21.10.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 285/1

A.

Considerando que las negociaciones relativas a un acuerdo internacional global sobre el cambio climático después de 2012 se deben concluir en Copenhague en diciembre de 2009; que dicho acuerdo debe ser jurídicamente vinculante y coherente con las pruebas científicas más recientes, que indican que el cambio climático se está produciendo más rápido y con mayor agresividad de lo que se pensaba anteriormente, y con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura media mundial anual en superficie a 2 °C por encima de los niveles preindustriales (objetivo de los 2 oC),

B.

Considerando que para alcanzar el objetivo de los 2 oC es necesario que los países desarrollados den ejemplo reduciendo de manera considerable sus emisiones y que los países en desarrollo contribuyan también al logro de ese objetivo,

C.

Considerando que los países en desarrollo son los que menos han contribuido al cambio climático, pero los que están sufriendo sus consecuencias más duras, y que el cambio climático está poniendo en peligro el 40 % de las inversiones internacionales destinadas a la reducción de la pobreza, lo que constituye una amenaza para la eficacia y la sostenibilidad de la labor de desarrollo; considerando asimismo que es claramente necesario alcanzar un mayor grado de coordinación, complementariedad y coherencia entre el cambio climático y las iniciativas en materia de desarrollo,

D.

Considerando que el cambio climático puede incrementar considerablemente las probabilidades de que se produzcan conflictos relacionados con los recursos naturales a causa de la disminución de las tierras arables, una mayor escasez de agua, el aumento de la deforestación o las migraciones provocadas por el clima; considerando que conviene también tener en cuenta la posible incidencia sobre la salud pública,

E.

Considerando que la deforestación representa alrededor del 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, es un factor fundamental de la pérdida de biodiversidad y representa una seria amenaza para el desarrollo y, en particular, para las condiciones de vida de las personas pobres,

F.

Considerando que son necesarios recursos financieros considerablemente mayores para poder aplicar las medidas de mitigación y adaptación necesarias en los países en desarrollo, por lo que se deben asignar recursos para luchar contra el cambio climático con un compromiso similar al requerido para hacer frente a la crisis financiera actual,

G.

Considerando que la mayor parte de los fondos prometidos para el cambio climático procede de los presupuestos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), lo que implica el desvío de fondos asignados a la ayuda al desarrollo y supone una grave amenaza para la reducción de la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),

H.

Considerando que un marco internacional vinculante que conduzca a una reducción de las emisiones en la escala necesaria tendrá también beneficios importantes e inmediatos para la salud mundial, y que sin dicho marco los progresos en la consecución de los ODM corren peligro e incluso podría invertirse la situación,

I.

Considerando que la UE es el único espacio regional en el mundo que ha aceptado objetivos vinculantes para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al adoptar el mencionado paquete sobre clima y energía, compuesto de medidas legislativas para aplicar, para 2020, una reducción unilateral del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con los niveles de 1990, con el compromiso de pasar a una reducción del 30 % o más, en consonancia con los progresos científicos más recientes, si en Copenhague se logra un acuerdo internacional suficientemente ambicioso y vinculante que imponga un esfuerzo similar a los demás países desarrollados y unas contribuciones apropiadas de los países en desarrollo económicamente más avanzados, en consonancia con su responsabilidad y sus posibilidades,

J.

Considerando que es necesaria una transformación mundial en el ámbito de la tecnología y la cooperación tecnológica para acelerar el ritmo de la innovación y aumentar la escala de demostración e implantación, a fin de que todos los países tengan acceso a las tecnologías sostenibles a un precio asequible,

K.

Considerando que la eficiencia energética desempeña un papel fundamental en la reducción de las emisiones de CO2, en particular las recientes iniciativas sobre el rendimiento energético de los edificios y las normas en materia de etiquetado energético,

L.

Considerando que unas medidas ambiciosas en materia de clima contribuirían a solventar la actual crisis económica mediante la creación de empleo y el aumento de la actividad económica, y que la Agencia Internacional de la Energía considera que es necesario alcanzar un acuerdo ambicioso en Copenhague para canalizar las inversiones retrasadas por la crisis hacia inversiones sostenibles desde el punto de vista medioambiental,

M.

Considerando que algunos terceros países han adoptado medidas para combatir el cambio climático, como, por ejemplo, el establecimiento de objetivos de reducción de emisiones,

N.

Considerando que es necesario alcanzar en Copenhague un acuerdo global para poder hacer frente a la fuga de carbono y crear condiciones de igualdad en el marco de la reducción del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero,

O.

Considerando que una verdadera reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero exige un planteamiento integral que cubra todos los sectores de producción y de movilidad emisores, y que debería analizarse en el marco de una transición con éxito hacia un modelo económico sostenible que establezca que la calidad medioambiental va unida al crecimiento económico, la creación de riqueza y el progreso tecnológico,

1.

Insta a la UE a continuar desarrollando una política exterior en materia de clima, a expresarse con voz unánime para mantener su papel de líder en las negociaciones en el marco de la COP 15, y a mantener un nivel elevado de exigencia en las conversaciones con sus socios internacionales a fin de alcanzar en Copenhague un acuerdo internacional ambicioso y jurídicamente vinculante, en consonancia con los progresos científicos más recientes y coherente con el objetivo de los 2 oC;

2.

Destaca la necesidad de que, en Copenhague, antes de que acabe el año, las Partes alcancen un acuerdo jurídicamente vinculante sobre los objetivos y la financiación de las medidas de atenuación en los países industrializados y definan un proceso formal para conseguir en los primeros meses del 2010 un acuerdo global jurídicamente vinculante en materia de clima que entre en vigor el 1 de enero de 2013;

3.

Pide a los Jefes de Estado o de Gobierno de todos los miembros de la COP 15 que den a este asunto máxima prioridad y que den prueba de su liderazgo político, y destaca la importancia de que dichos Jefes de Estado o de Gobierno estén disponibles para asistir a la reunión de alto nivel de la COP 15, con el fin de evitar una situación en la que no pueda garantizarse un acuerdo que implique compromisos nacionales importantes a largo plazo debido a que los negociadores presentes carezcan del mandato político o de la autoridad requeridos;

4.

Destaca que, a fin de asegurar la continuidad de los compromisos tras la finalización del primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto, es vital que se concluyan en Copenhague las negociaciones sobre un acuerdo para después de 2012, y subraya que todo retraso en la acción a escala planetaria puede llevar a una situación en que las futuras generaciones ya no sean capaces de controlar el cambio climático;

5.

Subraya que el acuerdo internacional debería basarse en el principio de la «responsabilidad común pero diferenciada», y que los países industrializados deben asumir el liderazgo en la reducción de las emisiones nacionales; considera, no obstante, que habida cuenta de su peso económico, China, la India y Brasil deberían comprometerse a alcanzar objetivos similares a los de los países industrializados, a diferencia de los demás países emergentes que, de conformidad con el Plan de Acción de Bali, deberían adoptar a nivel nacional medidas de mitigación adecuadas, en el contexto de un desarrollo sostenible, apoyadas y facilitadas de manera mensurable, notificable y verificable por los países industrializados, en términos de tecnología, financiación y desarrollo de capacidades, respetando al mismo tiempo la protección de los derechos de propiedad industrial en el marco de estas transferencias de tecnología, así como las necesidades especiales de los países menos adelantados;

6.

Considera que el acuerdo de Copenhague debe obligar a las partes a aplicar reducciones vinculantes y contemplar un régimen de sanciones internacional, por definir, en caso de incumplimiento;

7.

Recuerda que el acuerdo internacional debe garantizar para 2020, en los países desarrollados, reducciones colectivas de las emisiones de gases de efecto invernadero situadas en los niveles superiores de una franja del 25 al 40 %, en comparación con los niveles de 1990, de conformidad con las recomendaciones del Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC 4AR), y que los datos científicos recientes indican que se requiere una reducción de las emisiones de al menos un 40 %; pide que dichas reducciones sean internas; recuerda que se debe establecer para la UE y el resto de los países desarrollados un objetivo de reducción a largo plazo de al menos el 80 % para 2050, con respecto a los niveles de 1990; recuerda que las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial deben empezar a disminuir en 2015 a más tardar; hace hincapié en la necesidad de que los objetivos de reducción acordados en el acuerdo internacional sean coherentes con el objetivo de los 2 oC y con los últimos avances de la ciencia; pide, por consiguiente, que se revise el acuerdo cada cinco años con el fin de asegurarse de que los objetivos de reducción sean lo suficientemente ambiciosos para alcanzar el objetivo de los 2 oC y sigan estando ajustados a los últimos avances de la ciencia; pide que se establezca un mecanismo global de cálculo del carbono;

8.

Pide a la UE que aclare en qué condiciones estaría dispuesta a reforzar su compromiso de reducción, teniendo en cuenta que las últimas recomendaciones científicas reclaman el compromiso de reducir en un 40 % las emisiones;

9.

Pide que se incluyan en el acuerdo de Copenhague requisitos de información que impongan a las Partes del anexo 1 la obligación de establecer planes de acción dirigidos a conseguir, en el período comprendido hasta el año 2050, una reducción de emisiones coherente con el límite de los 2 oC;

10.

Valora el compromiso de Japón de reducir sus emisiones en un 25 % para 2020 y aplaude las señales positivas de China; insta a los Estados Unidos, a la luz de estos acontecimientos, a que haga vinculantes las promesas de la campaña electoral, dando así una fuerte señal de la voluntad de los países desarrollados líderes de encabezar la lucha contra el cambio climático; destaca, a este respecto, que es extremadamente importante que también la India haga una contribución;

11.

Celebra la Comunicación de la Comisión de 10 de septiembre de 2009, antes mencionada, como un paso importante en el debate, y destaca especialmente el papel del Parlamento como Autoridad Presupuestaria;

12.

Recuerda que el acuerdo internacional debería garantizar asimismo que los países en desarrollo limiten conjuntamente el aumento de sus emisiones entre un 15 % y un 30 % por debajo de las previsiones en la situación actual, a fin de asegurar el cumplimiento del objetivo de los 2 oC;

13.

Destaca que los países no incluidos en el anexo I no pueden ser tratados en bloque, puesto que sus capacidades de inversión en medidas de mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, así como sus capacidades de ajuste al cambio climático, no son las mismas;

14.

Pide a la UE que anime a los miembros de la COP 15 a desarrollar una visión común para el año 2050 y en adelante;

15.

Recuerda además su recomendación de que determinados principios adoptados en el paquete de medidas sobre clima y energía se utilicen como modelo para el acuerdo internacional, en particular la hipótesis linear vinculante aplicable a los compromisos de los países desarrollados, la diferenciación basada en las emisiones comprobadas y el producto interior bruto (PIB), así como un régimen de conformidad reforzado con un factor de reducción anual;

16.

Subraya que, con un acuerdo en Copenhague, podría proporcionarse el estímulo necesario para un «New Deal sostenible», que impulse el crecimiento social y económico sostenible, promueva las tecnologías ecológicamente sostenibles, la energía renovable y la eficiencia energética, reduzca el consumo de energía y garantice nuevos puestos de trabajo y la cohesión social tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo; observa asimismo que debe otorgarse la adecuada consideración a los aspectos del cambio climático que inciden sobre la salud pública; recuerda el informe Stern sobre la economía del cambio climático, que aboga por incentivos económicos claros que impulsen a la comunidad internacional a actuar tan pronto como sea posible para hacer frente al cambio climático; reconoce que las inversiones iniciales por parte del sector público en infraestructuras de energía sostenibles y en investigación y desarrollo complementarios llevarían a la reducción de los costes sociales del cambio climático;

17.

Hace hincapié en que la participación activa de todos los países en la lucha contra el cambio climático solo será posible si los países en desarrollo y las economías emergentes pueden mantener un crecimiento económico sostenible; pide, por consiguiente, políticas realmente más integradas en respuesta a los retos del desarrollo y del clima;

18.

Observa que el cambio climático constituye un reto para el cual no existe una panacea política, pero la combinación de las opciones disponibles y un radical incremento de la eficiencia en todos los campos de la economía y de la sociedad en los países desarrollados y en los países en desarrollo pueden contribuir a la solución de los problemas de recursos y de distribución y pueden allanar el camino hacia una tercera revolución industrial;

19.

Destaca que los habitantes de los países en desarrollo se verán incluso más afectados por las consecuencias del cambio climático y que por ello redunda también en beneficio de dichos países contribuir a que se logre alcanzar un acuerdo sobre el cambio climático;

20.

Subraya la responsabilidad que tienen los países desarrollados de proporcionar a los países en desarrollo un apoyo financiero y técnico suficiente, sostenible y predecible para que puedan comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse a las consecuencias del cambio climático y reducir las emisiones resultantes de la deforestación y la degradación de los bosques, así como potenciar la creación de capacidades con objeto de cumplir las obligaciones resultantes del futuro acuerdo internacional sobre el cambio climático;

21.

Insiste en que dichos compromisos de ofrecer la ayuda financiera predecible para la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo en el contexto del CMNUCC deben ser nuevos y añadirse a la AOD, y ser independientes de los procedimientos presupuestarios anuales en los Estados miembros; recuerda que los recursos se deben distribuir no en forma de préstamos en condiciones favorables, sino de subvenciones; recuerda los compromisos ya existentes, con los que se pretende alcanzar un nivel de AOD del 0,7 % del PIB para 2015;

22.

Destaca la necesidad de poner en marcha rápidamente una ayuda pública internacional con el fin de alcanzar un acuerdo ambicioso en Copenhague, y pide a la UE que asuma, como mínimo, la estimación de la Comisión de una financiación global de entre 5.000 y 7.000 millones de euros anuales para el período 2010-2012;

23.

Recuerda que la contribución colectiva de la UE a los esfuerzos de reducción y a la cobertura de las necesidades de adaptación de los países en desarrollo habrá de ser como mínimo de 30 000 millones EUR anuales para 2020, y que esta cifra podría aumentar en función de los nuevos conocimientos sobre la gravedad del cambio climático y la magnitud de sus costes;

24.

Pide a la comunidad internacional que aumente sustancialmente la ayuda financiera que presta a la adaptación y mitigación del cambio climático por parte de los países en desarrollo y que explore otros mecanismos financieros innovadores (por ejemplo, el canje de la deuda por financiaciones);

25.

Subraya que una parte sustancial de los ingresos generados por la subasta de certificados en el Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCCDE), incluyendo las subastas para los sectores del transporte aéreo y marítimo, se debe asignar a los países en desarrollo para que puedan combatir el cambio climático y adaptarse al mismo; destaca, no obstante, que más del 50 % de las emisiones de la UE no está cubierto por el RCCDE que empezó a aplicarse en 2005; recuerda, por tanto, que es necesario desarrollar estrategias alternativas para que no solo la industria sino todos los sectores de la economía, y en particular todos los Estados miembros, lleven la carga de la reducción de las emisiones y asuman sus responsabilidades;

26.

Destaca que uno de los objetivos de la próxima revisión del presupuesto de la UE ha de ser proporcionar recursos suficientes para medidas de protección contra el cambio climático y de adaptación al mismo;

27.

Recomienda a los países desarrollados que se planteen dedicar una parte de su PIB a la creación de un fondo de cooperación para la implantación de tecnologías energéticas no contaminantes, independiente de los actuales fondos de ayuda para el desarrollo;

28.

Respalda la propuesta de Noruega referente a unidades de cantidad atribuida y las propuestas de Dinamarca y México;

29.

Pide que las estructuras de gobierno creadas para la financiación de la lucha contra el cambio climático en el marco del acuerdo de Copenhague garanticen una representación equitativa tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo; subraya además que, para garantizar la utilización sostenible de las transferencias financieras, conviene aplicar la experiencia adquirida en la política de desarrollo y los principios establecidos, como la «buena gobernanza»; señala que los países donantes tienen que invertir en el incremento de la «capacidad de absorción» en los países en desarrollo, de manera que éstos estén en condiciones de utilizar los recursos con efectividad;

30.

Insta a la UE y a los Estados miembros a que refuercen las asociaciones sobre el clima que ya hayan establecido con los países en desarrollo y a que establezcan nuevas asociaciones en los casos en que aún no existan, destinando un apoyo financiero considerablemente mayor al desarrollo y a la transferencia de tecnologías, al logro de un acuerdo sobre los derechos en materia de propiedad intelectual y a la creación de capacidad institucional, así como a los Programas de Acción Nacionales de Adaptación (PANA) como instrumentos importantes para la adaptación al cambio climático, fomentando la apropiación;

31.

Insiste en que en el acuerdo internacional sobre el cambio climático para el periodo posterior a 2012 se deberían tener en cuenta los procesos de desarrollo en curso a nivel tanto internacional como nacional; pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan los vínculos necesarios entre el cambio climático y los ODM, integrando la adaptación al cambio climático y su mitigación en los proyectos y programas destinados a la consecución de los ODM y en todas las estrategias de reducción de la pobreza;

32.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen sustancialmente el presupuesto destinado a la Alianza Mundial sobre el Cambio Climático (AMCC), y sugiere que una parte de la financiación se obtenga de los ingresos que se prevé conseguir con las subastas en el marco del RCCDE; insta a la Comisión a garantizar que la AMCC se convierte en un centro de coordinación de la financiación para la adaptación en los países en desarrollo, evitándose con ello el desarrollo de nuevas iniciativas bilaterales de la UE;

33.

Considera que el cambio climático ocasiona el desplazamiento de personas, creando así nuevas migraciones forzadas que la comunidad internacional tiene que abordar adecuadamente; pide a la comunidad internacional que determine y colme las carencias legales en materia de protección de los refugiados medioambientales y que cree un sistema específico de asistencia y protección;

34.

Hace hincapié en la necesidad de garantizar la responsabilidad y la confianza institucionales, estableciéndose para ello una representación justa de países donantes y beneficiarios en el órgano de gestión de las instituciones de financiación de la adaptación;

35.

Considera que la transformación mundial en una economía eficiente y sostenible no solo es necesaria para impedir un peligroso cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero sino que también puede hacer aumentar la inversión, el empleo, el crecimiento económico y la competividad y mejorar la calidad de vida sin comprometer el objetivo de garantizar el acceso de todos a unos servicios energéticos modernos; destaca, por tanto, la necesidad urgente de mejorar la eficiencia energética a escala mundial, así como de incrementar la cuota correspondiente a las fuentes de energía renovables;

36.

Destaca que un cambio a nivel internacional hacia una economía con emisiones reducidas de carbono considerará a medio plazo la presencia de la energía nuclear como una parte importante del combinado energético; señala, no obstante, que la cuestión relativa a la seguridad del ciclo del combustible nuclear debe abordarse de forma adecuada a nivel internacional, con el fin de garantizar el máximo nivel posible de seguridad;

37.

Insta a todos los gobiernos, incluidos los de los Estados miembros de la UE, y a la UE a que fomenten la eficiencia energética; pide asimismo a los Estados miembros de la UE que sean más exigentes con respecto al paquete de eficiencia energética, en particular en lo que atañe a la refundición de la Directiva relativa al rendimiento energético de los edificios, que se está examinando en la actualidad (COM(2008)0780),de forma que se permita alcanzar un acuerdo dinámico y coherente con el Consejo y se emita un mensaje claro en cuanto al compromiso de la UE con respecto al acuerdo de Copenhague, abriendo de este modo el camino hacia una reducción del 30 % en las emisiones de gases de efecto invernadero;

38.

Destaca que el uso a gran escala de combustibles fósiles para la generación de energía es una fuente importante de emisiones de CO2 en todo el mundo; reconoce que los combustibles fósiles seguirán desempeñando a medio plazo un papel importante en el abastecimiento energético; insta a las partes negociadoras a que concedan una gran importancia al desarrollo y la aplicación de tecnologías para la generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles que sean sostenibles, eficientes en el consumo de energía y favorables a la reducción de las emisiones;

39.

Considera que tanto los objetivos de reducción de las emisiones como los compromisos de financiación deben someterse a un régimen de cumplimiento reforzado que incluya un mecanismo de alerta temprana junto con sanciones, por ejemplo la retirada de futuras unidades de cantidad atribuida;

40.

Destaca la responsabilidad histórica de los países desarrollados en la irreversibilidad del cambio climático, al tiempo que les recuerda su obligación de ayudar a los países en desarrollo y a los países menos adelantados en el proceso de adaptación a las transformaciones que comporta dicho cambio;

41.

Pide, por consiguiente, a la UE y a sus Estados miembros que presten ayuda a los países en desarrollo para la creación de capacidades, a fin de que puedan adaptarse al cambio climático, y que brinden apoyo tecnológico suficiente a los países más afectados por los cambios en el entorno;

42.

Reconoce la importancia de una adaptación proactiva a un cambio climático inevitable, en particular en las regiones y entre los grupos sociales más vulnerables, y destaca la importancia de la sensibilización a la hora de abordar la adaptación al cambio climático de la manera más efectiva;

43.

Destaca que la UE y sus Estados miembros deben reforzar también su actuación dirigida a respaldar la aplicación urgente de medidas de adaptación en el interior de la UE, con el fin de reservar recursos para futuras acciones internacionales;

44.

Considera necesario adoptar un nuevo enfoque de la cooperación tecnológica con vistas a conseguir la aceleración en el ritmo de innovación y el nivel de utilización necesarios para que todos los países tengan acceso a unas tecnologías respetuosas con el clima que sean asequibles, al tiempo que se respetan las cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual;

45.

Considera que el acuerdo de Copenhague debería prever programas de acción de carácter tecnológico para que las principales tecnologías de adaptación y mitigación sirvan de ayuda durante toda la cadena tecnológica mediante objetivos tales como un incremento considerable de la financiación de la investigación, el desarrollo y la demostración (ID+D) relacionada con la adaptación y mitigación; apoya en este sentido la evaluación de la Comisión según la cual, globalmente, la ID+D relacionada con la energía debería, como mínimo, duplicarse para 2012 y cuadriplicarse con respecto a su nivel actual para 2020;

46.

Pide a los países desarrollados que inviertan más en la investigación sobre tecnologías novedosas y avanzadas con vistas a unos procesos de producción sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético; considera esencial que en el Séptimo Programa Marco de Investigación se mejore la financiación de la cooperación internacional sobre el cambio climático;

47.

Hace hincapié en que, si bien las soluciones de mercado, incluido el desarrollo de un mercado mundial del carbono a través de un sistema de límites máximos y comercio de derechos de emisión («cap and trade») o de regímenes de imposición en los países desarrollados, no son la solución para los países en desarrollo en un futuro próximo, ello ha de seguir siendo el objetivo a largo plazo para todas las negociaciones; pide a la UE y a sus socios en el mundo que encuentren en un futuro inmediato la manera más eficaz de promover conexiones entre el RCCDE y los sistemas de comercio de emisiones regionales o federales de los Estados Unidos y de otros países, que, a su vez, prometan una mayor diversidad de opciones de reducción, mejores dimensiones del mercado y liquidez y, por último, una asignación más eficaz de recursos;

48.

Señala que, con el fin de responder a los ambiciosos compromisos comunitarios de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020, resulta esencial para la economía de la UE el buen funcionamiento del mercado mundial del carbono; subraya la necesidad de celebrar un acuerdo global para el período posterior a 2012 en el que se estipule que otros países desarrollados han de realizar esfuerzos similares para hacer frente al riesgo de fuga de carbono, en particular teniendo en cuenta los objetivos a largo plazo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; hace hincapié a este respecto en el papel clave que desempeña una cooperación estrecha entre las economías emergentes y las economías desarrolladas;

49.

Acoge con satisfacción el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto como posible medio para que los países en desarrollo puedan participar en el mercado del carbono y para dotarles de tecnologías modernas y eficientes; subraya, sin embargo, que la utilización por los países desarrollados de compensaciones para cumplir los objetivos de reducción de las emisiones de los países desarrollados no puede ser parte de la responsabilidad de los países en desarrollo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de un acuerdo internacional sobre el cambio climático, y no substituye al apoyo financiero y tecnológico destinado a los países en desarrollo para sus medidas de mitigación;

50.

Insiste, por consiguiente, en que en los futuros mecanismos de compensación han de incluirse normas estrictas de calidad de los proyectos, con el fin de impedir que los países desarrollados priven a los países en desarrollo de las opciones de bajo coste en materia de reducción de las emisiones y de garantizar que dichos proyectos sean de alto nivel, con reducciones fiables, comprobables y reales, y además apoyen las posibilidades de desarrollo sostenible en estos países;

51.

Opina que se han de reformar el MDL y el mecanismo de aplicación conjunta, teniendo en cuenta estas normas de calidad de los proyectos; apoya asimismo el punto de vista de la Comisión según el cual deben acordarse, para el periodo posterior a 2012, mecanismos sectoriales para los países en desarrollo económicamente más avanzados, con el fin de convertirlos en instrumentos eficaces para la protección del clima y el desarrollo sostenible en los países en desarrollo;

52.

Insiste en que la UE y sus Estados miembros han de cumplir los compromisos de mitigación en primer lugar dentro de la UE y recuerda a todas las partes que el uso de mecanismos flexibles debe reducirse al mínimo;

53.

Considera que se ha de prestar un apoyo financiero considerable a los países en desarrollo, así como asistencia técnica y administrativa, a fin de detener la deforestación tropical a gran escala para 2020, a más tardar, y que las pruebas de este compromiso serán decisivas en las negociaciones internacionales relativas a un acuerdo global sobre el clima para el periodo posterior a 2012;

54.

Destaca que la conservación de los sumideros naturales de carbono constituye el medio más eficiente y eficaz de mitigar el cambio climático y no conlleva consecuencias negativas conocidas; considera, además, que el desarrollo de una política global de forestación es inestimable para luchar contra el cambio climático;

55.

Pide a la UE que se comprometa con los esfuerzos internacionales de financiación para frenar la deforestación y promover la forestación de carácter no comercial en el mundo;

56.

Hace hincapié en que la protección de los bosques es esencial para el éxito de la protección del clima mundial e insta a la UE y a los Estados miembros a reconocer la necesidad de preservar los bosques y de integrar este aspecto en un acuerdo internacional;

57.

Comparte el punto de vista de la Comisión de que la financiación pública es asimismo la herramienta más realista para incentivar la lucha contra la deforestación durante el período 2013-2020; pide además a la UE y a sus Estados miembros que aporten financiación para el período 2010-2012 para una pronta intervención en los países en desarrollo, y apoya la propuesta de la Comisión de crear un Mecanismo Mundial del Carbono Forestal (MMCF) en el marco de la CMNUCC, sobre la base de un régimen de financiación permanente; pide a los Estados miembros que respalden su compromiso de detener la deforestación y la degradación forestal y del suelo, así como la desertización en el mundo, destinando una parte sustancial de los ingresos procedentes de las subastas del RCCDE a reducir la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo; pide a los Estados miembros que apoyen la propuesta de la Comisión de adoptar la propuesta de Noruega en materia de financiación y que asignen al MMCF parte de los ingresos que obtengan en el futuro con las subastas de unidades de cantidad atribuida;

58.

Hace hincapié en que el futuro MMCF debe estar vinculado a las decisiones del Convenio sobre la Diversidad Biológica y contribuir a sus objetivos, y en que las repercusiones en la biodiversidad han de tenerse en cuenta explícitamente en las actividades, normas y modalidades cubiertas por el programa de Naciones Unidas sobre reducción de las emisiones resultantes de la deforestación y de la degradación de los bosques (REDD); considera que el MMCF debe garantizar ante todo la protección de los bosques naturales; destaca que las actividades forestales industriales que tienen un escaso potencial de mitigación del clima y pueden suponer una amenaza a la biodiversidad no deben poder optar a la financiación con arreglo al MMCF;

59.

Hace hincapié en que cualquier futuro MMCF debe respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, en particular su derecho a la propiedad colectiva y a territorios indígenas autónomos, y establecer su participación plena y efectiva y su poder en la toma de decisiones, en todos los niveles, incluido en el desarrollo y la aplicación de los planes nacionales REDD y en la asignación o distribución de la financiación;

60.

Pide a la UE que fomente unas normas sociales y medioambientales estrictas para el programa REDD; pide a la UE que promueva mecanismos REDD que vayan más allá del enfoque actual del MDL y que aborden las causas subyacentes de la deforestación, como la mala gobernanza, la pobreza, la corrupción y la no aplicación de la legislación, apoyando reformas políticas e institucionales a nivel local, regional y nacional;

61.

Pide que la eficacia medioambiental del anexo I sobre objetivos de reducción de emisiones sea el principio rector del planteamiento de la UE respecto de las normas internacionales de contabilidad para la gestión de los bosques y el uso de la tierra, el cambio en el uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) en general;

62.

Destaca que las practicas seguidas en algunos sectores, incluida la gestión del agua, la conservación del ecosistema, la producción agrícola, las condiciones del suelo, los cambios en los usos del mismo, la salud, la seguridad alimentaria y el riesgo de catástrofe, han originado y agravado el cambio climático, pero que, al mismo tiempo, estos sectores han sufrido también graves consecuencias debidas a los efectos negativos de dicho cambio climático; considera que ambas dimensiones deben incluirse en el acuerdo de Copenhague junto con objetivos específicos, con el fin de garantizar un grado elevado de mitigación y adaptación al cambio climático en dichos sectores;

63.

Recuerda que los impactos de la aviación distintos al CO2 duplican aproximadamente su potencial de calentamiento mundial; pide a la UE que se tengan en cuenta dichos impactos en el acuerdo de Copenhague;

64.

Insiste en que —a la vista del fracaso de las conversaciones con la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Marítima Internacional — el transporte aéreo y marítimo deben incorporarse a un acuerdo amparado por la CMNUCC;

65.

Insta a que en los acuerdos internacionales en los sectores aéreo y marítimo se fijen los mismos objetivos vinculantes que existen para otros sectores industriales; insta además a que se subaste, a escala mundial, al menos el 50 % de los derechos de emisión en este sector;

66.

Subraya la gran importancia que revisten una información y consulta exhaustivas de los ciudadanos del lugar y la participación de estos en el proceso de toma de decisiones, y alienta en particular a los centros urbanos, las regiones y las conurbaciones a que, con ayuda pública, inicien sus propias campañas informativas, por ejemplo vinculadas también a objetivos de reducción específicos;

67.

Reconoce que, en vista de que en 2030 dos tercios de la humanidad vivirá en centros urbanos, las autoridades municipales, locales y regionales deben desempeñar un papel primordial en la aplicación de las acciones prácticas contra el cambio climático; se felicita del compromiso demostrado por el Acuerdo Mundial de los Alcaldes y Gobiernos Locales por la Protección del Clima, y pide a la UE que promueva el compromiso de las autoridades municipales, locales y regionales con el desarrollo y la aplicación de estrategias nacionales en materia de cambio climático, incluidos planes de acción para la mitigación y programas de acción en materia de adaptación;

68.

Considera que la delegación de la UE desempeña un papel importante en estas negociaciones sobre el cambio climático y, por consiguiente, encuentra inaceptable que los diputados al Parlamento Europeo que forman parte de esta delegación no hayan podido participar en las reuniones de coordinación de la UE en la Conferencia de las Partes precedente; espera que los participantes del Parlamento Europeo tengan acceso a esas reuniones en Copenhague, al menos en calidad de observadores, con o sin derecho a la palabra;

69.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con la petición de que se remita a todas las Partes contratantes no pertenecientes a la UE.

21.10.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 285/12

A.

Considerando que, desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el ELSJ ha sido un objetivo esencial de la Unión Europea; que es fundamental recuperar el espíritu inicial del Programa de Tampere, que abarcaba determinados aspectos del Derecho penal y civil y se centraba en el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales,

B.

Considerando que la globalización afecta no sólo al sector financiero, sino también, y cada vez en mayor medida, al ELSJ; considerando que se impone un enfoque político más integral, así como medidas destinadas a hacer frente a los asuntos urgentes de migración y asilo, por lo que es necesario profundizar los intercambios y la cooperación entre los responsables de las políticas de justicia y asuntos de interior, desarrollo, comercio internacional y asuntos sociales,

C.

Considerando que el Tratado de Lisboa, aprobado recientemente bien mediante votación parlamentaria o bien mediante referéndum, remodelará los fundamentos jurídicos, los objetivos, los instrumentos y los métodos de toma de decisiones de las políticas relativas al ELSJ,

D.

Considerando que los derechos y la función institucional atribuidos por primera vez por el Tratado de Lisboa a los Parlamentos nacionales tendrán repercusiones positivas en el desarrollo y el funcionamiento del ELSJ, en particular porque se garantizará mejor el respeto del principio de subsidiariedad,

E.

Considerando que en numerosos ámbitos de la política en materia de justicia y asuntos de interior las soluciones nacionales ya no resultan adecuadas y que es necesario, por consiguiente, desarrollar respuestas europeas a los desafíos internacionales de la migración, la seguridad y la tecnología, incluida la tecnología de la información y de las comunicaciones,

F.

Considerando que el desmantelamiento de los controles en las fronteras interiores de la Unión Europea es uno de los mayores logros de la integración europea,

G.

Considerando que los ciudadanos están representados directamente a escala de la Unión por medio del Parlamento Europeo y que los Estados miembros están representados en el Consejo por medio de sus respectivos Gobiernos, que, por su parte, deben rendir cuentas de forma democrática ante sus Parlamentos nacionales; considerando que, por consiguiente, el refuerzo necesario de la representación parlamentaria de la Unión Europea debe basarse, por una parte, en la ampliación de las competencias del Parlamento Europeo con respecto a todo el proceso de toma de decisiones de la Unión y, por otra, en un mayor control de los Gobiernos nacionales por parte de sus respectivos Parlamentos,

H.

Considerando que las medidas conjuntas deben limitarse al ámbito de competencias de la Comunidad y que sólo deben adoptarse enfoques europeos cuando prometan tener más éxito que las acciones nacionales,

I.

Considerando que deben preservarse los derechos y los derechos de protección de los ciudadanos de la Unión Europea, especialmente en lo relativo a la protección de datos, y que la política común en materia de justicia y asuntos de interior debe seguir sujeta al control parlamentario,

J.

Considerando que, en el proceso legislativo, debe predominar la transparencia y que los Parlamentos nacionales y los ciudadanos deberían poder supervisar y controlar la definición y ejecución de las políticas relativas al ELSJ,

K.

Considerando que la adhesión de la Unión al CEDH, prevista por el Tratado de Lisboa, no afectará a la protección de los derechos fundamentales en la Unión, basada en la Carta y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y supondrá un valioso elemento de protección suplementaria, aunque deberá tenerse en cuenta la necesidad de establecer una distinción clara entre las competencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las del Tribunal de Justicia,

L.

Considerando que, con el fin de luchar contra la delincuencia organizada, el fraude y la corrupción de forma enérgica y oportuna, así como de proteger los intereses financieros de la Unión Europea, es necesario reforzar la cooperación policial y judicial, involucrar a Europol y a Eurojust de forma más sistemática en las investigaciones, crear la figura del Fiscal Europeo y lograr resultados eficaces y mensurables, y considerando que los ciudadanos comunitarios desean que la Unión Europea desempeñe un papel más significativo en la lucha contra la corrupción,

M.

Considerando que, en el ámbito de la justicia civil, las prioridades para los cinco próximos años deben reflejar las necesidades expresadas por los ciudadanos y las empresas individuales,

N.

Considerando que el reconocimiento mutuo, como piedra angular del ELSJ, requiere confianza recíproca y confianza en los sistemas jurídicos de otros países, y que estos valores sólo pueden garantizarse mediante el conocimiento y la comprensión mutuos, creando así una cultura judicial europea,

O.

Considerando que el espacio judicial europeo debe basarse en una cultura judicial europea compartida por los profesionales del Derecho, la judicatura y los fiscales que no se base únicamente en el Derecho comunitario, sino que se desarrolle mediante el conocimiento mutuo y la comprensión mutuos de los sistemas judiciales nacionales, la remodelación completa de los estudios universitarios, los intercambios, los viajes de estudios y la formación común con el apoyo activo de la Red Europea de Formación Judicial y la Academia de Derecho Europeo,

P.

Considerando que la confianza mutua depende, asimismo, de una valoración continua de la eficacia y los resultados de los diversos sistemas nacionales, realizada a escala tanto nacional como europea; considerando que, en este sentido, debe mencionarse la labor inestimable que lleva a cabo la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia en el Consejo de Europa,

Q.

Considerando que las redes europeas en los diversos sectores del sistema judicial (Red Europea de Formación Judicial, Red Europea de Consejos del Poder Judicial, Red de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea, Red Eurojustice de Fiscales Generales Europeos, Red Judicial Europea en materia civil y mercantil y redes de profesionales del Derecho) deben contribuir activamente a la realización ulterior de una cultura judicial europea; y teniendo en cuenta su Resolución, de 10 de septiembre de 1991, sobre la creación de una Academia Europea de Derecho para la Comunidad Europea (1), su Resolución, de 24 de septiembre de 2002, sobre la adopción de una Decisión del Consejo por la que se crea una red europea de formación judicial (2), su Resolución, de 9 de julio de 2008, sobre el papel del juez nacional en el sistema judicial europeo (3), y su Recomendación al Consejo, de 7 de mayo de 2009, sobre el desarrollo de un espacio de justicia penal en la Unión Europea (4),

R.

Considerando que los delitos informáticos se han incrementado de forma significativa en los últimos años, lo que entraña retos judiciales más complejos y supone una carga para las capacidades de los tribunales; considerando que, a la vista de estos hechos, es necesario examinar la posibilidad de crear un Tribunal Europeo de Asuntos Informáticos que esté especializado en cuestiones relacionadas con los delitos informáticos,

1.

Observa que es probable que el nuevo programa plurianual en el ámbito del ELSJ se apruebe y aplique con arreglo al nuevo marco jurídico definido por el Tratado de Lisboa, por lo que ya debe incorporar todas las innovaciones incluidas en éste, según las cuales:

2.

Señala que la actuación de la Unión Europea tendrá más credibilidad, ya que se basará en un fundamento jurídico nuevo o reformado con nuevas disposiciones en materia de protección de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las minorías nacionales, nuevas disposiciones para evitar todas las formas de desigualdad, especialmente entre hombres y mujeres (artículo 8 del TFUE) o toda forma de discriminación (artículo 10 del TFUE), disposiciones para promover la transparencia en todas las instituciones y los órganos y organismos de la Unión Europea (artículo 15 del TFUE), disposiciones sobre la protección de los datos de carácter personal frente a los abusos de los organismos privados o públicos (artículo 16 del TFUE), sobre la protección consular y diplomática (artículo 23 del TFUE), sobre las políticas comunes en los ámbitos del asilo y la inmigración (artículo 77 y siguientes del TFUE), sobre el refuerzo de la integración de los nacionales de terceros países (artículo 79, apartado 4, del TFUE), y sobre la mejora de la buena administración (artículo 298 del TFUE);

3.

Destaca la importancia que reviste la ampliación sin restricciones de las competencias del Tribunal de Justicia, tanto para dictar decisiones prejudiciales sobre toda cuestión relativa al ELSJ como para permitir a la Comisión incoar procedimientos de infracción (5);

4.

Señala que la existencia de cláusulas de exención nacionales hace que el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y las empresas en todo el ELSJ europeo sea más complicado y menos transparente, y que, por ello, estas cláusulas deberían evitarse en la medida de lo posible en aras de la equidad, la coherencia y la sencillez;

5.

Se congratula de que el Tratado de Lisboa establezca el procedimiento de codecisión como procedimiento legislativo ordinario en los ámbitos del ELSJ en los que no se aplicaba hasta la fecha, asegurando así que los distintos aspectos de la política europea en materia de justicia y asuntos de interior, así como las medidas adoptadas para aplicarla, pasen a quedar bajo control parlamentario; considera que la participación del Parlamento Europeo en la ratificación de los acuerdos internacionales no es sino el complemento necesario de las competencias y responsabilidades que le serán reconocidas a nivel interno, especialmente en lo relativo a los asuntos comprendidos en el tercer pilar actual;

6.

Considera que el principio de solidaridad entre los Estados miembros, y entre los Estados miembros y la Unión, adquiere en el ELSJ una importancia especial y debe transformarse en solidaridad activa y obligatoria especialmente en lo que se refiere al control en las fronteras, la inmigración, la protección civil y la cláusula de solidaridad;

7.

Destaca que la Unión Europea se fundamenta en el principio de libertad; señala que, en aras de dicha libertad, la seguridad ha de alcanzarse desde el Estado de Derecho y respetando las obligaciones vinculadas a los derechos fundamentales; establece que el equilibro entre seguridad y libertad debe enmarcarse en esta perspectiva;

8.

Considera que el Programa de Estocolmo debe, en particular:

9.

Considera que la aplicación de este Programa debe tener como objetivo prioritario garantizar, en un espíritu de cooperación leal, que los ciudadanos disfruten de un nivel equivalente de protección de sus derechos fundamentales allí donde se encuentren, cuando se vean confrontados a un poder público ejercido por la Unión, incluidas las agencias y otros organismos, o por los Estados miembros, y que nadie se vea perjudicado en el ejercicio de las libertades fundamentales conferidas a todos los ciudadanos de la Unión de conformidad con la tradición de los derechos humanos y del Estado de Derecho común a los Estados miembros;

10.

Señala que, en el nuevo marco jurídico e institucional creado por el Tratado de Lisboa, las actuaciones en el ELSJ sólo podrán desarrollarse si se asocia adecuadamente al Parlamento Europeo, a los Parlamentos nacionales y a la sociedad civil, con objeto de instaurar un debate abierto y permanente;

11.

Pide que el proceso legislativo, a escala tanto de la Unión Europea como nacional, sea más transparente, y acoge favorablemente el uso del procedimiento legislativo ordinario, que garantizará la aplicación más amplia posible del derecho de acceso a los documentos y a la información en el proceso de toma de decisiones, especialmente cuando una propuesta pueda afectar a los derechos del individuo y del ciudadano, independientemente de que la iniciativa haya sido presentada por la Comisión o por un grupo de Estados miembros;

12.

Declara —en aras de un proceso legislativo transparente a escala internacional, en el que la Comisión ha obtenido competencias comunitarias mientras que el Parlamento mantiene simplemente el derecho al dictamen conforme, como ha puesto especialmente de manifiesto la evolución observada en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado— que está determinado a seguir de cerca la evolución de esta Conferencia; se compromete a promover la creación de un foro parlamentario, abierto a los diputados al PE y a los diputados de los Parlamentos nacionales que estén interesados, con el fin de ofrecer un medio para informar a los parlamentarios sobre lo sucedido en la Conferencia, así como su labor y sus logros, y permitir el debate de los diversos asuntos en un foro público;

13.

Se congratula de que el Tratado de Lisboa haya creado un marco para la evaluación de las políticas relativas al ELSJ, y solicita el establecimiento de un sistema concreto de seguimiento y evaluación, especialmente en el ámbito de la justicia, que se centre en la calidad, la eficacia y la equidad de los instrumentos jurídicos existentes, de la administración de justicia y de la protección de los derechos fundamentales, en estrecha asociación con el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales; por ello:

14.

Considera que debe darse prioridad a la reducción de la importante divergencia existente entre las normas y las políticas adoptadas a nivel europeo y su aplicación a nivel nacional;

15.

Pide que se realice una evaluación periódica de los logros del programa plurianual, que habrá de someterse a un debate anual en el Parlamento Europeo, en la que se involucre a la sociedad civil y que se centre en la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea y se base en informes del Consejo, la Comisión, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en evaluaciones y estudios realizados por expertos independientes, aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil y resoluciones del Parlamento;

16.

Considera que una protección y una promoción eficaces de los derechos fundamentales constituyen la base de la democracia en Europa y son condiciones previas para la consolidación del ELSJ; cree firmemente, por lo tanto, que incumbe al Consejo y a la Comisión la responsabilidad de proponer activamente medidas para promover los derechos fundamentales;

17.

Recuerda, asimismo, que la Unión está en vías de adhesión al CEDH y que, por consiguiente, deben entablarse inmediatamente las negociaciones con miras a la adhesión de la Unión a este Convenio;

18.

Pide a la Comisión que consolide el acuerdo interinstitucional a la luz del Tratado de Lisboa y de las consecuencias de los vínculos entre el CEDH, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las instituciones de la Unión Europea;

19.

Pide que se presente una propuesta clara y exhaustiva sobre los derechos que han de otorgarse a los inculpados para garantizarles un juicio justo, y rechaza el planteamiento gradual que se adopta en la actualidad;

20.

Recuerda que, una vez entre en vigor el Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión será tan vinculante como los Tratados y se aplicará en su totalidad a todas las medidas adoptadas en el ámbito del ELSJ, y que su observancia quedará bajo el control del Tribunal de Justicia; lamenta, no obstante, la introducción del protocolo que limita los efectos de la Carta en la legislación nacional de dos Estados miembros, y reitera su inquietud por la desigualdad que esta medida puede conllevar;

21.

Solicita que se lleve a cabo una revisión profunda e imparcial de la necesidad, la proporcionalidad y la eficacia de las actuales medidas en el espacio de libertad y justicia, incluido su impacto sobre la protección y el fomento de los valores y principios de la Unión Europea y de los derechos fundamentales de los ciudadanos; pide que, para toda nueva política, propuesta legislativa y programa, se efectúe una evaluación de impacto respecto de los derechos fundamentales y los valores de la Unión Europea, y que dicha evaluación indique claramente qué derechos fundamentales podrían verse afectados y qué medidas se han previsto para proteger dichos derechos de conformidad con los principios de proporcionalidad y necesidad; considera que debe consultarse a la Agencia de los Derechos Humanos durante el ciclo político de las propuestas legislativas que tengan implicaciones para los derechos fundamentales y los derechos humanos y pide a la Comisión que proporcione una respuesta oficial a cada informe de la Agencia de los derechos humanos en la que se incluya una lista de las medidas propuestas para abordar las cuestiones suscitadas por dicha Agencia;

22.

Pide que la promoción de los valores de la Unión Europea, incluida la integración de los derechos humanos, sea considerada de forma permanente como un objetivo fundamental de los acuerdos de la Unión Europea con terceros países, así como en toda la dimensión exterior del ELSJ, especialmente habida cuenta de los nuevos instrumentos que para este propósito prevé el Tratado de Lisboa; reconoce la importancia de una política interna adecuada y coherente en materia de derechos humanos que permita adquirir y conservar la credibilidad necesaria en el exterior;

23.

Considera que la pena de muerte es una pena cruel, inhumana y degradante, e insta a la Unión y a sus Estados miembros a que se esfuercen enérgicamente por lograr su abolición en todos los países del mundo;

24.

Pide que la dimensión exterior de las políticas relacionadas con el ELSJ respete, proteja y fomente los derechos humanos y las libertades fundamentales, e insta a que la cooperación internacional se base en esos valores, a que no se justifique la tortura, a que se ponga fin definitivamente a las entregas extraordinarias y a que se investiguen debidamente esas prácticas con objeto de garantizar que no se reanuden en el futuro;

25.

Pide que se adopten medidas para informar plenamente a los ciudadanos comunitarios y a los residentes en la Unión Europea de sus derechos fundamentales, incluyendo campañas de concienciación dirigidas tanto al público en general como a los grupos vulnerables, iniciativas pedagógicas informales y la integración de los conceptos de no discriminación e igualdad en los programas de estudios oficiales, y solicita que las instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros activas en el ELSJ sean más conscientes de la importancia crucial de los derechos fundamentales y que se determinen vías de recurso, ya sea a escala nacional o europea, en los casos en que se violen esos derechos;

26.

Subraya que debe hacerse frente a la creciente intolerancia dentro de la Unión Europea no sólo mediante la plena aplicación de la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal (6), sino también mediante otras medidas legislativas a escala europea en el ámbito de los delitos provocados por el odio;

27.

Considera que la diversidad enriquece a la Unión y que la Unión debe ser un entorno seguro en el que se respeten las diferencias y las sensibilidades nacionales y se proteja a las personas más vulnerables, como la comunidad romaní; insiste, por consiguiente, en que una de las prioridades del Programa de Estocolmo debe consistir en promover activamente la concienciación sobre la legislación contra la discriminación y sobre la igualdad de género, así como luchar contra la pobreza y contra la discriminación por motivos de género, orientación sexual, edad, discapacidad, pertenencia a una religión o convicciones religiosas, color, ascendencia, origen nacional o étnico, el racismo, el antisemitismo, la xenofobia y la homofobia, y proteger a los niños y a las minorías; considera que deben utilizarse y aplicarse plenamente y con firmeza los instrumentos y las medidas existentes para atajar la violencia contra las mujeres; pide, por consiguiente, a la Presidencia española y a las presidencias sucesivas que durante sus mandatos impulsen la orden europea de protección, con objeto de garantizar que las víctimas de esos delitos dispongan del mismo nivel de protección en todos los Estados miembros;

28.

Recuerda que, desde el punto de vista de un ciudadano normal, una de las principales amenazas para la seguridad interior es la exclusión social; señala que el desempleo y otros problemas de ingresos, como el endeudamiento excesivo, agravado por la crisis financiera mundial, aumentan el riesgo de exclusión, y que las minorías étnicas son muy vulnerables, ya que también corren el riesgo de convertirse en víctimas de la discriminación y de delitos racistas;

29.

Pide que la Agencia de los Derechos Fundamentales recopile datos y elabore estadísticas fiables y comparables sobre todos los motivos de discriminación, incluida la discriminación de las minorías nacionales, que dé el mismo trato a esos diferentes motivos, incluidos datos comparativos sobre la violencia ejercida contra las mujeres en la Unión Europea, y que publique dichas estadísticas de forma fácilmente comprensible, y comparte la opinión del trío de Presidencias del Consejo (española, belga y húngara) de que debe efectuarse lo antes posible una revisión del mandato de la Agencia de los Derechos Fundamentales y de que dicha revisión ofrecerá la oportunidad de incrementar la cooperación con el Consejo de Europa y permitirá examinar la posibilidad de ampliar el mandato de la Agencia, que actualmente consiste en examinar la situación de los derechos fundamentales en el territorio de la Unión Europea;

30.

Se reafirma en que la Unión y los Estados miembros deben unir sus esfuerzos para lograr la plena inserción de los grupos vulnerables, en particular la comunidad romaní, en la sociedad, promoviendo su integración en el sistema escolar y en el mercado de trabajo y tomando medidas para prevenir la violencia de la que puedan ser objeto;

31.

Destaca que, si bien los legisladores y los responsables políticos de la Unión Europea han adoptado un amplio paquete legislativo para luchar contra la discriminación múltiple que sufren las mujeres procedentes de minorías, en particular las mujeres romaníes, no se puede constatar un progreso significativo en este ámbito; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que revisen la aplicación de todas las políticas relacionadas con el fenómeno de la discriminación múltiple;

32.

Considera esencial que la Unión Europea elabore una directiva y un plan de acción europeo sobre la violencia contra las mujeres que garanticen la prevención de la violencia, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los maltratadores; considera asimismo necesario que la Unión Europea establezca mecanismos para garantizar que la dimensión de género y el análisis de la trata de seres humanos forman parte de todas las políticas de prevención y lucha contra la trata de seres humanos;

33.

Señala que, con la introducción de la iniciativa ciudadana en el Tratado de Lisboa, los ciudadanos participarán directamente en el ejercicio de las competencias soberanas de la Unión al estar directamente asociados, por primera vez, en el lanzamiento de propuestas legislativas europeas; pide encarecidamente que este nuevo instrumento se aplique de manera que realmente se aliente a las personas a utilizarlo, e insta a la Comisión a que tenga debidamente en cuenta todas las iniciativas que cumplan los criterios legales;

34.

Acoge favorablemente la inclusión de una iniciativa ciudadana en el Tratado de Lisboa, e insta a la Comisión a que tenga debidamente en cuenta el papel del Parlamento y el actual derecho de petición cuando presente una propuesta sobre las modalidades prácticas de aplicación de dicha iniciativa;

35.

Manifiesta su intención de lanzar una nueva propuesta de reforma fundamental de la ley que rige las elecciones al Parlamento Europeo; reitera su opinión de que, para incitar a los ciudadanos europeos a participar en las elecciones europeas en su lugar de residencia, el Consejo, en las disposiciones que ha de adoptar, debe tomar medidas para facilitar los derechos de voto activos y pasivos;

36.

Pide a los Estados miembros que respeten plenamente los derechos vinculados a la ciudadanía de la Unión de manera que los ciudadanos de la Unión puedan ejercer su derecho a la libre circulación junto con los miembros de su familia, permitiéndoles viajar, trabajar, estudiar, jubilarse, participar en la política y en la vida democrática y tener una vida familiar sin restricciones por doquier en la Unión, y garantizando que conservan el derecho a disfrutar de todas las prestaciones sociales independientemente del lugar en el que residan; considera que los Estados miembros deben garantizar que los ciudadanos de la Unión Europea puedan ejercer fácilmente su derecho activo de voto en las elecciones municipales;

37.

Pide a los Estados miembros que, sin perjuicio de las legislaciones nacionales en materia de Derecho de familia, velen por la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea y de sus familias, incluidas las uniones registradas y los matrimonios, de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (7) y que eviten todo tipo de discriminación sea cual fuere la razón, incluida la orientación sexual;

38.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen posibles formas de facilitar la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea ayudando a aquellos ciudadanos de la Unión Europea que optan por ejercer ese derecho a integrarse y participar en el país de acogida al que han decidido emigrar ejerciendo su derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea;

39.

Opina que debe garantizarse el ejercicio de estas libertades más allá de las fronteras nacionales, y que los ciudadanos de la Unión Europea deben poder ejercer plenamente sus derechos específicos, incluso fuera de la Unión; destaca, por tanto, la importancia de reforzar la coordinación y la cooperación de la protección consular;

40.

Pide a los Estados miembros que cumplan de una manera coherente y equitativa su obligación de asegurar protección consular y diplomática a los ciudadanos de la Unión mediante la aplicación de un acuerdo sobre la asistencia consular mínima ofrecida a los ciudadanos de la Unión Europea fuera del territorio de la Unión Europea;

41.

Pide al Consejo y a la Comisión que den prioridad a la mejora de la transparencia y del acceso a los documentos, factores esenciales para lograr una Unión Europea orientada a los ciudadanos;

42.

Celebra que en el Programa de Estocolmo se haga referencia a la participación en la vida democrática de la Unión Europea; insta al Consejo a que incluya en el Programa de Estocolmo una sección específica sobre las medidas adecuadas para posibilitar la participación de las mujeres en las campañas electorales y en la vida política en general, con objeto de eliminar así el déficit democrático que sigue existiendo a causa de la limitada presencia de mujeres en las elecciones municipales, nacionales y europeas;

43.

Considera que todo planteamiento global de la inmigración debe tener en cuenta el «efecto salida», que es el primer factor que lleva a la personas a abandonar sus países de origen, y exige formular unos proyectos claros para el desarrollo y la inversión en los países de origen y de tránsito, en particular facilitando las remesas de dinero de los inmigrantes hacia sus países de origen o aplicando políticas comerciales y agrícolas que fomenten las oportunidades económicas, así como desarrollando la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales;

44.

Destaca la necesidad de desarrollar de manera continuada programas de protección regional ambiciosos y con una dotación financiera adecuada, en estrecha cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y los países terceros afectados;

45.

Solicita que las políticas comunitarias relativas a la integración, la inmigración y el asilo se basen en el pleno respeto de los derechos fundamentales y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, a fin de asegurar la protección efectiva de los derechos humanos de los nacionales de terceros países, así como el pleno respeto del principio de no rechazo; señala que las políticas de inmigración y asilo deberían también abordar las necesidades de los grupos más vulnerables, como los refugiados y los solicitantes de asilo, especialmente los menores y los menores no acompañados; pide que se cree un marco jurídico coherente y exhaustivo que facilite las migraciones legales;

46.

Pide que se formule una política de inmigración más sólida y estrechamente vinculada con otras políticas comunitarias, especialmente con la de empleo, de manera que la inmigración legal pase a constituir una alternativa a la inmigración ilegal y se maximice el efecto positivo tanto para los Estados miembros como para el bienestar de los propios inmigrantes;

47.

Insiste en la necesidad de consolidar el enfoque global de la Unión Europea en relación con la inmigración, de manera que se ofrezca la posibilidad de optar por nuevas vías de entablar el diálogo político y acciones de cooperación con los países terceros, con el fin de mejorar los flujos migratorios, evitar tragedias humanitarias;

48.

Hace hincapié en la necesidad de alcanzar una estrecha interrelación entre las políticas de migración y desarrollo y de intensificar el diálogo con los países de origen y de tránsito, especialmente con vistas a prevenir el problema de la migración ilegal; destaca, a este respecto, que una acción conjunta efectiva contra la migración ilegal situará a los Estados miembros en mejores condiciones para adoptar medidas en materia de migración legal;

49.

Pide que se siga desarrollando el sistema europeo común de asilo con el fin de crear una «Europa del asilo», tal como se contempla en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo; entiende que un procedimiento común debería garantizar una mayor coherencia y una mejor calidad de la toma de decisiones en materia de asilo en los Estados miembros con objeto de eliminar las lagunas existentes en Europa en el ámbito de la protección;

50.

Insta al Consejo y a los Estados miembros a que respeten la definición jurídica del concepto de refugiado consagrada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados;

51.

Considera que la política común en materia de inmigración y asilo debe tener la solidaridad como principio básico, pero también debe ejercerla en relación con los Estados miembros que cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de protección de refugiados y solicitantes de asilo y garantizar, por tanto, que ningún Estado miembro las incumpla;

52.

Recuerda que el asilo es un derecho que debe concederse a todas las personas que escapan de conflictos y de la violencia; condena la devolución y las expulsiones colectivas a países que no respetan los derechos humanos o que no han firmado la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados;

53.

Alienta las negociaciones sobre las propuestas legislativas pendientes y futuras en materia de instrumentos europeos de asilo, con el fin de mejorar las normas y colmar las actuales lagunas en el actual marco jurídico;

54.

Pide asimismo solidaridad entre, por un lado, los Estados miembros, y por otro, los solicitantes de asilo y los demás refugiados;

55.

Pide a los Estados miembros que actúen y den muestras de su total compromiso con mecanismos de solidaridad como el proyecto piloto para la reasignación interna de los beneficiarios de la protección internacional contemplado por la Comisión, así como con otras iniciativas destinadas a crear una auténtica solidaridad de larga duración entre los Estados miembros y a fomentar los programas de protección regional; considera, a este respecto, que se debe instaurar un sistema transparente de evaluación de las capacidades respectivas de acogida de los Estados miembros y precisar el papel de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo; solicita, por consiguiente, un debate abierto sobre las diferentes opciones disponibles con miras al establecimiento de un mecanismo obligatorio que aporte una verdadera solidaridad, en particular, a través de la reasignación interna;

56.

Pide, en este mismo contexto, que se formalice lo antes posible el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad que establece el artículo 80 del TFUE, lo que debería implicar un sistema de «solidaridad obligatoria e irrevocable», así como una mayor cooperación con los países terceros, y especialmente con los países vecinos, con objeto de ayudarles a desarrollar sus sistemas de asilo y protección de manera que se respeten los derechos fundamentales y las normas internacionales de protección, se fijen expectativas realistas y no se perjudique ni se pretenda sustituir al acceso a la protección en la Unión Europea;

57.

Opina que es necesario aplicar un enfoque basado en la asociación con los países de origen y de tránsito con objeto de garantizar que éstos desempeñan un papel activo en la labor de gestión de los flujos migratorios, de impedir la inmigración ilegal informando a los migrantes potenciales de los riesgos que corren, y de organizar campañas informativas eficaces sobre las posibilidades de entrada y/o de trabajo legales en los distintos Estados miembros de la Unión Europea;

58.

Destaca que todos los acuerdos con los países de origen y de tránsito, como Turquía y Libia, deben incluir capítulos sobre cooperación en materia de inmigración, tener debidamente en cuenta la situación de los Estados miembros más expuestos a los flujos migratorios y hacer hincapié en la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos facilitando el trabajo de Frontex;

59.

Pide que prosiga la cooperación sobre el refuerzo de las medidas destinadas a garantizar un retorno efectivo y rápido de los inmigrantes en situación ilegal que no precisan protección, dando prioridad a los retornos voluntarios;

60.

Pide que se adopten medidas para abordar los actuales obstáculos al ejercicio del derecho a la reagrupación familiar por parte de los nacionales de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro;

61.

Resalta la importancia de brindar a los migrantes acceso a la justicia, a la vivienda, a la educación y a la asistencia sanitaria, de conformidad, entre otros instrumentos jurídicos, con la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de su familiares;

62.

Pide a la Comisión que presente propuestas prácticas para una acción efectiva contra el mal uso de los procedimientos de asilo;

63.

Observa que debe fomentarse la migración circular, pero recuerda que este enfoque no debe equivaler a un dumping salarial y social ni ignorar la necesidad de aplicar medidas de integración;

64.

Solicita la adopción de un programa exhaustivo que establezca los objetivos globales y la estructura de la estrategia integrada de la Unión en materia de gestión de fronteras, con objeto de poner realmente en práctica una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores, de conformidad con el artículo 67, apartado 2, del TFUE;

65.

Solicita un enfoque estratégico en el ámbito de la política de visados, a fin de mantener la coherencia de las acciones, las normativas internas y los compromisos externos, incluida la garantía de igualdad de trato a los países terceros por parte de los Estados miembros;

66.

Pide a la Comisión que extraiga las conclusiones que proceda de la aplicación de los acuerdos sobre visados y readmisión y de los acuerdos bilaterales sobre el tránsito fronterizo local que ya existen entre la Unión Europea y sus países vecinos del Este, junto con el proceso de liberalización de los visados en los Balcanes Occidentales, con vistas al establecimiento de un conjunto de criterios y puntos de referencia claros según los casos, con el fin de evaluar y mejorar los acuerdos actuales sobre facilitación de los visados y trabajar en pos de la creación de una zona donde se pueda viajar sin visado que se traduzca en un incremento de los contactos interpersonales;

67.

Insta a la Comisión a que revise su estrategia con el fin de aplicar más eficazmente el principio de reciprocidad en materia de visados con los países terceros y con ello garantizar la igualdad de trato a todos los ciudadanos de la Unión Europea en este aspecto, recurriendo para ello a todos los instrumentos a su disposición, como las sanciones, y vinculando este elemento a sus negociaciones con los países terceros interesados;

68.

Considera que Frontex, como instrumento esencial de la estrategia global de la Unión en materia de inmigración, debe respetar plenamente los derechos humanos de los migrantes; solicita un mayor control parlamentario de sus actividades y apoya la revisión de su mandato, incluido un marco claro para las operaciones de retorno que cumpla las normas internacionales sobre derechos humanos y el establecimiento de oficinas regionales y especializadas, con objeto de reforzar su función;

69.

Recuerda la absoluta necesidad de que Frontex pueda contar con los recursos puestos a su disposición por los Estados miembros, tanto para la coordinación de sus operaciones puntuales conjuntas como para sus misiones permanentes;

70.

Pide a los Estados miembros afectados que resuelvan los posibles problemas prácticos y/o jurídicos relacionados con el uso de recursos de los Estados miembros participantes en las operaciones conjuntas;

71.

Recuerda la absoluta necesidad de que el Sistema de Información Schengen II (SIS II) y el Sistema de Información de Visados (VIS) empiecen a funcionar lo antes posible; considera que SIS II entrañará mejoras considerables y nuevas funcionalidades, como la introducción de datos biométricos y la interconexión de alertas, lo que contribuirá a mejorar el control de las fronteras exteriores y a reforzar la seguridad;

72.

Insiste en que no deben introducirse nuevos instrumentos de gestión de fronteras ni sistemas de almacenamiento de datos a gran escala antes de que las herramientas actuales sean plenamente operativas, seguras y fiables, y solicita una evaluación detallada de la necesidad y proporcionalidad de los nuevos instrumentos relativos a cuestiones como las entradas y salidas, el programa de viajeros registrados, el registro de nombres de los pasajeros y el sistema de autorización previa de viaje;

73.

Hace hincapié en la importancia del Tratado de Lisboa, que confiere un carácter jurídicamente vinculante a la Carta, cuyo artículo 24 regula específicamente los derechos del niño y establece, entre otras cosas, que «en todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial»;

74.

Considera esencial que todas las medidas adoptadas por la Unión Europea en este ámbito respeten y fomenten los derechos de los niños consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y reconocidos en la Carta, y pide que se refuerce la actuación de la Unión Europea en relación con la protección de los niños en todo el ELSJ;

75.

Pide a los Estados miembros que respeten y apliquen los derechos del niño consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

76.

Insta a la Unión Europea a que luche con mayor firmeza contra los abusos cometidos contra los niños, como la violencia, la discriminación, la exclusión social y el racismo, el trabajo infantil, la prostitución y el tráfico de niños, y a que aliente un esfuerzo coordinado para protegerlos y defender sus derechos, recurriendo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño como guía de actuación y como base para la reforma de la legislación vigente;

77.

Considera que es necesario abordar urgentemente la cuestión de la protección de los menores no acompañados y separados, habida cuenta de los riesgos especiales a los que están expuestos;

78.

Destaca la importancia de tomar en consideración, en el contexto de la política de inmigración, los derechos de los niños y de prestar especial atención a los niños en situación de particular vulnerabilidad; considera que es preciso desarrollar una estrategia europea ambiciosa en este ámbito;

79.

Insta a los Estados miembros a que garanticen que las políticas de la Unión Europea en materia de asilo, inmigración y trata de seres humanos tratan a los niños inmigrantes en primer lugar y ante todo como niños, y que éstos puedan disfrutar sin discriminación de sus derechos como niños, en particular el derecho a la reagrupación familiar; insiste en que todo plan de acción de la Unión Europea sobre los menores no acompañados procedentes de terceros países debe garantizar que:

80.

Pide que se preste una atención particular a los menores, acompañados o no, para garantizar que no se les mantenga en modo alguno en retención;

81.

Señala que los menores procedentes de terceros países pueden ser especialmente vulnerables a situaciones de explotación laboral, especialmente en aquellos países en los que no disponen de una asistencia y una protección adecuadas por carecer de documentación; insiste en que las políticas de la Unión Europea en materia de trabajo, asilo, inmigración y trata de seres humanos deben reconocer y abordar estas realidades;

82.

Señala la creciente importancia de Internet y destaca que su carácter abierto y global exige unas normas mundiales que garanticen la protección de datos, la seguridad y la libertad de expresión; pide al Consejo y a la Comisión que tomen la iniciativa para crear una plataforma mundial para la elaboración de dichas normas; considera de suma importancia fijar límites estrictos y definir y regular claramente los casos en que una empresa privada de Internet puede ser obligada a comunicar datos a las autoridades gubernamentales, y garantizar que el uso de esos datos por dichas autoridades gubernamentales esté sujeto a las más estrictas normas en materia de protección de datos;

83.

Insiste en que en todas las políticas de la Unión se garantice el respeto de la dimensión de los derechos fundamentales que tienen la protección de datos y el derecho a la vida privada;

84.

Destaca la necesidad de integrar en todas las políticas la protección de los datos personales y de la vida privada a la hora de desarrollar tecnologías y crear sistemas de información a gran escala;

85.

Considera que el enfoque basado en el respeto de la vida privada es un elemento esencial a la hora de elaborar cualquier iniciativa que pueda poner en peligro la seguridad de la información personal relacionada con los individuos y la confianza del público en aquellos en cuyo poder se encuentra dicha información;

86.

Recuerda que el principio de disponibilidad podría implicar el riesgo de permitir el intercambio de datos personales que no se han recopilado de modo legítimo respetando la legalidad, por lo que debe fijarse en normas comunes; expresa sus dudas con respecto a la facilitación de las actividades operativas que no incluyen una definición europea ni normas comunes a nivel europeo en materia de investigaciones encubiertas, control de los ciudadanos, etc.;

87.

Considera que, antes de que se prevea una actuación de la Unión Europea en este ámbito, deben establecerse criterios claros para evaluar la proporcionalidad y necesidad de las limitaciones a los derechos fundamentales; considera, además, que antes de que se adopte una decisión deberá analizarse siempre minuciosamente el impacto de la propuesta;

88.

Expresa su preocupación por la práctica cada vez más extendida de elaboración de perfiles basada en el uso de técnicas de extracción de datos y de recopilación generalizada de datos pertenecientes a ciudadanos inocentes, con fines preventivos y policiales; recuerda la importancia de que las acciones encaminadas a hacer cumplir la ley se basen en el respeto de los derechos humanos, desde el principio de la presunción de inocencia al derecho a la intimidad y a la protección de datos;

89.

Acoge favorablemente la propuesta de elaborar normas internacionales en materia de protección de datos; destaca que los acuerdos con terceros países sobre protección de datos deben tramitarse con plena transparencia y someterse al control democrático del Parlamento, y que la existencia en el país tercero de normas en materia de protección de datos de nivel equivalente al europeo es una condición previa mínima para que tenga lugar el intercambio de datos;

90.

Celebra la propuesta de un sistema de protección de datos en la Unión Europea y con países terceros; pide una evaluación exhaustiva de toda la legislación pertinente (relativa a la lucha antiterrorista, la cooperación policial y judicial, la inmigración, los acuerdos transatlánticos, etc.) en el ámbito de la protección de datos y de la vida privada;

91.

Celebra que en el Programa de Estocolmo se haya resaltado la importancia de la tecnología en el contexto de la protección efectiva de los datos personales y la vida privada;

92.

Insta a la Unión Europea a que dé muestras de su voluntad de tomar en consideración en todas sus políticas las necesidades especiales de las personas vulnerables;

93.

Destaca la necesidad de fijar unos límites más claros y rigurosos en relación con el intercambio de información entre los Estados miembros, así como en lo que se refiere a la utilización de registros comunes en la Unión Europea; considera que, en caso contrario, el establecimiento de registros de grandes dimensiones a escala de la Unión Europea puede suponer una amenaza para la integridad de las personas y provocar que los registros resulten ineficaces a la vez que aumenten los riesgos de fugas y de corrupción;

94.

Pide a los Estados miembros que refuercen la confianza mutua en cuanto a sus capacidades de mejorar la seguridad; considera que la confianza mutua depende también de una evaluación permanente, eficaz y rigurosa de la efectividad y de los resultados de las acciones de los diversos Estados miembros;

95.

Considera que las prioridades en el ámbito de la justicia civil deben satisfacer en primer lugar las necesidades manifestadas por los ciudadanos y las empresas, al tiempo que se simplifican constantemente los trámites judiciales y se crean unos procedimientos más simples, claros y accesibles, a fin de garantizar una aplicación adecuada de los derechos fundamentales y de la protección del consumidor; a este fin, al tiempo que elogia las decisiones de la Comisión de presentar una propuesta sobre testamentos y sucesiones, y un Libro Verde sobre los regímenes de la propiedad matrimonial en relación con las separaciones y divorcios, pide:

96.

Insiste en que la supresión del exequátur en el contexto del Reglamento Bruselas I (9) no debería realizarse de forma precipitada y sí ir acompañada de las salvaguardias oportunas;

97.

Expresa su interés en examinar propuestas dirigidas a elaborar un 28o régimen opcional para cuestiones de Derecho civil que presenten aspectos transfronterizos en los ámbitos que afectan al Derecho de familia, a los derechos de las personas y al derecho de la propiedad;

98.

Destaca la necesidad de continuar promoviendo la presencia internacional de la Unión Europea en el ámbito jurídico mediante soluciones globales e instrumentos multilaterales; considera especialmente importante mantener una estrecha cooperación con organizaciones internacionales como la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y el Consejo de Europa; opina, asimismo, que la Unión Europea debe fomentar y apoyar la adhesión de terceros países, especialmente los que son vecinos de la Unión Europea, a acuerdos judiciales internacionales, y que este aspecto reviste una importancia fundamental en el ámbito del Derecho de familia y la protección de los menores;

99.

Pide a la Comisión que impulse su trabajo sobre el Derecho contractual europeo sobre la base del proyecto académico de Marco Común de Referencia (MCR), así como de otros trabajos académicos en el ámbito del Derecho contractual europeo, y que asocie plenamente al Parlamento en el proceso abierto y democrático que debe desembocar en la aprobación de un MCR político; hace hincapié en que el MCR político debería tener como resultado un instrumento optativo y directamente aplicable que permita que las partes contratantes, empresas y consumidores entre otras, puedan optar libremente por el Derecho contractual europeo como norma que regule sus transacciones;

100.

Reitera que la Comisión debería facilitar el proyecto de MCR en el mayor número posible de lenguas pertinentes, junto con otros trabajos científicos, para garantizar que todas las partes interesadas puedan acceder a ellos, y que dicho proyecto debería servir ya como instrumento jurídico no vinculante para los legisladores europeos y nacionales; insiste en que, a partir de ahora, se tengan ya en cuenta de manera sistemática y precisa las disposiciones pertinentes del proyecto de MCR en todas las futuras propuestas y evaluaciones de impacto de la Comisión que afecten al Derecho contractual;

101.

Alienta a la Comisión a que siga adelante con la idea formulada recientemente de proponer contratos modelo de uso voluntario en sectores específicos sobre la base del MCR;

102.

Destaca la necesidad de que la legislación europea en el ámbito de la cooperación judicial sea de la mayor calidad posible y se base en evaluaciones de impacto realizadas correctamente, con el fin de ofrecer a los ciudadanos y a las empresas instrumentos eficaces; lamenta que, en el pasado, no se hayan realizado evaluaciones de impacto adecuadas en este ámbito; observa una reciente mejora y se propone someter en breve una evaluación de impacto de la Comisión a un análisis crítico;

103.

Cree firmemente que, para garantizar un nivel mínimo de control independiente en la elaboración de las evaluaciones de impacto, se debería constituir un grupo de expertos independientes encargado de supervisar, mediante controles puntuales, la calidad de las opiniones emitidas por el Comité de Evaluación de Impacto, y permitir que los representantes de las partes interesadas intervengan en dichas evaluaciones;

104.

Considera que la cooperación judicial es la clave para aproximar entre sí no sólo los procedimientos civiles, sino también los penales, de los distintos Estados miembros; considera, por tanto, que la aproximación de los derechos procesales de los ciudadanos en los Estados miembros debería promoverse del mismo modo en los procedimientos civiles y en los penales;

105.

Aboga por la creación de una cultura judicial europea que abarque todos los aspectos del Derecho; para ello, señala que:

106.

Pide, por tanto, a la Comisión que promueva la creación, por parte de las universidades, demás institutos especializados de educación superior y colegios profesionales competentes, de un sistema común de formación con puntos/créditos para los jueces y los profesionales del Derecho; pide asimismo a la Comisión que cree una red de organismos certificados para la formación jurídica en toda la Unión Europea, a fin de ofrecer cursos de familiarización con el Derecho nacional, comparado y europeo a los profesionales y jueces, de forma estable y permanente;

107.

Aboga por que se realicen mayores esfuerzos para promover y desarrollar la Justicia en red a nivel comunitario, con objeto de mejorar el acceso a la justicia para los ciudadanos y las empresas, y opina que:

108.

Considera que la Justicia en red debería simplificar el acceso de los ciudadanos a la asistencia jurídica, abreviar los procedimientos judiciales y mejorar la eficiencia de los procesos judiciales; pide, por tanto, que el futuro portal multilingüe de Justicia en red incorpore el acceso a bases de datos jurídicas, recursos judiciales y extrajudiciales por vía electrónica, sistemas inteligentes concebidos para ayudar a los ciudadanos a determinar la forma más adecuada de resolver sus problemas jurídicos, y registros generales, directorios de profesionales del Derecho y guías claras de presentación de los sistemas jurídicos de cada Estado miembro;

109.

Considera que el portal también debería concebirse como una herramienta de uso para los jueces, los funcionarios de la administración de justicia, los funcionarios de los ministerios nacionales de justicia y los abogados en ejercicio, que deberían tener todos ellos un acceso seguro a las secciones pertinentes del portal; pide que las secciones correspondientes del portal permitan la comunicación, la celebración de videoconferencias y el intercambio de documentos, de forma segura, entre distintos tribunales o entre éstos y las partes en el proceso (desmaterialización de los procedimientos), permitan comprobar las firmas electrónicas, prevean sistemas de verificación adecuados y faciliten un medio de intercambio de información;

110.

Pide a la Comisión que garantice que toda futura legislación en el ámbito del Derecho civil se conciba de modo que pueda utilizarse en aplicaciones en línea que sólo exijan rellenar una cantidad mínima de texto libre; pide que se tomen medidas para garantizar que, cuando sea necesario, se preste ayuda en línea en todas las lenguas oficiales y se pongan a disposición servicios de traducción en línea; considera que, del mismo modo, cuando haya que notificar un acto, debería garantizarse que dicha notificación y la de las comunicaciones relacionadas con él puedan efectuarse por correo electrónico y que las firmas puedan facilitarse en formato electrónico; opina, asimismo, que cuando haya que testificar oralmente, debería fomentarse el uso de la videoconferencia; considera, por otra parte, que todas las futuras propuestas deben incluir una declaración motivada por parte de la Comisión de que han sido sometidas a un examen de compatibilidad con los requisitos en materia de facilidad de uso de la Justicia en red;

111.

Pide que en el sistema ECRIS ocupen un papel preponderante los antecedentes por violencia de género;

112.

Pide la creación de un espacio de justicia penal de la Unión Europea basado en el respeto de los derechos fundamentales, el principio de reconocimiento mutuo y la necesidad de mantener la coherencia de los sistemas nacionales de Derecho penal, y que dicho espacio se desarrolle mediante:

113.

Destaca que los trabajos en el ámbito de la inmigración ilegal deben tener en cuenta la lucha contra el tráfico de seres humanos y que no debe permitirse en modo alguno que perjudiquen a las víctimas especialmente vulnerables, en particular las mujeres y los menores, o que representen un riesgo para sus derechos;

114.

Destaca que una de cada cuatro mujeres en Europa ha sido o es víctima de la violencia masculina; pide, por ello, a la Comisión que consolide el fundamento jurídico dentro de la actual estructura de la Unión Europea, con el fin de garantizar que todas las formas de violencia contra las mujeres se aborden mediante una definición amplia y basada en el concepto de género de dicha violencia; pide asimismo que, sobre la base de dicho fundamento jurídico, se proponga una directiva y un plan de acción europeo sobre la violencia contra las mujeres que garanticen la prevención de la violencia, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los maltratadores; insta a los Estados miembros a que tengan debidamente en cuenta las circunstancias específicas de las mujeres inmigrantes, en particular de las jóvenes que han logrado integrarse en la Unión Europea (con frecuencia en posesión de la doble nacionalidad) y que, en sus relaciones familiares o íntimas, son víctimas de secuestro, reclusión ilegal, violencia física y abusos psicológicos basados en motivos religiosos, culturales o tradicionales, y que aseguren la adopción de medidas que faciliten el acceso eficaz a los mecanismos de ayuda y protección;

115.

Insiste en que se tenga en cuenta la cuestión del género en todas las fases de desarrollo de la política de lucha contra la trata de seres humanos;

116.

Critica la inexistencia de un plan global en el que se establezcan los objetivos generales y el planteamiento de la estrategia de seguridad y gestión de fronteras de la Unión Europea, así como la falta de información detallada que muestre cómo se prevé que van a funcionar juntos todos los programas y planes conexos (ya adoptados, en curso de preparación o en fase de elaboración) y cómo pueden optimizarse las relaciones entre ellos; considera que, cuando la Comisión examine el planteamiento de la estrategia de la Unión Europea en materia de seguridad y gestión de fronteras, debe analizar ante todo la eficacia de los actos legislativos vigentes con objeto de crear sinergias óptimas entre los mismos;

117.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aseguren que la futura actuación de la Unión Europea en este ámbito respete plenamente la importancia vital de los derechos y las libertades fundamentales y procure un equilibrio adecuado entre la seguridad y la libertad, y que se supervise y racionalice adecuadamente este objetivo cree firmemente en la primacía del Estado de Derecho, el control jurisdiccional eficaz y la rendición de cuentas;

118.

Manifiesta su compromiso, en el nuevo marco institucional definido por el Tratado de Lisboa, de cooperar con la Comisión y el Consejo para promover las libertades de los ciudadanos de la Unión, impulsando al mismo tiempo el desarrollo del marco jurídico de la Unión Europea en materia penal; considera, en efecto, que el imperativo de la protección de los ciudadanos contra el terrorismo y la delincuencia organizada debería basarse en instrumentos legislativos y operativos eficaces que tengan en cuenta la dimensión global de estos fenómenos, y tener como marco disposiciones legislativas claras que garanticen a los ciudadanos de la Unión Europea el pleno disfrute de sus derechos, incluido el derecho a recurrir las normas legales confusas o desproporcionadas y su aplicación incorrecta;

119.

Considera que los Estados miembros deben examinar en qué medida se puede lograr la creación de un marco jurídico de la Unión Europea para los asuntos penales;

120.

Pide a la Unión Europea que reconozca la dignidad, la valentía y el sufrimiento de las víctimas indirectas del terrorismo, y destaca que la defensa y promoción de los derechos de las víctimas del terrorismo, así como su consiguiente resarcimiento económico, deberían constituir una prioridad; reconoce la extrema vulnerabilidad de las mujeres como víctimas indirectas del terrorismo;

121.

Pide que se adopte un marco jurídico global que ofrezca a las víctimas una protección y una compensación adecuadas, concretamente mediante la adopción de una decisión marco por la que se modifiquen los actuales instrumentos en materia de protección de las víctimas; considera que reviste una importancia fundamental desarrollar un enfoque conjunto con una respuesta coherente y reforzada frente a las necesidades y los derechos de todas las víctimas, garantizando que éstas sean tratadas como tales y no como delincuentes;

122.

Celebra que el apoyo a las víctimas de la delincuencia, incluidas las mujeres sometidas a la violencia y al acoso sexual, sea un asunto prioritario para la Presidencia sueca; insta al Consejo a que incluya en el Programa de Estocolmo una estrategia europea global dirigida a erradicar la violencia contra las mujeres que comprenda medidas de prevención (por ejemplo, medidas de sensibilización sobre la violencia masculina contra las mujeres) y políticas de protección de las víctimas que incluyan una sección específica sobre los derechos de las víctimas de la delincuencia, a que refuerce su apoyo a dichas víctimas, en especial a las niñas, que con creciente frecuencia son víctimas de graves delitos, y a que adopte medidas concretas para perseguir judicialmente a los autores de estos delitos; solicita a la Presidencia española que, durante su mandato, ejecute íntegramente el Plan de acción establecido en el Programa de Estocolmo y que le informe mensualmente sobre los progresos realizados;

123.

Considera legítimo el objetivo de lograr una Europa segura, y conviene en que es importante desarrollar y reforzar continuamente la política común de la Unión Europea de lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, la inmigración ilegal, la trata de seres humanos y la explotación sexual;

124.

Pide que se desarrolle una estrategia global y transeuropea para la lucha contra la delincuencia organizada que aúne los esfuerzos y los recursos de que disponen los Estados miembros, las instituciones europeas, las agencias especializadas de la Unión Europea y las redes de intercambio de información; destaca que, en este momento, la delincuencia económica organizada, como el contrabando de tabaco, provoca pérdidas de ingresos que se suman a la ya de por sí grave situación de la hacienda pública en muchos Estados miembros de la Unión Europea, y pide que se adopten urgentemente medidas preventivas eficaces;

125.

Considera que las actuaciones contra la delincuencia organizada y el terrorismo deberían orientarse en mayor medida hacia la protección de los derechos fundamentales y deberían ofrecer una protección adecuada para los testigos e incentivos para quienes cooperen en el desmantelamiento de las redes terroristas, y que deberían desarrollarse políticas de prevención e integración dirigidas en particular a las personas que pertenecen a categorías de alto riesgo, dando prioridad en todos los casos a las medidas éticas de prevención a nivel económico y social y a las medidas de resarcimiento y reparación en favor de las víctimas del terrorismo;

126.

Considera especialmente importante que la Unión Europea despliegue un esfuerzo intenso contra el tráfico de seres humanos, que representa un problema cada vez más grave; estima que el tráfico de seres humanos debe combatirse tanto fuera como dentro de la Unión Europea, y que todos los proyectos de medidas deberían analizarse desde la perspectiva de la igualdad de género; considera que la Unión Europea y los Estados miembros deberían abordar, en particular, la cuestión relativa a la demanda de servicios de la que son objeto las víctimas del tráfico de personas mediante sanciones, medidas educativas y campañas de sensibilización; considera asimismo que, toda vez que el tráfico de personas con fines sexuales representa el porcentaje más importante de este tipo de delincuencia (el 79 % según datos de las Naciones Unidas), hay que esclarecer y reconocer la relación entre la demanda de este tipo de servicios y el tráfico de seres humanos, y que si se controla la demanda de servicios sexuales remunerados, también se reducirá el tráfico de seres humanos;

127.

Aboga por el fomento de la transparencia y la integridad y por una lucha más intensa contra la corrupción basada en un plan orientado a los objetivos y en una evaluación periódica de las medidas anticorrupción adoptadas por los Estados miembros, en particular la aplicación de instrumentos desarrollados por la propia Unión Europea, prestando una atención especial a la corrupción transfronteriza; aboga, asimismo, por la elaboración de una política global contra la corrupción y por una revisión periódica de su aplicación;

128.

Pide que se apoye de forma activa el control por parte de la sociedad civil de las medidas contra la corrupción y en favor de la integridad, así como el compromiso de los ciudadanos contra la corrupción, no sólo mediante consultas sobre las políticas adoptadas y el establecimiento de vías directas de comunicación, sino también por medio de recursos y programas que garanticen que los ciudadanos puedan usar fácilmente los espacios previstos para ellos;

129.

Señala el aumento de los delitos relacionados con la usurpación de identidad y pide que se elabore, en cooperación con los proveedores de Internet y las organizaciones de usuarios, una estrategia global de la Unión Europea para la lucha contra la delincuencia informática en este ámbito, y que se cree una ventanilla de la Unión Europea que ofrezca asistencia a las víctimas de la usurpación de identidad y de los fraudes relacionados con la misma;

130.

Pide una aclaración de las normas sobre competencia jurisdiccional y del marco jurídico aplicable al ciberespacio, con objeto de facilitar las investigaciones transfronterizas y los acuerdos de cooperación entre las autoridades policiales y los operadores, en particular para luchar contra la pornografía infantil en Internet;

131.

Aboga por el desarrollo de políticas más eficaces y orientadas a los resultados, con el fin de avanzar en la cooperación policial y judicial en asuntos penales, asociando a Europol y Eurojust de forma más sistemática en las investigaciones, en particular en los casos de delincuencia organizada, fraude, corrupción y otros delitos graves que representen un riesgo importante para la seguridad de los ciudadanos y los intereses financieros de la Unión Europea;

132.

Pide que se publiquen anualmente un informe exhaustivo sobre la delincuencia en la Unión Europea, informes consolidados sobre ámbitos específicos, como la evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada, y el informe anual de Eurojust, al tiempo que destaca la necesidad de desarrollar un enfoque interdisciplinario y una estrategia global para la prevención y la lucha contra el terrorismo y los fenómenos de delincuencia transfronteriza como el tráfico de seres humanos y la delincuencia informática;

133.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen estrechamente en el intercambio de mejores prácticas y experiencias obtenidas en el ámbito de las políticas de lucha contra la radicalización; considera, a este respecto, que las autoridades locales y regionales se encuentran en una buena posición para intercambiar las mejores prácticas contra la radicalización y la polarización, y pide por tanto que participen en la elaboración de estrategias de lucha contra el terrorismo;

134.

Pide que se impulse la cooperación policial entre Estados miembros mediante el fomento del conocimiento y la confianza mutuos, la organización de actividades de formación comunes y la creación de equipos conjuntos de cooperación policial y de un programa de intercambio de estudiantes en colaboración con la Escuela Europea de Policía;

135.

Pide a la Comisión Europea y al Consejo Europeo que remedien urgentemente la situación jurídica planteada a raíz de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en los casos relativos a las listas negras, en particular el caso Kadi (12), teniendo plenamente en cuenta los derechos fundamentales de los interesados, incluidos el derecho a un juicio justo y el derecho a recurso;

136.

Aboga por la mejora del ECRIS, con el fin de prevenir la reincidencia en distintos Estados miembros, en particular por lo que se refiere a los delitos contra los menores;

137.

Pide, en particular, a la Comisión que inicie el diálogo y las consultas previas con las partes interesadas, incluida la sociedad civil, sobre todos los aspectos relacionados con la creación de una Fiscalía Europea para combatir las infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como establece el artículo 86 del TFUE;

138.

Hace hincapié en la necesidad de desarrollar una estrategia europea de seguridad global, basada en los planes de seguridad de los Estados miembros, un principio de solidaridad reforzado y una evaluación objetiva del valor añadido de las agencias, redes e intercambios de información de la Unión Europea; manifiesta su intención de seguir de cerca, junto con los Parlamentos nacionales, todas las actividades realizadas por el Consejo en el contexto de la cooperación operativa en materia de seguridad interna de la Unión Europea;

139.

Insta al Consejo y a la Comisión a que desplieguen estrategias de seguridad que tengan en cuenta los aspectos tanto interiores como exteriores de la delincuencia organizada y el terrorismo internacionales; insiste en que la Unión Europea adopte un enfoque más integrado de la política europea de seguridad y defensa, así como de la justicia y los asuntos de interior;

140.

Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen y revisen las leyes y políticas internacionales, europeas y nacionales vigentes relativas a estupefacientes, y que promuevan políticas de limitación de daños, prevención y recuperación, especialmente con miras a las conferencias que se celebran a nivel de las Naciones Unidas sobre este asunto;

141.

Concede gran importancia al refuerzo de Europol y Eurojust, y está decidido a participar, junto con los Parlamentos nacionales, en la definición, la evaluación y el control de sus actividades, en particular con objeto de explorar las posibilidades de avanzar hacia la creación de una Fiscalía Europea;

142.

Afirma que hay que mantener e incluso intensificar los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia financiera y económica; opina que, en ese contexto, es particularmente importante proteger el euro como símbolo de la Unión; señala que la lucha contra las falsificaciones y la consolidación y el fortalecimiento del Programa Pericles deben figurar entre los principales objetivos de la Unión Europea;

143.

Pide que se revisen la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (13), el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (14), así como el artículo 13 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (15);

144.

Pide una cooperación más estrecha y profunda entre las administraciones nacionales, las agencias europeas y los equipos operativos conjuntos por medio de las redes especializadas en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada; considera que debería garantizarse una cooperación policial europea más eficaz entre todos los países terceros y los Estados miembros de la Unión Europea, con las salvaguardias oportunas que garanticen un nivel adecuado de protección de los datos personales;

145.

Lamenta que no se haya avanzado en la aplicación del SIS II perfeccionado y del nuevo VIS, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que velen por que se refuercen todos los preparativos a sus niveles respectivos, con el fin de evitar nuevos retrasos;

146.

Destaca la necesidad de desarrollar una administración eficiente, sostenible y segura para los grandes sistemas europeos de tecnologías de la información como los sistemas SIS II, VIS y Eurodac, de forma que se garantice la aplicación plena de todas las normas que regulan dichos sistemas, en función de su finalidad y de los derechos de acceso, así como de las correspondientes medidas de seguridad y protección de datos; destaca, a este respecto, que es esencial que la Unión Europea disponga de un sistema completo y uniforme de normas sobre la protección de datos personales;

147.

Recuerda que, en determinados ámbitos, la creación de agencias, como la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Eurojust, Europol, Frontex y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, ha sido de gran utilidad para definir un ELSJ; considera que, habida cuenta de que Schengen constituye el núcleo del ELSJ, resulta fundamental y vital crear una agencia europea para la gestión de los sistemas de información sustancial en este ámbito, en particular SIS II, VIS y Eurodac, dado que ésta es la solución más fiable;

148.

Lamenta que el Tratado de Lisboa entre en vigor sin que el Consejo y la Comisión hayan preparado adecuadamente las medidas necesarias para un «nuevo comienzo» en el ELSJ; señala que, contrariamente a lo que se ha hecho en materia de Política Europea de Seguridad y Defensa, en particular en lo que se refiere al servicio de acción exterior, no se ha realizado un trabajo de preparación para aplicar los fundamentos jurídicos en materia de transparencia (artículo 15 del TFUE), protección de datos (artículo 16 del TFUE) y lucha contra la discriminación (artículo 18 del TFUE), y que la consecuencia de esta situación podría ser un largo período de incertidumbre jurídica que afectará en particular al ELSJ; pide a la Comisión, teniendo en cuenta lo anterior y el artículo 265 del TFUE, que presente, antes del 1 de septiembre de 2010, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario:

149.

Pide a la Comisión que, en aras de la coherencia del ELSJ, proponga de forma inmediata la consolidación de las 1 200 medidas diversas aprobadas en este ámbito político desde 1993, teniendo debidamente en cuenta las nuevas misiones y funciones de la Unión y el nuevo marco jurídico que ofrece el Tratado de Lisboa, empezando por los ámbitos considerados prioritarios de común acuerdo con el Parlamento Europeo; recuerda a la Comisión que el Parlamento evaluará sus compromisos al respecto en las próximas audiencias de los Comisarios; pide, por lo tanto, a la Comisión que indique con claridad y caso por caso qué propuestas tiene la intención de codificar o refundir, y se reserva el derecho a ejercer plenamente sus competencias en materia de modificación de la legislación; considera que el nuevo marco jurídico del ELSJ debería prevalecer sobre la necesidad de continuidad o consolidación de la legislación que se configuró en un marco constitucional sustancialmente distinto;

150.

Subraya que, en particular en lo que respecta a las propuestas legislativas relativas al ELSJ, desde el primer día de entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el proceso decisorio debería ser transparente y cumplir las normas relativas a:

considera que, en aquellos casos en que se haya iniciado un procedimiento legislativo en el marco de las disposiciones del Tratado de Niza que prevén la mera consulta del Parlamento, como ha ocurrido en numerosos ámbitos del ELSJ, y el Parlamento haya emitido su dictamen, el procedimiento legislativo debería iniciarse de nuevo en primera lectura de conformidad con el Tratado de Lisboa, con objeto de ofrecer al Parlamento la oportunidad de expresarse con pleno conocimiento de sus prerrogativas;

151.

Subraya que, contrariamente a lo que se señala en el proyecto de Programa de Estocolmo de la Presidencia, cuando están en juego derechos fundamentales la política exterior de la Unión Europea debe ajustarse al marco jurídico interior de la Unión Europea y no lo contrario; pide que se le informe inmediatamente de las negociaciones previstas o pendientes relativas a acuerdos internacionales que tengan relación con el ámbito del ELSJ, en particular los que se basan en los artículos 24 y 38 del actual TUE; considera que se debe conceder una prioridad especial a la formulación, antes de la próxima cumbre UE-EE.UU., de una estrategia común coherente para las futuras relaciones con los EE.UU. en relación con el ELSJ, en particular en lo que se refiere a la celebración de los acuerdos pendientes que se indican a continuación:

152.

Pide a la Comisión que simplifique y haga más accesibles los programas financieros establecidos para apoyar la creación del ELSJ; destaca, en este mismo contexto, la necesidad de tener en cuenta la solidaridad financiera en la elaboración de las nuevas perspectivas financieras;

153.

Se reserva el derecho de presentar nuevas propuestas específicas cuando se le consulte sobre el programa legislativo;

154.

Pide que se efectúe una revisión intermedia y una evaluación del Programa de Estocolmo a principios de 2012;

155.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

21.10.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 285/35

A.

Considerando que la Conferencia de Barcelona de 1995 alumbró un proyecto muy ambicioso —a saber, la creación de vínculos políticos, económicos, sociales y culturales nuevos y más estrechos entre el Norte y el Sur del Mediterráneo—, y que dicho proyecto dista mucho de estar concluido,

B.

Considerando que todavía está en curso el proceso de establecimiento de la UpM, cuyo objetivo es dar nuevo impulso al proceso euromediterráneo de integración mediante proyectos concretos y visibles, y que no se organizaron reuniones de Euromed entre enero y julio de 2009 a causa del conflicto en la Franja de Gaza,

C.

Considerando que la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de Euromed que iba a celebrarse en Estambul los días 24 y 25 de noviembre de 2009 tuvo que ser pospuesta debido a un boicot de los Estados árabes en protesta por la postura israelí hacia el proceso de paz en el Oriente Próximo,

D.

Considerando que la UE ha celebrado acuerdos de asociación con todos sus socios del Mediterráneo meridional, con excepción de Siria y Libia; que ya han concluido las negociaciones para la celebración de un acuerdo de asociación con Siria, pero que este país ha pospuesto su firma, y considerando que la Comisión ha entablado negociaciones con Libia,

E.

Considerando que el enfoque bilateral, que es un componente de cualquier proceso de esta índole y una consecuencia de las diferencias específicas culturales, sociales, económicas y políticas entre los países interesados, debe ser guiado y respaldado por una visión y un plan más generales para las relaciones entre los distintos socios e ir, por tanto, acompañado de un enfoque regional,

F.

Considerando que las dos riberas mediterráneas siguen presentando un cuadro muy asimétrico en los ámbitos económico, social y demográfico, que pone de manifiesto una brecha de riqueza que origina inestabilidad y presión migratoria y ambiental en la región; que existen diferencias importantes en términos de desarrollo entre los países mediterráneos, y que más del 30 % de la población de los PSEM vive con menos de dos dólares diarios,

G.

Considerando que las economías de los PSEM son muy dependientes del comercio exterior; que alrededor del 50 % de estos flujos comerciales van a la UE, aunque suponen solamente el 8 % del comercio exterior de la UE, con un equilibrio positivo para ésta; que la estructura de las exportaciones de los PSEM está muy poco diversificada, y que éstos siguen especializados en sectores que contribuyen escasamente al crecimiento,

H.

Considerando que la UE es el primer inversor extranjero en la región, pero que las inversiones extranjeras directas (IED) en ella siguen siendo muy bajas en comparación con otras regiones del mundo, y considerando que existen grandes diferencias de un país a otro en cuanto a la capacidad de atraer IED,

I.

Considerando que la integración regional Sur-Sur está lejos de haberse realizado, y que los flujos comerciales Sur-Sur están infradesarrollados y representan, entre los PSEM, solamente el 6 % de su comercio total,

J.

Considerando que esa situación podría repercutir muy negativamente en el proceso euromediterráneo de integración y en la soberanía y seguridad alimentaria de los PSEM, en particular exacerbando ciertos efectos de la concentración comercial como el aumento de la dependencia de unos pocos productos —sobre todo agrarios— exportados a la UE, al tiempo que se incrementa paralelamente la demanda de importaciones alimentarias básicas, lo que no resulta beneficioso para los PSEM ni sus empresas,

K.

Considerando que los PSEM deben eliminar los obstáculos políticos y económicos que se interponen actualmente en el proceso de integración de la zona, a fin de lograr una colaboración más fructífera entre sí,

L.

Considerando que los productores de los sectores textil, de la confección y del calzado de ambas riberas del Mediterráneo están perdiendo considerables cuotas de mercado debido a la globalización del mercado y a la fuerte competencia asiática,

M.

Considerando que la ZLC, para tener efectos reales positivos, debe impulsar la inserción de los PSEM en el comercio internacional, garantizar su diversificación económica y la distribución justa de los beneficios resultantes, a fin de lograr el objetivo principal de la asociación económica y comercial euromediterránea, a saber, la reducción de la brecha de desarrollo entre las orillas norte y sur del Mediterráneo,

N.

Considerando que los efectos de la crisis económica y financiera han agravado los desafíos políticos, económicos y sociales que ya existen en los países socios, en especial en relación con el problema del desempleo, y que corresponde al interés común de estos países y de la UE reducir las tasas de desempleo en la región y ofrecer una perspectiva digna a las poblaciones afectadas, y en especial a las mujeres, los jóvenes y la población rural,

1.

Aun reconociendo algunas mejoras, lamenta el hecho de que se esté lejos de alcanzar los objetivos principales de la asociación euromediterránea; destaca que el éxito de este proceso, y de la ZLC, en particular, que podría contribuir a la paz, la prosperidad y la seguridad en toda la región, exige un esfuerzo continuo y convergente de todas las partes y una mayor participación de la sociedad civil y de la población de ambas riberas del Mediterráneo;

2.

Considera que numerosas dificultades, no sólo de carácter económico sino también político, como el conflicto de Oriente Próximo, han tenido un impacto negativo considerable sobre el progreso y el desarrollo de este proceso y de la ZLC, en particular; lamenta que, debido a estas mismas razones políticas, se haya pospuesto la reunión ministerial Euromed de los Ministros de Asuntos Exteriores, que debía celebrarse en Estambul los días 24 y 25 de noviembre de 2009, y que no avance la UpM;

3.

Recuerda la definición de proyectos significativos en sectores estratégicos en la UpM como son la construcción de nuevas infraestructuras, la cooperación entre las pequeñas y medianas empresas (PYME), las comunicaciones y la explotación de fuentes de energía renovables, con el fin de contribuir a desarrollar y facilitar las inversiones y el comercio euromediterráneos; insta a que se celebren las reuniones programadas en el marco de la UpM y a que se cree una secretaría permanente en Barcelona;

4.

Considera que los obstáculos actuales son un indicio de que la profundización de las relaciones económicas debe ir acompañada de la intensificación de las relaciones políticas; considera que sólo podrá lograrse una verdadera integración económica y regional cuando se realicen progresos concretos para la resolución de los actuales conflictos, así como en el ámbito de la democracia y los derechos humanos;

5.

Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los PSEM que tengan en cuenta los efectos de la crisis financiera, económica y ambiental mediante una mayor incorporación de las cuestiones sociales y ecológicas a la asociación económica y comercial; pide a los Gobiernos de los PSEM que apliquen unas políticas de empleo y protección social coherentes y efectivas para atenuar los efectos de la crisis;

6.

Recuerda, en este mismo contexto, que el objetivo de una ZLC no puede apreciarse únicamente en relación con el crecimiento económico, sino, sobre todo, en términos de creación de empleo; recuerda que el desempleo juvenil y femenino constituye la cuestión social más apremiante en los países del Mediterráneo;

7.

Destaca la importancia de la integración regional de los PSEM y del refuerzo de las transacciones comerciales Sur-Sur; lamenta que la cooperación Sur-Sur siga estando infradesarrollada;

8.

Alienta encarecidamente a los PSEM a que desarrollen su comercio Sur-Sur siguiendo el modelo del Acuerdo de Agadir suscrito por Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez; considera que esa medida es esencial para la integración regional; pide a los demás países de la región que se adhieran a dicho Acuerdo para seguir desarrollando iniciativas de integración en las que estén comprometidos los PSEM y que aprovechen las sinergias con la profundización de los acuerdos de asociación euromediterráneos entre los PSEM y la UE; destaca que las instituciones de la UE deben responder afirmativamente a las solicitudes de asistencia técnica y financiera para promover la integración económica Sur-Sur;

9.

Considera que debe reforzarse la acumulación del sistema de origen, ya que constituye un instrumento aduanero útil para estimular el comercio en la zona, y que las normas de origen deben actualizarse y simplificarse para tener en cuenta los intereses de los socios de Euromed; pide a los Ministros euromediterráneos de Comercio que respalden la celebración de un convenio regional para un sistema paneuromediterráneo de normas de origen que abra el camino a la simplificación de las normas de origen, y que adopten medidas adicionales para la aplicación del sistema paneuromediterráneo de acumulación de origen;

10.

Toma nota de que está previsto que los ministros de Comercio euromediterráneos debatan medidas para hacer frente a la debilidad actual del comercio y de las relaciones económicas Euromed, una nueva hoja de ruta comercial euromediterránea y un nuevo mecanismo para facilitar el comercio y la inversión en la región; acoge con satisfacción todas las iniciativas comunes de revisar los actuales acuerdos de asociación a la luz de las nuevas exigencias y desafíos económicos;

11.

Subraya que estos debates deben tener lugar en un contexto de confianza y respeto mutuos entre los socios para garantizar el derecho de los PSEM a controlar el ritmo de su apertura comercial y sus estrategias nacionales de desarrollo económico y social; recuerda que las negociaciones sobre la ZLC deben planificarse de forma concertada y gradual en el marco de una asociación racional y previsible que refleje las realidades socioeconómicas de los PSEM;

12.

Destaca que toda liberalización ulterior en los sectores agrícola y pesquero debería tener en cuenta la necesidad de proteger bienes sensibles y evaluar sistemáticamente el impacto social de los procesos de liberalización y las normas fitosanitarias; pide a los Ministros de Comercio del Mediterráneo que garanticen la gradualidad de este proceso, teniendo en cuenta el tiempo necesario para aplicar reformas fiscales equitativas destinadas a compensar la reducción de los ingresos fiscales derivados de los derechos aduaneros; pide a los socios euromediterráneos que lleven a cabo una reflexión sobre una política agrícola euromediterránea integrada, basada en la complementariedad de su cadena de suministro y en una política viable del agua y que dé prioridad a las necesidades de la soberanía alimentaria frente a las consideraciones comerciales;

13.

Considera que el sector de los servicios es esencial para el desarrollo de los PSEM; opina que toda liberalización de los servicios debería realizarse de manera consensuada con los PSEM, y que estos deberían tener el derecho de escalonar y controlar la apertura de sectores sensibles y vulnerables de sus respectivas economías; considera que conviene distinguir los servicios comerciales de los servicios públicos;

14.

Pide que se ajuste el calendario de la liberalización del sector industrial en función de las condiciones sociales y económicas en cada país, incluidos el nivel de desempleo y su repercusión en el medio ambiente; destaca que la asociación económica y comercial debería impulsar una mayor diversificación en la producción industrial de bienes y un mayor valor añadido; pide a los PSEM que apliquen políticas regionales que tengan presente el cometido de las microempresas y de las PYME;

15.

Toma nota de que los productores textiles euromediterráneos se enfrentan a graves dificultades en el contexto de la creciente competencia mundial; recuerda que es necesario fortalecer la asociación Norte-Sur para preservar la competitividad en la producción y el comercio euromediterráneos de los sectores textil y de la confección, así como promover las actividades de los PSEM con mayor valor añadido, que se basen en la creatividad y la innovación y no sólo en la subcontratación;

16.

Subraya que es necesario fomentar la seguridad de las inversiones en el Mediterráneo mediante un sistema que coordine estrategias para las PYME y abarque múltiples ámbitos: salvaguardias, financiación, información y creación de redes de PYME;

17.

Considera que la nueva propuesta de establecer un mecanismo euromediterráneo de fomento de la inversión constituye un paso importante para centralizar y difundir información a través de una red única, que debería permitir a los operadores económicos obtener una imagen exhaustiva de las condiciones comerciales y de inversión en la región; pone de relieve, asimismo, que este mecanismo debe ser complementario a las redes existentes;

18.

Señala la necesidad de crear un Banco Euromediterráneo de Inversión y Desarrollo que garantice donaciones de ambas riberas del Mediterráneo y sea capaz de atraer las inversiones extranjeras directas de las que carece la región;

19.

Acoge con satisfacción la creación del Fondo «Inframed», que se anunció en el marco de la UpM como un fondo de inversión a largo plazo destinado a financiar proyectos de infraestructuras;

20.

Estima que la UpM debería reforzar las actuales formas de cooperación en el marco de Euromed para brindar a todos los países socios la posibilidad de participar en los programas y en las políticas correspondientes de la Unión Europea con arreglo a una serie de prioridades y objetivos fijados de común acuerdo; señala que es importante ampliar el ámbito de aplicación de los programas comunitarios a la participación de los países socios, especialmente en los ámbitos de la cooperación transfronteriza (InterReg), la educación, la investigación y la formación profesional (intercambio de estudiantes, etc.);

21.

Alienta el uso de las energías solar y eólica en la región del Mediterráneo; acoge con satisfacción iniciativas recientes como el «Plan Solaire» y las primeras ideas acerca de la Iniciativa Industrial Desertec para desarrollar el enorme potencial de energía solar en el Oriente Próximo y el norte de África, si bien lamenta que las acciones se hayan concebido aún con una perspectiva demasiado nacional; destaca que la acción de la UE en relación con el proyecto Desertec debe ser coherente y contribuir de forma activa al desarrollo endógeno de los países del norte de África y Oriente Próximo, y pide a la Comisión que coordine los esfuerzos de la UE de manera proactiva;

22.

Toma nota con preocupación de las conclusiones de la evaluación del impacto sobre la sostenibilidad; pide a la Comisión que siga sistemáticamente las recomendaciones de esta evaluación en relación con el impacto social y ambiental del proceso de liberalización, a fin de tener en cuenta las dimensiones de la cohesión social y del desarrollo sostenible; hace hincapié, asimismo, en que este impacto puede variar enormemente de un sector a otro y de un país a otro; destaca, a fin de lograr un progreso social real, la importancia de promover en la asociación económica y comercial el trabajo digno y códigos de conducta negociados con las multinacionales, que incorporen el objetivo de ofrecer empleo digno;

23.

Opina que la ZLC debería completarse con la introducción gradual y condicionada de la libre circulación de trabajadores, teniendo presente la situación del mercado laboral europeo y las reflexiones actuales de la comunidad internacional sobre los vínculos entre migración y desarrollo; considera que es urgente establecer procedimientos legales y administrativos que puedan facilitar la concesión de visados, en particular para los protagonistas de la asociación euromediterránea, los estudiantes, los profesores universitarios y los agentes socioeconómicos; insiste en la importancia y la necesidad de una reducción del coste de las transferencias de remesas efectuadas por los emigrantes, con el fin de facilitar su uso máximo en la economía local;

24.

Pide a la Comisión que lo mantenga debidamente informado sobre los progresos realizados en el acuerdo de asociación con Siria, cuya firma se ha retrasado recientemente a instancias de este país; considera que existen algunas reticencias con respecto a retomar las negociaciones con Libia para la celebración de un acuerdo de asociación y, de forma más general, a su ingreso en la UpM; pide a la Comisión que lo mantenga plenamente informado sobre esta cuestión, que cuente con su participación y que le consulte en todas las fases de las negociaciones;

25.

Toma nota, asimismo, de que diferentes países mediterráneos han expresado su interés en profundizar y/o ampliar sus acuerdos comerciales con la UE, y pide a la Comisión, a la luz de las nuevas competencias que el Tratado de Lisboa confiere al Parlamento en materia de comercio, que tenga presente toda resolución previa del Parlamento al negociar esos nuevos acuerdos;

26.

Destaca que los enfoques bilaterales no deberían relegar a un segundo plano el enfoque multilateral; opina que, favoreciendo al mismo tiempo una cooperación reforzada con los socios más avanzados y dentro del respeto de sus especificidades políticas, culturales, religiosas y sociales, la Comisión debe mantener el principio de «negociaciones región por región»;

27.

Hace hincapié en que, dada la situación de Palestina, procede adoptar medidas específicas y especiales para ayudar a la población con miras a la integración de esta zona en los flujos comerciales mediterráneos; en este sentido, considera que debe encontrarse la solución para abordar la cuestión de la certificación de origen y, posteriormente, del trato preferencial en el marco del Acuerdo de Asociación CE-Israel aplicable a las mercancías procedentes de la Franja de Gaza y de Cisjordania,

28.

Considera que una hoja de ruta equilibrada, basada en un amplio consenso y, entre otras cosas, una evaluación positiva del impacto social y ambiental, podría ser un instrumento útil para reactivar la cooperación económica y comercial en los próximos años; pide, por tanto, a los Ministros de Comercio euromediterráneos que la aprueben en su reunión ministerial de diciembre de 2009; insta a los miembros del Grupo de trabajo de altos funcionarios de Euromed sobre comercio a que vigilen la puesta en práctica de la hoja de ruta en los años próximos y a que propongan cualquier ajuste que estimen necesario, de lo que el Parlamento solicita ser informado;

29.

Hace hincapié en la necesidad de que el proceso de integración euromediterránea vuelva a convertirse en una prioridad política de la UE;

30.

Destaca el papel desempeñado por la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM) en la Asociación como instancia democrática que reúne a parlamentarios de ambas orillas del Mediterráneo en torno a los tres pilares del Proceso de Barcelona; insta finalmente a una cooperación más intensa entre la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, el Consejo y la Comisión en el ámbito económico;

31.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Jefes de Estado y de Gobierno y a los Parlamentos de los Estados miembros y de los PSEM y a la APEM.

21.10.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 285/42

A.

Considerando que la Directiva 90/314/CEE (Directiva sobre los viajes combinados) regula determinados aspectos de los viajes combinados y prevé la adecuada compensación y repatriación de los consumidores en caso de quiebra de las empresas organizadoras de viajes combinados,

B.

Considerando que el Reglamento (CE) no 2027/97 establece la naturaleza de la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente y las modalidades de la compensación que deben recibir los pasajeros,

C.

Considerando que el Reglamento (CE) no 785/2004 establece los requisitos en materia de seguros que deben satisfacer las compañías aéreas y los operadores aéreos,

D.

Considerando que el Reglamento (CE) no 261/2004 prevé una compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos,

E.

Considerando que el Reglamento (CE) no 1008/2008 establece estrictas normas financieras para los operadores aéreos,

F.

Considerando que, durante el último decenio, ha habido un crecimiento notable del número de compañías aéreas de bajo coste y de tamaño relativamente pequeño, que vuelan a conocidos destinos turísticos, así como del número de pasajeros que transportan,

G.

Considerando que, durante los últimos nueve años, se han registrado 77 quiebras en el sector de la aviación, con el resultado de que, en algunos casos, miles de pasajeros quedaron abandonados en el lugar de destino y sin posibilidad de hacer uso del viaje de vuelta de su billete de avión,

1.

Toma nota de que la Comisión ha iniciado una amplia ronda de consultas con las partes interesadas sobre la cuestión de la quiebra de compañías aéreas;

2.

Recuerda que la Comisión llevó a cabo un amplio estudio sobre los problemas relacionados con las quiebras de compañías aéreas y sus consecuencias para los pasajeros, y que comunicó sus resultados al Parlamento en febrero de 2009;

3.

Constata los resultados de este estudio y la gama de opciones consideradas en el mismo;

4.

Recuerda en este sentido que existe toda una serie de opciones que la Comisión podría considerar para reforzar la posición de los pasajeros de las compañías aéreas en quiebra, incluida la obligación de un seguro obligatorio para las compañías aéreas, un seguro voluntario para los pasajeros que las compañías aéreas estarían obligadas a proponerles y la creación de un fondo de garantía;

5.

Pide a la Comisión que examine la posibilidad de elaborar una propuesta legislativa que tenga por objetivo específico prever una compensación para los pasajeros de compañías aéreas que se declaren en quiebra, y establecer las modalidades administrativas y financieras pertinentes, incluido el principio de responsabilidad solidaria de todas las compañías aéreas que vuelen al mismo destino y tengan asientos disponibles, lo que aseguraría la repatriación de los pasajeros bloqueados en aeropuertos extranjeros en caso de quiebra de una compañía aérea, y, si lo considera adecuado, que presente dicha propuesta legislativa antes del 1 de julio de 2010; pide a la Comisión que proponga, cuando revise la Directiva sobre los viajes combinados, una ampliación de la repatriación o un cambio de itinerario a favor de los pasajeros interesados;

6.

Pide a la Comisión que examine la posibilidad de ampliar dichas medidas a aquellas compañías aéreas que han dejado de operar, causando a los pasajeros unos inconvenientes similares a los producidos por las compañías aéreas que han quebrado;

7.

Pide a la Comisión que examine la rápida liberación de aviones incautados por las autoridades reguladoras nacionales de manera que dichos aviones puedan utilizarse para la repatriación de pasajeros abandonados;

8.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

21.10.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 285/44

A.

Considerando que, en estos momentos, la Unión Europea no dispone de normas armonizadas ni de prácticas uniformes en materia de marca de origen en la UE; y que las disparidades entre las normativas vigentes en los Estados miembros, así como la ausencia de normas comunitarias claras en la materia, tienen como resultado un marco jurídico fragmentado,

B.

Considerando que están prohibidas las medidas nacionales que impongan la marca de origen obligatoria en las mercancías importadas de otros Estados miembros, mientras que esta limitación no existe para la marca de origen obligatoria en las mercancías importadas de terceros países,

C.

Considerando que varios de los principales socios comerciales de la UE, como los Estados Unidos, China, Japón y Canadá, han establecido requisitos obligatorios en materia de marca de origen,

D.

Considerando que, en la agenda de Lisboa, la UE fijó el objetivo de reforzar la economía europea mediante, entre otros factores, la mejora de la competitividad de la industria comunitaria en la economía mundial; y que la competencia puede considerarse leal cuando se rige por normas claras tanto para los productores como para los exportadores e importadores y si se asienta en unos valores y premisas sociales y medioambientales comunes,

E.

Considerando que un sistema de marcas de origen tendría como objetivo permitir a los consumidores conocer exactamente el país de origen de los productos que compran y que, de este modo, los consumidores podrían identificar estos productos con las normas de calidad social, medioambiental y de seguridad asociadas en general con dicho país,

F.

Considerando que la propuesta de introducir un sistema obligatorio de marca de origen en la UE se limita a un reducido número de productos importados, como los productos textiles, las joyas, la confección, el calzado, los muebles, el cuero, las lámparas y luminarias, el vidrio, la cerámica y los bolsos, en los que el requisito de «made in» constituye una información valiosa para la elección del consumidor final,

G.

Considerando que es esencial garantizar la igualdad de condiciones con los productores de los principales socios de la UE que han aplicado la marca de origen,

H.

Considerando que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009 pondrá en pie de igualdad al Parlamento y al Consejo con respecto a la política comercial común; y que el procedimiento legislativo ordinario se aplicará, de conformidad con el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al futuro reglamento sobre la marca de origen,

1.

Reitera que la protección de los consumidores requiere normas comerciales transparentes y coherentes, incluidas las indicaciones sobre el origen;

2.

Pide a la Comisión y al Consejo que tomen todas las medidas necesarias para asegurar la igualdad de condiciones con los socios comerciales que han fijado requisitos en materia de marca de origen;

3.

Pide a la Comisión y al Consejo que organicen una vigilancia aduanera y unos mecanismos de aplicación adecuados;

4.

Insta a los Estados miembros a que mantengan un enfoque comunitario coherente en esta materia que permita a los consumidores recibir una información más completa y exacta; considera que la marca de origen obligatoria representa un paso importante para ofrecer una información más completa sobre las normas sociales y medioambientales aplicadas en los procesos de producción y transformación;

5.

Anima a la Comisión a que intervenga con firmeza, junto con los Estados miembros, para defender los legítimos derechos y expectativas de los consumidores cuando haya pruebas del uso de marcas de origen fraudulentas o engañosas por parte de importadores y productores de países terceros;

6.

Considera que la mencionada propuesta de un reglamento del Consejo que introduzca la obligación de indicar el país de origen de determinados productos importados a la Unión Europea desde terceros países resulta útil para alcanzar los objetivos de transparencia y de información adecuada para el consumidor, así como el de coherencia de las normas de comercio internacional;

7.

Considera que, a partir del 1 de diciembre de 2009, en el contexto del procedimiento legislativo ordinario establecido por el Tratado de Lisboa, deberían iniciarse formalmente la consulta y el intercambio de puntos de vista entre el Parlamento y el Consejo, y que cualquier retraso adicional ocasionaría un perjuicio grave a los derechos de los ciudadanos, al empleo en la UE y al principio de comercio libre y justo;

8.

Pide a la Comisión que mantenga su propuesta sin cambios y la vuelva a presentar al Parlamento de conformidad con el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa;

9.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

21.10.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 285/47

A.

Considerando que, en virtud del artículo 49 del Tratado UE, «cualquier Estado europeo […] podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión»,

B.

Considerando que el futuro de los Balcanes Occidentales está en la Unión Europea, tal como se reiteró en el Consejo Europeo de Salónica de los días 19 y 20 de junio de 2003, en el Consejo Europeo de Bruselas de los días 15 y 16 de junio de 2006 y en cumbres sucesivas; que se deben cumplir todos los compromisos ya contraídos con los países de la Europa sudoriental,

C.

Considerando que Turquía es país candidato desde 1999, Croacia desde 2004 y la Antigua República Yugoslava de Macedonia desde 2005; que Albania, Montenegro e Islandia han solicitado su adhesión a la Unión, y que la Comisión está evaluando actualmente las solicitudes de Montenegro y de Islandia; que se han celebrado acuerdos de estabilización y asociación con Bosnia y Herzegovina y con Serbia; y considerando asimismo que la Comisión ha anunciado su intención de proponer acuerdos comerciales y la liberalización del régimen de visados en relación con Kosovo a medio plazo,

D.

Considerando que, puesto que las anteriores ampliaciones han constituido un éxito indiscutible tanto para la Unión Europea como para los Estados miembros que se han adherido a ella, y han contribuido a la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad de Europa en su conjunto, es fundamental crear las condiciones necesarias para garantizar que las futuras ampliaciones también sean un éxito,

E.

Considerando que la estrategia de ampliación debe ser mucho más que una metodología de negociación y reflejar la idea fundamental de que la Unión Europea es una comunidad de valores compartidos y está intrínsecamente unida al debate sobre los objetivos y la efectividad de la Unión Europea, su porvenir y el papel que le toca desempeñar en la vecindad y en el mundo,

F.

Considerando que algunos candidatos y posibles candidatos potenciales a la adhesión a la Unión Europea todavía tienen cuestiones pendientes por resolver con sus vecinos; que la cooperación regional y las relaciones de buena vecindad siguen siendo factores clave en el proceso de integración,

1.

Continúa firmemente comprometido con la política de ampliación, que ha demostrado ser una de las políticas de la Unión Europea de más éxito y que ha beneficiado a los antiguos y a los nuevos Estados miembros; recuerda que las ampliaciones anteriores han conllevado una extensión sin precedentes del espacio de paz, seguridad y prosperidad en Europa, y reafirma el compromiso de la Unión Europea con el mantenimiento del proceso de ampliación;

2.

Considera que se pueden extraer lecciones de las ampliaciones anteriores y que las nuevas formas de mejorar la calidad del proceso de ampliación deben basarse en las experiencias positivas acumuladas hasta ahora; recuerda asimismo, como ya se ha indicado en resoluciones anteriores, la necesidad de que el proceso de ampliación vaya acompañado de una adecuada consolidación institucional, financiera y política;

3.

Hace hincapié en que los principios expuestos en las conclusiones de la Presidencia de la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas los días 14 y 15 de diciembre de 2006 relativos a un «consenso renovado sobre la ampliación», en particular la capacidad de la Unión para funcionar eficazmente y para evolucionar, deben seguir siendo postulados imprescindibles de la política de ampliación de la Unión Europea;

4.

Reafirma que es imprescindible un firme compromiso de los países candidatos, así como de la Unión Europea, con el cumplimiento pleno y riguroso de todos los criterios establecidos en el Consejo Europeo de Copenhague de 21 y 22 de junio de 1993, también para la capacidad de integración de la Unión Europea;

5.

Pide a las instituciones de la Unión Europea que analicen y aumenten la capacidad de integración de la Unión Europea;

6.

Destaca que el Estado de Derecho es un principio clave del desarrollo democrático, económico y social, así como una de las condiciones más importantes para la adhesión a la Unión Europea; acoge con satisfacción los esfuerzos realizados en la región en la aplicación de las respectivas reformas, pero observa que algunos países siguen afrontando importantes desafíos, especialmente por lo que respecta a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada; insta a esos países a que intensifiquen sus esfuerzos en este ámbito;

7.

Subraya que la libertad de expresión es uno de los principios fundamentales de la democracia y observa con preocupación que en algunos países aún no se respeta plenamente; considera prioritario que los países de los Balcanes Occidentales y Turquía garanticen la libertad de los medios de comunicación respecto de las injerencias políticas y la independencia de los organismos reguladores; pide a los países afectados que establezcan los marcos jurídicos adecuados y que garanticen el respeto de la ley;

8.

Destaca que la plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) constituye una condición fundamental para que los países de los Balcanes Occidentales avancen en la vía de la adhesión a la Unión, pero señala que la reparación de los crímenes de guerra, aspecto igualmente importante, debe ser percibida por la sociedad de esos países como un paso fundamental para llevar la justicia a las víctimas y facilitar la reconciliación regional;

9.

Hace hincapié en la importancia de unas buenas relaciones de vecindad como requisito previo para la estabilidad y la cooperación regionales, así como para que el proceso de ampliación se desarrolle sin obstáculos; pide, por lo tanto, a todos los países afectados que se esfuercen al máximo por resolver los desacuerdos con sus países vecinos en la fase inicial del proceso de ampliación; destaca, no obstante, que compete a las partes afectadas resolver los litigios bilaterales; indica que, si las partes afectadas no consiguen resolver dichos litigios, la Unión Europea deberá realizar todos los esfuerzos posibles para alcanzar una solución; hace notar que, si bien no deben constituir por sí mismos un obstáculo en los progresos hacia la adhesión, la Unión Europea debe impedir que dichos litigios bilaterales pendientes la anquilosen, así como procurar resolverlos antes de la adhesión;

10.

Observa con preocupación los problemas económicos a que se enfrenta la región de los Balcanes Occidentales debido a la crisis financiera; acoge con satisfacción la voluntad de la Comisión de proporcionar ayuda financiera extraordinaria, como asistencia macroeconómica y apoyo presupuestario directo; hace hincapié en que la situación es particularmente difícil debido a los elevados niveles de pobreza y desempleo en algunos de los países en cuestión; pide a la Comisión y a los propios países que se esfuercen al máximo por mitigar los efectos de la crisis, en particular sobre los miembros más vulnerables de la sociedad;

11.

Destaca la importancia de la cooperación regional en los Balcanes Occidentales como condición importante para el proceso de ampliación y, al mismo tiempo, como elemento esencial del proceso de reconciliación, al fomentar los contactos entre los pueblos; recuerda, además, las ventajas de dicha cooperación en lo que se refiere al aumento de los volúmenes comerciales, la seguridad energética, incrementada por la diversificación de proveedores y fuentes de energía así como de las vías de suministro, las políticas medioambientales y la lucha contra la delincuencia organizada y todo tipo de tráfico ilegal de mercancías y personas; observa con satisfacción, a este respecto, el buen funcionamiento del Consejo de Cooperación Regional; pide más voluntad política y una mejor coordinación para la aplicación de la estrategia de lucha contra todo tipo de tráfico ilegal de mercancías y personas, particularmente por lo que respecta a la protección de las víctimas; destaca que la cooperación regional política y económica debe incluir a todos los interlocutores políticos y a la sociedad civil, en particular a las organizaciones de mujeres, y no debería verse obstaculizada por problemas políticos bilaterales; pide a este respecto a todas las partes afectadas que busquen soluciones pragmáticas a fin de asegurar una cooperación regional en la que estén incluidas todas ellas, sin perjuicio de las posiciones divergentes sobre el estatuto de Kosovo;

12.

Pide a todos los países afectados que realicen un mayor esfuerzo en el ámbito de los derechos de la mujer y de la igualdad de género, en particular por lo que respecta a la lucha contra la violencia de género, la promoción del acceso a soluciones jurídicas para la discriminación por motivos de género y el fomento de la participación política de las mujeres;

13.

Considera crucial promover una mayor participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) a nivel central y local, así como incrementar el apoyo y la financiación para las ONG, alentar su participación en la planificación y el uso del instrumento de Pre-adhesión para la sociedad civil y mejorar el diálogo social en el mercado laboral;

14.

Pide a los países de la región que se esfuercen más aún por mejorar la situación de las minorías étnicas, en particular la de la minoría romaní; destaca que la población romaní es frecuentemente víctima de discriminación y que, en particular, se debe reforzar considerablemente su participación en los procesos de toma de decisiones, en el mercado laboral y en los sistemas educativos tradicionales; toma nota, a este respecto, de los acuerdos de readmisión bilaterales celebrados entre los países de los Balcanes Occidentales y los Estados miembros, y pide a los países interesados que intensifiquen sus esfuerzos por crear condiciones sociales, infraestructuras y acceso a servicios públicos adecuados para asegurar los derechos fundamentales de la población romaní y facilitar su reintegración tras su retorno; pide a los países de los Balcanes Occidentales y a los Estados miembros que realicen un seguimiento detenido de la reintegración de la población romaní repatriada y que informen anualmente a la Comisión sobre los logros alcanzados con objeto de facilitar la evaluación de las políticas de reintegración y el intercambio de buenas prácticas;

15.

Destaca la importancia esencial del proceso de liberalización del régimen de visados para los países de los Balcanes Occidentales; celebra que la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia hayan cumplido los criterios establecidos para la liberalización del régimen de visados, lo que permite esperar que la supresión de visados se empiece a aplicar a sus ciudadanos a partir del 19 de diciembre de 2009; acoge favorablemente las medidas adoptadas por las autoridades de Bosnia y Herzegovina y de Albania para acelerar el cumplimiento de las condiciones de la hoja de ruta sobre el régimen de viajes sin obligación de visado, y les insta a que adelanten los preparativos con vistas a cumplir todos los criterios pertinentes, de manera que la liberación del régimen de visados para los ciudadanos de esos países pueda aplicarse a partir de julio de 2010; considera que, con el fin de avanzar en la aplicación del Programa de Salónica y como elemento integrante de su enfoque regional, la Comisión, dentro de los límites de sus atribuciones y teniendo en cuenta la Resolución 1244, de 10 de junio de 1999, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe iniciar cuanto antes un diálogo sobre la liberalización del régimen de visados con Kosovo con objeto de elaborar un plan de trabajo para la facilitación y liberalización del régimen de visados similar a los planes de trabajo establecidos con países de los Balcanes Occidentales;

16.

Insta a todos los países de la región a que adopten o apliquen efectivamente la legislación relativa a la prohibición de la discriminación lo más rápidamente posible, en particular teniendo en cuenta que muchos casos de amenazas, ataques, intimidación o discriminación de población lesbiana, gay, bisexual y transexual no se denuncian ni se juzgan;

17.

Pide a las autoridades internacionales y kosovares que hagan todo lo posible por clausurar inmediatamente los campos de desplazados internos contaminados de plomo de Llugë/Česmin Lug, Osterode y Leposaviq/Leposavić, situados en las balsas de residuos altamente tóxicas de la mina de plomo de Trepça, y que garanticen los derechos humanos básicos de las familias que habitan en ellos reubicándolas en lugares seguros que dispongan de condiciones sanitarias dignas;

18.

Considera que, para que los ciudadanos de la Unión Europea sigan apoyando nuevas ampliaciones y para mantener el compromiso de los ciudadanos de los países candidatos a proseguir con las reformas, es fundamental presentarles información clara y global sobre las ventajas y las implicaciones de esta política; pide a la Comisión y a los Estados miembros que se esfuercen en ese sentido; considera que es igualmente esencial escuchar a los ciudadanos y atender sus preocupaciones y preguntas;

19.

Felicita a Croacia por sus constantes progresos en el cumplimiento de los criterios de adhesión a la Unión y de las obligaciones que comporta la adhesión; acoge con satisfacción el acuerdo bilateral encaminado a resolver el conflicto fronterizo con Eslovenia, que ha impulsado la apertura de nuevos capítulos en el proceso de adhesión; considera que las negociaciones de adhesión pueden concluirse hacia mediados de 2010, siempre que Croacia intensifique sus esfuerzos y cumpla todos los criterios y parámetros necesarios, incluida la plena cooperación con el TPIY;

20.

Felicita a la Antigua República Yugoslava de Macedonia por los progresos alcanzados desde su último informe sobre los progresos realizados y, en particular, durante los últimos meses; observa con satisfacción que estos progresos han sido reconocidos por la Comisión, que ha recomendado la apertura de las negociaciones de adhesión con este país; pide al Consejo que actúe conforme a la recomendación de la Comisión en la cumbre que se celebrará en diciembre de 2009; espera que las negociaciones comiencen próximamente con la esperanza de que puedan alcanzarse soluciones satisfactorias para todas las partes sobre las cuestiones pendientes con los países vecinos, incluida la cuestión del nombre del país, que enfrenta a la Antigua República Yugoslava de Macedonia y a Grecia; pide a los Gobiernos de ambos países que intensifiquen sus esfuerzos a este fin; recuerda la importancia que revisten unas buenas relaciones de vecindad e insta a la antigua República Yugoslava de Macedonia a que sea sensible a las cuestiones que puedan afectar a sus vecinos; constata el reciente establecimiento de relaciones diplomáticas con Kosovo, así como la celebración del acuerdo sobre la demarcación física de la frontera, que considera una contribución clave a la estabilidad en la región;

21.

Pide a las autoridades de la Antigua República Yugoslava de Macedonia que prosigan sus esfuerzos en el proceso de reformas, en particular en los ámbitos de la reforma de la administración pública y del poder judicial, la política anticorrupción, los derechos de la mujer y las relaciones interétnicas, garantizando también la protección de los derechos de las personas de cualquier origen étnico e incrementando la participación de éstas en la vida pública y en la administración pública;

22.

Encomia los progresos realizados por Turquía, como país candidato, para cumplir los criterios políticos de Copenhague; insta al Gobierno de Turquía y a todos los partidos políticos parlamentarios de Turquía a que alcancen un consenso sobre la formulación y la aplicación de las principales reformas; celebra que el Gobierno haya aprobado la estrategia de reforma judicial y señala que la rápida aplicación de dicha reforma reviste una importancia fundamental para el funcionamiento del Estado y la sociedad turcos; manifiesta su preocupación por la situación en el ámbito de la libertad de expresión y la libertad de la prensa, en particular tras la multa sin precedentes impuesta a un grupo de comunicación; observa con satisfacción que el debate público en Turquía acerca de asuntos anteriormente considerados tabú sea cada día más abierto; lamenta los escasos progresos realizados en el ámbito de la libertad de culto, e insta al Gobierno a que establezca un marco jurídico conforme al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales que permita que todas las comunidades religiosas no musulmanas y la comunidad aleví puedan desarrollar su actividad sin restricciones indebidas; lamenta el continuo incumplimiento de los compromisos derivados del Protocolo adicional al Acuerdo de Asociación CE-Turquía e insta a Turquía a que proceda a la aplicación íntegra y no discriminatoria del mismo; pide al Gobierno turco, así como a todas las partes interesadas, que contribuya activamente a la rápida definición de un plan de solución global a la cuestión chipriota basado en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en los principios en los que se fundamenta la Unión Europea; acoge con satisfacción los esfuerzos dirigidos a resolver la cuestión kurda en el marco del proyecto de «apertura democrática»; alienta al Gobierno turco a que adopte medidas concretas para abordar la situación de los ciudadanos de origen kurdo y pide a todas las fuerzas políticas que respalden este proceso; aprueba los esfuerzos diplomáticos realizados para normalizar las relaciones con Armenia e insta a la Gran Asamblea Nacional de Turquía, así como al Parlamento de Armenia a que ratifiquen los correspondientes protocolos; acoge positivamente la firma por Turquía del Acuerdo Intergubernamental sobre el gasoducto Nabuco, cuya realización sigue siendo una de las principales prioridades de la Unión Europea en materia de seguridad energética, y pide que se abra el capítulo energético en las negociaciones de adhesión; toma nota de la reanudación de las negociaciones sobre un acuerdo de readmisión UE-Turquía, e insta a Turquía a que entretanto aplique plenamente los acuerdos bilaterales vigentes en materia de readmisión con los Estados miembros; pide al Gobierno turco que refuerce la coordinación de la política exterior con la Unión Europea, en particular por lo que respecta a Irán; lamenta, no obstante, que Turquía siga bloqueando con sus objeciones toda cooperación estratégica OTAN-UE que vaya más allá de los acuerdos «Berlín Plus», lo que repercute negativamente en la protección del personal de la Unión Europea desplegado, e insta a Turquía a que abandone cuanto antes dichas objeciones;

23.

Observa con satisfacción los progresos realizados por Serbia y, en particular, la aplicación unilateral del Acuerdo Interino; considera que tal aplicación unilateral, realizada en el contexto de la crisis financiera, demuestra el compromiso del país de avanzar hacia la adhesión a la Unión; insta, por consiguiente, al Consejo a que se pronuncie sin demora sobre la ratificación del Acuerdo Interino; pide a Serbia que coopere plenamente con el TPIY; acoge con satisfacción, en este contexto, el informe de 4 de junio de 2009 presentado por el Fiscal General del TPIY en el que se afirma que Serbia ha realizado nuevos progresos en su cooperación con el TPIY; considera importante que sigan los procedimientos de instrucción en la Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal de Distrito de Belgrado; acoge con satisfacción la firma por las autoridades serbias y la misión civil de la Unión Europea en Kosovo (EULEX Kosovo) del protocolo sobre cooperación policial, y pide a Serbia que refuerce su cooperación con EULEX Kosovo, especialmente en lo relativo a las operaciones de esta EULEX Kosovo en el norte de Kosovo; lamenta el llamamiento dirigido por las autoridades serbias a los serbios de Kosovo a boicotear las elecciones locales del 15 de noviembre de 2009, y les insta a que adopten un enfoque constructivo con vistas a fomentar la participación activa de la comunidad serbia de Kosovo en las instituciones de este país;

24.

Reconoce que en Bosnia y Herzegovina se han realizado algunos progresos en los ámbitos de la seguridad y la gestión de las fronteras; expresa, no obstante, su descontento por los escasos progresos realizados por Bosnia y Herzegovina como posible país candidato a la adhesión a la Unión; observa con creciente preocupación el inestable clima político y la falta de una visión común compartida por ambas entidades, y condena el uso de un lenguaje incendiario que puede socavar los logros conseguidos en el proceso de reconciliación interétnica y el funcionamiento de las estructuras estatales; alienta al Consejo a que prosiga sus esfuerzos, con el apoyo de la comunidad internacional, para mantener el diálogo con los dirigentes políticos de Bosnia y Herzegovina, con el fin de contribuir a que el país y su población permanezcan en la vía de la integración europea; destaca la importancia de crear un marco constitucional más sostenible que permita un funcionamiento más eficaz de las instituciones del país; toma nota, en consecuencia, de los recientes esfuerzos diplomáticos conjuntos realizados por la Presidencia del Consejo, la Comisión y el Gobierno de los Estados Unidos, y recomienda que se entablen nuevas negociaciones que tengan en cuenta los acuerdos alcanzados previamente entre políticos en Bosnia y Herzegovina; reitera la necesidad de implicar más estrechamente a los parlamentarios y a la sociedad civil en apoyo de un país viable;

25.

Acoge favorablemente la intención de la Comisión de reforzar las relaciones con Kosovo (5), incluyendo la valoración de la posibilidad de que Kosovo participe en programas comunitarios; confía en que el proceso de descentralización esté concluido antes de finales de año, de manera que se cumplan los requisitos básicos del Plan Ahtisaari y se garantice la representación política de todos los habitantes de Kosovo, y especialmente de la minoría serbia; pide a las autoridades kosovares que prosigan sus esfuerzos destinados a mejorar y garantizar el respeto de los derechos de las minorías; celebra el desarrollo pacífico y sin contratiempos de las elecciones locales del 15 de noviembre de 2009, y reconoce los esfuerzos realizados por la Comisión Electoral Central para preparar esas elecciones; celebra asimismo el elevado porcentaje de participación, de un nivel sin precedentes, de los ciudadanos serbios kosovares, y considera que esta participación es un signo alentador de que la comunidad serbia de Kosovo está dispuesta a asumir sus responsabilidades en las instituciones kosovares; acoge con satisfacción la consecución por parte de EULEX Kosovo de una capacidad operativa plena tal que le permitirá cumplir el mandato de promover el Estado de Derecho, el orden público y la seguridad en un marco de transparencia y responsabilidad en todo Kosovo y allanar el camino para la integración de Kosovo en la Unión, siempre que reúna las condiciones y los requisitos necesarios;

26.

Reconoce los avances que ha realizado Montenegro desde el último informe sobre los progresos realizados; toma nota de que este país ha solicitado la adhesión a la Unión Europea y de que el Consejo ha adoptado la decisión de pedir a la Comisión que prepare un dictamen sobre la solicitud de Montenegro; felicita a Montenegro por sus logros, especialmente por el fluido desarrollo de las recientes elecciones y sus sólidos resultados económicos a pesar de la crisis económica mundial, y alienta al país a que continúe sus esfuerzos en el camino de la reforma;

27.

Reconoce los progresos alcanzados por Albania desde el último informe sobre los progresos realizados, y especialmente en lo relativo al proceso de expedición de documentos de identidad y a las mejoras del marco jurídico y administrativo del proceso electoral, como se ha puesto de manifiesto en las últimas elecciones nacionales; insta a la oposición a que deje de boicotear al Parlamento y le pide que ejerza su deber de representar a sus votantes en el Parlamento; pide al Gobierno y a la oposición que encuentren una base común para dar seguimiento en el Parlamento a las últimas elecciones; observa que Albania ha solicitado la adhesión a la Unión Europea y que el Consejo ha adoptado la decisión de pedir a la Comisión que prepare un dictamen sobre la solicitud de este país; alienta a las autoridades albanesas a que prosigan sus esfuerzos en la vía de las reformas a favor del progreso económico y social de sus ciudadanos, de forma que el país pueda avanzar hacia la adhesión a la Unión Europea;

28.

Acoge con satisfacción la solicitud de adhesión presentada por Islandia, y confía en que la Comisión emita pronto un dictamen y una recomendación sobre dicha solicitud y en que el país reciba el estatuto de país candidato en un futuro cercano, a la luz de su tradición democrática sólidamente establecida y del elevado nivel de aproximación de la legislación del país al acervo comunitario; considera, no obstante, que los resultados obtenidos por Islandia en el cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo han de ser un elemento esencial de la evaluación de la Comisión; reitera su llamamiento a la Comisión para que abra una oficina de la delegación en Reikiavik ya en el primer semestre de 2010;

29.

Pide a la Comisión y al Consejo que desarrollen un modelo funcional y coherente para las nuevas delegaciones de la Unión Europea en la zona de la ampliación, salvaguardando la unidad de la acción de la Unión Europea tras el establecimiento del Servicio Europeo de Acción Exterior, sobre todo si la competencia para la política en materia de ampliación se mantiene al margen del ámbito de competencias de este servicio;

30.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y de los Estados interesados.

21.10.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 285/53

A.

Considerando que la Plataforma de Acción de las Naciones Unidas reunida en Pekín definió la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que se traduzca o pueda traducirse en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de libertad,

B.

Considerando que la Plataforma de Acción de las Naciones Unidas reunida en Pekín estableció que la violencia contra las mujeres era una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres, que ha llevado al dominio sobre éstas y a su discriminación y ha impedido el pleno avance de las mujeres,

C.

Considerando que la violencia de los hombres contra las mujeres no es sólo un problema de salud pública sino también un aspecto de la desigualdad entre mujeres y hombres, ámbito éste en el que la UE dispone de mandato para actuar,

D.

Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la UE, reconocido en el Tratado CE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

E.

Considerando que la violencia de los hombres contra las mujeres representa una violación de los derechos humanos, en particular: el derecho a la vida, a la seguridad, a la dignidad y a la integridad física y mental, así como el derecho a la opción y a la salud sexuales y reproductivas,

F.

Considerando que la violencia de los hombres contra las mujeres constituye un obstáculo para la participación de éstas en actividades sociales, en la vida política y pública, así como en el mercado laboral, y puede conducir a su marginación y pobreza,

G.

Considerando que la violencia contra las mujeres en sus formas extremas puede llegar hasta el asesinato de las mismas,

H.

Considerando que la violencia contra las mujeres va acompañada de la violencia contra los niños y ejerce una influencia en su bienestar psíquico y en su misma existencia,

I.

Considerando que la violencia contra las mujeres en su calidad de madres ejerce, directa e indirectamente, un impacto negativo duradero en la salud emocional y mental de sus hijos, y puede crear un círculo de violencia y abusos que se perpetúe durante generaciones,

J.

Considerando que la violencia masculina contra la mujer es un problema estructural extendido en toda Europa y en el mundo entero, un fenómeno que afecta tanto a sus víctimas como a sus autores independientemente de su edad, educación, nivel de ingresos o posición social, y que guarda relación con las desigualdades existentes en la distribución del poder entre las mujeres y los hombres en nuestra sociedad,

K.

Considerando que los tipos de violencia perpetrados contra la mujer varían de una cultura y tradición a otras, y que la mutilación genital femenina, los llamados delitos de honor y los matrimonios forzosos son una realidad en la UE,

L.

Considerando que las situaciones de guerra, conflicto armado, reconstrucción posterior al conflicto y crisis económica, social o financiera incrementan la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia masculina, tanto individual como colectivamente, y no deben considerarse pretextos para tolerar la violencia masculina,

M.

Considerando que la trata de mujeres con fines sexuales y de otro tipo constituye una violación fundamental de los derechos humanos de la mujer y perjudica a las víctimas individualmente y a la sociedad en general,

N.

Considerando que la tolerancia manifestada ante la prostitución en Europa entraña un incremento en la trata de mujeres que son arrastradas a Europa con fines sexuales y en el turismo sexual,

O.

Considerando que no se recopilan datos comparables de forma periódica sobre los distintos tipos de violencia contra la mujer que se dan en la UE, lo que dificulta determinar el alcance real de este fenómeno y encontrar soluciones adecuadas al problema,

P.

Considerando el alarmante número de mujeres víctimas de la violencia de género,

Q.

Considerando que la representación, con frecuencia deformada y consumista, de la mujer en los medios de comunicación es contraria al respeto de la dignidad humana,

R.

Considerando que, aparte de la dependencia económica (situación en la que se encuentran muchas mujeres), existen factores importantes para que las mujeres víctimas no denuncien la violencia, radicados en la cultura social y en el tópico según el cual la violencia contra las mujeres pertenece al ámbito privado o es culpa a menudo de las propias mujeres,

S.

Considerando que, a menudo, las mujeres no denuncian los actos de violencia cometidos por los hombres contra ellas por razones complejas y diversas de índole psicológica, económica, social y cultural, y, a veces, por falta de confianza en la policía, el sistema judicial y los servicios sociales y de asistencia médica,

T.

Considerando que el Parlamento ha exigido en repetidas ocasiones que se cree un «Año Europeo de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer»,

U.

Considerando que las Naciones Unidas han proclamado el 25 de noviembre «Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer» y que se organizará en el Parlamento Europeo, en diciembre de 2009, un seminario internacional consagrado a la lucha contra la violencia contra las mujeres,

V.

Considerando que existe una necesidad apremiante de crear un instrumento jurídico global para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres en Europa, incluida la trata de mujeres,

1.

Insta a los Estados miembros a que mejoren sus legislaciones y políticas nacionales destinadas a combatir todas las formas de violencia contra la mujer, en particular a través del desarrollo de planes globales de acción de ámbito nacional contra la violencia practicada contra las mujeres basados en un análisis de las implicaciones de la violencia contra las mujeres en la igualdad de género y en las obligaciones de los Estados miembros derivadas de tratados internacionales para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, y que incluyan medidas concretas destinadas a prevenir la violencia masculina, proteger a las víctimas y perseguir a los autores;

2.

Insta a los Estados miembros a que apoyen, mediante programas y financiación ad hoc de alcance nacional, a las organizaciones y asociaciones de voluntarios que acogen y apoyan psicológicamente a las mujeres víctimas de violencia, en particular con el fin de ayudarlas a reincorporarse al mercado laboral y a recuperar plenamente su dignidad de personas;

3.

Pide a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo un plan de política de la UE específico y más coherente para combatir todas las formas de violencia contra la mujer, tal como establece la Comunicación de la Comisión de 1 de marzo de 2006 titulada «Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010» (COM(2006)0092), que incluya medidas para combatir la violencia contra las mujeres en su programa de acción en materia de igualdad entre hombres y mujeres para el período 2011-2016 y medidas concretas para prevenir todas las formas de violencia, proteger a las víctimas y perseguir a los autores, y que garantice la realización de un análisis sobre las repercusiones en la igualdad de género de la violencia masculina contra las mujeres en todos los sectores políticos, y asegure una respuesta coordinada, comprometida y coherente por parte de las instituciones de la UE y de los Estados miembros con objeto de erradicar este tipo de violencia;

4.

Insta a la Comisión a que examine la posibilidad de adoptar nuevas medidas para combatir la violencia contra las mujeres;

5.

Pide a la Comisión que organice una conferencia especial de alto nivel, a la que asistan representantes de los organismos políticos, de la sociedad civil y de las organizaciones sociales e institucionales, con el fin de contribuir a un proceso de elaboración de políticas más coherentes que aborden todas las formas de la violencia contra las mujeres;

6.

Pide a la Unión que garantice el derecho a la ayuda y la asistencia para todas las víctimas de violencia y, en particular, de la trata de seres humanos, independientemente de su nacionalidad, y que garantice la protección de las mujeres víctimas de la violencia doméstica cuya situación legal podría depender de su pareja;

7.

Pide a la Unión Europea que establezca mecanismos destinados a garantizar que el análisis de la trata de seres humanos en términos de igualdad de género forme parte de todas las leyes y políticas dirigidas a prevenir y luchar contra dicha trata, y que combata las causas profundas de la violencia mediante medidas preventivas tales como sanciones, educación y campañas de concienciación;

8.

Recuerda que sigue esperando los resultados del estudio de la Comisión sobre la legislación en materia de violencia de género y violencia contra las mujeres;

9.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el acceso efectivo de las mujeres víctimas de violencia a la asistencia y protección jurídicas, cualquiera que sea su nacionalidad y la forma de participación en las investigaciones realizadas por las autoridades policiales;

10.

Insta al Consejo y a la Comisión a que creen una base jurídica clara para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la trata de mujeres;

11.

Pide a la Comisión que inicie los trabajos para elaborar una propuesta de Directiva general relativa a la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres;

12.

Insiste en que la Comisión y los Estados miembros emprendan acciones destinadas a combatir las causas de la violencia contra las mujeres, en particular mediante acciones de prevención y campañas de sensibilización respecto de las diversas formas de violencia contra las mujeres;

13.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que emprendan una acción concertada que incluya campañas de sensibilización e información de la opinión pública sobre la violencia doméstica, estrategias para cambiar los estereotipos sociales de la mujer a través de la educación y los medios de comunicación y que fomenten el intercambio de buenas prácticas;

14.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que traten a escala internacional la violencia contra las mujeres y la dimensión de género de las violaciones de derechos humanos, en particular en el contexto de los acuerdos bilaterales de asociación y de los acuerdos comerciales internacionales en vigor y los que se están negociando;

15.

Lamenta, en este contexto, la falta de una dimensión de género significativa en las evaluaciones obligatorias de impacto sobre el desarrollo sostenible que se realizan antes de la celebración de tales acuerdos, por no hablar del reconocimiento de la cuestión de la violencia sexual, así como la ausencia de una serie de instrumentos que analicen la repercusión de género, y pide a la Comisión que presente lo antes posible una propuesta destinada a solucionar este problema;

16.

Pide a los Estados miembros que tengan debidamente en cuenta las circunstancias específicas de algunos colectivos de mujeres que son especialmente vulnerables a la violencia, como las que pertenecen a minorías, las mujeres inmigrantes, las refugiadas, las mujeres que viven en la pobreza en comunidades rurales o aisladas, las mujeres detenidas o internadas, las niñas, las mujeres homosexuales, las discapacitadas y las de edad avanzada;

17.

Pide a los Estados miembros que refuercen sus medidas de prevención de la violencia de género en los jóvenes, mediante intervenciones específicas en el ámbito de la educación y mediante una mejor colaboración entre las personas y los diversos medios afectados por el fenómeno, como son la familia, la escuela, el espacio público y los medios de comunicación;

18.

Pide a la Comisión que aborde asimismo la dimensión internacional de la violencia contra las mujeres en el contexto de su labor sobre la responsabilidad social de las empresas, en particular respecto de las empresas europeas que operan en las zonas francas industriales;

19.

Subraya la importancia de una formación adecuada para todos aquellos que trabajan con mujeres víctimas de la violencia masculina, en particular para los representantes del sistema judicial y de la aplicación de la ley, entre los que destacan sobre todo la policía, la justicia, los servicios sociales, médicos y jurídicos, las instituciones del mercado laboral, los empresarios y los sindicatos profesionales;

20.

Reclama el establecimiento de mecanismos para facilitar el acceso de las mujeres víctimas de la violencia de género y de las redes de tráfico de seres humanos a una asistencia jurídica gratuita que les permita hacer valer sus derechos en toda la Unión; insiste en la necesidad de mejorar la cooperación entre los profesionales de la justicia y el intercambio de buenas prácticas en la lucha contra las discriminaciones y la violencia de género, y de movilizar los medios para suprimir los obstáculos al reconocimiento de los actos jurídicos en otros Estados miembros, incluidas las condenas por violencia de género y las órdenes de alejamiento dictadas contra los maltratadores;

21.

Celebra la creación de juzgados de violencia sobre la mujer en algunos Estados miembros e invita a todos los Estados miembros a secundar la iniciativa;

22.

Pide que en el sistema de intercambio de información entre registros de antecedentes penales (ECRIS) ocupen un papel preponderante los antecedentes por violencia de género;

23.

Insta a los Estados miembros a que, en estrecha cooperación con el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, creen un sistema coherente para recopilar estadísticas sobre la violencia contra las mujeres, concediendo una atención especial a la violencia contra los menores, e incluyendo los asesinatos con trasfondo de violencia familiar o entre parientes, a fin de que se puedan utilizar datos comparables sobre la violencia contra las mujeres en todo el territorio de la Unión Europea;

24.

Insta a los Estados miembros a que reconozcan la violencia sexual y la violación de mujeres, en particular dentro del matrimonio y en las relaciones íntimas no oficializadas, y/o la ejercida por miembros masculinos de la familia, como infracciones penales cuando no existe consentimiento por parte de la víctima, a que persigan de oficio a los autores de este tipo de delito y a que rechacen cualquier referencia a prácticas culturales tradicionales o religiosas como circunstancia atenuante de la responsabilidad del autor del delito en los casos de violencia contra las mujeres, incluidos los llamados «delitos de honor» y las mutilaciones genitales;

25.

Señala que algunos Estados miembros han puesto en práctica políticas destinadas a tipificar como delito la violencia sexual en la pareja, en particular la violencia conyugal; pide a los Estados miembros que analicen los resultados de estas políticas con el fin de favorecer un intercambio de buenas prácticas a escala europea;

26.

Pide a los Estados miembros que adopten medidas adecuadas para poner fin a la mutilación genital femenina; señala que los inmigrantes residentes en la Comunidad deben saber que la mutilación genital femenina es una grave agresión contra la salud de las mujeres y una violación de los derechos humanos; pide a los Estados miembros que apliquen disposiciones legislativas específicas en materia de mutilación genital femenina o que adopten leyes en la materia y procesen a todas las personas que practiquen la mutilación genital;

27.

Pide a la Unión que garantice el derecho de asistencia y ayuda a todas las víctimas de la violencia masculina contra las mujeres;

28.

Insta a los Estados miembros a investigar sin demora las violaciones extremadamente graves de los derechos humanos de la mujeres romaníes, a castigar a sus autores y a ofrecer una compensación adecuada a las víctimas de la esterilización forzada;

29.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros y al Secretario General de las Naciones Unidas.

21.10.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 285/59

A.

Considerando que la reciente reanudación de los enfrentamientos entre insurgentes de la Unión de Tribunales Islámicos, fuerzas del Gobierno Federal de Transición (GFT) y tropas de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) ha llevado a una creciente inestabilidad y a la pérdida de vidas humanas en ese país,

B.

Considerando que la comunidad internacional respeta la soberanía, la integridad territorial, la independencia política y la unidad de Somalia,

C.

Considerando que Somalia no ha tenido un Gobierno operativo desde que el régimen de Siad Barre fuera derrocado en 1991, y que desde entonces la situación política es anárquica y se caracteriza por las luchas tribales y el bandidaje,

D.

Considerando que el deterioro de la seguridad en la capital de Somalia, Mogadiscio, ha impedido a las organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales contener el avance de la catástrofe humanitaria y atender las urgencias,

E.

Considerando que todas las partes implicadas en el conflicto de Somalia siguen cometiendo abusos generalizados de los derechos humanos y violaciones del Derecho internacional humanitario, en particular torturas y otros malos tratos, violaciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y ataques a civiles, periodistas y defensores de los derechos humanos, así como a las infraestructuras civiles,

F.

Considerando la preocupación existente por la larga guerra civil en Somalia y sus implicaciones para el proceso de paz y reconciliación en ese país, así como para la seguridad y la estabilidad de toda la región del Cuerno de África,

G.

Considerando que, hasta muy recientemente, los ataques de los piratas iban dirigidos no sólo contra los buques mercantes, sino también contra los buques fletados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), los buques de pesca y los barcos turísticos,

H.

Considerando que estos actos de piratería son, en cierta medida, el resultado de la situación de violencia e inestabilidad política que sufre Somalia, pero que, al mismo tiempo, contribuyen a ella, con repercusiones sobre el resto de la región del Cuerno de África, con todas sus rémoras para la población civil somalí en términos de exposición a las amenazas, falta de desarrollo e interrupción de la ayuda alimentaria y de otras actividades humanitarias,

I.

Considerando que, el 8 de diciembre de 2008, el Consejo decidió iniciar, como parte de la acción global desplegada por la UE en la región del Cuerno de África, la mencionada primera operación naval de la UE, EUNAVFOR Atalanta, con el mandato de reprimir, disuadir y prevenir actos de piratería y robo a mano armada en las costas de Somalia, así como de contribuir a la protección de los buques mercantes y, en particular, de los buques del PMA que suministran ayuda alimentaria a las personas desplazadas en Somalia,

J.

Considerando que, desde diciembre de 2008, la operación EUNAVFOR Atalanta ha dispensado una protección vital a 50 buques del PMA que han entregado aproximadamente 300 000 toneladas de alimentos, de los que en último término se han beneficiado directamente 1 600 000 somalíes,

K.

Considerando que en la mencionada reunión del Consejo de Relaciones Exteriores de 27 de julio de 2009, el Consejo decidió incrementar la implicación de la UE para promover la paz y el desarrollo en Somalia, en estrecha cooperación con todas las partes interesadas, en particular las Naciones Unidas y la Unión Africana (UA), y que, con este fin, examinó las posibilidades para que la UE contribuya a los esfuerzos internacionales, también en el ámbito de la seguridad,

L.

Considerando que en la mencionada reunión del Consejo de Relaciones Exteriores de 17 de noviembre de 2009, el Consejo adoptó un concepto de gestión de crisis sobre una posible misión de la PESD (Política Europea de Seguridad y Defensa) con el fin de contribuir a la instrucción de 2 000 miembros de las fuerzas de seguridad del GFT de Somalia,

M.

Considerando que la piratería se ha convertido en un negocio lucrativo, en el que se exigen enormes rescates por la liberación de rehenes, y que los piratas de hoy en día se sirven de métodos más sofisticados, están muy bien armados, tienen una estrategia clara y son capaces de adaptarse rápidamente a nuevas tácticas,

N.

Considerando que la ayuda a largo plazo prestada por los socios internacionales no puede ser eficaz si no se estabiliza la situación de seguridad,

O.

Considerando que los insurgentes de la Unión de Tribunales Islámicos han rechazado cualquier contacto político y cualquier posibilidad de reconciliación a favor de la paz como parte del Acuerdo de Paz de Yibuti, que establece un marco para lograr una solución política duradera en Somalia,

P.

Considerando que el personal militar que participa en la operación EUNAVFOR Atalanta puede arrestar, detener y entregar a las personas sospechosas de haber cometido actos de piratería o de robo a mano armada en las zonas en las que está presente; que los sospechosos pueden también ser procesados por un Estado miembro de la UE o por Kenia en virtud del acuerdo firmado con la UE el 6 de marzo de 2009 y que otorga a las autoridades de Kenia el derecho a procesar a estas personas,

Q.

Considerando que, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se han depositado a lo largo de la costa somalí cargamentos ilegales de residuos tóxicos en gran número, cuyo contenido presenta fugas, con total desprecio por la salud de la población local y la conservación del medio ambiente,

1.

Condena enérgicamente las graves violaciones del Derecho humanitario internacional y de los derechos humanos cometidas por todas las partes implicadas en el conflicto de Somalia; solicita el cese inmediato de las hostilidades y pide a todos los grupos armados que depongan urgentemente las armas e inicien un diálogo genuino y amplio con el GFT; exige que todas las facciones combatientes se abstengan de atacar indiscriminadamente a la población civil, y pide que un grupo de expertos independiente investigue los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos;

2.

Confirma una vez más su apoyo al GFT dirigido por el Presidente Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, así como al compromiso adquirido por éste de respetar los principios establecidos en el Acuerdo de Paz de Yibuti, incluido el espíritu de reconciliación y la búsqueda de un proceso político que incluya a todas las partes; condena los ataques armados contra el GFT de Somalia y contra las Naciones Unidas y las ONG;

3.

Recuerda que la comunidad internacional y todas las partes en el conflicto actual tienen la responsabilidad de proteger a la población civil, de permitir la entrega de ayuda y de respetar el espacio humanitario y la seguridad de los trabajadores humanitarios; pide, por consiguiente, que se creen de inmediato las condiciones que permitan dar una respuesta adecuada a la catástrofe humanitaria en Somalia;

4.

Observa con gran satisfacción que la operación EUNAVFOR Atalanta continúa contribuyendo con éxito a la seguridad marítima en la costa somalí y protegiendo a los buques fletados por el PMA que suministran ayuda a Somalia, a los buques que transportan suministros cruciales a la operación de mantenimiento de la paz de la UA en Somalia y a otros buques vulnerables; pide al Consejo que prorrogue el mandato de la operación un año más cuando concluya su mandato actual el 12 de diciembre de 2009; manifiesta su apoyo a una posible ampliación de la zona de operaciones hacia el sur, dependiendo de la actividad de la piratería, pero subraya que tal ampliación no debe afectar al objetivo esencial de la misión, a saber, la protección de los convoyes del PMA y otros buques vulnerables, tales como buques de la marina mercante y buques pesqueros;

5.

Destaca que la piratería en alta mar supone un grave peligro para la seguridad y afecta gravemente a la entrega de ayuda alimentaria en una situación humanitaria ya de por sí muy crítica;

6.

Subraya que sólo se podrá luchar eficazmente contra la piratería si se abordan las causas últimas del problema, que deben buscarse en tierra y que comprenden la pobreza y la existencia de un Estado desestructurado y que sólo podrán erradicarse logrando la paz, el desarrollo y la construcción del Estado en Somalia;

7.

Considera que, mientras la comunidad internacional no encuentre una solución política para el problema de la confianza en Somalia como Estado, la estrategia de seguridad que se lleva a la práctica por medio de la operación EUNAVFOR Atalanta debe prevalecer e incluso reforzarse en lo que se refiere a los medios de que disponen las fuerzas desplegadas por la propia operación;

8.

Pide, por tanto, al Consejo que examine la posibilidad de establecer una nueva operación de la PESD a pequeña escala de forma paralela a la operación EUNAVFOR Atalanta, con el fin de contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad del GFT, para lo cual sería necesario armonizar las iniciativas existentes, en particular la iniciativa de Francia en Yibuti y la iniciativa de Uganda como parte del programa de formación establecido por la AMISOM, garantizando que adoptan el mismo tipo de medidas; se felicita a este respecto de la adopción por parte de los Estados miembros, el 17 de noviembre de 2009, del concepto de gestión de crisis sobre una posible misión de la PESD en Somalia, pero insiste en que la adopción de dicho concepto no debe prejuzgar en modo alguno la decisión de emprender una misión, que sólo puede tomarse una vez realizado un examen más detallado de la situación sobre el terreno, asegurándose de que se respetan los derechos humanos, se pagan los salarios y se suministra el equipo y de que las fuerzas de seguridad entrenadas se integran en estructuras estatales y de mando, de forma que, una vez de regreso, no se levanten contra el gobierno al que se supone que están protegiendo;

9.

Lamenta que entre el 35 % y el 40 % de los buques en la zona no estén registrados en el organismo central de coordinación de la seguridad marítima y que, como resultado de ello, estos buques no estén informados de las amenazas específicas en materia de seguridad; pide, por tanto, a los Estados miembros que garanticen que todos sus barcos estén debidamente registrados; pide a todos los buques que sigan las recomendaciones de la EUNAVFOR Atalanta para que se pueda garantizar un nivel de seguridad máximo y reducir así el riesgo de que se produzcan ataques o secuestros;

10.

Lamenta que una actitud débil respecto a las exigencias de los piratas somalíes, que conlleva la no aplicación de las medidas coercitivas necesarias, pueda tener efectos contraproducentes y perjudiciales en el futuro al contribuir a alentar nuevos casos de piratería en la zona;

11.

Manifiesta su apoyo continuado a la AMISOM por la labor crucial que desempeña en el proceso de paz; insiste en que una mayor implicación con la UA y la AMISOM exige que se determinen las necesidades más urgentes y posibles formas de asistencia adicional de la UE destinada a ayudar a la AMISOM a desarrollar unas capacidades acordes con su mandato;

12.

Pide a la comunidad internacional, y especialmente a la UE, que incremente la prestación de asistencia humanitaria a las personas desplazadas en el interior del país y a las personas necesitadas;

13.

Opina que la participación de las organizaciones de mujeres somalíes y de la sociedad civil podría desempeñar un papel positivo en el proceso de reconciliación nacional;

14.

Pide a los Estados miembros que estudien la posibilidad de dar formación a las tripulaciones y a los pescadores para que estén preparados en caso de toma de rehenes;

15.

Solicita la aplicación y la supervisión estrictas y renovadas del embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas en 1992 contra Somalia, embargo que apenas se respeta; pide que quienes violen dicho embargo de armas respondan por ello;

16.

Pide a las Naciones Unidas y a la Comisión que investiguen a fondo el vertido de residuos tóxicos y la pesca ilegal a lo largo de la costa somalí, determinen las responsabilidades a todos los niveles, apoyen los esfuerzos realizados para llevar ante la justicia a los responsables de estos delitos y garanticen que se aborda de manera global el problema de la contaminación medioambiental;

17.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Secretarios Generales de la Unión Africana, de las Naciones Unidas y de la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo, al Presidente del GFT, al Gobierno de Etiopía y al Parlamento Panafricano.

21.10.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 285/63

A.

Considerando que el tabaco es la principal causa de muerte evitable, y que supone más de medio millón de muertes anuales en la UE (4),

B.

Considerando que se estima que pueden achacarse al hábito de fumar el 25 % de todos los fallecimientos por cáncer y el 15 % de todos los fallecimientos en la Unión Europea (5), considerando que, según cálculos prudentes, en 2002 murieron en la Unión Europea 7 300 adultos, entre ellos 2 800 no fumadores, como consecuencia de la exposición al humo de tabaco ambiental (HTA) en el lugar de trabajo; y considerando que otras 72 000 muertes de adultos, entre ellos 16 400 no fumadores, estaban relacionadas con la exposición al HTA en el hogar (6),

C.

Considerando que, según la encuesta del Eurobarómetro de marzo de 2009, el 70 % de la población de la UE no fuma y una gran mayoría de ciudadanos está a favor de la prohibición de fumar en todos los lugares públicos (lugares de trabajo, restaurantes, bares y tabernas),

D.

Considerando que, a pesar de la obviedad de que los niños son especialmente sensibles al HTA, los datos centrados específicamente en los resultados de la exposición prolongada y sistemática al HTA o son insuficientes o no están disponibles, y que un estudio que presente datos relevantes puede realizarse con más eficacia a nivel paneuropeo y es preferible a 27 estudios diferentes realizados en los 27 diferentes Estados miembros,

E.

Considerando que la exposición al HTA —también denominado humo de tabaco ajeno— es una importante causa adicional de mortalidad, morbilidad y discapacidad en la UE,

F.

Considerando que el humo de tabaco es una mezcla tóxica compleja compuesta de más de 4 000 sustancias gaseosas y partículas, incluidos 69 productos cancerígenos conocidos y numerosos agentes tóxicos,

G.

Considerando que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS ha clasificado el HTA como un producto cancerígeno conocido en el ser humano,

H.

Considerando que ningún grado de exposición al humo del tabaco ajeno es seguro; que todos tienen derecho a un elevado nivel de protección de la salud y deben gozar de protección frente a esa exposición, y que los niños son especialmente vulnerables a la contaminación por el tabaco,

I.

Considerando que los fumadores pasan más días de baja por enfermedades de breve y larga duración que los no fumadores y que los ex fumadores, lo que se suma al elevado coste que el consumo de tabaco supone para las personas, los empresarios, los negocios y el conjunto de la economía,

J.

Considerando que los niños mismos no pueden dar su consentimiento a su exposición al HTA en espacios cerrados, y que tienen derecho a recibir protección y a no sufrir daño por hábitos que son perjudiciales para su salud,

K.

Considerando que la exposición a la contaminación por humo de tabaco durante el embarazo puede aumentar el riesgo de malformaciones, abortos, muertes fetales y partos prematuros, puede dar lugar a una disminución del crecimiento longitudinal del feto, un menor tamaño de la cabeza y un menor peso al nacer, y que existe una relación entre el tabaquismo pasivo y las enfermedades del oído medio, las disfunciones pulmonares, el asma y la muerte súbita infantil,

L.

Considerando que se ha demostrado que la introducción de medidas de supresión del humo ha dado lugar a una mejoría general de las condiciones de trabajo y a una menor incidencia de morbidez relacionada con el tabaco (por ejemplo, de accidentes coronarios agudos, afecciones respiratorias o miocarditis),

M.

Considerando que los costes infligidos a los sistemas sanitarios por el consumo de tabaco corren a cargo de todos los contribuyentes y no de los que causan dichos costes,

N.

Considerando que la Unión Europea y 26 de sus 27 Estados miembros han firmado y ratificado ya el CMCT; recordando también el preámbulo de la Constitución de la OMS, que establece que el goce del máximo nivel de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano,

O.

Considerando que el artículo 8 del CMCT crea para sus partes la obligación jurídica de adoptar y aplicar en ámbitos de la jurisdicción nacional existente, tal como lo determina la legislación nacional, y de fomentar activamente a otros niveles jurisdiccionales la adaptación y aplicación de medidas efectivas para proteger a la población de la exposición al humo del tabaco ajeno en todos los lugares de trabajo interiores, medios de transporte públicos y lugares públicos interiores y, cuando proceda, en otros lugares públicos,

P.

Considerando que el Parlamento ha pedido a los Estados miembros que introduzcan, para octubre de 2009, una prohibición generalizada de fumar en todos los lugares de trabajo cerrados, incluidos los del sector de la restauración, y en todos los edificios y medios de transporte públicos de la UE,

Q.

Considerando que las legislaciones nacionales varían significativamente entre los Estados miembros,

1.

Lamenta que la Presidencia haya decidido adoptar la recomendación del Consejo sin contar con el dictamen del Parlamento;

2.

Lamenta que la falta de regulaciones globales sobre los entornos sin humo en la mayoría de los Estados miembros (en particular en los sectores de la hostelería y del ocio) provoca desigualdades entre diferentes grupos profesionales y socioeconómicos, puesto que los trabajadores de la hostelería están probablemente expuestos tres veces más al humo del tabaco durante más de cinco horas al día que quienes trabajan en una oficina;

3.

Señala que el Parlamento ha abogado repetidamente por medidas más estrictas para luchar contra la dependencia del tabaco y reducir la exposición de los jóvenes al humo del tabaco ajeno;

4.

Subraya los graves efectos perjudiciales del humo del tabaco ajeno, los efectos especiales que la exposición a sustancias perjudiciales pueden tener durante el período vulnerable de la infancia, y el hecho de que los niños no tengan capacidad legal para dar su consentimiento a la exposición sistemática y prolongada a los entornos llenos de humo;

5.

Subraya que las diferentes legislaciones nacionales resultan en grandes diferencias de protección frente a la exposición al humo de tabaco ajeno entre los Estados miembros;

6.

Considera fundamental que la actual legislación sobre la prohibición del tabaco en los Estados miembros debería respetar, proporcionando al mismo tiempo seguridad jurídica, el principio de igualdad entre los diferentes tipos de establecimientos del sector de la hostelería;

7.

Celebra el hecho de que la UE esté desarrollando activamente una política global de control del tabaco caracterizada por medidas legislativas, el apoyo a la prevención del tabaco en toda Europa y la cesación de actividades relacionadas con el tabaco, incorporando el control del tabaco a una serie de otras políticas comunitarias y convirtiendo a la UE en protagonista del control del tabaco en todo el mundo;

8.

Celebra la voluntad de la UE de luchar contra el consumo de tabaco, y la reciente manifestación de la coherencia de sus políticas;

9.

Subraya que la legislación vinculante basada en los artículos 137 y 152 del Tratado podría provocar reducciones de la prevalencia de HTA y de la correspondiente carga sanitaria y económica; reconoce, sin embargo, que estos artículos, en particular el artículo 137, no abordan directamente los problemas específicos de los niños;

10.

Subraya que sólo una prohibición generalizada de fumar en todos los lugares de trabajo cerrados, incluidos los del sector de la restauración, así como en todas las instalaciones y medios de transporte públicos, puede proteger la salud de los trabajadores y de los no fumadores, y facilitar considerablemente a los fumadores el dejar de fumar;

11.

Acoge con satisfacción la actuación de aquellos Estados miembros que ya han adoptado medidas eficaces para la protección contra el humo de tabaco ajeno; pide a los Estados miembros que sigan introduciendo normas para la protección de los no fumadores en el ámbito de la protección de la salud de los trabajadores y que incrementen los esfuerzos en curso para proteger a los no fumadores;

12.

Insta a la Comisión a que elabore un informe sobre los costes ocasionados a los sistemas nacionales de salud y a la economía de la UE por la práctica de fumar y por las consecuencias de la contaminación del humo de tabaco;

13.

Propone que el Consejo recomiende que los Estados miembros entablen un diálogo y unas consultas continuos con todas las partes interesadas relevantes, de conformidad con las Directrices para la aplicación del párrafo 3 del artículo 5 del CMCT adoptadas en 2009 por la Conferencia de las Partes en el CMCT, a fin de garantizar el respaldo de todos los actores a la aplicación de estrategias y programas nacionales de control del tabaco;

14.

Reitera su petición a la Comisión para que presente una propuesta de modificación de la Directiva 2001/37/CE (7) sobre productos del tabaco, en la que se incluyan al menos las modificaciones contenidas en la mencionada Resolución del Parlamento de 24 de octubre de 2007;

15.

Pide a la Comisión que presente un estudio completo de los efectos de la exposición sistemática y prolongada de los niños al humo del tabaco ajeno, de «segunda mano» y de «tercera mano», en todos sus lugares de actividad;

16.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan uso tanto de las recomendaciones propuestas por el Consejo como de las mejores prácticas de los Estados miembros, como base para las aportaciones a la formulación de directrices para la aplicación del artículo 14 del CMCT (Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del tabaco), que deberán adoptarse en la próxima Conferencia de las Partes del CMCT;

17.

Anima a la Comisión a que siga aplicando medidas de apoyo a escala de la UE, como las medidas de sensibilización que incluyen información en los paquetes de los productos del tabaco, que se integran con las campañas de comunicación nacionales dirigidas a disuadir a las personas del hábito de fumar;

18.

Considera esencial que, como ocurre con las medidas en favor de una «Europa sin tabaco», la Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros, se dote de nuevos instrumentos para combatir los diferentes tipos de tráfico y falsificaciones de productos del tabaco, especialmente en Internet, habida cuenta de los peligros inmediatos y crecientes que representan para la salud de los consumidores;

19.

Recuerda la necesidad de medidas enérgicas para garantizar una supervisión y aplicación plenas y precisas; pide a los Estados miembros que ya hayan llevado a cabo la ratificación del CMCT que apliquen las recomendaciones de éste, con arreglo a las obligaciones recogidas en el artículo 8 del CMCT, y que informen a la Comisión cada dos años sobre los progresos en su aplicación;

20.

Pide una vez más a su Presidente y a la Mesa que, teniendo en cuenta el deber del Parlamento de dar ejemplo a los Estados miembros, establezcan una prohibición de fumar en todos los espacios del Parlamento sin excepción y con efecto inmediato; pide que esta prohibición se aplique rigurosamente;

21.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la OMS.

21.10.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 285/67

A.

Considerando que los valores fundamentales de libertad, dignidad humana, justicia social, seguridad social e igualdad constituyen elementos fundamentales de la economía sostenible y del desarrollo social,

B.

Considerando que en la crisis económica y en materia de empleo actual a escala mundial estos principios son aún más importantes,

C.

Considerando que, desde 1919, la OIT ha mantenido y desarrollado un sistema de normas internacionales en materia laboral que abarca una amplia gama de cuestiones, incluidos el trabajo, el empleo, la seguridad social, la política social y los derechos humanos relacionados,

D.

Considerando que es necesario garantizar la coherencia entre las políticas internas y externas de la UE,

1.

Acoge favorablemente los convenios clasificados como actualizados por la OIT como consecuencia del proceso tripartito de la OIT en el que han participado empresarios, trabajadores y gobiernos;

2.

Pide a los Estados miembros que tengan en cuenta los firmes argumentos sociales en favor de la ratificación y la aplicación de los convenios que la OIT ha clasificado como actualizados, de conformidad con los Tratados de la UE;

3.

Pide a la Comisión que indique de forma precisa al Parlamento y a los Estados miembros qué convenios inciden en el ámbito de las competencias de la Unión Europea y cuáles se rigen por el principio de subsidiariedad;

4.

Pide al Presidente electo del Consejo Europeo que actúe de la forma más ambiciosa posible en el ámbito de su mandato para animar a los Estados miembros a ratificar y aplicar los convenios de la OIT actualizados;

5.

Pide a la Comisión que considere la adopción de una recomendación a los Estados miembros animándolos a ratificar los convenios que la OIT ha clasificado como actualizados y a contribuir activamente a su aplicación, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad;

6.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

21.10.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 285/69

A.

Considerando que la Unión Europea es el principal donante mundial de ayuda humanitaria y para el desarrollo, pero que, a escala internacional, la cuota de ayuda oficial al desarrollo (AOD) destinada a la agricultura, especialmente la procedente de la Unión Europea, ha ido disminuyendo constantemente desde la década de los 80, pasando del 17 % en 1980 al 3,8 % en 2006; que, en un contexto de presión sobre los recursos naturales se prevé que la demanda mundial de productos alimenticios se duplique hasta el año 2050 y será necesario aumentar la producción mundial de alimentos,

B.

Considerando que la declaración final de la Cumbre mundial sobre Seguridad Alimentaria de 2009 no analiza suficientemente los motivos del fracaso en la erradicación del hambre ni formula propuestas concretas acerca del modo de intensificar la lucha contra el hambre; que, de acuerdo con la FAO, bastaría con invertir 30.000 millones de euros al año para garantizar la seguridad alimentaria de una población mundial que alcanzará los nueve mil millones de habitantes en 2050,

C.

Considerando que la Unión Europea sigue siendo un importante productor de alimentos, pero que también es un gran importador de productos agrícolas, cuyo nivel de suministro es muy inferior al de autosuficiencia para numerosos productos agrícolas básicos; que el aumento de los precios de los piensos eleva el coste de producción, con el consiguiente riesgo de disminuir la producción ganadera,

D.

Considerando que las espectaculares fluctuaciones de los precios de las materias primas pueden convertirse en una característica más pronunciada y regular del mercado mundial; que el alza de precios de los productos alimenticios no se traduce automáticamente en un incremento de las rentas de los agricultores, debido sobre todo a la velocidad con que aumentan los costes de los insumos agrícolas, así como a la diferencia cada vez mayor entre los costes de producción y los precios al consumidor,

E.

Considerando que las reservas alimentarias mundiales han caído a niveles alarmantemente bajos, ya que se ha pasado de contar con un año de reservas de productos alimenticios después de la Segunda Guerra Mundial a no más de 57 días en 2007 y a sólo 40 días en 2008,

F.

Considerando que el agotamiento de las existencias, incluso en la Unión Europea, afecta negativamente al programa de alimentos de emergencia, que cuenta en estos momentos con una menor cantidad de productos alimenticios para su distribución; que esta circunstancia y la crisis mundial de precios de los alimentos tienen como consecuencia inmediata y grave el aumento del número de personas que padecen hambre en el mundo, hasta alcanzar los mil millones en 2009 según la FAO, lo que significa que una de cada seis personas está actualmente desnutrida y padece hambre crónica,

G.

Considerando que más de 40 millones de personas mueren de hambre y pobreza cada año, incluido un niño cada seis segundos; que estos hechos han ocasionado protestas y disturbios y han desestabilizado países y regiones en todo el planeta; que en la Cumbre Alimentaria Mundial de 1996 representantes de 185 países se comprometieron a reducir a la mitad, antes de 2015, el número de personas que padecen hambre; y considerando que los agricultores, los pastores y los trabajadores rurales constituyen más de la mitad de la población mundial y son las principales víctimas del hambre,

H.

Considerando que el cambio climático está teniendo graves repercusiones para la agricultura, reduciendo, por ejemplo, el rendimiento de los cultivos debido a la escasez de agua que afecta a las actividades agrícolas en los países más pobres,

I.

Considerando que la agricultura es una fuente de trabajo y un medio de subsistencia para más del 70 % de la población activa de los países en desarrollo, y para más del 80 % en numerosos países africanos, y que, en consecuencia, las políticas de desarrollo rural son esenciales para luchar con eficacia contra la pobreza y el hambre; que el Banco Mundial estima que el crecimiento en el sector agrícola es dos veces más eficaz para la reducción de la pobreza que el crecimiento en otros sectores,

J.

Considerando que la Unión Europea proporciona más del 50% del total de la ayuda al desarrollo en todo el mundo, incluidas las contribuciones de los Estados miembros, un hecho que queda confirmado por la actual contribución por medio de los diferentes instrumentos de la CE (lo que supone aproximadamente 1 800 millones de euros: 1 000 millones de euros por medio del nuevo instrumento de respuesta rápida al fuerte incremento de precios de los productos alimenticios en los países en desarrollo, y el resto mediante los instrumentos de ayuda humanitaria y para el desarrollo existentes actualmente),

K.

Considerando que ha aumentado la proporción de tierras desforestadas y de recursos agrícolas utilizados para la producción de piensos, de carne y de biomasa para biocombustibles, lo que ha contribuido considerablemente a la especulación mundial sobre las materias primas agrícolas,

1.

Destaca que el número de personas que padecen actualmente hambre y pobreza supera los mil millones, y que esta situación representa una lacra inaceptable para la vida de una sexta parte de la población mundial; señala que los efectos de años de inversiones insuficientes en seguridad alimentaria, agricultura y desarrollo rural se han agravado todavía más últimamente a causa de las crisis alimentaria, financiera y económica, entre otros factores, y que los esfuerzos globales realizados hasta ahora no han conseguido alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); toma nota de que se han de tomar colectivamente medidas dirigidas a invertir esa tendencia y lograr la realización progresiva del derecho a una alimentación suficiente en el contexto de la seguridad alimentaria nacional;

2.

Destaca el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos seguros, suficientes y nutritivos; aboga por un mundo libre del hambre y considera que una auténtica lucha contra el hambre requiere el establecimiento de unas políticas globales que refuercen los sistemas de agricultura y la producción de alimentos sostenibles, de manera que se mejore la capacidad de los países en desarrollo de alimentar a su población; insta a los países a aplicar las «Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional» de la FAO, y apoya la aplicación práctica de las Directrices sobre la base de los principios de participación, transparencia y rendición de cuentas; acoge con satisfacción los compromisos de principio asumidos en la Cumbre de Roma, pero expresa su decepción por la falta de promesas específicas de financiación y por la escasa presencia de representantes de alto nivel del G-8; pide, en este contexto, a todos los Estados miembros que redoblen su compromiso para alcanzar el ODM 1 (reducir a la mitad el hambre para 2015) y respalden un objetivo global para erradicar el hambre y la malnutrición para el año 2025, o, de no lograrlo entonces, lo antes posible;

3.

Destaca la importancia de la PAC como instrumento de garantía de la producción alimentaria en la Unión Europea; considera que, desde su creación en 1962, la PAC ha garantizado a los ciudadanos de la Unión Europea un abastecimiento seguro en productos alimenticios, al tiempo que ha actuado como un dispositivo de protección y mejora del entorno rural y ha asegurado que la Unión Europea cuente con las normas de producción alimentaria más elevadas del mundo; destaca la necesidad de que, en el futuro, la agricultura comunitaria siga desempeñando esa función;

4.

Destaca que los precios de los productos básicos agrícolas han fluctuado de forma espectacular desde 2007 y que, entre mediados de 2007 y mediados de 2008, los precios registraron bruscos incrementos, a los que siguió un fuerte aumento de los precios de consumo; señala que esta fuerte alza de precios de los productos básicos fue seguida rápidamente de una importante caída a niveles insostenibles; sigue preocupado por la posibilidad de que los precios de los alimentos aumenten de nuevo en cuanto la economía mundial se recupere, ya que persisten muchos de los problemas estructurales, como la falta de inversión y la elevada demanda en determinadas regiones;

5.

Observa con preocupación el incremento de los costes de los insumos agrícolas (por ejemplo, el alza de precios de los abonos y de las semillas), que se ha concretado en un aumento de los gastos que no se ha visto compensado de la misma manera para todos los agricultores (en particular, en el sector de la ganadería) y que ha erosionado notablemente cualquier posible aumento de sus ingresos como consecuencia del alza de precios de los productos básicos y los productos alimenticios, reduciendo por tanto cualquier incentivo para aumentar la producción agrícola sostenible; expresa su preocupación por el hecho de que el espectacular aumento de los precios de los insumos agrícolas se traduzca en un uso menor de los mismos, con la consiguiente disminución de la producción, lo que agravará la crisis alimentaria en la Unión Europea y en el mundo;

6.

Recuerda que la volatilidad de precios de los últimos años —tanto en lo que se refiere a las alzas como a las bajadas— ha dificultado particularmente la tarea de alcanzar una situación de seguridad alimentaria; destaca que si los agricultores no perciben precios justos por sus productos abandonarán la producción; señala que las explotaciones agrícolas de la Unión Europea producen entre el 17 % y el 30 % del trigo, de la leche y de la carne de vacuno del mundo; destaca que el mantenimiento de la viabilidad de las explotaciones agrícolas de la Unión Europea en los próximos años revestirá una importancia vital para el abastecimiento alimentario a nivel de la Unión y a escala mundial;

7.

Pone de manifiesto las causas estructurales a largo plazo que han intervenido en la reciente alza de precios de los productos agrícolas básicos, incluidos el constante aumento de la demanda mundial y la reducción sostenida de las inversiones en la agricultura productiva; señala, entre estos factores, que el aumento del precio de la energía, y, en particular, del precio del petróleo, ha tenido un gran impacto en la producción agrícola mundial (al haber provocado un alza de costes en la producción agrícola y en el proceso de distribución de productos alimenticios) y en la frecuencia de crisis alimentarias en los países pobres (a causa del mayor coste de los transportes de alimentos dentro de esos países);

8.

Observa que, para alimentar a una población mundial que se prevé que rebasará los nueve mil millones de habitantes en 2050, la producción agrícola tendrá que aumentar en un 70 % hasta entonces; recuerda que más de 860 millones de personas padecen hambre endémica en el mundo; advierte que, de acuerdo con las previsiones del Banco Mundial, el aumento de precios de los alimentos y la crisis alimentaria y de combustible actual podrían empujar a otros 130 a 155 millones de personas a la pobreza más severa, en comparación con 2008;

9.

Considera que la PAC debería seguir siendo la piedra angular de la política de seguridad alimentaria de la Unión Europea y que debería proseguir su proceso de adaptación para responder a las exigencias de la seguridad alimentaria en Europa y en el mundo; advierte contra el desmantelamiento de las medidas de apoyo al mercado y la reducción de los pagos de apoyo a los agricultores a la luz de la extrema volatilidad de los precios de los productos básicos y, por lo tanto, de las rentas agrícolas;

10.

Destaca la importancia que revisten la cooperación y la solidaridad internacionales, así como la necesidad de abstenerse de adoptar medidas unilaterales no conformes con el Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y que supongan un riesgo para la seguridad alimentaria; aboga por la celebración de acuerdos comerciales equilibrados, ya que constituyen un elemento fundamental para ofrecer una respuesta a la seguridad alimentaria en el mundo;

11.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que incluyan mecanismos de financiación equitativa y planes de distribución de la carga resultante de la adaptación al cambio climático en las próximas negociaciones de Copenhague, prestando especial atención a apoyar las prácticas agrícolas respetuosas del clima como herramientas coherentes para combatir el hambre, a que adopten medidas coordinadas contra una mayor pérdida de fertilidad del suelo y de biodiversidad, dos elementos esenciales de los sistemas de producción de alimentos, a que aumenten la eficiencia global y reduzcan los residuos en las cadenas mundiales de alimentación y a que mejoren el acceso a los mercados locales;

12.

Conviene con la FAO en que los países importadores netos de productos alimenticios son los más afectados por el alza de precios de los alimentos y que muchos de estos países se encuentran entre los menos desarrollados del mundo; señala una vez más que la pobreza y la dependencia de las importaciones de productos alimenticios son las principales causas de la inseguridad alimentaria; es consciente de que sólo un pequeño porcentaje de la producción mundial de alimentos, que procede cada vez en mayor medida de un pequeño número de países exportadores, se comercializa realmente en los mercados internacionales;

13.

Expresa su más profunda preocupación por la actual crisis financiera mundial, que puede derivar en una reducción de la financiación disponible para la agricultura; insta a la Comisión a que analice los efectos de la crisis financiera en el sector agrícola y considere la formulación de propuestas adecuadas para garantizar la estabilidad del sector, también en lo que se refiere al acceso a préstamos y garantías de crédito; señala que esta crisis alimentaria está estrechamente interconectada con la crisis financiera, en la que las inyecciones de liquidez de los bancos centrales para evitar bancarrotas pueden haber aumentado las inversiones especulativas en productos básicos; pide al Fondo Monetario Internacional y al Foro sobre la Estabilidad Financiera que evalúen este «efecto colateral» y lo tengan en cuenta cuando propongan soluciones generales;

14.

Considera que la PAC es un elemento importante de la política de seguridad alimentaria de la Unión Europea, ahora y después de 2013, y que debe desempeñar un cometido importante en las políticas de desarrollo, prestando especial atención a la política exterior de seguridad alimentaria; opina que un sistema ecológico operativo, unos suelos fértiles, unos recursos hídricos estables y una economía rural polivalente son elementos indispensables para la seguridad alimentaria a largo plazo; estima que, además de asegurar la producción de alimentos en la Unión Europea, la PAC puede contribuir a satisfacer la creciente demanda de alimentos en el mundo sin perturbar los mercados; exige medidas para estabilizar los sistemas agrícolas locales y regionales basados en prácticas agrícolas sostenibles y que ofrecen unas reservas estratégicas de alimentos;

15.

Considera que el mecanismo de financiación para reaccionar con rapidez al aumento de precios de los productos alimenticios en los países en desarrollo es un primer paso imprescindible para hacer frente a las necesidades inmediatas de la población más afectada por la crisis alimentaria; considera que la Comisión debería auditar la utilización de estos fondos y asegurarse de que se emplean allá donde más se necesitan, y que debería presentar informes periódicos al Parlamento;

16.

Insta a la Comisión a que intensifique sus programas actuales destinados a garantizar la seguridad alimentaria en Europa y en el mundo; solicita que se aumente la financiación del Programa temático de seguridad alimentaria 2007-2010, dotado actualmente con un presupuesto de 925 millones de euros para todo el período de programación; pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación completa del impacto de las políticas y los programas de la Unión Europea en los sectores de la agricultura, el desarrollo y el comercio, a fin de garantizar un enfoque político coherente y sostenible con respecto a la seguridad alimentaria mundial;

17.

Destaca que la seguridad alimentaria es una responsabilidad nacional, que todos los planes dirigidos a abordar los problemas de seguridad alimentaria deben concebirse, coordinarse, controlarse y dirigirse a nivel nacional, y que dichos planes deben desarrollarse consultando a todas las partes interesadas fundamentales; destaca que la seguridad alimentaria debe constituir una prioridad de primer orden y que esta prioridad debe reflejarse en los programas y presupuestos nacionales; subraya que la buena gobernanza debe desempeñar un papel clave y que la corrupción debe abordarse a nivel nacional; cree que la lucha contra el hambre debe basarse en el reconocimiento del derecho a la soberanía alimentaria, definida como la capacidad de un país o región para determinar democráticamente sus propias políticas, prioridades y estrategias sobre agricultura y alimentación;

18.

Considera que es esencial la investigación en curso de sistemas sostenibles de producción agrícola; destaca el papel de los programas de investigación financiados con fondos públicos de la plataforma tecnológica de la Unión Europea para la investigación de la agricultura ecológica y del Séptimo programa marco de investigación y desarrollo tecnológico; exige programas de transferencia de tecnología a los países en desarrollo, cuando proceda; pide a los gobiernos miembros de la FAO que apliquen las recomendaciones formuladas en la IAASTD para evitar los conceptos científicos de transferencia de tecnología de arriba hacia abajo y sustituirlos con conceptos innovadores participativos, de abajo hacia arriba, orientados hacia los agricultores;

19.

Considera que la falta de acceso de los pequeños agricultores a créditos y microcréditos destinados a inversiones en semillas, fertilizantes e instalaciones de regadío representa un grave obstáculo para el aumento de la producción agrícola en los países en desarrollo; destaca, por otra parte, la cuestión de las garantías de préstamos, de las que se carece en la mayoría de los casos; insta al Banco Europeo de Inversiones a que examine los medios oportunos para concebir programas destinados a los productores locales de alimentos en los países en desarrollo, de forma que se ofrezcan garantías de préstamo destinadas a facilitar el acceso a créditos y microcréditos;

20.

Decide establecer un Grupo de trabajo permanente de alto nivel sobre la contribución de la Unión Europea para lograr la seguridad alimentaria mundial, a fin de elaborar enfoques comunes sobre los principales desafíos definidos por la Comisión en materia de agricultura, pesca y desarrollo rural sostenibles;

21.

Observa que la crisis alimentaria mundial es una de las grandes amenazas para la paz y la seguridad en el mundo; acoge con satisfacción, en este sentido, los recientes esfuerzos de la Comisión en el estudio de posibles formas de afrontar la cuestión de la seguridad alimentaria en el mundo; insta a los Estados miembros a que apoyen estas iniciativas a escala nacional y local;

22.

Destaca que la adquisición de terrenos agrícolas por parte de inversores extranjeros, especialmente en África, no debe tener efectos adversos sobre la seguridad alimentaria local ni conducir a un uso no sostenible del suelo; señala que también pueden darse efectos positivos cuando se destinan las tierras a un uso productivo; insta a la FAO y a los Estados miembros a trabajar a favor de normas e iniciativas legislativas comunes, en las que se reconozca el derecho de la población autóctona de cada país a controlar las tierras agrícolas y otros recursos naturales vitales para su seguridad alimentaria;

23.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

21.10.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 285/74

A.

Considerando que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha expresado su preocupación por una serie de acciones y declaraciones del Gobierno de Nicaragua que están socavando la libertad de prensa en este país,

B.

Considerando que en Nicaragua no es posible, de conformidad con el artículo 147 de la Constitución de Nicaragua, que se introdujo en 1995, presentarse a dos mandatos presidenciales consecutivos, y considerando que el Presidente Ortega está tratando de eludir esa disposición para poder presentar su candidatura a un segundo mandato en las elecciones de 2011,

C.

Considerando que sólo el poder legislativo puede pronunciarse sobre una reforma constitucional, y que el partido gubernamental actual, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no dispone de la mayoría necesaria de dos tercios,

D.

Considerando que el 19 de octubre de 2009 el Tribunal Supremo de Justicia de Nicaragua se reunió durante la noche, en ausencia de tres de los seis jueces que lo componen, que no habían sido invitados y que fueron sustituidos por tres magistrados progubernamentales, y declaró por unanimidad que el artículo 147 de la Constitución no es aplicable,

E.

Considerando que todos los partidos políticos de la oposición representados en la Asamblea Nacional, así como numerosas asociaciones de la sociedad civil, juristas y organizaciones no gubernamentales (ONG) han rechazado esta declaración judicial por ilegal, y han acordado trabajar juntos para garantizar la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua,

F.

Considerando que la declaración judicial fue inmediatamente bienvenida y celebrada por los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA),

G.

Considerando que una delegación de la organización Internacional Liberal fue amenazada e insultada durante su visita a Nicaragua, y que su presidente, el diputado al Parlamento Europeo Johannes Cornelis van Baalen, fue incluso amenazado de expulsión de Nicaragua y declarado persona non grata por las autoridades sandinistas,

H.

Considerando el deterioro de la democracia en Nicaragua desde la denuncia de fraude en las elecciones municipales en 2008, los ataques y actos de hostigamiento contra las organizaciones de defensa de los derechos humanos y sus miembros así como contra periodistas y representantes de medios de comunicación, por parte de personas, sectores políticos u organismos vinculados a las autoridades estatales,

I.

Considerando que el desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, al igual que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales deben ser parte integrante de la política de la Unión Europea en materia de asuntos exteriores,

J.

Considerando que la Unión Europea y sus socios, al concluir acuerdos con terceros países que incluyen una cláusula relativa a los derechos humanos, asumen la responsabilidad de hacer que se respeten las normas internacionales en materia de derechos humanos, y que estas cláusulas son necesariamente de carácter recíproco,

K.

Considerando que la Unión Europea debe ejercer un mayor control sobre el uso de los fondos otorgados a Nicaragua para proyectos de desarrollo, a fin de asegurarse de que ningún importe de estos fondos va a parar a manos de sandinistas,

L.

Considerando que las Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos de América y diversas ONG de Nicaragua han expresado su preocupación por la falta de transparencia de las recientes elecciones,

1.

Lamenta los numerosos ataques y actos de hostigamiento a que han estado sometidas las organizaciones de defensa de los derechos humanos, sus miembros y periodistas independientes, por parte de personas, sectores políticos y organismos vinculados al Estado;

2.

Condena las modificaciones de la Constitución que suponen la violación del orden constitucional en Nicaragua, en particular las tácticas de dudosa legalidad utilizadas por el gobierno de Nicaragua en las que están implicados jueces progubernamentales del Tribunal Supremo de Justicia;

3.

Insta al Presidente Ortega a respetar la Constitución de Nicaragua, que prohíbe a los presidentes dos mandatos consecutivos en el cargo y señala que sólo el poder legislativo puede pronunciarse sobre la reforma constitucional, lo que en ningún caso puede hacer un tribunal;

4.

Considera que la actitud del Presidente Ortega refleja su escasa comprensión y respeto de la democracia, el Estado de Derecho y el ejercicio de derechos fundamentales básicos como la libertad de expresión y de asociación política;

5.

Apoya a todas aquellas personas de Nicaragua que están en contra de la violación del orden constitucional perpetrada por las autoridades gubernamentales y exige que se restablezca sin demora este orden y se anule la declaración judicial de 19 de octubre de 2009;

6.

Condena y lamenta todas las amenazas, insultos e intimidaciones recibidas por los miembros de la delegación de la Internacional Liberal, encabezada por el diputado al Parlamento Europeo Johannes Cornelis van Baalen, y manifiesta su solidaridad con los miembros de dicha delegación;

7.

Lamenta la forma en que se desarrollaron las elecciones municipales del 9 de noviembre de 2008, con maniobras del Gobierno de Nicaragua para descalificar a partidos políticos de la oposición, numerosas irregularidades en las votaciones, denuncias de fraude electoral y negativa a acreditar a los observadores electorales independientes, tanto extranjeros como locales; pide a la Comisión que envíe una Misión de Observación Electoral de la UE para supervisar las próximas elecciones presidenciales;

8.

Lamenta que la Organización de Estados Americanos, tan diligente en otros asuntos problemáticos, no haya considerado oportuno pronunciarse sobre tan flagrante violación del orden constitucional ocurrida en uno de sus países miembros;

9.

Pide que durante las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países centroamericanos se le recuerde a Nicaragua que debe respetar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, valores que la Unión Europea defiende y promueve;

10.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al Parlamento Centroamericano, así como al Gobierno y al Parlamento de la República de Nicaragua y al Tribunal Supremo de Justicia de Nicaragua.

21.10.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 285/76

A.

Considerando que el Gobierno vietnamita se ha negado a responder a muchas de las recomendaciones formuladas durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se mantuvo entre mayo y septiembre de 2009, con el fin de mejorar su historial de derechos humanos,

B.

Considerando que cientos de personas están actualmente encarceladas en Vietnam por sus creencias religiosas o políticas, incluidos cristianos montañeses, un sacerdote católico, un pastor menonita, miembros de la fe del Cao Dai y budistas Hoa Hao,

C.

Considerando que el 27 de septiembre de 2009 cientos de jóvenes monjes budistas del monasterio de Bat Nha fueron violentamente atacados y golpeados, y su monasterio fue saqueado, mientras que las autoridades estatales y la policía hacían caso omiso de su petición de ayuda; considerando que otros monjes refugiados en el templo de Phuoc Hue fueron objeto de violencia física y acoso por la policía; considerando que el Gobierno ha amenazado con expulsarles argumentando que han ocupado el monasterio de Bat Nha sin permiso o solicitud previa,

D.

Considerando que muchas personas opinan que el asalto al monasterio está relacionado con la propuesta en 10 puntos relativa a las reformas religiosas que Thich Nhat Hanh presentó al Presidente vietnamita Nguyen Minh Triet en 2007,

E.

Considerando que todos los grupos religiosos deben ser autorizados por el Gobierno y estar supervisados por comités de gestión nombrados por el Gobierno, y que muchas organizaciones religiosas se enfrentan a su prohibición y a la persecución de sus miembros si desean seguir siendo independientes del Gobierno,

F.

Considerando que prácticamente todos los dignatarios de la Iglesia Budista Unificada de Vietnam están encarcelados, empezando por su Patriarca Thich Quang Do de (81 años), el más destacado de los disidentes vietnamitas, que ha permanecido detenido durante más de 27 años, actualmente en su monasterio de Zen Thanh Minh, en la ciudad de Ho Chi Minh,

G.

Considerando que Tran Khai Thanh Thuy, escritora vietnamita y figura destacada del movimiento por la democracia en Vietnam, ha sido arrestada de nuevo después de cumplir nueve meses de prisión en 2007; considerando que sufre una diabetes grave, pese a lo cual las autoridades vietnamitas se niegan a su liberación bajo fianza o a que reciba tratamiento médico,

H.

Considerando que se ha negado la atención médica adecuada en prisión, cuando su estado de salud requiere hospitalización inmediata, a varios presos de conciencia, incluidos Nguyen Van Ly, Le Thi Cong Nhan y Nguyen Binh Thanh, todos ellos condenados por «propaganda contra el Gobierno de la República Socialista de Vietnam»,

I.

Considerando que, en ausencia de organizaciones independientes de derechos humanos, los dirigentes eclesiásticos desempeñan a menudo el papel de defensores de los derechos humanos para luchar por más tolerancia y por los principios democráticos,

J.

Considerando que Vietnam, que asumirá la presidencia de la ASEAN en 2010, debería dar ejemplo mediante la mejora de sus prácticas en materia de derechos humanos; considerando que el Gobierno podría empezar por liberar a los cientos de críticos pacíficos del Gobierno, activistas religiosos independientes, comentaristas y defensores de la democracia encarcelados en violación del Derecho internacional, sobre la base de acusaciones infundadas de atentar contra la seguridad nacional, por disentir pacíficamente,

K.

Considerando que el 25 de septiembre de 2009 la República Democrática Popular de Laos ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza, en particular, el derecho de las personas a la libertad de creencias, de asociación y de expresión y prensa, así como el derecho de manifestación y los derechos políticos,

L.

Considerando que casi un mes después del décimo aniversario del «Movimiento Estudiantil de 26 de octubre de 1999», movimiento iniciado por estudiantes y profesores de Vientiane, cuyos principales dirigentes - Thongpaseuth Keuakoun, Seng-Aloun Phengphanh, Bouavanh Chanmanivong y Kèochay - permanecen en prisiones secretas, mientras que, según determinadas fuentes, Khamphouvieng Sisa-At ha muerto en prisión en circunstancias desconocidas,

M.

Considerando que, el 2 de noviembre de 2009, más de 300 personas, que preparaban una manifestación pacífica en Vientiane para exigir el respeto de los derechos humanos y un sistema multipartidista conmemorando el décimo aniversario de la represión, fueron detenidas por la policía secreta de la República Democrática Popular de Laos, y que nueve de ellas - las señoras Kingkèo y Somchit y los señores Soubinh, Souane, Sinpasong, Khamsone, Nou, Somkhit y Sourigna - siguen detenidas,