29.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 24/1

(1)

El Reglamento (CE) no 1207/2001 (1), establece las disposiciones que rigen la correcta expedición o extensión de pruebas de origen en lo relativo a las exportaciones de productos de la Comunidad en el contexto de sus relaciones comerciales preferenciales con determinados terceros países.

(2)

Los anexos III y IV del Reglamento (CE) no 1207/2001 deben modificarse para garantizar la indicación correcta del origen de las materias utilizadas para la fabricación de productos originarios en la Comunidad.

(3)

Por tanto, debe modificarse en consecuencia el Reglamento (CE) no 1207/2001.

1)

El anexo III se sustituye por el texto que figura en el anexo I del presente Reglamento.

2)

El anexo IV se sustituye por el texto que figura en el anexo II del presente Reglamento.

29.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 24/4

(1)

El Reglamento (CE) no 1580/2007 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

29.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 24/6

(1)

El artículo 12 del Reglamento (CE) no 950/2006 de la Comisión, de 28 de junio de 2006, por el que se establecen, para las campañas de comercialización 2006/07, 2007/08 y 2008/09, las disposiciones de aplicación para la importación y el refinado de productos del sector del azúcar en el marco de determinados contingentes arancelarios y acuerdos preferenciales (2), contiene las disposiciones relativas a la determinación de las entregas obligatorias libres de derechos para los productos del código NC 1701, expresadas en equivalente de azúcar blanco, en lo que concierne a las importaciones originarias de países que son signatarios del Protocolo ACP y del Acuerdo con la India.

(2)

Como resultado de la aplicación de los artículos 3 y 7 del Protocolo ACP, de los artículos 3 y 7 del Acuerdo con la India y del artículo 12, apartado 3, y los artículos 14 y 15 del Reglamento (CE) no 950/2006, la Comisión ha determinado las entregas obligatorias para cada país exportador en lo que concierne al período de entrega 2007/08, sobre la base de la información actualmente disponible.

(3)

El Reglamento (CE) no 505/2007 de la Comisión (3) determina provisionalmente las cantidades de entrega obligatoria de caña de azúcar que deben importarse en virtud del Protocolo ACP y del Acuerdo con la India en el período de entrega 2007/08.

(4)

Por consiguiente, es necesario determinar las entregas obligatorias para el período de entrega 2007/08 con arreglo al artículo 12, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) no 950/2006.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.

29.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 24/8

(1)

La Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (3), ha sido modificada en diversas ocasiones (4) y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicha Directiva.

(2)

Los objetivos y principios de la política comunitaria de medio ambiente, con arreglo lo dispuesto en el artículo 174 del Tratado, se encaminan, en particular, a la prevención, la reducción y, en la medida de lo posible, la eliminación de la contaminación, actuando preferentemente en la fuente misma, y a garantizar una gestión prudente de los recursos naturales, de conformidad con los principios de que «quien contamina paga» y de la prevención de la contaminación.

(3)

El quinto programa comunitario de medio ambiente, cuyo planteamiento general fue adoptado por el Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo en su Resolución de 1 de febrero de 1993 sobre un programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible (5), consideró prioritario el control integrado de la contaminación, ya que contribuye considerablemente a avanzar hacia un equilibrio más sostenible entre, por una parte, la actividad humana y el desarrollo socioeconómico y, por otra, los recursos y la capacidad de regeneración de la naturaleza.

(4)

La puesta en práctica de un enfoque integrado para disminuir la contaminación exige una actuación a nivel comunitario, a fin de modificar y completar la actual legislación comunitaria sobre la prevención y el control de la contaminación procedente de las instalaciones industriales.

(5)

La Directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1984, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales (6), estableció un marco general en virtud del cual se requiere una autorización previa para la explotación de las instalaciones industriales que puedan ocasionar contaminación atmosférica y, asimismo, en caso de que se lleven a cabo modificaciones sustanciales de dichas instalaciones.

(6)

La Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad (7), establece la necesidad de una autorización para el vertido de estas sustancias.

(7)

Si bien existe legislación comunitaria sobre la lucha contra la contaminación atmosférica y la prevención o la reducción al mínimo del vertido de sustancias peligrosas al agua, existe una carencia de legislación comunitaria similar cuyo objetivo sea prevenir o reducir al mínimo las emisiones en el suelo.

(8)

El tratamiento por separado del control de las emisiones a la atmósfera, el agua o el suelo puede potenciar la transferencia de contaminación entre los diferentes ámbitos del medio ambiente, en lugar de proteger al medio ambiente en su conjunto.

(9)

La finalidad de un enfoque integrado del control de la contaminación es evitar las emisiones a la atmósfera, el agua y el suelo, siempre que sea practicable, tomando en consideración la gestión de los residuos, y, cuando ello no sea posible, reducirlas al mínimo, a fin de alcanzar un elevado grado de protección del medio ambiente en su conjunto.

(10)

La presente Directiva debe establecer un marco general de prevención y control integrados de la contaminación. Debe disponer de las medidas necesarias para la puesta en práctica de la prevención y el control integrados de la contaminación a fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente en su conjunto. La aplicación de un enfoque integrado del control de la contaminación debe favorecer un desarrollo sostenible.

(11)

Las disposiciones de la presente Directiva deben aplicarse sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (8). En los casos en que deban tomarse en consideración, a efectos de la concesión de la autorización, datos o conclusiones que resulten de la aplicación de esta última Directiva, la presente Directiva no debe afectar a la aplicación de la Directiva 85/337/CEE.

(12)

Los Estados miembros deben adoptar las disposiciones necesarias para que quede garantizado que el titular de una instalación contemplada en esta Directiva se ajusta a los principios generales de determinadas obligaciones fundamentales. Para ello basta con que las autoridades competentes tengan en cuenta esos principios generales en el momento en que establezcan las condiciones de autorización.

(13)

Algunas de las disposiciones adoptadas de conformidad con la presente Directiva deben aplicarse a las instalaciones existentes después del 30 de octubre de 2007 y otras debían aplicarse desde el 30 de octubre de 1999.

(14)

A fin de afrontar los problemas de contaminación del modo más eficaz y rentable, los titulares de explotaciones deben atender a consideraciones medioambientales. Dichas consideraciones deben comunicarse a la autoridad o autoridades competentes a fin de que estas puedan cerciorarse, antes de conceder una autorización, de que se han previsto todas las medidas adecuadas de prevención o de reducción de la contaminación. Procedimientos de solicitud de autorización muy diferentes entre sí pueden dar lugar a niveles diferentes de protección del medio ambiente y de conciencia pública. Por ello, las solicitudes de autorización con arreglo a la presente Directiva deben incluir una serie de datos mínimos.

(15)

La plena coordinación del procedimiento y de las condiciones de autorización entre las autoridades competentes debe contribuir a alcanzar el nivel máximo de protección del medio ambiente en su conjunto.

(16)

La autoridad o autoridades competentes únicamente deben conceder o modificar una autorización cuando se hayan previsto medidas de protección integrada del medio ambiente, incluidos la atmósfera, el agua y el suelo.

(17)

La autorización debe abarcar todas las medidas necesarias para cumplir las condiciones de la misma, a fin de alcanzar con ello un nivel elevado de protección del medio ambiente en su conjunto. Sin perjuicio del procedimiento de autorización, dichas medidas podrán ser objeto además de requisitos obligatorios generales.

(18)

Los valores límite de emisión, los parámetros y las medidas técnicas equivalentes deben basarse en las mejores técnicas disponibles, sin prescribir la utilización de una técnica o tecnología específica, y tomando en consideración las características técnicas de la instalación de que se trate, su implantación geográfica y las condiciones locales del medio ambiente. En todos los casos, las condiciones de la autorización deben establecer disposiciones relativas a la minimización de la contaminación a larga distancia o transfronteriza y garantizar un nivel elevado de protección del medio ambiente en su conjunto.

(19)

Corresponde a los Estados miembros determinar el modo en que se podrán tomar en consideración, en la medida en que sea necesario, las características técnicas de la instalación de que se trate, su implantación geográfica y las condiciones locales del medio ambiente.

(20)

En caso de que una norma de calidad medioambiental exija condiciones más rigurosas que las que puedan obtenerse con la utilización de las mejores técnicas disponibles, la autorización debe exigir, en particular, requisitos complementarios, sin perjuicio de otras medidas que puedan adoptarse para respetar las normas de calidad medioambiental.

(21)

Debido a que las mejores técnicas disponibles variarán con el tiempo, especialmente a consecuencia de los avances técnicos, la autoridad competente debe estar al corriente o ser informada de dichos avances.

(22)

Los cambios efectuados en una instalación pueden ser causa de contaminación. Por consiguiente, es necesario comunicar a la autoridad competente cualquier modificación que pudiera incidir en el medio ambiente. Toda modificación sustancial de la explotación debe someterse a la concesión de una autorización previa con arreglo a la presente Directiva.

(23)

Se deben estudiar periódicamente y, si fuere necesario, actualizar las condiciones de autorización. En determinadas condiciones deben estudiarse nuevamente en cualquier caso.

(24)

La participación real del público en la adopción de esas decisiones le debe permitir expresar opiniones e inquietudes que pueden ser pertinentes y que las autoridades decisorias pueden tener en cuenta, favoreciendo de esta manera la responsabilidad y la transparencia del proceso decisorio y contribuyendo a la toma de conciencia por parte de los ciudadanos sobre los problemas medioambientales y al respaldo público de las decisiones adoptadas. El público debe tener acceso a la información relativa al funcionamiento de las instalaciones y a su efecto potencial en el medio ambiente, y, antes de que se adopte cualquier decisión, a la información relativa a las solicitudes de autorización de nuevas instalaciones o de modificaciones sustanciales, y a las propias autorizaciones, a sus actualizaciones y a los correspondientes datos de control.

(25)

Por consiguiente, debe fomentarse la participación pública, incluida la de asociaciones, organizaciones y grupos y, en particular, la de organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la protección del medio ambiente, sin olvidar, entre otras cosas, la educación medioambiental del público.

(26)

El 25 de junio de 1998, la Comunidad firmó el Convenio de la CEPE de la ONU sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente («Convenio de Aarhus»). Entre los objetivos del Convenio de Aarhus está el de garantizar los derechos de la participación del público en la toma de decisiones en asuntos medioambientales para contribuir a la protección del derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para la salud y el bienestar de las personas.

(27)

Los avances y el intercambio de información en la Comunidad sobre las mejores técnicas disponibles deben contribuir a reducir los desequilibrios tecnológicos a nivel de la Comunidad, deben ayudar a la divulgación mundial de los valores límite establecidos y de las técnicas empleadas en la Comunidad y, asimismo, deben ayudar a los Estados miembros para la aplicación eficaz de la presente Directiva.

(28)

Deben elaborarse periódicamente informes sobre la aplicación y sobre la eficacia de la presente Directiva.

(29)

La presente Directiva hace referencia a aquellas instalaciones cuyo potencial de contaminación y, por lo tanto, de contaminación transfronteriza, sea elevado. Deben organizarse consultas transfronterizas en caso de que las solicitudes de autorización se refieran a nuevas instalaciones o a modificaciones sustanciales de las instalaciones que puedan tener efectos perjudiciales significativos para el medio ambiente. Las solicitudes relativas a dichas propuestas o modificaciones deben estar a disposición del público en el Estado miembro que pudiera verse afectado.

(30)

Puede evidenciarse la necesidad de acción a nivel comunitario para fijar valores límite de emisión aplicables a determinadas categorías de instalaciones y de sustancias contaminantes incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. El Parlamento Europeo y el Consejo deben fijar dichos valores límite de emisión de conformidad con las disposiciones del Tratado.

(31)

Las disposiciones de la presente Directiva se deben aplicar sin perjuicio de las disposiciones comunitarias en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo.

(32)

La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional de las Directivas, que figuran en la parte B del anexo VI.

1)

«sustancia»: los elementos químicos y sus compuestos, con la excepción de las sustancias radiactivas en el sentido de la Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes (9), y de los organismos modificados genéticamente con arreglo a la Directiva 90/219/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente (10), y a la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (11);

2)

«contaminación»: la introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente;

3)

«instalación»: una unidad técnica fija en la que se lleven a cabo una o más de las actividades enumeradas en el anexo I, así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquellas que guarden una relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación;

4)

«instalación existente»: una instalación que, a fecha de 30 de octubre de 1999 y en el marco de la legislación existente antes de dicha fecha, estaba en funcionamiento o había sido autorizada o había sido objeto, en opinión de la autoridad competente, de una solicitud completa de autorización, siempre que dicha instalación se hubiera puesto en servicio a más tardar el 30 de octubre de 2000;

5)

«emisión»: la expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, vibraciones, calor o ruido procedentes de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas de la instalación;

6)

«valores límite de emisión»: la masa expresada en relación con determinados parámetros específicos, la concentración o el nivel de una emisión, cuyo valor no debe superarse dentro de uno o varios períodos determinados; los valores límite de las emisiones también pueden establecerse para determinados grupos, familias o categorías de sustancias, en particular para las mencionadas en el anexo III. Los valores límite de emisión de las sustancias se aplican generalmente en el punto en que las emisiones salgan de la instalación; en su determinación no se tendrá en cuenta una posible dilución; en lo que se refiere a las expulsiones indirectas al agua, el efecto de una estación de depuración podrá tenerse en cuenta en el momento de determinar los valores límite de emisión de la instalación, siempre y cuando se alcance un nivel equivalente de protección del medio ambiente en su conjunto y ello no conduzca a cargas contaminantes más elevadas en el entorno, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de la Directiva 2006/11/CE y de las Directivas adoptadas para su aplicación;

7)

«norma de calidad medioambiental»: el conjunto de requisitos, establecidos por la legislación comunitaria, que deben cumplirse en un momento dado en un entorno determinado o en una parte determinada de este;

8)

«autoridad competente»: la autoridad, autoridades u organismos que, en virtud de la legislación de los Estados miembros, sean responsables del cumplimiento de las tareas derivadas de la presente Directiva;

9)

«permiso»: la parte o la totalidad de una o varias decisiones escritas por las que se conceda autorización para explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la instalación responde a los requisitos de la presente Directiva. Tal permiso podrá ser válido para una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación y sean explotadas por el mismo titular;

10)

«modificación de la explotación»: una modificación de las características o del funcionamiento, o una extensión de la instalación que pueda acarrear consecuencias para el medio ambiente;

11)

«modificación sustancial»: una modificación de la explotación que, en opinión de la autoridad competente, pueda tener repercusiones perjudiciales o importantes en las personas o el medio ambiente; a efectos de la presente definición, cualquier modificación o extensión de una explotación se considerará sustancial si la modificación o la extensión cumple, por sí sola, los posibles umbrales establecidos en el anexo I;

12)

«mejores técnicas disponibles»: la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir, en principio, la base de los valores límite de emisión destinados a evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir en general las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente. También se entenderá por:

En la determinación de las mejores técnicas disponibles conviene tomar especialmente en consideración los elementos que se enumeran en el anexo IV;

13)

«titular»: cualquier persona física o jurídica que explote la instalación o posea la misma o, cuando la normativa nacional así lo disponga, que ostente, por delegación, un poder económico determinante sobre la explotación técnica de la instalación;

14)

«el público»: una o varias personas físicas o jurídicas y, de conformidad con el derecho o la práctica nacional, sus asociaciones, organizaciones o grupos;

15)

«el público interesado»: el público afectado o que pueda verse afectado por la toma de una decisión sobre la concesión o actualización de un permiso o de las condiciones de un permiso, o que tenga un interés en esa decisión; a efectos de la presente definición, se considerará que tienen un interés las organizaciones no gubernamentales que trabajen en favor de la protección del medio ambiente y que cumplan los requisitos pertinentes previstos por la legislación nacional.

a)

se tomen todas las medidas adecuadas de prevención de la contaminación, en particular mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles;

b)

no se produzca ninguna contaminación importante;

c)

se evite la producción de residuos, de conformidad con la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos (12); si esto no fuera posible, se reciclarán o, si ello fuera imposible técnica y económicamente, se eliminarán, evitando o reduciendo su repercusión en el medio ambiente;

d)

se utilice la energía de manera eficaz;

e)

se tomen las medidas necesarias para prevenir los accidentes graves y limitar sus consecuencias;

f)

al cesar la explotación de la instalación, se tomarán las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación y para que el lugar de la explotación vuelva a quedar en un estado satisfactorio.

a)

la instalación y de sus actividades;

b)

las materias primas y auxiliares, las sustancias y la energía empleadas en la instalación o generados por ella;

c)

las fuentes de las emisiones de la instalación;

d)

el estado del lugar en el que se ubicará la instalación;

e)

el tipo y la magnitud de las emisiones previsibles de la instalación a los diferentes medios, así como una determinación de los efectos significativos de las emisiones sobre el medio ambiente;

f)

la tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para evitar las emisiones procedentes de la instalación o, si ello no fuese posible, para reducirlas;

g)

si fuere necesario, las medidas relativas a la prevención y valorización de los residuos generados por la instalación;

h)

las demás medidas propuestas para cumplir los principios generales de las obligaciones fundamentales del titular que impone el artículo 3;

i)

las medidas previstas para controlar las emisiones al medio ambiente;

j)

un breve resumen de las principales alternativas estudiadas por el solicitante, si las hubiere.

a)

la contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión existentes del permiso o incluir nuevos valores límite de emisión;

b)

a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos;

c)

la seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas;

d)

así lo exijan disposiciones nuevas previstas en la legislación de la Comunidad o del Estado miembro.

a)

el titular cumpla las condiciones establecidas en el permiso durante la explotación de la instalación;

b)

el titular de la instalación informe regularmente a la autoridad competente de los resultados de la vigilancia de las emisiones de la instalación y, en el más breve plazo, de cualquier incidente o accidente que afecte de forma significativa al medio ambiente;

c)

los titulares de las instalaciones presten a los representantes de la autoridad competente toda la asistencia necesaria para que puedan llevar a cabo cualesquiera inspecciones en la instalación, así como tomar muestras y recoger toda la información necesaria para el desempeño de su misión a los efectos de la presente Directiva.

a)

para la concesión de un permiso de nuevas instalaciones;

b)

para la concesión de un permiso relativo a cualquier cambio sustancial;

c)

para la actualización de un permiso o de las condiciones del permiso de una instalación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, letra a).

a)

el contenido de la decisión, incluidas una copia del permiso y de cualesquiera condiciones y actualizaciones posteriores, y

b)

una vez examinadas las preocupaciones y opiniones expresadas por el público afectado, los principales motivos y consideraciones en los que se basa dicha decisión, incluida la información sobre el proceso de participación del público.

a)

tengan un interés suficiente, o

b)

sostengan el menoscabo de un derecho, cuando la legislación en materia de procedimiento administrativo de un Estado miembro lo imponga como requisito previo.

a)

las instalaciones que se indican en el anexo I excepto los vertederos cubiertos por los puntos 5.1 y 5.4 de dicho anexo, y

b)

las sustancias contaminantes a que se refiere el anexo III.

29.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 24/30

(1)

La Directiva 74/347/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el campo de visión y los limpiaparabrisas de los tractores agrícolas o forestales de ruedas (3), ha sido modificada en diversas ocasiones (4) y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor claridad y racionalidad, proceder a la codificación de dicha Directiva.

(2)

La Directiva 74/347/CEE es una de las Directivas específicas del sistema de homologación CE previsto por la Directiva 74/150/CEE, sustituida por la Directiva 2003/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la homologación de los tractores agrícolas o forestales, de sus remolques y de su maquinaria intercambiable remolcada, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas de dichos vehículos (5), y establece las prescripciones técnicas relativas a la concepción y construcción de tractores agrícolas o forestales de ruedas en lo relativo al campo de visión y a los limpiaparabrisas. Dichas prescripciones técnicas persiguen la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con vistas a la aplicación, para cada tipo de tractor, del procedimiento de homologación CE previsto por la Directiva 2003/37/CE. Por consiguiente, las disposiciones de la Directiva 2003/37/CE relativas a los tractores agrícolas o forestales, sus remolques y su maquinaria intercambiable remolcada, así como a los sistemas, componentes y unidades técnicas de dichos vehículos, son aplicables a la presente Directiva.

(3)

La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional y de aplicación de las Directivas que figuran en la parte B del anexo II.

29.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 24/39

(1)

Las peticiones de decisión prejudicial que pueden presentarse al Tribunal de Justicia en las materias contempladas en el título VI del Tratado de la Unión Europea o en el título IV de la tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que tienen por objeto el mantenimiento y desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia, requieren en ciertos casos una respuesta rápida del Tribunal, a causa de la urgencia con que debe resolverse el asunto ante el juez nacional.

(2)

En tales casos, el procedimiento prejudicial ordinario, tal y como está regulado por el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia y las disposiciones del Reglamento de procedimiento, no permite que el Tribunal se pronuncie con la celeridad necesaria sobre las cuestiones que se le han sometido. El procedimiento acelerado establecido en el artículo 104 bis del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia para las peticiones de decisión prejudicial consta de las mismas fases que el procedimiento prejudicial ordinario y sólo cabría aplicarlo con carácter excepcional, ya que la aceleración se consigue principalmente atribuyendo a la petición de decisión prejudicial de que se trate la prioridad en todas las fases del procedimiento frente a todos los demás asuntos pendientes.

(3)

Únicamente el establecimiento de un procedimiento prejudicial de urgencia que limite y simplifique las fases del procedimiento prejudicial permitirá tramitar con rapidez un importante número de peticiones de decisión prejudicial.

1)

El artículo 9 queda modificado como sigue:

2)

A continuación del artículo 104 bis se añade el siguiente texto:

«Artículo 104 ter

§ 1   A petición del órgano jurisdiccional nacional o, excepcionalmente, de oficio, una petición de decisión prejudicial en la que se planteen una o varias cuestiones relativas a las materias contempladas en el título VI del Tratado de la Unión o en el título IV de la tercera parte del Tratado CE podrá tramitarse mediante un procedimiento de urgencia que contenga excepciones a las disposiciones del presente Reglamento.

La petición del órgano jurisdiccional nacional expondrá las circunstancias de Derecho y de hecho que acrediten la urgencia y justifiquen la aplicación de este procedimiento de excepción, e indicará, en la medida de lo posible, la respuesta a las cuestiones prejudiciales propuesta por dicho órgano.

En el caso de que el órgano jurisdiccional nacional no haya solicitado la aplicación del procedimiento de urgencia y dicha aplicación parezca, a primera vista, necesaria, el Presidente del Tribunal podrá solicitar a la Sala mencionada a continuación que examine si es necesario tramitar la petición de decisión prejudicial mediante dicho procedimiento.

La Sala designada decidirá, previo informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, si procede tramitar mediante el procedimiento de urgencia la petición de decisión prejudicial. La composición de la Sala se determinará con arreglo al artículo 11 quater el día en que se atribuya el asunto al Juez Ponente, si la aplicación del procedimiento de urgencia ha sido solicitada por el órgano jurisdiccional nacional, o bien, si es el Presidente del Tribunal quien ha solicitado que se examine la aplicación de dicho procedimiento, el día en que se presente esta solicitud.

§ 2   Cuando la aplicación del procedimiento de urgencia a la petición de decisión prejudicial mencionada en el apartado anterior haya sido solicitada por el órgano jurisdiccional nacional o cuando el Presidente haya solicitado a la Sala designada que examine si es necesario aplicar dicho procedimiento a la petición, el Secretario se encargará de que dicha petición se notifique de inmediato a las partes en litigio ante el órgano jurisdiccional nacional, al Estado miembro del que dependa dicho órgano y a las Instituciones mencionadas en el artículo 23, párrafo primero, del Estatuto, con arreglo a lo establecido en dicha disposición.

La decisión de tramitar o no mediante el procedimiento de urgencia la petición de decisión prejudicial será notificada de inmediato al órgano jurisdiccional nacional, así como a las partes, al Estado miembro y a las Instituciones mencionados en el párrafo anterior. La decisión de tramitar la petición de decisión prejudicial mediante el procedimiento de urgencia fijará el plazo en que estos últimos podrán presentar alegaciones u observaciones escritas. Dicha decisión podrá precisar las cuestiones jurídicas que deberán tratarse en estas alegaciones u observaciones escritas y determinar la longitud máxima de dichos escritos.

En cuanto se produzca la notificación mencionada en el párrafo primero, la petición de decisión prejudicial será comunicada, además, a los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto que no figuren entre los destinatarios de dicha notificación, y la decisión de tramitar o no mediante el procedimiento de urgencia la petición de decisión prejudicial será comunicada a estos mismos interesados en cuanto se produzca la notificación mencionada en el párrafo segundo.

La fecha previsible de la vista será comunicada a las partes y a los demás interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto tan pronto como sea posible.

Cuando la petición de decisión prejudicial no se tramite mediante el procedimiento de urgencia, el procedimiento seguirá desarrollándose con arreglo a las disposiciones del artículo 23 del Estatuto y a las disposiciones aplicables del presente Reglamento.

§ 3   La petición de decisión prejudicial tramitada mediante el procedimiento de urgencia y las alegaciones u observaciones escritas presentadas serán notificadas a los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto que no figuren entre las partes e interesados contemplados en el párrafo primero del apartado anterior. El texto de la petición de decisión prejudicial estará acompañado de una traducción, en su caso resumida, en las condiciones que determina el artículo 104, apartado 1.

Las alegaciones u observaciones escritas presentadas serán notificadas, además, a las partes y a los demás interesados contemplados en el párrafo primero del apartado anterior.

La fecha de la vista será comunicada a las partes y a los demás interesados junto con las notificaciones mencionadas en los párrafos anteriores.

§ 4   En casos de extrema urgencia, la Sala podrá decidir omitir la fase escrita del procedimiento contemplada en el apartado 2, párrafo segundo, del presente artículo.

§ 5   La Sala designada resolverá la cuestión prejudicial, oído el Abogado General.

Dicha Sala podrá decidir sustanciar el asunto en una formación de tres Jueces. Si así fuere, la formación estará compuesta por el Presidente de la Sala designada, el Juez Ponente y el primero de los Jueces o, en su caso, los dos primeros Jueces que resulten de la lista mencionada en el artículo 11 quater, apartado 2, al determinarse la composición de la Sala designada, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, párrafo cuarto, del presente artículo

La Sala podrá también adoptar la decisión de devolver el asunto al Tribunal para que sea atribuido a una formación más importante. En tal caso, el procedimiento de urgencia seguirá desarrollándose ante la nueva formación, en su caso tras reabrirse la fase oral.

§ 6   Los escritos procesales contemplados en el presente artículo se considerarán presentados al remitirse a la Secretaría, por fax o cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga el Tribunal, una copia del original firmado y de los documentos justificativos invocados, junto con la relación de los mismos mencionada en el artículo 37, apartado 4. El original del escrito y los anexos a los que se ha hecho referencia serán remitidos a la Secretaría del Tribunal.

Las notificaciones y comunicaciones contempladas en el presente artículo podrán efectuarse mediante transmisión de una copia del documento por fax o cualquier otro medio técnico de comunicación de que dispongan el Tribunal y el destinatario.».

29.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 24/42

29.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 24/44

29.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 24/45

(1)

El 29 de junio de 2007, la República de Austria informó a la Comisión, de conformidad con el artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento (CE) no 842/2006 sobre determinados gases de efecto invernadero, acerca de las disposiciones nacionales adoptadas en 2002 [BGBl. II No 447/2002-Orden del Ministro federal de agricultura, bosques, medio ambiente y gestión del agua relativa a la prohibición y restricción de los hidrocarburos parcial y totalmente fluorados y del hexafluoruro de azufre (Orden HFC-PFC-SF6), publicada en el Boletín Oficial Federal de 10 de diciembre de 2002] y modificada posteriormente por la Orden BGBl. II no 139/2007 de 21.6.2007.

(2)

En dicha carta, el Gobierno austriaco indica que la República de Austria pretende mantener hasta el 31 de diciembre de 2012 disposiciones nacionales más estrictas que las establecidas en el Reglamento, de acuerdo con el artículo 9, apartado 3, letra a), del Reglamento (CE) no 842/2006.

(3)

El artículo 95, apartado 4, del Tratado dispone que si, tras la adopción por el Consejo o por la Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro considera necesario mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes contempladas en el artículo 30 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente, dicho Estado miembro debe notificar a la Comisión esas disposiciones y los motivos de su mantenimiento.

(4)

El artículo 95, apartado 5, del Tratado CE dispone que, sin perjuicio del apartado 4, si, tras la adopción por el Consejo o por la Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro estimara necesario establecer disposiciones nacionales basadas en novedades científicas relativas a la protección del medio de trabajo o del medio ambiente y justificadas por un problema específico de dicho Estado miembro surgido con posterioridad a la adopción de la medida de armonización, el Estado miembro debe notificar a la Comisión las disposiciones previstas, así como los motivos de su adopción.

(5)

De conformidad con el artículo 95, apartado 6, la Comisión debe aprobar o rechazar, en un plazo de seis meses a partir de la notificación, las disposiciones nacionales en cuestión, después de haber comprobado si se trata o no de un medio de discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros, y si constituyen o no un obstáculo para el funcionamiento del mercado interior.

(6)

El Reglamento (CE) no 842/2006 sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero tiene por objeto prevenir y contener las emisiones de determinados gases fluorados (HFC, PFC y SF6) regulados por el Protocolo de Kioto.

(7)

Además, impone una serie de prohibiciones de uso y comercialización cuando se considera que existen alternativas rentables a nivel comunitario y en los casos en que no resulta factible la mejora de la contención y la recuperación.

(8)

El Reglamento tiene una base jurídica doble: el artículo 175, apartado 1, del Tratado CE, con respecto a todas las disposiciones, y el artículo 95 del Tratado CE, en el caso de los artículos 7, 8 y 9, debido a sus implicaciones en cuanto a la libre circulación de mercancías en el mercado único comunitario.

(9)

El artículo 9 del Reglamento se refiere a la comercialización y, en concreto, la prohíbe en el caso de algunos productos y aparatos que contienen gases fluorados de efecto invernadero regulados por el Reglamento o cuyo funcionamiento depende de los mismos. Su apartado 3, letra a), establece que los Estados miembros que hayan adoptado, antes del 31 de diciembre de 2005, medidas nacionales más estrictas que las establecidas en ese artículo, incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento, pueden mantenerlas hasta el 31 de diciembre de 2012. De acuerdo con su apartado 3, letra b), esas medidas deben notificarse a la Comisión junto con las razones que las motivan, y deben ser compatibles con el Tratado.

(10)

El Reglamento debe aplicarse con efectos a partir del 4 de julio de 2007, salvo por lo que respecta al artículo 9 y al anexo II, que son aplicables desde el 4 de julio de 2006.

(11)

Las disposiciones nacionales notificadas por la República de Austria se introdujeron en virtud de la Orden no 447/2002, de 10 diciembre de 2002, modificada por la Orden no 139/2007, de 21 de junio de 2007.

(12)

La Orden no 447/2002 modificada por la Orden no 139/2007 (en lo sucesivo, «la Orden») se refiere a gases de efecto invernadero considerados en el Protocolo de Kioto, la mayor parte de los cuales encierra un elevado potencial de calentamiento atmosférico, a saber, los hidrofluorocarburos (HFC), los perfluorocarburos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6), y tiene como objetivo permitir a Austria cumplir sus objetivos en materia de reducción de emisiones.

(13)

La Orden impone la prohibición de comercialización y utilización de los gases de efecto invernadero antes citados y de su uso en determinados aparatos, unidades y productos, a menos que se utilicen para fines de investigación, desarrollo y análisis. En los artículos 4 a 17 de la Orden figuran las disposiciones detalladas sobre las prohibiciones y las condiciones de autorización.

(14)

La modificación de 2007 tiene en cuenta la decisión del Tribunal Constitucional de Austria de anular (mediante decisiones de 9 de junio de 2005 y de 1 de diciembre de 2005, publicadas en el Boletín Oficial Federal de 9 de agosto de 2005 y de 24 de febrero de 2006, respectivamente) el valor límite del potencial de calentamiento atmosférico (3 000) para los HFC, establecido en el artículo 12, apartado 2, línea 3, de la Orden no 447/2002, así como la cláusula de excepción establecida en su artículo 12, apartado 2, línea 3, letra a), indicando la razón por las que resultan ilegales.

(15)

Además, la modificación de 2007 permite cierta flexibilidad respecto a las restricciones aplicables al sector de la refrigeración y del aire acondicionado, con vistas a su adaptación a las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 842/2006. Los sistemas móviles de refrigeración y aire acondicionado dejan de estar regulados por la Orden modificada. Por lo que respecta a las aplicaciones fijas, la prohibición se aplica únicamente a pequeños aparatos en unidades con una carga refrigerante igual o inferior a 150 g y a equipos autónomos con una carga refrigerante igual o superior a 20 kg. En el caso de las demás aplicaciones, se definen parámetros técnicos que garantizan que no se utilice una cantidad de refrigerantes mayor que la necesaria de acuerdo con los conocimientos actualmente disponibles. También se han introducido modificaciones respecto a los aerosoles que contienen HFC y al uso de hexafluoruro de azufre, con el fin de ajustarlos a la normativa comunitaria.

(16)

Por carta de 1 de agosto de 2007, la Comisión acusó recibo de la notificación a las autoridades austriacas y les informó de que el plazo de seis meses de que disponía para examinarla, tal como establece el artículo 95, apartado 6, había dado comienzo el 30 de junio de 2007, día siguiente al de la recepción de la notificación.

(17)

Por carta de 12 de octubre de 2007, la Comisión informó a los demás Estados miembros de la notificación y les concedió un plazo de 30 días para que presentaran sus eventuales observaciones. La Comisión publicó asimismo una comunicación relativa a la notificación en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2), con objeto de informar a otros posibles interesados sobre las disposiciones nacionales de Austria, así como sobre los motivos aducidos a tal efecto.

(18)

La presente notificación ha sido examinada a la luz del artículo 95, apartados 4 y 5, del Tratado CE y de acuerdo con el Reglamento (CE) no 842/2006.

(19)

El artículo 95, apartado 4, se refiere a los casos en que, tras la adopción de una medida de armonización, un Estado miembro considera necesario mantener disposiciones nacionales justificadas por alguna de las razones importantes previstas en el artículo 30 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente.

(20)

Sin embargo, dado que las medidas adoptadas en 2002 han sido modificadas en 2007, es conveniente examinar si el artículo 95, apartado 5, se aplica a las disposiciones de la Orden que fueron modificadas tras la adopción del Reglamento (CE) no 842/2006. En caso de que tales disposiciones hayan modificado el contenido de las disposiciones promulgadas antes de la medida de armonización, debían haber sido notificadas a la Comisión antes de la adopción y justificadas sobre la base de nuevas pruebas científicas, debido a la existencia de un problema específico de dicho Estado miembro surgido con posterioridad a la adopción de la medida de armonización.

(21)

Del análisis del acto modificativo se desprende que las modificaciones introducidas en 2007 tienen como objetivo suprimir disposiciones (artículos 10 y 12 de la Orden modificativa), reducir su ámbito de aplicación a aplicaciones o productos más específicos sin añadir nuevos requisitos (puntos 1, 3 y 10 de la Orden modificativa), o introducir nuevas posibilidades de exención a las restricciones impuestas por la Orden de 2002 (artículos 6 y 7 de la Orden modificativa). Se han introducido, además, referencias al Reglamento (CE) no 842/2006 y una serie de requisitos explícitos que tienen en cuenta las medidas de armonización (artículos 1, 8 y 9 de la Orden modificativa).

(22)

No se ha detectado ninguna medida que haya modificado el contenido de las disposiciones promulgadas antes de la adopción de la medida de armonización mediante la introducción de restricciones suplementarias. Por consiguiente, esta modificación no ha establecido nuevas medidas que deban considerarse más estrictas que el Reglamento (CE) no 842/2006, sino que reduce su incidencia en el mercado interior. Es conveniente por lo tanto aplicar el artículo 95, apartado 4, a efectos de la evaluación de todas las disposiciones de la Orden, incluidas las modificadas en 2007.

(23)

Sin embargo, la Orden sigue incluyendo disposiciones más estrictas que el Reglamento (CE) no 842/2006, ya que impone la prohibición de la importación, la venta y el uso de nuevos productos que contienen gases fluorados después del 1 de enero de 2006, así como la prohibición de la importación, la venta y el uso de gases fluorados nuevos o recuperados, después de dicha fecha, mientras que el Reglamento impone una prohibición menos restrictiva de la comercialización, ya que solo se aplica a los productos enumerados en su anexo II. El Reglamento solo impone además restricciones al uso de SF6, mientras que la medida austriaca controla también el uso de los HFC y PFC. Al ampliar las prohibiciones en materia de comercialización y control del uso, la Orden es más estricta que la normativa actualmente vigente a nivel comunitario.

(24)

La República de Austria aduce que la referida legislación es necesaria para permitirle cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Protocolo de Kioto, a saber, la reducción en un 13 % de aquí a 2012 del total de emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el nivel de 1990, lo que, posiblemente, exige un esfuerzo concertado por controlar todas las fuentes de emisión de dichos gases.

(25)

La compatibilidad de las medidas se examina sobre la base del artículo 95, apartados 4 y 6, teniendo en cuenta el Reglamento (CE) no 842/2006. Según el artículo 95, apartado 4, la notificación debe ir acompañada de una descripción de los motivos relativos a una o varias de las razones importantes previstas en el artículo 30 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente.

(26)

A la luz de lo anteriormente expuesto, la Comisión considera que la solicitud presentada por la República de Austria con vistas a obtener la autorización de mantener sus disposiciones nacionales sobre determinados gases industriales de efecto invernadero es admisible con arreglo al artículo 95, apartado 4, del Tratado CE.

(27)

De conformidad con el artículo 95, apartados 4 y 6, párrafo primero, del Tratado CE, la Comisión debe comprobar si se cumplen todas las condiciones que permiten a un Estado miembro mantener disposiciones nacionales que constituyan una excepción a una medida de armonización comunitaria prevista en ese mismo artículo. En particular, las disposiciones nacionales deben justificarse por alguna de las razones importantes contempladas en el artículo 30 del Tratado o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente, no debe tratarse de un medio de discriminación arbitraria ni de una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros ni deben constituir un obstáculo al funcionamiento del mercado interior desproporcionado o innecesario.

(28)

Al examinar si las medidas nacionales notificadas con arreglo al artículo 95, apartado 4, están justificadas, la Comisión debe basarse en los motivos aducidos por el Estado miembro que ha presentado la notificación. Ello significa que, con arreglo a las disposiciones del Tratado CE, la responsabilidad de demostrar que esas medidas están justificadas incumbe al Estado miembro que desea mantenerlas.

(29)

Para justificar el mantenimiento de sus disposiciones nacionales, las autoridades austriacas alegan el compromiso suscrito por la República de Austria en el marco del Protocolo de Kioto. La adopción de la Orden contribuye al cumplimiento del compromiso de Austria de reducir las emisiones de aquí a 2012 en un 13 % por debajo del nivel de 1990, lo que corresponde a un nivel máximo de las emisiones de 67 millones de toneladas de equivalentes de CO2.

(30)

Austria ha presentado un estudio de mayo de 2006 titulado «Examen del estado de la técnica en ámbitos específicos de aplicación de gases fluorados con un potencial de calentamiento atmosférico». Según este estudio, los gases fluorados objeto de la Orden representan más del 2 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de Austria desde 2003 y, según las previsiones, esta cifra se va a duplicar de aquí a 2010, aproximadamente. Por consiguiente, la Orden forma parte integrante de la estrategia nacional sobre el clima.

(31)

El Gobierno austriaco considera que la finalidad de la Orden es proteger el medio ambiente, y que es necesaria y proporcionada en términos de prevención y reducción de las emisiones de gases fluorados. En su opinión, pues, es compatible con el Tratado.

(32)

Tras examinar la información presentada por Austria, la Comisión considera que la solicitud de mantener medidas más estrictas que las establecidas en el Reglamento (CE) no 842/2006, especialmente como consecuencia de la armonización de las mismas con el citado Reglamento, puede considerarse compatible con el Tratado por las razones que se exponen a continuación.

(33)

La Orden no 447/2002 fue objeto de un procedimiento de infracción iniciado por la Comisión en 2004, es decir, antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 842/2006. En la carta de emplazamiento enviada a Austria, la Comisión señalaba que la prohibición de los HFC en los sistemas de refrigeración y acondicionamiento de aire podía considerarse desproporcionada, ya que se trata de sistemas cerrados y, siempre que se pueda garantizar un funcionamiento, mantenimiento y reciclado adecuados, se pueden mantener a niveles mínimos las emisiones de HFC.

(34)

Dicho procedimiento estaba basado en los artículos 28 a 30 del Tratado CE. Tras la adopción del Reglamento (CE) no 842/2006 y la notificación por parte de Austria de medidas nacionales más estrictas en virtud del artículo 9, apartado 3, del citado Reglamento, se archivó el procedimiento de infracción.

(35)

En la carta de emplazamiento, la Comisión opinaba que las medidas austriacas podían ser contrarias al artículo 28 del Tratado por las razones siguientes: en primer lugar, la prohibición del uso de HFC como agentes de refrigeración y congelación no parece proporcionada ni necesaria para garantizar la reducción adecuada, por medios razonables y eficaces, de las emisiones de gases de efecto invernadero con vistas a la protección del medio ambiente. En segundo lugar, por lo que respecta al uso de los HFC como agentes de extinción, la Comisión consideraba que el potencial de calentamiento atmosférico previsto en la Orden podía constituir una discriminación arbitraria con respecto a los productos de otros Estados miembros.

(36)

Estas cuestiones se tuvieron en cuenta en la Orden modificativa no 139/2007. A raíz de la modificación de la Orden en 2007, se levantaron y flexibilizaron algunas de las prohibiciones, por lo que las medidas notificadas no constituirán un obstáculo al funcionamiento del mercado interior, de conformidad con el artículo 95, apartado 6, del Tratado CE.

(37)

Por lo que respecta al uso de los HFC en los aparatos y aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado, la prohibición revisada ya no se aplica a los aparatos destinados al enfriamiento de ordenadores, independientemente de la carga, a los aparatos cuya carga oscile entre 150 g y un máximo de 20 kg, a las unidades autónomas con una carga refrigerante de hasta 20 kg, a las unidades compactas con una carga de 0,5 kg por kw ni a las grandes unidades fijas interconectadas con una carga de hasta 100 kg. La prohibición no se aplica por lo tanto a la mayoría de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Estas modificaciones tienen en cuenta el estudio de mayo de 2006 presentado a la Comisión. La prohibición del uso de los HFC como agentes de extinción fue levantada en el contexto de la revisión.

(38)

Con arreglo al Protocolo de Kioto, la CE se ha comprometido a reducir conjuntamente en el período 2008-2012 las emisiones de gases de efecto invernadero de sus Estados miembros un 8 %, como mínimo, por debajo de los niveles registrados en 1990. Durante los debates mantenidos posteriormente en la CE, la República de Austria se comprometió a reducir su nivel global de emisiones de gases de efecto invernadero un 13 % durante ese período (3).

(39)

La Orden forma parte de una estrategia más amplia implantada por Austria, con el fin de cumplir su objetivo de reducción de las emisiones en el marco del Protocolo de Kioto y el posterior acuerdo sobre el reparto de la carga adoptado a escala comunitaria.

(40)

Esta estrategia abarca todas las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero reguladas por el Protocolo de Kioto. Las medidas relativas a los gases fluorados forman parte por lo tanto del esfuerzo global realizado por Austria para cumplir sus obligaciones. Según las previsiones, las emisiones de estos gases se van a duplicar de aquí a 2010, a falta de nuevas medidas, debido a una mayor utilización de la refrigeración y también como consecuencia del abandono progresivo de los HCFC en el sector de la refrigeración, en virtud del Reglamento (CE) no 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (4).

(41)

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Comisión considera razonable y válida la justificación medioambiental proporcionada por Austria, a saber, la reducción y prevención de las emisiones de gases fluorados.

(42)

Con objeto de reducir y prevenir aún más las emisiones de gases fluorados, Austria decidió optar ya en 2002 por la prohibición selectiva de la comercialización de aparatos nuevos. Dicha decisión se basó en investigaciones destinadas a comprobar la existencia y disponibilidad de alternativas sin gases fluorados. Las medidas fueron revisadas posteriormente, concretamente en 2006, con el fin de tener en cuenta los nuevos datos y avances científicos y tecnológicos y responder a las preocupaciones de la Comisión en lo que atañe a su proporcionalidad.

(43)

No hay que olvidar, tampoco, que el artículo 9, apartado 3, letra a), del Reglamento (CE) no 842/2006 permite el mantenimiento de medidas nacionales únicamente hasta el 31 de diciembre de 2012 y, por consiguiente y habida cuenta de que la notificación de la República de Austria hace referencia a ese artículo del Reglamento, cabe deducir que la Orden se aplicará durante un tiempo limitado.

(44)

La Orden contempla la posibilidad de conceder exenciones en caso de que no se disponga de alternativas a los HFC en espumas y productos que contienen espuma. También se han ampliado las exenciones relativas al uso de los HFC en los aerosoles innovadores destinados a la exportación.

(45)

Pese a que la Orden tiene implicaciones para la libre circulación de mercancías en la CE, la Comisión concluye, de todo lo anteriormente expuesto, que está justificada desde el punto de vista medioambiental y que tiene en cuenta las consecuencias de las prohibiciones previstas sobre el mercado interior, ya que se basa en un análisis de la existencia y disponibilidad de alternativas en el caso específico de Austria y contempla además la posibilidad de conceder exenciones individuales.

(46)

De conformidad con el artículo 95, apartado 6, del Tratado CE, la Comisión debe aprobar o rechazar las disposiciones nacionales mencionadas después de haber comprobado si se trata o no de un medio de discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros.

(47)

Conviene recordar que las solicitudes presentadas con arreglo al artículo 95, apartado 4, del Tratado CE tienen que evaluarse a la luz de las condiciones expuestas tanto en ese apartado como en el apartado 6 de dicho artículo. Si no se cumple alguna de esas condiciones, la solicitud debe desestimarse sin que sea preciso examinar las demás condiciones.

(48)

Las disposiciones nacionales notificadas son de carácter general y se aplican de igual modo a los productos nacionales y a los productos importados. Una vez adaptadas las normas relativas al uso de los HFC a las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 842/2006, no hay ninguna prueba de que las disposiciones nacionales notificadas puedan utilizarse como medio de discriminación arbitraria entre agentes económicos comunitarios.

(49)

En lo que atañe a la limitación de las adquisiciones procedentes de otros Estados del EEE, incluidos los Estados miembros de la Unión Europea, se entiende que dichas disposiciones tienen como objetivo garantizar, dentro del ámbito de aplicación de las medidas, la igualdad de trato entre todas las sustancias o productos, independientemente de su origen, es decir, tanto los de fabricación nacional como los importados o adquiridos en el mercado interior. Las disposiciones relativas a la comercialización se aplican a las mercancías importadas en el EEE. Tales disposiciones se aplican también a las mercancías adquiridas en un Estado del EEE no miembro de la UE, por lo que, en el caso de estas mercancías, las medidas se basan en dos elementos distintos de la disposición, ya que la transacción representa al mismo tiempo la comercialización y la adquisición en un Estado del EEE. Sin embargo, ello no debería dar lugar a un trato discriminatorio de estas mercancías.

(50)

El objetivo de la Orden es la protección del medio ambiente y nada indica que, en su intención o aplicación, vaya a producir ninguna discriminación arbitraria ni obstáculos encubiertos al comercio.

(51)

La Comisión considera que no hay ninguna prueba que demuestre que las disposiciones nacionales notificadas por las autoridades austriacas constituyan un obstáculo desproporcionado al funcionamiento del mercado interior en comparación con los objetivos que se pretende alcanzar.

(52)

En vista de lo anteriormente expuesto, la Comisión considera admisible la solicitud de la República de Austria, presentada el 29 de junio de 2007, de mantener hasta el 31 de diciembre de 2012 su legislación nacional más estricta que el Reglamento (CE) no 842/2006, en relación con la comercialización de productos y aparatos que contienen gases fluorados o cuyo funcionamiento depende de los mismos.

(53)

Además, la Comisión constata que las disposiciones nacionales modificadas en 2007:

Por consiguiente, la Comisión considera que pueden mantenerse.

No obstante, cabe señalar que las exenciones previstas en el apartado 8, punto 2, de la Orden no podrán concederse después del 4 de julio de 2008 en lo que atañe a las espumas de un solo componente mencionadas en el artículo 9, apartado 1, y el anexo II del Reglamento (CE) no 842/2006, salvo si su utilización es necesaria para cumplir las normas de seguridad nacionales.

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(1)

El 29 de junio de 1998, el Consejo adoptó la Posición Común 98/409/PESC (1) sobre Sierra Leona a fin de aplicar las medidas impuestas por la Resolución 1171 (1998) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU).

(2)

El 21 de diciembre de 2007, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1793 (2007) en la que se prevé una excepción a las medidas impuestas por el apartado 5 de la RCSNU 1171 (1998). La Posición Común 98/409/PESC debe ser modificada en consecuencia.