27.7.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 225/1

—

señala que todos los países incluidos en la estrategia de ampliación (1) han ratificado formalmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Europea de la Autonomía Local, y les anima a cumplir y aplicar estos compromisos;

—

llama la atención sobre la importancia crucial de la formación y el desarrollo de la gobernanza multinivel, la independencia de los medios de comunicación y la sociedad civil en los países candidatos y les insta a promover el respeto por las libertades civiles y los procedimientos democráticos en la vida política;

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destaca la importancia de un procedimiento de consulta formal entre las autoridades nacionales competentes y los entes locales y regionales en todas las etapas del proceso de ampliación de la UE. Esto amplía la participación ciudadana, contribuye a aplicar el principio de subsidiaridad y cohesiona a los ciudadanos. Además, facilita la aplicación de la legislación y contribuye a utilizar mejor el IAP cuando los representantes locales y regionales están bien informados sobre el proceso de integración;

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insta a la creación o el refuerzo de organizaciones que agrupen a entes locales y regionales, así como a la cooperación con sus homólogas de otros Estados miembros de la UE, lo que puede servir para intercambiar experiencias y apoyar el proceso de integración.

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valora positivamente el proceso de integración en curso en los países candidatos, que también debería aprovecharse como elemento en un proceso de descentralización basado en una aplicación transparente;

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hace hincapié en la importancia fundamental de respetar el principio de relaciones de buena vecindad entre los Estados miembros de la UE, los países candidatos y otros países, así como en la función y la importancia de impulsar una cooperación transfronteriza y regional entre estos países;

Ponente

Stanisław SZWABSKI (AE/PL), Presidente del Consejo Municipal de Gdynia

Texto de referencia

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Estrategia de ampliación y principales retos 2011-2012

COM(2011) 666 final

1.

señala que el objetivo de la ampliación de la UE es extender la zona de desarrollo y cooperación pacíficos en Europa; por lo tanto, la Unión Europea está abierta a cualquier país europeo que desee adherirse, respete los valores democráticos, esté comprometido con ellos y cumpla los criterios de adhesión; afirma que una ampliación solo es posible si se garantiza el éxito de la integración del país candidato en la Unión Europea;

2.

señala que todos los países incluidos en la estrategia de ampliación (2) han ratificado formalmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Europea de la Autonomía Local, y les anima a cumplir y aplicar estos compromisos;

3.

acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de utilizar en mayor medida el Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP) para promover y acelerar los esfuerzos de reforma orientados a los resultados. Implicar, en los casos en que sea pertinente, a los entes locales y regionales puede servir para impulsar la capacidad de absorción y el desarrollo de capacidades de los países beneficiarios, lo que a su vez permitirá utilizar de manera más eficaz los recursos del IAP;

4.

hace hincapié en que el proceso de ampliación está concebido para asegurar la estabilidad y una mayor prosperidad de los ciudadanos de la UE y los países candidatos, así como para garantizar una responsabilidad compartida en el desarrollo de un espacio cada vez más amplio de paz, libertad, seguridad y justicia, dotado de un mercado interior y que persiga objetivos como la cohesión económica, social y territorial, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres;

5.

señala que unos esfuerzos de reforma constantes y eficaces deben abarcar todos los niveles de la sociedad. La buena gobernanza –incluida la modernización del sector público coordinada a nivel nacional, regional y local– contribuye a establecer mejores condiciones para una democracia más amplia y fuerte, una mayor transparencia y unos sistemas que estén acosados en menor medida por la corrupción y el nepotismo. Un sistema descentralizado aumenta la responsabilidad pública y facilita la participación de los ciudadanos en los procesos decisorios;

6.

llama la atención sobre la importancia crucial de la formación y el desarrollo de la gobernanza multinivel, la independencia de los medios de comunicación y la sociedad civil en los países candidatos y les insta a promover el respeto por las libertades civiles y los procedimientos democráticos en la vida política;

7.

destaca la importancia de un procedimiento de consulta formal entre las autoridades nacionales competentes y los entes locales y regionales en todas las etapas del proceso de ampliación de la UE. Esto amplía la participación ciudadana, contribuye a aplicar el principio de subsidiaridad y cohesiona a los ciudadanos. Además, facilita la aplicación de la legislación y contribuye a utilizar mejor el IAP cuando los representantes locales y regionales están bien informados sobre el proceso de integración;

8.

insta a la creación o el refuerzo de organizaciones que agrupen a entes locales y regionales, así como a la cooperación con sus homólogas de otros Estados miembros de la UE, lo que puede servir para intercambiar experiencias y apoyar el proceso de integración;

9.

valora positivamente el proceso de integración en curso en los países candidatos, que también debería aprovecharse como elemento en un proceso de descentralización basado en una aplicación transparente;

10.

destaca el hecho de que el avance y el éxito del proceso de ampliación dependen en buena medida de que los países candidatos hagan progresos auténticos en la aplicación de las reformas destinadas a cumplir los criterios de Copenhague;

11.

pone de relieve la oportunidad de acelerar el proceso de aprobación, por parte del Consejo Europeo, de la estrategia macrorregional adriático-jónica que tiene como valor añadido el hecho de fortalecer y hacer más fluidos los procesos de adhesión a la UE de los países candidatos o potenciales candidatos del EEE, lo que constituye también una oportunidad para promover la consolidación de los procesos democráticos en territorios que forman parte de la más amplia región mediterránea;

12.

hace hincapié en la importancia fundamental de respetar el principio de relaciones de buena vecindad entre los Estados miembros de la UE, los países candidatos y otros países, así como en la función y la importancia de impulsar una cooperación transfronteriza y regional entre estos países;

13.

solicita a las autoridades de los países que aspiran a formar parte de la UE que establezcan reglamentos y estrategias nacionales coherentes en colaboración con organismos administrativos a nivel local y regional, y que faciliten a los entes locales y regionales los medios necesarios para llevar a cabo estrategias destinadas a la integración de grupos marginados;

14.

destaca la necesidad de una información exhaustiva y equilibrada en los países candidatos acerca de la UE, sus instituciones, el proceso de integración y los cambios que este proceso implica para cada país, así como los retos y las oportunidades para los ciudadanos. Esta información, que debe ser facilitada en su mayor parte por las autoridades de los países candidatos a la adhesión, es fundamental para que los ciudadanos puedan participar activamente en la integración de su país en la UE y reconocer las ventajas de la potencial adhesión;

15.

insta a los países candidatos a que participen en el desarrollo y el refuerzo de la UE y sus instituciones, en la medida de sus posibilidades formales;

16.

destaca la necesidad y la importancia de que la UE confirme con claridad y sin ambigüedades su compromiso con el proceso de ampliación para admitir a los países candidatos que cumplan los criterios de adhesión;

17.

acoge con satisfacción la firma del Tratado de adhesión con Croacia, que marca un momento importante en la integración europea; sujeto a que se concluyan los procedimientos de ratificación, el Comité de las Regiones ansía dar la bienvenida a Croacia como nuevo miembro a partir del 1 de julio de 2013;

18.

está sumamente satisfecho de los avances realizados por Croacia en el cumplimiento de los criterios de adhesión a la UE desde la presentación de su candidatura en 2003 hasta la conclusión con éxito de las negociaciones en junio de 2011 y el dictamen favorable de la Comisión a la adhesión de Croacia a la UE emitido en octubre de 2011;

19.

acoge favorablemente que Eslovenia y Croacia hayan acordado presentar el «problema de frontera abierta» a un tribunal de arbitraje y espera con impaciencia la aplicación del acuerdo bilateral de arbitraje fronterizo;

20.

subraya el alto nivel de preparación de Croacia para la adhesión y al mismo tiempo pide a este país que consolide y aplique plenamente el acervo de la UE, especialmente en lo que se refiere al sistema judicial, la lucha contra la corrupción, la aplicación de una legislación antidiscriminatoria, la política sobre la competencia y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación;

21.

acoge con satisfacción el resultado positivo del referéndum sobre la adhesión de Croacia a la UE, celebrado en enero de 2012;

22.

acoge favorablemente los avances realizados en las negociaciones para la adhesión de Islandia; pone de relieve la muy constructiva cooperación entre Islandia y la UE en el marco del EEE y de la zona Schengen;

23.

cree que Islandia podría adherirse a la UE en un futuro próximo basándose en el «principio de méritos propios» y anima a que se continúe de forma oportuna con la adaptación en los demás ámbitos políticos;

24.

muestra su satisfacción por el hecho de que Islandia haya superado en cierta medida sus dificultades económicas y haya perseverado en la aplicación de las reformas necesarias;

25.

muestra su preocupación por la disminución del apoyo de los ciudadanos al proceso de integración;

26.

valora positivamente los esfuerzos realizados por la antigua República Yugoslava de Macedonia en el proceso de adhesión;

27.

acoge favorablemente las medidas adoptadas por el Gobierno de la antigua República Yugoslava de Macedonia para promover su adhesión a la UE, pero muestra su preocupación por la falta de acción efectiva para encontrar una solución satisfactoria a la cuestión formal de la denominación del país; es esencial mantener relaciones de buena vecindad, incluida la negociación de una solución mutuamente aceptable sobre la denominación del país bajo la égida de las Naciones Unidas;

28.

valora positivamente los pasos que se están dando para adaptar el sistema jurídico nacional a la legislación de la UE; sin embargo, subraya la necesidad de más reformas en los ámbitos de la justicia, los derechos fundamentales de las mujeres y las minorías y la administración pública;

29.

llama la atención sobre la necesidad de hacer frente al elevado nivel de corrupción y garantizar la libertad de expresión en los medios de comunicación;

30.

reconoce los avances en la cooperación entre las instituciones de gobierno, los diferentes niveles de gobierno local y las organizaciones no gubernamentales;

31.

acoge favorablemente los avances en la aplicación de la Ley sobre las lenguas, la descentralización y la representación equitativa, y anima a que continúen los esfuerzos para abordar retos actuales como la educación y las relaciones armoniosas entre todas las comunidades;

32.

con vistas a la intención del Consejo de iniciar las negociaciones de adhesión en junio de 2012, acoge favorablemente las medidas adoptadas para cambiar y adaptar la legislación de Montenegro en lo que se refiere a la reforma de la administración pública, la realización de estadísticas nacionales, la libertad de los medios de comunicación y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada; también se han registrado ciertas mejoras en la observancia de los derechos humanos, la igualdad de género y el respeto de los derechos de las minorías étnicas;

33.

acoge favorablemente las iniciativas para reducir el nivel de corrupción y recomienda que se actúe más para luchar contra la corrupción, especialmente en los ámbitos de la privatización, la ordenación territorial, la educación y los servicios sanitarios, así como en los entes locales y regionales;

34.

muestra gran satisfacción por los avances registrados en la protección de los derechos de las minorías y su representación en órganos estatutarios y de autogobierno;

35.

acoge favorablemente la decisión de constituir un Comité Consultivo Mixto (CCM) que funcione como un foro para el diálogo entre el Comité de las Regiones de la UE y los entes locales de Montenegro;

36.

acoge favorablemente los cambios destinados a democratizar la vida política y la sociedad en Turquía; destaca la obligación que tiene Turquía de mantener relaciones de buena vecindad y la exhorta a evitar actuaciones dirigidas contra los Estados miembros y sus derechos soberanos, según se estipula en los criterios de Copenhague y en el marco de negociación UE-Turquía de 3 de octubre de 2005; expresa su descontento por las declaraciones de Turquía sobre su intención de paralizar sus relaciones con la Presidencia de la UE durante el segundo semestre de 2012 y confía en el desarrollo de la cooperación regional;

37.

expresa su decepción porque Turquía sigue sin aplicar el Protocolo adicional al Acuerdo de asociación CE-Turquía e insta a este país a que lo aplique de modo íntegro;

38.

señala con preocupación el bajo nivel de aplicación de la legislación aprobada de conformidad con los criterios de Copenhague; considera lamentable la falta de avances claros en el desarrollo de la gobernanza local y de la sociedad civil, pero confía, no obstante, en que el proceso de reforma constitucional en curso permita realizar avances significativos; afirma que la instauración de un comité consultivo mixto compuesto por el Comité de las Regiones y los entes locales y regionales turcos podría contribuir a la integración de los requisitos de la UE en materia de descentralización;

39.

muestra su preocupación por los insuficientes avances realizados en los ámbitos de la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación, la libertad religiosa, los derechos de las mujeres, el respeto de los derechos de las minorías étnicas y la búsqueda de una solución justa a la cuestión de Chipre; insta al Gobierno turco a que apoye activamente el mantenimiento de las negociaciones y actúe con el objetivo de resolver la cuestión de Chipre;

40.

muestra su preocupación por la observancia de los derechos y las libertades fundamentales, tanto de hecho como de derecho, e invita a Turquía a mejorar al respecto; las restricciones que se imponen en la práctica a la libertad de los medios de comunicación, los enjuiciamientos de escritores, periodistas, académicos, representantes políticos elegidos y defensores de los derechos humanos, y las frecuentes prohibiciones de sitios de Internet suscitan graves inquietudes a las que habrá de dar respuesta el Gobierno turco;

41.

insta a Turquía a acelerar la reforma administrativa local con el fin de impulsar la descentralización y utilizar de forma más eficaz los niveles locales y regionales de gobierno. Entre los factores clave figuran una financiación mayor y más justa del sector local, sistemas de consulta entre los distintos niveles en línea con los principios de la gobernanza multinivel y un mayor respaldo a la integración del nivel local en la UE;

42.

muestra su preocupación por la acusada disminución del interés y la confianza del público y los medios de comunicación en la adhesión de Turquía a la UE; anima, por consiguiente, a la Unión Europea a proseguir con el proceso de negociación, en particular a través de la «agenda positiva», que debe finalizarse en cuanto Turquía cumpla los criterios de adhesión;

43.

valora positivamente la propuesta de la Comisión de ampliar la cooperación entre los entes locales y regionales de los Estados miembros de la UE y sus homólogos turcos;

44.

destaca el interés del CDR en que se utilicen los mecanismos existentes para la cooperación entre la UE y Turquía, los programas transfronterizos, la cooperación regional y la cooperación entre las instituciones del gobierno local, con vistas a desarrollar el gobierno local e incrementar el ámbito de aplicación del principio de subsidiariedad y la democratización;

45.

insta a las autoridades albanesas a continuar las reformas, porque las que se han realizado hasta ahora solo contribuyen en alguna medida a que el país esté más cerca de cumplir los criterios de Copenhague;

46.

llama la atención sobre la gran importancia para el proceso de integración de aplicar el principio de relaciones de buena vecindad y cooperación regional y de crear procedimientos democráticos, un gobierno local y una sociedad civil;

47.

anima al Gobierno y la oposición de Albania a reanudar y mantener un diálogo político constructivo a fin de reforzar el buen funcionamiento y la independencia de las instituciones democráticas fundamentales; exhorta a las autoridades albanesas a intensificar sus esfuerzos para promover y poner en marcha las reformas necesarias para el proceso de preadhesión, especialmente en lo que se refiere a los derechos humanos, la igualdad de género, la protección de las minorías, los derechos de propiedad, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y la aplicación de una política de emigración constructiva;

48.

señala con preocupación que no se actúa con decisión para luchar contra la corrupción que afecta a una serie de ámbitos de la vida pública; en el futuro, esta corrupción puede plantear un serio problema para el desarrollo del país;

49.

insta al Gobierno albanés a trabajar activamente con las partes interesadas relevantes para promover la descentralización y la integración en la UE;

50.

acoge favorablemente las reformas que están llevando a cabo las autoridades de Bosnia y Herzegovina; sin embargo, llama la atención sobre el margen existente para aumentar el nivel de coordinación entre todos los niveles de gobierno, incluidos el de la Federación de Bosnia y Herzegovina y el de la República Srpska;

51.

opina que las autoridades de Bosnia y Herzegovina deben redoblar los esfuerzos para aplicar estas reformas; llama la atención sobre el hecho de que la aplicación de reformas de acuerdo con los criterios de Copenhague será posible a medio plazo solo si las autoridades participan de manera significativa, mientras que las reformas en el ámbito del medio ambiente solo serán posibles a largo plazo;

52.

muestra su preocupación por el estancamiento político en el país y la incapacidad para superar los intereses particulares de los diferentes grupos políticos, que están retrasando considerablemente el proceso de adhesión de Bosnia y Herzegovina. Gracias a una participación más amplia y concreta de los agentes implicados, en particular los entes locales, los recursos del IAP podrán utilizarse de manera más eficaz y, por tanto, beneficiar más claramente a los ciudadanos, lo que a su vez hará más notorias las ventajas de un acercamiento a la UE para los particulares;

53.

comparte el análisis de la situación efectuado por la Comisión respecto al conflicto, el punto muerto y la parálisis política de Bosnia y Herzegovina, y pone, por tanto, de relieve las observaciones al respecto que formuló en 2010 (3). Como país dividido, Bosnia necesita un liderazgo que pueda reconciliar a las partes en conflicto y poner en marcha soluciones colectivas. La UE tiene que dejar claro que la única opción real es una política que abra el país a las cuatro libertades del mercado interior;

54.

destaca la debilidad de la cooperación entre los distintos niveles administrativos del país, algo que se debería rectificar con el claro apoyo de todas las fuerzas políticas del país;

55.

señala que, para desarrollar un clima de cooperación constructiva en el país, necesita disponer de una estructura administrativa funcional en la que los distintos niveles políticos se complementen entre sí y concilien sus divisiones. El CDR reitera que el gobierno nacional de Bosnia y Herzegovina debe reforzarse en varios ámbitos, y que es preciso respaldar a las fuerzas impulsoras de la reforma que están promoviendo simultáneamente un Estado más fuerte y un proceso de descentralización con entes locales reforzados;

56.

está convencido de la necesidad de aumentar la cooperación transfronteriza práctica, así como la cooperación entre las autoridades centrales, regionales y locales;

57.

acoge con satisfacción el compromiso de Kosovo con su trayectoria europea, en el proceso de integración europea;

58.

expresa su esperanza de que la falta de un consenso amplio entre los Estados miembros de la UE sobre el estatus oficial de Kosovo no constituya un obstáculo para desarrollar las relaciones mediante un acuerdo entre la UE y Kosovo, y considera que en la situación actual cabría examinar y promover soluciones prácticas ad hoc, basadas en un enfoque neutral, con respecto al estatus de Kosovo;

59.

hace hincapié en que la UE, de conformidad con los principios que ha adoptado, mantiene un compromiso inequívoco en favor de una perspectiva europea para los Balcanes Occidentales, incluido Kosovo;

60.

acoge favorablemente la recomendación de la Comisión en el sentido de conceder a Serbia el estatus de país candidato a la UE;

61.

acoge favorablemente la decisión del Consejo Europeo de conceder a Serbia el estatus de país candidato a la UE e insta a Serbia a continuar las reformas sistémicas y estructurales; subraya la necesidad de tomar medidas para normalizar las relaciones con Kosovo, con arreglo al proceso de estabilización y asociación, respetando plenamente los principios de la cooperación regional y con la participación de todas las partes interesadas; al mismo tiempo, espera que no se adopte ninguna medida que pueda poner en peligro su perspectiva europea;

62.

anima a las autoridades serbias a proseguir los pasos constructivos que han dado para promover la cooperación y la estabilidad en la región;

63.

muestra su satisfacción por los avances realizados por Serbia en el proceso de preadhesión, con ajustes en una amplia serie de ámbitos como los derechos humanos, el sistema judicial, la libertad de los medios de comunicación y los criterios de Helsinki;

64.

llama la atención sobre la gran importancia para el proceso de integración de aplicar el principio de relaciones de buena vecindad y la cooperación regional, así como crear procedimientos democráticos, derechos para las minorías y el gobierno local, y una sociedad civil;

65.

valora positivamente la protección de los derechos lingüísticos de las minorías tradicionales, la aprobación en septiembre de 2011 de la ley de propiedad privada y la transferencia de algunas competencias a la provincia de Voivodina y a los entes locales.

27.7.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 225/7

—

hace hincapié en que la necesidad de afrontar el problema de la reunificación familiar en todos sus aspectos se manifiesta al mismo tiempo que la atención prestada a la nueva Agenda Europea para la Integración (CDR 199/2011), así como a una cultura europea de la gobernanza multinivel (CDR 273/2011), que requiere de modo particular la iniciativa del Comité de las Regiones;

—

constata que, según indica el Libro Verde, la aplicación de la directiva se utiliza en algunos casos como elemento disuasorio, y subraya que la disciplina de la reunificación familiar no debe entenderse como un instrumento de contención de los flujos migratorios; son finalidades específicas de la reunificación una mejor integración del migrante regular y el respeto del derecho a la familia;

—

subraya que el derecho de los individuos a una vida común en el seno de la unidad familiar, así como el derecho, pero también el deber, a mantener, instruir y educar a los hijos, y, por tanto, a tenerlos con ellos, son derechos y deberes fundamentales, independientemente de la ciudadanía, y recuerda que ello está reconocido por numerosas declaraciones nacionales e internacionales, convergentes a este respecto;

—

recuerda que la acción práctica de los Estados debe desarrollarse de acuerdo con los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, tanto para aplicar más decididamente las iniciativas de las regiones y de los entes locales en materia de aplicación de las prácticas de integración como para darles un marco de referencia estable y jurídicamente sólido;

—

solicita una mayor participación del nivel local en una gobernanza multinivel, condición sine qua non para una política coherente de inmigración, respetuosa de los derechos fundamentales e idónea para promover el bienestar de las comunidades de acogida de los inmigrantes.

Ponente

Sergio SOAVE (IT/PSE) Alcalde de Savigliano (CN)

Texto de referencia

Libro Verde sobre el derecho a la reunificación familiar de los nacionales de terceros países que residen en la Unión Europea (Directiva 2003/86/CE)

COM(2011) 735 final

1.

Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de entablar un debate sobre la reunificación familiar, que ya fue objeto específico de la Directiva 2003/86/CE, a fin de evaluar algunos problemas que han surgido a la hora de aplicar dicha directiva y examinar más detenidamente las críticas vertidas por varias partes (ONG, entes locales y mundo académico).

2.

Considera oportuna la decisión de basar el debate en el «Libro Verde» que, al subrayar algunos aspectos esenciales de la directiva, plantea una serie de interrogantes. Asimismo, aprueba que, solo al término de la consulta, la Comisión Europea decida eventualmente las medidas concretas que cabría adoptar.

3.

Recuerda que los entes locales y regionales desempeñan un papel esencial en la gestión de las políticas de integración y cohesión social, y en este sentido deben participar plenamente en el debate en torno a la aplicación de las normas sobre la reunificación familiar, a fin de facilitar tanto la plena integración de los inmigrantes en los países de destino como una eventual reforma de la directiva.

4.

Subraya que tal iniciativa debe seguir las indicaciones del programa de Estocolmo, de diciembre de 2009, así como del Pacto europeo sobre inmigración y asilo, de septiembre de 2008.

5.

Hace hincapié en que la necesidad de afrontar el problema de la reunificación familiar en todos sus aspectos se manifiesta al mismo tiempo que la atención prestada a la nueva Agenda Europea para la Integración (CDR 199/2011), así como a una cultura europea de la gobernanza multinivel (CDR 273/2011), que requiere de modo particular la iniciativa del Comité de las Regiones.

6.

Tiene debidamente en cuenta que la crisis económica que está sacudiendo tan seriamente a Europa puede distorsionar la opinión sobre la directiva, sobre todo si paralelamente se produce la entrada de nuevos inmigrantes en Europa como consecuencia, por ejemplo, de los efectos del movimiento político -sin embargo, grande y positivo- conocido como «Primavera árabe», que afecta al mismo tiempo a muchos países de la orilla meridional del Mediterráneo.

7.

Constata que, según indica el Libro Verde, la aplicación de la directiva se utiliza en algunos casos como elemento disuasorio, y subraya que la disciplina de la reunificación familiar no debe entenderse como un instrumento de contención de los flujos migratorios, un problema que ha de afrontarse, desde un primer momento, por otras vías. En cambio, sí son finalidades específicas de la reunificación una mejor integración del migrante regular y el respeto del derecho a la familia, un principio sancionado por todas las Cartas de derechos.

8.

Subraya que el derecho de los individuos a una vida común en el seno de la unidad familiar, así como el derecho, pero también el deber, a mantener, instruir y educar a los hijos, y, por tanto, a tenerlos con ellos, son derechos y deberes fundamentales, independientemente de la ciudadanía, y recuerda que ello está reconocido por numerosas declaraciones nacionales e internacionales, convergentes a este respecto. En particular, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 califica a la familia de «elemento natural y fundamental de la sociedad» y le reconoce el «derecho a la protección de la sociedad y del Estado», mientras que el artículo 9 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea incluye el derecho a la familia entre los derechos fundamentales del individuo.

9.

Espera que las políticas de gestión de la inmigración respeten totalmente estos derechos fundamentales de acuerdo con las declaraciones de los Tribunales de Justicia de Estrasburgo y Luxemburgo que se han pronunciado claramente y en reiteradas ocasiones a este respecto.

10.

Por otra parte, en el plano práctico, insta a evaluar los efectos de la reunificación familiar; la directiva afirma que contribuye a crear una estabilidad sociocultural que facilita la integración, al permitir el fomento de la cohesión económica y social, lo que redunda en beneficio de los entes locales de acogida; conviene reconocer que el ejercicio del derecho a la reunificación familiar representa un salto cualitativo de las políticas migratorias, que se muestran más maduras en la atención prestada a la estabilización de la presencia de inmigrantes como instrumento indispensable para una efectiva integración socioeconómica en el país de acogida, lo que también parece ser un paso decisivo –a efectos prácticos- para contribuir a contener la inmigración clandestina y reducir formas peligrosas de exclusión social.

11.

Subraya que, en todas las constituciones europeas, se considera que el vínculo familiar es una fuente de deberes específicos de solidaridad económica y social; la valorización de tal vínculo en el caso de las familias inmigrantes, a través de un mayor reconocimiento del derecho a la reunificación familiar, constituye, por tanto, un instrumento específico de fomento de la percepción, por parte de los extranjeros, de que las numerosas obligaciones que se les imponen (de carácter administrativo y organizativo) no son el simple fruto de políticas represivas o instrumentos de policía, sino parte de un proyecto más general dirigido al desarrollo global de la sociedad, al que ellos mismos están llamados a participar activamente, no solo reivindicando derechos, sino reconociendo los propios deberes que alimentan los principios de lealtad cívica y responsabilidad respecto al prójimo.

12.

En tal perspectiva, desea que se preste una atención particular a la protección de la llamada «familia nuclear», que ya constituye el nivel de máxima atención por parte de la directiva, y que, en ese marco de referencia, se considere en particular el derecho a la reunificación para los menores, que merecen una protección específica y superior. Por lo que respecta a otras formas de familia y en cuanto a las normas y costumbres del país del que procede el inmigrante, considera oportuno dejar a los Estados miembros la evaluación de las situaciones individuales o de los diferentes casos generales. Pero si, como resultado de la consulta, la Comisión Europea concluye que sería necesario adoptar una definición común de «familia» a nivel europeo, dicha definición tiene que ser coherente con las definiciones incluidas en otros instrumentos de la UE.

13.

Dada la importancia de tales principios generales y evaluaciones, no considera necesario pasar a una limitación sustancial de los márgenes de apreciación en los diferentes Estados reconocidos por la directiva y confirmados por el Tratado de Lisboa. Sin embargo, recuerda que la acción práctica de los Estados debe desarrollarse de acuerdo con los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, tanto para aplicar más decididamente las iniciativas de las regiones y de los entes locales en materia de aplicación de las prácticas de integración como para darles un marco de referencia estable y jurídicamente sólido.

14.

Considera que, sin perjuicio del derecho a la reunificación familiar de todos los nacionales de terceros países que residan legalmente en la UE, es comprensible someter dicho derecho a determinadas condiciones siempre y cuando se preserve el espíritu de la directiva, que tiene como objetivo facilitar la integración y estabilización.

15.

Estima que la actual formulación de la directiva puede generar incertidumbre jurídica e interpretativa, y solicita que se evalúe la conveniencia de establecer a nivel europeo una duración mínima de la estancia que responda, a la vez, a la necesidad de estabilidad y al respeto del derecho a la vida familiar, asumiendo modelos análogos a los de la migración circular en caso de que los interesados se acojan a un programa de repatriación voluntaria.

16.

Sugiere que la edad mínima prevista para autorizar la reunificación con el cónyuge corresponda en general con la mayoría de edad del cónyuge de acuerdo con la legislación nacional del país de acogida, salvo derogaciones excepcionales que autoricen una edad inferior, a fin de garantizar la máxima uniformidad posible y evitar posibles discriminaciones por razones de edad.

17.

Hace hincapié en que, como quiera que las dos derogaciones previstas al derecho a la reunificación familiar para los hijos menores (artículo 4, apartado 1, último párrafo, y apartado 6) han tenido un escaso interés práctico, se podrían abolir. En cualquier caso recomienda que las decisiones en la materia se adopten sistemáticamente considerando el interés superior del hijo y la protección de los derechos del menor; por otra parte, recomienda que, por las mismas razones, el derecho a la reunificación de los hijos menores se garantice también en ausencia de vínculo matrimonial entre los padres, a fin de excluir cualquier forma de discriminación entre hijos legítimos y naturales.

18.

Por lo que respecta a las cláusulas facultativas relativas a otros familiares distintos del cónyuge o pareja de hecho registrada y de los hijos, considera oportuno dejar a los Estados miembros un margen de apreciación a la hora de definir los criterios de elegibilidad; por otra parte, subraya que la directiva vigente no aclara –y debería hacerlo- las consecuencias para los familiares del reagrupante en caso de muerte o nulidad del matrimonio, divorcio o salida del Estado miembro de éste o en caso de contestación de la paternidad avalada por los tribunales.

19.

Recomienda un control preventivo de la eficacia de las diversas medidas ya puestas en práctica (medidas previas a la emigración y medidas aplicadas en el país de acogida). Sobre la base de este primer examen, recomienda no obstante evitar medidas previas a la emigración que no sean viables para los familiares del reagrupante a causa del analfabetismo, costes materiales, lejanía de los centros urbanos u otros motivos que les priven, en la práctica, del derecho a la reagrupación. Además, se considera oportuno que, cuando se exija tras la llegada al país de acogida la asistencia a cursos de lengua (y/o de educación cívica y/o de conocimiento de la historia y de la cultura de la sociedad de acogida), tales cursos se ofrezcan gratuitamente para evitar discriminaciones basadas en la renta y se lleven a cabo recurriendo, en particular, a los módulos europeos de integración.

20.

Al evaluar otras condiciones materiales impuestas al reagrupante residente por parte del Estado miembro (disponibilidad de vivienda, seguro de enfermedad, suficientes recursos estables), recomienda que sean conformes al principio de proporcionalidad y no se traduzcan en restricciones arbitrarias; en particular, espera que, al aplicar la directiva, los Estados miembros adopten una disciplina que base la verificación del cumplimiento de esas condiciones en criterios objetivos y comprobables, y no en cláusulas genéricas y susceptibles de una interpretación arbitrariamente restrictiva.

21.

Sugiere eliminar el criterio de la «capacidad de acogida» del Estado miembro como elemento de evaluación de la conveniencia de conceder la reunificación, porque se configura como instrumento de control añadido de los flujos migratorios en contradicción con los principios del Derecho de la Unión Europea.

22.

Considera que la duración del permiso de residencia de los familiares del reagrupante debe ser la misma que la del propio reagrupante, considerando la posibilidad de adoptar soluciones en línea con los modelos de la migración circular en el caso de acogerse a programas de retorno voluntario.

23.

Por lo que respecta a la reunificación familiar de los nacionales de terceros países que están acogidos a formas particulares de protección (asilo, estatus de refugiado, protección subsidiaria), considera que, de conformidad con las exigencias enunciadas en el programa de Estocolmo, los diferentes estatus deberían tratarse a través de normas específicas y autónomas que tengan en cuenta la particular situación (incluso desde el punto de vista de las dificultades prácticas para responder a la demanda de información y la presentación de documentos) en que se encuentran la personas que gozan de esas formas de protección. Por consiguiente, la directiva relativa a la regulación general de las reunificaciones no debería aplicarse a los familiares de extranjeros acogidos a formas de protección, mientras que las reunificaciones familiares de estos últimos deberían ser objeto de una normativa autónoma, que también tenga en cuenta los vínculos familiares contraídos eventualmente después de entrar en el territorio del Estado de acogida.

24.

Considera que la decisión de algunos Estados de introducir la prueba del ADN para la identificación de los hijos, a menos que se aplique como último recurso, puede constituir una violación del principio de proporcionalidad, así como de los derechos fundamentales, como el derecho al respeto a la vida privada y familiar (artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos).

25.

Sobre los temidos fraudes que se producirían con los matrimonios de conveniencia, solicita a la Comisión y/o los Estados miembros que recaben datos sobre la magnitud real del fenómeno. Si no se dispone de datos específicos, considera oportuno que se efectúen estudios específicos en todos los Estados miembros para averiguar con mayor precisión la realidad de este fenómeno y promover las buenas prácticas a fin de combatir estos problemas.

26.

En cuanto a los costes de la reunificación familiar a cargo del reagrupante, señala el riesgo de que algunos Estados miembros aumenten artificialmente los costes administrativos para utilizarlos como instrumento que permita limitar arbitrariamente las entradas, lo que está en total contradicción con el principio de proporcionalidad, que exige que los medios se adapten a los fines; ahora bien, el objetivo es favorecer el ejercicio del derecho considerado y no impedirlo; por consiguiente, sería oportuno pedir a los Estados miembros que fijen el importe de los gastos de manera tal que no haga imposible toda aplicación concreta de la directiva.

27.

Considera que habría que recomendar a los Estados miembros que respeten el plazo previsto por la directiva para adoptar una decisión sobre la solicitud de reunificación familiar. Todo procedimiento de derogación establecido por un Estado miembro para prolongar este plazo más allá de lo razonable constituye un obstáculo a la plena aplicación de la directiva.

28.

Por lo que respecta a las dificultades alegadas para respetar las cláusulas horizontales obligatorias previstas en la directiva, espera que la Comisión Europea adopte todos los instrumentos y medidas previstos por los Tratados y directivas para asegurar el pleno respeto del Derecho de la UE por los Estados miembros.

29.

El Comité solicita una mayor participación del nivel local en una gobernanza multinivel, condición sine qua non para una política coherente de inmigración, respetuosa de los derechos fundamentales e idónea para promover el bienestar de las comunidades de acogida de los inmigrantes. En muchas regiones y comunidades de Europa se han registrado experiencias ejemplares de integración, y no pocas ambigüedades de las legislaciones nacionales en la interpretación concreta de la directiva se han resuelto positivamente, gracias a la experiencia práctica de las instituciones locales. El CDR subraya la necesidad de obtener la máxima información en esta materia y ofrece su total cooperación a los Estados miembros y las demás instituciones europeas a la hora de recabar y difundir informaciones y buenas prácticas donde quiera que estos datos estén disponibles a nivel local o regional.

27.7.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 225/11

—

observa que la tendencia correspondiente a una ralentización de la evolución positiva de la calidad del aire se deriva, en gran parte, del carácter excesivamente timorato de la política de la UE basada en la fuente y de falta de normas nacionales. Se hace pesar sobre los entes locales y regionales grandes cargas y responsabilidades para solventar las dificultades. Es necesario adoptar un enfoque multinivel, en el que cada uno de los niveles (europeo, nacional, regional y local) debe asumir sus responsabilidades y adoptar las medidas que pueden y deben tomarse a la escala correspondiente;

—

insiste en que las políticas de la UE de inmisión y emisión han de coordinarse entre sí. A tal fin, es conveniente, en la fase de elaboración de la política, definir unos niveles de ambición similares y unos calendarios sincronizados para la política de la UE en materia de inmisiones;

—

recomienda que se refuerce la política de la UE sobre emisiones, en particular mediante una revisión de la Directiva sobre techos nacionales de emisión que sea suficientemente ambiciosa como para reducir las tasas de concentración de fondo; reforzar las normas Euro sobre los vehículos en lo referente al NO2, al NOx y a las partículas finas; eliminar las diferencias existentes entre las normas europeas aplicables a las emisiones de vehículos y las emisiones efectivas de los vehículos en condiciones reales mediante la gestión de las emisiones procedentes de la navegación y del tráfico aéreo, así como las emisiones de amoniaco originadas por la agricultura;

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recomienda reducir mediante la revisión de las Directivas sobre la calidad del aire (2008/50/CE y 2004/107/CE), en particular, el número de sustancias así como el de los niveles objetivo y de los techos centrándose en las sustancias más contaminantes y los indicadores que mejor reflejan los aspectos relativos a la salud pública; que se evalúe si la concentración de partículas y el hollín podrían ser indicadores más adecuados, y de qué manera cabría incluirlos en la Directiva; que se analice la posibilidad de emplear los límites medios anuales relativos al PM10 sobre la base de medias de concentraciones plurianuales; ampliar la posibilidad de conceder excepciones adicionales para rebajar los niveles de NO2 en circunstancias específicas; imponga, además, normas más específicas sobre la implantación de las estaciones de medición, a fin de garantizar la comparabilidad de los datos medidos.

Ponente

Cor LAMERS (NL/PPE), Alcalde de Houten

Referencias

Escrito del Vicepresidente de la Comisión Europea del 19 de julio de 2011

1.

Toma nota de que la Comisión tiene previsto presentar en 2013 una revisión completa de la política europea en materia de calidad del aire, acompañada de nuevos objetivos a largo plazo para el período posterior a 2020. Se trata, concretamente, de una revisión pormenorizada que abarca los aspectos siguientes:

2.

Se congratula de que la Comisión le haya pedido que elabore un dictamen exploratorio sobre el futuro de la política de la UE en materia de calidad del aire.

3.

Precisa que el presente dictamen (1), por ser prospectivo y elaborarse durante la fase de recolección de información del proceso decisorio europeo, aborda tanto cuestiones políticas y de gestión como técnicas (recomendaciones dirigidas al legislador, así como propuestas relativas a los procedimientos).

4.

Observa que la calidad del aire influye en la vida cotidiana y la salud de los ciudadanos, tanto de las ciudades como de las zonas rurales. En materia de mejora de la calidad del aire, los aspectos prioritarios son la salud de las personas y el medio ambiente. Al mismo tiempo, se debe aspirar a un equilibrio entre el desarrollo económico y la lucha contra la contaminación atmosférica. La mejora de la protección del medio ambiente y de la salud pública puede suponer un impulso para la economía y reducir los costes económicos que suponen las cargas derivadas de las enfermedades y los perjuicios para la salud.

5.

Se congratula de que la calidad del aire en la UE haya mejorado sensiblemente gracias a una combinación entre las políticas europeas en este ámbito, por una parte, y las políticas y normas de los Estados miembros (de alcance nacional, regional y local), por otra. Se congratula de que la calidad del aire en la UE haya mejorado sensiblemente gracias a una combinación entre las políticas europeas en este ámbito, por una parte, y las políticas y normas de los Estados miembros (de alcance nacional, regional y local), por otra.

6.

Observa que la contaminación atmosférica provoca los problemas y las congestiones de mayor gravedad en las aglomeraciones urbanas. Observa que la contaminación atmosférica provoca los problemas y las congestiones de mayor gravedad en las aglomeraciones urbanas.

7.

Observa, por otra parte, que las zonas rurales y la periferia de las zonas urbanas también se ven afectadas por la contaminación atmosférica lo cual acarrea consecuencias nada desdeñables para el medio ambiente, los cultivos y los espacios naturales.

8.

Afirma que es necesario reducir la contaminación del aire por motivos de salud pública, pero conservando la buena dinámica social y económica de nuestras ciudades. En la mayoría de los Estados miembros, una de las principales fuentes directas de puntos negros en materia de contaminación atmosférica por NO2 es el tráfico motorizado, tanto de vehículos particulares como de transporte de mercancías, que utiliza mayoritariamente gasóleo y gasolina. Por consiguiente, es indispensable actuar más eficazmente que en la actualidad, tanto en lo relativo a las normas de emisiones como a la gestión del tráfico.

9.

Considera que la clave de la revisión de la política sobre la calidad del aire en la UE reside en la manera en que la legislación de la UE puede suscitar una mejora de la calidad del aire, es decir qué tipo de legislación y normas convienen. A este respecto, cabe resaltar al menos los aspectos siguientes: un enfoque de gobernanza multinivel, un enfoque global y la aplicación efectiva de la legislación de la UE en los Estados miembros. Conviene dar prioridad a la aplicabilidad de la directiva europea y a los problemas que plantea su puesta en práctica a nivel local y regional.

10.

Afirma que la gobernanza ha de ser un elemento esencial de la aplicación de la nueva reglamentación de la UE en materia de calidad del aire. La contaminación atmosférica tiene aspectos transfronterizos y nacionales, lo cual requiere la adopción de medidas a todos los niveles de gobierno (europeo, nacional, regional y local). El Comité recomienda un enfoque multinivel con arreglo al cual cada esfera de poder asuma sus responsabilidades y se abstenga de intervenir, salvo si constituye el nivel más adecuado para ello.

11.

Insiste en la necesidad de imprimir un enfoque global al proceso de elaboración de la nueva legislación europea. Se trata de prevenir en la medida de lo posible la contaminación atmosférica. Es esencial determinar las fuentes de contaminación y gestionar las emisiones en la fuente, de la manera más eficaz económicamente y más respetuosa posible del medio ambiente.

12.

Afirma que para mejorar la salud pública se requiere una política europea ambiciosa sobre la calidad del aire. No obstante, una política europea en materia de inmisiones, que incluya techos relativos a las sustancias contaminantes, debe completarse imperativamente con una política eficaz en materia de emisiones, basadas en medidas de ámbito europeo encaminadas a la reducción en la fuente. Por consiguiente, el nivel de exigencia de la Directiva revisada ha de articularse minuciosamente con la severidad de los techos de emisión nacionales y de la política de la UE en materia de emisiones (política de reducción en la fuente). A tal efecto, el Comité considera que la fusíón de las Directivas sobre la calidad del aire (2008/50/CE y 2004/107/CE) con la Directiva relativa a los límites nacionales de emisión (2001/81/CE) favorecerá la armonización de sus respectivos niveles de exigencia.

13.

Estima que la estrategia temática sobre la contaminación del aire ha contribuido a disminuir la exposición de los ciudadanos a los contaminantes atmosféricos y a mejorar la situación del medio ambiente.

14.

Lamenta que no todas las medidas de reducción basadas en la fuente integradas en la estrategia temática hayan sido llevadas efectivamente a la práctica. Entre las principales normas de reducción basadas en la fuente que se han incumplido figuran:

15.

Observa que los entes locales y regionales hacen grandes esfuerzos por mejorar la calidad del aire, mediante la adopción de medidas como:

16.

Observa que la política europea en todos los niveles debería impulsar aún más la reducción cuantitativa, así como la transferencia geográfica y sectorial, del tráfico motorizado, tanto de vehículos particulares como de transporte de mercancías. Es preciso señalar, no obstante, que únicamente con estas medidas no es posible garantizar que se respeten los valores límite de los PM10, los PM2,5 y el NO2. Ello se debe principalmente a razones correspondientes a tres categorías: influencia limitada, posibilidades limitadas y margen de maniobra limitado (véanse los puntos 17, 19 y 22).

17.

Considera que los entes locales y regionales pueden influir poco por sí mismos, desde un punto de vista geográfico, en la mejora de la calidad del aire en su ámbito territorial (primera categoría de escollos). Las políticas local y regional están encaminadas hacia la reducción de las emisiones procedentes de fuentes locales, mientras que, en particular, las concentraciones de partículas finas (PM10 y PM2,5) y las concentraciones de ozono a escala local proceden precisamente en gran parte de emisiones transfronterizas o suprarregionales.

18.

Observa que el nivel comprobado de concentración de fondo de las partículas contaminantes y las numerosas insuficiencias en la transposición y revisión de la Directiva relativa a los límites nacionales de emisión (2001/81/CE) pueden limitar las perspectivas de éxito de los entes locales y regionales para cumplir las normas de la UE sobre calidad del aire. Las emisiones acumuladas (a escala local, regional, nacional e internacional) constituyen las denominadas concentraciones de fondo. Estas pueden ser tan elevadas que en cuanto se produce una contaminación débil en la esfera local, la tasa de contaminación se aproxima al techo o incluso lo rebasa. En estos casos, el margen de maniobra de las ciudades y regiones afectadas es obviamente muy escaso.

19.

Concluye que las posibilidades de que disponen los entes locales y regionales para adoptar medidas son limitadas (segunda categoría de escollos). Las políticas de las ciudades se centran sobre la movilidad, el ordenamiento territorial y la adopción de medidas específicas para lograr que desaparezcan los denominados «puntos negros». En general, las autoridades locales raramente pueden adoptar medidas eficaces basadas en las características de la fuente.

20.

Pone de relieve que, al elaborar sus políticas sobre la calidad del aire, los entes territoriales han anticipado las ventajas a que se aspira mediante la imposición de normas a escala de la UE basada en la fuente. A posteriori, se infiere forzosamente que una política basada en la fuente demasiado timorata –que además no siempre ha arrojado los resultados esperados en cuanto al transporte por carretera en la UE– es uno de los principales factores del rebasamiento de los límites al nivel local y regional.

21.

Observa que rebajar las concentraciones en el ámbito local requiere normas de alcance meramente local que pueden tener una gran influencia en la vida diaria y entrañan unos costes considerables. Precisamente, se trata de recursos de los que frecuentemente carecen los entes locales y regionales, y para los cuales no tienen competencia formalmente en todos los Estados miembros. Además, una política internacional y europea de reducción de las emisiones en la fuente resultaría mucho más eficiente en cuanto a los costes.

22.

Observa que las competencias de los entes locales y regionales son limitadas (tercera categoría de escollos) y lamenta que en muchos Estados miembros las medidas de apoyo de alcance nacional sean inexistentes o insuficientes, lo cual perjudica aún más a los entes territoriales. Por ejemplo, no todos los Estados miembros han establecido un plan sobre la calidad del aire. En general, no han optado por un enfoque global de la calidad del aire vinculante para todos los niveles de gobernanza. En ciertos casos, los responsables nacionales desaconsejan, o incluso llegan a prohibir, a los entes locales y regionales que emprendan medidas adicionales o más restrictivas. Por ejemplo, en algunos Estados miembros, los entes locales no están autorizados a instaurar zonas de baja tasa de emisiones, sino que ello incumbe a las autoridades nacionales. De igual modo, las normas del mercado interior de la UE limitan el abanico de opciones de que disponen las políticas locales y regionales. En efecto, la libre circulación de bienes y personas se obstaculiza con el establecimiento de zonas ambientales demasiado extensas (por ejemplo, regionales) y el cierre de carreteras y de puentes. Por esta misma razón, la prohibición de vehículos contaminantes a nivel nacional es imposible.

23.

Señala que en varios Estados miembros se están elaborando legislaciones nacionales que permitirán trasladar a los entes locales y regionales las sanciones pecuniarias impuestas a raíz de los requerimientos de la UE. Los entes territoriales han de velar por el respeto de los límites partiendo de los medios y posibilidades limitados de que disponen. Los responsables de ámbito nacional y europeo disponen de instrumentos y medios mucho más amplios y eficaces. Por consiguiente –en caso de rebasamiento de los límites establecidos– sigue incumbiendo a los Estados miembros la obligación de asumir el pago de las multas. El Comité considera injusto cualquier traspaso de multas a los entres locales y regionales, razón por la cual se opone a ello.

24.

observa que la tendencia correspondiente a una ralentización de la evolución positiva de la calidad del aire se deriva, en gran parte, del carácter excesivamente timorato de la política de la UE basada en la fuente y de falta de normas nacionales; se hace pesar sobre los entes locales y regionales grandes cargas y responsabilidades para solventar las dificultades;

25.

Observa, igualmente, que la lucha contra la contaminación del aire no está suficientemente coordinada entre los Estados miembros. Por ejemplo, los umbrales de información y de alerta no son iguales para todos los países vecinos, el intercambio de información en tiempo real entre Estados miembros en caso de incidente grave de contaminación no está organizado y los planes de acción no están coordinados entre ellos en las grandes áreas de contaminación comunes a varios Estados.

26.

Hace hincapié en que un solo nivel de gobernanza no es capaz de solventar todos los problemas sobre la calidad del aire ni poner en práctica la política europea. Es necesario adoptar un enfoque multinivel, en el que cada uno de los niveles (europeo, nacional, regional y local) debe asumir sus responsabilidades y adoptar las medidas que pueden y deben tomarse a la escala correspondiente.

27.

Destaca que los entes locales y regionales dependen en parte de las normas de alcance nacional e internacional basadas en la fuente para reducir sustancialmente las concentraciones de fondo mediante la limitación de las emisiones. Sobre esta base, los entes locales y regionales pueden formular sus propias políticas, por ejemplo, mediante el refuerzo de los requisitos de acceso a las zonas de interés medioambiental.

28.

Considera que la aplicación de la legislación sobre la calidad del aire no es una cuestión meramente jurídica (de incorporación al ordenamiento nacional). Si la estructura institucional interna del Estado miembro lo permite, el Comité recomienda la instauración de planes sobre la calidad del aire y/o programas de reducción nacionales y/o federales basados en un enfoque integrado y coordinados entre ellos, que tengan en cuenta los aspectos transnacionales del fenómeno que debe contrarrestarse. Aboga por una orientación multinivel y recomienda la creación en los Estados miembros de equipos interministeriales, en los cuales los expertos de distintos niveles de gobernanza elaboren conjuntamente planes y programas nacionales (2) Esta medida puede favorecer la coherencia global y la coordinación entre las medidas nacionales, regionales y locales.

29.

Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Comisión Europea para poner de relieve las mejores prácticas de los entes locales y regionales; pide, además, que se prosiga con esta política.

30.

Reconoce la importancia de la coherencia y la sinergia con las iniciativas a escala internacional; destaca que los límites sobre las emisiones instaurados en el marco de la revisión del Protocolo de Gotemburgo han de considerarse el complemento indispensable de la revisión de la Directiva de la UE sobre techos nacionales de emisión (2001/81/CE).

31.

Considera importante garantizar la coherencia y la sinergia entre las medidas relativas a los distintos contaminantes. A tal efecto, es esencial imprimir un enfoque global a las políticas de la UE sobre la calidad del aire y demás políticas medioambientales, a saber, sobre el clima, la industria, el transporte, la vivienda o la energía. Reforzar la sostenibilidad de la política de transportes e introducir modos de producción y de consumo de energía sostenibles pueden desembocar en una reducción significativa de la contaminación del aire. Vinculación entre las políticas de la UE sobre emisiones e inmisiones

32.

Lamenta que las sinergias entre las distintas medidas brillen a menudo por su ausencia. Algunas medidas que tienen efectos positivos en algunos ámbitos pueden tener efectos perjudiciales en otros. Así, por ejemplo, el empleo creciente de biomasa, tal como el biodiésel en instalaciones pequeñas, puede hacer que aumenten las emisiones de hollín, lo cual pone en riesgo la calidad del aire y la salud pública. El aumento del número de vehículos diésel, aunque puede suponer una disminución de las emisiones de CO2, incide negativamente en la emisión de partículas finas. A su vez, las técnicas de reducción de las emisiones de partículas finas pueden incidir negativamente en cuanto a las emisiones de NO2 de los vehículos diésel, lo cual retrasaría (como ya ha sido el caso) la evolución a la baja de las concentraciones de NO2. Conviene prevenir en la medida de lo posible dichas consecuencias negativas mediante la integración reforzada de las políticas. A tal efecto, se recomienda orientarse en los ámbitos de actuación de que se trate hacia situaciones en las que todos ganen o al menos establecer criterios sobre cuándo es preferible priorizar un objetivo u otro.

33.

Observa que sería conveniente vincular la política de mejora de la calidad del aire con la política de fomento del uso de fuentes de energía alternativas. El uso de energías alternativas (por ejemplo, instalaciones para la utilización de la geotermia, paneles fotovoltaicos, etc.) contribuiría notablemente a mejorar la calidad del aire.

34.

Destaca la falta de integración entre las políticas de lucha contra el cambio climático y las políticas sobre la calidad del aire. Hace hincapié en las sinergias entre las políticas climática y sobre la calidad del aire. La política sobre la calidad del aire influye positivamente en la lucha contra el cambio climático. No obstante, el impacto de la política climática sobre la contaminación atmosférica es limitado. En efecto, la política climática tiene una dinámica y un calendario propios.

35.

Considera que las políticas sobre la calidad del aire y sobre ruido ambiental ofrecen grandes posibilidades de establecer sinergias, en particular cuando se puede lograr disminuir el tráfico, y que, a este respecto, conviene aspirar a una situación en la que todos ganan en ambos ámbitos de actuación (4).

36.

Pide que se amplíe la relación de las emisiones e inmisiones mediante un sistema de «supervisión integrada», con una consideración y una evaluación coordinada de las emisiones, una ampliación del abanico de los contaminantes, siempre que se demuestre adecuadamente que realmente afectan a la salud de las personas o al medio ambiente, o bien, en caso de evaluación, se restrinja al seguimiento por modelización y la creación de modelos de dispersión, así como la evaluación de la contaminación y del impacto espacial y temporal, siempre y cuando esto no suponga un aumento excesivo de las cargas administrativas.

37.

En efecto, las inmisiones se derivan siempre de los niveles de emisión, la procedencia de las emisiones, así como las condiciones en que se produce su transmisión, es decir, su difusión. Además, una política sobre emisiones ambiciosa puede ser el medio más eficaz para reducir las inmisiones (niveles de concentración).

38.

Observa que la ambiciosa política de inmisiones de la UE no se ha plasmado automáticamente en una política europea de emisiones igualmente ambiciosa, lo cual ha suscitado un desequilibrio entre ambas; por tanto, en muchos Estados miembros las dificultades de aplicación (véase apartado B) y la ralentización de la mejora de la calidad del aire se deben en gran medida a, entre otras, incoherencias entre las políticas de la UE de inmisión y de emisión, que deberán, por tanto, abordarse en cualquier futura modificación de las políticas y medidas en este ámbito, con el fin de restaurar el equilibrio necesario:

39.

Afirma que los nuevos objetivos relativos al nivel deseado de calidad del aire (establecimiento de límites más exigentes) han de ser realistas y alcanzables; por tanto, han de conjugarse con normas (sobre las emisiones basadas en la fuente) que logren reducir eficazmente las emisiones en todo el territorio de la UE. A tal fin, es conveniente, en la fase de elaboración de la política, definir unos niveles de ambición similares y unos calendarios sincronizados para la política de la UE en materia de inmisiones (véase el punto anterior). El Comité pide que también se preste atención a la fase de aplicación, durante la cual podría resultar que no se adopten determinadas medidas de reducción en la fuente, anunciadas en la estrategia temática revisada, o que en la práctica no conduzcan al objetivo de reducción de las emisiones (previsto en la política en matera de emisiones). El Comité sugiere que, en este caso, la Comisión Europea tome medidas de compensación, que permitan evitar que las actuales incoherencias entre las políticas de la UE en materia de emisiones e inmisiones vuelvan a producirse y obliguen a los entes locales y regionales a afrontar una misión imposible.

40.

Propone, a efectos de la elaboración de la nueva política europea sobre la calidad del aire -con arreglo a la necesaria coherencia entre las políticas de inmisión y emisión– el calendario siguiente:

41.

Observa que la contaminación atmosférica se debe, en gran medida, al tráfico por carretera y aéreo, la navegación, la calefacción, los hogares, la industria y la ganadería intensiva. Por consiguiente, una política ambiciosa de reducción en la fuente de contaminación resulta indispensable (5). No obstante, en este contexto es necesario tener en cuenta que el tráfico por carretera motorizado es uno de los responsables directos de la contaminación del aire en las zonas urbanizadas.

42.

Se congratula, en aras de la calidad del aire, del nivel de exigencia al que se aspira en el Libro Blanco «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» [COM(2011) 144 final]. No obstante, para alcanzar el nivel indispensable de calidad del aire, el Comité aboga por el establecimiento de un plan de acción europeo que incluya objetivos intermedios, medidas concretas (como las medidas europeas de reducción en la fuente) y evaluaciones intermedias (6).

43.

Pide que la UE, además de procurar disminuir las emisiones de cada fuente móvil o fija, se ocupe más sistemáticamente que antes de reducir el volumen total de las emisiones que emanan de las diferentes fuentes. Hasta ahora, buena parte de esas medidas de política cuantitativa se ha dejado en manos de los entes locales y regionales. En un primer momento, la contribución de la UE podría comprender las siguientes medidas:

44.

Considera que la política de la UE sobre emisiones ha de apoyarse en normas (junto con acciones basadas en objetivos y en una normativa al respecto) para no frenar otras innovaciones de carácter técnico.

45.

Recomienda la introducción de una norma de prevención similar al marco jurídico en materia de residuos y que permita explotar en consecuencia los recursos disponibles.

46.

Señala que el incumplimiento generalizado de los valores límite de NO2 debe atribuirse fundamentalmente a la insuficiencia y los retrasos de la UE para limitar las emisiones (de los vehículos de motor) y, por tanto, recomienda que se refuercen las normas Euro sobre los vehículos en lo referente al NO2, al NOx y a las partículas finas. Es importante respetar escrupulosamente los plazos señalados a efectos de la introducción de las normas Euro 6.

47.

Recomienda, asimismo, reforzar las normas sobre las emisiones procedentes de otras fuentes móviles, como, por ejemplo, la maquinaria fuera de carretera (off-road), la instalación de filtros en vehículos ya en circulación (retrofit) o la actualización de las normas europeas para las motocicletas, entre otros.

48.

Señala las diferencias existentes entre la reglamentación y las emisiones efectivas de los vehículos. Las normas Euro 5 eran (y siguen siendo) ambiciosas. Sin embargo, esta ambición no se ve reflejada en una reducción importante de la contaminación atmosférica. Esto se explica principalmente por las diferencias existentes entre la realidad jurídica de la reglamentación europea y las emisiones efectivas del tráfico por carretera. A raíz de la introducción de las normas Euro 3 sobre los camiones quedó patente que las emisiones del tráfico real eran mucho más elevadas de lo previsto y no correspondían a la reducción programada de la tasa de emisiones. Este problema se volvió a observar en relación con las normas 4 y 5 sobre, respectivamente, los camiones y los automóviles que funcionan con gasóleo y, en menor medida, en cuanto a las emisiones de NOx procedentes de los automóviles. Para concretar las ambiciones de la legislación europea, es necesario asegurar que la norma Euro 6 que se aplica a las emisiones de los vehículos durante el ciclo de ensayo se corresponda en mayor medida con las emisiones reales de un desplazamiento urbano de tipo medio.

49.

El Comité llama la atención también sobre el hecho de que, en la práctica, los camiones nuevos son a menudo objeto de adaptaciones técnicas. En consecuencia, las emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas finas en condiciones reales son más elevadas que las previstas sobre la base de las pruebas de homologación. En la medida de lo posible, conviene evitar y sancionar esta práctica en el momento de la introducción de los camiones que cumplan las normas Euro VI. Para prevenir este problema, el Comité pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que refuercen la legislación, la homologación de los camiones y las inspecciones en la materia. También convendrá estudiar si se pueden impedir estas adaptaciones técnicas en el futuro.

50.

Pide que se preste particular atención a los vehículos pesados (autobuses y camiones), que generalmente son los que más contaminan. Los de tipo medio (en particular, los destinados a las entregas o suministros) también emiten niveles de NOx claramente por encima de la media de los vehículos de transporte de viajeros. Por tanto, la política de la UE en materia de emisiones debe prestar especial atención a hacer más estrictas las normas de emisiones aplicables a los vehículos pesados y de categoría intermedia, pero también a los automóviles que funcionan con motor de gasóleo, acompañándolas de medidas adecuadas de gestión de la logística comercial y de incentivación y mejora del transporte público local.

51.

Observa que el desgaste de los neumáticos y de los discos de los frenos, junto con el desgaste del pavimento y la resuspensión de las partículas de las vías de circulación, contribuye a elevar la concentración de partículas finas y recomienda que, en el Programa marco de la UE sobre investigación, se emprendan estudios para reducir este tipo de emisiones. Observa que en Europa sigue correspondiendo al sector industrial una cuota importante de las emisiones globales. El Comité propone, asimismo, elaborar una guía de buenas prácticas con recomendaciones sobre métodos para retener las partículas y evitar que las sustancias contaminantes vuelvan a difundirse nuevamente en el aire.

52.

La reducción de dichas emisiones está regulada mediante la Directiva sobre las emisiones industriales (2010/75/UE). Ambiciosos documentos de referencia sobre las mejores técnicas disponibles (BREF) y las conclusiones que se extraigan de ellos son instrumentos determinantes para reducir las concentraciones de fondo. Para seguir empleando en el futuro las mejores tecnologías disponibles (MTD) es necesario actualizar periódicamente los BREF, incluidas sus conclusiones, los cuales han de ser suficientemente ambiciosos como para reducir las tasas de concentración de fondo en toda Europa. Igualmente conviene recurrir lo menos posible a las excepciones (7).

53.

Observa que las explotaciones agrarias originan parte de la contaminación atmosférica. Las emisiones de amoniaco contribuyen en gran medida a la acidificación y eutrofización. Para alcanzar los objetivos en materia de protección de la naturaleza, en particular para la conservación de las zonas Natura 2000, se requiere seguir reduciendo los niveles de NH3. La disminución de dichas emisiones está regulada por la Directiva sobre las emisiones industriales (2010/75/UE). Por otra parte, para las grandes explotaciones agrarias con una producción de tipo industrial también es importante poder seguir empleando en el futuro las mejores técnicas disponibles y, para ello, es necesario actualizar periódicamente los documentos de referencia sobre las mejores técnicas disponibles (BREF).

54.

Observa que el impacto de las emisiones del transporte marítimo sobre las concentraciones de contaminantes atmosféricos puede llegar a ser considerable en las ciudades y zonas portuarias, y en las vías navegables interiores con mucho tráfico, así como en las ciudades y regiones costeras. El Comité insta a los responsables políticos nacionales a velar por la aplicación de las directrices de la Organización Marítima Internacional (OMI) respecto al conjunto de las aguas costeras europeas. Deberían establecerse medidas para reducir las emisiones, tanto de partículas como de NOx, para los barcos de la navegación interior.

55.

Observa que las emisiones del transporte aéreo contribuyen a la concentración de fondo de las partículas contaminantes. El Comité exhorta a la UE y a las autoridades nacionales a que adopten las medidas necesarias y hagan más rigurosos los requisitos sobre emisiones del transporte aéreo.

56.

Subraya que la Directiva sobre techos nacionales de emisión es el instrumento por excelencia para reducir las concentraciones de fondo. La contaminación atmosférica transfronteriza constituye una parte importante de las concentraciones de fondo en numerosos Estados miembros y puede llegar a representar más del 50 % (de media nacional) en el caso de determinadas sustancias contaminantes. El Comité considera esencial que la revisión de la referida Directiva sobre techos nacionales de emisión sea suficientemente ambiciosa como para reducir las tasas de concentración de fondo en toda Europa. A tal efecto, la política local y regional sobre calidad del aire ha de ser realista y viable.

57.

Observa que la Directiva sobre techos nacionales de emisión es un instrumento importante para forzar a los Estados miembros a adoptar normas de reducción en la fuente. A tal fin, no obstante, es esencial equiparar el nivel de exigencia de la revisión de la Directiva sobre techos nacionales de emisión así como de la política de la UE sobre reducción basada en la fuente, por un lado, con el grado de severidad de las Directivas sobre la calidad del aire (2008/50/CE y 2004/107/CE). Los objetivos estrictos de las Directivas sobre la calidad del aire solo podrán alcanzarse si los dos primeros actos legislativos persiguen el mismo nivel de exigencia. A tal respecto, el Comité considera que la fusión de la Directiva sobre techos nacionales de emisión con las Directivas sobre calidad del aire favorecerá la armonización deseada de los distintos niveles de exigencia.

58.

Expresa su preocupación por el bajo nivel de ambición que muestran los Estados miembros en relación con la revisión en curso del Protocolo de Gotemburgo (que recoge los acuerdos internacionales suscritos en cuanto a los techos de emisión). Dicha revisión influye en la de la Directiva sobre los techos nacionales de emisión y, por tanto, en el nivel de exigencia que impondrá la Directiva sobre la calidad del aire. El Comité anima a los Estados miembros a optar por un nivel de exigencia más estricto en el marco de la revisión del Protocolo de Gotemburgo.

59.

Pide que, al menos, se confeccione un inventario de las emisiones de carbono elemental u hollín y se organice un seguimiento para identificar los nuevos contaminantes atmosféricos que puedan entrar en el futuro en el ámbito de aplicación del Protocolo.

60.

Observa que las Directivas sobre la calidad del aire (2008/50/CE y 2004/107/CE) son instrumentos esenciales para atenuar la exposición de los ciudadanos y del medio ambiente a la contaminación atmosférica. La determinación de los niveles mínimos de protección ha generado en todos los Estados miembros medidas encaminadas a reducir las emisiones y a atenuar las concentraciones en las proximidades de los puntos críticos. La reducción de las emisiones en un país engendra simultáneamente la disminución de la contaminación atmosférica transfronteriza, de manera que los países vecinos se ayudan mutuamente a respetar los umbrale máximos.

61.

Considera que la mejora de la salud pública y la protección del medio ambiente deben ser el fundamento de la revisión de las Directivas sobre calidad del aire. Se debería reforzar el nivel de exigencia al respecto para la mejora de la salud pública. No obstante, el Comité impone como requisito al respecto que el nivel de ambición de la revisión ha de articularse cuidadosamente con el grado de exigencia de los techos nacionales de emisión y de la política de la UE sobre emisiones (política basada en la reducción en la fuente), tal como se ha señalado arriba (punto 57).

62.

Observa que las Directivas sobre la calidad del aire contienen actualmente 27 techos y niveles objetivo. El Comité observa, asimismo, que los distintos techos se solapan (por ejemplo, los techos diarios y anuales relativos al PM10 y los techos anuales referidos al PM10 y al PM2,5). Por otra parte, varios techos llevan bastantes años sin alcanzarse en gran parte de la UE. Por consiguiente, el Comité propone que se analice si el concepto de niveles objetivo aporta un valor añadido en el caso de las sustancias respecto de las cuales las Directivas establecen ya techos.

63.

Observa que la redacción de informes, exigidos por las Directivas, sobre las concentraciones registradas y sobre la evolución de la puesta en práctica de los programas sobre calidad del aire requiere mucho tiempo e impone una carga administrativa adicional a los entes locales y regionales.

64.

Estima que en aras de la salud pública y de la investigación científica, así como del objetivo de legislar mejor, de reducir las cargas administrativas y de facilitar la comunicación con los ciudadanos, cabría reducir el número de sustancias así como el de los niveles objetivo y de los techos. Ello puede lograrse centrándose en las sustancias más contaminantes y los indicadores que mejor reflejan los aspectos relativos a la salud pública.

65.

Recomienda, en cuanto a la contaminación derivada del tráfico, escoger el indicador que refleja mejor los aspectos relativos a la salud pública. A este respecto, la Directiva en vigor establece normas sobre los PM10, los PM2,5 y el NO2. No obstante, algunos estudios indican que el carbono elemental (hollín) y la concentración de partículas (aerosoles relacionados con la combustión) son mejores indicadores en cuanto a los componentes de la contaminación atmosférica vinculada con el tráfico de vehículos de motor con repercusiones para la salud pública. El hollín es la fracción del carbono que se libera a raíz de la combustión de cualquier combustible a base de carbono (entre otros, el gasóleo y la gasolina), en particular mediante motores de vehículos y navíos. Por consiguiente, el Comité recomienda asimismo que se analice la posibilidad de introducir una norma nueva sobre la concentración de partículas y el hollín

66.

Observa que conceder mayor atención al hollín podría ajustarse a las recomendaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia.

67.

Propone incluir en la Directiva la posibilidad de adaptación intermedia (mediante un procedimiento de refundición). En caso de que los estudios (véase el punto 65) y los resultados positivos concretos de los experimentos muestren que la norma basada en el carbono elemental es la más indicada para servir de indicador, convendría examinar si conviene incluirla como norma en la directiva y de qué manera.

68.

Señala que la Directiva en vigor establece tres techos y un objetivo de reducción sobre partículas finas (PM10 y PM2,5). Prevé, además, respecto de las partículas finas distintos límites, algunos de ellos valores medios anuales o diarios, lo cual complica su aplicación en la práctica e implica cargas administrativas injustificadas. El Comité es consciente del debate en curso sobre la simplificación de esta situación mediante el abandono de una de las normas sobre partículas finas, ya sea sobre los PM10 o los PM2,5, siempre que esté adecuadamente justificado por estudios de efectos sobre la salud y el medio ambiente. El Comité no se pronuncia al respecto.

69.

Reconoce que en algunos lugares es muy difícil respetar los techos relativos a los PM10. Aunque ello puede deberse a las circunstancias, a las especificidades de las fuentes locales, o bien a determinadas circunstancias meteorológicas específicas coincide con periodos de contaminación atmosférica a gran escala. El transporte de mercancías de larga distancia también puede contribuir en gran medida a la contaminación total. Para garantizar la deseable flexibilidad, el Comité propone que se analice si la evaluación basada en los límites medios anuales podría realizarse sobre la base de medias de concentraciones plurianuales.

70.

Observa que la introducción de una norma relativa a los PM2,5 se percibe como algo positivo, ya que probablemente implica una mejor correlación con los efectos que en la salud tienen los PM10. No obstante, existen muy distintos techos respecto de los PM2,5, al igual que para la exposición en general y la tasa de reducción. Ello representa un obstáculo para que los responsables políticos respeten dichos límites en todas sus facetas. No está claro aún si los entes locales y regionales pueden respetar satisfactoriamente los techos ni las tasas de reducción relativos a los PM2,5. La información al respecto sigue siendo insuficiente y no se pueden evaluar los efectos de dichas medidas. El Comité recomienda tener en cuenta la ausencia de dicha información a la hora de evaluar las normas sobre los PM2,5 y analizar la posibilidad de señalar un plazo más largo para el cumplimiento de las normas en determinadas situaciones.

71.

Propone que, a la espera de los estudios sobre una formulación alternativa de la norma, la Comisión Europea reconsidere la necesidad de imponer una norma sobre la concentración media horaria de los NO2, dado que los límites anuales parecen ser aún más «estrictos» y que es inconcebible adoptar normas de ámbito local para limitar las concentraciones medias horarias de NO2.

72.

Propone que la Directiva sancione el derecho de los ciudadanos a que se establezca un plan de acción en caso de superarse los límites de las emisiones contaminantes.

73.

Considera que, habida cuenta de las dificultades específicas para rebajar los niveles de NO2 en la atmósfera, conviene ampliar las posibilidades de prolongar los plazos (excepciones adicionales). El requisito para conceder dicha prolongación es que los Estados miembros afectados demuestren que, pese a haber adoptado todas las medidas razonablemente necesarias, en particular para limitar las distancias recorridas por los vehículos de motor, no han logrado respetar el techo fijado por la UE debido a que los motores de los vehículos no se ajustan a los niveles de emisión establecidos por las normas Euro (en otras palabras, en virtud de una política europea de reducción en la fuente defectuosa).

74.

Indica que el ozono (O3) se transforma en la atmósfera como consecuencia de la irradiación solar, como reacción de los denominados «compuestos precursores»: óxidos de nitrógeno, metano y otros compuestos orgánicos volátiles. Se registran concentraciones elevadas de ozono en distintas ciudades, en particular del sur de Europa. Los entes locales, pese a no poder influir en las concentraciones de ozono que se dan en su territorio, pueden no obstante contribuir a reducir las concentraciones de otros lugares mediante la reducción de las emisiones del tráfico. El Comité considera que la reducción de las concentraciones elevadas de ozono en las áreas urbanas debería constituir una prioridad, sobre todo para las políticas nacionales y europea sobre calidad del aire. Se considera que una política de emisiones relativa a los compuestos orgánicos volátiles es la medida más eficaz.

75.

Se remite a un estudio del Instituto Real de los Países Bajos para la Salud Pública y el Medio Ambiente (Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (8), en el que se muestra que los Estados miembros tienen poca influencia en la media anual de las concentraciones de ozono y casi no pueden actuar respecto de los picos de ozono que se produzcan en su territorio. Al mismo tiempo, las concentraciones de fondo a gran escala parecen aumentar ligeramente. El Comité considera que hay que tener en cuenta esta evolución en el marco de la evaluación de los niveles objetivo de ozono (objetivos a largo plazo) y de las consecuencias que tiene para la elaboración de las políticas y de los informes. En especial para los países meridionales, sometidos a mayor número de horas de sol -mayor radiación solar- y una mayor temperatura media, fenómenos que favorecen la formación de ozono troposférico, el cumplimiento de los niveles objetivo de ozono a largo plazo es difícil de respetar. El CDR recomienda analizar si cabe considerar este fenómeno como un tipo de contaminación natural de manera que reciba igual trato que la sal marina o la arena del Sahara.

76.

Recomienda que, para reducir las concentraciones de ozono, se haga hincapié especialmente en la reducción de las emisiones de gases que ocasionan la formación de ozono mediante la revisión de la Directiva relativa a los límites nacionales de emisión (2001/81/CE) y el refuerzo de la normativa sectorial sobre las principales fuentes.

77.

Subraya que la situación atmosférica puede ejercer una influencia negativa considerable en los niveles de contaminación atmosférica. Así, la sequía extrema observada durante los primeros meses de 2011 en gran parte de Europa occidental acarreó concentraciones elevadas de PM10. Esta influencia solo puede mitigarse mediante normas de ámbito local y regional, lo cual ha de tenerse en cuenta a efectos de la normativa de la UE previendo disposiciones relativas a los años extremos desde el punto de vista meteorológico, por ejemplo, mediante la instauración de una media plurianual.

78.

Subraya, a este respecto, la vinculación existente entre las tendencias económicas y la contaminación atmosférica, que debería tenerse en cuenta en la elaboración de futuras políticas. La crisis económica actual hace que disminuya la actividad económica (movilidad, industria y navegación), lo cual desemboca en una baja de las emisiones. Al mismo tiempo, los recursos financieros disponibles para innovar son, por otra parte, muy limitados, tanto a nivel privado (por ejemplo, la renovación de sistemas de calefacción o vehículos) como a nivel industrial. En el momento en que vuelva a activarse la economía, es muy posible que estas tendencias vuelvan a invertirse.

79.

Señala que el tipo de implantación de las estaciones de medición puede variar en función de los Estados miembros. Dado que cada implantación posee particularidades geográficas diferentes, que pueden influir en los valores de la calidad del aire, el Comité recomienda que el seguimiento siga siendo obligatorio, pero que se mejore gracias a normas más específicas en la implantación de las estaciones de medición, a fin de garantizar la comparabilidad de los datos medidos.

80.

Propone, a este respecto, la creación de una plataforma de intercambio de información en tiempo real sobre los niveles de contaminación atmosférica, así como una armonización de los umbrales de información y de alerta para coordinar mejor las acciones emprendidas por los Estados miembros en situaciones urgentes en caso de incidente grave de contaminación.

27.7.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 225/20

—

apoya las medidas de la Comisión Europea, encaminadas a limitar la reducción actual de numerosas poblaciones y garantizar la explotación de los recursos biológicos marinos a unos niveles que permitan alcanzar un máximo de capturas sostenibles hasta el año 2015, en la medida de lo posible;

—

considera que cuando sea posible, debería introducirse gradualmente una prohibición de los descartes, que afecte sobre todo a las especies industriales y sin embargo permita tirar por la borda aquellos organismos marinos que puedan sobrevivir una vez devueltos al mar;

—

señala a la atención los riesgos potenciales y los efectos negativos que puede presentar la introducción obligatoria de un sistema de concesiones de pesca transferibles y recomienda que estos sistemas sean voluntarios y competan a cada Estado miembro;

—

reconoce que la importancia económica y estratégica de la acuicultura justifica su impulso a través de un reglamento independiente;

—

solicita una mayor regionalización de la Política Pesquera Común; apoya plenamente el establecimiento de un proceso que tenga en cuenta las especificidades y necesidades de las regiones, incluida la colaboración con los consejos consultivos regionales (CCR), con el fin de adoptar medidas técnicas y de conservación para la aplicación de la Política Pesquera Común que permitan a esta adecuarse mejor a las realidades y particularidades de las pesquerías individuales, problemas transfronterizos incluidos;

—

celebra que el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) vaya a formar parte del nuevo marco estratégico común y articularse con los demás fondos regionales y rurales; solicita, no obstante, garantías para las financiaciones que beneficiarán a la pesca y la acuicultura y la participación de las regiones en su aplicación estratégica.

Ponente

Mieczysław STRUK (PL/PPE), presidente del voivodato de Pomerania

Textos de referencia

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura

COM(2011) 416 final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Reforma de la Política Pesquera Común

COM(2011) 417 final

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativo a las obligaciones de notificación derivadas del Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común

COM(2011) 418 final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la dimensión exterior de la Política Pesquera Común

COM(2011) 424 final

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Política Pesquera Común

COM(2011) 425 final

1.

Considera que la Política Pesquera Común debe contribuir a unas condiciones medioambientales, económicas y sociales sostenibles a largo plazo. Además, debe hacer posible un mejor nivel de vida para el sector pesquero y un mercado estable, y asegurar la disponibilidad de recursos y el abastecimiento de productos a los consumidores a precios razonables.

2.

Apoya las medidas de la Comisión Europea derivadas de la declaración de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 2002, encaminadas a limitar la reducción actual de numerosas poblaciones y garantizar la explotación de los recursos biológicos marinos a unos niveles que permitan alcanzar un máximo de capturas sostenibles hasta el año 2015, en la medida de lo posible.

3.

Señala que es especialmente acuciante acometer medidas para alcanzar el objetivo en relación con algunas poblaciones, y esta urgencia puede conllevar consecuencias socioeconómicas adversas. Es esencial que, al mismo tiempo que se emprenden medidas restrictivas y de protección, se lleve a cabo una labor activa de adaptación con aportaciones en ámbitos como, por ejemplo, el desarrollo de la vida económica, la formación y la seguridad en las condiciones de jubilación. La financiación de esta labor deberá recabarse tanto a nivel nacional y regional en la medida de sus posibilidades y competencias como de la UE.

4.

Está de acuerdo en que la explotación sostenible de los recursos biológicos debe basarse en un enfoque centrado en la precaución y el medio ambiente, con el fin de limitar el impacto de la actividad pesquera sobre el medio ambiente y de reducir y eliminar progresivamente las capturas no deseadas.

5.

Insta a que el objetivo de la explotación sostenible de los recursos biológicos se logre mediante un planteamiento plurianual para la gestión de la pesca, estableciendo como prioridad planes plurianuales que reflejen las especificidades de las distintas pesquerías e incluyan mecanismos que garanticen la posibilidad de adoptar las decisiones necesarias en caso de imprevistos.

6.

Considera, como parte del enfoque del ecosistema, que los planes plurianuales deben abarcar en la medida de lo posible múltiples poblaciones cuando estas sean explotadas conjuntamente. En el caso de las poblaciones para las que no se haya establecido un plan plurianual, es necesario garantizar índices de explotación que produzcan el rendimiento máximo sostenible, a través de la fijación de límites de capturas o de esfuerzo pesquero.

7.

Reconoce que una gestión de la pesca respaldada por los mejores dictámenes científicos disponibles, que tengan en cuenta los conocimientos ecológicos tradicionales adquiridos por los pescadores a lo largo de generaciones dedicadas a la pesca, exige disponer de conjuntos de datos armonizados, fiables y exactos, y llama la atención sobre la necesidad de cooperar con el sector pesquero en materia de recogida de datos. Insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que concedan los recursos apropiados para la investigación y la adquisición de competencias; destaca el papel del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP), como organización científica capaz de respaldar la actuación de la Comisión en favor de una gestión sostenible de la pesca.

8.

Considerando que la recogida de datos es necesaria para la evaluación económica y socioeconómica de las empresas activas en el sector de la pesca, de la acuicultura y de la transformación de productos de la pesca y de la acuicultura, así como datos sobre la evolución del empleo en estos sectores, la UE debería asignar recursos adecuados a los organismos regionales y nacionales para la recogida de dichos datos.

9.

Acoge favorablemente el punto de vista de la Comisión Europea de que las normas vigentes que restringen el acceso a los recursos situados dentro de las zonas de 12 millas marinas de los Estados miembros han resultado satisfactorias, obrando en beneficio de la conservación al limitar el esfuerzo pesquero en las zonas más sensibles de las aguas de la Unión. El Comité de las Regiones considera, por lo tanto, que estas normas deberán seguir aplicándose.

10.

Insiste en que debe seguirse protegiendo especialmente los recursos biológicos marinos en torno a las regiones ultraperiféricas, ya que contribuyen a preservar su economía local, dada su situación estructural, social y económica.

11.

Recuerda el principio establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar por el que se rige el país de desove e insta a los Estados miembros a cumplir sus disposiciones en sus respectivas zonas comerciales, al objeto de mantener la vitalidad de las poblaciones naturales de peces anádromos.

12.

Considera asimismo que conviene permitir que, en su zona de 12 millas marinas, y habida cuenta de las connotaciones medioambientales y socioeconómicas a nivel de la subárea geográfica (GSA) o a escala inferior, los Estados miembros adopten medidas de conservación y gestión aplicables a todos los buques pesqueros de la Unión, a condición de que, cuando se apliquen a los buques pesqueros de otros Estados miembros, las medidas adoptadas no sean discriminatorias, hayan sido consultadas previamente con otros Estados miembros interesados y comunicadas a estos últimos de manera adecuada, y la Unión no haya adoptado medidas encaminadas específicamente a la conservación y gestión en esa zona.

13.

Está de acuerdo en que son necesarios recursos para reducir y, si es posible, eliminar el elevado volumen actual de capturas no deseadas y descartes, que representan un desperdicio considerable y repercuten negativamente en la explotación sostenible de los recursos biológicos y los ecosistemas marinos, así como en la viabilidad económica de la pesca. En este contexto, cree que debería fomentarse el aumento de la selectividad de los artes de pesca y la mejora de las técnicas de pesca para reducir en la medida de lo posible los descartes, y, cuando sea posible, introducirse gradualmente una prohibición de los descartes, que afecte sobre todo a las especies industriales y sin embargo permita tirar por la borda aquellos organismos marinos que puedan sobrevivir una vez devueltos al mar.

14.

Considera que los operadores no deben obtener pleno provecho de las ventajas económicas de los desembarques de capturas no deseadas y que la transformación en harinas animales no responde adecuadamente a los objetivos medioambientales de la Comisión.

15.

Señala, además, que el Reglamento de base no parece el medio adecuado para una lista detallada de las especies cuyo desembarco es obligatorio. Esta obligación podría precisarse mejor en los diferentes planes de gestión por especie (mono o multiespecíficos).

16.

Considera que la normativa actual autoriza ya a los Estados miembros que lo deseen a imponer a su flota sistemas de cuotas individuales transferibles, con las consecuencias ya conocidas en materia de especulación y concentración. Habida cuenta de todo ello, no conviene imponer a todos los Estados miembros la obligación de introducir derechos de pesca transferibles o sujetos a arrendamiento.

17.

Cree asimismo que la duración de todo sistema de concesiones de pesca transferibles debe quedar en manos de los Estados miembros.

18.

Señala a la atención los riesgos potenciales y los efectos negativos que puede presentar la introducción obligatoria de un sistema de concesiones de pesca transferibles y recomienda que estos sistemas sean voluntarios y competan a cada Estado miembro.

19.

Insta a los Estados miembros a que, antes de introducir un sistema voluntario de concesiones de pesca transferibles, adapten sus propias normas jurídicas a fin de garantizar la protección adecuada de los intereses de la pesca artesanal y protegerse al mismo tiempo de los efectos negativos de la introducción del sistema, como, por ejemplo, la concentración o especulación excesivas.

20.

Recuerda, respecto de la eliminación del exceso de capacidad, las experiencias positivas de las ayudas al desguace.

21.

Considera que las características específicas y la vulnerabilidad socioeconómica del sector en muchos Estados miembros y las divergencias en las prioridades de la política socioeconómica entre los Estados miembros respecto de la pesca implican que el sistema obligatorio de concesiones de pesca transferibles es inadecuado y que el método para la asignación de las posibilidades de pesca junto con toda norma sobre su transferencia deberían seguir siendo competencia de los Estados miembros.

22.

Insta asimismo a que se tomen en consideración las condiciones específicas de las regiones ultraperiféricas a la hora de fijar los límites de la capacidad de pesca para la flota artesanal manteniendo los niveles de referencia actuales.

23.

Pide a la Unión Europea que promueva los objetivos de la Política Pesquera Común a nivel internacional. Con este fin, debe esforzarse por mejorar la actuación de las organizaciones regionales e internacionales en relación con la conservación y gestión de las poblaciones internacionales de peces, promoviendo la toma de decisiones basada en los dictámenes científicos y en la mejora del cumplimiento, así como una mayor transparencia y participación de las partes interesadas, especialmente los pescadores, y combatiendo la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR).

24.

Coincide en que los acuerdos con terceros países sobre la gestión sostenible de la pesca deben garantizar derechos de acceso a cambio de una contribución financiera de la Unión, y además deben contribuir a establecer un marco de gobernanza de alta calidad en dichos países a fin de garantizar medidas eficaces de seguimiento, control y supervisión de la explotación sostenible de los recursos pesqueros. Considera asimismo que los acuerdos con terceros países deben proporcionar a la flota pesquera de la Unión que depende de estos acuerdos un escenario de estabilidad, viabilidad y rentabilidad que garantice su futuro.

25.

Insta a que los acuerdos de asociación pesquera con terceros países establezcan un marco legal, económico y medioambiental para las actividades pesqueras llevadas a cabo por buques de la UE o para las inversiones realizadas por operadores de la UE en el campo de la pesca de acuerdo con las medidas pertinentes adoptadas por organizaciones internacionales incluyendo las ORP. Los acuerdos pesqueros estarán destinados entre otras cosas a garantizar que las actividades de pesca en los terceros países se desarrollen en condiciones de durabilidad y según modalidades mutuamente satisfactorias.

26.

Reconoce que la importancia económica y estratégica de la acuicultura justifica su impulso a través de un reglamento independiente que aborde las directrices de la Unión para los planes estratégicos nacionales con el fin de promover la competitividad del sector acuícola, apoyando su desarrollo e innovación en favor de la sostenibilidad ecológica económica y social en toda la cadena de producción y comercialización, incentivando el perfeccionamiento y la diversificación locales y, de ese modo, promoviendo también la mejora de la calidad de vida de las zonas rurales y costeras. También es importante establecer mecanismos para el intercambio de información y de buenas prácticas entre los Estados miembros, a través de un método abierto de coordinación de las medidas nacionales relativas a la seguridad de las empresas, el acceso a las aguas y al espacio de la Unión, con especial atención a la compatibilidad de la conservación del entorno y el desarrollo de la actividad en zonas catalogadas dentro de la Red Natura 2000, y la simplificación administrativa del proceso de concesión de licencias y autorizaciones.

27.

Reconoce la necesidad de crear un comité consultivo sobre acuicultura, que pueda hablar realmente en nombre del sector y que comprenda, por consiguiente, una necesaria representación del mundo productivo (asociaciones profesionales, organizaciones de productores o cámaras de comercio).

28.

Está de acuerdo en que, dada la imprevisibilidad de las actividades pesqueras, resulta apropiado establecer un mecanismo de almacenamiento de los productos de la pesca destinados al consumo humano, a fin de contribuir a una mayor estabilidad en los mercados e incrementar el rendimiento obtenido por los productos, en particular mediante la creación de valor añadido. Este mecanismo debería ampliarse también a los productos de la acuicultura.

29.

Reconoce que la aplicación de normas comunes de comercialización debe permitir abastecer el mercado de productos sostenibles, desarrollar plenamente el potencial del mercado interior de productos de la pesca y de la acuicultura, y facilitar las relaciones comerciales basadas en una competencia leal, contribuyendo así a mejorar la rentabilidad de la producción.

30.

Considera que es esencial que, dada la creciente variedad de productos de la pesca y de la acuicultura, se facilite, de forma clara, inteligible y asimilable, a los consumidores una información obligatoria mínima acerca de las características principales de los productos.

31.

Insta a que la organización común de mercados se aplique de conformidad con los compromisos internacionales de la Unión, en particular en lo que respecta a la Organización Mundial del Comercio, sin menoscabo de la instauración de establecer la uniformidad y homologación de medidas higiénico – sanitarias para los productos procedentes de terceros países y de desarrollar una práctica comercial marítimo – pesquera que favorezca la erradicación de la pesca INDNR.

32.

Solicita la instauración, cuando sea posible, de una certificación pública de los productos del sector pesquero de la UE para garantizar que procedan de pesquerías gestionadas de manera apropiada.

33.

Solicita una mayor regionalización de la Política Pesquera Común, de modo que los conocimientos y la experiencia de todas las partes interesadas, en particular los entes locales y regionales, puedan aprovecharse en la Política Pesquera Común, y subraya la importancia de las estrategias macroeconómicas.

34.

Subraya las interacciones cada vez mayores entre la pesca de recreo, los pescadores profesionales y las comunidades pesqueras.

35.

Apoya plenamente el establecimiento de un proceso que tenga en cuenta las especificidades y necesidades de las regiones, incluida la colaboración con los consejos consultivos regionales (CCR), con el fin de adoptar medidas técnicas y de conservación para la aplicación de la Política Pesquera Común que permitan a esta adecuarse mejor a las realidades y particularidades de las pesquerías individuales, problemas transfronterizos incluidos.

36.

Asimismo, considera que los CCR u otras estructuras asociativas similares deberían fortalecerse para garantizar que las comunidades locales no sólo sean objeto de consulta, sino que participen realmente en la gestión de sus recursos pesqueros locales.

37.

Insta a que en la aplicación de la Política Pesquera Común se tengan en cuenta las interacciones con otros asuntos marítimos, reconociéndose la interrelación entre todas las cuestiones relacionadas con los mares y océanos de Europa, incluida la ordenación del espacio marítimo potenciando la Política Marítima Integrada.

38.

Subraya que, en la aplicación de la PPC, no se puede prescindir de la protección de los ecosistemas acuáticos en su complejidad e interacción, dada la fragilidad de las aguas de transición y de los corredores ecológicos fluviales y lacustres, así como de las correspondientes poblaciones de peces, con particular atención al mantenimiento y potenciación de las especies consideradas en peligro de extinción y con una referencia específica a las especies anádromas y catádromas.

39.

Es consciente de que, sin un apoyo financiero adecuado, los objetivos de la Política Pesquera Común no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros debido a los problemas surgidos en el desarrollo y la gestión del sector pesquero y a los recursos financieros limitados de los Estados miembros.

40.

Por los motivos expuestos, insta a la creación de una ayuda financiera plurianual adecuada de la UE, centrada en las prioridades de la Política Pesquera Común a fin de contribuir a lograr estos objetivos, en particular mejorar la eficiencia económica del sector y en particular de la flota pesquera, crear nuevos puestos de trabajo e introducir una modernización e innovación, con el desarrollo de buques seguros y sostenibles.

41.

Insta a que vuelvan a introducirse las ayudas financieras para la renovación y la modernización de la flota pesquera de las regiones ultraperiféricas en el período 2014-2020.

42.

Considera que la ayuda financiera de la Unión debe estar supeditada al cumplimiento por los Estados miembros y por los operadores de las normas de la Política Pesquera Común. Por consiguiente, se debería interrumpir, suspender o corregir esta ayuda en caso de incumplimiento de las normas de la Política Pesquera Común por parte de los Estados miembros y en caso de infracciones graves reiteradas de dichas normas por parte de los operadores.

43.

Celebra que el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) vaya a formar parte del nuevo marco estratégico común y articularse con los demás fondos regionales y rurales para facilitar marcos de desarrollo local integrado y mejorar la simplificación del acceso a los fondos a nivel local y regional. Solicita, no obstante, garantías para las financiaciones que beneficiarán a la pesca y la acuicultura y la participación de las regiones en su aplicación estratégica.

44.

Reconoce el valor biológico, productivo e histórico del patrimonio ictiológico y de los hábitats de los lagos y ríos y, por tanto, considera necesario que la Unión Europea proporcione asistencia financiera a este sector, incluso con vistas a disminuir la pesca marina, reducir las importaciones y aumentar la competitividad territorial.

45.

Reconoce que, para alcanzar los objetivos de la Política Pesquera Común, conviene delegar en la Comisión poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado con vistas a completar o modificar elementos no esenciales del acto legislativo de base. Recomienda, no obstante, que un recurso tan amplio por parte de la Comisión a los actos delegados sea objeto de una evaluación atenta y profunda desde el punto de vista jurídico y político, y se garantice que este poder quede claramente definido en lo que respecta a los objetivos, contenido, alcance y duración de la delegación de poderes.

46.

Insta a la Comisión a que, durante los trabajos preparatorios para la adopción de actos delegados, efectúe las consultas oportunas, incluidas consultas a expertos y a los entes regionales.

47.

Considera que, en la fase de preparación y elaboración de actos delegados, la Comisión debe garantizar una transmisión simultánea, oportuna y adecuada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

48.

Apoya firmemente y fomenta el uso del «Desarrollo local participativo», tal como se establece en el Reglamento General de la Comisión sobre el marco estratégico común, como método para que el nivel local y regional pueda obtener recursos del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) –junto a los de los Fondos Estructurales y de Desarrollo Rural–. La coordinación de los fondos deberá hacerse en un marco flexible y permitir reforzar las posibilidades de intervención de dichos fondos. Los entes descentralizados deberán participar en la elaboración del marco estratégico y de los programas operativos.

49.

Subraya que el éxito de la Política Pesquera Común depende de un sistema efectivo de control, inspección y ejecución que incluya la lucha contra la pesca INDNR. Conviene promover la utilización de tecnologías modernas en el ámbito del régimen de control, inspección y ejecución de la Unión. Los Estados miembros o la Comisión deben tener la posibilidad de llevar a cabo proyectos piloto sobre nuevas tecnologías de control y sistemas de gestión de datos.

50.

Opina que la observancia del Reglamento de la UE debe ser objeto de una supervisión cada cinco años.

27.7.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 225/46

—

solicita a la Comisión Europea que lance un Pacto de los Alcaldes sobre el cambio demográfico como contribución al Año Europeo 2012 para congregar a los entes locales y regionales interesados en fomentar soluciones para la innovación, la salud inteligente y mejores vidas en apoyo del envejecimiento activo y saludable así como para brindar respaldo administrativo y financiero al Pacto;

—

está de acuerdo con la visión de la coalición de socios del Año Europeo 2012 de una sociedad para todas las edades en la que toda persona pueda desempeñar un papel activo así como disfrutar de los mismos derechos y oportunidades en cualquier etapa de su vida independientemente de su edad, sexo, raza u origen étnico, religión o creencias, situación social u económica, orientación sexual, condición física o mental o necesidades asistenciales;

—

insiste en la importancia de consultar e involucrar activamente a las personas mayores junto con sus cuidadores en la descripción de sus necesidades, el desarrollo de soluciones y la evaluación de sus logros;

—

recomienda que la Comisión Europea involucre de manera más activa a los entes locales y regionales en el proceso de evaluación del impacto social a nivel de la UE de las distintas iniciativas que se emprendan para respaldar el envejecimiento activo y saludable con vistas a asegurarse de que se evalúa adecuadamente el impacto en los hombres y mujeres mayores de la localidad.

Ponente general

Arnoldas ABRAMAVIČIUS (LT/PPE), Alcalde del Distrito Municipal de Zarasai y Miembro del Consejo Municipal

Texto de referencia

/

1.

Acoge con satisfacción la iniciativa de la Presidencia danesa de integrar a las autoridades subnacionales en el diálogo a escala de la UE sobre la manera de afrontar el reto demográfico y de optimizar las oportunidades del envejecimiento de la población. Como afirmaba el CDR en su Dictamen sobre el tema «Abordar los efectos del envejecimiento de la población de la UE» (1) y con arreglo al Informe del Parlamento Europeo sobre el Año Europeo 2012 (2), en muchos Estados miembros los entes locales y regionales disponen de competencias clave en los tres ámbitos en los que se basa el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, a saber: el empleo, la participación en la sociedad y la vida independiente.

2.

Hace hincapié en que afrontar los retos del envejecimiento de la población constituye uno de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. En la medida en que los entes locales y regionales están en primera línea en cuanto a las necesidades de los ciudadanos y les incumbe prestar la mayoría de los servicios que requieren las personas mayores para gozar de una vejez digna, su participación directa en todos los debates de la UE sobre el envejecimiento es por tanto esencial para lograr los objetivos de Europa 2020 y podría contribuir a reforzar la cohesión social, económica y territorial.

3.

Acoge con satisfacción la Cooperación de innovación europea en el campo del envejecimiento activo y saludable mediante la que se aspira a movilizar gran variedad de partes interesadas de todos los niveles para ampliar en dos el número de años de «esperanza de vida con buena salud» (indicador denominado «Healthy Life Year») e insiste en que los entes locales y regionales disponen de competencias clave en los tres pilares de la referida Cooperación, a saber: prevención, detección y diagnóstico temprano; asistencia sanitaria y restablecimiento; y envejecimiento activo y vida independiente.

4.

Está de acuerdo con la visión de la coalición de socios del Año Europeo 2012 de una sociedad para todas las edades en la que toda persona pueda desempeñar un papel activo así como disfrutar de los mismos derechos y oportunidades en cualquier etapa de su vida independientemente de su edad, sexo, raza u origen étnico, religión o creencias, situación social u económica, orientación sexual, condición física o mental o necesidades asistenciales.

5.

Recomienda adoptar un enfoque positivo respecto del envejecimiento y está de acuerdo en que la innovación puede contribuir a prestar mejores servicios a nuestra población que está envejeciendo. No obstante, insiste en subrayar que no se debería aspirar a la innovación para introducir cambios sino como un factor fundamental para mejorar la calidad y rentabilidad de la respuesta a las necesidades crecientes y cambiantes durante una fase de restricciones financieras.

6.

Considera que la crisis económica y financiera hace más urgente que nunca revisar profundamente la manera en que funciona nuestra sociedad y hacer cuanto esté en nuestra mano por posibilitar que cualquier persona, joven o mayor, contribuya activamente al mercado laboral y a sus respectivas comunidades, desarrollando una vida independiente el mayor tiempo posible. La mejor manera de abordar el envejecimiento demográfico es fomentar comunidades amigables para las personas de edad en las cuales los espacios públicos, el transporte, el alojamiento y los servicios locales se conciban teniendo en cuenta las necesidades de todas las generaciones y en las que se potencie la solidaridad y la cooperación intergeneracionales. Además, tales comunidades suelen ser más respetuosas con el medio ambiente y fomentar una mayor cohesión social y la participación en la sociedad de otros colectivos vulnerables.

7.

Insiste en la importancia de consultar e involucrar activamente a las personas mayores junto con sus cuidadores en la descripción de sus necesidades, el desarrollo de soluciones y la evaluación de sus logros. Este enfoque participativo favorece la inclusión social y garantiza que los servicios prestados responden lo mejor posible a las necesidades reales de sus prestatarios.

8.

Constata que en la última década, el concepto de «economía plateada» ha emergido en varias zonas de Europa. Aspira, además, desarrollar una amplia variedad de productos y servicios destinados a un número creciente de personas mayores con necesidades sanitarias y asistenciales, movilidad reducida y limitaciones en cuanto a las actividades de su vida cotidiana. La economía plateada se ha ampliado a otros segmentos de mercado, entre otros, el bienestar físico y psicológico, el ocio, los viajes, la cultura, la comunicación, el entretenimiento y, en consecuencia, las TIC. Además, en distintos Estados miembros muchas PYME y clústers de empresas se están especializando en tecnologías para personas de edad, por ejemplo en materia de domótica, lo cual brinda magníficas posibilidades de crecimiento. No obstante, conviene resaltar, asimismo, que aunque reconocen la demanda de productos y servicios especializados para personas con necesidades específicas, la mayoría de las personas mayores prefieren poder acudir a los bienes y servicios normales. Por consiguiente, debería fomentarse un enfoque más amplio basado en el concepto de diseño universal –en el que se tengan en cuenta las necesidades y expectativas de las personas mayores y de las discapacitadas– junto con el desarrollo de productos altamente especializados correspondientes a necesidades muy específicas.

9.

Pone de relieve la tendencia seguida por cada vez más entes locales y regionales de buscar innovación social y soluciones de TIC para mejorar la calidad y rentabilidad de sus servicios sanitarios y asistenciales de larga duración en áreas tanto urbanas como rurales de manera que dichas soluciones contribuyan a prestar servicios esenciales a las personas mayores a un coste más sostenible para los presupuestos público y privado. No obstante, dichas iniciativas requieren un cierto grado de inversión y se han de emprender acciones en otros niveles de gobernanza para evolucionar desde proyectos pilotos hasta modelos a gran escala que han de desplegarse a nivel nacional o en otros lugares de la UE. En este ámbito los entes locales y regionales requieren todo el respaldo posible de su gobierno nacional o de la UE.

10.

Insiste en que, aunque en el ámbito local existen muchos ejemplos de medidas innovadoras que fomentan el envejecimiento activo y saludable siendo, además, las incubadoras sociales a menudo iniciativas locales cercanas a las necesidades que pretenden satisfacer, un planteamiento basado en proyectos no siempre es eficaz para alcanzar una masa crítica y una sostenibilidad a largo plazo. Hace falta una visión estratégica global que abarque cuestiones de todos los ámbitos para lograr entornos inclusivos y favorables. Un claro ejemplo es la innovación social lanzada por el Ayuntamiento de Fredericia (Dinamarca) encaminada a, mediante la prevención, la rehabilitación, la tecnología y las redes sociales, mantener o reintroducir la solidaridad entre aquellas personas mayores que necesitan ayuda para realizar sus actividades cotidianas. Su enfoque se basa en un cambio de paradigma en la manera en que perciben a las personas mayores que pasan de pacientes «desamparados» a «ciudadanos con recursos». Esta iniciativa fue respaldada en su fase piloto por el Ministerio de Hacienda de Dinamarca y se convertirá en un modelo para otros municipios daneses.

11.

Insiste en que los retos del envejecimiento de la población tienen una marcada dimensión de género que requiere prestar especial atención al impacto que puedan tener las reformas en curso de la protección social y de los recortes aplicados actualmente a los servicios sociales (en particular, a la atención a la infancia y a las personas mayores) en la empleabilidad de las mujeres así como en la brecha de género en cuanto a los salarios y las pensiones, en la medida en que la carga de asistencia a los familiares dependientes recaerá aún más en auxiliares domésticos informales –en su mayoría mujeres– y correrán, además, un mayor riesgo de sufrir pobreza y exclusión social en el futuro si no se hace nada por contrarrestar estas desigualdades. Asimismo, los problemas de estrés y carga de trabajo que se registran en el sector sanitario y asistencial, predominantemente femenino, pueden traducirse en el futuro en nuevas complicaciones para las mujeres de edad avanzada.

12.

Considera necesario coordinar mejor de los distintos niveles involucrados en desarrollar soluciones para el envejecimiento activo y saludables así como reforzar la gobernanza multinivel en este ámbito. Los entes locales y regionales no deberían ser considerados como meros agentes de ejecución sino ser llamados a participar en todo el proceso decisorio y de evaluación.

13.

Alega que la UE aportaría un auténtico valor añadido si instaurase un marco que permitiera a las autoridades públicas y a las personas interesadas de cualquier nivel aprovechar las experiencias mutuas, recabar datos sobre iniciativas exitosas y aprender de los fallos, lo cual les permitiría evitar recaer en los mismos errores y les ayudaría a invertir sus recursos limitados en soluciones innovadoras que hayan demostrado su eficacia.

14.

Recomienda que se invite al Comité de las Regiones a participar en el Grupo de Dirección de la Cooperación de innovación europea en el campo del envejecimiento activo y saludable (CIEEAS) para asegurar una adecuada representación de los entes regionales y locales en el proceso decisorio de la CIEEAS. Anima, asimismo, a que se deje actuar al CDR como difusor para movilizar a una amplia variedad de entes locales y regionales que participen en la puesta en práctica de la CIEEAS ya que tienen competencias correspondientes a cada uno de los seis ámbitos clave de acción.

15.

Respalda la propuesta realizada en el marco de la CIEEAS de crear una red europea de entornos amigables para las personas de edad y acoge con satisfacción la «AGE Platform Europe» y los esfuerzos desplegados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para lanzar dicha red. El CDR recomienda que se asignen fondos de la UE para desarrollar adecuadamente dicha red europea en estrecha cooperación con la OMS.

16.

Propone que la Comisión haga prioritaria la investigación relativa a las personas ancianas –un grupo en parte nuevo y sobre el que varios partes interesadas necesitan más conocimientos. Se requiere más investigación para evaluar la eficacia y la relación coste-eficacia de las medidas de fomento de la salud y prevención a lo largo de toda la vida, pero en particular durante su última fase. Asimismo, es necesario redoblar los esfuerzos de investigación para entender cómo se puede incitar a las personas mayores menos accesibles a que introduzcan cambios en sus hábitos y modo de vida. Las estadísticas y la investigación deben incluir datos sobre las personas ancianas, y los resultados de la investigación deben hacerse llegar a quienes trabajan sobre el terreno con estas personas.

17.

Solicita a la Comisión Europea que lance un Pacto de los Alcaldes sobre el cambio demográfico como contribución al Año Europeo 2012 para congregar a los entes locales y regionales interesados en fomentar soluciones para la innovación, la salud inteligente y mejores vidas en apoyo del envejecimiento activo y saludable así como para brindar respaldo administrativo y financiero al Pacto.

18.

Constata que las competencias fundamentales respecto del envejecimiento activo incumben a los Estados miembros y a sus entes locales y regionales. La Unión Europea puede legislar en materias que afectan al funcionamiento del mercado interior para eliminar obstáculos a la libre circulación de las personas, fomentar la libre prestación de servicios y garantizar una adecuada protección a los consumidores. La ratificación por la UE de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad genera nuevas obligaciones legales para la Unión que deberá velar por que las personas con discapacidad y las personas mayores con discapacidad puedan ejercer sus derechos a la libre circulación y participar en la vida económica y social de sus comunidades al igual que los demás ciudadanos. Ello requiere una actuación de la UE para asegurar una respuesta coordinada en la esfera europea, nacional y local o regional. Además, la UE puede facilitar el intercambio transnacional de experiencia y fomentar medidas indicativas como códigos de buenas prácticas para fomentar el respeto de las libertades fundamentales consagradas por los Tratados de la UE.

19.

Toma nota de que la Comisión Europea tiene previsto presentar una propuesta de acta de la accesibilidad e insiste en la necesidad de un marco legal europeo para garantizar la accesibilidad en toda la UE de los bienes y servicios esenciales e instaurar condiciones competitivas equitativas en cualquier sector, incluidas las PYME. Dicha propuesta deberá ser proporcionada, sin que añada cargas administrativas adicionales a las PYME. La instauración de un marco amplio de normalización de la UE también ayudará a respaldar al sector industrial y a crear un mercado único eficiente de bienes y servicios de diseño universal. Se establecerá un sistema de seguimiento para velar por la aplicación de la legislación que se acompañará de planes de acción para las autoridades nacionales, regionales y locales, así como de apoyo a los agentes locales y las PYME.

20.

Recuerda que un marco legal adecuado en materia de contratación pública es esencial a nivel europeo, nacional y local para asegurarse de que la inversión pública fomenta la accesibilidad para todos. La accesibilidad debería convertirse, asimismo, en un requisito previo fundamental para recabar financiación de la UE (estructural, por proyectos o para la investigación). Además, se requiere ayuda para respaldar a las regiones menos adelantadas en cuanto a la aplicación de la legislación y de las normas de la UE. Se debe analizar la posibilidad de instaurar incentivos para mejorar la accesibilidad, en particular, para que las autoridades públicas acondicionen los edificios y alojamientos existentes así como para fomentar las inversiones en soluciones innovadoras.

21.

Insiste en la necesidad de sensibilización para acompañar las iniciativas jurídicas clave y hacer que se conviertan en realidad. Ésta debería dirigirse a los entes locales y regionales, los fabricantes, los proveedores y los prestadores de servicios así como a los ciudadanos en general. Las políticas de educación y de formación son importantes para reforzar y respaldar la accesibilidad: asegurarse de que los ingenieros, arquitectos, diseñadores de sitios web, constructores, urbanistas, etc. disponen de la formación adecuada para incorporar las cuestiones relativas a la accesibilidad y emplear el diseño universal como requisito clave.

22.

Recuerda que el aprendizaje permanente y el voluntariado son factores clave del envejecimiento activo y saludable. La formación de adultos y el voluntariado de las personas mayores debería fomentarse a nivel europeo, nacional y local para ayudar a prolongar la vida laboral, favorecer la jubilación activa y contribuir a la vida independiente.

23.

Por consiguiente, recomienda que los objetivos del Año Europeo 2012 del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional y la CIEEAS se incorporen a los principales instrumentos nuevos de financiación de la UE, incluidos los fondos estructurales, y se simplifiquen los procedimientos aplicables a los entes locales y regionales. Acoge con satisfacción el Día Europeo de la Solidaridad entre las Generaciones, que ocupa un lugar particularmente significativo dentro del Año Europeo 2012 y fomenta los proyectos intergeneracionales entre escolares y personas de edad avanzada, de manera que aporta una notable contribución al diálogo intergeneracional.

24.

Acoge con satisfacción el lanzamiento en 2014 de las Comunidades de Conocimiento e Innovación (CCI) dedicadas a la innovación para una vida saludable y un envejecimiento activo y recomienda que el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) haga todo lo posible para que los entes locales y regionales así como las partes interesadas locales y regionales participen en la puesta en marcha de dichas CIC.

25.

Recomienda que la Comisión Europea involucre de manera más activa a los entes locales y regionales en el proceso de evaluación del impacto social a nivel de la UE de las distintas iniciativas que se emprendan para respaldar el envejecimiento activo y saludable con vistas a asegurarse de que se evalúa adecuadamente el impacto en los hombres y mujeres mayores de la localidad.

26.

Recuerda que el envejecimiento activo y saludable es un objetivo clave de Europa 2020 que queda, además, respaldado por varias iniciativas emblemáticas (la Agenda de nuevas cualificaciones y empleos, la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Agenda Digital) así como gran variedad de instrumentos de financiación de la UE al alcance de los entes locales y regionales como se pone de relieve en el folleto publicado conjuntamente por el Comité de las Regiones, la Comisión Europea y la AGE Platform Europe sobre «How to promote ageing well in Europe: instruments and tools available to local and regional actors» (Fomentar un buen envejecimiento en Europa: instrumentos y medidas al alcance de los agentes locales y regionales) (3).

27.

Concluye, por consiguiente, que no parece haber duda en cuanto a la adecuación de las iniciativas propuestas a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad como se enuncian en los Tratados de la UE.

28.

Recuerda que se considera que antes de 2060 la población joven disminuirá en los 27 Estados miembros en un 9 % (4) y la población en edad laboral (de entre 15 y 64 años) en un 15 %. Además, se calcula que el número de personas mayores experimentará un salto de un 79 %. Estos cambios demográficos son el resultado de fenómenos variados como los bajos niveles de fertilidad, el aumento de la esperanza de vida, la migración neta total y el envejecimiento de los nacidos durante el «baby boom» de después de la Segunda Guerra Mundial. Es evidente que estas tendencias demográficas tienen un significativo impacto económico, social y presupuestario a escala tanto nacional como regional y local. En su estudio titulado «Envejecimiento activo: Soluciones locales y regionales» (5), el CDR explica muy claramente sus repercusiones al afirmar que «se reducirá la mano de obra y el empleo, dificultando el crecimiento económico, mientras que aumentará la demanda de servicios para las personas mayores». Además, se prevé que el gasto público aumente para prestar servicios de calidad a una población que envejece mientras se ha de financiar asimismo la asistencia sanitaria y las pensiones de un número creciente de personas de edad. No obstante, la mayoría de los entes locales y regionales han sufrido restricciones presupuestarias drásticas de manera que les resulta extremadamente difícil prestar servicios sociales modernos y dinámicos de calidad adecuada.

29.

Pone de relieve las enormes divergencias existentes entre países y regiones en cuando a la esperanza de vida de hombres y mujeres, los indicadores de «esperanza de vida con buena salud», la edad media y las tasas de dependencia. Se prevé un envejecimiento demográfico en casi todas las 281 regiones de la EU-27. Además, en 2030 solo habrá siete regiones, a saber, Viena (Austria), Hamburgo y Tréveris (Alemania), Grecia Continental y el Peloponeso (Grecia) así como Midlands Occidentales y Escocia Nororiental (Reino Unido (6)), en las que no habrá aumentado la edad media. En 2008, las tasas de dependencia variaba entre regiones prácticamente de una a tres (entre el 9,1 % y el 26.8 %). En 2030, la oscilación será de casi una a cuatro (entre el 10,4 % y el 37,3 %) (7). Ello significa que las regiones no son iguales en términos de envejecimiento activo lo cual, combinado con la crisis económica actual, afecta más a algunos entes locales y regionales que a otros.

30.

Pone de relieve las enormes divergencias existentes entre países y regiones en materia de deuda soberana. Además, algunos sufren recortes presupuestarios muy drásticos que podrían impedirles acogerse a la financiación de la UE a través de los fondos estructurales o de programas conjuntos sobre envejecimiento.

31.

Recuerda que, como afirmaba en su Dictamen titulado «En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros» (8), los entes locales y regionales seguirán siendo el mayor empleador del sector público y, por consiguiente, las pensiones públicas seguirán desempeñando un papel fundamental para garantizar unos sistemas de pensiones. No obstante, dichas pensiones se verán cada vez más afectadas por las medidas y reformas presupuestarias. Por consiguiente, la capacidad de los entes locales y regionales de compensar dicho efecto se debe de tener en cuenta para poder proporcionar a todos los hombres y mujeres de edad ingresos adecuados incluso mediante asistencia y servicios sanitarios prestados en especie. Para contrarrestar dichos efectos, el Comité de las Regiones propone añadir una dimensión social a la supervisión macroeconómica.

32.

En el Dictamen sobre «Envejecer mejor en la sociedad de la información» (9), el Comité afirmaba que las TIC pueden aumentar la productividad de los servicios sociales y sanitarios y siempre que se adapten adecuadamente a las necesidades de las personas de edad. Recuerda que los entes locales y regionales deberían participar en los programas de investigación nacionales y de la UE sobre soluciones de TIC para el envejecimiento dado, a menudo, los entes locales y regionales son los principales usuarios de sus resultados.

33.

Insiste, no obstante, en que los entes locales y regionales no pueden respaldar por si solos el envejecimiento activo y saludable. Para alcanzar los objetivos precisan de un marco jurídico, financiero y estructural favorable para lo cual se han de emprender iniciativas a escala nacional y de la UE. Por ejemplo, para desplegar iniciativas de TIC que fomenten la innovación, la salud inteligente y mejores vidas en todas las regiones de la UE, se requiere inversión estructural en la esfera nacional y de la UE para ampliar el acceso a la banda y legislación europea para armonizar los criterios y las normas de interoperabilidad.

34.

Hace hincapié en que el número creciente de requisitos previos así como de procedimientos contables, financieros y de auditoría a los que está supeditada la percepción de subsidios con cargo a los fondos estructurales hay llevado a que cada vez más proyectos se encaminen a obtener resultados tangibles, en detrimento de los proyectos más innovadores y orientados al riesgo los cuales, de hecho, tardan más en arrojar resultados positivos y son más difíciles de evaluar. En realidad, la innovación social afronta actualmente obstáculos vinculados frecuentemente con auditorías desfavorables o culturas reglamentarias. En efecto, Esta cuestión está relacionada no solo con el empleo de los fondos estructurales sino que plantea dificultades asimismo respecto de muchos otros instrumentos de financiación nacional o de la UE.

35.

Reconoce, no obstante, que se necesita modificar la manera de ejecutar los fondos estructurales mediante la inclusión de requisitos con base documental justificativa para no socavar los esfuerzos por aumentar el valor añadido y la eficiencia de los fondos de la UE en este ámbito. Dinamarca y Suecia han instaurado este tipo de procedimientos con base documental justificativa para evaluar los resultados a la luz de una serie de indicadores acordados y retrotraer la información al sistema de seguimiento para seguir mejorando la calidad y la rentabilidad de los servicios que prestan y financian. El gobierno del Reino Unido ha creado recientemente un bono de impacto social mediante el que aspira a atraer nuevas inversiones hacia contratos basados en los resultados que son beneficiosos para los ciudadanos y las comunidades. Mediante el bono de impacto social, se recurre a la inversión privada para pagar intervenciones que realizan prestadores de servicios con trayectoria reconocida. La rentabilidad financiera para los inversores la genera el sector público sobre la base de la mejora de los resultados sociales. Si no mejoran los resultados, los inversores no recuperan lo invertido (10).

36.

Constata que los países con normas de accesibilidad exigentes en cuanto al entorno construido, el transporte y las TIC son aquéllos con tasas más elevadas de empleo tanto de mujeres como de hombres mayores y los que arrojan mejores resultados a la luz de los indicadores de esperanza de vida con buena salud. Precisamente, son también los países que presentan las tasas más elevadas de empleo de mujeres y de personas con discapacidad y que presentan mejores resultados respecto de los indicadores de igualdad de género (brecha de género en cuanto a los ingresos y las pensiones, etc.). Ello demuestra que fomentar entornos locales amigables para las personas de más edad no perjudica a la economía sino que, al contrario, beneficia a la sociedad y a la economía en general. Dichos entornos facilitan la vida de todo el mundo y fomentan la integración en el mercado laboral de las mujeres, los trabajadores de más edad y las personas con discapacidad así como la participación activa y productiva de las personas jubiladas en sus comunidades. Respaldan, asimismo, a auxiliares domésticos informales y les permiten conciliar más fácilmente sus obligaciones laborales y asistenciales.

37.

Se congratula de que participen ya en el programa de la Organización Mundial de la Salud «Ciudades Amigables con los Mayores» cientos de entes locales y regionales de toda la UE y de que algunos Estados miembros hayan lanzado programas nacionales para respaldar a los entes locales y regionales que deseen integrarse en la red de la OMS de ciudades amigables.

38.

Dado el aumento en el número de personas mayores que sufren Alzheimer u otro tipo de demencia, acoge con satisfacción la iniciativa de algunos entes locales y regionales de crear entornos amigables para las personas con Alzheimer con vistas a fomentar una mejor integración en la comunidad de las personas mayores con demencia y de sus auxiliares domésticos informales.

39.

Insiste en que se comprobado la rentabilidad de crear entornos de diseño universal y de fomentar la vida independiente de las personas mayores con discapacidad o limitaciones de actividad. La experiencia sueca demuestra que el retroceso en la demanda de ayuda observado en Suecia en los últimos quince años no puede imputarse a una mejora en términos de salud pues no existen pruebas de tal mejoría en las personas mayores durante dicho período en Suecia. La explicación más plausible de la disminución de la demanda de asistencia a personas mayores está relacionada con el refuerzo de las normas de accesibilidad a los edificios y transportes así como el mejor acceso a la tecnología de asistencia que facilita el desenvolvimiento de las personas mayores sin ayuda. Vale la pena observar que Suecia es el Estado miembro de la UE con mejores tasas de empleo de trabajadores mayores y mujeres de edad.

40.

Insiste, no obstante, en que pese a incumbir a los entes locales y regionales un papel importante como compradores de bienes y servicios, en particular mediante contratación pública, lo que les permite actuar como fuerzas motrices políticas para fomentar un enfoque positivo del envejecimiento, debe subsanarse la fragmentación de los mercados existentes y emergentes para soluciones innovadoras que fomenten el envejecimiento activo y saludable con vistas a crear un auténtico mercado único para la economía plateada y permitir a los licitadores y consumidores hacer economías de escala. La anunciada acta de accesibilidad deberá intentar eliminar los obstáculos que impiden la creación de un mercado europeo en el cual las soluciones innovadoras locales o regionales puedan diseñarse y desplegarse más fácilmente a mayor escala en las demás regiones de la UE. A menudo las PYME son punteras en materia de innovación y más próximas a los mercados locales. No es raro que presten servicios personalizados y adaptados a las necesidades de los consumidores. Las PYME se verían beneficiadas por normas y reglamentaciones claras que garanticen su acceso a un mercado europeo amplio y faciliten la interoperabilidad con otros bienes y servicios en pos de un resultado óptimo.

41.

Concluye que garantizar el desarrollo de entornos accesibles y favorables basados en el concepto de diseño universal ayudaría a los trabajadores mayores y a las mujeres a prolongar su vida laboral y a reducir la demanda de cuidados y asistencia por parte del colectivo en constante aumento de las personas mayores. El CDR confía en que la acción de la UE para fomentar el envejecimiento activo y la solidaridad entre las generaciones impulse la innovación y el potencial de crecimiento en el conjunto de la UE, generando beneficios económicos para los agentes tanto públicos como privados en la esfera local, nacional y europea.

42.

Está de acuerdo con el enfoque de la Presidencia danesa sobre el envejecimiento e insiste en que para emplear la innovación social en respuesta al envejecimiento de nuestra sociedad resulta de la mayor importancia que la UE establezca un marco común que en el futuro permita aprovechar plenamente el potencial de la innovación social. En efecto, un marco europeo común que respalde la innovación social supondría para los innovadores sociales de toda la UE una facilidad para actuar, recabar fondos, establecer redes y desarrollar sus empresas.

27.7.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 225/52

—

exige que la eficiencia energética sea un elemento fundamental e integrante de las políticas energéticas y que ocupe un lugar importante entre las prioridades de la política energética;

—

aboga por una mejor agrupación de las medidas de ayuda financiera a la eficiencia energética y la conservación de energía en los futuros programas de financiación de la UE;

—

pide medidas más robustas que permitan influir en el comportamiento humano y en los patrones de consumo de energía, y sugiere para ello medidas que combinen sanciones y recompensas, exponiendo los argumentos económicos y haciendo mayor hincapié en las disposiciones obligatorias cuando sea necesario;

—

reconoce que la prioridad política actual consiste en que las ciudades alcancen los objetivos políticos actuales, si bien subraya la necesidad de abordar, de manera más exhaustiva y coordinada, los retos y las oportunidades que tienen ante sí las zonas rurales en el ámbito del consumo y la producción de energía

—

pide a los entes locales y regionales que procedan a un intercambio de mejores prácticas en materia de eficiencia y conservación de la energía y que mejoren la resiliencia energética planificando y orientando la prestación de sus servicios con un consumo energético mínimo.

Ponente

Bryan MEANEY (IE/AE), miembro del Consejo del Condado de Clare y del Consejo Regional del Medio Oeste

Texto de referencia

Consulta de la Presidencia danesa de 12 de enero de 2012.

—

las zonas rurales de la UE utilizan fuentes de energía más contaminantes que las de las zonas urbanas, por lo que debería respaldarse especialmente la sustitución de combustibles fósiles muy contaminantes por combustibles fósiles menos contaminantes como solución transitoria y, después, predominantemente por energías renovables,

—

a pesar de la recuperación del retraso de las zonas rurales, su nivel de desarrollo económico sigue siendo inferior a la media de la UE, sobre todo en comparación con las zonas urbanas. La diferencia entre las zonas rurales y urbanas es especialmente evidente en Europa oriental y central y es todavía más preocupante si se tiene en cuenta su aumento entre 2000 y 2007 como consecuencia de una rápida expansión de las grandes ciudades y capitales;

—

mecanismos financieros (ELENA; etc.) y fondos dedicados a la eficiencia energética (FEEE, etc.),

—

la experiencia del actual ejercicio financiero muestra que, por una serie de diversos motivos, los recursos que se asignan en los Fondos Estructurales a eficiencia energética no podrán aprovecharse plenamente. Por ello, en el marco financiero 2014-2020, que prevé un porcentaje aun más elevado de recursos para eficiencia energética, deberá facilitarse el acceso de los entes locales y regionales a dichos recursos;

a)

exige que la eficiencia energética sea un elemento fundamental e integrante de las políticas energéticas y que ocupe un lugar importante entre las prioridades de la política energética;

(b)

aboga por una mejor agrupación de las medidas de ayuda financiera a la eficiencia energética y la conservación de energía en los futuros programas de financiación de la UE;

(c)

pide medidas más robustas que permitan influir en el comportamiento humano y en los patrones de consumo de energía, y sugiere para ello medidas que combinen sanciones y recompensas, exponiendo los argumentos económicos y haciendo mayor hincapié en las disposiciones obligatorias cuando sea necesario;

(d)

reconoce que la prioridad política actual consiste en que las ciudades alcancen los objetivos políticos actuales, si bien subraya la necesidad de abordar, de manera más exhaustiva y coordinada, los retos y las oportunidades que tienen ante sí las zonas rurales en el ámbito del consumo y la producción de energía;

(e)

pide a los entes locales y regionales que procedan a un intercambio de mejores prácticas en materia de eficiencia y conservación de la energía y que mejoren la resiliencia energética planificando y orientando la prestación de sus servicios con un consumo energético mínimo.

27.7.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 225/58

—

pide un presupuesto ambicioso para la próxima política de cohesión (2014-2020) para dar respuesta a los objetivos del Tratado y de la Estrategia Europa 2020; pide, asimismo, que se tengan en cuenta otros criterios complementarios al del PIB en la evaluación del nivel de desarrollo y el reparto de los recursos;

—

apoya la arquitectura propuesta por la Comisión, concretamente la fijación de solo dos objetivos, («inversión en crecimiento y empleo» y «cooperación territorial»), el mantenimiento del FSE en el ámbito de la política de cohesión, así como la creación de una nueva categoría de «regiones de transición» que aporte la red de seguridad para aquellas regiones que ya no son un objetivo de total convergencia;

—

exige una mayor flexibilidad en el reparto de los Fondos Estructurales, basada en una adecuación más realista a las necesidades territoriales, gracias a una implicación directa de los entes locales y regionales; este planteamiento flexible debería aplicarse al reparto entre el FEDER y el FSE, así como a la concentración de los Fondos en determinados objetivos temáticos de la Estrategia Europa 2020; pide, a este respecto, que los umbrales mínimos previstos en los reglamentos específicos se reduzcan considerablemente o se flexibilicen;

—

suscribe el planteamiento estratégico del Marco Estratégico Común consistente en integrar el conjunto de los fondos con vocación territorial, lo cual contribuirá a una mejor coordinación con el FEADER y el FEMP; apoya, asimismo, una mayor toma en consideración del principio de cohesión territorial por medio de acciones urbanas, acciones de desarrollo local, inversiones territoriales integradas y planes de acción conjuntos, si bien desearía que se preste especial atención a las zonas en plena transición industrial o que sufren desventajas de índole demográfica;

—

pide que se brinde la posibilidad de programas operativos con cargo a varios fondos (FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP) y que la Comisión Europea adopte cualquier medida encaminada a la predisposición y ejecución de estos programas, respetando debidamente el principio de proporcionalidad;

—

rechaza la condicionalidad macroeconómica y la reserva de rendimiento, puesto que obran en detrimento del objetivo principal de la política de cohesión; apoya, por el contrario, la creación de una reserva de flexibilidad constituida con recursos de liberación automática para financiar iniciativas experimentales; suscribe, asimismo, el principio de condiciones ex ante aligeradas y más preventivas que represivas;

—

exige una verdadera simplificación de las normas de gestión, en particular en lo que respecta a las autoridades de control y auditoría, las operaciones generadoras de ingresos y la categorización de los costes.

Ponente

Catiuscia MARINI (IT/PSE), Presidenta de la Región de Umbría

Texto de referencia

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006

COM(2011) 615 final

1.

Recuerda que la Unión Europea ha de poder contar con un presupuesto de la entidad suficiente para asegurar la eficacia de la política de cohesión y dar respuesta a las ambiciones de la Estrategia Europa 2020;

2.

solicita que, cuando menos, se mantengan en las ayudas para cada categoría de región los mismos niveles de contribución de la UE previstos en el actual periodo de programación;

3.

subraya que la actual situación de grave crisis económica, financiera y social está determinando en Europa la consolidación de una situación prolongada de subempleo, con un potente impacto, aun con diferencias, en todos los territorios de la Unión Europea. En este contexto, los fondos estructurales representan una fuente de financiación imprescindible para combatir la crisis y apoyar el desarrollo de los territorios europeos;

4.

solicita a la Comisión que emprenda iniciativas válidas a fin de atenuar las dificultades de absorción que encuentran algunos Estados miembros, mejorando la gestión de los fondos comunitarios –especialmente a la hora de simplificar e innovar los sistemas de gestión y control– y estimulando la orientación hacia los resultados;

5.

considera que la crisis económica y financiera hace más necesario el recurso a cifras del PIB oportunas y comparables y a otros indicadores complementarios para determinar de manera más correcta el nivel real de desarrollo de las regiones europeas (1), sin perjuicio de una concentración de recursos adecuada en favor de las regiones menos desarrolladas;

6.

considera que, con vista a la distribución de los recursos, se debe plantear adecuadamente la peculiaridad que presentan aquellos Estados miembros caracterizados por una fuerte disparidad económica interna; en particular, expresa su inquietud por el criterio de reparto de los recursos para la Política Agrícola Común (PAC) –véase la propuesta de Marco Financiero Plurianual–, en la medida en que deben tenerse presentes las diferencias sociales, económicas y estructurales;

7.

comparte el establecimiento de dos grandes objetivos –«inversión en crecimiento y empleo» y «cooperación territorial»– que contribuirán a simplificar la arquitectura de la política de cohesión;

8.

aprueba la creación de una categoría de «regiones de transición» –que, en particular, se deberá financiar con recursos procedentes de aquellas regiones y países que hayan salido de la convergencia y del Fondo de Cohesión–, sin que ello signifique reducir el nivel de apoyo a las otras dos categorías de regiones, y da la bienvenida asimismo a la red de seguridad propuesta para aquellas regiones que ya no son un objetivo de total convergencia. De hecho, la nueva categoría permitirá apoyar mejor a aquellas regiones que salen del objetivo de convergencia e igualmente a las demás regiones cuyo PIB por habitante esté comprendido entre el 75 y el 90 % de la media de la UE. La nueva categoría también permitirá modular el apoyo de la UE en función del distinto nivel de desarrollo y atenuar los efectos de umbral que se han observado en el actual período de programación. Esta normativa debería servir para todos los Fondos del MEC (Marco Estratégico Común);

9.

considera que también las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 deben ser coherentes con la estructura de la futura política de cohesión y que, al establecer el mapa de las regiones asistidas, no puede haber contradicciones entre la política de cohesión y el derecho de la competencia;

10.

acoge con satisfacción el mantenimiento del Fondo Social Europeo en el ámbito de la política de cohesión como instrumento esencial para el empleo, la mejora de las competencias individuales y la inclusión social;

11.

pide, no obstante, que la elección de las prioridades de inversión y el reparto de los Fondos Estructurales entre el FEDER y el FSE recaiga en los entes regionales y locales competentes, de acuerdo con el principio de subsidiariedad;

12.

exige que, de acuerdo con el principio de gobernanza multinivel y conforme al reparto de competencias establecido a nivel nacional, los entes territoriales de cada Estado miembro participen plenamente en la elaboración, negociación y aplicación de los distintos documentos estratégicos, a saber, el Marco Estratégico Común y, en particular, el contrato de asociación. Los pactos territoriales entre las autoridades locales, regionales y nacionales también deberían ser una opción disponible para formalizar medidas de colaboración junto con los gobiernos nacionales;

13.

considera injusto que, en los temas relacionados con la asociación, los entes locales y regionales se vean asimilados a los interlocutores socioeconómicos cuando aquéllos, como representantes de los intereses generales de las comunidades administradas, son los cogestores, dado el marco institucional de los Estados miembros, y cofinanciadores de los proyectos de la política de cohesión;

14.

reafirma su apoyo al principio de cofinanciación europea que garantiza la asunción de responsabilidades por parte de los agentes territoriales;

15.

considera que el IVA no recuperable debería ser subvencionable;

16.

considera que debería distinguirse entre las partes interesadas de la sociedad civil y los socios del sector público. Los entes locales y regionales competentes, o sus representantes, deberían formar parte integrante del proceso de negociación relativo a la preparación del contrato o acuerdo de asociación a nivel nacional y no únicamente a nivel regional;

17.

toma nota del principio de concentración temática en los objetivos clave de la Estrategia Europa 2020 y en los objetivos mencionados en el artículo 174 del TFUE, articulados en torno a un menú temático comunitario, si bien hace también patente su preocupación por la falta de flexibilidad a la hora de elegir los objetivos temáticos que deberían establecerse sobre la base de un análisis territorial;

18.

solicita, por lo tanto, una flexibilidad real para todos los fondos del MEC, permitiendo que cualquier autoridad gestora el mayor margen posible para establecer los objetivos temáticos en los que concentrar los recursos, además de pedir, en líneas generales, una reducción considerable o una flexibilización de los umbrales mínimos previstos en los reglamentos específicos;

19.

aboga por una mejor integración de los fondos y acoge con satisfacción la inclusión en el Marco Estratégico Común del FEADER y el FEMP, aun manteniendo las particularidades de cada fondo;

20.

considera oportuno que el Marco Estratégico Común sea aprobado por el Parlamento Europeo y por el Consejo Europeo, al considerar que este documento debe aprobarse con el concurso máximo de las instituciones comunitarias, razón por la que apoya la inclusión de este Marco como anexo del Reglamento general;

21.

cree necesario que los mecanismos esbozados en el Marco Estratégico Común sean lo suficientemente flexibles para permitir una verdadera integración con las políticas regionales y de desarrollo local;

22.

considera que el MEC debería facilitar, ante todo, un planteamiento territorial ascendente y la integración de la financiación. Las recomendaciones del MEC no deberán ser excesivamente prescriptivas, a fin de prever un margen de flexibilidad suficiente en la elección de los medios de consecución de los objetivos temáticos y las prioridades de inversión con arreglo a lo dispuesto en los reglamentos relativos a los Fondos Estructurales y de Cohesión;

23.

hace hincapié en que el Marco Estratégico Común debería establecer un vínculo apropiado entre los objetivos temáticos del artículo 9 del Reglamento general y las prioridades de inversión enumeradas en los reglamentos relativos al FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión, al FEADER y al FEMP, aportando seguridad jurídica sobre la compatibilidad de las prioridades y evitando lagunas o solapamientos entre las mismas a fin de que los proyectos prioritarios multifondo y multitemáticos puedan aplicarse de manera integrada y armoniosa;

24.

pide que, de acuerdo con los respectivos ordenamientos institucionales, en su calidad de financiadores y ejecutores de la política de cohesión, los entes locales y regionales competentes participen plenamente en la elaboración, negociación, ejecución y modificación de los contratos de asociación (art. 13.2);

25.

exige, en particular, que, de acuerdo con los respectivos ordenamientos institucionales, en el marco de este contrato, los entes regionales se impliquen directamente en todo lo relacionado con la definición de las condiciones internas y las sanciones que se deriven de ellas (art. 14);

26.

muestra su preocupación por los retrasos que pudiera causar la obligación de presentar al mismo tiempo el contrato de asociación y los programas operativos y, a este respecto, solicita la presentación de los programas en los seis primeros meses a partir de la presentación del contrato;

27.

recomienda que los entes regionales y locales, de acuerdo con los respectivos ordenamientos institucionales, participen plenamente en la gestión de los fondos europeos y aboga firmemente por que se recurra a programas con cargo a varios fondos;

28.

hace constar que una mejor armonización de las disposiciones comunes relativas a la aplicación de los distintos fondos favorecería su integración e incrementaría la eficacia y el impacto de su intervención, y reduciría la carga administrativa que pesa sobre el usuario final;

29.

exige que la Comisión pueda elaborar una valoración sobre el funcionamiento, los efectos y el valor añadido de las estrategias macrorregionales actualmente en funcionamiento;

30.

rechaza enérgicamente las propuestas encaminadas a vincular la política de cohesión con el Pacto de estabilidad (condicionalidad macroeconómica), y considera que esta condicionalidad macroeconómica debe responder a objetivos distintos a los de la política de cohesión;

31.

opina, por lo tanto, que los entes territoriales autónomos no pueden verse penalizados por el incumplimiento por parte de algunos Estados miembros de sus compromisos, especialmente en materia de déficit público nacional (art. 21);

32.

no obstante, comparte el principio de las condiciones ex ante, entendidas como la presencia de unas condiciones previas fundamentales que resultan necesarias para llevar a cabo de manera eficaz las inversiones –incluida la evaluación de experiencias anteriores. En este contexto deberá velarse por evitar cargar tanto la política de cohesión de responsabilidades que no le corresponden como gravar aun más la carga administrativa;

33.

muestra su preocupación, no obstante, por el hecho de la condicionalidad referida a terceros (véase la falta de transposición de directivas comunitarias) pueda prejuzgar la elaboración y ejecución de programas y proyectos a nivel local y regional. Por ello, considera que las condicionalidades ex ante deben circunscribirse a elementos que se refieran directamente a la aplicación de la política de cohesión;

34.

pide, además, a la Comisión que estas condiciones ex ante no conduzcan a ninguna suspensión de pagos o correcciones financieras, salvedad hecha de aquellas condiciones que el Estado miembro se haya comprometido a cumplir;

35.

muestra su inquietud por la creación de una reserva de rendimiento a nivel nacional, ya que teme que un mecanismo de este tipo pudiera estimular la definición de objetivos con resultados especialmente modestos y, por lo tanto, de fácil cumplimiento, lo que podría redundar en beneficio de la financiación suplementaria y, por lo tanto, privilegiar proyectos poco ambiciosos y desalentar la innovación. Llama la atención sobre el Dictamen del Tribunal de Cuentas 7/2011, en el que se señala que «una reserva de rendimiento similar existió durante el período 2000-2006, pero su éxito fue limitado debido al reducido nivel de los gastos que se habían efectuado en el momento del examen intermedio y a la falta de una metodología idónea para evaluar los avances logrados por los programas»;

36.

apoya, por el contrario, la creación de una reserva de flexibilidad constituida con recursos de liberación automática para financiar iniciativas experimentales en materia de crecimiento inteligente, sostenible o integrador, o bien para intervenir en casos de crisis;

37.

hace constar que el marco de examen del rendimiento incluye el establecimiento de objetivos por etapas para cada una de las prioridades entre los años 2016 y 2018. En opinión del Comité, debe tratarse de un mecanismo de orientación y control de los objetivos que se persiguen durante todo el periodo de programación, sin que ello dé lugar a la aplicación de correcciones financieras con respecto a los ejes prioritarios de que se trate cuando no se cumplan los objetivos fijados con arreglo al informe de evolución final, dado que el incumplimiento de los objetivos podría deberse a circunstancias socioeconómicas y a los necesarios cambios políticos realizados por los entes locales y regionales;

38.

considera que esta nueva disposición viene a sumarse, de modo innecesario, a las distintas condiciones (macroeconómica, ex ante y ex post) propuestas por la Comisión y al sistema de control antes, durante y después, al igual que la definición de objetivos cuantificados y de indicadores de resultado, por lo que desea un mayor vínculo con las actividades de evaluación a las que se refieren los artículos 48, 49 y 59;

39.

acoge favorablemente la propuesta encaminada a imponer a las autoridades gestoras el pago a los beneficiarios previamente a la solicitud de reembolso a la Comisión, en aras de una mayor flexibilidad y de un incremento del sistema de anticipos, con la finalidad de mejorar la liquidez de los entes de gestión;

40.

solicita que, en caso de que un Estado miembro en crisis financiera profunda reciba una ayuda por parte de la Unión, la Comisión pueda modificar el contrato de asociación y los programas operativos en el marco de un diálogo constructivo con el Estado miembro y los entes territoriales afectados, y desea por lo tanto que los expertos de la Comisión se dediquen a acompañar de manera constructiva a los entes nacionales y regionales y, consiguientemente, a reforzar su capacidad de gestionar eficazmente los fondos europeos;

41.

comparte sin reservas la atención que merece el tema del desarrollo urbano integrado y, más en particular, valora positivamente las propuestas de la Comisión en relación con las acciones de desarrollo local y las inversiones territoriales integradas, que deberían constituir instrumentos operativos clave del próximo período de programación; a la vez que solicita aclaraciones sobre la aplicación de estas nuevas disposiciones;

42.

espera que estas disposiciones se apliquen prestando especial atención a determinadas condiciones para garantizar la ejecución eficaz del desarrollo territorial integrado como, por ejemplo, la coordinación de la intervención de diversos fondos –en particular del FEDER y del FEADER en los territorios periurbanos y funcionales–, su integración, la definición de territorios del proyecto, la elaboración de una estrategia coherente, etc.;

43.

valora muy positivamente las iniciativas de desarrollo local participativo que aportan una tasa de cofinanciación adicional del 10 % y pide que este planteamiento se aplique también a las inversiones territoriales integradas; asimismo, considera que la organización y el funcionamiento de los grupos de acción locales deben ser objeto de un acuerdo entre las autoridades de gestión y los socios locales a nivel nacional;

44.

pide que la norma en virtud de la cual las autoridades públicas no pueden poseer más del 49 % de los derechos de voto se revise en aquellos casos en los que ya existen asociaciones institucionalizadas de desarrollo local;

45.

destaca la necesidad de que el desarrollo local se considere como un concepto holístico en cuyo marco pueden realizarse inversiones territoriales integradas, acciones urbanas y planes de acción conjuntos;

46.

anima a prestar especial atención a las zonas en plena transición industrial y a las regiones que sufren desventajas graves y permanentes de índole natural o demográfica que hacen que se encuentren comparativamente rezagadas en términos de cohesión económica y territorial, así como a las regiones ultraperiféricas (arts. 174 y 349 del TFUE);

47.

expresa su preocupación por el hecho de que no se tenga en cuenta para las regiones desarrolladas la financiación de las infraestructuras, especialmente de las redes de TIC de alta velocidad.

48.

exige una verdadera simplificación de las disposiciones de ejecución de los fondos en favor de las autoridades de gestión, control y auditoría que facilite, al mismo tiempo, el acceso de los beneficiarios a la financiación;

49.

muestra su inquietud por el hecho de que el apoyo al refuerzo de la capacidad administrativa se limita en el FSE a los Estados miembros con regiones menos desarrolladas o que pueden optar a la financiación del Fondo de Cohesión, mientras que esto no sucede en el FEDER aunque los sistemas nacionales para la aplicación de ambos Fondos estén sujetos a exigencias similares;

50.

espera que con una orientación más decidida hacia los resultados se centre más la atención en la prestación, calidad y eficacia en el uso de los fondos que en el respeto formal de la normativa o el volumen del gasto;

51.

considera que el excesivo recurso a los actos delegados –con aproximadamente 50 referencias en el Reglamento– de la Comisión puede ocasionar retrasos en el uso de los fondos y, por lo tanto, propone un reglamento de ejecución de la Comisión donde se establezcan inicialmente todas las normas de aplicación;

52.

plantea dudas por lo que respecta a la designación de una autoridad de acreditación a nivel ministerial, que constituiría un nivel de control adicional innecesario y cuyo papel consistiría en acreditar a las autoridades de gestión y de certificación sobre la base de un control preliminar, al considerar que la acreditación deberá afectar más a los sistemas que a las autoridades de gestión;

53.

recuerda que una aplicación incorrecta del principio de proporcionalidad podría generar desigualdad de trato de los Estados miembros. Los controles y auditorías pueden resultar mucho más onerosos para los Estados miembros que disponen de las dotaciones financieras más importantes; además, un nivel de control proporcional a la dimensión financiera de los programas podría desincentivar el recurso a adoptar programas con cargo a diversos fondos;

54.

considera que la liquidación de cuentas anual propuesta debería ser facultativa para permitir a las autoridades de gestión que lo deseen simplificar el procedimiento de clausura al final del período y reducir el tiempo de conservación de los documentos contables (artículos 67, 76, 77, 131);

55.

desea evitar que la multiplicación de los controles por parte de la autoridad de auditoría nacional o regional, de la Comisión o del Tribunal de Cuentas, o por parte de los propios operadores, y propone la organización sistemática de misiones de auditoría conjunta en el territorio a fin de evitar la duplicación y favorecer un «diagnóstico» compartido (art. 65.2);

56.

considera necesaria una mayor claridad por lo que respecta al uso de instrumentos financieros en lo relativo a su contabilización en los fondos de la UE, a su supervisión y a su titularidad. Sin embargo, apoya el recurso a los instrumentos de ingeniería financiera con el objetivo de incrementar el efecto palanca de los fondos, siempre que se trate reforzar y no debilitar el aspecto de subvención de la política de cohesión y de que se limite dicho apoyo a modalidades de instrumentos financieros convencionales (participaciones de capital, préstamos y garantías) y se excluya su concesión a instrumentos menos transparentes como los derivados o los estructurados;

57.

considera excesivamente constringente la disposición por la que se establece que los instrumentos financieros deben utilizarse en el plazo de dos años a partir de su activación, con arreglo a la finalidad del programa y por un período de, al menos, 10 años tras el cierre del programa (arts. 35.2 y 39);

58.

acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión relativa a la elaboración de planes de acción conjuntos, que constituyen una serie de proyectos realizados bajo la responsabilidad del beneficiario, en el marco de uno o más programas operativos, a cambio de una reducción considerable de la normativa en materia de gestión y de control, aunque lamenta que el recurso a un mecanismo de estas características se vea dificultado a efectos del FEDER por la exclusión de los proyectos de infraestructura; así pues, el Comité pide a la Comisión que suprima esta exclusión;

59.

solicita que el plan de acción conjunto se decida con la Comisión, el Estado miembro y los entes territoriales asociados al programa, teniendo también en cuenta el nivel de los recursos correspondientes y pide que se reduzca el umbral a 5 millones de euros;

60.

considera preferible el restablecimiento de las normas vigentes durante el período 2000-2006, que preveían la aplicación de una tasa de intervención específica (reducida) y única para las operaciones generadoras de ingresos;

61.

acoge favorablemente la propuesta de la Comisión relativa a las distintas formas de subvención simplificada y anima a las autoridades de gestión y a los beneficiarios a recurrir principalmente a escalas estándar de costes unitarios, cantidades fijas únicas y a una financiación sobre la base de una tasa uniforme;

62.

pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten cuanto antes una metodología de cálculo justo, equitativo y verificable, así como métodos y escalas de costes unitarios, para que los operadores de los proyectos puedan recurrir a ellos al inicio de la programación teniendo presentes las experiencias ya registradas en el período de programación actual.