—

En virtud del artículo 263 TFUE, anule la Decisión n.o SRB/ES/2023/23 de 2 de mayo de 2023 sobre el cálculo de las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución para 2023 en la medida en que se refiera a las demandantes.

—

En virtud del artículo 277 TFUE, declare que las siguientes disposiciones del Reglamento n.o 806/2014, (1) del Reglamento de Ejecución (2) y del Reglamento Delegado (3) son inaplicables:

—

Artículos 69, apartados 1 y 2, y 70, apartados 1 y 2, letras a) y b), del Reglamento n.o 806/2014.

—

Artículos 4, apartado 2, 5, 6, 7 y 20 y anexo I del Reglamento Delegado.

—

Artículo 4 del Reglamento de Ejecución.

—

Condene a la parte demandada a cargar con la totalidad de las costas.

1.

Primer motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad de trato en la medida en que el método de cálculo de las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución (FUR) previsto por el Reglamento n.o 806/2014 y el Reglamento Delegado no reflejan la dimensión real, ni el riesgo real de las entidades, lo que llevaría a tratarlas del mismo modo que a otras entidades que presentan, sin embargo, características diferentes.

2.

Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad, al basarse el mecanismo de las aportaciones ex ante al FUR previsto por el Reglamento n.o 806/2014 y el Reglamento Delegado en una apreciación que agrava de modo artificial el perfil de riesgo de las entidades francesas de mayor tamaño, lo que implica un importe de aportación desproporcionadamente elevado respecto del riesgo realmente generado por esas entidades.

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración del principio de seguridad jurídica, ya que el cálculo del importe de las aportaciones ex ante establecido por el Reglamento n.o 806/2014, el Reglamento Delegado y el Reglamento de Ejecución no permite a las entidades bancarias anticipar y controlar con una precisión satisfactoria el importe de la aportación que se les impondrá.

4.

Cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de buena administración, incluida la obligación de motivación, en la medida en que la Decisión impugnada no tuvo debidamente en cuenta todos los indicadores de riesgo. Se aduce, además, que esa facultad conferida a la JUR de tener en cuenta o no esos criterios, con arreglo al artículo 20 del Reglamento Delegado, es ilegal.

5.

Quinto motivo, basado en la comisión de un error de Derecho por lo que respecta a la fijación del coeficiente de ajuste. Las demandantes alegan un error de Derecho ya que la JUR, que se basó en una interpretación errónea de varias disposiciones del Reglamento n.o 806/2014, estableció un nivel fijado como objetivo anual más allá del límite del 12,5 % del nivel fijado como objetivo final impuesto por el artículo 70 de dicho Reglamento. Las demandantes estiman que, en todo caso, dichas disposiciones están intrínsecamente viciadas.

6.

Sexto motivo, basado en la comisión de un error de Derecho en lo que respecta a la utilización restringida de los compromisos de pago irrevocables (en lo sucesivo, «CPI»). Las demandantes invocan un error de Derecho dado que, a su parecer, la JUR se basa en una interpretación errónea de las disposiciones que enmarcan el recurso a los CPI para, por un lado, limitar la parte de CPI por debajo del umbral del 30 % de las aportaciones ex ante, sin tener la competencia para ello, y para, por otro lado, limitar el tipo de garantía únicamente al efectivo, eliminando así el efecto útil de estas disposiciones.

7.

Séptimo motivo, basado en la comisión de un error manifiesto de apreciación. Las demandantes sostienen a este respecto que los riesgos de efectos procíclicos y de liquidez invocados por la JUR para limitar el recurso a los CPI son infundados, habida cuenta, en particular, de las características propias de los CPI y del contexto de su utilización.

8.

Octavo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación. Las demandantes aducen que la Decisión impugnada no justifica de manera precisa y detallada la necesidad, por una parte, de fijar el límite máximo de recurso a los CPI en un 22,5 % y, por otra parte, de aceptar únicamente como garantía el dinero en efectivo.