUE. El poder de la Comisión de adoptar exenciones en bloque previsto en el Reglamento (CE) no 994/98 se aplica solamente a las medidas que reúnen todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del TFUE y que son, por lo tanto, ayudas estatales. La inclusión de una categoría determinada de ayuda en el Reglamento (CE) no 994/98 o en un Reglamento de exención, no predetermina la caracterización de una medida como ayuda de Estado en la acepción del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(3)

El Reglamento (CE) no 994/98 faculta a la Comisión para declarar que, con determinadas condiciones, las ayudas en favor de las pequeñas y medianas empresas («PYME»), la investigación y el desarrollo, la protección del medio ambiente, del empleo y de la formación, y las ayudas que se ajusten al mapa aprobado por la Comisión para cada Estado miembro a efectos de la concesión de ayudas regionales son compatibles con el mercado interior y no están sujetas a la obligación de notificación.

(4)

El Reglamento (CE) no 994/98 autoriza a la Comisión a eximir las ayudas de investigación y desarrollo, pero no de innovación. Entre tanto, la innovación se ha convertido en una prioridad política de la Unión en el contexto de la Unión por la innovación, una de las iniciativas emblemáticas de Europa 2020. Además, muchas medidas de ayuda a la innovación son relativamente pequeñas y no provocan grandes falseamientos de la competencia.

(5)

En el ámbito de la cultura y la conservación del patrimonio, existe una serie de medidas adoptadas por los Estados miembros que pueden no constituir ayuda de Estado al no cumplir todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del TFUE, por ejemplo por no desarrollar su beneficiario una actividad económica, o porque no surte efectos en el comercio entre los Estados miembros. No obstante, por cuanto las medidas en el ámbito de la cultura y la conservación del patrimonio no son ayudas estatales en la acepción del artículo 107, apartado 1, del TFUE, se exige actualmente a los Estados miembros que notifiquen estas medidas a la Comisión. El Reglamento (CE) no 994/98 faculta a la Comisión a eximir la ayuda concedida a las PYME, pero la utilidad de tal exención en el sector cultural sería limitada, ya que los beneficiarios son a menudo grandes empresas. Sin embargo, los pequeños proyectos en el ámbito de la cultura, la creación y la conservación del patrimonio, incluso cuando son ejecutados por grandes empresas, no suelen dar lugar a ningún falseamiento significativo, y algunos casos recientes han demostrado que dicha ayuda tiene efectos limitados sobre el comercio.

(6)

Las excepciones en el ámbito de la cultura y la conservación del patrimonio pueden concebirse sobre la base de la experiencia de la Comisión establecida en directrices, como para las obras cinematográficas y audiovisuales, o desarrollarse por medio de casos específicos. A la hora de elaborar estas excepciones por categorías, la Comisión debe tener en cuenta que únicamente deberían incluir medidas que constituyan ayudas estatales, que, en principio, deben centrarse en medidas que contribuyan a los objetivos de la «Modernización de las ayudas estatales en la UE», y que únicamente dicha ayuda represente una excepción por categoría para la que la Comisión ya tenga una experiencia importante. Por otra parte, se debe tener en cuenta la competencia principal de los Estados miembros en el ámbito de la cultura, la protección especial de que goza la diversidad cultural en virtud del artículo 167, apartado 1, del TFUE y el carácter especial de la cultura.

(7)

Los Estados miembros están también obligados a notificar a la Comisión las ayudas estatales destinadas a reparar los daños causados por las catástrofes naturales. Los importes que se conceden en dicho sector suelen ser limitados y pueden establecerse condiciones claras de compatibilidad. El Reglamento (CE) no 994/98 faculta a la Comisión a eximir de la obligación de notificar tales ayudas solo si se conceden a las PYME. Sin embargo, las grandes empresas pueden también verse afectadas por las catástrofes naturales. Según la experiencia de la Comisión, esas ayudas no dan lugar a ningún falseamiento significativo y, sobre la base de la experiencia adquirida, pueden definirse condiciones claras de compatibilidad.

(8)

Los Estados miembros están también obligados a notificar a la Comisión las ayudas estatales destinadas a reparar los daños causados en el sector pesquero por determinadas condiciones climáticas adversas. Los importes que se conceden en dicho sector suelen ser limitados y pueden establecerse condiciones claras de compatibilidad. El Reglamento (CE) no 994/98 faculta a la Comisión a eximir de la obligación de notificar tales ayudas solo si se conceden a las PYME. No obstante, las grandes empresas pueden también verse afectadas por las condiciones climáticas adversas en el sector pesquero. Según la experiencia de la Comisión, esas ayudas no dan lugar a ningún falseamiento significativo y, sobre la base de la experiencia adquirida, pueden definirse condiciones claras de compatibilidad.

(9)

De conformidad con el artículo 42 del TFUE, las normas sobre ayudas estatales no se aplican, bajo ciertas condiciones, a determinadas medidas de ayuda en favor de los productos agrícolas enumerados en el anexo I del TFUE. El artículo 42 no es aplicable al sector forestal y a los productos no incluidos en el anexo I. Por lo tanto, en la actualidad, en virtud del Reglamento (CE) no 994/98, la ayuda al sector forestal y al fomento de los productos del sector alimentario no incluidos en el anexo I solo puede quedar exenta si se limita a las PYME. La Comisión debe estar facultada para eximir a determinados tipos de ayudas en favor del sector forestal, incluida la ayuda en los programas de desarrollo rural así como las ayudas en favor de la promoción y la publicidad de los productos del sector alimentario no incluidos en el anexo I si la experiencia de la Comisión pone de manifiesto que los falseamientos de la competencia son limitados y que pueden establecerse condiciones claras de compatibilidad.

(10)

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca (2), los artículos 107, 108 y 109 del TFUE serán aplicables a las ayudas concedidas por los Estados miembros a las empresas del sector pesquero, a excepción de los pagos efectuados por los Estados miembros de conformidad con el Reglamento (CE) no 1198/2006 y en virtud de lo dispuesto en el mismo. Las ayudas estatales suplementarias para la conservación de los recursos biológicos marinos y de agua dulce suelen tener efectos limitados en el comercio entre los Estados miembros, contribuyen a los objetivos de la Unión en el ámbito de la política marítima y de pesca, y no provocan falseamientos graves de la competencia. Los importes concedidos suelen ser limitados y pueden establecerse condiciones claras de compatibilidad.

(11)

En el sector del deporte y, en particular, en el ámbito del deporte no profesional, existe una serie de medidas adoptadas por los Estados miembros que pueden no constituir ayuda de Estado al no cumplir todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del TFUE, por ejemplo por no desarrollar su beneficiario una actividad económica, o porque no surte efectos en el comercio entre los Estados miembros. No obstante, por cuanto las medidas en el ámbito de los deportes no son ayudas estatales en la acepción del artículo 107, apartado 1, del TFUE, se exige actualmente a los Estados miembros que notifiquen estas medidas a la Comisión. Las medidas de ayuda estatal para el deporte, y en particular las del ámbito del deporte no profesional o en pequeña escala, suelen tener efectos limitados en el comercio entre los Estados miembros, y no falsean gravemente la competencia. Los importes concedidos suelen ser también limitados. Sobre la base de la experiencia adquirida, pueden establecerse condiciones claras de compatibilidad, con el fin de garantizar que la ayuda al deporte no da lugar a ningún falseamiento de la competencia significativo.

(12)

Por lo que se refiere a la ayuda al transporte aéreo y marítimo, la experiencia de la Comisión indica que la ayuda de carácter social para el transporte de residentes en regiones alejadas, como las regiones ultraperiféricas y las islas, incluidos los Estados miembros insulares de una sola región y zonas de baja densidad demográfica, no dan lugar a ningún falseamiento significativo siempre que se otorguen sin discriminaciones basadas en la identidad del transportista. Además, pueden establecerse condiciones claras de compatibilidad.

(13)

En el ámbito de las ayudas a las infraestructuras de banda ancha, la Comisión ha adquirido en los últimos años una amplia experiencia y ha elaborado directrices (3). Según la experiencia de la Comisión, las ayudas a determinados tipos de infraestructuras de banda ancha no origina falseamientos importantes y podrían disfrutar de una exención por categorías, siempre que se cumplan determinadas condiciones de compatibilidad y que la infraestructura se despliegue en «zonas blancas», es decir en zonas en las que no hay infraestructura de la misma categoría (sea de banda ancha o para redes de acceso de muy alta velocidad de próxima generación «NGA») ni es probable que este tipo de infraestructura se desarrolle en un futuro próximo, tal como se esboza en los criterios desarrollados en las directrices. Este es el caso de las ayudas destinadas al suministro de banda ancha básica, de las pequeñas medidas de ayuda individuales para las NGA y las ayudas a las obras de ingeniería civil relacionadas con la banda ancha y de las infraestructuras de banda ancha pasiva.

(14)

En cuanto a la infraestructura, una serie de medidas adoptadas por los Estados miembros no puede constituir una ayuda estatal, ya que no cumplen todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del TFUE, por ejemplo, porque el beneficiario no realiza una actividad económica o porque no tiene ningún efecto en el comercio entre Estados miembros, o porque la medida consiste en una compensación por un servicio de interés económico general que cumple con todos los criterios de la jurisprudencia Altmark (4). Sin embargo, en la medida en que la financiación de infraestructuras constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE, los Estados miembros notificarán estas disposiciones a la Comisión. Con respecto a la infraestructura, unas pequeñas cantidades de ayuda a proyectos de infraestructura pueden constituir una manera eficaz de apoyar los objetivos de la Unión en la medida en que la ayuda disminuya los costes y el potencial de falseamiento de la competencia sea escaso. Por ello, la Comisión debe poder eximir la ayuda de Estado a proyectos de infraestructura que redunden en apoyo de los objetivos citados en el presente Reglamento, y de otros objetivos de interés común, particularmente los objetivos de Europa 2020 (5). Esto podría incluir apoyo a proyectos que impliquen redes o instalaciones multisectoriales cuando sean necesarias cantidades de ayudas relativamente pequeñas. No obstante, las exenciones por categoría solo podrán concederse a los proyectos de infraestructuras respecto de los que la Comisión tenga una experiencia suficiente como para definir criterios de compatibilidad claros y estrictos que garanticen que el riesgo de posible falseamiento de la competencia sea mínimo y que una gran cantidad de ayuda siga sujeta a notificación en virtud del artículo 108, apartado 3, del TFUE.

(15)

Por consiguiente, procede ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 994/98, a fin de incluir dichas categorías de ayuda. Esta inclusión de nuevas categorías no afecta a la calificación de una medida como ayuda de Estado en categorías o sectores en los que ya están activos los Estados miembros.

(16)

El Reglamento (CE) no 994/98 exige que los umbrales de cada categoría de ayuda respecto a la cual la Comisión adopta un reglamento de exención por categorías se expresen en términos de intensidad de la ayuda con respecto a un conjunto de costes subvencionables o de cuantías máximas. Esta condición hace difícil que puedan eximirse por categorías determinados tipos de medidas que incluyen ayudas estatales que, debido a la manera específica en que se han diseñado, no pueden expresarse con precisión en términos de intensidades o de cuantías máximas de ayuda, por ejemplo, los instrumentos de ingeniería financiera o ciertas formas de medidas destinadas a promover el capital riesgo. Ello se debe, en particular a que unas medidas tan complejas pueden implicar ayudas a diferentes niveles (beneficiarios directos, intermedios e indirectos). Dada la creciente importancia de estas medidas y de su contribución a los objetivos de la Unión, se debería prever una mayor flexibilidad, a fin de que estas medidas se puedan eximir por categorías. Por ello, deberían poderse definir, en el caso de tales medidas, los umbrales para una concesión de ayuda en particular en términos de nivel máximo de apoyo del Estado en dicha medida o en relación con la misma. El nivel máximo de apoyo del Estado podrá incluir un elemento de apoyo que no podrá ser ayuda de Estado, siempre que la medida incluya al menos algunos elementos que contengan una ayuda de Estado en la acepción del artículo 107, apartado 1, del TFUE y que no sean elementos marginales.

(17)

El Reglamento (CE) no 994/98 exige que los Estados miembros faciliten resúmenes de la información relativa a las ayudas que hayan ejecutado que estén cubiertas por un reglamento de exención. La publicación de dichos resúmenes es necesaria para garantizar la transparencia de las medidas adoptadas por los Estados miembros. Su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea era el medio más eficaz para garantizar la transparencia cuando se adoptó el Reglamento (CE) no 994/98. No obstante, teniendo en cuenta el desarrollo de los medios electrónicos de comunicación, la publicación de esos resúmenes en el sitio internet de la Comisión es un medio igual de rápido y más efectivo, que mejora la transparencia en beneficio de los terceros interesados. Por consiguiente, en vez de publicarse en el Diario Oficial, dichos resúmenes deberían publicarse en el sitio internet de la Comisión.

(18)

De igual forma, los proyectos de reglamento y los demás documentos que debe examinar el Comité consultivo de ayudas estatales, tal como se prevé en el Reglamento (CE) no 994/98, deben publicarse en el sitio internet de la Comisión, en vez de en el Diario Oficial, para garantizar mayor transparencia y reducir la carga administrativa y el plazo de publicación.

(19)

El procedimiento de consulta establecido en el artículo 8 del Reglamento (CE) no 994/98 prevé que se consulte al Comité consultivo de ayudas estatales antes de publicar un proyecto de reglamento. Sin embargo, en aras de una mayor transparencia, el proyecto de Reglamento debe publicarse en el sitio internet de la Comisión al mismo tiempo que la Comisión consulta por primera vez al Comité consultivo.

(20)

Procede, por lo tanto, modificar en este sentido el Reglamento (CE) no 994/98.

1)

El título del Reglamento se sustituye por el texto siguiente:

«Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales».

2)

El artículo 1 se modifica del modo siguiente:

3)

El artículo 3, apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:

«2.   Desde que se pongan en práctica regímenes de ayuda o ayudas individuales que se concedan al margen de un régimen de exención, en aplicación de los reglamentos contemplados en el artículo 1, apartado 1, los Estados miembros transmitirán a la Comisión, con vistas a su publicación en el sitio internet de la Comisión, un resumen de la información relativa a dichos regímenes de ayuda o a casos de ayudas que no correspondan a un régimen de exención.».

4)

El artículo 8 se modifica del modo siguiente:

31.7.2013   

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L 204/15

(1)

En el contexto de una rigurosa modernización de las normas sobre ayudas estatales para contribuir tanto a la aplicación de la estrategia Europa 2020 para el crecimiento (1) como al saneamiento presupuestario, el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) debe aplicarse eficaz y uniformemente en toda la Unión. El Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo (2) codificó y reforzó la práctica previa de la Comisión para incrementar la seguridad jurídica y apoyar el desarrollo de la política de ayudas estatales en un entorno transparente. Sin embargo, a la vista de la experiencia acumulada en su aplicación y de acontecimientos recientes, tales como la ampliación de la Unión y la crisis económica y financiera, ciertos aspectos del Reglamento (CE) no 659/1999 deben modificarse para permitir a la Comisión ser más efectiva.

(2)

Con el fin de evaluar la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas estatales notificadas o ilegales, sobre la cual la Comisión tiene competencia exclusiva a tenor del artículo 108 del TFUE, es conveniente garantizar que la Comisión tiene poder, a efectos de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales, para solicitar toda la información de mercado necesaria de cualquier Estado miembro, empresa o asociación de empresas si tiene dudas sobre la compatibilidad de la medida en cuestión con las normas de la Unión y por ello ha iniciado un procedimiento de investigación formal. En particular, la Comisión hará uso de esta facultad en aquellos casos en que resulte necesaria una evaluación sustancial compleja. Al decidir si hace uso de esta facultad, la Comisión debe tener debidamente en cuenta la duración de la instrucción.

(3)

Para evaluar la compatibilidad de una medida de ayuda tras la incoación del procedimiento de investigación formal, en particular en lo que respecta a casos técnicamente complejos sujetos a una evaluación sustancial, la Comisión debe tener capacidad, mediante simple petición o mediante una decisión, de solicitar a cualquier Estado miembro, empresa o asociación de empresas que le entregue toda la información de mercado necesaria para completar su evaluación, si la información facilitada por el Estado miembro en el curso de la instrucción no es suficiente, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

(4)

Habida cuenta de las relaciones especiales entre los beneficiarios de la ayuda y los Estados miembros en cuestión, la Comisión solo debe poder solicitar información a un beneficiario de la ayuda de acuerdo con el Estado miembro interesado. La comunicación de información por el beneficiario de la medida de ayuda en cuestión no constituye una base jurídica para negociaciones bilaterales entre la Comisión y el beneficiario en cuestión.

(5)

La Comisión debe seleccionar a los destinatarios de las solicitudes de información basándose en criterios objetivos en función de cada caso, pero garantizando al mismo tiempo que la solicitud se envía a un muestreo de empresas y asociaciones de empresas, de modo que la colección de respuestas recibidas sea representativa de cada categoría. La información solicitada debe consistir concretamente en datos fácticos de la sociedad y el mercado y análisis basados en hechos del funcionamiento del mercado.

(6)

La Comisión, como iniciadora del procedimiento, debe ser responsable de comprobar tanto la transmisión de información por parte de los Estados miembros, las empresas o las asociaciones de empresas, así como la confidencialidad invocada para su divulgación.

(7)

La Comisión debe poder garantizar el cumplimiento de las solicitudes de información destinadas a empresas o asociaciones de empresas, cuando proceda, mediante multas y multas coercitivas proporcionadas. Al establecer los importes de las multas y multas coercitivas, la Comisión debe tener debidamente en cuenta los principios de proporcionalidad y oportunidad, en particular con respecto a las pequeñas y medianas empresas. Deben protegerse los derechos de las partes a las que se les haya solicitado información dándoles la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista antes de cualquier decisión que les imponga multas sancionadoras o multas coercitivas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe gozar de competencia jurisdiccional plena respecto a dichas multas o multas coercitivas a tenor del artículo 261 del Tratado.

(8)

Teniendo debidamente en cuenta los principios de proporcionalidad y oportunidad, la Comisión debe poder reducir el importe de las multas coercitivas o eximir totalmente de su pago, cuando los destinatarios de las solicitudes de información faciliten la información solicitada, incluso una vez expirado el plazo.

(9)

Las multas y las multas coercitivas no son de aplicación a los Estados miembros, ya que estos tienen la obligación de cooperar lealmente con la Comisión, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea (TUE), y de facilitarle toda la información que la Comisión necesite para el desempeño de sus funciones en el marco del Reglamento (CE) no 659/1999.

(10)

Para salvaguardar los derechos de defensa del Estado miembro interesado, deben suministrar copia de las solicitudes de información enviadas a otros Estados miembros, empresas o asociaciones de empresas y poder presentar sus observaciones sobre los comentarios recibidos. Se les comunicará además el nombre de las empresas y asociaciones de empresas solicitadas, y en qué medida estas entidades no han mostrado un interés legítimo en que se proteja su identidad.

(11)

La Comisión debe tener debidamente en cuenta los intereses legítimos de las empresas respecto a la protección de sus secretos comerciales. La Comisión no podrá utilizar información confidencial que le hayan facilitado en las respuestas que no pueda agregarse o convertirse en anónima en ninguna decisión, salvo que haya obtenido previamente su autorización para poder revelarla al Estado miembro afectado.

(12)

Para los casos en los que esa información clasificada como confidencial no parezca estar amparada por el secreto profesional, es conveniente establecer un mecanismo por el cual la Comisión pueda decidir en qué medida esa información puede revelarse. Todas las decisiones por las que no se acepte una denuncia de que esa información es confidencial deben indicar un período al término del cual la información se hará pública, de forma que los terceros interesados puedan hacer uso de la protección judicial de que dispongan, incluidas las medidas provisionales.

(13)

La Comisión debe poder, por propia iniciativa, examinar información sobre ayuda ilegal, cualquiera que sea la fuente, con objeto de garantizar la observancia del artículo 108 del TFUE y, en particular, de la obligación de notificación y de la cláusula de efecto suspensivo establecida en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, y evaluar su compatibilidad con el mercado interior. En ese contexto, las denuncias son una fuente de información esencial para detectar las infracciones a las normas de la Unión en materia de ayudas estatales.

(14)

Para mejorar la calidad de las denuncias presentadas a la Comisión y al mismo tiempo incrementar la transparencia y la seguridad jurídica, es conveniente definir las condiciones que deben cumplir los denunciantes para poner a disposición de la Comisión información relativa a la supuesta ayuda ilegal y de esta forma poner en marcha el examen preliminar. Las solicitudes que no cumplan estas condiciones deben considerarse información general de mercado y no deben acarrear necesariamente investigaciones de oficio.

(15)

Se debe pedir a los denunciantes que demuestren que son partes interesadas a tenor del artículo 108, apartado 2, del TFUE y del artículo 1, letra h), del Reglamento (CE) no 659/1999. Se les debe exigir también que entreguen cierta cantidad de información de forma que la Comisión disponga de competencia para delimitar una disposición de aplicación. Con objeto de no desmotivar a los posibles denunciantes, las disposiciones de ejecución deben tener en cuenta que las exigencias a la parte interesada para que presente una denuncia no representen una carga excesiva.

(16)

Por razones de seguridad jurídica, es conveniente establecer plazos de prescripción para la imposición y ejecución de multas y multas coercitivas.

(17)

Con el fin de garantizar que la Comisión trata cuestiones similares con coherencia en todo el mercado interior, procede completar las competencias actuales de la Comisión introduciendo una base jurídica específica para iniciar investigaciones en sectores de la economía o en ciertos instrumentos de ayuda a través de varios Estados miembros. Por razones de proporcionalidad, y habida cuenta de la gran carga administrativa impuesta por estas investigaciones, solo deben realizarse estudios sectoriales cuando la información disponible confirme la sospecha razonable de que las medidas de ayuda estatales en un sector particular pueden restringir considerablemente o distorsionar la competencia en el mercado interior en varios Estados miembros, o que medidas de ayuda estatal existentes en un sector concreto en varios Estados miembros no son compatibles con el mercado interior, o han dejado de serlo. Estos estudios permitirán a la Comisión actuar de manera eficaz y transparente en lo relativo a las ayudas estatales horizontales y obtener una visión previa global del sector de que se trate.

(18)

La aplicación coherente de las normas sobre ayudas estatales requiere la instauración de mecanismos de cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y la Comisión. Esta cooperación es válida para todos los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que aplican el artículo 107, apartado 1, y el artículo 108 del TFUE, en todos los contextos. En particular, conviene que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan solicitar a la Comisión información o dictámenes sobre aspectos de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales. Por otra parte, también debe dotarse a la Comisión de la facultad para presentar observaciones escritas u orales ante los órganos jurisdiccionales instados a aplicar el artículo 107, apartado 1, o el artículo 108 del TFUE. Al asistir a este respecto a los órganos jurisdiccionales nacionales, la Comisión debe actuar de conformidad con su deber de defensa del interés público.

(19)

Las observaciones y opiniones de la Comisión deben entenderse sin perjuicio del artículo 267 del TFUE y no vinculan jurídicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales. Las mismas deben presentarse en el marco de las normas y prácticas procesales nacionales, incluidas las de salvaguardia de los derechos de las partes, en pleno respeto de la independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales. Las observaciones presentadas por la Comisión por propia iniciativa se limitarán a los casos que sean importantes para la aplicación coherente del artículo 107, apartado 1, y del artículo 108 del TFUE, en particular los casos que sean significativos para la ejecución o la evolución de la jurisprudencia de la Unión en materia de ayudas estatales.

(20)

En aras de la transparencia y la seguridad jurídica, se debe hacer pública la información sobre las decisiones de la Comisión. Por ello es conveniente publicar las decisiones por las que se imponen multas o multas coercitivas, dado que afectan a los intereses de las fuentes de que se trate. La Comisión, al publicar sus decisiones, debe respetar las normas relativas al secreto profesional, incluida la protección de toda información confidencial y datos de carácter personal, de conformidad con el artículo 339 del TFUE.

(21)

La Comisión, en estrecha relación con el Comité consultivo sobre ayudas estatales, debe poder adoptar disposiciones de aplicación que establezcan normas detalladas relativas a la forma, el contenido y otros criterios de las denuncias presentadas de conformidad con el Reglamento (CE) no 659/1999.

(22)

Por consiguiente, el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo debe modificarse en consecuencia.

1)

El título del Reglamento se sustituye por el texto siguiente:

«REGLAMENTO (CE) No 659/1999 DEL CONSEJO, DE 22 DE MARZO DE 1999, POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS DETALLADAS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 108 DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA».

2)

El título del artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:

«Solicitud de información efectuada al Estado miembro notificante».

3)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 6 bis

Solicitud de información efectuada a otras fuentes

1.   Tras incoar el procedimiento de investigación formal establecido en el artículo 6, en particular respecto de los casos técnicamente complejos objeto de una evaluación sustancial, la Comisión podrá solicitar, si la información facilitada por el Estado miembro interesado en el curso de la investigación previa no fuera suficiente a otro Estado miembro, una empresa o una asociación de empresas que facilite toda la información de mercado necesaria para poder completar su evaluación de la medida en cuestión, teniendo debidamente en cuenta el principio de proporcionalidad, en particular para las pequeñas y medianas empresas.

2.   La Comisión solo podrá solicitar información:

3.   Las empresas o asociaciones de empresas que faciliten información tras una solicitud de la Comisión de información de mercado basada en los apartados 6 y 7 presentarán sus respuestas, simultáneamente, a la Comisión y al Estado miembro en cuestión, en la medida en que los documentos presentados no incluyan información que sea confidencial para dicho Estado miembro.

La Comisión garantizará la orientación y el seguimiento de la transmisión de información entre los Estados miembros, las empresas o las asociaciones de empresas de que se trate, y comprobará la confidencialidad invocada para la información transmitida.

4.   La Comisión solo podrá solicitar información que esté a disposición del Estado miembro, empresa o asociación de empresas de que se trate mediante una solicitud.

5.   Los Estados miembros comunicarán la información sobre la base de una simple petición y dentro de un plazo establecido por la Comisión que normalmente no deberá superar un mes. Si un Estado miembro no facilita la información solicitada dentro de dicho plazo o facilita información incompleta, la Comisión enviará un recordatorio.

6.   La Comisión, mediante simple petición, podrá reclamar a una empresa o a una asociación de empresas que le facilite información. Cuando la Comisión envíe una simple solicitud de información a una empresa o asociación de empresas, indicará la base jurídica y el objeto de la solicitud, especificará la información requerida y fijará el plazo razonable en el que se deberá facilitar la información. Hará referencia asimismo a las multas previstas en el artículo 6 ter, apartado 1, por facilitar información incorrecta o engañosa.

7.   La Comisión, mediante una decisión, podrá reclamar a una empresa o a una asociación de empresas que le facilite información. Cuando la Comisión, mediante decisión, requiera a una empresa o asociación de empresas que proporcione información, indicará la base jurídica, el objeto de la solicitud, especificará la información requerida y fijará el plazo razonable en que habrá de facilitarse dicha información. Hará referencia asimismo a las multas previstas en el artículo 6 ter, apartado 1, e indicará o impondrá las multas coercitivas previstas en el artículo 6 ter, apartado 2. También informará sobre el derecho de la empresa o asociación de empresas para recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

8.   Cuando expida una solicitud en virtud de los apartados 1 o 6, o adopte una decisión en virtud del apartado 7, la Comisión también facilitará simultáneamente al Estado miembro interesado una copia de la misma. La Comisión indicará los criterios aplicados para seleccionar a los destinatarios de la solicitud o la decisión.

9.   Estarán obligados a facilitar la información solicitada los propietarios de las empresas o sus representantes y, en el caso de las personas jurídicas, de las sociedades o de las asociaciones que no tengan personalidad jurídica, las personas facultadas por ley o por los estatutos para representarlos. Las personas debidamente autorizadas podrán facilitar la información solicitada en nombre de sus clientes. Estos últimos seguirán siendo, no obstante, plenamente responsables si la información presentada es incorrecta, incompleta o engañosa.

Artículo 6 ter

Multas y multas coercitivas

1.   La Comisión podrá, si lo considera necesario y proporcionado, imponer mediante decisión a las empresas o asociaciones de empresas multas de hasta un 1 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior cuando, de forma deliberada o por negligencia grave:

2.   La Comisión, mediante decisión, podrá imponer a las empresas o asociaciones de empresas multas coercitivas cuando no faciliten información completa y correcta tal como solicitó la Comisión mediante decisión adoptada en virtud del artículo 6 bis, apartado 7.

Las multas coercitivas no superarán el 5 % del volumen de negocios medio diario realizado durante el ejercicio social anterior por cada día laborable de retraso, contado a partir de la fecha que se fije en la decisión, hasta que faciliten información completa y correcta tal como solicitó o exigió la Comisión.

3.   A la hora de fijar el importe de la multa o de la multa coercitiva deberá tenerse en cuenta la naturaleza, la gravedad y la duración de la infracción, teniendo presentes los principios de proporcionalidad y oportunidad, en particular con respecto a las pequeñas y medianas empresas.

4.   Cuando las empresas o asociaciones de empresas hayan cumplido la obligación por cuya ejecución se impuso la multa coercitiva, la Comisión podrá fijar el importe definitivo de esta en una cifra inferior a la que resulte de la decisión inicial por la que se fijan dichas multas. La Comisión podrá asimismo eximir del pago de cualquier multa coercitiva.

5.   Antes de adoptar una decisión de conformidad con los apartados 1 y 2, la Comisión fijará un plazo final de dos semanas para recibir la información de mercado faltante por parte de las empresas o asociaciones de empresas interesadas y darles la oportunidad de exponer su punto de vista.

6.   El Tribunal de Justicia de la Unión Europea gozará de competencia jurisdiccional plena, a tenor del artículo 261 del TFUE, para resolver los recursos interpuestos contra las multas o las multas coercitivas impuestas por la Comisión. Podrá anular, reducir o incrementar la multa o la multa coercitiva impuesta.».

4)

En el artículo 7, se añaden los apartados siguientes:

«8.   Antes de adoptar una decisión de conformidad con los apartados 2 a 5, la Comisión dará al Estado miembro interesado la oportunidad de exponer su punto de vista, en un plazo que no deberá ser superior a un mes, sobre la información recibida por la Comisión y facilitada al Estado miembro con arreglo al artículo 6 bis, apartado 3.

9.   La Comisión no utilizará información confidencial que le hayan facilitado en las respuestas que no pueda agregarse o convertirse en anónima en ninguna decisión adoptada con arreglo a los apartados 2 a 5, salvo que haya obtenido previamente su autorización para poder revelarla al Estado miembro de que se trate. La Comisión podrá adoptar una decisión razonada, que se notificará a la empresa o asociación de empresas interesadas, considerando que la información clasificada como confidencial proporcionada en una respuesta no está protegida y fijando un período al término del cual la información se hará pública. Este período no será inferior a un mes.

10.   La Comisión tendrá debidamente en cuenta los intereses legítimos de las empresas respecto a la protección de sus secretos comerciales y otra información confidencial. Si una empresa o asociación de empresas, no beneficiaria de la medida de ayuda estatal de que se trate, que haya facilitado información a tenor del artículo 6 bis lo solicita, alegando posibles perjuicios, no se revelará su identidad a dicho Estado miembro.».

5)

En el artículo 10, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, la Comisión podrá examinar, por iniciativa propia, información procedente de cualquier fuente respecto a supuesta ayuda ilegal.

La Comisión examinará sin retrasos injustificados cualquier denuncia presentada por cualquier parte interesada con arreglo al artículo 20, apartado 2 y velará por que el Estado miembro de que se trate esté plena y periódicamente informado del desarrollo y de los resultados de este examen.

2.   En caso necesario, la Comisión solicitará información al Estado miembro interesado. Será de aplicación, mutatis mutandis, lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, y en el artículo 5, apartados 1 y 2.

Tras la incoación del procedimiento formal de investigación, la Comisión también podrá solicitar información a un Estado miembro, una empresa o una asociación de empresas conforme a los artículos 6 bis y 6 ter, que serán aplicables por analogía.».

6)

El título del capítulo siguiente se inserta después del artículo 14:

«CAPÍTULO III BIS

PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN».

7)

El título del artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:

«Plazo de prescripción para la recuperación de la ayuda».

8)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 15 bis

Plazo de prescripción para la imposición de multas y multas coercitivas

1.   Los poderes conferidos a la Comisión por el artículo 6 ter, estarán sujetos a un plazo de prescripción de tres años.

2.   El plazo de prescripción mencionado en el apartado 1 comenzará a contar a partir del día en que se haya cometido la infracción a que se refiere el artículo 6 ter. Sin embargo, en caso de infracciones continuas o repetidas, el plazo empezará a contar el día en que cese la infracción.

3.   Toda acción adoptada por la Comisión a efectos de la investigación o los procedimientos respecto a una infracción a que se refiere el artículo 6 ter, interrumpirá el plazo de prescripción para la imposición de multas o multas coercitivas, con efecto a partir de la fecha en la que la acción se notifique a la empresa o asociación de empresas afectadas.

4.   El plazo volverá a correr de nuevo después de cada interrupción. No obstante, la prescripción se reputará alcanzada a más tardar el día en que se cumpla un plazo de seis años sin que la Comisión haya impuesto ninguna multa ni multa coercitiva. Este plazo se prorrogará por el tiempo que dure el plazo de suspensión de la prescripción de conformidad con el apartado 5.

5.   La prescripción en materia de imposición de multas o multas coercitivas quedará suspendida mientras la decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Artículo 15 ter

Plazos de prescripción para la ejecución de multas o multas coercitivas

1.   Los poderes de la Comisión de ejecutar las decisiones adoptadas en aplicación del artículo 6 ter, estarán sujetos a un plazo de prescripción de cinco años.

2.   El plazo de prescripción mencionado en el apartado 1 comenzará a contar a partir del día en que la decisión adoptada en el artículo 6 ter sea definitiva.

3.   La prescripción prevista en el apartado 1 quedará interrumpida:

4.   El plazo volverá a correr de nuevo después de cada interrupción.

5.   El plazo de prescripción mencionado en el apartado 1 quedará suspendido mientras:

9)

El artículo 16 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 16

Ayuda abusiva

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, en los casos de ayuda abusiva, la Comisión podrá iniciar el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 4, apartado 4. Será de aplicación, mutatis mutandis, lo dispuesto en los artículos 6, 6 bis, 6 ter, 7, 9 y 10, el artículo 11, apartado 1, y los artículos 12 a 15.».

10)

En el artículo 20, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   Las partes interesadas podrán presentar una denuncia para informar a la Comisión de las presuntas ayudas ilegales o abusivas. A tal efecto, la parte interesada deberá completar debidamente un formulario que haya sido establecido en una disposición de aplicación a que se refiere el artículo 27, y facilitar toda la información obligatoria que en él se solicite.

Si la Comisión considera que la parte interesada no respeta la obligación de recurrir al formulario de denuncia, o que los hechos y las cuestiones de Derecho expuestas por la parte interesada no presentan razones suficientes que muestren, sobre la base de un primer examen, la existencia de ayuda ilegal o ayuda abusiva, informará de ello a la parte interesada y le pedirá que presente sus observaciones al respecto en un plazo determinado que normalmente no será superior a un mes. Si la parte interesada no da a conocer su opinión en el plazo fijado, se supondrá que se ha retirado la denuncia. La Comisión informará al Estado miembro interesado cuando se considere que una denuncia ha sido retirada.

La Comisión enviará al denunciante una copia de la decisión sobre un asunto relativo a la cuestión objeto de la denuncia.».

11)

Se inserta el siguiente capítulo después del artículo 20:

«CAPÍTULO VI BIS

INVESTIGACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS Y POR INSTRUMENTOS DE AYUDA

Artículo 20 bis

Investigaciones por sectores económicos y por instrumentos de ayudas

1.   Si la información disponible hace presumir razonablemente que las medidas de ayudas estatales en un sector particular o basadas en un instrumento de ayuda particular pueden limitar o falsear considerablemente la competencia en el mercado interior en varios Estados miembros, o que medidas de ayudas estatales existentes en un sector particular en varios Estados miembros no son, o ya no son, compatibles con el mercado interior, la Comisión podrá proceder a una investigación en un sector determinado de la economía o en el uso del instrumento de ayuda de que se trate en varios Estados miembros. En el curso de la misma, la Comisión podrá recabar de los Estados miembros y de las empresas o asociaciones de empresas interesados la información necesaria para la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE, teniendo debidamente en cuenta el principio de proporcionalidad.

La Comisión deberá motivar la investigación y la elección de los destinatarios en todas las solicitudes de información enviadas con arreglo al presente artículo.

La Comisión publicará un informe acerca de los resultados de su investigación sobre determinados sectores económicos o sobre instrumentos particulares de ayuda en varios Estados miembros y podrá pedir a los Estados miembros y a las empresas o asociaciones de empresas interesadas que le remitan sus observaciones.

2.   La información obtenida en las investigaciones sectoriales podrá utilizarse en el marco de los procedimientos previstos en el presente Reglamento.

3.   Los artículos 5, 6 bis y 6 ter se aplicarán mutatis mutandis.».

12)

Se inserta el siguiente capítulo después del artículo 23:

«CAPÍTULO VII BIS

COOPERACIÓN CON LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES

Artículo 23 bis

Cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales

1.   Para la aplicación del artículo 107, apartado 1, y del artículo 108 del TFUE, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros podrán solicitar a la Comisión que les remita la información que obre en su poder o les transmita sus dictámenes sobre cuestiones relativas a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales.

2.   Cuando la aplicación coherente del artículo 107, apartado 1, o del artículo 108 del TFUE lo requiera, la Comisión, por propia iniciativa, podrá presentar observaciones por escrito a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros con competencias para aplicar las disposiciones sobre ayudas estatales. Con el permiso del correspondiente órgano jurisdiccional también podrá presentar observaciones verbales.

Antes de presentar formalmente sus observaciones, la Comisión comunicará su intención al Estado miembro interesado.

Solamente con objeto de preparar sus observaciones, la Comisión podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente del Estado miembro que le transmita toda la documentación a disposición del órgano jurisdiccional necesaria para evaluar el asunto.».

13)

El artículo 25 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 25

Destinatario de las decisiones

1.   Las decisiones adoptadas en aplicación del artículo 6 bis, apartado 7, del artículo 6 ter, apartados 1 y 2, y del artículo 7, apartado 9, irán destinadas a la empresa o asociación de empresas afectadas. La Comisión notificará sin demora la decisión al destinatario y le dará la oportunidad de indicar a la Comisión qué información considera que está cubierta por la obligación de secreto profesional.

2.   El destinatario de las demás decisiones de la Comisión adoptadas con arreglo a lo dispuesto en los capítulos II, III, IV, V y VII será el Estado miembro interesado. La Comisión notificará sin demora la decisión al Estado miembro interesado y le dará la oportunidad de indicar a la Comisión qué información considera que está cubierta por la obligación de secreto profesional.».

14)

En el artículo 26, se inserta el apartado siguiente:

«2 bis.   La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea las decisiones que adopte en virtud del artículo 6 ter, apartados 1 y 2.».

15)

El artículo 27 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 27

Medidas de aplicación

La Comisión, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 29, estará facultada para adoptar medidas de aplicación relativas a:

31.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 204/23

(1)

El 4 de febrero de 2011, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) no 101/2011.

(2)

Es preciso sustituir las menciones correspondientes a tres personas en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u órganos que figuran en el anexo I del Reglamento (UE) no 101/2011 y exponer nuevos motivos en relación con su designación.

(3)

Procede modificar en consecuencia el anexo I del Reglamento (UE) no 101/2011.

31.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 204/25

(1)

El Reglamento (UE) no 528/2012 prevé la continuidad del programa de trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias activas existentes en biocidas iniciado de conformidad con el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas (2).

(2)

El artículo 89, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) no 528/2012 establece como objetivo de finalización del programa de trabajo el 14 de mayo de 2014.

(3)

De acuerdo con las últimas estimaciones de la Comisión, tal como se manifiesta en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea acerca de la posición adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización y utilización de biocidas (3), el examen de todas las sustancias activas existentes en biocidas solo podrá finalizarse para el 31 de diciembre de 2024.

(4)

Procede, por tanto, extender el programa de trabajo hasta dicha fecha.

31.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 204/26

(1)

El Reglamento (CE) no 501/2008 de la Comisión (2) establece disposiciones en relación con la elaboración, la selección, la ejecución, la financiación y el control de las acciones de información y de promoción previstas en el Reglamento (CE) no 3/2008.

(2)

La lista de temas y productos que pueden ser objeto de las acciones que se vayan a realizar en el mercado interior de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 3/2008 figura en el anexo I, parte A, del Reglamento (CE) no 501/2008 y la de los productos que pueden ser objeto de las acciones que se vayan a realizar en terceros países de conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) no 3/2008 figura en el anexo II, parte A, del Reglamento (CE) no 501/2008. Ambas listas debe revisarse cada dos años.

(3)

Las directrices a que se refiere el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 3/2008 figuran en el anexo I, parte B, del Reglamento (CE) no 501/2008.

(4)

En el contexto de la crisis del sector de la carne de ovino y para dar a conocer mejor la carne de ovino e incrementar su producción y consumo, es preciso que las organizaciones profesionales e interprofesionales del sector tengan la posibilidad de recibir cofinanciación de la Unión para programas de información y promoción de carácter genérico de la carne de ovino producida en la Unión.

(5)

Los términos de calidad facultativos introducidos mediante el Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (3), constituyen el segundo nivel de los sistemas de calidad que aportan un valor añadido. Esos términos pueden darse a conocer en el mercado interior y referirse a características horizontales específicas, en relación con una o más categorías de productos, métodos de producción o atributos de transformación que se apliquen en zonas específicas. A fin de que los programas de promoción en el mercado interior estén abiertos a todos los regímenes de calidad existentes, es preciso que puedan aplicarse a los productos amparados en el sistema de términos de calidad facultativos y a los productos amparados en los regímenes de denominaciones de origen protegidas (DOP), indicaciones geográficas protegidas (IGP) o especialidades tradicionales garantizadas (ETG).

(6)

Los motivos por los que los programas se abrieron a la carne de aves de corral ya no son válidos pues, al haber transcurrido un tiempo suficientemente largo desde la crisis de la gripe aviar, los consumidores han recobrado la confianza en esa carne. Por consiguiente, es preciso eliminar las referencias a la carne de aves de corral.

(7)

Para seleccionar los terceros países que se incluyen en el anexo II, parte B, del Reglamento (CE) no 501/2008, deben tenerse en cuenta los mercados de terceros países en los que existe una demanda real o potencial. Debido al aumento constante del consumo, del potencial y del interés que despiertan los productos agrícolas de la Unión y de la continuación de los programas y proyectos de cooperación de la Unión, resulta procedente incluir nuevos países y zonas en la lista de mercados en los que pueden llevarse a cabo programas de promoción.

(8)

Como consecuencia de la adhesión de Croacia a la Unión el 1 de julio de 2013, es preciso eliminar ese país de la lista de terceros países en que pueden realizarse programas de promoción.

(9)

Por consiguiente, debe modificarse convenientemente el Reglamento (CE) no 501/2008.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Gestión de la Organización Común de Mercados Agrícolas.

31.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 204/32

(1)

El Reglamento (CE) no 1333/2008 establece en su anexo II una lista de aditivos alimentarios de la Unión autorizados para ser utilizados en alimentos, así como las condiciones de su utilización.

(2)

Dicha lista puede actualizarse de conformidad con el procedimiento común contemplado en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por el que se establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios (2), a iniciativa de la Comisión o en respuesta a una solicitud.

(3)

El 1 de febrero de 2011 se presentó una solicitud de autorización del uso de diversos aditivos en sucedáneos de productos pesqueros a base de algas y se puso a disposición de los Estados miembros.

(4)

Se han desarrollado sucedáneos de huevas de pescado a base de algas a partir de extractos de algas, que constituyen aproximadamente el 85 % del producto. Los demás ingredientes son agua, especias y aditivos autorizados. Los sucedáneos de huevas de pescado a base de algas pertenecen a la categoría de alimentos 04.2.4.1, «Preparados de frutas y hortalizas, excepto compota», según la parte D de la lista de la Unión de aditivos alimentarios del anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008.

(5)

Dado que dichos productos carecen de atractivo visual, es necesario utilizar determinados colorantes alimentarios. Es preciso el uso de edulcorantes para potenciar su sabor, encubrir su amargor y, al mismo tiempo, evitar que el uso de azúcares limite la estabilidad microbiológica y la vida útil de estos productos. También son necesarios otros aditivos complementarios como estabilizadores y antioxidantes.

(6)

Los sucedáneos de productos pesqueros a base de algas están destinados principalmente a utilizarse como guarnición o adorno en los platos, como alternativa a las huevas de pescado. Por consiguiente, la exposición adicional debida a la utilización de dichos aditivos sería insignificante en comparación con su uso en otros productos alimenticios y cabe esperar que no repercuta en la salud humana. Procede, por tanto, autorizar la utilización de determinados colorantes, edulcorantes, antioxidantes y estabilizadores en los sucedáneos de huevas de pescado.

(7)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1331/2008, la Comisión debe recabar el dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria con vistas a la actualización de la lista de aditivos alimentarios de la Unión establecida en el anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008, salvo si las actualizaciones de que se trata no son susceptibles de tener una repercusión en la salud humana. Puesto que la autorización del uso de curcumina (E 100), riboflavina (E 101), cochinilla, ácido carmínico y carmines (E 120), complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas (E 141), caramelo natural (E 150a), carbón vegetal (E 153), carotenos (E 160a), extracto de pimentón, capsantina, capsorrubina (E 160c), beta-apo-8′-carotenal (C 30) (E 160e), rojo de remolacha, betanina (E 162), antocianinas (E 163), dióxido de titanio (E 171), óxidos e hidróxidos de hierro (E 172), extractos de romero (E 392), ácido fosfórico, fosfatos, di-, tri- y polifosfatos (E 338-452), y sacarina y sus sales de sodio, potasio y calcio (E 954) en los sucedáneos de huevas de pescado a base de algas constituye una actualización de dicha lista que no es susceptible de tener una repercusión en la salud humana, no es necesario solicitar el dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

(8)

Por lo tanto, procede modificar en consecuencia el anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.

31.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 204/35

(1)

El Reglamento (CE) no 1333/2008 establece en su anexo II una lista de aditivos alimentarios de la Unión autorizados para ser utilizados en alimentos, así como las condiciones de su utilización.

(2)

En el Reglamento (UE) no 231/2012 de la Comisión (3), se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en las listas del anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008.

(3)

Dichas listas pueden actualizarse de conformidad con el procedimiento común descrito en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1331/2008, bien por iniciativa de la Comisión o en respuesta a una solicitud.

(4)

El 11 de febrero de 2011 se presentó una solicitud de autorización del uso de fitosteroles ricos en estigmasterol como estabilizadores de cócteles con alcohol listos para congelar, que se transmitió a los Estados miembros.

(5)

El uso de fitosteroles ricos en estigmasterol tiene interés tecnológico como estabilizador, agente nucleante del hielo, para generar y mantener dispersiones de hielo en una gama de cócteles con alcohol listos para congelar. Estos productos están diseñados para que los consumidores los adquieran en forma líquida y los pongan en congeladores domésticos para obtener una bebida semicongelada. Al añadir fitosteroles ricos en estigmasterol como agente nucleante del hielo (estabilizador) a los cócteles, estos pueden congelarse en el congelador del consumidor, que obtiene así una bebida semicongelada satisfactoria. Si no se utilizan fitosteroles ricos en estigmasterol puede producirse un sobreenfriamiento de la bebida que impida la formación de hielo, lo que conlleva el fallo del producto.

(6)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1331/2008, la Comisión debe recabar el dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria con vistas a la actualización de las listas de aditivos alimentarios de la Unión establecidas en el anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008.

(7)

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria evaluó la seguridad de los fitosteroles ricos en estigmasterol utilizados como aditivo alimentario en cócteles con alcohol listos para congelar y emitió su dictamen el 14 de mayo de 2012 (4). Consideró que los datos toxicológicos de que se dispone sobre los fitosteroles ricos en estigmasterol son insuficientes para fijar una ingesta diaria admisible. No obstante, basándose en los datos disponibles, llegó a la conclusión de que la utilización a los niveles propuestos de fitosteroles ricos en estigmasterol como estabilizador en cócteles con alcohol listos para congelar no constituiría un problema de seguridad. Además, la Autoridad considera que la ingesta media no debe exceder de 3 g/día, teniendo en cuenta la exposición estimada a fitoesteroles de todas las fuentes (de nuevas aplicaciones, de fuentes naturales y añadidos como nuevo ingrediente alimentario).

(8)

Por lo tanto, procede autorizar la utilización de fitosteroles ricos en estigmasterol como estabilizador en cócteles con alcohol listos para congelar y asignarles el número E 499 como aditivo alimentario.

(9)

Varias autoridades científicas, como el Comité Científico de la Alimentación Humana, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, han evaluado anteriormente los fitosteroles, fitostanoles y sus ésteres y han autorizado su utilización en diversos alimentos en la Unión a niveles de ingesta de hasta 3 g/día. Esas sustancias se emplean como nuevos ingredientes alimentarios para ayudar a las personas con hipercolesterolemia a controlar sus niveles sanguíneos de colesterol transportado por las LDL.

(10)

El Reglamento (CE) no 608/2004 de la Comisión, de 31 de marzo de 2004, relativo al etiquetado de alimentos e ingredientes alimentarios con fitosteroles, ésteres de fitosterol, fitostanoles o ésteres de fitostanol añadidos (5), establece disposiciones obligatorias para el etiquetado de estos alimentos, además de las que figuran en el artículo 3 de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (6). Los requisitos de etiquetado se refieren a los efectos de fitosteroles, ésteres de fitosterol, fitostanoles o ésteres de fitostanol en los niveles de colesterolemia.

(11)

Dado que los niveles de fitosteroles ricos en estigmasterol, en su uso previsto con bebidas alcohólicas, no son suficientes para influir en la colesterolemia, los cócteles con alcohol listos para congelar que contengan fitosteroles ricos en estigmasterol deben quedar exentos del cumplimiento de los requisitos de etiquetado establecidos en el Reglamento (CE) no 608/2004.

(12)

Procede incluir las especificaciones de los fitosteroles ricos en estigmasterol en el Reglamento (UE) no 231/2012.

(13)

En el dictamen de 14 de mayo de 2012 de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre la seguridad de los fitosteroles ricos en estigmasterol se estudiaron las especificaciones de este aditivo alimentario según lo propuesto por el solicitante y de conformidad con el anexo II del presente Reglamento. Llegó a la conclusión de que las especificaciones se basan en las establecidas para los fitosteroles, los fitostanoles y sus ésteres por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (7), y los resultados de los análisis de fitosteroles ricos en estigmasterol han confirmado que el producto resultante del proceso de fabricación es coherente con las especificaciones propuestas.

(14)

Al actualizar las especificaciones establecidas en el Reglamento (UE) no 231/2012, es necesario tener en cuenta las especificaciones y técnicas analíticas establecidas en el Codex Alimentarius para los aditivos, tal como han sido formuladas por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios.

(15)

Por tanto, procede modificar en consecuencia los Reglamentos (CE) no 1333/2008 y (UE) no 231/2012.

(16)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.

31.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 204/40

(1)

Mediante la Decisión 2012/735/UE, el Consejo autorizó la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra («el Acuerdo»). En virtud de la Decisión 2012/735/UE, el Acuerdo ha de aplicarse de forma provisional, a la espera de que concluyan los procedimientos necesarios para su celebración. El Acuerdo se aplica de forma provisional desde el 1 de agosto de 2013.

(2)

El anexo II del Acuerdo se refiere a la definición de la noción de «productos originarios» y métodos de cooperación administrativa. Para varios productos, el apéndice 2A de dicho anexo establece excepciones de las reglas de origen que figuran en dicho anexo en el marco de contingentes anuales. Procede por tanto establecer las condiciones de aplicación de dichas excepciones para las importaciones de Colombia.

(3)

Conviene que la Comisión administre los contingentes arancelarios previstos en el apéndice 2A con arreglo a la fórmula de atender según el orden de recepción, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan algunas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, por el que se establece el código aduanero comunitario (2).

(4)

El derecho a beneficiarse de las concesiones arancelarias debe supeditarse a la presentación ante las autoridades aduaneras de la prueba de origen pertinente, tal como está previsto en el Acuerdo.

(5)

Dado que el Acuerdo surtirá efecto el 1 de agosto de 2013, el presente Reglamento debe aplicarse a partir de esa fecha.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código Aduanero.

31.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 204/43

(1)

Mediante la Decisión 2012/735/UE, el Consejo autorizó la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra («el Acuerdo»). En virtud de la Decisión 2012/735/UE, el Acuerdo ha de aplicarse de forma provisional, a la espera de que concluyan los procedimientos necesarios para su celebración. El Acuerdo se aplica de forma provisional desde el 1 de agosto de 2013.

(2)

La subsección 1 de la sección B del apéndice 1 del anexo I del Acuerdo se refiere al cronograma de eliminación arancelaria de la parte UE para mercancías originarias de Colombia. Se prevé la aplicación de contingentes arancelarios para varios productos específicos, por lo que es necesario abrir contingentes arancelarios para dichos productos.

(3)

Conviene que la Comisión administre los contingentes arancelarios con arreglo a la fórmula de atender según el orden de recepción, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan algunas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, por el que se establece el código aduanero comunitario (2).

(4)

El derecho a beneficiarse de las concesiones arancelarias debe supeditarse a la presentación ante las autoridades aduaneras de la prueba de origen pertinente, tal como está previsto en el Acuerdo.

(5)

El anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (3), modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) no 927/2012 de la Comisión (4), establece nuevos códigos NC que difieren de los mencionados en el Acuerdo. Por consiguiente, los nuevos códigos deben quedar reflejados en el anexo del presente Reglamento.

(6)

Dado que el Acuerdo surtirá efecto el 1 de agosto de 2013, el presente Reglamento debe aplicarse a partir de esa fecha.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código Aduanero.

31.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 204/47

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

31.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 204/49

(1)

El Reglamento (CE) no 1451/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, relativo a la segunda fase del programa de trabajo de diez años contemplado en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la comercialización de biocidas (2), establece una lista de sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible inclusión en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE. Esa lista contiene la mazorca de maíz en polvo.

(2)

Según el Reglamento (CE) no 1451/2007, la mazorca de maíz en polvo se ha evaluado conforme a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE para su uso en el tipo de producto 14 (rodenticidas), como se define en el anexo V de esa Directiva.

(3)

Grecia fue designada Estado miembro informante y, el 22 de octubre de 2009, presentó a la Comisión el informe de la autoridad competente, junto con una recomendación, conforme a lo dispuesto en el artículo 14, apartados 4 y 6, del Reglamento (CE) no 1451/2007.

(4)

Los Estados miembros y la Comisión examinaron el informe de la autoridad competente con la participación del solicitante. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1451/2007, las conclusiones del examen se incorporaron a un informe de evaluación en la reunión del Comité Permanente de Biocidas de 21 de septiembre de 2012.

(5)

Del informe de evaluación se desprende la probabilidad de que los biocidas utilizados como rodenticidas que contengan mazorca de maíz en polvo cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Directiva 98/8/CE y, por tanto, ese informe recomienda la inclusión en el anexo I de dicha Directiva de la mazorca de maíz en polvo para su uso en el tipo de producto 14. Procede seguir esa recomendación.

(6)

El informe de evaluación llega asimismo a la conclusión de que cabe esperar que los biocidas utilizados como rodenticidas que contengan mazorca de maíz en polvo solo presenten un bajo riesgo para los seres humanos, los animales a los que no se destinan directamente y el medio ambiente, en particular en lo que respecta al uso examinado y detallado en el informe de evaluación, es decir, en caso de uso en forma de granulados en lugares secos. Por consiguiente, el informe recomienda la inclusión de la mazorca de maíz en polvo para ese uso en el anexo IA de la Directiva 98/8/CE. Procede seguir esa recomendación.

(7)

De conformidad con la práctica actual, así como con el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 98/8/CE, conviene limitar la duración de la inclusión a diez años.

(8)

No se han evaluado a nivel de la Unión todos los usos y supuestos de exposición potenciales. Por ello, procede exigir que los Estados miembros evalúen los usos o los supuestos de exposición y los riesgos para las poblaciones humanas y los compartimentos medioambientales que no se hayan abordado de forma representativa en la evaluación del riesgo a nivel de la Unión y que, cuando concedan las autorizaciones de los biocidas, velen por la adopción de las medidas adecuadas o la imposición de condiciones específicas a fin de reducir los riesgos detectados a unos niveles aceptables.

(9)

Las disposiciones de la presente Directiva deben aplicarse simultáneamente en todos los Estados miembros para garantizar la igualdad de trato en el mercado de la Unión de los biocidas del tipo de producto 14 que contengan mazorca de maíz en polvo como sustancia activa y, asimismo, para facilitar el correcto funcionamiento del mercado de los biocidas en general.

(10)

Debe permitirse que, antes de la inclusión de una sustancia activa en los anexos I y IA de la Directiva 98/8/CE, transcurra un plazo razonable para que los Estados miembros y las partes interesadas puedan prepararse para cumplir los nuevos requisitos que se deriven de la inclusión y para que los solicitantes que tengan preparados expedientes puedan aprovechar plenamente el período de diez años de protección de datos, que se inicia en la fecha de inclusión, de conformidad con el artículo 12, apartado 1, letra c), inciso ii), de la Directiva 98/8/CE.

(11)

Tras la inclusión, es necesario conceder a los Estados miembros un plazo razonable para aplicar el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 98/8/CE.

(12)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 98/8/CE en consecuencia.

(13)

De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (3), los Estados miembros se han comprometido, en casos justificados, a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición.

(14)

El Comité establecido en virtud del artículo 28, apartado 1, de la Directiva 98/8/CE no emitió dictamen sobre las medidas contempladas en la presente Directiva; por consiguiente, la Comisión presentó al Consejo una propuesta relativa a dichas medidas y la transmitió al Parlamento Europeo. El Consejo no se pronunció en el plazo de dos meses contemplado en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (4), y, en consecuencia, la Comisión presentó sin demora la propuesta al Parlamento Europeo. Este no se opuso a las medidas en el plazo de cuatro meses desde la fecha de la citada transmisión.

31.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 204/52

(1)

El 31 de enero de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/72/PESC.

(2)

Es preciso sustituir las menciones correspondientes a tres personas de la lista de personas y entidades que figuran en el anexo de la Decisión 2011/72/PESC y alegar nuevos motivos en relación con su designación.

(3)

El anexo de la Decisión 2011/72/PESC debe ser modificado en consecuencia.

31.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 204/54

(1)

En su carta de 9 de octubre de 2012, la Comisión definió los ámbitos prioritarios que pueden ser financiados por la Unión en el marco de programas de control de la actividad pesquera. Estos ámbitos prioritarios incluyen mejoras en el sistema de control de un Estado miembro, mediciones de la potencia del motor y la trazabilidad de los productos de la pesca. En su carta de 14 de mayo de 2012, la Comisión especificó los requisitos que han de cumplir los operadores o los Estados miembros cuando efectúen inversiones en proyectos de trazabilidad.

(2)

Los Estados miembros han presentado a la Comisión sus programas de control de la actividad pesquera en 2013, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento (CE) no 861/2006, junto con las solicitudes de participación financiera de la Unión en los gastos que les vayan a suponer los proyectos incluidos en dichos programas.

(3)

Sobre esta base y teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias, las solicitudes de financiación de la Unión presentadas en los programas relativos a acciones no prioritarias, tales como la instalación de sistemas de identificación automática (AIS) a bordo de los buques de pesca, los proyectos de formación sin ningún vínculo con las mejoras que deben incorporarse en los sistemas de control de los Estados miembros así como la adquisición o modernización de buques y aeronaves de vigilancia, han sido rechazadas al no estar consagradas a los ámbitos prioritarios.

(4)

Procede fijar los importes máximos y el porcentaje de la participación financiera de la Unión dentro de los límites contemplados en el artículo 15 del Reglamento (CE) no 861/2006 y establecer las condiciones para la concesión de dicha participación.

(5)

En lo que atañe a los proyectos de trazabilidad, es importante garantizar que se desarrollan basándose en normas internacionalmente reconocidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67, apartado 8, del Reglamento de Ejecución (UE) no 404/2011 de la Comisión, de 8 de abril de 2011, que establece las normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 1224/2009 del Consejo por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común (2).

(6)

Las solicitudes de financiación de la Unión deben evaluarse en relación con su cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento (CE) no 391/2007 de la Comisión, de 11 de abril de 2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 861/2006 del Consejo en lo que se refiere a los gastos realizados por los Estados miembros para llevar a la práctica los sistemas de seguimiento y de control aplicables en el marco de la política pesquera común (3).

(7)

La Comisión ha evaluado los proyectos cuyo coste es igual o inferior a 40 000 EUR, sin IVA, y ha elegido aquellos cuya cofinanciación por la Unión está justificada teniendo en cuenta las mejoras que pueden aportar al sistema de control de los Estados miembros solicitantes.

(8)

Con el fin de promover la inversión en los ámbitos prioritarios definidos por la Comisión y teniendo en cuenta los efectos negativos de la crisis financiera en los presupuestos de los Estados miembros, el gasto relativo a tales ámbitos prioritarios debe beneficiarse de un porcentaje de cofinanciación elevado, sin rebasar los límites establecidos en el artículo 15 del Reglamento (CE) no 861/2006.

(9)

Para poder optar a la participación financiera, los dispositivos automáticos de localización, así como los sistemas electrónicos de registro y notificación a bordo de los buques, deben cumplir los requisitos establecidos por el Reglamento de Ejecución (UE) no 404/2011.

(10)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de Gestión de la Pesca y de la Acuicultura.