16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/1

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/2

—

Anule la sentencia del Tribunal General de 22 de marzo de 2017 en el asunto T-366/15.

—

Condene a la EUIPO y al Sr. Jerry Dammers (propietario de la marca de la Unión) a cargar con sus propias costas y con las de la recurrente.

1)

En primer lugar, el Tribunal General desnaturalizó las pruebas y apreció incorrectamente los hechos y su resolución contiene una inexactitud material en las conclusiones derivadas de los documentos que fueron aportados ante él.

2)

En segundo lugar, el Tribunal General infringió el artículo 113 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 4 de marzo de 2015 (DO 2015, L 105, p. 1), al negarse a celebrar una vista a la luz de la renuncia, por parte del titular de la marca de la Unión, a partes muy significativas de la supuesta prueba del uso de la marca de la Unión controvertida con posterioridad a la vista.

3)

En tercer lugar, el Tribunal General afirmó erróneamente que la recurrente planteó un nuevo motivo por primera vez durante la vista.

4)

En cuarto lugar, el Tribunal General erró al apreciar los efectos jurídicos de una cesión de derechos sobre un nombre, es decir al señalar que la cesión priva al cedente (el titular de la marca de la Unión) del derecho a prestar o negar posteriormente el consentimiento para el uso del nombre (es decir, la marca de la Unión controvertida), con el resultado de que, conforme al Derecho de la Unión, deja de existir ese consentimiento a partir de la fecha de la cesión.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/3

—

Como decisión de carácter prejudicial, y a falta de consentimiento por escrito de la EUIPO para la suspensión de la ejecución de la sentencia, suspenda la ejecución de la sentencia.

—

Anule la sentencia por los motivos expuestos en el presente recurso […].

—

Anule la resolución dictada por la Primera Sala de Recurso de la EUIPO el 11 de agosto de 2015 en el asunto R 1323/2014-1.

—

Con carácter subsidiario, anule la sentencia y ordene la suspensión del procedimiento hasta que culmine la tramitación del Brexit o, como mínimo, hasta el 31 de mayo de 2019, que es el plazo señalado en el artículo 50 del Tratado.

—

Condene a Lion Laboratories y a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea a cargar con sus propias costas y con las de ACS, tanto en lo relativo al procedimiento de primera instancia en el asunto T-638/15 como al recurso de casación.

1)

El primer motivo se basa en la distorsión de las alegaciones formuladas por ACS en su escrito de demanda, al señalarse en el apartado 86 de la sentencia que «durante los períodos relevantes» se vendieron 64 aparatos, mientras que dicha cifra (indiscutida) se refería únicamente al primer período (del 5 de octubre de 2004 al 4 de octubre de 2009).

2)

El segundo motivo se basa en la distorsión del escrito de 21 de marzo de 2013 remitido por la representación legal de Lion Laboratories a la EUIPO y, asimismo, en la infracción del Reglamento 207/2009, (1) entre otros de su artículo 57, apartado 2, así como del Reglamento 2868/95 (2) (reglas 22, apartado 2, y 40, apartado 5). Dicho escrito no mencionaba el número de registro de la marca anterior (marca británica n.o 2040518), sino que se refería en dos ocasiones a la marca británica n.o 2371210, lo cual implica que Lion Laboratories (i) no cumplió con su obligación de aportar prueba suficiente del uso de la marca británica n.o 2040518 o de la marca opositora y/o (ii) modificó la marca en la que se basaba el procedimiento.

3)

Mediante el tercer motivo se alega que el Tribunal General (i) ha vulnerado el concepto de «uso efectivo», recogido en el Reglamento 207/2009 e interpretado en la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul (C-40/01), y (ii) ha aplicado una metodología errónea. El Tribunal General no efectuó un análisis exclusivo del primer período ni tuvo en cuenta la previsión de cifras de venta acordada mediante contrato de licencia exclusiva. Por otro lado, habida cuenta del uso escaso y limitado en el tiempo durante el primer período, no se ha demostrado el uso efectivo a la vista de una serie de factores no analizados por el Tribunal General (como, por ejemplo, (i) la previsión de cifras de venta de las partes recogida en el contrato de licencia; (ii) las características del mercado (que abarca 30 millones de clientes); (iii) la naturaleza de los productos (que incluyen alcoholímetros), y (iv) la existencia de la marca británica n.o 2371210, solicitada en 2004). El Tribunal General ha atribuido relevancia desproporcionada a algunos documentos, concretamente a datos relativos a servicios, mientras que la oposición basada en la marca anterior únicamente se refería a productos comprendidos en la clase 9.

4)

El cuarto motivo analiza cómo el Tribunal General también ha vulnerado el concepto de «uso efectivo» al aplicar un criterio inadecuado a efectos de determinar si la marca anterior fue utilizada como marca. Por otro lado, la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2007, Céline (C-17/06), no resulta aplicable cuando (i) en los productos figuran otras marcas; (ii) la denominación de dichos productos era diferente, y (iii) algunos clientes percibían la marca como una designación usual. Estas circunstancias impiden asimismo que el consumidor efectúe una conexión entre la marca anterior y el signo utilizado como designación usual o como razón social.

5)

El quinto motivo trata una cuestión de orden público: el Derecho anterior del Reino Unido no permitirá la anulación de una marca de la Unión Europea a la luz de la tramitación del Brexit y de la notificación efectuada por el Reino Unido con arreglo al artículo 50 del Tratado sobre la Unión Europea. Permitir tal anulación supondría un incremento de los gastos y la creación de obstáculos innecesarios y desproporcionados a la protección unitaria de las marcas, habida cuenta de que dentro de dos años, a lo sumo, el Reino Unido dejará de formar parte del sistema de marcas unitario de la Unión Europea. Por consiguiente, el Tribunal General ha violado el principio de territorialidad reconocido por el Convenio de París de 1883 y el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/4

—

Anule en su totalidad la sentencia del Tribunal General de 16 de mayo de 2017 en el asunto T-480/15.

—

Adopte una resolución final en el asunto, es decir, declare la nulidad de la decisión de la Comisión.

—

Condene en costas a la Comisión.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/5

—

Que se declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (artículo 10 CE, tras su modificación, y actualmente artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea), al no compensar la pérdida de las cantidades de recursos propios que se debían haber constatado con arreglo a los artículos 2, 6, 10, 11 y 17 del Reglamento n.o 1552/1989 (1) (actualmente artículos 2, 6, 10, 11 y 17 del Reglamento n.o 1150/2000) (2) y puesto a disposición del presupuesto de la Unión, ya que no se expidió ningún certificado de circulación de mercancías EUR.1, infringiendo de este modo el artículo 101, apartado 1, de la Decisión 91/482/CEE (3) del Consejo y el artículo 12, apartado 6, del anexo II de dicha Decisión, en relación con la importación de leche en polvo y arroz procedentes de Curazao en el período 1997-2000, así como el artículo 35, apartado 1, de la Decisión 2001/822 (4) del Consejo y el artículo 15, apartado 4, del anexo III de dicha Decisión en relación con la importación de grañones y sémola procedentes de Aruba en el período 2002-2003.

—

Que se condene en costas al Reino de los Países Bajos.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/6

1.1)

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión y, en particular, los artículos 1, 2 y 6 de la Directiva 2000/78/CE (1) en relación con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, para evitar una discriminación de los funcionarios en servicio, establece un régimen de reclasificación en el que el paso del antiguo sistema bienal a un nuevo sistema bienal (no discriminatorio y cerrado a los nuevos funcionarios) basado en un «importe de reclasificación» que, si bien se mide en dinero, se corresponde con una determinada clasificación atribuible de forma concreta, de manera que se mantiene íntegramente la discriminación por razón de la edad de los funcionarios en servicio?

1.2)

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, y, en particular, el artículo 17 de la Directiva 2000/78/CE y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales en el sentido de que se opone a una normativa nacional que impide que los funcionarios en servicio, de conformidad con la interpretación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo de los artículos 9 y 16 de la Directiva 2000/78 en su sentencia de 11 de noviembre de 2014, Schmitzer (C-530/13, EU:C:2014:2359), puedan determinar su situación salarial invocando el artículo 2 de la Directiva 2000/78 en el momento de la reclasificación en el nuevo régimen salarial, al declarar con carácter retroactivo que dejarán de aplicarse los correspondientes fundamentos jurídicos a la entrada en vigor de la ley original histórica y, en particular, al excluir que se puedan computar los períodos de empleo anteriores a los 18 años de edad?

1.3)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1.2):

¿Exige la primacía del Derecho de la Unión proclamada en la sentencia de 22 de noviembre de 2005, Mangold (C-144/04, EU:C:2005:709), que las disposiciones derogadas con efectos retroactivos sigan siendo aplicables a los funcionarios en servicio en la fecha de reclasificación, de manera que dichos funcionarios puedan ser clasificados de forma no discriminatoria retroactivamente en el régimen antiguo y así pasar sin discriminación alguna al nuevo régimen salarial?

1.4)

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión y, en particular, los artículos 1, 2 y 6 de la Directiva 2000/78/CE en relación con los artículos 21 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales en el sentido de que se opone a una normativa nacional que elimina de forma meramente declarativa una discriminación existente por razón de la edad (en cuanto al cómputo de los períodos de empleo anteriores a los 18 años de edad), al establecer que los períodos efectivamente completados bajo la vigencia de la discriminación dejen de considerarse discriminatorios, pero manteniendo de hecho la discriminación inalterada?

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/7

1)

¿Constituye el cambio de reserva de un vuelo por otro un hecho cubierto por el artículo 4, apartado 3, del Reglamento [n.o 261/2004] (1)?

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

2)

¿Es aplicable dicha disposición también a un cambio de reserva no ocasionado por el transportista aéreo, sino únicamente por el operador turístico?

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/8

1)

¿Debe interpretarse el artículo 2, punto 8, de la Directiva 2014/40/UE (1) en el sentido de que por «productos para mascar» se han de entender únicamente los productos de tabaco de mascar en el sentido tradicional?

2)

¿Debe interpretarse el artículo 2, punto 8, de la Directiva 2014/40/UE en el sentido de que la expresión «productos para mascar» significa lo mismo que «tabaco de mascar» en el sentido del artículo 2, punto 6, de la Directiva?

3)

Para responder a la cuestión de si un producto del tabaco es «para mascar» en el sentido del artículo 2, punto 8, de la Directiva 2014/40/UE, ¿debe atenderse a una consideración objetiva del producto y no a las indicaciones del fabricante o al uso real que hagan de él los consumidores?

4)

¿Debe interpretarse el artículo 2, punto 8, de la Directiva 2014/40/UE en el sentido de que un producto sólo es para mascar si, por su consistencia y solidez, es objetivamente adecuado para ser mascado y si el mascado del producto hace que se liberen los ingredientes que éste contiene?

5)

¿Debe interpretarse el artículo 2, punto 8, de la Directiva 2014/40/UE en el sentido de que para que un producto sea para mascar es necesario, además, pero también suficiente, que con una suave presión ejercida repetidamente con los dientes o la lengua sobre el producto se liberen más ingredientes de éste que si se mantiene simplemente en la boca?

6)

¿O es necesario que con meramente mantenerlo en la boca o con sólo chuparlo no se produzca la liberación de los ingredientes?

7)

¿Puede conferir la adecuación de un producto del tabaco para ser mascado en el sentido del artículo 2, punto 8, de la Directiva 2014/40/UE también la forma de presentación exterior del tabaco elaborado, como por ejemplo un sobre de celulosa?

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/9

1)

¿A efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2011/83/UE, (1) la cuestión de si en un medio de comunicación a distancia (en este caso, un folleto publicitario con un cupón de pedido) el espacio o el tiempo para facilitar información son limitados depende

2)

¿Es compatible con los artículos 8, apartado 4, y 6, apartado 1, letra h), de la Directiva 2011/83/UE limitar la información sobre el derecho de desistimiento a la existencia de tal derecho cuando las posibilidades de facilitar información son limitadas en el sentido del artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2011/83/UE?

3)

¿Es obligatorio en todo caso con arreglo a los artículos 8, apartado 4, y 6, apartado 1, letra h), de la Directiva 2011/83/UE, aun cuando las posibilidades de facilitar información sean limitadas, que antes de la celebración de un contrato a distancia se adjunte al medio de comunicación a distancia el modelo de formulario de desistimiento reproducido en el anexo I, epígrafe B, de la Directiva 2011/83/UE?

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/9

1)

¿Se opone la disposición transitoria del artículo 52, párrafo primero, de la Directiva 2013/32/UE (1) a la aplicación de una normativa nacional que, para transponer el artículo 33, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE, que contiene una ampliación de los límites de la autorización conferida por su predecesora, establece que no se admitirá una solicitud de protección internacional cuando al solicitante le haya sido reconocida protección subsidiaria en otro Estado miembro, en la medida en que, a falta de un régimen transitorio nacional, tal normativa nacional es aplicable también a las solicitudes presentadas antes del 20 de julio de 2015? ¿Se aplica en todo caso cuando la solicitud de asilo aún está íntegramente comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 343/2003, en virtud del artículo 49 del Reglamento (UE) n.o 604/2013?

2)

¿Permite la disposición transitoria del artículo 52, párrafo primero, de la Directiva 2013/32/UE a los Estados miembros, en particular, transponer con efectos retroactivos la ampliación de los límites de la autorización que resulta del artículo 33, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE, con la consecuencia de que las solicitudes de asilo presentadas antes de la entrada en vigor de la Directiva 2013/32/UE y de la transposición al Derecho interno de esta ampliación de los límites de la autorización y que en el momento de la transposición aún no han sido resueltas con carácter definitivo tampoco son admitidas?

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/10

1)

¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 7, primera frase, de la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE (1) (en lo sucesivo, «Directiva»), en el sentido de que la prohibición de comercialización de productos del tabaco que contengan aromatizantes en sus componentes no comprende los productos del tabaco que, debido a los aromatizantes que contienen sus componentes, presentan un aroma característico en el sentido de la definición que contiene el artículo 2, punto 25, de la Directiva?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:

¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 14, de la Directiva en el sentido de que la disposición transitoria únicamente comprende la prohibición de comercialización de productos del tabaco con un aroma característico con arreglo al artículo 7, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva, o (también) la prohibición de comercialización de productos del tabaco que contengan aromatizantes en sus componentes con arreglo al artículo 7, apartado 7, primera frase, de la Directiva?

3)

En caso de que proceda responder de forma positiva a la primera cuestión o a la segunda en el sentido de que el artículo 7, apartado 14, de la Directiva comprende también la prohibición de comercialización de productos del tabaco que contengan aromas en cualquiera de sus componentes con arreglo al artículo 7, apartado 7, primera frase, de la Directiva:

¿Cómo deben entenderse las expresiones «productos del tabaco con un aroma característico» y «una categoría de producto particular» del artículo 7, apartado 14, de la Directiva?

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/11

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/11

1)

¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, (1) en el sentido de que exige que el agente comercial busque y visite a la clientela o a los proveedores fuera del establecimiento del empresario?

2)

¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 86/653/CEE, antes citada, en el sentido de que establece que el agente comercial no puede desarrollar tareas distintas de las relacionadas con la negociación de la venta o compra de mercancías por cuenta del empresario y la negociación y conclusión de estas operaciones en nombre y por cuenta del empresario?

3)

En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 86/653/CEE, antes citada, en el sentido de que establece que el agente comercial sólo puede desarrollar con carácter accesorio tareas distintas de las relacionadas con la negociación de la venta o compra de mercancías por cuenta del empresario y la negociación y la conclusión de estas operaciones en nombre y por cuenta del empresario?

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/12

1)

¿La concesión de becas, destinadas a fomentar proyectos de investigación o estudios en el extranjero, por una asociación registrada está comprendida en el concepto de «educación» en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2000/43/CE? (1)

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

¿Constituye un requisito de admisión consistente en haber superado en Alemania el Primer Examen Jurídico de Estado a los efectos de la concesión de las becas mencionadas en la primera cuestión una discriminación indirecta de un candidato en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/43/CE, si el candidato, que es ciudadano de la Unión, ha adquirido una titulación equivalente en un país no miembro de la Unión Europea, sin que la elección de dicho lugar de titulación guarde relación con el origen étnico del candidato, cuando debido a su residencia en territorio nacional y el dominio fluido de la lengua alemana, igual que un nacional, tuvo la ocasión de superar el Primer Examen Jurídico de Estado, tras estudiar Derecho en territorio nacional?

¿A tal efecto resulta diferente el caso si con el programa de becas, sin basarse en criterios discriminatorios, se persigue el objetivo de que los licenciados en Derecho en Alemania, mediante la promoción de proyectos de investigación o estudios en el extranjero obtengan conocimientos de sistemas jurídicos extranjeros, experiencias en el extranjero y conocimientos de idiomas?

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/12

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/13

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/14

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/14

1)

Si, a efectos de aplicación del principio de no discriminación establecido en la cláusula 4 del Acuerdo marco, (1) la verificación objetiva inicial de la capacidad profesional mediante la superación de una oposición constituye un factor asimilable a los requisitos de formación que el juez nacional debe tener en cuenta para determinar si son comparables la situación del trabajador con contrato de duración indefinida y la del trabajador con contrato de duración determinada y para comprobar si concurre una razón objetiva que pueda justificar una diferencia de trato entre el trabajador con contrato de duración indefinida y el trabajador con contrato de duración determinada.

2)

Si, habida cuenta de la inexistencia, en el caso del contrato de trabajo de duración determinada, de una verificación objetiva inicial de la capacidad profesional mediante la superación de una oposición, el principio de no discriminación establecido en la cláusula 4 del Acuerdo marco se opone a una norma nacional, como la recogida en el artículo 485, apartado 1, del Decreto Legislativo n.o 297, de 16 de abril de 1994, que dispone que, a efectos de determinar la antigüedad en el servicio en el momento de la inclusión en plantilla con un contrato de duración indefinida, del tiempo de servicio prestado con un contrato de duración determinada se tomarán en consideración los cuatro primeros años en su totalidad, mientras que de los años posteriores sólo se tomarán en consideración sus dos terceras partes a efectos jurídicos y su tercera parte a efectos económicos.

3)

Si, habida cuenta del objetivo de evitar una discriminación inversa contra los funcionarios incluidos en plantilla tras haber superado una oposición, el principio de no discriminación establecido en la cláusula 4 del Acuerdo marco se opone a una norma nacional, como la recogida en el artículo 485, apartado 1, del Decreto Legislativo n.o 297, de 16 de abril de 1994, que dispone que, a efectos de determinar la antigüedad en el servicio en el momento de la inclusión en plantilla con un contrato de duración indefinida, del tiempo de servicio prestado con un contrato de duración determinada se tomarán en consideración los cuatro primeros años en su totalidad, mientras que de los años posteriores sólo se tomarán en consideración sus dos terceras partes a efectos jurídicos y su tercera parte a efectos económicos.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/15

1)

¿Queda comprendida la actividad del juez de paz demandante en el concepto de «trabajador con contrato de duración determinada», contemplado en los artículos 1, apartado 3, y 7 de la Directiva 2003/88, (1) en relación con la cláusula 2 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, recogido en la Directiva 1999/70, (2) y con el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede considerarse que los jueces ordinarios o de carrera son trabajadores con contrato de duración indefinida equiparables a los jueces de paz, en cuanto trabajadores con contrato de duración determinada, a efectos de la aplicación de la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada recogido en la Directiva 1999/70?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿constituye la diferencia entre el procedimiento de contratación estable de jueces ordinarios y los procedimientos selectivos previstos en la Ley para la contratación con carácter temporal de jueces de paz una razón objetiva en el sentido de la cláusula 4, apartados 1 y/o 4, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, recogido en la Directiva 1999/70/CE, para justificar la inaplicación —en virtud de la interpretación jurisprudencial adoptada por las Salas Reunidas de la Corte di Cassazione (Tribunal de Casación) en su sentencia n.o 13721/2017, y por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) en su dictamen n.o 464/2017, de 8 de abril de 2017— a los jueces de paz, como en el caso del demandante, trabajador con contrato de duración determinada, de las mismas condiciones de trabajo aplicadas a los jueces ordinarios con contrato de duración indefinida comparables, así como para justificar la inaplicación de las medidas destinadas a prevenir y a sancionar la utilización abusiva de los contratos de duración determinada, contempladas en la cláusula 5 del citado Acuerdo marco, recogido en la Directiva 1999/70/CE, y de la norma interna de transposición establecida en el artículo 5, apartado 4 bis, del Decreto Legislativo n.o 368/2001, y ello en ausencia de un principio fundamental del ordenamiento jurídico interno o de una norma constitucional que puedan legitimar tanto la discriminación en las condiciones de trabajo como la prohibición absoluta de conversión en contratos de duración indefinida los relativos a los jueces de paz, también a la luz de la norma interna anterior (artículo 1 de la Ley n.o 217/1974), que ya había previsto la equiparación de las condiciones de trabajo y la estabilización de los contratos de trabajo sucesivos de duración determinada de los jueces honorarios?

4)

En cualquier caso, en una situación como la de autos, ¿es contraria al artículo 47, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y al concepto del Derecho de la Unión de juez independiente e imparcial la actuación de un juez de paz que, al tener interés en que se dé al litigio una solución favorable a la parte demandante, quien tiene como actividad laboral exclusiva funciones judiciales idénticas a las desempeñadas por él, pueda sustituir al órgano jurisdiccional competente designado por la Ley a causa de la negativa del máximo órgano jurisdiccional nacional —las Salas Reunidas de la Corte di Cassazione (Tribunal de Casación)— a garantizar la tutela efectiva de los derechos invocados, obligando así al órgano jurisdiccional predeterminado por la Ley a declinar, cuando así se requiera, su competencia a efectos de reconocer el derecho invocado, pese a que el derecho en cuestión —como las vacaciones retribuidas en el procedimiento principal— tenga su fundamento en el Derecho primario y derivado de la Unión Europea en una situación de aplicación directa vertical de la normativa «de la Unión Europea» respecto al Estado? En el caso de que el Tribunal de Justicia constate la infracción del artículo 47 de la Carta, se solicita, asimismo, que se indiquen las vías de recurso internas para evitar que la infracción de la norma primaria de Derecho de la Unión entrañe también la denegación absoluta en el ordenamiento jurídico interno de la tutela de los derechos fundamentales garantizados por el Derecho de la Unión en el caso de autos.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/16

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/16

1)

¿Existe una injerencia en el derecho exclusivo del productor de fonogramas a la reproducción de su fonograma resultante del artículo 2, letra c), de la Directiva 2001/29/CE, (1) cuando de su fonograma se extraen diminutas fracciones de sonido y son transferidas a otro fonograma?

2)

¿Un fonograma que contenga diminutas fracciones de sonido transferidas desde otro fonograma es una copia del otro fonograma en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/115/CE? (2)

3)

¿Los Estados miembros pueden establecer una disposición que, como la disposición del artículo 24, apartado 1, de la UrhG, prevea que el ámbito de protección del derecho exclusivo del productor de fonogramas a la reproducción [artículo 2, letra c), de la Directiva 2001/29/CE] y a la distribución [artículo 9, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/115/CE] de su fonograma está intrínsecamente limitado, de manera que una obra independiente, creada a partir del uso libre de su fonograma, pueda ser explotada sin su consentimiento?

4)

¿Una obra o prestación protegida en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva 2001/29/CE es utilizada para fines de cita, cuando no sea apreciable que se está usando una obra ajena u otra prestación protegida ajena?

5)

¿Las disposiciones del Derecho de la Unión acerca del derecho de reproducción y del derecho de distribución del productor de fonogramas [artículo 2, letra c), de la Directiva 2001/29/CE y artículo 9, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/115/CE] y las excepciones o limitaciones de dichos derechos (artículo 5, apartados 2 y 3, de la Directiva 2001/29/CE y artículo 10, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2006/115/CE) admiten márgenes de transposición en el Derecho nacional?

6)

¿En qué modo deben tenerse en cuenta los derechos fundamentales de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE al determinar el alcance del ámbito de protección del derecho exclusivo del productor de fonogramas a la reproducción [artículo 2, letra c), de la Directiva 2001/29/CE] y a la distribución [artículo 9, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/115/CE] de su fonograma y el alcance de las excepciones o limitaciones de dichos derechos (artículo 5, apartados 2 y 3, de la Directiva 2001/29/CE y artículo 10, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2006/115/CE)?

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/17

1)

Si la expresión «los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro competentes para conocer del fondo del asunto», utilizada en el artículo 15, se refiere tanto a los órganos jurisdiccionales que resuelven el litigio en primera instancia como a los que conocen de los recursos. Se pregunta si puede tener lugar, en virtud del artículo 15 del Reglamento n.o 2201/2003, (1) una remisión del asunto a un órgano jurisdiccional mejor situado para conocer de él en el caso de que el órgano jurisdiccional competente al que se pide la remisión a un órgano jurisdiccional mejor situado sea de apelación, mientras que el órgano jurisdiccional mejor situado juzga en primera instancia.

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial ¿qué suerte debería reservar, en opinión del Tribunal de Justicia, el órgano competente que procede a la remisión del asunto a un órgano jurisdiccional mejor situado a la sentencia pronunciada en primera instancia?

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/18

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/18

1)

¿Exige el artículo 11, apartado 3, (1) que la demanda presentada por la persona perjudicada contra el tomador del seguro/asegurado afecte a cuestiones en materia de seguro, en el sentido de que plantee una cuestión sobre la validez o efecto de la póliza?

2)

¿Exige el artículo 11, apartado 3, que exista un riesgo de resoluciones judiciales contradictorias a menos que se permita la acumulación?

3)

¿Disponen los órganos jurisdiccionales de la facultad discrecional de autorizar o no la acumulación de una demanda que está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 3?

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/19

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/20

—

del artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

del Reglamento (CE) n.o 834/2007, del Consejo, de 28 de junio de 2007, (1) cuyas disposiciones de aplicación establece el Reglamento (CE) n.o 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, (2)

—

y del Reglamento (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, (3)

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/20

1)

¿Debe interpretarse el artículo 168 de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en el sentido de que una sociedad de cartera, en circunstancias como las del litigio principal, tiene derecho a deducir íntegramente el IVA soportado en los servicios relativos al análisis de la diligencia debida previos a una venta proyectada, pero que finalmente no fue realizada, de las acciones de una filial a la que la sociedad de cartera presta servicios de gestión y de tecnologías de la información sujetos a IVA?

2)

¿Incide en la respuesta a la cuestión precedente la circunstancia de que el precio de los servicios de gestión y tecnologías de la información sujetos a IVA, que la sociedad de cartera presta en el marco de su actividad económica, es un importe fijo equivalente a los gastos salariales de la sociedad de cartera más un margen del 10 %?

3)

Con independencia de la respuesta a las cuestiones anteriores, ¿puede existir derecho a la deducción si los gastos de asesoramiento controvertidos en el litigio principal son considerados costes generales y, de ser así, con qué requisitos?

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/21

—

Declare que el Reino Unido, al autorizar el uso de carburante marcado para el abastecimiento de embarcaciones privadas de recreo, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 95/60/CE. (1)

—

Condene en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/22

—

Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4 y 7 de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, (1) al no garantizar la aplicación de los niveles mínimos de imposición para carburantes que se prescriben en esa Directiva.

—

Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 95/60/CE, de 27 noviembre de 1995, relativa al marcado fiscal del gasóleo y del queroseno, (2) al permitir el uso del sistema de marcado en carburantes para propulsar embarcaciones de recreo privadas, a pesar de que ese carburante no estuviera sujeto a ninguna exención o reducción del impuesto especial.

—

Que se condene en costas a Irlanda.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/22

1)

¿Debe interpretarse el «derecho de retirada», según ha sido consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 13 de mayo de 2014 (1) sobre la base de las disposiciones de los artículos 12, letra b), y 14, letra a), de la Directiva de 24 de octubre de 1995, (2) en el sentido de que el gestor de un motor de búsqueda que estima una solicitud de retirada está obligado a efectuar dicha retirada respecto de la totalidad de los nombres de dominio de su motor, de tal manera que los vínculos controvertidos dejen de mostrarse independientemente del lugar desde el que se realice la búsqueda a partir del nombre del solicitante, incluso fuera del ámbito de aplicación territorial de la Directiva de 24 de octubre de 1995?

2)

En caso de respuesta negativa a esta primera cuestión, ¿debe interpretarse el «derecho de retirada», según ha sido consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia antes citada, en el sentido de que el gestor de un motor de búsqueda que estima una solicitud de retirada solamente está obligado a suprimir los vínculos controvertidos de los resultados obtenidos como consecuencia de una búsqueda realizada a partir del nombre del solicitante en el nombre de dominio correspondiente al Estado en el que se considera que se ha efectuado la solicitud o, de manera más general, en los nombres de dominio del motor de búsqueda que corresponden a las extensiones nacionales de dicho motor para el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea?

3)

Además, como complemento de la obligación mencionada en la segunda cuestión, ¿debe interpretarse el «derecho de retirada», según ha sido consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia antes citada, en el sentido de que el gestor de un motor de búsqueda que estima una solicitud de retirada está obligado a suprimir, mediante la técnica denominada de «bloqueo geográfico», desde una dirección IP supuestamente localizada en el Estado de residencia del beneficiario del «derecho de retirada», los resultados controvertidos obtenidos como consecuencia de una búsqueda realizada a partir de su nombre, o incluso, de manera más general, desde una dirección IP supuestamente localizada en uno de los Estados miembros sujetos a la Directiva de 24 de octubre de 1995, y ello independientemente del nombre de dominio utilizado por el internauta que efectúa la búsqueda?

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/23

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/24

—

Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 58 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO 2004, L 134, p. 114), en su versión modificada posteriormente, al prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2046 el vencimiento de la concesión de obras de la autopista A 12 Civitavecchia-Livorno sin publicación del correspondiente anuncio de licitación.

—

Que se condene en costas República Italiana.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/25

1)

El punto 3 del fallo del auto de 12 de julio de 2016, Yanukovych/Consejo (T-347/14), debe interpretarse en el sentido de que, en lo que respecta a la pretensión de anulación formulada en la demanda, se refiere tanto a las costas del Sr. Viktor Viktorovych Yanukovych como a las costas de la Sra. Olga Stanislavivna Yanukovych, en calidad de heredera del Sr. Viktorovych Yanukovych.

2)

La Sra. Stanislavivna Yanukovych, en calidad de heredera del Sr. Viktorovych Yanukovych, por una parte, y el Consejo de la Unión Europea, por otra, cargarán cada uno de ellos con sus propias costas relativas al procedimiento de interpretación.

3)

La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

4)

El original del presente auto se unirá al original del auto interpretado, en cuyo margen se dejará constancia de este auto.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/25

—

Anule la Decisión COMP/D3/PB/2017/026659 de la Comisión, de 15 de marzo de 2017, por la que se deniega el acceso a documentos en virtud del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 en relación con el asunto COMP/SA.17006 — C 27/04 (ex CZ 49/03) — Agrobank Praha a.s. y GE Capital Bank a.s.

—

Anule la Decisión n.o C(2017) 3130 final de la Comisión, de 4 de mayo de 2017, que confirma la Decisión n.o COMP/D3/PB/2017/026659, de 15 de marzo de 2017.

—

Condene a la Comisión a cargar con sus propias costas y con las de la parte demandante.

1.

Primer motivo, basado en la errónea aplicación de las excepciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, guiones primero y tercero, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001.

2.

Segundo motivo, basado en que la divulgación reviste un interés público superior.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/26

—

Anule la decisión COMP/F3/NB/tt*D-2017/025322 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por la que se deniega parcialmente el acceso a los documentos con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1049/2001, en relación con el asunto COMP/SA. 25076 (2011/NN) — Privatisation of Rental Housing — Karbon Invest.

—

Anule la decisión C(2017) 3129 final de la Comisión, de 4 de mayo de 2017, por la que se confirma la decisión COMP/F3/NB/tt*D-2017/025322 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017.

—

Condene a la Comisión a cargar con sus propias costas y con las de la demandante.

1.

Primer motivo, basado en una aplicación errónea de las excepciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, guiones primero y segundo, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001.

2.

Segundo motivo, basado en la existencia de un interés público superior en la divulgación.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/27

—

Acuerde la admisión del presente recurso y lo declare fundado.

—

En consecuencia,

1.

Primer motivo, basado en la violación de los principios de publicidad, de transparencia, de igualdad de trato y de no discriminación así como de los artículos 20.2 del reglamento interno, 8 (a) de las condiciones de empleo y 1a.1.1. de las normas aplicables al personal y de los artículos 2 TUE y 3 TUE y 20 y 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A este respecto, la parte demandante considera que no tuvo la posibilidad de presentar su candidatura al puesto de asesor del Presidente y coordinador del Consejo ante el Comité Ejecutivo, mientras que el Sr. [X] si tuvo esta posibilidad.

2.

Segundo motivo, basado en la violación del artículo 1a.7 de las normas aplicables al personal, en la medida en que tal base jurídica sólo permitía el nombramiento de un candidato para el puesto de asesor de un miembro del Comité Ejecutivo y no la de un candidato para un puesto de asesor del Presidente y de coordinador del Consejo ante el Comité Ejecutivo que incluye además responsabilidades correspondientes a un nivel superior a las de un asesor.

3.

Tercer motivo, basado en la inexistencia de consulta al comité de personal sobre la creación de un nuevo puesto y sobre la modificación del nivel del puesto de coordinador, lo que se hizo, a su juicio, infringiendo los artículos 48 y 49 de las condiciones de empleo y del protocolo de acuerdo.

4.

Cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de buena administración debido a la inexistencia de descripción de las funciones del puesto de asesor del Presidente y coordinador del Consejo ante el Comité Ejecutivo.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/28

—

Constate que, al inadmitir la reclamación aduciendo que ésta constituía una solicitud de revisión y al no dar respuesta a las alegaciones de la parte demandante, la decisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) de 16 de mayo de 2017 por la que se denegó la petición de anonimización de la sentencia [confidencial] (1) y de las páginas web que contenían datos personales, infringe:

—

Constate que, al considerar al SEPD incompetente para conocer de la reclamación de la parte demandante, la decisión impugnada infringe el artículo 46, letra c), del Reglamento (CE) n.o 45/2001, en relación con el artículo 8, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

—

Declare nula y sin efecto la decisión impugnada.

—

Condene en costas al SEPD.

1.

Primer motivo, basado en la falta de respuesta del SEPD a la reclamación que la parte demandante presentó ante él. Al inadmitir la reclamación aduciendo que ésta constituía una solicitud de revisión y al no dar respuesta a las alegaciones formuladas por la parte demandante en apoyo de su petición de anonimización, la decisión impugnada infringe el artículo 46, letra a), del Reglamento (CE) n.o 45/2001, que confiere al SEPD la función de investigar las reclamaciones y comunicar al interesado los resultados de su investigación, y los artículos 33 y 34, apartado 1, de la Decisión 2013/504/UE del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 17 de diciembre de 2012, relativa a la adopción del Reglamento interno, adoptados en aplicación del citado artículo 46, letra a), en virtud de los cuales el SEPD ha de tramitar las reclamaciones e informar al reclamante del resultado de la reclamación y de la actuación adoptada. Según la parte demandante, el SEPD no tramitó la reclamación por calificarla erróneamente de solicitud de revisión. Además, la decisión impugnada infringe el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que impone la obligación general de motivación a las instituciones y los órganos de la Unión.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 46, letra c), del Reglamento (CE) n.o 45/2001, en relación con el artículo 8, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por cuanto el SEPD consideró erróneamente que no era competente para conocer de la reclamación presentada por la parte demandante.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/29

—

Declare el presente recurso admisible y fundado.

—

Anule la decisión de 19 de agosto de 2016, por la que se separa del servicio al demandante al término de su periodo de prueba, esto es, el 1 de septiembre de 2016.

—

Anule la decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de 11 de abril de 2017, por la que se desestima la reclamación del demandante de 4 de noviembre de 2016.

—

Acuerde el pago de 20 000 euros al demandante por el perjuicio moral sufrido.

—

Condene al demandado a cargar con la totalidad de las costas.

1.

Primer motivo, basado en un incumplimiento de la obligación de motivación.

2.

Segundo motivo, basado en la ilegalidad de la decisión impugnada en la medida en que confirma la conclusión del dictamen del Comité de dictámenes (CORAP), que sustituyó su propia evaluación por la de los calificadores.

3.

Tercer motivo, basado en errores manifiestos de hecho y de Derecho que vician los motivos en que se basa el informe del periodo de prueba.

4.

Cuarto motivo, basado en una ausencia de condiciones normales del periodo de prueba.

5.

Quinto motivo, basado en la violación del deber de asistencia y protección y del principio de buena administración.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/30

—

Anule la Decisión (UE, Euratom) XT 21016/17 del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2017, por la que se autoriza la apertura de negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativas a un acuerdo en el que se establecen las modalidades de su retirada de la Unión Europea, y el anexo ADD 1 REV 2 de esta Decisión, de misma fecha.

—

En consecuencia:

1.

Primer motivo, basado en la ilegalidad externa de la Decisión (UE, Euratom) XT 21016/17 del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2017, por la que se autoriza la apertura de negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativas a un acuerdo en el que se establecen las modalidades de su retirada de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), y del anexo ADD 1 REV 2 de esta Decisión, de misma fecha. Este motivo se divide en dos partes:

2.

Segundo motivo, basado en la ilegalidad interna de la Decisión impugnada, que se compone de tres partes:

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/31

—

Anule la decisión de la ENISA de 25 de noviembre de 2016, por la que retira su oferta de empleo, de acuerdo con la cual la demandante iba a ser nombrada jefe de la unidad de servicios a las empresas y relaciones con los interesados.

—

Anule la decisión de la ENISA de 20 de abril de 2017 por la que desestima la reclamación de la demandante.

—

Conceda a la demandante una indemnización por los perjuicios materiales y morales sufridos.

—

Condene en la totalidad de las costas a la ENISA.

1.

Primer motivo, basado en que la demandada infringió sus obligaciones contractuales para con la demandante.

2.

Segundo motivo, basado en el tratamiento indebido de los datos personales de la demandante y en la infracción de lo dispuesto en el artículo 12 del régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, del deber de diligencia y del derecho a una buena administración.

3.

Tercer motivo, basado en la infracción del derecho a ser oído.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/32

—

Anule la decisión de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) de 22 de septiembre de 2016 por la que se puso fin al contrato de la parte demandante como agente contractual.

—

Anule la decisión de la AEMA de 20 de abril de 2017 por la que se desestimó la reclamación presentada por la parte demandante el 21 de diciembre de 2016.

—

Condene a la AEMA a abonar a la parte demandante una indemnización calculada sobre la base de la pérdida de 4 años de salario, con deducción de las prestaciones por desempleo que haya percibido durante este período.

—

Condene a la AEMA a abonar a la parte demandante una cantidad de 3 500 euros en concepto de resarcimiento de los gastos generados por la rescisión anticipada de su contrato de alquiler en Copenhague, sin perjuicio de su incremento en su caso.

—

Anule la nómina de la parte demandante del mes de septiembre de 2016, por cuanto no incluye, en particular, el importe salarial correspondiente al 22 de septiembre de 2016.

—

Condene a la AEMA a abonar a la parte demandante una indemnización de 50 000 euros en concepto de resarcimiento del perjuicio moral causado por la decisión de despido de 22 de septiembre de 2016.

—

Condene a la AEMA a abonar a la parte demandante una indemnización de 5 000 euros en concepto de resarcimiento del perjuicio moral causado por la infracción por parte la AEMA del artículo 26 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea.

—

Condene a la AEMA a abonar a la parte demandante una indemnización de 10 000 euros en concepto de resarcimiento del perjuicio moral causado por la presión sicológica ejercida por la AEMA sobre la demandante durante la incapacidad laboral de ésta.

—

Con carácter subsidiario, condene a la AEMA a abonar a la parte demandante un mes de preaviso y una indemnización igual a un tercio de su sueldo base por mes cumplido del período de prueba, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 84 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (ROA).

—

Condene a la AEMA a cargar con la totalidad de las costas.

1.

Primer motivo, basado en la inaplicabilidad del artículo 48, letra b), del ROA.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción de los artículos 48, letra b), y 16, apartado 2, del ROA.

3.

Tercer motivo, basado en una excepción de ilegalidad por motivo de discriminación en lo que se refiere al artículo 48, letra b), del ROA.

4.

Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 26 del Estatuto y en la violación del derecho de defensa.

5.

Quinto motivo, basado en la infracción del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1), y del artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

6.

Sexto motivo, basado en la infracción del artículo 84 del ROA y del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el incumplimiento del deber de asistencia y protección.

7.

Séptimo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación.

8.

Octavo motivo, basado en una desviación de poder.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/33

—

Anule las siguientes resoluciones y actos en la medida de lo adecuado, tras declarar ilegal e inaplicable al demandante la convocatoria de oposición PE/CAST/S/16/2016 (1) de conformidad con el artículo 255 TFUE.

—

Condene al Parlamento Europeo a cargar con las costas del presente procedimiento.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/34

—

Anule la Decisión (PESC) 2016/850 del Consejo, de 27 de mayo de 2016, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria.

—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/840 del Consejo, de 27 de mayo de 2016, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.

—

Anule la Decisión (PESC) 2017/917 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria.

—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/907 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.

—

Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/1245 del Consejo, de 10 de julio de 2017, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria.

—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1241 del Consejo, de 10 de julio de 2017, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.

—

En consecuencia:

1.

Primer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación derivada del artículo 296 TFUE, párrafo segundo. La parte demandante reprocha al Consejo de la Unión Europea que se haya limitado a exponer consideraciones vagas y generales sin mencionar, de manera específica y concreta, los motivos por los que considera, en el ejercicio de su facultad discrecional de apreciación, que deben imponerse al demandante las medidas restrictivas en cuestión. Por lo tanto, no se ha expuesto ningún dato concreto y objetivo reprochado a la parte demandante que pueda justificar las medidas en cuestión.

2.

Segundo motivo, basado en la exigencia de proporcionalidad para limitar los derechos fundamentales. La parte demandante considera que deberían anularse las medidas controvertidas por cuanto son desproporcionadas en relación con el objetivo declarado y constituyen una injerencia desmesurada en la libertad de empresa y en el derecho de propiedad, consagrados respectivamente en los artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La desproporción se deriva del hecho de que las medidas tienen por objeto toda actividad económica influyente sin ningún otro criterio.

3.

Tercer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación y en la falta de pruebas, por cuanto el Consejo ha basado sus motivaciones sucesivas en apoyo de las medidas restrictivas en elementos que carecen manifiestamente de base fáctica, puesto que los hechos invocados están desprovistos de cualquier fundamento serio.

4.

Cuarto motivo, relativo a la pretensión de indemnización, por cuanto la imputación de determinados hechos graves no probados pone en peligro a la parte demandante y a su familia, lo que pone de manifiesto la importancia del perjuicio sufrido y justifica la petición de indemnización.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/35

—

Declare y resuelva

—

Condene a la parte demandada a cargar con todas las costas del procedimiento.

1.

Primer motivo, basado en una excepción de ilegalidad puesto que, a su parecer, la hoja de cálculo de 10 de noviembre de 2016 (en lo sucesivo, «decisión individual impugnada»), las notas de 15 de abril y de 22 de septiembre de 2016 en las que se basa, y las Guidelines, vulneran el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») y su Anexo X.

2.

Segundo motivo, basado en una excepción de ilegalidad puesto que las referidas notas en que se basó la decisión individual impugnada vulneran las Guidelines.

3.

Tercer motivo, basado en la ilegalidad de la decisión individual impugnada por los siguientes motivos:

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/36

—

Que se declare la vulneración del Derecho europeo por la JUR al dictar la Decisión SRB/EES/2017/08 adoptada en sesión ejecutiva de 7 de junio de 2017 y por la que se adopta el dispositivo de resolución en relación con la entidad financiera Banco Popular Español, S.A.;

—

Que, por consiguiente, se anule dicho acto, así como los posteriores actos de ejecución que a la JUR haya podido adoptar, todo ello con efectos ex tunc.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/36

—

Decisión (SRB/EES/2017/08) de la Junta Única de Resolución en su sesión ejecutiva de 7 de junio de 2017, por la que se ha adoptado el dispositivo de resolución sobre la entidad Banco Popular Español, S.A.

—

Decisión (UE) 2017/1246 de la Comisión de 7 de junio de 2017, por la que se aprueba el régimen de resolución del Banco Popular Español S.A.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/37

—

Decisión (SRB/EES/2017/08) de la Junta Única de Resolución en su sesión ejecutiva de 7 de junio de 2017, por la que se ha adoptado el dispositivo de resolución sobre la entidad Banco Popular Español, S.A;

—

Decisión (UE) 2017/1246 de la Comisión de 7 de junio de 2017, por la que se aprueba el régimen de resolución del banco Popular Español.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/37

—

La Decisión (SRB/EES/2017/08) de la Junta Única de Resolución en su sesión ejecutiva de 7 de junio de 2017, por la que se ha adoptado el dispositivo de resolución sobre la entidad Banco Popular Español, S.A.;

—

La Decisión (UE) 2017/1246 de la Comisión de 7 de junio de 2017, por la que se aprueba el régimen de resolución del Banco Popular Español.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/38

—

Declare la admisibilidad y fundamento del recurso del demandante.

—

En consecuencia, anule la Decisión (PESC) 2017/917, de 29 de mayo de 2017 y sus actos de ejecución subsiguientes, en cuanto se refieren al demandante.

—

Condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

1.

Primer motivo, basado en que los actos impugnados infringen su derecho de defensa, en particular, su derecho a la tutela judicial efectiva, establecido en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «CEDH»), el artículo 215 TFUE y los artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

2.

Segundo motivo, basado en que la parte demandada ha incumplido la obligación de motivación, en la medida en que la motivación proporcionada no cumple la obligación que incumbe a las instituciones de la Unión Europea con arreglo al artículo 6 del CEDH y a los artículos 296 TFUE y 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

3.

Tercer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación cometido por el Consejo en cuanto a la implicación de la parte demandante en la financiación del régimen sirio.

4.

Cuarto motivo, basado en que los actos impugnados restringen de forma injustificada y desproporcionada los derechos fundamentales de la parte demandante, y en particular su derecho de propiedad, establecido en el artículo 1 del Primer Protocolo Adicional al CEDH y en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, su derecho a que se respete su reputación establecido en los artículos 8 y 10, apartado 2, del CEDH, el principio de la presunción de inocencia establecido en los artículos 6 del CEDH y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y su derecho a la libre circulación, garantizado en el artículo 2, apartado 2, del Protocolo n.o 4 del CEDH.

5.

Quinto motivo, basado en la infracción de las Orientaciones sobre la aplicación y evaluación de las medidas restrictivas (sanciones) en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE (Documento 15114/05 del Consejo, de 2 de diciembre de 2005).

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/39

—

La Decisión (SRB/EES/2017/08) de la Junta Única de Resolución en su sesión ejecutiva de 7 de junio de 2017, por la que se ha adoptado el dispositivo de resolución sobre la entidad Banco Popular Español, S.A.;

—

La Decisión (UE) 2017/1246 de la Comisión de 7 de junio de 2017, por la que se aprueba el régimen de resolución del Banco Popular Español.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/39

—

La Decisión (SRB/EES/2017/08) de la Junta Única de Resolución en su sesión ejecutiva de 7 de junio de 2017, por la que se ha adoptado el dispositivo de resolución sobre la entidad Banco Popular Español, S.A.;

—

La Decisión (UE) 2017/1246 de la Comisión de 7 de junio de 2017, por la que se aprueba el régimen de resolución del banco Popular Español.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/40

—

La Decisión (SRB/EES/2017/08) de la Junta Única de Resolución en su sesión ejecutiva de 7 de junio de 2017, por la que se ha adoptado el dispositivo de resolución sobre la entidad Banco Popular Español, S.A.;

—

La Decisión (UE) 2017/1246 de la Comisión de 7 de junio de 2017, por la que se aprueba el régimen de resolución del banco Popular Español.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/40

—

Declare y decida,

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 266 TFUE, en la medida en que la parte demandada, al adoptar la decisión de 10 de octubre de 2016 por la que denegó la solicitud de asistencia presentada por la parte demandante (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), no tuvo en cuenta los fundamentos de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 16 de diciembre de 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15, EU:F:2015:153). La parte demandante considera además que la parte demandada no ha tomado en consideración el procedimiento llevado a cabo por la Oficina de Investigación y Disciplina de la Comisión (IDOC) a raíz de la sentencia de 14 de febrero de 2017, Kerstens/Comisión (T-270/16 P, no publicada, EU:T:2017:74).

2.

Segundo motivo, basado en la vulneración de los derechos de defensa y, en especial, la violación del derecho a ser oído y la violación del derecho de acceso al expediente que se deriva del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/41

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con las de la demandante.

—

Infracción del artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n.o 207/2009.

—

Infracción de los artículos 85 del Reglamento n.o 207/2009, y 94 del Reglamento n.o 2868/95.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/42

—

Decida:

1.

Primer motivo, basado en la falta de motivación, ya que el Consejo se negó a facilitar a la parte demandante motivación escrita y cuantificada en relación con su derrota en el procedimiento de nombramiento de jefe de la unidad de traducción neerlandófona.

2.

Segundo motivo, basado en la violación del principio de buena administración y en un error manifiesto de apreciación, en la medida en que no sólo el tribunal no evaluó comparativamente a los candidatos basándose en una calificación cuantificada, sino que tampoco existe en el expediente ningún otro documento —como un comentario resumen— que demuestre que haya habido consenso en el tribunal en el nombramiento de la Sra. [X] en lugar de la parte demandante.

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración del anuncio de vacante interna, en la medida en que la evaluación de la parte demandante también versó sobre el papel político del jefe de unidad de traducción, pese a que el anuncio de vacante en modo alguno mencionaba dicho elemento y tampoco se desprende del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») que el jefe de unidad de traducción tenga un papel político.

4.

Cuarto motivo, basado en la vulneración del interés del servicio y en un error manifiesto de apreciación, ya que no se evaluó el conocimiento del neerlandés, pese a tratarse de una unidad neerlandófona. En relación con ello, la parte demandante formula una excepción de ilegalidad con arreglo al artículo 277 del TFUE contra el anuncio de vacante interna, al amparo del artículo 7 del Estatuto. Al no exigir dicho anuncio el perfecto dominio del neerlandés, es, por tanto, contrario al artículo 7 del Estatuto. En consecuencia, la parte demandante solicita que en el presente procedimiento se reconozca incidenter tantum la ilegalidad de dicho anuncio. Por último, aduce que, si bien los demás servicios de traducción de las instituciones pueden beneficiarse de jefes de unidad con un perfecto conocimiento de la lengua de traducción, no ocurre así con la lengua neerlandófona. Así pues, se dará a ésta un trato distinto en relación con las demás lenguas, infringiendo el artículo 1 del Reglamento n.o 1/1958, que atribuye la misma dignidad a todas las lenguas.

5.

Quinto motivo, basado en la violación del principio de igualdad de trato y, en particular, en la violación del artículo 1 quinquies del Estatuto, como consecuencia de la discriminación por razón de sexo e idioma y en la violación del principio de proporcionalidad. La parte demandante considera que restringir al inglés las lenguas que podían utilizarse para superar la entrevista es una vulneración manifiesta del artículo 1 quinquies del Estatuto, pues la Sra. [X] tenía el inglés como segunda lengua, mientras que el inglés no era sino la tercera lengua de la parte demandante. Además, su experiencia en materia directiva era claramente superior a la de la Sra. [X], de modo que no cabe excluir que haya habido una discriminación por sexo, puesto que otros datos del expediente muestran que, en la selección interna, el Consejo tiende a elegir mujeres para compensar el nombramiento de hombres en el procedimiento externo. Por último, la parte demandante estima que se hizo una elección irracional ya que da ventaja y otorga un lugar privilegiado a una única lengua, lo que viola el principio de proporcionalidad.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/43

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción de los artículos 53, apartado 1, letra a), y 8, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/43

—

Anule la Decisión (PESC) 2017/917 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, en cuanto se refiere al demandante.

—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/907 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, en cuanto se refiere al demandante.

—

Condene al Consejo a cargar con la totalidad de los gastos y costas del procedimiento, incluidos los del demandante.

1.

Primer motivo, basado en el error manifiesto de apreciación de los hechos en que incurre la parte demandada al considerar que la parte demandante ha proporcionado apoyo al régimen sirio. En este sentido, se formulan las siguientes alegaciones contra las consideraciones recogidas en los actos impugnados:

2.

Segundo motivo, basado en la violación del principio general de proporcionalidad, por cuanto las medidas adoptadas por los actos impugnados producen tales efectos que aquéllas deben ser consideradas desproporcionadas en sí.

3.

Tercer motivo, basado en la violación desproporcionada del derecho de propiedad y del derecho a ejercer una actividad profesional, por cuanto las medidas controvertidas tienen como consecuencia impedir a la parte demandante el pacífico disfrute de sus bienes y de su libertad económica.

4.

Cuarto motivo, basado en una desviación de poder, por cuanto los actos impugnados se adoptaron para alcanzar fines distintos de los alegados, a saber, excluir a la parte demandante del mercado con el objetivo de favorecer a otros participantes en ese mercado, por lo que adolecen de desviación de poder.

5.

Quinto motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, por cuanto la motivación de los actos impugnados es en realidad puramente formal y, presumiblemente, la parte demandada no reflexionó acerca de tal motivación.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/44

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.o 207/2009.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/45

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene a la EUIPO y a Momondo Group Limited, en caso de que intervenga en el presente procedimiento, a cargar con las costas del mismo.

—

Infracción del artículo 64, apartado 6, del Reglamento n.o 207/2009.

—

Infracción del artículo 75 del Reglamento n.o 207/2009.

—

Infracción del artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 216/96 de la Comisión.

—

La resolución impugnada está repleta de afirmaciones que cuestionan o niegan directamente la validez de las marcas de la recurrente. La resolución impugnada es perjudicial para los intereses de la recurrente como titular de marcas registradas válidamente que ni tan siquiera están sujetas a la competencia de la recurrida.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/46

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/46

—

Anule la conclusión de la Comisión a la que llegó en el documento Ares(2017)3010674, de 15 de enero de 2017, de que los intereses esenciales de los productores de la Unión no se verían afectados negativamente por una autorización de la inclusión en el régimen de perfeccionamiento activo de determinados productos de acero magnético de grano orientado (GOES).

—

Condene en costas a la demandada de conformidad con el artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

1.

Primer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.

2.

Segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación de los hechos.

3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 211, apartado 4, letra b), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 (1) y del Reglamento (CE) n.o 1225/2009. (2)

4.

Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 259, apartado 4, del Reglamento de Ejecución del Código Aduanero de la Unión y de las normas horizontales sobre las actuaciones de los grupos de expertos de la Comisión.

5.

Quinto motivo, basado en la vulneración de los derechos de defensa.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/47

—

Declare nula la decisión del Banco Central Europeo (BCE) relativa a la adjudicación a otro licitador del contrato, en forma de decisión de recurso de 17 de agosto de 2017, así como las futuras decisiones que se adopten en relación con la misma.

—

Condene en costas a la parte demandada.

16.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 347/48

—

Anule la resolución impugnada.

—

Declare infundado el registro Benelux n.o 894 557 y devuelva el asunto a la División de Oposición o a la Sala de Recurso de la EUIPO.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción de la regla 19 del Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria.