21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/1

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/2

(1)

La Unión Europea se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia.

(2)

El artículo 82, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone que la cooperación judicial en materia penal en la Unión se basará en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales.

(3)

Con arreglo al Programa de Estocolmo: Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (2), el reconocimiento mutuo debe ampliarse a todos los tipos de sentencias y resoluciones de carácter judicial, que pueden ser, dependiendo del ordenamiento jurídico, penales o administrativas. En dicho programa se insta igualmente a la Comisión y a los Estados miembros a examinar los modos de mejorar la legislación y las medidas prácticas de apoyo a la protección de las víctimas. El Programa prevé, asimismo, la posibilidad de ofrecer a las víctimas del delito medidas especiales de protección que deben ser efectivas en toda la Unión. La presente Directiva forma parte de un conjunto de medidas coherente y general sobre los derechos de las víctimas.

(4)

En la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, se insta a los Estados miembros a que mejoren sus legislaciones y políticas nacionales destinadas a combatir todas las formas de violencia contra la mujer y emprendan acciones destinadas a combatir las causas de la violencia contra las mujeres, en particular mediante acciones de prevención, y se pide a la Unión que garantice el derecho de asistencia y ayuda a todas las víctimas de la violencia. En la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea 2009, se refrendó la propuesta de establecer una orden de protección europea de las víctimas.

(5)

En su Resolución de 10 de junio de 2011 sobre un Plan de trabajo para reforzar los derechos y la protección de las víctimas, en particular en los procesos penales, el Consejo señaló que debía llevarse a cabo una actuación a escala de la Unión para reforzar los derechos y la protección de las víctimas de delitos, e instó a la Comisión a que presentara las propuestas oportunas a tal fin. Indicó, en este contexto, que debía crearse un mecanismo encaminado a asegurar el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de las decisiones en relación con las medidas de protección de las víctimas del delito. Según dicha Resolución, la presente Directiva, que trata del reconocimiento mutuo de las medidas de protección adoptadas en el ámbito penal, debe completarse con un mecanismo adecuado referente a las medidas adoptadas en el ámbito civil.

(6)

En un espacio común de justicia sin fronteras interiores es menester garantizar que la protección ofrecida a una persona física en un Estado miembro se mantenga y continúe en cualquier otro Estado miembro al que la persona vaya a trasladarse o se haya trasladado. Debe garantizarse asimismo que el ejercicio legítimo por parte de los ciudadanos de la Unión de su derecho a circular y a residir libremente en el territorio de los Estados miembros en virtud del artículo 3, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y del artículo 21 del TFUE, no vaya en menoscabo de su protección.

(7)

Para la realización de dichos objetivos la presente Directiva debe establecer normas conforme a las cuales la protección derivada de determinadas medidas de protección dictadas con arreglo al Derecho de un Estado miembro («Estado de emisión») pueda ampliarse a otro Estado miembro en el que la persona objeto de la protección decida residir o permanecer («Estado de ejecución»).

(8)

En la presente Directiva se toman en consideración las diversas tradiciones jurídicas de los Estados miembros, y el hecho de que se puede garantizar una protección eficaz mediante órdenes de protección dictadas por una autoridad distinta de un órgano jurisdiccional penal. La presente Directiva no establece la obligación de modificar los sistemas nacionales para adoptar medidas de protección, ni de establecer o modificar un ordenamiento jurídico penal para ejecutar una orden europea de protección.

(9)

La presente Directiva se aplica a las medidas de protección destinadas de manera específica a proteger a una persona contra actos delictivos de otra persona que puedan poner en peligro de cualquier modo su vida o su integridad física, psicológica o sexual —por ejemplo, impidiendo cualquier forma de acoso— o su dignidad o libertad personal —por ejemplo, impidiendo el secuestro, el acecho y cualquier otra forma de coerción indirecta—, así como a evitar nuevos actos delictivos o reducir las consecuencias de los cometidos anteriormente. Estos derechos personales de la persona protegida corresponden a valores fundamentales reconocidos y defendidos en todos los Estados miembros. Sin embargo, los Estados miembros no están obligados a dictar una orden europea de protección atendiendo a una medida de carácter penal que no esté destinada específicamente a proteger a una persona sino principalmente a otros fines, por ejemplo, la rehabilitación social del delincuente. Es importante subrayar que la presente Directiva se aplica a las medidas de protección destinadas a amparar a cualquier víctima y no solo a las víctimas de la violencia de género, teniendo en cuenta las características propias de cada uno de los tipos de delitos de que se trate.

(10)

La presente Directiva se aplica a las medidas de protección adoptadas en asuntos penales, y no cubre por tanto las medidas del mismo tipo adoptadas en materia civil. Para que una medida de protección pueda ejecutarse de conformidad con la presente Directiva, no es necesario que se haya declarado mediante resolución firme la existencia de un delito penal. También carece de importancia la naturaleza penal, civil o administrativa de la autoridad que adopte la medida de protección. La presente Directiva no obliga a los Estados miembros a modificar su legislación nacional de modo que les permita adoptar medidas de protección en el contexto de los procesos penales.

(11)

La presente Directiva está destinada a aplicarse a las medidas de protección adoptadas en favor de las víctimas o posibles víctimas de delitos. Por lo tanto, no debe aplicarse a las medidas adoptadas con fines de protección de testigos.

(12)

Si se ha adoptado una medida de protección, en el sentido de la presente Directiva, para proteger a un familiar de la principal persona protegida, este familiar también puede solicitar y quedar amparado por una orden europea de protección, en las condiciones establecidas en la presente Directiva.

(13)

Toda solicitud de expedición de una orden europea de protección debe tratarse con la diligencia apropiada, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, incluida su urgencia, la fecha prevista de llegada de la persona protegida al territorio del Estado de ejecución y, en la medida de lo posible, la gravedad del riesgo que corre la persona protegida.

(14)

En caso de que se deba facilitar información en virtud de la presente Directiva a la persona protegida o a la persona causante del peligro, dicha información también debe facilitarse, en su caso, al tutor o representante de la persona afectada. También debe prestarse la debida atención a que la persona protegida, la persona causante del peligro, o sus tutores o representantes en el procedimiento, reciban la información prevista en la presente Directiva en un idioma que comprendan.

(15)

En los procedimientos de expedición y reconocimiento de una orden europea de protección, las autoridades competentes deben prestar la debida atención a las necesidades de las víctimas, incluidas las personas especialmente vulnerables como, por ejemplo, los menores o las personas con discapacidad.

(16)

A efectos de la aplicación de la presente Directiva, las medidas de protección pueden haberse dictado a raíz de una sentencia según la definición de la Decisión marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas (3), o bien a raíz de una resolución sobre medidas de vigilancia según la definición de la Decisión marco 2009/829/JAI del Consejo, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional (4). Si en el Estado de expedición se hubiera dictado una resolución sobre la base de alguno de los instrumentos mencionados, el Estado de ejecución debe aplicar el procedimiento de reconocimiento correspondiente, sin que ello excluya, sin embargo, la posibilidad de que se transmita la orden europea de protección a un Estado miembro distinto del Estado que deba ejecutar las resoluciones basadas en dichos instrumentos.

(17)

De conformidad con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y con el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se debe brindar a la persona causante del peligro la posibilidad de ser oída y de impugnar la medida de protección bien durante el procedimiento que conduce a la adopción de la medida de protección o bien antes de que se dicte una orden europea de protección.

(18)

A fin de impedir que se cometa en el Estado de ejecución un delito contra la víctima, dicho Estado debe disponer de instrumentos legales para el reconocimiento de la resolución adoptada anteriormente en el Estado de emisión a favor de la víctima, evitando al mismo tiempo que tenga que incoar nuevos procedimientos o volver a presentar las pruebas en el Estado de ejecución, como si el Estado de emisión no hubiese adoptado la resolución. El reconocimiento de la orden europea de protección por el Estado de ejecución supone, entre otras cosas, que la autoridad competente de dicho Estado, a reserva de las limitaciones previstas en la presente Directiva, acepta la existencia y la validez de la medida de protección adoptada en el Estado de emisión, reconoce los hechos expuestos en la orden europea de protección y conviene en que debe facilitarse y mantenerse esa protección de conformidad con su Derecho nacional.

(19)

La presente Directiva contiene una lista exhaustiva de prohibiciones y restricciones que, una vez impuestas en el Estado de emisión e incluidas en la orden europea de protección, deben reconocerse y ejecutarse en el Estado de ejecución, a reserva de las limitaciones previstas en la presente Directiva. A escala nacional pueden existir también otras medidas de protección, como la obligación de que la persona causante del peligro permanezca en un lugar determinado, si la legislación nacional así lo prevé. Tales medidas pueden imponerse en el Estado de emisión en el marco del procedimiento de adopción de una de las medidas de protección que, de acuerdo con la presente Directiva, puede ser la base de una orden europea de protección.

(20)

Dado que en los Estados miembros distintos tipos de autoridades (civiles, penales o administrativas) tienen competencia para adoptar y ejecutar medidas de protección, resulta oportuno dotar de un importante grado de flexibilidad al mecanismo de cooperación entre Estados miembros previsto en la presente Directiva. Por ello, la autoridad competente del Estado de ejecución no está obligada a aplicar en todos los casos la misma medida de protección que la adoptada en el Estado de emisión, sino que tiene un margen de apreciación para adoptar cualquier medida que estime oportuna y adecuada, con arreglo a las disposiciones de su Derecho nacional para un asunto similar, con el fin de garantizar la protección ininterrumpida de la persona protegida, teniendo en cuenta la medida de protección adoptada en el Estado de emisión descrita en la orden europea de protección.

(21)

Las prohibiciones y restricciones a las que se aplica la presente Directiva incluyen, entre otras, las medidas destinadas a limitar los contactos personales o a distancia entre la persona protegida y la persona causante del peligro, por ejemplo mediante la imposición de determinadas condiciones para tales contactos o la imposición de restricciones al contenido de las comunicaciones.

(22)

La autoridad competente del Estado de ejecución debe informar a la persona causante del peligro, a la autoridad competente del Estado de emisión y a la persona protegida de todas las medidas que haya adoptado atendiendo a la orden europea de protección. Al efectuar la notificación a la persona causante del peligro debe tenerse debidamente en cuenta el interés de la persona protegida en que no se revele su domicilio ni otros datos de contacto. Esos datos deben excluirse de la notificación, salvo en caso de que el domicilio u otro dato de contacto esté incluido en la prohibición o restricción impuestas a la persona causante del peligro en calidad de medidas de ejecución.

(23)

En caso de que la autoridad competente del Estado de emisión retire la orden europea de protección, la autoridad competente del Estado de ejecución debe poner fin a las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a la orden europea de protección, si bien la autoridad competente del Estado de ejecución está facultada para adoptar, de manera autónoma, con arreglo a su Derecho nacional, cualquier medida de protección conforme a su Derecho nacional con el fin de proteger a la persona de que se trate.

(24)

Dado que la presente Directiva trata de situaciones en las que la persona protegida se traslada a otro Estado miembro, la emisión o ejecución de una orden europea de protección no implica transferencia alguna al Estado de ejecución de competencias en cuanto a las penas principales, en suspenso, sustitutivas, condicionales o accesorias, o en cuanto a las medidas de seguridad impuestas a la persona causante del peligro, siempre que esta persona siga residiendo en el Estado que haya adoptado la medida de protección.

(25)

Si procede, debe ser posible recurrir a medios electrónicos para llevar a la práctica las medidas adoptadas en aplicación de la presente Directiva, con arreglo a la legislación y procedimientos nacionales.

(26)

En el marco de la cooperación entre las autoridades encargadas de asegurar la protección de la persona protegida, la autoridad competente del Estado de ejecución debe comunicar a la autoridad competente del Estado de emisión cualquier incumplimiento de las medidas adoptadas en aquel para ejecutar la orden europea de protección. Esta comunicación debe permitir a la autoridad competente del Estado de emisión decidir con rapidez la reacción oportuna en relación con la medida de protección impuesta por ese Estado a la persona causante del peligro. Si procede, dicha reacción puede incluir la aplicación de una medida privativa de libertad en sustitución de una medida no privativa de libertad inicialmente adoptada como alternativa, por ejemplo, a la prisión preventiva o como consecuencia de la suspensión condicional de una pena. Se entiende que tal resolución, al no imponer ex novo una sanción por una nueva infracción penal, no afecta a la facultad del Estado de ejecución de imponer, si procede, sanciones en caso de incumplimiento de las medidas adoptadas para ejecutar la orden europea de protección.

(27)

En vista de las diferentes tradiciones jurídicas de los Estados miembros, cuando en el Estado de ejecución no se disponga de medidas de protección para un caso similar a los hechos descritos en la orden europea de protección, la autoridad competente del Estado de ejecución notificará a la autoridad competente del Estado de emisión cualquier incumplimiento de la medida de protección descrita en la orden europea de protección del que tenga conocimiento.

(28)

Para garantizar una aplicación armoniosa de la presente Directiva en cada caso particular, las autoridades competentes de los Estados de emisión y ejecución deben ejercer sus competencias de acuerdo con lo dispuesto en la presente Directiva, teniendo en cuenta el principio non bis in idem.

(29)

No debe exigirse a la persona protegida que pague los costes ligados al reconocimiento de la orden europea de protección si estos son desproporcionados frente a los que ocasionaría un caso nacional similar. Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben velar por que, tras el reconocimiento de la orden europea de protección y como consecuencia directa de tal reconocimiento, no se exija a la persona protegida iniciar nuevos procedimientos nacionales para obtener de la autoridad competente del Estado de ejecución una resolución por la que se adopte alguna de las medidas previstas en su Derecho nacional para un caso análogo a fin de garantizar la seguridad de la persona protegida.

(30)

Teniendo presente el principio de reconocimiento mutuo sobre el que se funda la presente Directiva, los Estados miembros deben promover, en la medida de lo posible, el contacto directo entre las autoridades competentes cuando apliquen la misma.

(31)

Sin perjuicio de la independencia judicial y de las diferencias existentes en la organización de los sistemas judiciales en la Unión, los Estados miembros deben considerar la posibilidad de pedir a los responsables de la formación de jueces, fiscales, policía y personal judicial implicado en los procedimientos dirigidos a la emisión o reconocimiento de una orden europea de protección, que faciliten una formación apropiada en relación con los objetivos de la presente Directiva.

(32)

Con el fin de facilitar la evaluación de la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros deben facilitar a la Comisión datos pertinentes sobre la aplicación de los procedimientos nacionales relativos a la orden europea de protección, al menos sobre el número de órdenes europeas de protección solicitadas, dictadas o reconocidas. A este respecto, también serían útiles otros tipos de datos, referentes, por ejemplo, a los tipos de delitos de que se trata.

(33)

La presente Directiva debe contribuir a la protección de las personas en situación de peligro, por lo que completa, pero no afecta, a los instrumentos ya existentes en este ámbito, como la Decisión marco 2008/947/JAI y la Decisión marco 2009/829/JAI.

(34)

Cuando una resolución relativa a una medida de protección corresponda al ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (5), del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (6), o del Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños (7), el reconocimiento y la ejecución de esa resolución deben llevarse a cabo conforme a lo dispuesto en el instrumento jurídico de que se trate.

(35)

Los Estados miembros y la Comisión deben incluir información sobre la orden europea de protección, cuando proceda, en las campañas de información y sensibilización que realicen en relación con la protección de las víctimas de delitos.

(36)

Los datos de carácter personal tratados en el contexto de la aplicación de la presente Directiva deben estar protegidos conforme a la Decisión marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (8), y con arreglo a los principios del Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 1981.

(37)

La presente Directiva debe respetar los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de conformidad con el artículo 6 del TUE.

(38)

En la aplicación de la presente Directiva, se insta a los Estados miembros a tener en cuenta los derechos y los principios consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979.

(39)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, proteger a las personas en situación de peligro, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, debido a su dimensión y a sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(40)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo (no 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Reino Unido ha notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.

(41)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (no 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción de la presente Directiva, y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

(42)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (no 22) sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

1)

«orden europea de protección», una resolución adoptada por una autoridad judicial o autoridad equivalente de un Estado miembro en relación con una medida de protección, en virtud de la cual una autoridad judicial o equivalente de otro Estado miembro adopta la medida o medidas oportunas con arreglo a su propio Derecho nacional a fin de mantener la protección de la persona protegida;

2)

«medida de protección», una resolución en materia penal, adoptada en el Estado de emisión con arreglo a su legislación y procedimientos nacionales, por la cual se impone a una persona causante de peligro una o más de las prohibiciones o restricciones previstas en el artículo 5, a fin de proteger a la persona protegida de actos delictivos que puedan poner en peligro su vida, su integridad física o psicológica, su dignidad, su libertad individual o su integridad sexual;

3)

«persona protegida», la persona física objeto de la protección derivada de una medida de protección adoptada por el Estado de emisión;

4)

«persona causante del peligro», la persona física a la que se haya impuesto una o más de las prohibiciones o restricciones contempladas en el artículo 5;

5)

«Estado de emisión», el Estado miembro en el que se haya adoptado una medida de protección que constituya la base para la emisión de una orden europea de protección;

6)

«Estado de ejecución», el Estado miembro al que se haya transmitido una orden europea de protección con vistas a su reconocimiento;

7)

«Estado de supervisión», el Estado miembro al que se haya transmitido una sentencia según la definición del artículo 2 de la Decisión marco 2008/947/JAI, o una resolución sobre medidas de vigilancia según la definición del artículo 4 de la Decisión marco 2009/829/JAI.

a)

prohibición de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas en las que la persona protegida reside o que frecuenta;

b)

prohibición o reglamentación de cualquier tipo de contacto con la persona protegida, incluidos los contactos telefónicos, por correo electrónico o postal, por fax o por cualquier otro medio, o

c)

prohibición o reglamentación del acercamiento a la persona protegida a una distancia menor de la indicada en la medida.

a)

identidad y nacionalidad de la persona protegida, y las de su tutor o representante en caso de que la persona protegida sea menor o legalmente incapaz;

b)

fecha a partir de la cual la persona protegida se propone residir o permanecer en el Estado de ejecución, así como el período o los períodos de permanencia, si se conocen;

c)

nombre, dirección, números de teléfono y fax, y dirección de correo electrónico de la autoridad competente del Estado de emisión;

d)

referencia (por ejemplo, por medio de un número y de una fecha) del acto jurídico que contiene la medida de protección en la que se funda la orden europea de protección;

e)

resumen de los hechos y circunstancias que dieron lugar a la imposición de la medida de protección en el Estado de emisión;

f)

prohibiciones o restricciones impuestas a la persona causante del peligro en virtud de la medida de protección en la que se funda la orden europea de protección, duración de las mismas, indicación de la pena o sanción aplicable, si ha lugar, en caso de incumplimiento de la correspondiente prohibición u obligación;

g)

en su caso, utilización de un dispositivo técnico que se haya suministrado a la persona protegida o a la persona causante del peligro como medio para hacer cumplir la medida de protección;

h)

identidad, nacionalidad y datos de contacto de la persona causante del peligro;

i)

cuando la autoridad competente del Estado de emisión disponga de esta información sin necesidad de proceder a nuevas investigaciones, indicación de si se ha concedido a la persona protegida o a la persona causante del peligro asistencia jurídica gratuita en el Estado de emisión;

j)

si ha lugar, la descripción de otras circunstancias que podrían influir en la valoración del peligro al que está expuesta la persona protegida;

k)

indicación expresa, en su caso, de que ya se ha transmitido al Estado de supervisión — si este es distinto del Estado de ejecución de la orden europea de protección — una sentencia, según la definición del artículo 2 de la Decisión marco 2008/947/JAI, o una resolución sobre medidas de vigilancia, según la definición del artículo 4 de la Decisión marco 2009/829/JAI, e indicación de la autoridad competente de ese Estado para la ejecución de dicha sentencia o resolución.

a)

cuando la orden europea de protección esté incompleta o no se haya completado en el plazo fijado por la autoridad competente del Estado de ejecución;

b)

cuando no se hayan cumplido los requisitos previstos en el artículo 5;

c)

cuando la medida de protección se refiera a un hecho que no constituye infracción penal en el Derecho del Estado de ejecución;

d)

cuando la protección derive de la ejecución de una pena o medida que, conforme al Derecho del Estado de ejecución, haya sido objeto de amnistía y corresponda a un hecho o conducta sobre el que tenga competencia con arreglo a dicho Derecho;

e)

cuando la persona causante del peligro goce de inmunidad conforme al Derecho del Estado de ejecución, y ello imposibilite la adopción de medidas fundadas en una orden europea de protección;

f)

cuando, conforme al Derecho del Estado de ejecución, exista prescripción de la actuación penal contra la persona causante del peligro respecto del hecho o conducta que haya dado lugar a la adopción de la medida de protección, si tal hecho o conducta es de su competencia de conformidad con su Derecho nacional;

g)

cuando el reconocimiento de la orden europea de protección vulnere el principio non bis in idem;

h)

cuando, conforme al Derecho del Estado de ejecución, la persona causante del peligro no pueda considerarse penalmente responsable del hecho o conducta que haya dado lugar a la adopción de la medida de protección, por razón de su edad;

i)

cuando la medida de protección se refiera a una infracción penal que, según el Derecho del Estado de ejecución, se considere cometida totalmente, en su mayor parte o fundamentalmente dentro del territorio de su jurisdicción.

a)

informará sin dilación al Estado de emisión y a la persona protegida de la denegación y de los motivos de la misma;

b)

informará, cuando proceda, a la persona protegida de la posibilidad de solicitar la adopción de una medida de protección de conformidad con su Derecho nacional;

c)

informará a la persona protegida de todas las posibles vías de recurso que sean de aplicación en el Derecho nacional para oponerse a dicha decisión.

a)

imponer sanciones penales y adoptar cualquier otra medida como consecuencia del incumplimiento de esa medida, cuando tal incumplimiento constituya una infracción penal con arreglo al Derecho del Estado de ejecución;

b)

adoptar cualesquiera otras resoluciones relacionadas con el incumplimiento;

c)

adoptar las oportunas medidas provisionales urgentes para poner fin al incumplimiento, a la espera, en su caso, de una ulterior resolución del Estado de emisión.

a)

la prórroga, revisión, modificación, revocación y anulación de la medida de protección y, por consiguiente, de la orden europea de protección;

b)

la imposición de una medida privativa de libertad como consecuencia de la revocación de la medida de protección, siempre que la medida de protección se haya aplicado con motivo de una sentencia, según la definición del artículo 2 de la Decisión marco 2008/947/JAI, o de una resolución sobre medidas de vigilancia, según la definición del artículo 4 de la Decisión marco 2009/829/JAI.

a)

modificará las medidas adoptadas atendiendo a la orden europea de protección, ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 9, o

b)

se negará a hacer cumplir la prohibición u obligación modificadas, en caso de que no correspondan a los tipos de prohibiciones o restricciones previstos en el artículo 5, o en caso de que la información transmitida con la orden europea de protección con arreglo al artículo 7 sea incompleta y no se haya completado dentro del plazo fijado por la autoridad competente del Estado de ejecución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 4.

a)

cuando existan indicios claros de que la persona protegida no reside ni permanece en el territorio del Estado de ejecución, o de que ha abandonado definitivamente dicho territorio;

b)

cuando haya expirado, con arreglo a su Derecho nacional, el plazo máximo de vigencia de las medidas adoptadas en ejecución de la orden europea de protección;

c)

en el caso previsto en el artículo 13, apartado 7, letra b), o

d)

cuando, tras el reconocimiento de la orden europea de protección, se haya transmitido al Estado de ejecución una sentencia, según la definición del artículo 2 de la Decisión marco 2008/947/JAI, o una resolución sobre medidas de vigilancia, según la definición del artículo 4 de la Decisión marco 2009/829/JAI.

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/19

(1)

El 25 de febrero de 2008 el Consejo adoptó el Reglamento (CE) no 194/2008 por el que se renuevan y refuerzan las medidas restrictivas aplicables a Birmania/Myanmar.

(2)

De acuerdo con la Decisión 2011/859/PESC de 19 de diciembre de 2011 que modifica la Decisión 2010/232/PESC por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Birmania/Myanmar (2) se debe actualizar la información correspondiente a una de las entidades de la lista del anexo V del Reglamento (CE) no 194/2008.

(3)

Se debe modificar el anexo V del Reglamento (CE) no 194/2008 en consecuencia.

21.12.2011   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/20

(1)

El Reglamento (UE) no 57/2011 del Consejo, de 18 de enero de 2011, por el que se establecen, para 2011, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la UE y, en el caso de los buques de la UE, en determinadas aguas no pertenecientes a la UE (2), fija las cuotas para 2011.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población citada en el anexo del presente Reglamento por parte de buques que enarbolan pabellón del Estado miembro o que están matriculados en el Estado miembro mencionado en dicho anexo han agotado la cuota asignada para 2011.

(3)

Es necesario, por lo tanto, prohibir las actividades pesqueras dirigidas a esa población.

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/22

(1)

El Reglamento (UE) no 57/2011 del Consejo, de 18 de enero de 2011, por el que se establecen, para 2011, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la UE y, en el caso de los buques de la UE, en determinadas aguas no pertenecientes a la UE (2), fija las cuotas para el año 2011.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población citada en el anexo del presente Reglamento por parte de buques que enarbolan pabellón del Estado miembro o que están matriculados en el Estado miembro mencionado en dicho anexo han agotado la cuota asignada para 2011.

(3)

Es necesario, por lo tanto, prohibir las actividades pesqueras dirigidas a esa población.

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/24

(1)

El Reglamento (UE) no 57/2011 del Consejo, de 18 de enero de 2011, por el que se establecen, para 2011, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la UE y, en el caso de los buques de la UE, en determinadas aguas no pertenecientes a la UE (2), fija las cuotas para el año 2011.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población citada en el anexo del presente Reglamento por parte de buques que enarbolan pabellón del Estado miembro o que están matriculados en el Estado miembro mencionado en dicho anexo han agotado la cuota asignada para 2011.

(3)

Es necesario, por lo tanto, prohibir las actividades pesqueras dirigidas a esa población.

21.12.2011   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/26

(1)

De conformidad con el artículo 130 del Reglamento (CE) no 1234/2007, para la gestión de las importaciones, la Comisión tiene la facultad de determinar los productos cuya importación está sujeta a la presentación de un certificado. Al evaluar la necesidad de un régimen de certificados, la Comisión ha de tener en cuenta los instrumentos que sean adecuados para gestionar los mercados y, en especial, para controlar las importaciones.

(2)

El Reglamento (CE) no 376/2008 de la Comisión (2) establece en su artículo 1, apartado 2, letra a), inciso i), leído en relación con su anexo II, parte I, punto I, la obligación de presentar un certificado para la importación de «plátanos, frescos, importados con el derecho arancelario establecido en el arancel aduanero común» del código NC 0803 00 19.

(3)

Hoy día es posible efectuar por otros medios un control efectivo de las importaciones. En aras de la simplificación y con el fin de aliviar la carga administrativa que recae en los Estados miembros y los operadores, conviene suprimir la obligación de presentación de un certificado para la importación de plátanos. El artículo 1, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2014/2005 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2005, relativo a los certificados en el ámbito del régimen a la importación de plátanos en la Comunidad para los plátanos despachados a libre práctica con el derecho arancelario establecido en el arancel aduanero común (3), limita la validez de los certificados al año de expedición. Es, por lo tanto, oportuno derogar la obligación de obtener el certificado de importación a partir del 1 de enero de 2012.

(4)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 376/2008 en consecuencia.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas.

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/27

(1)

Con el fin de favorecer el abastecimiento en cereales del mercado comunitario durante los primeros meses de la campaña 2011/12, el Reglamento de Ejecución (UE) no 633/2011 de la Comisión (2) suspendió, hasta el 31 de diciembre de 2011, los derechos de aduana para los contingentes arancelarios de importación de trigo blando de calidad baja y media y de cebada forrajera abiertos por los Reglamentos (CE) no 1067/2008 (3) y (CE) no 2305/2003 (4) de la Comisión, respectivamente.

(2)

Las perspectivas de evolución del mercado de los cereales en la Unión Europea para el fin de la campaña 2011/12 permiten suponer que los precios van a mantenerse elevados, habida cuenta del bajo nivel de las existencias y de las estimaciones actuales de la Comisión sobre las cantidades que estarán realmente disponibles en la cosecha de 2011. A fin de facilitar el mantenimiento de los flujos de importación necesarios para el equilibrio del mercado de la Unión Europea, es preciso garantizar una continuidad de la política de importación de cereales manteniendo, hasta el 30 de junio de 2012, la suspensión temporal de los derechos de aduana aplicables a la importación en la campaña 2011/12 de los contingentes arancelarios de importación que se benefician actualmente de esta medida.

(3)

Procede, además, no penalizar a los agentes económicos cuando el envío de los cereales, con vistas a su importación en la Unión, ya esté en marcha. A este respecto, procede tener en cuenta los plazos de transporte y permitir que los agentes económicos efectúen el despacho a libre práctica de los cereales bajo el régimen de suspensión de los derechos de aduana previsto por el presente Reglamento, con respecto a todos los productos cuyo transporte con destino directo a la Unión haya comenzado a más tardar el 30 de junio de 2012. Procede, además, concretar qué prueba debe aportarse para demostrar el transporte con destino directo a la Unión y la fecha en la que comenzó dicho transporte.

(4)

Con el fin de garantizar una gestión eficaz del procedimiento de expedición de los certificados de importación a partir del 1 de enero de 2012, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(5)

El Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas no ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por su presidente.

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/29

(1)

Se ha celebrado un Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea, de una parte, y la Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza, de otra parte, por el que se establece la progresiva liberalización del comercio de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca, y por el que se modifica el Acuerdo euromediterráneo interino de asociación en materia de comercio y cooperación entre la Comunidad Europea, por una parte, y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), actuando por cuenta de la Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza, por otra parte (2) («el Acuerdo»). El Acuerdo fue aprobado en nombre de la Unión mediante la Decisión 2011/824/UE del Consejo (3).

(2)

El Acuerdo establece que, durante un período de diez años a partir de su entrada en vigor, deben aplicarse concesiones arancelarias ampliadas a las importaciones en la Unión Europea de cantidades ilimitadas de productos originarios de Cisjordania y de la Franja de Gaza. El Acuerdo contempla, asimismo, la posibilidad de una nueva ampliación de las concesiones arancelarias ampliadas, en función del desarrollo económico futuro de Cisjordania y la Franja de Gaza.

(3)

Dado que el Acuerdo prevé una mayor liberalización del comercio de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca, es necesario suspender la aplicación de los contingentes arancelarios y de las cantidades de referencia establecidos en el anexo VIII del Reglamento (CE) no 747/2001 a los productos originarios de Cisjordania y de la Franja de Gaza durante el período de aplicación del Acuerdo.

(4)

El Reglamento (CEE) no 4088/87 del Consejo, de 21 de diciembre de 1987, por el que se establecen las condiciones de aplicación de los derechos de aduana preferenciales a la importación de determinados productos de floricultura originarios de Chipre, Israel, Jordania y Marruecos así como de Cisjordania y de la Franja de Gaza (4), fue derogado por el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo (5).

(5)

El Reglamento (CEE) no 700/88 de la Comisión, de 17 de marzo de 1988, por el que se establecen algunas normas para la aplicación del régimen regulador de las importaciones en la Comunidad de determinados productos de la floricultura originarios de Chipre, Israel, Jordania y Marruecos, así como de Cisjordania y de la Franja de Gaza (6), fue derogado por el Reglamento (CE) no 1227/2006 de la Comisión (7).

(6)

Como consecuencia de dichas derogaciones, el artículo 2 del Reglamento (CE) no 747/2001, según el cual no pueden beneficiarse de las concesiones arancelarias las flores cortadas y los capullos frescos en caso de no observarse las condiciones de precios fijadas por el Reglamento (CEE) no 4088/87, ha quedado sin objeto y debe, pues, suprimirse.

(7)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 747/2001 en consecuencia.

(8)

Dado que el Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2012, el presente Reglamento debe aplicarse a partir de dicha fecha.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del código aduanero.

1)

Se añade el artículo 1 bis siguiente:

«Artículo 1 bis

Suspensión de los contingentes arancelarios y de las cantidades de referencia aplicables a productos originarios de Cisjordania y la Franja de Gaza

La aplicación de los contingentes arancelarios y de las cantidades de referencia establecidos en el anexo VIII a los productos originarios de Cisjordania y la Franja de Gaza se suspenderá temporalmente durante un período de diez años a partir del 1 de enero de 2012.

Sin embargo, en función del desarrollo económico futuro de Cisjordania y la Franja de Gaza, se podría contemplar una posible ampliación durante un período adicional, a más tardar un año antes de la expiración del período de diez años previsto por el Acuerdo en forma de Canje de Notas aprobado en nombre de la Unión mediante la Decisión 2011/824/UE del Consejo (8).

2)

Se suprime el artículo 2.

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/31

(1)

El Reglamento (CE) no 1236/2005 impone una prohibición sobre las exportaciones de productos que no tienen más uso práctico que el de aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y controles sobre las exportaciones de determinados productos que podrían utilizarse con ese propósito. Dicho Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el respeto y la protección de la dignidad humana, el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes

(2)

En algunos casos recientes los medicamentos exportados a terceros países han sido desviados y utilizados para aplicar la pena de muerte, en particular administrando una sobredosis letal mediante una inyección. La Unión desaprueba la pena de muerte en cualesquiera circunstancias y se esfuerza por alcanzar su abolición universal. Los exportadores se opusieron a su involuntaria asociación con dicho uso de los productos que desarrollaron para ser utilizados con fines médicos.

(3)

Por ello es necesario completar la lista de productos sujetos a restricciones comerciales para impedir la utilización de determinados medicamentos para aplicar la pena de muerte y garantizar que todos los exportadores de medicamentos de la Unión estén sujetos a condiciones uniformes a este respecto. Los medicamentos pertinentes fueron desarrollados, entre otras cosas, para la anestesia y la sedación, por lo que su exportación no debería ser objeto de una prohibición completa.

(4)

También es necesario ampliar la prohibición del comercio de cinturones de electrochoque para que incluya dispositivos corporales similares, como manguitos y esposas de electrochoque, que tengan el mismo impacto que los cinturones de electrochoque.

(5)

Es necesario prohibir el comercio de porras con púas que no son admisibles para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Si bien las púas pueden causar considerable dolor, las porras con púas no parecen ser más eficaces como material antidisturbios o de autodefensa que las porras ordinarias, por lo que el dolor o sufrimiento causado por las púas es cruel y no resulta estrictamente necesario para el material antidisturbios o de autodefensa.

(6)

Se han producido cambios en la numeración de ciertas partes de la nomenclatura combinada (NC) tras la adopción del Reglamento (CE) no 1236/2005, por lo que los correspondientes códigos NC deben ser actualizados en consecuencia.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité sobre normas comunes aplicables a las exportaciones de productos.

(8)

A fin de garantizar que las medidas dispuestas en el presente Reglamento sean efectivas, el Reglamento deberá entrar en vigor inmediatamente.

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/35

(1)

El artículo 70 [, apartado 4 quater,] del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (2), permite incrementar el porcentaje de la contribución del FEADER hasta un máximo del 95 % en el caso de los Estados miembros que se enfrenten a graves dificultades respecto a su estabilidad financiera.

(2)

Con el fin de que los Estados miembros puedan beneficiarse en el plazo más breve posible del incremento del porcentaje de cofinanciación, las normas para el cálculo de la contribución de la Unión en el contexto de las cuentas del FEADER, previstas en el Reglamento (CE) no 883/2006 de la Comisión (3), deben adaptarse con efecto inmediato.

(3)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 883/2006 en consecuencia.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de los Fondos Agrícolas.

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/36

(1)

Deben abrirse contingentes arancelarios de la Unión de ganado ovino y caprino y de carne de ovino y caprino a partir de 2012. Los derechos y cantidades deben fijarse atendiendo a los acuerdos internacionales vigentes en el año 2012. Como consecuencia de las negociaciones que culminaron en al Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y Nueva Zelanda en virtud del artículo XXIV, apartado 6, y del artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, sobre la modificación de las concesiones en las listas de la República de Bulgaria y Rumanía en el contexto de su adhesión a la Unión Europea (2), la Unión se comprometió a incrementar el volumen anual de Nueva Zelanda en 400 toneladas y a incluir en su lista de concesiones un contingente arancelario anual erga omnes de importación de carne de animales de las especies ovina y caprina de 200 toneladas de peso en canal.

(2)

El Reglamento (CE) no 312/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, relativo a la aplicación por parte de la Comunidad de las disposiciones arancelarias establecidas en el Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra (3), establece la apertura, a partir del 1 de febrero de 2003, de un contingente arancelario adicional, de carácter bilateral, de 2 000 toneladas de productos del código 0204, que se incrementará un 10 % cada año. Por consiguiente, deben añadirse 200 toneladas al contingente arancelario GATT/OMC de que dispone Chile anualmente y ambos contingentes deben seguir administrándose conjuntamente de la misma forma.

(3)

El Reglamento (UE) no 1245/2010 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2010, por el que se abren contingentes arancelarios de la Unión de ganado ovino y caprino y de carne de ovino y caprino para 2011 (4), abre para 2011 contingentes arancelarios de la Unión de acuerdo con los respectivos acuerdos internacionales vigentes en 2011. Estos contingentes arancelarios deben mantenerse y abrirse anualmente teniendo en cuenta asimismo las disposiciones de los acuerdos con Nueva Zelanda y Chile mencionados anteriormente. El Reglamento (UE) no 1245/2010 quedará obsoleto una vez finalice el año 2011 y, por tanto, debe ser derogado. El presente Reglamento debe ser aplicable durante más de un año y responder a un objetivo de simplificación, evitando la adopción de un Reglamento cada año.

(4)

Las importaciones al amparo del presente Reglamento deben gestionarse sobre la base de años civiles.

(5)

Procede fijar un equivalente de peso en canal para garantizar el correcto funcionamiento de los contingentes arancelarios de la Unión.

(6)

No obstante lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1439/95 de la Comisión, de 26 de junio de 1995, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 3013/89 del Consejo, en lo relativo a la importación y la exportación de productos del sector de la carne de ovino y caprino (5), los contingentes arancelarios de productos a base de carne de ovino y caprino deben gestionarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 144, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1234/2007. Ello debe hacerse de conformidad con el artículo 308 bis, el artículo 308 ter y y el artículo 308 quater, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, por el que se establece el código aduanero comunitario (6).

(7)

Los contingentes arancelarios a que se refiere el presente Reglamento deben considerarse en un nivel no crítico, en la acepción del artículo 308 quater del Reglamento (CEE) no 2454/93, cuando se gestionen según el sistema de orden cronológico de llegada. Por consiguiente, debe autorizarse a las autoridades aduaneras a abstenerse de exigir la constitución de una garantía para las mercancías que se importen inicialmente al amparo de esos contingentes de acuerdo con el artículo 308 quater, apartado 1, y el artículo 248, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 2454/93.

(8)

Es preciso especificar el tipo de prueba que debe presentar el agente económico para certificar el origen del producto y poder acogerse a los contingentes arancelarios con arreglo al sistema de orden cronológico de llegada.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas.

a)

animales vivos: 0,47;

b)

carne deshuesada de cordero o cabrito: 1,67;

c)

carne deshuesada de carnero, carne deshuesada de oveja y carne deshuesada de caprino, excepto la de cabrito, y mezclas de ellas: 1,81;

d)

productos sin deshuesar: 1,00.

a)

en el caso de los contingentes arancelarios que formen parte de un acuerdo arancelario preferente, la prueba de origen establecida en dicho acuerdo;

b)

en el caso de los demás contingentes arancelarios, una prueba establecida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento (CEE) no 2454/93 que, además de los datos especificados en ese artículo, incluya los siguientes:

c)

en el caso de los países cuyos contingentes arancelarios correspondan a las letras a) y b) y se agrupen, la prueba indicada en la letra a).

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/39

(1)

En el anexo V del Reglamento (CE) no 329/2007 se enumeran las personas, entidades y organismos a los que, habiendo sido designados por el Consejo, se aplica la inmovilización de capitales y recursos económicos contemplada en dicho Reglamento

(2)

El 19 de diciembre de 2011 el Consejo ha decidido modificar la lista de personas, entidades y organismos a los que afecta la inmovilización de capitales y recursos económicos. Por consiguiente, debe actualizarse el anexo V.

(3)

Con el fin de velar por la eficacia de las medidas previstas en el presente Reglamento, éste debe entrar en vigor inmediatamente.

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/48

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/50

(1)

El Reglamento (CE) no 620/2009 de la Comisión, de 13 de julio de 2009, sobre la gestión de un contingente arancelario de importación de carne de vacuno de calidad superior (3) establece normas detalladas para la presentación y expedición de certificados de importación.

(2)

El artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1301/2006 dispone que cuando las cantidades a que se refieran las solicitudes de certificado excedan de las cantidades disponibles para el período del contingente arancelario en cuestión, deben fijarse coeficientes de asignación para las cantidades a que se refiera cada solicitud. Las solicitudes de certificados de importación presentadas en virtud del artículo 3 del Reglamento (CE) no 620/2009 entre el 1 y el 7 de diciembre de 2011 exceden de las cantidades disponibles. Por lo tanto, deben determinarse la cantidad de licencias que puede expedirse y el coeficiente de asignación.

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/51

(1)

El artículo 19.1 de los Estatutos del SEBC faculta al Banco Central Europeo (BCE) para exigir que las entidades de crédito establecidas en los Estados miembros mantengan reservas mínimas en cuentas en el BCE y en los bancos centrales nacionales en atención a objetivos de política monetaria, y faculta al Consejo de Gobierno para establecer los reglamentos relativos al cálculo y a la determinación de las reservas mínimas exigidas.

(2)

El Reglamento (CE) no 1745/2003 del Banco Central Europeo, de 12 de septiembre de 2003, relativo a la aplicación de las reservas mínimas (BCE/2003/9) (1), establece entre otras cosas qué clase de entidades están sujetas a reservas mínimas y qué coeficientes de reserva se aplican a ciertas clases de pasivos.

(3)

El 8 de diciembre de 2011, el Consejo de Gobierno aprobó medidas adicionales de apoyo al crédito para reforzar los préstamos bancarios y la liquidez en el mercado monetario de la zona del euro. Puesto que para dirigir las condiciones del mercado monetario no es necesario aplicar el sistema de reservas mínimas del BCE en la misma medida que en circunstancias normales, procede reducir el coeficiente de reservas al 1 % con el fin de mejorar la provisión de liquidez a las entidades de contrapartida en las operaciones de política monetaria del Eurosistema. Por consiguiente, debe modificarse el Reglamento (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/52

(1)

El 12 de diciembre de 2005, el Consejo adoptó la Acción Común 2005/889/PESC por la que se establece una Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea para el paso fronterizo de Rafah (EU BAM Rafah) (1).

(2)

El 26 de mayo de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/312/PESC (2) que modifica la Acción Común 2005/889/PESC y la prorroga hasta el 31 de diciembre de 2011.

(3)

El 8 de noviembre de 2011, el Comité Político y de Seguridad (CPS) recomendó una prórroga técnica de EU BAM Rafah de otros seis meses.

(4)

La EU BAM Rafah debe prorrogarse de nuevo desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2012 sobre la base de su mandato actual.

(5)

También es necesario fijar el importe de referencia financiera que deberá cubrir el gasto relativo a la EU BAM Rafah durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2012.

(6)

La EU BAM Rafah se ejecutará en el contexto de una situación susceptible de deteriorarse, lo que podría impedir la consecución de los objetivos de la acción exterior de la Unión que figuran en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea.

1)

El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 12

Seguridad

1.   El Comandante de la operación civil dirigirá la planificación que realice el Jefe de Misión de las medidas de seguridad y velará por que estas se ejecuten de forma correcta y eficaz para la EU BAM Rafah, de conformidad con los artículos 5 y 9 y en coordinación con la Dirección de Seguridad del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

2.   El Jefe de Misión será responsable de la seguridad de la EU BAM Rafah y de velar por el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad aplicables a esta, de conformidad con la política de la Unión en materia de seguridad del personal con funciones operativas enviado al exterior de la Unión en virtud del Título V del Tratado y sus instrumentos afines.

3.   El Jefe de Misión contará con la asistencia de un alto funcionario de la Misión en materia de seguridad, que responderá ante el Jefe de Misión y que mantendrá una estrecha relación funcional con la Dirección de Seguridad del SEAE.

4.   Los miembros del personal de la EU BAM Rafah recibirán una formación obligatoria en materia de seguridad antes de entrar en funciones, de conformidad con el OPLAN. Recibirán asimismo una formación periódica de actualización in situ organizada por el alto funcionario de la Misión en materia de seguridad.».

2)

El artículo 13, apartado 1, se sustituye por el texto siguiente:

«1.   El importe de referencia financiera destinado a cubrir los gastos asociados a la EU BAM Rafah para el período comprendido entre el 25 de noviembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2011 será de 21 570 000 EUR.

El importe de referencia financiera destinado a cubrir los gastos asociados a la EU BAM Rafah para el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2012 será de 970 000 EUR.».

3)

El artículo 16, párrafo segundo, se sustituye por el texto siguiente:

«Expirará el 30 de junio de 2012.».

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/54

(1)

El 14 de noviembre de 2005, el Consejo adoptó la Acción Común 2005/797/PESC sobre la Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios Palestinos (1) (EUPOL COPPS), que fue prorrogada por última vez mediante la Decisión 2009/955/PESC del Consejo (2) y expiró el 31 de diciembre de 2010.

(2)

El 17 de diciembre de 2010, el Consejo adoptó la Decisión 2010/784/PESC (3) que da continuidad a la Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios Palestinos a partir del 1 de enero de 2011 y que expira el 31 de diciembre de 2011.

(3)

El 8 de noviembre de 2011, el Comité Político y de Seguridad (CPS) recomendó una prórroga técnica de EUPOL COPPS de otros seis meses.

(4)

La EUPOL COPPS debe prorrogarse de nuevo desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2012 sobre la base de su mandato actual.

(5)

También es necesario fijar el importe de referencia financiera que deberá cubrir el gasto relativo a la EUPOL COPPS durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2012.

(6)

La EUPOL COPPS se ejecutará en el contexto de una situación susceptible de deteriorarse, lo que podría impedir la consecución de los objetivos de la acción exterior de la Unión que figuran en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea.

1)

El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 12

Seguridad

1.   El Comandante de la operación civil dirigirá la planificación que realice el Jefe de Misión de las medidas de seguridad y velará por que estas se ejecuten de forma correcta y eficaz para la EUPOL COPPS, de conformidad con los artículos 5, 6 y 9 y en coordinación con la Dirección de Seguridad del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

2.   El Jefe de Misión será responsable de la seguridad de la EUPOL COPPS y de velar por el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad aplicables a esta, de conformidad con la política de la Unión en materia de seguridad del personal con funciones operativas enviado al exterior de la Unión en virtud del Título V del Tratado y sus instrumentos afines.

3.   El Jefe de Misión contará con la asistencia de un alto funcionario de la Misión en materia de seguridad, que responderá ante el Jefe de Misión y que mantendrá una estrecha relación funcional con la Dirección de Seguridad del SEAE.

4.   Los miembros del personal de la EUPOL COPPS recibirán una formación obligatoria en materia de seguridad antes de entrar en funciones, de conformidad con el OPLAN. Recibirán asimismo una formación periódica de actualización in situ organizada por el alto funcionario de la Misión en materia de seguridad.».

2)

El artículo 13, apartado 1, se sustituye por el texto siguiente:

«1.   El importe de referencia financiera destinado a cubrir los gastos asociados a la EUPOL COPPS para el período comprendido entre el 1de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011 será de 8 250 000 EUR.

El importe de referencia financiera destinado a cubrir los gastos asociados a la EUPOL COPPS para el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2012 será de 4 750 000 EUR.».

3)

El artículo 16, párrafo segundo, se sustituye por el texto siguiente:

«Expirará el 30 de junio de 2012.».

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/55

(1)

El 26 de abril de 2010, el Consejo adoptó la Decisión 2010/232/PESC, por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Birmania/Myanmar.

(2)

Se debe actualizar la información relativa a una de las entidades que figuran en la lista del anexo I de la Decisión 2010/232/PESC.

(3)

Se debe modificar el anexo I de la Decisión 2010/232/PESC en consecuencia.

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/56

(1)

El 22 de diciembre de 2010, el Consejo adoptó la Decisión 2010/800/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea.

(2)

El Consejo ha procedido a una revisión completa de las listas de personas y entidades que figuran en los anexos II y III de la Decisión 2010/800/PESC, a las que se aplican el artículo 4, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 5, apartado 1, letras b) y c) de la misma.

(3)

El Consejo ha concluido que se deben seguir aplicando a las personas y entidades que figuran en los anexos II y III de la Decisión 2010/800/PESC las medidas restrictivas que en ella se contemplan.

(4)

El Consejo ha concluido también que debe modificarse la entrada relativa a una entidad que figura en el anexo II de la Decisión 2010/800/PESC.

(5)

El Consejo ha decidido asimismo que se incluyan otras personas y entidades en las listas de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas que figuran en los anexos II y III de la Decisión 2010/800/PESC.

(6)

Debe actualizarse en consecuencia la lista de personas y entidades que figuran en los anexos II y III de la Decisión 2010/800/PESC.

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/61

(1)

El 16 de febrero de 2011, Kenia solicitó, con arreglo al artículo 36 del anexo II del Reglamento (CE) no 1528/2007, una excepción a las normas de origen establecidas en dicho anexo por un período de un año. El 20 de septiembre de 2011, Kenia presentó información complementaria respecto de su solicitud. La solicitud se refiere a una cantidad total de 2 000 toneladas de lomos de atún de la partida 1604 del SA. La solicitud se presenta debido a que las capturas y el suministro de atún crudo originario han disminuido y como consecuencia del problema que supone la piratería.

(2)

Según la información facilitada por ese país, las capturas de atún crudo originario se mantienen en un nivel excepcionalmente bajo, incluso en comparación con las variaciones estacionales normales, lo que ha provocado una disminución de la producción de lomos de atún. Además, Kenia ha señalado el riesgo que lleva aparejado el suministro de atún crudo como consecuencia de los actos de piratería que pueden producirse durante ese proceso. Esta situación anormal impedirá a Kenia cumplir las normas de origen establecidas en el anexo II del Reglamento (CE) no 1528/2007 durante algún tiempo.

(3)

A fin de garantizar la continuidad de las importaciones de los países ACP a la Unión y permitir una transición fluida del Acuerdo de Asociación ACP-CE al Acuerdo por el que se establece un marco para un Acuerdo de Asociación Económica Provisional (Acuerdo de Asociación Provisional CAO-UE), resulta oportuno conceder una nueva excepción con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2011.

(4)

Teniendo en cuenta las importaciones previstas, una excepción temporal a las normas de origen establecidas en el anexo II del Reglamento (CE) no 1528/2007 no causaría graves perjuicios a ninguna industria comunitaria establecida, siempre que se cumplan determinadas condiciones respecto a cantidades, vigilancia y duración.

(5)

Por lo tanto, está justificado conceder una excepción temporal en virtud del artículo 36, apartado 1, letra a), del anexo II del Reglamento (CE) no 1528/2007.

(6)

Kenia gozará de una excepción automática a las normas de origen para los lomos de atún de la partida 1604 del SA, en virtud del artículo 41, apartado 8, del Protocolo de Origen anejo al Acuerdo de Asociación Provisional CAO-UE, cuando dicho Acuerdo entre en vigor o se aplique provisionalmente.

(7)

De acuerdo con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1528/2007, las normas de origen establecidas en el anexo II de dicho Reglamento y las excepciones a las mismas deben ser sustituidas por las normas del Acuerdo de Asociación Provisional CAO-UE, cuya entrada en vigor o aplicación provisional está prevista para 2012. Por tanto, la excepción debe aplicarse hasta el 31 de diciembre de 2011. Aunque todavía tiene que concederse una excepción en 2011, la situación general, incluida la situación de la ratificación del Acuerdo de Asociación Provisional CAO-UE, se reevaluará en 2012.

(8)

De conformidad con el artículo 41, apartado 8, del Protocolo de Origen anejo al Acuerdo de Asociación Provisional CAO-UE, la excepción automática a las normas de origen está limitada a un contingente anual de 2 000 toneladas de lomos de atún para los países que han rubricado el Acuerdo de Asociación Provisional CAO-UE (Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda y Burundi). Kenia es el único país de la región que exporta actualmente lomos de atún a la Unión. Por consiguiente, resulta oportuno conceder a Kenia una excepción con arreglo al artículo 36 del anexo II del Reglamento (CE) no 1528/2007 con respecto a 2 000 toneladas de lomos de atún, cantidad que no excede del contingente anual total concedido a la región CAO en el marco del Acuerdo de Asociación Provisional CAO-UE.

(9)

En consecuencia, resulta apropiado conceder a Kenia una excepción con respecto a 2 000 toneladas de lomos de atún por un período de un año.

(10)

El Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (2), establece normas para la gestión de los contingentes arancelarios. A fin de garantizar una gestión eficiente en estrecha colaboración entre las autoridades de Kenia, las autoridades aduaneras de los Estados miembros y la Comisión, dichas normas deben aplicarse mutatis mutandis a las cantidades importadas al amparo de la excepción concedida por la presente Decisión.

(11)

Para permitir un seguimiento eficiente de la aplicación de la excepción, las autoridades de Kenia deben notificar periódicamente a la Comisión información detallada sobre los certificados de circulación EUR.1 expedidos.

(12)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité del código aduanero.

21.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 338/64

(1)

En la Decisión 2009/470/CE se establecen las modalidades de participación financiera de la Unión en programas para la erradicación, el control y la vigilancia de las enfermedades de los animales y las zoonosis.

(2)

Con arreglo a la Decisión 2008/341/CE de la Comisión, de 25 de abril de 2008, por la que se establecen criterios comunitarios para los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de determinadas enfermedades de los animales y de determinadas zoonosis (2), los programas presentados por los Estados miembros a la Comisión para la erradicación, el control y la vigilancia de las enfermedades de los animales y de las zoonosis enumeradas en el anexo de esa misma Decisión, para poder ser aprobados con arreglo a las medidas contempladas en el artículo 27, apartado 1, de la Decisión 2009/470/CE, deben cumplir al menos los criterios que se establecen en el anexo de la Decisión 2008/341/CE.

(3)

En virtud de la Decisión 2010/712/UE de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, por la que se aprueban los programas anuales y plurianuales y la contribución financiera de la Unión para la erradicación, el control y la vigilancia de determinadas enfermedades de los animales y zoonosis, presentados por los Estados miembros para 2011 y años sucesivos (3), se aprueban determinados programas nacionales y se fijan el porcentaje y el importe máximo de la contribución financiera de la Unión para cada programa presentado por los Estados miembros.

(4)

La Comisión ha evaluado los informes presentados por los Estados miembros sobre los gastos de dichos programas. Los resultados de la evaluación muestran que algunos Estados miembros no aprovecharán íntegramente la dotación para el año 2011, mientras que otros registrarán gastos superiores al importe asignado.

(5)

Algunos Estados miembros han informado a la Comisión de que, en la situación económica actual, es necesaria ayuda adicional para las indemnizaciones a los propietarios de animales sacrificados y otras medidas financiadas al 50 %, a fin de garantizar la continuidad de los programas veterinarios cofinanciados de la UE y mantener la tendencia positiva de las diferentes enfermedades.

(6)

La Comisión ha examinado las solicitudes de aumento del nivel de financiación, teniendo en cuenta la situación veterinaria y la disponibilidad de fondos procedentes del ejercicio en curso, y ha considerado adecuado que las medidas subvencionables financiadas al 50 % reciban más ayuda, mediante el incremento del nivel de financiación al 60 %.

(7)

Por tanto, es necesario proceder al ajuste de la participación financiera de la Unión en algunos programas nacionales. Resulta oportuno redistribuir los fondos de los programas nacionales que no aprovecharán íntegramente la dotación asignándolos a aquellos que se espera que la superen. La redistribución debe basarse en los datos más recientes sobre los gastos realmente soportados por los Estados miembros afectados.

(8)

Por otro lado, Portugal ha presentado un programa modificado para la erradicación de la brucelosis bovina; Letonia ha presentado un programa modificado para el control de la salmonelosis; Rumanía y Eslovaquia han presentado programas modificados para el control y la vigilancia de la peste porcina clásica; Dinamarca ha presentado un programa de control modificado para la gripe aviar en aves de corral y aves silvestres; Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, España, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido han presentado programas modificados para las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET), la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y la tembladera; y Rumanía, Eslovenia y Finlandia han presentado programas modificados para la erradicación de la rabia.

(9)

La Comisión ha evaluado los programas modificados presentados desde un punto de vista tanto veterinario como financiero. Se ha determinado que cumplen la legislación veterinaria pertinente de la Unión y, en particular, los criterios establecidos en el anexo de la Decisión 2008/341/CE. Por tanto, deben aprobarse dichos programas modificados.

(10)

Procede, por tanto, modificar la Decisión 2010/712/UE en consecuencia.

(11)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

a)

el programa presentado por Bélgica el 26 de julio de 2011;

b)

el programa presentado por Letonia el 8 de marzo de 2011.

a)

el programa presentado por Rumanía el 7 de octubre de 2011;

b)

el programa presentado por Eslovaquia el 21 de noviembre de 2011.

a)

el programa presentado por Bélgica el 15 de junio de 2011;

b)

el programa presentado por la República Checa el 17 de junio de 2011;

c)

el programa presentado por Dinamarca el 8 de junio de 2011;

d)

el programa presentado por Alemania el 14 de junio de 2011;

e)

el programa presentado por Estonia el 27 de junio de 2011;

f)

el programa presentado por Irlanda el 29 de junio de 2011;

g)

el programa presentado por España el 1 de julio de 2011;

h)

el programa presentado por Francia el 13 de julio de 2011;

i)

el programa presentado por Italia el 22 de junio de 2011;

j)

el programa presentado por Chipre el 30 de junio de 2011;

k)

el programa presentado por Letonia el 28 de junio de 2011;

l)

el programa presentado por Luxemburgo el 24 de junio de 2011;

m)

el programa presentado por Hungría el 29 de junio de 2011;

n)

el programa presentado por los Países Bajos el 30 de junio de 2011;

o)

el programa presentado por Austria el 29 de junio de 2011;

p)

el programa presentado por Polonia el 28 de junio de 2011;

q)

el programa presentado por Portugal el 29 de junio de 2011;

r)

el programa presentado por Eslovenia el 8 de junio de 2011;

s)

el programa presentado por Eslovaquia el 30 de junio de 2011;

t)

el programa presentado por Finlandia el 22 de junio de 2011;

u)

el programa presentado por Suecia el 20 de junio de 2011;

v)

el programa presentado por el Reino Unido el 28 de junio de 2011.

a)

el programa presentado por Rumanía el 23 de septiembre de 2011;

b)

el programa presentado por Finlandia el 15 de septiembre de 2011.

1)

El artículo 1 queda modificado como sigue:

2)

El artículo 2 queda modificado como sigue:

3)

El artículo 3 queda modificado como sigue:

4)

El artículo 4 queda modificado como sigue:

5)

El artículo 5 queda modificado como sigue:

6)

El artículo 6 queda modificado como sigue:

7)

El artículo 8 queda modificado como sigue:

8)

El artículo 9 queda modificado como sigue: