—

Anule la sentencia del Tribunal General de 6 de diciembre de 2018 en el asunto T-665/17.

—

Resuelva definitivamente con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 (1) o, con carácter subsidiario, que devuelva el asunto al Tribunal General.

—

Condene a la EUIPO y a las otras partes en la casación a cargar con sus propias costas y con las de la recurrente en el presente procedimiento y en el procedimiento ante el Tribunal General en el asunto T-665/17.

1.

Infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001.

2.

No motivó su conclusión de que la marca anterior alegada por coadyuvante («marca anterior») tenía un carácter distintivo incrementado por lo que respecta a «negocios financieros, negocios monetarios, negocios bancarios».

3.

Desnaturalizó los hechos en su valoración de la marca anterior y de la marca controvertida y en su mencionada conclusión de que existía un carácter distintivo incrementado.

1.

El Tribunal General tuvo en cuenta el renombre de la marca anterior en la primera fase de la valoración de la similitud entre las marcas y al llevar a cabo la valoración global del riesgo de confusión, lo que constituía un enfoque incorrecto y dio lugar a una «doble contabilización» ilícita.

2.

El Tribunal General incurrió en error al tratar la marca anterior y la marca controvertida como si fueran en esencia marcas denominativas, sin tener suficientemente en cuenta su índole figurativa, lo que afectó negativamente a la valoración de las similitudes visuales o fonéticas de las marcas en cuestión y la importancia que debía concederse a cada una.

3.

El Tribunal General incurrió en una serie de errores relativos a la identificación de los servicios de la clase 36, respecto de los cuales sostuvo que la marca anterior tenía un renombre y, por tanto, un carácter distintivo.

4.

Como resultado tanto de los anteriores errores como de no haber tenido en cuenta otros factores relevantes, el Tribunal General no llevó a cabo una valoración global adecuada del riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca controvertida.

1.

Anule íntegramente la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Cuarta) de 4 de diciembre de 2018 en el asunto T-560/16.

2.

Con arreglo a lo solicitado por el demandante en dicho procedimiento, anule la resolución de la EUIPO (entonces, OAMI) de 2 de octubre de 2014 por la que se le traslada del Departamento de Cooperación Internacional y Asuntos Jurídicos al Departamento de Operaciones.

Subsidiariamente, tras la anulación de la sentencia antes citada, devuelva el asunto al Tribunal General.

3.

Condene a la EUIPO a cargar con las costas tanto del procedimiento ante el Tribunal General como del procedimiento en casación ante el Tribunal de Justicia.

1)

Si el artículo 1.2 de la Directiva 2008/118/CE (1) debe interpretarse en el sentido de que se opone y contradice un impuesto nominalmente directo como el IVPEE [Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica] que, atendiendo a su verdadera naturaleza, resulta ser un impuesto indirecto sin finalidad específica, con exclusiva voluntad recaudatoria, sin que la calificación que le atribuya el Derecho nacional pueda primar sobre la interpretación del derecho de la UE, que se rige por los objetivos propios de ese ordenamiento jurídico y en función de las características objetivas del gravamen

2)

Si pese a la calificación del IVPEE como impuesto medioambiental, este tributo persigue una esencial finalidad recaudatoria, gravando de la misma forma actividades de producción y de incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica con independencia de su intensidad e incidencia sobre el medioambiente, con infracción de los arts. 1,3, apartados 1, 2 y 3.a), en relación este último con el artículo 2.k), de la Directiva 2009/28/CE (2).

3)

Si debe interpretarse que el principio de libre competencia y del fomento de la energía de fuentes renovables se opone al IVPEE, en la medida que concede el mismo tratamiento fiscal a la energía procedente de fuentes no renovables que a la que procede de fuentes renovables, con discriminación de estas y con vulneración del sistema de apoyo previsto en el artículo 2.k) y concordantes de la Directiva 2009/28/CE.

4)

Por último, si el citado principio de libre competencia y los arts. 32, 33 y 34 (CAPÍTULO VIII, ORGANIZACIÓN DEL ACCESO A LA RED) de la Directiva 2009/72/CE (3) se oponen al IVPEE, por considerar que permite una discriminación positiva a los productores no nacionales de energía eléctrica, en perjuicio de los productores españoles, con distorsión del mercado interior de la energía eléctrica y del acceso a la red.

1)

¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE, la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, (1) y la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, (2) en el sentido de que se oponen a una norma nacional que, en caso de incumplimiento de obligaciones formales aplicables en materia de empleo transfronterizo de mano de obra —como la falta de puesta a disposición de la documentación relativa a los salarios o la falta de declaración ante el Servicio Central de Coordinación—, establece multas muy elevadas, en particular, multas mínimas muy elevadas que pueden imponerse de forma acumulativa a cada trabajador afectado?

2)

En caso de que no se responda de forma afirmativa a la primera cuestión:

¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE, la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, en el sentido de que se oponen, en caso de incumplimiento de obligaciones formales aplicables en materia de empleo transfronterizo de mano de obra, a que puedan imponerse multas acumulativas sin un límite máximo absoluto?

1)

¿Deben interpretarse los artículos 7, 8 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en relación, en su caso, con el artículo 47 de dicha Carta en el sentido de que se oponen a la legislación nacional de un Estado miembro que, en el régimen procesal en materia de intercambio de información previa solicitud establecido, en particular, para transponer la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/99/CEE, (1) excluye cualquier recurso —en particular judicial— por parte del tercero poseedor de la información contra la resolución por la que la autoridad competente de dicho Estado miembro le obliga a facilitar información para tramitar una solicitud de intercambio de información procedente de otro Estado miembro?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿deben interpretarse el artículo 1, apartado 1, y el artículo 5 de la Directiva 2011/16, en su caso, teniendo en cuenta la naturaleza evolutiva de la interpretación del artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, en el sentido de que una solicitud de intercambio de información, junto con un requerimiento de la autoridad competente del Estado miembro requerido que la tramita, cumplen el criterio de la existencia manifiesta de pertinencia previsible si el Estado miembro requirente indica la identidad del contribuyente afectado, el periodo al que se refiere la investigación en el Estado miembro requirente y la identidad del poseedor de la información mencionada, aun cuando solicita información referida a los contratos y a las facturas y pagos relativos a los mismos no especificados pero delimitados por criterios que guardan relación, en primer lugar, con el hecho de que fueron celebrados por el poseedor identificado de la información, en segundo lugar, con su aplicabilidad durante los ejercicios tributarios a los que se refiere la investigación de las autoridades del Estado requirente y, en tercer lugar, con su vínculo con el contribuyente afectado identificado?

1)

¿Deben interpretarse los artículos 7, 8 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en relación, en su caso, con el artículo 47 de dicha Carta en el sentido de que se oponen a la legislación nacional de un Estado miembro que, en el régimen procesal en materia de intercambio de información previa solicitud establecido, en particular, para transponer la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/99/CEE, (1) excluye cualquier recurso —en particular judicial— por parte del contribuyente al que se refiere la investigación en el Estado miembro requirente y del tercero afectado contra la resolución por la que la autoridad competente de dicho Estado miembro obliga al poseedor de la información a facilitar información para tramitar una solicitud de intercambio de información procedente de otro Estado miembro?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿deben interpretarse el artículo 1, apartado 1, y el artículo 5 de la Directiva 2011/16, en su caso, teniendo en cuenta la naturaleza evolutiva de la interpretación del artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, en el sentido de que una solicitud de intercambio de información, junto con un requerimiento de la autoridad competente del Estado miembro requerido que la tramita, cumplen el criterio de la existencia manifiesta de pertinencia previsible si el Estado miembro requirente indica la identidad del contribuyente afectado, el periodo al que se refiere la investigación en el Estado miembro requirente y la identidad del poseedor de la información mencionada, aun cuando solicita información referida a las cuentas bancarias y a los activos financieros no especificados pero delimitados por criterios que guardan relación, en primer lugar, con el hecho de que se hallan en poder del poseedor identificado de la información, en segundo lugar, con los ejercicios tributarios a los que se refiere la investigación de las autoridades del Estado requirente y, en tercer lugar, con su vínculo con el contribuyente afectado identificado?

—

Declarar que la República de Chipre ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, 4, 10 y 15 y del anexo I, puntos B y D, de la Directiva 91/271/CEE (1)sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas:

—

al no haber dotado de una sistema colector de aguas residuales urbanas a 31 aglomeraciones urbanas (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou y Pyrgos), como exigen el artículo 3 y el anexo I, punto A, de la Directiva; y

al no haber garantizado que, en estas mismas aglomeraciones urbanas, las aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente, como exigen los artículos 4, 10 y 15 y el anexo I, puntos B y D, de la Directiva.

—

Condenar en costas a la República de Chipre.

1.

En ausencia de un sistema colector integrado y operativo, la República de Chipre no se ha ajustado al plazo del 31 diciembre 2012 fijado por la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (prorrogado por el Tratado de Adhesión de la República de Chipre a la Unión Europea), por lo que se refiere a la recogida (artículo 3) y, por tanto, al tratamiento secundario de las aguas residuales urbanas (artículo 4), y a las infraestructuras y a los controles que conlleva dicho tratamiento (artículos 10 y 15), en 4 aglomeraciones urbanas que tienen más de 10 000 equivalentes habitante.

2.

En ausencia de un sistema colector integrado y operativo, la República de Chipre no se ha ajustado al plazo del 31 diciembre 2012 fijado por la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (prorrogado por el Tratado de Adhesión de la República de Chipre a la Unión Europea), por lo que se refiere a la recogida (artículo 3), y por tanto, al tratamiento secundario de las aguas residuales urbanas (artículo 4), y a las infraestructuras y los controles que conlleva dicho tratamiento (artículos 10 y 15), en 27 aglomeraciones urbanas que tienen entre 2 000 y 10 000 equivalentes habitante.

1)

¿Deben interpretarse el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y el principio de efectividad, al menos en lo que concierne a un ordenamiento jurídico nacional que, a fin de garantizar la independencia e imparcialidad de los tribunales, consagra en su Constitución un derecho fundamental a la asignación judicial de causas con arreglo a unas reglas generales de reparto fijas y preestablecidas, en el sentido de que el legislador debe asegurar que dicha garantía, con categoría de derecho fundamental, sea efectiva y no meramente teórica?

2)

¿Deben interpretarse el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, y el principio de efectividad, al menos en lo que concierne a un ordenamiento jurídico nacional que, a fin de garantizar la independencia e imparcialidad de los tribunales, consagra en su Constitución un derecho fundamental a la asignación judicial de causas con arreglo a unas reglas generales de reparto fijas y preestablecidas, en el sentido de que un juez que tenga reservas 1) acerca de la legalidad del reparto judicial interno de causas o 2) acerca de la legalidad de una decisión judicial interna (en particular, la decisión de asignación de causas) que lleva a efecto el reparto judicial interno de causas y que afecta directamente a la actividad de dicho juez, debe poder interponer, en vista de tales reservas, un recurso (que no implique una carga, en particular financiera, para dicho juez) ante otro órgano jurisdiccional que tenga plenas facultades de control para examinar la legalidad del acto considerado contrario a Derecho?

En caso de respuesta negativa: ¿Existen otros requisitos que deba garantizar el legislador para asegurar que un juez está en condiciones de lograr que el cumplimiento de los requisitos legales que le conciernen, relativos al cumplimiento de los requisitos legales (en particular, de los requisitos judiciales internos) en materia de asignación de causas, se ajuste a Derecho?

3)

¿Deben interpretarse el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, y el principio de efectividad, al menos en lo que concierne a un ordenamiento jurídico nacional que, a fin de garantizar la independencia e imparcialidad de los tribunales, consagra en su Constitución un derecho fundamental a la asignación judicial de causas con arreglo a unas reglas generales de reparto fijas y preestablecidas, en el sentido de que una parte procesal que tenga reservas 1) acerca de la legalidad de la determinación prejudicial del reparto judicial interno de causas para la tramitación de su litigio o 2) acerca de la legalidad de la asignación de dicho litigio a un juez determinado debe poder interponer, en vista de tales reservas, incluso antes de que se dicte la decisión judicial, un recurso (que no implique una carga financiera excesiva para dicha parte procesal) ante otro órgano jurisdiccional que tenga plenas facultades de control para examinar la legalidad del acto considerado contrario a Derecho?

En caso de respuesta negativa: ¿Existen otros requisitos que deba garantizar el legislador para asegurar que, incluso antes de que se dicte la decisión judicial, una parte procesal puede lograr que la observancia de su derecho fundamental al «juez legal» se ajuste a Derecho?

4)

¿Deben interpretarse el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, y el principio de efectividad, al menos en lo que concierne a un ordenamiento jurídico nacional que, a fin de garantizar la independencia e imparcialidad de los tribunales, consagra en su Constitución un derecho fundamental a la asignación judicial de causas con arreglo a unas reglas generales de reparto fijas y preestablecidas, en el sentido de que el reparto judicial interno de causas y el registro judicial interno de entrada de documentos deben estar configurados de forma tan transparente y lógica que el juez o una parte procesal pueda verificar, sin especial esfuerzo, la conformidad de la asignación concreta de una causa a un juez o a una sala determinada con lo exigido por la distribución judicial interna de causas?

En caso de respuesta negativa: ¿Existen otros requisitos que el legislador deba garantizar para asegurar que un juez o una parte procesal está en condiciones de averiguar si una determinada asignación de una causa judicial se ajusta a Derecho?

5)

¿Deben interpretarse el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, y el principio de efectividad, al menos en lo que concierne a un ordenamiento jurídico nacional que, a fin de garantizar la independencia e imparcialidad de los tribunales, consagra en su Constitución un derecho fundamental a la asignación judicial de causas con arreglo a unas reglas generales de reparto fijas y preestablecidas, en el sentido de que las partes procesales y el juez de un procedimiento judicial deben estar en condiciones de comprender, sin especial esfuerzo por su parte, el contenido de las reglas de reparto de las causas, así como de que las partes procesales y el juez deben estar de este modo en condiciones de examinar la legalidad de la asignación de una causa a un juez o a una sala determinada?

En caso de respuesta negativa: ¿Existen otros requisitos que el legislador deba garantizar para asegurar que un juez o una parte procesal está en condiciones de averiguar si una determinada asignación de una causa judicial se ajusta a Derecho?

6)

¿Qué obligaciones de actuación tiene un juez que se ve compelido, por un acto jurídico (judicial o no) que no puede impugnar, a actuar de un modo que infringe el Derecho de la Unión y que vulnera los derechos de las partes del procedimiento, teniendo en cuenta la obligación que le impone el Derecho de la Unión de cumplir los requisitos procedimentales que establece ese mismo ordenamiento?

—

Devuelva el recurso al Tribunal General para que se pronuncie sobre el mismo de conformidad con las consideraciones del Tribunal de Justicia.

—

Ordene que, a más tardar el 12 de abril de 2019 (u otra fecha a la que el período contemplado en el artículo 50 TFUE pueda ampliarse)

—

Ordene que las partes tengan libertad para solicitar al Tribunal General instrucciones de modo oportuno.

—

Condene a la Comisión al pago de las costas del recurrente.

—

Declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 1, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 23 de abril de 2015, en el asunto C-149/14, Comisión/República Helénica. (1)

—

Obligue a la República Helénica a abonar la cantidad pecuniaria propuesta de 23 753,25 euros por cada día de retraso en el cumplimiento de la sentencia dictada en el asunto C-149/14, desde el día en que se dicte la sentencia en el presente asunto hasta el día en que se cumpla la sentencia dictada en el asunto C-149/14.

—

Obligue a la República Helénica a abonar la cantidad a tanto alzado sobre la base de la cantidad de 2 639,25 euros por día, desde el día en que se dictó la sentencia en el asunto C-149/14 hasta la fecha en que se dicte la sentencia en el presente asunto o la fecha de ejecución de la sentencia C-149/14, si se produce con anterioridad, y si la anterior cantidad no lo supera, le condene al pago como mínimo de la cantidad a tanto alzado de 1 310 000 euros.

—

Condene en costas a la República Helénica.

1.

Con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 1, la República Helénica está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto C-149/14. Sin embargo, la República Helénica no adoptó todas las medidas necesarias para dar cumplimiento al fallo de la citada sentencia. En particular, la República Helénica no estableció programas de acción relativos a las zonas vulnerables caracterizadas por la presencia de masas de agua superficiales y subterráneas afectadas por contenidos de nitratos de origen agrícola. En consecuencia, la Comisión decidió interponer recurso ante el Tribunal de Justicia.

2.

Mediante su recurso, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que condene a la República Helénica al pago de una cantidad a tanto alzado de 2 639,25 euros diarios y una multa pecuniaria de 23 753,25 euros diarios. La cantidad a tanto alzado y la cantidad de la multa pecuniaria fueron calculadas teniendo en cuenta la gravedad y la duración de la infracción, así como el efecto disuasorio, junto con la capacidad de pago del Estado miembro de que se trata.

—

Declare que la República Checa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (1) al no garantizar la exposición de los certificados de eficiencia energética en los edificios con una superficie útil total superior a 500 m2 que sean frecuentados habitualmente por el público, para los que se haya expedido un certificado de eficiencia energética con arreglo al artículo 12, apartado 1, de esta misma Directiva.

—

Condene en costas República Checa.

1.

El artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2010/31/UE impone la obligación de exponer el certificado de eficiencia energética expedido con arreglo al artículo 12, apartado 1, de la Directiva, en aquellos casos en los que un edificio con una superficie útil total superior a 500 m2 sea frecuentado habitualmente por el público.

2.

Sin embargo, el Derecho checo (artículo 7a de la zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií [Ley n.o 406/2000 sobre la gestión de la energía], en su versión modificada) únicamente impone la obligación de exponer el certificado o el pasaporte de eficiencia energética para tales edificios en caso de que estén ocupados por una autoridad pública. Por tanto, el Derecho checo no impone la obligación de exponer el pasaporte de eficiencia energética en aquellas situaciones en las que tales edificios estén ocupados por entidades que no sean autoridades públicas y sean frecuentados habitualmente por el público. La legislación necesaria se halla por el momento en fase de preparación.

3.

Por tanto, la República Checa no ha garantizado la exposición de los certificados de eficiencia energética en los edificios con una superficie útil total superior a 500 m2 frecuentados habitualmente por el público para los que se haya expedido un certificado de eficiencia energética con arreglo al artículo 12, apartado 1, de la citada Directiva, por lo que ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13, apartado 2, de la referida Directiva.

1)

¿Son aplicables los artículos 56 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a una normativa nacional (un acto vinculante de aplicación general en forma de decreto municipal) que prohíbe un determinado servicio en una parte de un municipio, simplemente porque algunos de los clientes de un prestador de servicios afectado por dicha normativa pueden proceder o proceden de otro Estado miembro de la Unión Europea?

En caso afirmativo, ¿es suficiente, para que sea aplicable artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, limitarse a invocar la posible presencia de clientes de otro Estado miembro o está el prestador de servicios obligado a demostrar la prestación efectiva de servicios a clientes procedentes de otros Estados miembros?

2)

¿Es de algún modo relevante para la respuesta a la primera cuestión prejudicial que:

—

Anule la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima ampliada) de 14 de febrero de 2019 en los asuntos acumulados T-131/16 y T-263/16 Belgium and Magnetrol International/Comisión EU:T:2019:91 en la medida en que considera que la Decisión (UE) 2016/1699 de la Comisión, de 11 de enero de 2016, sobre el régimen de ayudas estatales en la forma de exención de los beneficios extraordinarios SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) aplicado por Bélgica, (1) calificó erróneamente el sistema de «beneficios extraordinarios» como régimen en el sentido del artículo 1, letra d), del Reglamento 2015/1589. (2)

—

Devuelva el asunto al Tribunal General para que este se pronuncie en las pretensiones que no fueron abordadas.

—

Reserve la decisión sobre las costas en ambas instancias.

—

Que se declare el presente recurso de casación admisible y fundado.

—

En consecuencia, que se anule la sentencia de 28 de febrero de 2019 (T-414/16).

—

Que se anule la Decisión (PESC) 2016/850 de 27 de mayo de 2016 (1) y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan a la parte recurrente.

—

Que se condene en costas al Consejo.

—

Que se declare el presente recurso de casación admisible y fundado.

—

En consecuencia, que se anule la sentencia de 28 de febrero de 2019 (T-415/16).

—

Que se anule la Decisión (PESC) 2016/850 de 27 de mayo de 2016 (1) y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan a la parte recurrente.

—

Que se condene en costas al Consejo.

—

Que se declare el presente recurso de casación admisible y fundado.

—

En consecuencia, que se anule la sentencia de 28 de febrero de 2019 (T-440/16).

—

Que se anule la Decisión (PESC) 2016/850 de 27 de mayo de 2016 (1) y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan a la parte recurrente.

—

Que se condene en costas al Consejo.

—

Declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 170 y 171 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, (1) y del artículo 5 de la Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro, (2) al negarse sistemáticamente a requerir la subsanación de los datos que faltan en las solicitudes de devolución del impuesto sobre el valor añadido y, en su lugar, denegar en esos casos directamente la solicitud cuando tal subsanación solo fuera posible una vez rebasado el plazo preclusivo del 30 de septiembre.

—

Que se condene en costas a la República Federal de Alemania.

1.

Primer motivo de recurso — Vulneración del principio de neutralidad del impuesto sobre el valor añadido

La Comisión alega que la República Federal de Alemania ha vulnerado el principio de neutralidad del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA») establecido en los artículos 170 y 171 de la Directiva 2006/112 y en el artículo 5 de la Directiva 2008/9, conforme al cual en las adquisiciones de bienes y de servicios debe liberarse al sujeto pasivo de la carga del IVA soportada en las operaciones anteriores.

El principio de neutralidad del IVA exige aprobar toda solicitud de devolución que cumpla con los requisitos materiales. Con arreglo al artículo 5, en relación con el artículo 21, párrafo primero, primera frase, de la Directiva 2008/9, en caso de duda acerca del cumplimiento de los requisitos materiales, las solicitudes de devolución solo podrán denegarse si resultan infructuosos los requerimientos de información del Estado miembro de devolución previstos en el artículo 20 de dicha Directiva.

2.

Segundo motivo de recurso — Vulneración del principio de efecto útil del derecho a solicitar la devolución del IVA

Según la Comisión, la interpretación del artículo 20, apartado 1, de la Directiva 2008/9 defendida por la República Federal de Alemania obstaculiza el ejercicio eficaz del derecho a solicitar la devolución del IVA por los sujetos pasivo no residentes en el Estado miembro de devolución. De este modo, la práctica administrativa de las autoridades tributarias alemanas vulnera los derechos de esos sujetos pasivos derivados de los artículos 170 y 171 de la Directiva 2006/112 y del artículo 5 de la Directiva 2008/9.

El efecto útil de las Directivas 2006/112 y 2008/9 exige la ejecución de las solicitudes de devolución del IVA que estén materialmente fundadas, al objeto de cumplir en la mayor medida posible con el principio de neutralidad. Ambas normas tienen por objetivo lograr, en las adquisiciones de bienes y de servicios, la liberación total de la carga del IVA soportada en las operaciones anteriores y, de este modo, su finalidad consiste en crear mayormente las mismas condiciones de competencia para todos los sujetos pasivos, también en los supuestos de operaciones transfronterizas. Con este fin deben adoptarse todas las medidas administrativas pertinentes establecidas en la Directiva para la ejecución de las solicitudes de devolución del IVA.

3.

Tercer motivo de recurso — Vulneración del principio de confianza legítima

La negativa sistemática de la República Federal de Alemania a requerir información y justificantes adicionales con arreglo al artículo 20, apartado 1, de la Directiva 2008/9 vulnera el principio de confianza legítima. Tras la recepción del acuse de recibe, todo sujeto pasivo ha de poder confiar en que su solicitud de devolución será tramitada con arreglo a lo dispuesto en dicha Directiva. Si esto no sucede, se vulnera su confianza en una tramitación legal.

1)

Anular la decisión del Parlamento Europeo de 26 de enero de 2016 por la que se deniega la solicitud de asistencia de QH, tal como ha sido confirmada por la decisión de 12 de julio de 2016, que desestima la reclamación.

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)

Cada parte cargará con sus propias costas.

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas al Reino de España.

1)

Desestimar el recurso.

2)

Scor SE cargará con sus propias costas y con las costas de la Comisión Europea y de la Caisse centrale de réassurance (CCR), incluidas aquellas en que hayan incurrido con ocasión de la solicitud de tratamiento confidencial.

3)

La República Francesa cargará con sus propias costas, incluidas aquellas en que haya incurrido con ocasión de la solicitud de tratamiento confidencial.

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar a la República Federal de Alemania a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

1)

Anular la decisión del despacho de liquidaciones del régimen común del seguro de enfermedad de Luxemburgo, que se desprende de la nota de pago no 244 de 25 de enero de 2017, por la que se exige al Sr. Francis Wattiau un importe de 843,01 euros, correspondiente al 15 % de la factura médica de 30 de mayo de 2016.

2)

El Parlamento Europeo cargará, además de con sus propias costas, con las del Sr. Wattiau.

3)

La Association des seniors de la fonction publique européenne (SFPE) cargará con sus propias costas.

1)

Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 15 de diciembre de 2017 (asunto R 3111/2014-1).

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)

Condenar en costas a la EUIPO.

1)

Acumular los asuntos T-152/18 a T-155/18 a efectos de la sentencia.

2)

Anular las resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 20 de diciembre de 2017 (asuntos R 1319/2017-4, R 1321/2017-4, R 1322/2017-4 y R 1323/2017-4).

3)

La EUIPO y Solgar Holdings, Inc., cargarán con sus propias costas y, cada una de ellas, con la mitad de las costas en que haya incurrido Sona Nutrition Ltd.

1)

Desestimar el recurso.

2)

El Sr. Steeve Briois cargará con sus propias costas y con las del Parlamento Europeo.

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas al Sr. Walter Mauritsch.

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a WP.

1)

Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 28 de marzo de 2018 (asunto R 1326/2017-5).

2)

Condenar en costas a la EUIPO.

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas al Sr. Victor Lupu.

1)

Sobreseer el recurso.

2)

Condenar Promeco NV a cargar con sus propias costas y con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

3)

Aerts NV cargará con sus propias costas.

1)

Sobreseer el recurso.

2)

Condenar a Engel GmbH y a F. Engel K/S a cargar con sus propias costas y a Engel GmbH a cargar con las costas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

1)

Sobreseer el recurso.

2)

Condenar en costas a Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH.

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)

Condenar a Rumanía a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

1)

Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2)

Reservar la decisión sobre las costas.

—

Anule la resolución impugnada y mantenga la validez del registro de la marca EUTM-013545181, tal como se produjo el 5.5.2016, respecto de todos los productos y servicios.

—

Condene a la EUIPO a cargar con las costas judiciales.

—

Improcedencia de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Inexistencia de pruebas del menoscabo del interés general.

—

Declare que, desde el 18 de diciembre de 2018, fecha de la notificación electrónica del segundo escrito de requerimiento a la demandante, la demandada ha incumplido, por omisión, su obligación de adoptar una decisión, que debía transmitirse a la demandante en su condición de denunciante, de concluir el procedimiento de examen preliminar en el asunto relativo a ayudas de Estado SA.48706 (RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH y Nordwasser GmbH), a saber, o bien una resolución de incoación del procedimiento formal de investigación o bien una decisión de no iniciarlo.

—

Condene en costas a la demandada.

—

Con carácter cautelar y subsidiario, condene en costas a la demandada en caso de que esta cese su omisión tras la interposición del recurso.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

1.

Primer motivo, basado en la interpretación errónea del artículo 150 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, en la parte relativa a la determinación de la mayoría cualificada de los productores afectados por la propuesta de regulación de la oferta.

2.

Segundo motivo, basado en la interpretación errónea del artículo 150 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, en la parte relativa a la necesitad de determinación de los presupuestos sustanciales de desequilibrios del mercado a efectos de la adopción de medidas tempestivas de regulación de la oferta y de la consiguiente adecuación de la motivación.

3.

Tercer motivo, basado en la interpretación errónea del artículo 150 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, en la parte relativa a la prohibición de planes de regulación de la oferta de contenido discriminatorio.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del segundo motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la decisión de la demandada notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), de 28 de mayo de 2018, sobre la ayuda estatal SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) de Alemania para consumidores de carga de banda, según el artículo 19 del Stromnetzentgeltverordnung (Decreto sobre tarifas de acceso a la red eléctrica; en lo sucesivo, StromNEV).

—

Condene en costas a la demandada.

—

Anule la decisión de la demandada notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), de 28 de mayo de 2018, sobre la ayuda estatal SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) de Alemania para consumidores de carga de banda, según el artículo 19 del Stromnetzentgeltverordnung (Decreto sobre tarifas de acceso a la red eléctrica; en lo sucesivo, StromNEV).

—

Condene en costas a la demandada.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión (UE) 2019/56 de la Comisión, de 28 de mayo de 2018, sobre la ayuda estatal SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) de Alemania para consumidores de carga de banda, según el artículo 19 del StromNEV [notificada con el número C(2018) 3166] (DO 2019, L 14, p. 1).

—

Condene en costas a la demandada.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene a la recurrida a cargar con las costas correspondientes al procedimiento ante el Tribunal General y al procedimiento ante la Sala de Recurso, incluidos los gastos necesarios.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción del artículo 7, apartados 1, letra c), y 2, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/67 de la Comisión, de 16 de enero de 2019. (1)

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en que la restricción del concepto de productores de la Unión Europea a aquellos productores de productos similares o directamente competidores que se fabrican usando materias primas (arroz con cáscara) producidos en la Unión Europea infringe los artículos 22, apartado 1, y 23 del Reglamento (UE) n.o 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012. (2) Con carácter subsidiario, la demandante alega que el enfoque de la demandada infringió el artículo 22, apartado 2, del Reglamento n.o 978/2012.

2.

Segundo motivo, basado en que, al basarse en datos incorrectos o inexactos o en datos que no se refieren concretamente al producto similar, la demandada no apreció adecuadamente las «dificultades considerables», en infracción del artículo 23 del Reglamento n.o 978/2012. Señala que esto hizo imposible apreciar adecuadamente si se reunían los requisitos del artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.o 978/2012 en lo que respecta al producto similar tal como se define en el artículo 22, apartado 2, del Reglamento n.o 978/2012.

3.

Tercer motivo, basado en que la demandada realizó una comparación entre los precios de importación camboyanos y los precios de la Unión Europea de tal modo que infringió los artículos 22, apartado 1, y 23 del Reglamento n.o 978/2012.

4.

Cuarto motivo, basado en que el análisis de la relación de causalidad efectuado por la demandada es contrario al artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.o 978/2012, dado que las dificultades considerables en las que se encuentra la industria de la Unión Europea no son consecuencia suficientemente directa del volumen de importaciones camboyanas y de sus precios. En la medida en que el Reglamento 2019/67 está basado en un análisis acumulativo, también es contrario al artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.o 978/2012.

5.

Quinto motivo, basado en que la demandada no desveló varios datos o consideraciones esenciales o detalles en los que se basan tales datos o consideraciones esenciales contraviniendo el artículo 17, apartados 1 a 4, del Reglamento Delegado (UE) n.o 1083/2013 de la Comisión, de 28 de agosto de 2013, (3) y el artículo 38 del Reglamento n.o 978/2012 y vulnerando el derecho de defensa de la demandante.

6.

Sexto motivo, basado en que el expediente constituido adolece de graves deficiencias y presenta importantes lagunas de información. Esto constituye una infracción del artículo 14 del Reglamento Delegado n.o 1083/2013 y del artículo 38 del Reglamento n.o 978/2012 y una vulneración del derecho de defensa de la demandante.

—

Anule la decisión del Parlamento Europeo P8_TA-PROV(2019)0137, de 12 de marzo de 2019, sobre la solicitud de suspensión de la inmunidad parlamentaria de la demandante 2018/2267(IMM), y por la que se suspende efectivamente la inmunidad de esta.

—

Condene en costas al Parlamento Europeo.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 9 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea (DO 2010, C 83, p. 266), del artículo 5, apartados 1 y 5, del Reglamento interno del Parlamento Europeo (DO 2005, L 44, p. 1) y de las comunicaciones a los miembros n.os 11/2003 y 11/2016.

2.

Segundo motivo, basado en la desviación del procedimiento, más concretamente en la infracción del artículo 43 de la comunicación a los miembros n.o 11/2016, dado que la finalidad que subyace a las actuaciones es causar un perjuicio a la actividad política de la demandante, lo que constituye un caso fumus persecutionis contra ella.

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración de los principios generales del Derecho de la Unión «ne bis in idem» y «una via electa», en una desviación de procedimiento y en una desviación de poder.

—

Anule la Decisión adoptada por la Comisión Europea el 5 de febrero de 2019 en el asunto M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall.

—

Condene a la Comisión Europea a cargar con las costas causadas por el demandante en el presente procedimiento.

1.

Primer motivo: la Comisión incurrió en errores manifiestos al fundamentar la Decisión impugnada en un concepto dudoso (lo que denominó «subclase “de gama alta”») en lugar del mercado relevante de productos de cobre laminado que la propia institución había definido.

2.

Segundo motivo: la Comisión no aportó ni definición ni delimitación clara de dicha subclase «de gama alta» en la que, sin ningún fundamento, basó su evaluación. El enfoque de la Comisión es manifiestamente erróneo y especulativo.

3.

Tercer motivo: la Comisión incurrió en errores manifiestos de apreciación al contradecir las conclusiones de la Decisión exculpatoria que la propia institución adoptó en el asunto M.8909 — KME/MKM.

4.

Cuarto motivo: la Comisión aplicó en materia de perjuicio una teoría sui generis carente de cualquier precedente y fundamento que vinculaba, incorrectamente, efectos horizontales y no horizontales y confundía las orientaciones inequívocas y estrictas que dan las Directrices sobre Concentraciones.

5.

Quinto motivo: la Comisión incurrió en errores manifiestos en su evaluación en términos de competencia de la objeción horizontal que invoca, dejando sin investigar de manera flagrante hechos evidentes a la hora de fijar el entorno competitivo del mercado relevante.

6.

Sexto motivo: la evaluación que hace la Comisión de la posibilidad que tienen los clientes de cambiar de proveedor es manifiestamente errónea.

7.

Séptimo motivo: la Comisión alega que aumentaron los precios como consecuencia de la operación, pero no aporta pruebas al respecto.

8.

Octavo motivo: la Comisión incurrió en errores manifiestos en su evaluación del cambio de control conjunto a control exclusivo en Schwermetall. Concretamente, la Comisión no procedió a realizar las investigaciones necesarias.

9.

Noveno motivo: la Comisión incurrió en errores manifiestos en su evaluación de los compromisos que ofreció el demandante.

10.

Décimo motivo: la actuación de la Comisión en el procedimiento de recurso y su gestión de la prueba de mercado son incompatibles con las garantías procedimentales.

11.

Undécimo motivo: la Comisión incurrió en vicios sustanciales de forma e incumplió las garantías procedimentales. Se negó a someter a una prueba de mercado los dos primeros compromisos y es evidente que procedió demasiado tarde a realizar una prueba de mercado.

—

Anule la decisión del Consejo recogida en un escrito al demandante de 12 de febrero de 2019 por el que se le denegó el acceso completo al documento ST 13593 2018 INIT (dictamen de la asesoría jurídica del Consejo de 25 de octubre de 2018), con arreglo al artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento 1049/2001. (1)

—

Con carácter subsidiario, condene al Consejo a dar un acceso parcial más amplio al Documento ST 13593 2018 INIT, de conformidad con el artículo 4, apartado 6, del Reglamento 1049/2001, y

—

Condene al Consejo a cargar con las costas del demandante, incluidas las costas de las eventuales partes coadyuvantes.

1.

Primer motivo, basado en un error de Derecho y en la aplicación errónea del segundo guion del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento 1049/2001.

2.

Segundo motivo, basado en un error de Derecho y la aplicación errónea del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento 1049/2001.

3.

Tercer motivo, con carácter subsidiario, basado en que, en caso de que resultaran aplicables al documento solicitado las excepciones alegadas, el Consejo infringió el artículo 4, apartado 6, del Reglamento 1049/2001, dado que resulta evidente que incumplió su obligación de dar el acceso parcial (adecuado y exigido) que debería haber dado al documento solicitado con arreglo al mencionado artículo 4, apartado 6, al denegar el acceso a toda la sección del documento relativa al análisis jurídico.

—

Anule la decisión del Parlamento Europeo de 18 de mayo de 2018, por la que se pone término al contrato de la parte demandante.

—

En caso de que sea necesario, anule la decisión del Parlamento Europeo de 4 de enero de 2019, por la que se desestimó la reclamación del demandante de 16 de agosto de 2018, notificada el 9 de enero de 2019.

—

Ordene a la parte demandada a indemnizar a la parte demandante el perjuicio moral sufrido como consecuencia de la falta cometida por la primera, y que se evalúa en 50 000 euros.

—

Condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo, basado en el incumplimiento del deber de motivación y en la inobservancia de las normas de procedimiento aplicables en caso de terminación del contrato en cuestión.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción de los artículos 12 bis y 24 del Estatuto de los funcionarios y, en relación con lo anterior, en la vulneración del derecho a que los asuntos de la parte demandada sean tratados imparcial y equitativamente, en el incumplimiento de la obligación de diligencia y en la existencia de un error manifiesto de apreciación.

—

Declare que el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/85 del Consejo, de 21 de enero de 2019, (1) y el artículo 1 de la Decisión de Ejecución (PESC) 2019/87 del Consejo, de 21 de enero de 2019, (2) no son aplicables al demandante.

—

Anule, en la medida en que se refiere al demandante, el Reglamento de Ejecución 2019/85 y la Decisión de Ejecución 2019/87 del Consejo.

—

Declare que se ha de suprimir el nombre del demandante del anexo (en su número 266) del Reglamento de Ejecución 2019/85 del Consejo y del anexo (en su número 266) de la Decisión de Ejecución 2019/87 del Consejo.

—

Condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo, basado en que la demandada no ha motivado suficiente ni sustancialmente la designación de la demandante.

2.

Segundo motivo, en el que se alega que la designación de la demandante se basa en un error manifiesto de apreciación de los hechos, en la medida en que la demandada no acreditó los hechos indicados que sustenten o sustenten presuntamente la motivación de las medidas adoptadas o en la medida en que la demandada extrajo interferencias absurdas de dichos hechos.

3.

Tercer motivo, basado en que la designación de la demandante vulnera su derecho de defensa.

4.

Cuarto motivo, en el que se alega que la designación de la demandante vulnera su derecho de propiedad, la libertad de comercio y viola el principio de proporcionalidad.

—

Anule la Decisión de la Comisión de 12 de febrero de 2019 con la referencia Ares(2019)856949, relativa a la exclusión de IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL, S.L, de los procedimientos de contratación pública y de concesión de subvenciones regidos por el Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, (1) en la medida en que excluye al consorcio Imagina/dpa o rechaza las ofertas de este.

—

Anule la decisión de la Comisión contenida en el correo de 9 de abril de 2019 con la referencia Ares(2019)2494476, en la medida en que deba considerarse que esta es la decisión por la que se excluye al consorcio de la licitación PO/2018-05/A4 o por la que se rechazan las ofertas de este.

—

Anule los actos mediante los cuales la Comisión adjudica los contratos o permite a una parte distinta del consorcio Imagina/dpa ejecutar la cobertura audiovisual de los temas de actualidad de la UE relativa a los lotes I, III y VI de la licitación.

—

Condene a la Comisión a compensar al consorcio por el perjuicio causado por aquella al impedir que este ejecute los contratos de los lotes I, III y VI.

—

Condene a la Comisión a cargar con las costas de la parte demandante.

1.

Primer motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación al no reconocer que la exclusión de Imagina Media Audiovisual, S.L., uno de los miembros del consorcio, carece de incidencia en la ejecución por parte del consorcio de los contratos relativos a los lotes I, III y VI de la licitación. La exclusión de Imagina Media Audiovisual, S.L., tampoco tiene efecto alguno en las decisiones por las que la Comisión adjudicó esos contratos al consorcio.

2.

Segundo motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación al no aplicar correctamente los documentos de la licitación. En consecuencia, la Comisión no requirió que el consorcio sustituyese a Imagina Media Audiovisual, S.L., por otra entidad que formase parte de tal consorcio, como exigían los documentos de la licitación.

3.

Tercer motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación al no aplicar correctamente el artículo 136, apartado 9, del Reglamento 2018/1046. En consecuencia, el ordenador competente de la Comisión no requirió que el consorcio sustituyese a Imagina Media Audiovisual, S.L., por otra entidad que formase parte de tal consorcio, como exigía el Reglamento 2018/1046.

4.

Cuarto motivo, basado en que la Comisión violó el derecho del consorcio a la tutela judicial efectiva y vulneró el principio de buena administración. La Comisión empleó ilícitamente su Decisión de 12 de febrero de 2019 con la referencia Ares(2019)856949, relativa a la exclusión de Imagina Media Audiovisual, S.L, o su correo de 9 de abril de 2019 con la referencia Ares(2019)2494476 para excluir al consorcio de la licitación PO/2018-05/A4.

5.

Quinto motivo, basado en que la Comisión violó el derecho del consorcio a la tutela judicial efectiva, incumplió la obligación de motivación que le incumbe y vulneró el principio de buena administración. La Comisión incurrió en errores de procedimiento y adjudicó ilícitamente los contratos relativos a los lotes I, III y VI de la licitación PO/2018-05/A4 a un licitador distinto del consorcio.

6.

Sexto motivo, basado en que la Comisión causó un perjuicio al consorcio debido a su comportamiento ilícito, como consecuencia del cual el consorcio no puede ejecutar los contratos relativos a los lotes I, III y VI de la licitación PO/2018-05/A4.

—

Anule la Decisión Ares(2019) 856949, por la que la Comisión ha impuesto a la demandante una exclusión de dos años y la ha inscrito en la base de datos de detección precoz y exclusión. (1)

—

Condene a la Comisión a indemnizar a la demandante por los daños causados por la decisión impugnada.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en que la Comisión incurre en error de Derecho al no realizar su propio control y análisis, basándose exclusivamente en las conclusiones del Ministerio de Justicia estadounidense sin un análisis propio adecuado e interpretando incorrectamente dichas conclusiones. En consecuencia, la Comisión comete un error de apreciación de los hechos con el que incumple su deber de diligencia.

2.

Segundo motivo, basado en que la Comisión excluye indebidamente a la demandante, infringiendo el artículo 136, apartado 1, letra c), del Reglamento 2018/1046 y vulnerando su derecho de defensa, al no indicar claramente qué constituye exactamente falta de ética profesional grave. Además, la Comisión supuestamente incurre en error al afirmar que la demandante queda también excluida que las licitaciones en curso, puesto que ello no se desprende de la parte dispositiva de la decisión impugnada; al excluir a la demandante por una conducta relacionada con derechos de retransmisión y de comercialización de acontecimientos deportivos en una licitación relativa a la prestación de servicios para la cobertura videográfica de temas de la actualidad de la Unión Europea, ya que estos son mercados diferentes que no tienen repercusiones entre ellos, por lo que la fiabilidad de la demandante en contratos para la Unión Europea puede demostrarse, y al decidir que la demandante debe ser excluida, ya que la Comisión no tenía pruebas suficientes para adoptar la decisión impugnada y el acuerdo de no enjuiciamiento de la demandante con el Ministerio de Justicia estadounidense no indica que la demandante o su Consejero Delegado sean culpables.

3.

Tercer motivo, basado en que la Comisión incurre en error de Derecho al decidir que la exclusión sea proporcional en el sentido del artículo 136, apartado 3, del Reglamento 2018/1046, sin tener en cuenta la falta de incidencia en los intereses económicos y en la imagen de la Unión ni el tiempo transcurrido desde la conducta.

4.

Cuarto motivo, basado en que la Comisión cometió un error al decidir que las medidas correctoras adoptadas por la demandante son provisionales e insuficientes habida cuenta del artículo 136, apartado 6, letra a), en relación con el artículo 136, apartado 7, del Reglamento 2018/1046.

5.

Quinto motivo, basado en que la Comisión vulnera el principio fundamental de igualdad de trato al dispensar a la demandante un trato diferente del de otros licitadores que han celebrado un acuerdo de no enjuiciamiento con el Ministerio de Justicia estadounidense.

6.

Sexto motivo, basado en que la Comisión ha causado un perjuicio a la demandante al decidir ilícitamente que debe quedar excluida de los procedimientos de contratación pública y concesión de subvenciones regulados por el Reglamento 2018/1046.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene a la recurrida a cargar con las costas de los procedimientos seguidos ante el Tribunal General y la Sala de Recurso de la EUIPO, incluidos los gastos necesarios realizados por la demandante en ambos.

—

Al denegar protección a la marca en cuestión, la Sala de Recurso infringió el artículo 7, apartados 1, letras b) y c) y 2, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule la Decisión de la AFCC del SEAE de 15 de junio de 2018 que considera que la demandante no reúne todas las condiciones de contratación previstas en el artículo 82 del ROA y no puede ser contratada en el SEAE en calidad de agente contractual 3 ter.

—

Anule la Decisión de la AFCC del SEAE de 14 de enero de 2019 por la que se rechaza la reclamación presentada el 14 de septiembre de 2018 por la demandante.

—

Condene al SEAE a pagar a la demandante una indemnización estimada en 36 992,52 euros correspondiente a un año de retribución por un contrato AC FG II según el baremo salarial vigente a partir del 1 de noviembre de 2017, sin perjuicio de que se determine otra cantidad durante el procedimiento.

—

Condene al SEAE a calcular la pérdida en términos de derecho a pensión debido a su no contratación.

—

Condene al SEAE a pagar a la demandante una indemnización de 15 000 euros en concepto de resarcimiento del perjuicio moral resultante del menoscabo de su dignidad y de su reputación profesional.

—

Condene al SEAE a pagar a la demandante una indemnización de 15 000 euros en concepto de resarcimiento del perjuicio moral resultante del menoscabo de su salud y de su equilibrio personal.

—

Condene al SEAE a pagar la demandante una indemnización de 15 000 euros en concepto de resarcimiento del perjuicio moral causado por la infracción por parte del SEAE del Reglamento (CE) n.o 45/2001 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos.

—

Condene al SEAE a pagar a la demandante una indemnización de 10 000 euros en concepto de resarcimiento del perjuicio moral causado por la vulneración del secreto médico y del carácter reservado de los datos personales que figuran en el expediente médico de la demandante.

—

Condene al SEAE a pagar a la demandante una indemnización de 15 000 euros en concepto de resarcimiento del perjuicio moral causado por la calumnia y/o difamación respecto de la demandante.

—

Condene al SEAE a cargar con las costas.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 33, párrafo segundo, del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y de los artículos 82 y 83 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, en la vulneración de los principios de proporcionalidad y de contradicción, del derecho a una buena administración y del deber de solicitud, del principio de no discriminación y del derecho a un trato imparcial y justo y en el incumplimiento de cualquier acoso moral.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. (DO 2001, L 8, p. 1) y del artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene a la EUIPO al pago de las costas, incluidas las de los procedimientos ante la División de Anulación y la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO.

—

Infracción del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción del artículo 94, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule la decisión del BCE de 14 de febrero de 2019 de realizar una inspección in situ en los locales de PNB Banka AS y de las empresas pertenecientes a su grupo.

—

Condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo, basado en que el BCE no era la autoridad de supervisión competente con respecto a PNB Banka AS cuando se decidió realizar la inspección in situ.

2.

Segundo motivo, basado en que la decisión impugnada no era «necesaria», en el sentido del artículo 12 del Reglamento n.o 1024/2013. (1)

3.

Tercer motivo, basado en que el BCE no ejerció debidamente su facultad discrecional con arreglo al artículo 12, apartado 1, del Reglamento n.o 1024/2013.

4.

Cuarto motivo, basado en que el BCE vulneró el principio de proporcionalidad.

5.

Quinto motivo, basado en que el BCE vulneró el derecho de los demandantes a ser oídos.

6.

Sexto motivo, basado en que el BCE incumplió su obligación de examinar y evaluar con atención e imparcialidad todos los aspectos relevantes del caso concreto.

7.

Séptimo motivo, basado en que el BCE incumplió la obligación de motivar adecuadamente su decisión.

8.

Octavo motivo, basado en que el BCE vulneró los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica.

9.

Noveno motivo, basado en que el BCE vulneró el principio de igualdad de trato y actuó de un modo discriminatorio con respecto a los demandantes.

10.

Décimo motivo, basado en que el BCE infringió el artículo 19 y el considerando 75 del Reglamento n.o 1024/2013 e incurrió en desviación de poder.

—

Anule la Decisión impugnada de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (AFPN), cuyo contenido figura en el correo electrónico de 20 de septiembre de 2018 del Jefe del Departamento de Administración, y la correspondiente decisión implícita de la AFPN por la que se deniega la reclamación de la demandante. Así pues, la EASO deberá adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal, con arreglo al artículo 266 TFUE, con efecto retroactivo.

—

Condene a la demandada a cargar con todas las costas de la demandante.

1.

Primer motivo, basado en la violación del principio de la confianza legítima.

2.

Segundo motivo, basado en la ausencia de motivación y, por lo tanto, en un vicio sustancial de forma, en el sentido del artículo 263 TFUE.

3.

Tercer motivo, basado en la insuficiencia de la motivación de la Decisión impugnada, la cual incurre en error de hecho.

4.

Cuarto motivo, basado en un error de Derecho, en la medida en que la decisión no tomó en consideración el interés del funcionario y el deber de asistencia de la Administración con respecto a sus propios funcionarios.

—

Declare que la resolución impugnada aplicó erróneamente la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 23 de noviembre de 2017 dictada en el asunto T-140/15.

—

Modifique la resolución impugnada, reforme la decisión OCVV NN010 de 23 de septiembre de 2013 y admita la impugnación de la validez de la RCVV n.o EU 15118 formulada por la recurrente el 28 de agosto de 2012.

—

Declare que la RCVV n.o EU 15118 es nula de pleno derecho ab initio.

—

Condene a la recurrida a cargar con las costas de la recurrente y de las eventuales coadyuvantes, con arreglo al artículo 87 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

—

Infracción de los principios de seguridad jurídica y expectativas legítimas.

—

Dejación de funciones y denegación de justicia.

—

Anule la decisión de la Comisión desestimatoria de la reclamación de la demandante (asunto SA.53105 — Supuesta ayuda a Eurobank Ergasias a través de la venta de Piraeus Bank Bulgaria) al menos en la medida en que se refiere a los incumplimientos en los compromisos de reestructuración en el asunto SA.43364 y en el asunto SA.43363.

—

Condene en costas a la Comisión Europea.

1.

Primer motivo, basado en que la decisión de la Comisión infringió requisitos de procedimiento fundamentales y violó:

2.

Segundo motivo, basado en que la Comisión erró al concluir que 1) los compromisos ofrecidos en el asunto SA. 43364 en relación con la ayuda de Estado recibida por Piraeus Bank y 2) los compromisos ofrecidos en el asunto SA.43363 en relación con la ayuda de estado recibida por Eurobank Ergasias no se aplicaban ratione temporis puesto que el cierre de la venta de Piraeus Bank Bulgaria se producirá con posterioridad al 31 de diciembre de 2018.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene a la parte recurrida al pago de sus propias costas y de las del solicitante.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción del artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene a la parte recurrida al pago de sus propias costas y de las del solicitante de la nulidad.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción del artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Constate y declare que la demandante no está obligada a abonar a la Comisión Europea las cantidades reclamadas por esta mediante la nota de adeudo n.o 3241902288, recibida el 22 de febrero de 2019, y en último lugar mediante la nota de adeudo de 29 de abril de 2019, con la referencia Ares(2019)2858540, en concepto de recuperación de la contribución financiera y de indemnización a tanto alzado por el supuesto incumplimiento por parte de Studio Galli Ingegneria del convenio de subvención n.o 619120 relativo al proyecto denominado «MARSOL».

—

Constate y declare la inexistencia de los incumplimientos alegados por la Comisión.

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Constate y declare la ilegalidad, la invalidez y la falta de fundamento del escrito de información previa de 19 de diciembre de 2018, del informe de inspección de la OLAF, de la nota de adeudo de 22 de febrero de 2019, del ulterior recordatorio de 2 de abril de 2019 y de la nota final de redefinición del importe solicitado y de denegación de las ulteriores peticiones de SGI, de 29 de abril de 2019, con la referencia Ares(2019)2858540.

—

Constate y declare la inexistencia del crédito reclamado por la Comisión.

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Constate y declare el derecho de la demandante a la contribución financiera efectivamente abonada por la Comisión en virtud del convenio de subvención n.o 619120 para el proyecto «MARSOL».

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Con carácter subsidiario, constate y declare que la cantidad objeto de recuperación solicitada por la Comisión no puede ser superior a 100 044,99 euros.

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Con carácter subsidiario de segundo grado, condene a la Comisión a pagar a SGI los costes soportados para la ejecución del proyecto MARSOL en concepto de enriquecimiento sin causa.

1.

Primer motivo, basado en la violación de los principios de buena fe contractual, en la vulneración del derecho de defensa en la fase sucesiva a la de investigación, en la vulneración el derecho a la tutela judicial efectiva con arreglo al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), en la vulneración del derecho a una buena administración con arreglo al artículo 41 CDFUE, en la vulneración del derecho de acceso a los documentos de conformidad con el artículo 42 CDFUE y en la infracción del artículo II.22 del convenio de subvención y del artículo 1134 del Código Civil belga.

2.

Segundo motivo, basado en la inexistencia del incumplimiento alegado, en la inexistencia del crédito reclamado por la Comisión Europea, en la ilegalidad y la falta de fundamento del informe de inspección de la OLAF y, en consecuencia, del escrito de información previa y de las notas de adeudo de la Comisión, en la violación de los principios de presunción de inocencia, de carga de la prueba y de equidad contemplados en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, así como en la apreciación errónea de la prueba y en la infracción del artículo 1315 del Código Civil belga.

3.

Tercer motivo, basado en la violación de los principios de proporcionalidad, equidad y buena fe contractual y en la infracción del artículo II.22 del Convenio de Subvención.

4.

Cuarto motivo, invocado con carácter subsidiario, basado en el derecho de indemnización en concepto de enriquecimiento injusto a favor de la Comisión Europea.

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Anule, en la medida en que atañen al demandante, y con arreglo al artículo 263 TFUE, la Decisión (PESC) 2019/354 del Consejo, de 4 de marzo de 2019, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2019, L 64, p. 7), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/352 del Consejo, de 4 de marzo de 2019, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2019, L 64, p. 1).

—

Acuerde las diligencias de organización del procedimiento siguientes, con arreglo al artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General:

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Condene en costas al Consejo, con arreglo al artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

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Anule la resolución de la Sala de Recurso de 22 de febrero de 2019 en el asunto R 1785/2018-2.

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Anule la resolución de la División de Oposición de 10 de julio de 2018 (oposición B 2 598 285.

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La marca opuesta MUE n.o14 180 038 se registre para todos los productos a que se refiere la solicitud.

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La parte demandada cargue con sus propias costas y con las de la parte demandante.

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Anule la resolución impugnada.

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Condene en costas a la EUIPO.

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Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

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Declare la admisibilidad del recurso del Sr. Oleksander Viktorovych Klymenko.

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