18.7.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/1

18.7.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/2

1)

El artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, y el artículo 2, punto 7, del Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1260/1999, deben interpretarse en el sentido de que la infracción de disposiciones nacionales por un poder adjudicador beneficiario de Fondos Estructurales en el marco de la adjudicación de un contrato público con un valor estimado inferior al umbral previsto en el artículo 7, letra a), de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, con motivo de la adjudicación de dicho contrato, puede constituir una «irregularidad» en el sentido de dicho artículo 1, apartado 2, o del citado artículo 2, punto 7, siempre que dicha infracción tenga o pueda tener como efecto causar un perjuicio al presupuesto general de la Unión al imputarle un gasto indebido.

2)

El artículo 98, apartado 2, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento n.o 1083/2006 debe interpretarse en el sentido de que las correcciones financieras efectuadas por los Estados miembros, cuando han sido aplicadas a gastos cofinanciados por los Fondos Estructurales por haberse infringido las disposiciones en materia de adjudicación de contratos públicos, son medidas administrativas en el sentido del artículo 4 del Reglamento n.o 2988/95.

3)

Los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, por un Estado miembro, de correcciones financieras reguladas por un acto normativo interno que entró en vigor después de que tuviera lugar una supuesta infracción de disposiciones en materia de contratación pública, siempre que se trate de la aplicación de una normativa nueva a los efectos futuros de situaciones nacidas durante la vigencia de la normativa anterior, extremo que incumbe verificar al tribunal remitente teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes en el litigio principal.

18.7.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/3

18.7.2016   

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C 260/4

18.7.2016   

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C 260/4

18.7.2016   

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C 260/5

18.7.2016   

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C 260/6

1)

Los artículos 2, 4, 10 y 11 de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, según su modificación por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una legislación de un Estado miembro que establece un impuesto anual sobre los organismos de inversión colectiva, como el que es objeto del litigio principal, y que somete a ese impuesto a los organismos de inversión colectiva regidos por un Derecho extranjero que distribuyen participaciones en ese Estado miembro.

2)

La Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), entendida en su caso en conjunción con el artículo 10 CE y el artículo 293 CE, segundo guion, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la legislación de un Estado miembro que establece un impuesto anual sobre los organismos de inversión colectiva, como el que es objeto del litigio principal, y que somete a ese impuesto a los organismos de inversión colectiva regidos por un Derecho extranjero que distribuyen participaciones en ese Estado miembro, siempre que esa legislación sea aplicada de forma no discriminatoria.

3)

El artículo 56 CE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la legislación de un Estado miembro que establece un impuesto anual sobre los organismos de inversión colectiva, como el que es objeto del litigio principal, y que somete a ese impuesto a los organismos de inversión colectiva regidos por un Derecho extranjero que distribuyen participaciones en ese Estado miembro.

4)

El artículo 49 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional, como el artículo 162, párrafo segundo, del Código del impuesto de sucesiones, con la que un Estado miembro prevé una sanción específica, a saber, la prohibición de distribuir participaciones en el futuro, ordenada por un juez en contra de los organismos de inversión colectiva regidos por un Derecho extranjero, en caso de incumplimiento por éstos de la obligación de presentar la declaración anual necesaria para la recaudación de impuesto sobre los organismos de inversión colectiva o de impago de éste.

18.7.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/7

18.7.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/7

1)

La partida 8713 de la Nomenclatura Combinada, que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1810/2004 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2004, debe interpretarse en el sentido de que:

2)

El término «inválidos», mencionado en la partida 8713 de la Nomenclatura Combinada, que figura en el anexo I del Reglamento n.o 2658/87, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1810/2004, debe interpretarse en el sentido de que designa a las personas que sufren una limitación no marginal de su capacidad para caminar, siendo irrelevante la duración de esta limitación y la posible presencia de otras limitaciones de capacidades.

18.7.2016   

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C 260/8

1)

Anular la sentencia del Tribunal General de 5 de marzo de 2015, Rose Vision y Seseña/Comisión (T-45/13, no publicada, EU:T:2015:138), en cuanto atañe a Rose Vision, S.L.

2)

Devolver el asunto al Tribunal General.

3)

Reservar la decisión sobre las costas.

18.7.2016   

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C 260/9

1)

La República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 63 TFUE y del artículo 40 del Acuerdo del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, al adoptar y mantener en vigor una normativa que establece una exención del impuesto de sucesiones relativo a la vivienda habitual que se aplica únicamente a los nacionales de los Estados miembros de la Unión que residen en Grecia.

2)

Condenar en costas a la República Helénica.

18.7.2016   

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C 260/9

18.7.2016   

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C 260/10

18.7.2016   

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C 260/11

1)

La regla 2, letra b), y la regla 3, letra b), de las Reglas generales para la interpretación de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en las versiones resultantes, respectivamente, del Reglamento (CE) n.o 1031/2008 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2008, y del Reglamento (CE) n.o 948/2009 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2009, deben interpretarse en el sentido de que, cuando el carácter esencial de una mezcla de gases, como el gas licuado de petróleo controvertido en el litigio principal, viene determinado por todos los componentes de la mezcla en su conjunto, de modo que no es posible determinar el componente que le confiere su carácter esencial y, en todo caso, es imposible determinar la cantidad exacta de cada uno de los componentes del gas licuado de petróleo controvertido, no debe presumirse que la sustancia que confiere al producto su carácter esencial, en el sentido de la regla 3, letra b), de tales Reglas generales, es aquella que se halla presente en mayor proporción en la mezcla.

2)

La referida Nomenclatura Combinada debe interpretarse en el sentido de que un gas licuado de petróleo, como el controvertido en el litigio principal, que contiene un 0,32 % de metano, etano y etileno, un 58,32 % de propano y propileno, y no más de un 39,99 % de butano y butileno, y respecto del cual no es posible determinar cuál de las sustancias que lo componen le confiere su carácter esencial, ha de incluirse en la subpartida 2711 19 00, esto es, «Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos, licuados, los demás».

3)

El artículo 218, apartado 1, letra d), del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código aduanero comunitario, debe interpretarse en el sentido de que no impone a los declarantes de gas licuado de petróleo, como el declarante controvertido en el litigio principal, la obligación de indicar con precisión la cantidad porcentual de la sustancia con mayor presencia en dicho gas licuado de petróleo.

18.7.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/12

18.7.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/13

1)

El artículo 4 bis, apartado 1, letra a), inciso i), de la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que las expresiones «citado en persona» y «recibió efectivamente por otros medios, de tal forma que pueda establecerse sin lugar a dudas que tenía conocimiento de la celebración prevista del juicio, información oficial de la fecha y lugar previstos», que aparecen en ese precepto, son conceptos autónomos del Derecho de la Unión y deben interpretarse de manera uniforme en toda la Unión Europea.

2)

El artículo 4 bis, apartado 1, letra a), inciso i), de la Decisión marco 2002/584, en su versión modificada por la Decisión marco 2009/299, debe interpretarse en el sentido de que no cumple por sí sola los requisitos establecidos en ese precepto una citación, como la controvertida en el procedimiento principal, que no fue notificada directamente al interesado, sino que se entregó, en el domicilio de éste, a un adulto que vive en dicho domicilio y que se comprometió a entregársela, cuando la orden de detención europea no permita dilucidar si y, en su caso, cuándo ese adulto entregó efectivamente la citación al interesado.

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/13

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/14

18.7.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/15

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/15

1)

¿Se oponen los artículos 2 y 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13/UE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, a una disposición de un Estado miembro con arreglo a la cual se impone a la persona acusada en un procedimiento penal que no resida en dicho Estado miembro la obligación de designar un representante legal a efectos de la notificación de una orden penal dictada en su contra, aunque a consecuencia de ello la referida persona no disponga de todo el plazo impartido para formular oposición contra dicha orden, pero tampoco disponga de un domicilio donde se le pueda notificar de forma fehaciente la orden penal, y aunque la notificación personal al representante legal a efectos de notificaciones que sí disponga de domicilio le permita mantener informado a dicho representante de adónde se le puede enviar a la referida persona la orden penal de manera fehaciente?

2)

¿Se oponen los artículos 2, apartado 1, y 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, a una disposición de un Estado miembro con arreglo a la cual se impone a la persona acusada en un procedimiento penal que no resida en dicho Estado miembro la obligación de designar un representante legal a efectos de la notificación de una orden penal dictada en su contra, y para el cómputo del plazo para formular oposición basta simplemente con la notificación a un representante legal designado a efectos de dicha notificación, si, en caso de expiración del plazo así computado, la persona acusada puede exigir la restitutio in integrum y, para excusar el incumplimiento del plazo, le basta con aducir que ha formulado oposición dentro del plazo, computado desde que se le hizo llegar la orden penal, es decir, si mediante la restitutio puede disfrutar de nuevo de la totalidad del plazo impartido para formular la oposición, aun cuando legalmente, por regla general, se ordene la ejecutoriedad de la orden penal al expirar el plazo impartido para formular dicha oposición?

18.7.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/16

18.7.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/17

1)

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión Europea, en especial el artículo 2 de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (en lo sucesivo, «Directiva 2006/126»), (1) o los artículos 18, 21, 45, 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el sentido de que se opone a una regulación de un Estado miembro que deniega el reconocimiento de una autorización para conducir obtenida en otro Estado miembro, en particular cuando dicha autorización se obtuvo conforme a las disposiciones de la Directiva 2006/126?

2)

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión Europea, en especial el artículo 2 de la Directiva 2006/126 o los artículos 18 TFUE, 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE y 56 TFUE, en el sentido de que se opone a una regulación de un Estado miembro que deniega el reconocimiento de un documento de legitimación expedido por un segundo Estado miembro al titular de una autorización para conducir obtenida en ese segundo Estado miembro conforme a las disposiciones de la Directiva 2006/126, aunque dicho segundo Estado miembro haya limitado la validez del documento de legitimación temporalmente y a su propio territorio y dicho documento tampoco cumpla los requisitos del modelo de permiso de conducción que recoge la Directiva 2006/126?

3)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse el Derecho de la Unión Europea, en especial el artículo 2 de la Directiva 2006/126 o los artículos 18 TFUE, 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE y 56 TFUE, en el sentido de que se opone a una regulación de un Estado miembro que castiga con una condena penal la infracción consistente en conducir vehículos de motor sin que el conductor tenga derecho a conducir, a pesar de haber obtenido dicho conductor en un segundo Estado miembro y conforme a las disposiciones de la Directiva 2006/126 una autorización para conducir, sin poder sin embargo demostrarlo mediante un documento de legitimación acorde al modelo de permiso de conducción de dicha Directiva?

4)

En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, ¿debe interpretarse el Derecho de la Unión Europea, en especial el artículo 2 de la Directiva 2006/126 o los artículos 18 TFUE, 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE y 56 TFUE, en el sentido de que se opone a una regulación de un Estado miembro en el cual al candidato al permiso de conducción se le entrega por norma el permiso de conducción definitivo nada más superar el examen práctico de conducción, y que castiga con una sanción gubernativa la infracción administrativa consistente en que el conductor, habiendo obtenido en un segundo Estado miembro y conforme a las disposiciones de la Directiva 2006/126 una autorización para conducir, no lleve al circular un permiso de conducción definitivo que demuestre su derecho a conducir, porque dicho permiso aún no haya sido expedido debido a las particularidades del procedimiento para la expedición del permiso de conducción definitivo en dicho segundo Estado miembro, particularidades que escapan al control del conductor, llevando consigo sin embargo al circular un certificado oficial sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para la obtención de la autorización para conducir?

18.7.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/18

1)

¿Deben interpretarse las disposiciones que regulan el derecho a la tutela judicial efectiva contra la decisión de traslado en el Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, (1) en particular el artículo 27, apartado 1, en relación con el considerando decimonoveno, en el sentido de que un solicitante de asilo puede alegar la transferencia de la responsabilidad al Estado miembro requirente por haber expirado el plazo de seis meses para el traslado (artículo 29, apartado 2, en relación con el artículo 29, apartado 1, del Reglamento n.o 604/2013)?

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

2)

¿Se produce la transferencia de la responsabilidad conforme al artículo 29, apartado 2, primera frase, del Reglamento n.o 604/2013 por el mero hecho de haber transcurrido el plazo de traslado sin que éste se produzca, o exige también que el Estado miembro responsable niegue la obligación de tomar a cargo o de readmitir a la persona interesada?

18.7.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/18

1)

¿Debe interpretarse el artículo 2, letra d), de la Directiva 95/46/CE (1) en el sentido de que regula taxativa y exhaustivamente la responsabilidad por las infracciones en materia de protección de datos, o bien, en el ámbito de las «medidas adecuadas» a que se refiere el artículo 24 de la Directiva 95/46/CE y de los «poderes efectivos de intervención» mencionados en el artículo 28, apartado 3, segundo guion, de la misma Directiva, en las relaciones en cadena de proveedores de información también puede incurrir en responsabilidad una entidad que no sea responsable del tratamiento de los datos, en el sentido del artículo 2, letra d), de la Directiva 95/46/CE, por la elección del operador para su oferta de información?

2)

¿De la obligación impuesta por artículo 17, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE a los Estados miembros de establecer que, en caso de que se encargue el tratamiento de los datos, el responsable del tratamiento deberá «elegir un encargado del tratamiento que reúna garantías suficientes en relación con las medidas de seguridad técnica y de organización de los tratamientos que deban efectuarse» se deduce, a sensu contrario, que en otras relaciones de uso no relacionadas con un tratamiento de datos por encargo a efectos del artículo 2, letra e), de la Directiva 95/46/CE no existe tal obligación de elección diligente y tampoco la puede imponer la normativa nacional?

3)

En los casos en que un grupo matriz establecido fuera de la Unión Europea mantenga establecimientos jurídicamente independientes (filiales) en diversos Estados miembros, ¿la autoridad de control de un Estado miembro (en este caso, Alemania) es competente con arreglo a los artículos 4 y 28, apartado 6, de la Directiva 95/46/CE para ejercer las facultades atribuidas con arreglo al artículo 28, apartado 3, de la Directiva 95/46/CE contra el establecimiento situado en su propio territorio, aunque este establecimiento sólo tenga funciones de promoción de las ventas de publicidad y otras medidas de marketing dirigidas a los habitantes de ese Estado miembro, mientras que, conforme al reparto interno de las funciones dentro del grupo, corresponde al establecimiento independiente (filial) situado en otro Estado miembro (en este caso, Irlanda) la responsabilidad exclusiva relativa a la obtención y al tratamiento de datos personales en todo el territorio de la Unión Europea y, por tanto, también en el otro Estado miembro (en este caso, Alemania), cuando en realidad la decisión sobre el tratamiento de los datos la toma el grupo matriz?

4)

¿Deben interpretarse los artículos 4, apartado 1, letra a), y 28, apartado 3, de la Directiva 95/46/CE en el sentido de que, en los casos en que el responsable del tratamiento disponga de un establecimiento en el territorio de un Estado miembro (en este caso, Irlanda) y de otro establecimiento jurídicamente independiente en el territorio de otro Estado miembro (en este caso, Alemania), el cual se ocupa, en particular, de la venta de espacios publicitarios y cuya actividad está dirigida a los habitantes de dicho Estado, la autoridad de control competente en este otro Estado miembro (en este caso, Alemania) puede adoptar medidas y dictar órdenes para la ejecución de la normativa en materia de protección de datos contra el establecimiento (en este caso, sito en Alemania) que, conforme al reparto interno de las funciones y responsabilidades dentro del grupo, no es responsable del tratamiento de los datos, o sólo puede decretar tales medidas y órdenes la autoridad de control del Estado miembro (en este caso, Irlanda) en cuyo territorio tiene su sede la entidad responsable dentro del grupo?

5)

¿Deben interpretarse los artículos 4, apartado 1, letra a), y 28, apartados 3 y 6, de la Directiva 95/46/CE en el sentido de que, en los casos en que la autoridad de control de un Estado miembro (en este caso, Alemania) se dirige con arreglo al artículo 28, apartado 3, de la Directiva 95/46/CE contra una persona o entidad que opera en su territorio porque ésta no ha elegido diligentemente al tercero implicado en el proceso de tratamiento de datos (en este caso, Facebook), dado que dicho tercero infringe la normativa en materia de protección de datos, la autoridad de control que actúa (en este caso, Alemania) se halla vinculada a la valoración a efectos de protección de datos realizada por la autoridad de control de otro Estado miembro, donde tiene su establecimiento el tercero responsable del tratamiento de datos (en este caso, Irlanda), de manera que no puede efectuar ninguna valoración jurídica diferente, o bien la autoridad de control que actúa (en este caso, Alemania) puede verificar de forma autónoma la legalidad del tratamiento de datos por el tercero establecido en el otro Estado miembro (en este caso, Irlanda) como cuestión incidental previa a su propia actuación?

6)

En caso de que la autoridad de control que actúa (en este caso, Alemania) pueda efectuar una verificación de forma autónoma: ¿ha de interpretarse el artículo 28, apartado 6, segunda frase, de la Directiva 95/46/CE en el sentido de que dicha autoridad de control sólo puede ejercer los poderes efectivos de intervención que le atribuye el artículo 28, apartado 3, de la misma Directiva contra una persona o entidad establecida en su territorio por corresponsabilidad en las infracciones en materia de protección de datos cometidas por un tercero establecido en otro Estado miembro si, previamente, ha pedido a la autoridad de control del otro Estado miembro (en este caso, Irlanda) que ejercite sus poderes?

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/20

1)

¿Se oponen los artículos 2 y 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13/UE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, a una disposición de un Estado miembro con arreglo a la cual se impone a la persona acusada en una causa penal que no tenga domicilio en dicho Estado miembro la obligación de designar a un representante legal a efectos de la notificación de una orden penal dictada en su contra, aunque a consecuencia de ello la referida persona no disponga de todo el plazo impartido para formular oposición contra dicha orden, pero tampoco disponga de una dirección donde se le pueda notificar de forma fehaciente la orden penal, y aunque la notificación personal al representante legal a efectos de notificaciones que sí disponga de dirección le permita mantener informado a dicho representante de adónde se le puede enviar a la referida persona la orden penal de manera fehaciente?

2)

¿Se oponen los artículos 2, apartado 1, y 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, a una disposición de un Estado miembro con arreglo a la cual se impone a la persona acusada en una causa penal que no tenga domicilio en dicho Estado miembro la obligación de designar a un representante legal a efectos de la notificación de una orden penal dictada en su contra, y para el cómputo del plazo para formular oposición basta simplemente con la notificación a un representante legal designado a efectos de dicha notificación, si, en caso de expiración del plazo así computado, la persona acusada puede exigir la restitutio in integrum y, para excusar el incumplimiento del plazo, le basta con aducir que ha formulado oposición dentro del plazo, computado desde que se le transmitió la orden penal, es decir, si mediante la restitutio in integrum puede disfrutar de nuevo de la totalidad del plazo impartido para formular la oposición, aun cuando legalmente, por regla general, se ordene la ejecución de la orden penal al expirar el plazo impartido para formular dicha oposición?

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/21

1)

¿Los sistemas de distribución selectiva destinados a la venta de productos de lujo y de prestigio y dirigidos primordialmente a asegurar una «imagen de lujo» de los productos constituyen un elemento de la competencia compatible con el artículo 101 TFUE, apartado 1?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

¿Puede considerarse un elemento de la competencia compatible con el artículo 101 TFUE, apartado 1, el que se prohíba de forma general a los miembros de un sistema de distribución selectiva que operen en el comercio minorista recurrir en las ventas por Internet a terceras empresas externamente reconocibles, independientemente de si en el caso concreto se satisfacen o no las legítimas exigencias de calidad del fabricante?

3)

¿Debe interpretarse el artículo 4, letra b), del Reglamento (UE) n.o 330/2010 (1) en el sentido de que la prohibición impuesta a los miembros de un sistema de distribución selectiva que operan en el comercio minorista de recurrir a terceras empresas externamente reconocibles en las ventas por Internet constituye una restricción por objeto de la clientela del minorista?

4)

¿Debe interpretarse el artículo 4, letra c), del Reglamento (UE) n.o 330/2010 en el sentido de que la prohibición impuesta a los miembros de un sistema de distribución selectiva que operan en el comercio minorista de recurrir a terceras empresas externamente reconocibles en las ventas por Internet constituye una restricción por objeto de las ventas pasivas a los usuarios finales?

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/21

1)

¿Los artículos 49 y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la existencia de un impuesto regional que grava la utilización de grandes superficies comerciales individuales cuya superficie de venta sea igual o superior a 2 500 m2 por razón del impacto que pueden ocasionar al territorio, al medio ambiente y a la trama del comercio urbano de esa región, pero que legalmente opera con independencia de la ubicación real de esos establecimientos comerciales fuera o dentro de la trama urbana consolidada y prácticamente recae en la mayoría de los supuestos sobre las empresas de otros Estados miembros, teniendo en cuenta que: (i) no afecta a los comerciantes titulares de varios establecimientos comerciales con una superficie de venta individual inferior a 2 500 m2 sea cual sea la suma de la superficie de venta de todos sus establecimientos; (ii) exonera a los grandes establecimientos comerciales colectivos; (iii) exime a los establecimientos comerciales individuales dedicados a la jardinería y a la venta de vehículos, materiales para la construcción, maquinaria y suministros industriales, y (iv) hace tributar únicamente por el 40 % de la base liquidable que les corresponda a los dedicados esencialmente a la venta de mobiliario, de artículos de saneamiento, y de puertas y ventanas, y a los centros de bricolaje?

2)

¿El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que constituyen ayudas de Estado prohibidas, con arreglo a dicha disposición, (i) la exoneración total en el IGEC de los establecimientos comerciales individuales cuya superficie de venta sea inferior a 2 500 m2, de los establecimientos comerciales colectivos y de los establecimientos comerciales individuales dedicados a la jardinería y a la venta de vehículos, materiales para la construcción, maquinaria y suministros industriales, y (ii) la exoneración parcial del IGEC de los establecimientos comerciales individuales dedicados esencialmente a la venta de mobiliario, de artículos de saneamiento, y de puertas y ventanas, y a los centros de bricolaje?

3)

Si las exoneraciones totales y parciales del IGEC reseñadas constituyen ayudas de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, ¿cuál sería el alcance temporal de esa decisión, habida cuenta de la existencia y del contenido de la carta que, con fecha 2 de octubre de 2003, el Director de Ayudas del Estado de la DG COMP remitió a la Representación del Reino de España ante la Unión Europea, en relación con el asunto CP 11/01, supuestas ayudas concedidas por la Comunidad Autónoma de Cataluña de acuerdo con la Ley del Parlament de Catalunya?

18.7.2016   

ES

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C 260/22

1)

¿Los artículos 49 y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la existencia de un impuesto regional que grava el funcionamiento de grandes establecimientos comerciales cuya superficie útil de exposición y venta al público sea igual o superior a 4 000 m2 por razón del impacto que producen sobre el territorio, el medio ambiente y la trama del comercio urbano de esa región, pero que opera con independencia de la ubicación real de esos establecimientos comerciales fuera o dentro de la trama urbana consolidada y recae en la mayoría de los supuestos sobre las empresas de otros Estados miembros, teniendo en cuenta (i) que no afecta a los comerciantes titulares de varios establecimientos comerciales, individuales o colectivos, con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 4 000 m2, sea cual sea la suma de la superficie útil de la exposición y venta al público de todos sus establecimientos, y (ii) que no somete a gravamen a los grandes establecimientos comerciales individuales, cuya superficie útil de exposición y venta al público no exceda de 10 000 m2, cuando desempeñen única y exclusivamente actividades de jardinería, de venta de vehículos, de materiales para la construcción, de maquinaria y de suministros industriales?

2)

¿El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que constituye ayudas de Estado prohibidas, con arreglo a dicha disposición, la no sujeción al IGEC asturiano de los establecimientos comerciales, individuales o colectivos, con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 4 000 m2, y de los grandes establecimientos comerciales individuales, cuya superficie útil de exposición y venta al público no exceda de 10 000 m2, cuando desempeñen única y exclusivamente actividades de jardinería, de venta de vehículos, de materiales para la construcción, de maquinaria y de suministros industriales?

18.7.2016   

ES

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C 260/23

1)

¿Los artículos 49 y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la existencia de un impuesto regional que grava el funcionamiento de grandes establecimientos comerciales cuya superficie útil de exposición y venta al público sea igual o superior a 4 000 m2 por razón del impacto que producen sobre el territorio, el medio ambiente y la trama del comercio urbano de esa región, pero que opera con independencia de la ubicación real de esos establecimientos comerciales fuera o dentro de la trama urbana consolidada y recae en la mayoría de los supuestos sobre las empresas de otros Estados miembros, teniendo en cuenta (i) que no afecta a los comerciantes titulares de varios establecimientos comerciales, individuales o colectivos, con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 4 000 m2, sea cual sea la suma de la superficie útil de la exposición y venta al público de todos sus establecimientos, y (ii) que no somete a gravamen a los grandes establecimientos comerciales individuales, cuya superficie útil de exposición y venta al público no exceda de 10 000 m2, cuando desempeñen única y exclusivamente actividades de jardinería, de venta de vehículos, de materiales para la construcción, de maquinaria y de suministros industriales?

2)

¿El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que constituye ayudas de Estado prohibidas, con arreglo a dicha disposición, la no sujeción al IGEC asturiano de los establecimientos comerciales, individuales o colectivos, con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 4 000 m2, y de los grandes establecimientos comerciales individuales, cuya superficie útil de exposición y venta al público no exceda de 10 000 m2, cuando desempeñen única y exclusivamente actividades de jardinería, de venta de vehículos, de materiales para la construcción, de maquinaria y de suministros industriales?

18.7.2016   

ES

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C 260/24

1)

¿Los artículos 49 y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la existencia de un impuesto regional que declara gravar el daño medioambiental causado por la utilización de las instalaciones y elementos afectos a la actividad y al tráfico desarrollados en los establecimientos comerciales que dispongan de una gran área de venta y de aparcamiento para sus clientes, siempre que la superficie de venta al público sea superior a 500 m2, pero que resulta exigible con independencia de la ubicación real de esos establecimientos comerciales fuera o dentro de la trama urbana consolidada y recae en la mayoría de los supuestos sobre las empresas de otros Estados miembros, teniendo en cuenta: (i) que no grava efectivamente a los comerciantes titulares de varios establecimientos comerciales, sea cual sea la superficie de venta al público que totalicen, si ninguno de ellos cuenta con una superficie de venta al público superior a 500 m2 e incluso si alguno o algunos de ellos superan ese umbral, pero la base imponible no supera a 2 000 m2, mientras que sí grava efectivamente a los comerciantes con un único establecimiento comercial cuya superficie de venta al público supere esos umbrales, y (ii) que además no somete a gravamen a los establecimientos comerciales dedicados a la venta exclusiva de maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales; de materiales para la construcción, saneamiento, puertas y ventanas, de venta exclusiva a profesionales; mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y especializados; de vehículos automóviles, en salas de exposición de concesionarios y talleres de reparación; de viveros para jardinería y cultivos, y de combustibles y carburantes de automoción, sea cual sea su superficie de venta al público con la que cuenten?

2)

¿El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que constituye ayudas de Estado prohibidas, con arreglo a dicha disposición, la ausencia de tributación efectiva en el IDMGAV de los establecimientos comerciales con una superficie de venta al público no superior a 500 m2 o superior para los que la base imponible no exceda los 2 000 m2, y de los establecimientos comerciales dedicados a la venta exclusiva de maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales; de materiales para la construcción, saneamiento, puertas y ventanas, de venta exclusiva a profesionales; de mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y especializados; de vehículos automóviles, en salas de exposición de concesionarios y talleres de reparación; de viveros para jardinería y cultivos, y de combustibles y carburantes de automoción?

18.7.2016   

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C 260/25

1)

¿Los artículos 49 y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la existencia de un impuesto regional que declara gravar el daño medioambiental causado por la utilización de las instalaciones y elementos afectos a la actividad y al tráfico desarrollados en los establecimientos comerciales que dispongan de una gran área de venta y de aparcamiento para sus clientes, siempre que la superficie de venta al público sea superior a 500 m2, pero que resulta exigible con independencia de la ubicación real de esos establecimientos comerciales fuera o dentro de la trama urbana consolidada y recae en la mayoría de los supuestos sobre las empresas de otros Estados miembros, teniendo en cuenta: (i) que no grava efectivamente a los comerciantes titulares de varios establecimientos comerciales, sea cual sea la superficie de venta al público que totalicen, si ninguno de ellos cuenta con una superficie de venta al público superior a 500 m2 e incluso si alguno o algunos de ellos superan ese umbral, pero la base imponible no supera a 2 000 m2, mientras que sí grava efectivamente a los comerciantes con un único establecimiento comercial cuya superficie de venta al público supere esos umbrales, y (ii) que además no somete a gravamen a los establecimientos comerciales dedicados a la venta exclusiva de maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales; de materiales para la construcción, saneamiento, puertas y ventanas, de venta exclusiva a profesionales; mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y especializados; de vehículos automóviles, en salas de exposición de concesionarios y talleres de reparación; de viveros para jardinería y cultivos, y de combustibles y carburantes de automoción, sea cual sea su superficie de venta al público con la que cuenten?

2)

¿El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que constituyen ayudas de Estado prohibidas, con arreglo a dicha disposición, la ausencia de tributación efectiva en el IDMGAV de los establecimientos comerciales con una superficie de venta al público no superior a 500 m2 o superior para los que la base imponible no exceda los 2 000 m2, y de los establecimientos comerciales dedicados a la venta exclusiva de maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales; de materiales para la construcción, saneamiento, puertas y ventanas, de venta exclusiva a profesionales; de mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y especializados; de vehículos automóviles, en salas de exposición de concesionarios y talleres de reparación; de viveros para jardinería y cultivos, y de combustibles y carburantes de automoción?

18.7.2016   

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C 260/25

—

Que se anule el Auto del Tribunal General de la Unión Europea de 16 de febrero de 2016, en el asunto T-296/15, Industrias Químicas del Vallés, S.A. (IQV) contra Comisión Europea.

—

Que se declare la admisibilidad del recurso de IQV en anulación del Reglamento de Ejecución (UE) no 2015/408 (1), de la Comisión.

—

Que se devuelva el asunto al Tribunal General de la Unión Europea para que se pronuncie sobre el fondo en el asunto T-296/15.

—

Que se condene a la Comisión Europea a pagar las costas de este procedimiento.

(i)

El Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar, en el Auto recurrido, que el Reglamento impugnado es un acto reglamentario que incluye respecto de la demandante medidas de ejecución en el sentido del artículo 263, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(ii)

El Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar, en el Auto recurrido, que la inadmisibilidad de su recurso contra el reglamento impugnado no privaba a IQV de tutela judicial efectiva.

(iii)

El Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar, en el Auto recurrido, que IQV no estaba individualmente afectada por el Reglamento impugnado.

18.7.2016   

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C 260/26

1)

Habida cuenta de los artículos 11, parte C, apartado 1, y 20, apartado 1, letra b), segunda frase, de la Directiva 77/388/CEE, (1) que se refieren, respectivamente, a la reducción de la base imponible y a la rectificación del IVA repercutido en operaciones imponibles en caso de impago total o parcial de la contraprestación establecida entre las partes, ¿es conforme a los principios de proporcionalidad y efectividad garantizados en el TFUE y al principio de neutralidad que rige la aplicación del IVA establecer límites que hagan imposible o excesivamente gravoso –también en lo que atañe a los plazos relacionados con la duración imprevisible de un procedimiento concursal– para el sujeto pasivo obtener la devolución del impuesto relativo a la contraprestación total o parcialmente impagada?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión ¿es compatible con los principios antes citados una norma, como el artículo 26, apartado 2, del Decreto del Presidente de la República no 633/1972, en su versión vigente con anterioridad a las modificaciones introducidas por el artículo 1, apartados 126 y 127, de la Ley no 208 de 28 de diciembre de 2015, que supedita el derecho a obtener la devolución del impuesto a que se acredite que se han instado procedimientos concursales sin éxito, es decir, según la jurisprudencia y la práctica de la autoridad tributaria del Estado miembro de la Unión, exclusivamente, tras un reparto final infructuoso del activo o, a falta de éste, del carácter definitivo de la medida de clausura del procedimiento concursal, incluso cuando dicha actuación resulte razonablemente antieconómica a raíz del importe del crédito, de las perspectivas de cobro y del coste de los procedimientos concursales y teniendo en cuenta que, en cualquier caso, dichos presupuestos pueden producirse muchos años después de la fecha de apertura del procedimiento concursal?

18.7.2016   

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C 260/27

18.7.2016   

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C 260/28

1)

¿Debe interpretarse el artículo 96 TFUE, apartado 1, en el sentido de que puede aplicarse a los precios y condiciones impuestas por un Estado miembro a quienes explotan servicios de taxi cuando a) las carreras de los taxis de que se trata sólo salen de las fronteras nacionales de forma excepcional, b) una parte significativa de la clientela de los taxis de que se trata está constituida por nacionales o residentes de la Unión Europea que no son nacionales ni residentes del Estado miembro en cuestión, y c) en las circunstancias concretas del asunto, las carreras de taxi controvertidas son a menudo, para el pasajero, tan sólo una etapa de un viaje más largo, cuyo punto de llegada o de partida se sitúa en un país de la Unión distinto del Estado miembro en cuestión?

2)

¿Debe interpretarse el artículo 96 TFUE, apartado 1, en el sentido de que puede aplicarse a condiciones de explotación distintas de las condiciones tarifarias y las condiciones de obtención de la autorización para ejercer la actividad de transporte de que se trata, tales como, en el caso de autos, la prohibición de ofrecer plazas individuales en lugar del conjunto del vehículo y la prohibición de determinar por sí mismos el destino de una carrera propuesta a la clientela impuestas a quienes explotan taxis, que tienen como consecuencia impedir a éstos la agrupación de clientes que tengan un mismo destino?

3)

¿Debe interpretarse el artículo 96 TFUE, apartado 1, en el sentido de que prohíbe, salvo que sean autorizadas por la Comisión, medidas como las contempladas en la segunda cuestión a) que tengan como objetivo general, entre otros, la protección de quienes explotan servicios de taxi frente a la competencia de las empresas de alquiler de coches con chófer, y b) que tengan como efecto específico en las circunstancias concretas del asunto la protección de las empresas de autocares frente a la competencia de quienes explotan servicios de taxi?

4)

¿Debe interpretarse el artículo 96 TFUE, apartado 1, en el sentido de que prohíbe, salvo autorización de la Comisión, una medida que imponga a quienes explotan servicios de taxi la prohibición de captar clientes, cuando dicha medida tenga por efecto, en las circunstancias concretas del asunto, reducir la capacidad de éstos para conseguir los clientes de un servicio de autocares con el que compiten?

18.7.2016   

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C 260/29

18.7.2016   

ES

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C 260/29

1)

¿Debe interpretarse el artículo 31, apartado 4, del Convenio de Montreal en el sentido de que, para conservar la legitimación activa, además de presentar la protesta en el plazo establecido, es necesario presentarla en plazo y por escrito en el sentido del artículo 31, apartado 3?

2)

En caso de que la conservación de la legitimación activa requiera que la protesta se presente en plazo y por escrito, ¿debe interpretarse el artículo 31, apartado 3, del Convenio de Montreal en el sentido de que la exigencia de forma escrita puede verse satisfecha también por medios electrónicos e incluso con el registro del perjuicio declarado en el sistema de información de la compañía aérea?

3)

¿Se opone el Convenio de Montreal a una interpretación conforme a la cual la exigencia de forma escrita se ha de considerar satisfecha si el representante de la compañía aérea registra la declaración del perjuicio/protesta por escrito, con el conocimiento del pasajero, bien en papel o bien electrónicamente en el sistema de la compañía aérea?

4)

¿Impone el artículo 31 del Convenio de Montreal otros requisitos materiales a la protesta aparte de la indicación a la compañía aérea de los perjuicios sufridos?

18.7.2016   

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C 260/30

1.

En lo que respecta al régimen común de tanto alzado para productores agrícolas previsto en el capítulo 2 del título XII de la Directiva (CE) 2006/112/CE del Consejo, (1) ¿ha de interpretarse el artículo 296, apartado 2, en el sentido de que regula de forma exhaustiva las circunstancias en las que un Estado miembro puede excluir a un agricultor del régimen común de tanto alzado de los productores agrícolas? En particular:

2.

¿Cómo debe interpretarse la expresión «categorías de productores agrícolas» que figura en el artículo 296, apartado 2, de la Directiva (CE) 2006/112/CE del Consejo? En particular:

18.7.2016   

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C 260/31

1)

En el Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra (DO L [70], p. 2; en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»), aprobado por la Decisión 2000/204/CE, CECA, (1) del Consejo y la Comisión, ¿las menciones a «Marruecos» en los artículos 9, 17 y 94 y en el Protocolo n.o 4 hacen referencia únicamente al territorio soberano de Marruecos tal como es reconocido por las Naciones Unidas y la Unión Europea (en lo sucesivo, «UE») y, por tanto, impiden la importación a la UE de productos procedentes del Sáhara Occidental exentos de derechos de aduana en virtud del Acuerdo de Asociación?

2)

Si los productos procedentes del Sáhara Occidental pueden importarse a la UE exentos de derechos de aduana en virtud del Acuerdo de Asociación, ¿es válido el Acuerdo de Asociación, a la luz de la exigencia prevista en el artículo 3, apartado 5, del Tratado de la Unión Europea de contribuir al respeto de cualquier principio pertinente de Derecho internacional y al respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como tomando en consideración en qué medida el Acuerdo de Asociación se celebró en interés del pueblo saharaui, en su nombre, conforme a sus deseos y/o consultando a sus representantes autorizados?

3)

¿Es válido el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la UE y el Reino de Marruecos (aprobado y desarrollado mediante el Reglamento n.o 764/2006 (2) del Consejo, la Decisión 2013/785/UE (3) del Consejo y el Reglamento n.o 1270/2013 (4) del Consejo), a la luz de la exigencia prevista en el artículo 3, apartado 5, del Tratado de la Unión Europea de contribuir al respeto de cualquier principio pertinente de Derecho internacional y al respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como tomando en consideración en qué medida el Acuerdo de Asociación se celebró en interés del pueblo saharaui, en su nombre, conforme a sus deseos y/o consultando a sus representantes autorizados?

4)

¿Está legitimada la demandante para impugnar la validez de actos de la UE sobre la base de una supuesta violación del Derecho internacional por la UE, habida cuenta, en particular, de:

18.7.2016   

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C 260/32

1)

¿Cabe aplicar a Gibraltar las disposiciones de la Directiva (1) relativas a la tarjeta europea de armas de fuego, aun cuando únicamente se refieran a la libre circulación de mercancías, debido a que no entrañan ningún tipo de transacción comercial y, por consiguiente, se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de las excepciones concedidas a Gibraltar en virtud del Acta de adhesión de 1972?

2)

¿Son aplicables a Gibraltar, con respecto a los cazadores y a los tiradores deportivos, las disposiciones de la Directiva relativas a la tarjeta europea de armas de fuego por tratarse de disposiciones que se refieren a la libre circulación de servicios?

3)

¿Son inválidas, con respecto a los cazadores y a los tiradores deportivos, las disposiciones de la Directiva relativas a la tarjeta europea de armas de fuego por el motivo de que se refieren a la libre circulación de personas y, por consiguiente, fueron adoptadas con arreglo a una base jurídica errónea?

18.7.2016   

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C 260/33

—

Que se anule el auto recurrido y se devuelva el asunto al Tribunal General, declarando, si fuera necesario, la plena legitimación activa de los recurrentes.

—

Que se condene a la Comisión al pago de las costas del procedimiento.

1.

Primer motivo de casación: Error de Derecho. Valoración inexacta de los hechos pertinentes. Motivación insuficiente y errónea en lo que respecta a los apartados 12 a 22 del auto recurrido

El auto recurrido parte de la premisa errónea de que los recurrentes habían solicitado que la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión, de 18 de mayo 2015, sobre medidas para evitar la introducción y propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (DO L 125, p. 36), se anulara en su totalidad, mientras que lo que en realidad habían solicitado era la anulación de ciertas partes específicas de esa Decisión, indicadas en la demanda y en su escrito de contestación a la excepción de inadmisibilidad.

2.

Segundo motivo de casación: Error de Derecho. Valoración inexacta de los hechos pertinentes. Motivación insuficiente, contradictoria y errónea

El auto recurrido afirma erróneamente que la Decisión de la Comisión impone al Estado italiano la adopción de medidas de ejecución en lo que respecta a la delimitación de la zona infectada por Xylella fastidiosa. Desmiente esta afirmación la circunstancia no discutida de que la Decisión califica taxativamente de zona infectada la totalidad de la provincia administrativa de Lecce, cuyos límites territoriales ya están trazados en los mapas.

3.

Tercer motivo de casación: Ilegalidad del apartado 25 del auto recurrido, igualmente en relación con el apartado 2: motivación contradictoria, errónea y manifiestamente infundada

La motivación adoptada por el Tribunal General en el apartado 21 del auto recurrido afirma que, para apreciar si un acto reglamentario incluye medidas de ejecución, es preciso hacer referencia a la posición de la persona que invoca un derecho de recurso. El propio Tribunal General prescinde de este criterio hermenéutico en el posterior apartado 25 al negar legitimación activa a los recurrentes.

4.

Cuarto motivo de casación: Error de Derecho. Valoración inexacta de los hechos pertinentes. Motivación insuficiente, contradictoria y errónea

El Tribunal General afirma por una parte que el Ministerio de Políticas Agrícolas italiano adoptó mediante Orden Ministerial medidas de ejecución de los artículos 4, 6 y 7 de la Decisión de la Comisión, y por otra parte hace constar, contradiciéndose, que ciertas medidas de la Decisión de la Comisión no están comprendidas en dicha Orden Ministerial.

5.

Quinto motivo de casación: Error de Derecho. Valoración inexacta de los hechos pertinentes. Motivación insuficiente, contradictoria y errónea

El apartado 24 del auto recurrido no toma en consideración el auténtico contenido de la demanda, en la que se impugnan el artículo 6, apartado 4, y el artículo 7, apartado 4, de la Decisión en lo que respecta a la obligación de aplicar tratamientos fitosanitarios prohibidos en la agricultura ecológica, obligación que incluye una medida de ejecución directamente aplicable y directamente perjudicial para las sociedades recurrentes, que perderían a causa de ella la certificación ecológica de que disponen.

6.

Sexto motivo de casación: Error de Derecho. Valoración inexacta de los hechos pertinentes. Motivación insuficiente, contradictoria y errónea

Los apartados 33 y 34 del auto recurrido hacen caso omiso de la prueba documental aportada en el proceso sobre el perjuicio individual sufrido por los recurrentes como consecuencia de las medidas impugnadas.

7.

Séptimo motivo de casación: Error de Derecho. Omisión de pronunciamiento sobre la cuestión del perjuicio directo resultante de las medidas impugnadas

El Tribunal General ha omitido pronunciarse sobre la existencia objetiva del perjuicio directo sufrido por las empresas recurrentes como consecuencia de las medidas de ejecución directa de la Comisión impugnadas por ellos.

18.7.2016   

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C 260/35

1)

¿Debe interpretarse el artículo 146, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en el sentido de que sólo se aplica una exención del impuesto en caso de que exista un vínculo jurídico directo o una relación contractual recíproca entre el prestador de los servicios y el destinatario o el expedidor de las mercancías?

2)

¿A qué criterios debe responder la relación directa mencionada en la antedicha norma para que se pueda estimar que un servicio relacionado con la importación o exportación de mercancías está exento del impuesto?

18.7.2016   

ES

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C 260/35

—

Anule la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 16 de marzo de 2016 en el asunto T-103/14, Frucona Košice/Comisión, notificada a la Comisión ese mismo día.

—

Se pronuncie sobre el recurso interpuesto en primera instancia y lo desestime por infundado.

—

Condene en costas a la parte recurrida, parte demandante en el procedimiento de primera instancia.

—

Anule la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 16 de marzo de 2016 en el asunto T-103/14, Frucona Košice/Comisión, notificada a la Comisión ese mismo día.

—

Devuelva el asunto al Tribunal General para que éste examine los motivos segundo y, en la medida en que sea necesario, tercero y cuarto, invocados en primera instancia.

—

Reserve la decisión sobre las costas de los procedimientos de primera instancia y sucesivos.

18.7.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/36

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/37

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/37

18.7.2016   

ES

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C 260/38

1)

Desestimar los recursos.

2)

Condenar en costas a Moreda-Riviere Trefilerías, S.A., Trefilerías Quijano, S.A., Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., y Global Steel Wire, S.A.

18.7.2016   

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C 260/39

1)

Desestimar el recurso por ser, en parte, manifiestamente inadmisible y, en parte, manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno.

2)

Condenar en costas a Stagecoach Group plc.

18.7.2016   

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C 260/39

1)

Desestimar la solicitud de revocación del auto de 1 de septiembre de 2015, Pari Pharma/EMA (T-235/15 R, EU:T:2015:587).

2)

Reservar la decisión sobre las costas.

18.7.2016   

ES

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C 260/40

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Volkswagen AG.

18.7.2016   

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C 260/41

1)

Desestimar el recurso.

2)

Syndial SpA — Attività Diversificate cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

18.7.2016   

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C 260/41

—

Declare la admisibilidad del recurso.

—

Anule el artículo 1 de la Decisión de Ejecución (EU) 2016/176 de la Comisión, de 9 de febrero de 2016, por la que se da por concluido el procedimiento relativo a las importaciones de ácido tartárico originario de la República Popular China y producido por Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, habida cuenta de que incurre en errores manifiestos de apreciación fácticos y jurídicos que vician la medida e infringe los artículos 3, apartado 2; 3, apartado 3; 3, apartado 5, y 17, apartado 1, del Reglamento (CEE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea.

—

Condene a la parte demandada y a las eventuales partes coadyuvantes a cargar con las costas y los gastos procesales.

1.

Primer motivo, basado en que la decisión impugnada se debe anular porque la demandada incurrió en un error manifiesto de apreciación y evaluación de los hechos al seleccionar una muestra de productores de la Unión Europea que no era representativa para evaluar el daño y, en consecuencia, infringió los artículos 3, apartado 2; 3, apartado 3; 3, apartado 5, y 17, apartado 1, del Reglamento (CEE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, puesto que consideró indebidamente que el criterio del mayor volumen de ventas de la Unión Europea correspondiente a la muestra era suficientemente representativo.

2.

Segundo motivo, basado en que la decisión impugnada se debe anular habida cuenta de que la demandante incurrió en manifiestos errores de apreciación y evaluación de los hechos al determinar la incidencia de las importaciones objeto de dumping en la situación económica de la industria de la Unión Europea, infringiendo de tal modo los artículos 3, apartado 2; 3, apartado 3; 3, apartado 5 y 17, apartado 1, del Reglamento (CEE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea.

18.7.2016   

ES

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C 260/42

—

Declare la admisibilidad del recurso.

—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/223 de la Comisión, de 17 de febrero de 2016, por el que se establece un procedimiento para evaluar determinadas solicitudes de trato de economía de mercado y de trato individual realizadas por productores exportadores de China y Vietnam, y se ejecuta la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-659/13 y C-34/14.

—

Condene en costas a la Comisión Europea.

1.

Primer motivo, en el que se alega que la Comisión Europea violó el principio de atribución de competencias establecido en el artículo 5 TUE, apartados 1 y 2, al actuar basándose en un fundamento jurídico incorrecto.

2.

Segundo motivo, en el que se alega que la Comisión Europea violó el artículo 266 TFUE al no adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C & J Clark International (C-659/13 y C-34/14, EU:C:2016:74).

3.

Tercer motivo, en el que se alega que la Comisión Europea violó el artículo 5 TUE, apartados 1 y 4, al adoptar un acto que excedía de lo necesario para alcanzar su objetivo.

4.

Cuarto motivo, en el que se alega que la Comisión europea incurrió en desviación de poder al utilizar sus competencias con un propósito distinto de aquél para el que le habían sido conferidas.

18.7.2016   

ES

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C 260/43

—

Anule y deje sin efecto la Decisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 18/03/2016, que desestima la solicitud de revisión de la demandante de la Decisión de ese Supervisor, de fecha 08/12/2015, y acuerde el cese por parte del Defensor del Pueblo Europeo del tratamiento presente y futuro de los datos de carácter personal contenidos en un contrato por ella celebrado.

—

Acuerde ordenar al Defensor del Pueblo Europeo que se abstenga de publicar cualquier dato de carácter personal de la demandante o que la haga identificable. En particular, que se ordene al Defensor del Pueblo Europeo a no hacer alusión alguna al cargo por ella ejercido.

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Acuerde ordenar al Defensor del Pueblo Europeo que tramite y dé cumplimiento exhaustivo y completo del derecho de oposición en el tratamiento de sus datos de carácter personal en el procedimiento Own Initiative Inquiry 2/2014 o cualquier otro con igual objeto del que pueda formar parte la demandante.

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Se condene en costas al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

1.

La actividad de la parte demandante, el procedimiento de la Comisión a la hora de autorizar su actividad posterior al ejercicio de su cargo como miembro de la Comisión, la primera investigación llevada a cabo por el Defensor del Pueblo Europeo sobre dicha autorización, y la reapertura del caso investigado por el nuevo Defensor del Pueblo Europeo, junto a su intención de publicar los datos de carácter personal de la parte demandante, que la hacen identificable directa e indirectamente, no han sido debidamente tenidos en consideración por la parte demandada a la vista de la normativa y jurisprudencia aplicable en sus resoluciones.

2.

La recogida anónima de los datos no permite construir la trazabilidad necesaria para determinar la licitud del tratamiento de los datos por parte del Defensor del Pueblo Europeo, puesto que se habrían obtenido de forma anónima y tratado de forma ilícita.

3.

El tratamiento de los datos objeto del presente procedimiento, debe calificarse, según la demandante, de excesivo, inadecuado y no pertinente para la finalidad para la que se han recabado, aunque fuera de forma anónima. El contrato entregado tiene que ver única y exclusivamente con la relación entre la parte demandante y una empresa privada, tras haber dejado atrás las funciones propias de miembro de la Comisión, y sin que el objeto del mismo tenga que ver con las funciones desarrolladas en la Comisión.

4.

No existen informaciones o hechos nuevos que justifiquen el tratamiento y publicación de los datos personales de la parte demandante, que, además, fueron considerados confidenciales en la primera investigación llevada a cabo por el anterior Defensor del Pueblo. Un cambio en el tratamiento confidencial de los datos de que se trata, no se sustenta jurídicamente ni se ha motivado en ningún momento por el Defensor del Pueblo Europeo.

5.

La publicación de los datos personales de autos no contribuye de ninguna manera a una mejor investigación, puesto que el Defensor del Pueblo Europeo puede investigar acerca de la autorización dada a la parte demandante para el ejercicio de actividades privadas sin utilizar datos de su vida privada y, menos aún, sin publicarlos.

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/44

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Condene a la demandada a pagar a CSJU el importe de 60 000,00 euros, en virtud del convenio de subvención n.o 287071 «BiMed — Soluciones mediante bicarbonato pulverizado para la extracción de pinturas y barnices y el tratamiento de superficies secas», más otros 3 600,00 euros en concepto de intereses de demora calculados al tipo del 3,65 % por el período transcurrido del 12 de septiembre de 2014 al 3 de mayo de 2016.

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Condene a la demandada a cargar con las costas del presente procedimiento.

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/45

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Anule la Decisión C(2016) 1449 final de la Comisión Europea, de 2 de marzo de 2016, relativa a una solicitud de suspensión de la inmunidad, excepto el artículo 1, apartado 2.

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Condene en costas a la Comisión Europea.

1.

Primer motivo, basado en que la Comisión Europea infringió el ordenamiento jurídico e incurrió en errores manifiestos de apreciación. Se alega que la decisión impugnada no es conforme a los criterios jurídicos por los que se rige la suspensión de la inmunidad de jurisdicción del Director General de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y se basa en una lectura manifiestamente errónea de los documentos del expediente. Asimismo, se aduce que la decisión impugnada no apreció correctamente el interés de la Unión y atenta contra la independencia del Director General de la OLAF.

2.

Segundo motivo, basado en la comisión de infracciones del ordenamiento jurídico y en un procedimiento decisorio distorsionado.

3.

Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.

4.

Cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de cooperación leal y de las garantías procesales.

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/46

—

anule la resolución impugnada.

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como consecuencia de lo anterior, se rechace la oposición no B1697179 formulada de contrario, y se conceda la marca impugnada en relación con los servicios solicitados en las clases 35, 38 y 41.

—

condene en costas a la EUIPO y a las demás partes intervinientes, derivadas del presente procedimiento en caso de oposición al mismo y desestimación de sus pretensiones.

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Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/47

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Anule la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de la Función Pública de 18 de marzo de 2016, Kerstens/Comisión, que lleva el número F-23/15.

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Devuelva el asunto del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea.

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Condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo, basado en la desnaturalización de los hechos y de las pruebas y en la fundamentación contradictoria de la sentencia en lo que respecta a la inexistencia de un informe de investigación administrativa en el sentido de los artículos 2 a 4 de las Disposiciones generales de aplicación relativas al desarrollo de las investigaciones administrativas y de los procedimientos disciplinarios de 2004 (en lo sucesivo, «DGA 2004»).

2.

Segundo motivo, basado en el error de Derecho cometido al no anular una decisión disciplinaria que no se basaba en un informe de investigación administrativa en el sentido de las DGA 2004.

3.

Tercer motivo, basado en la fundamentación contradictoria de la sentencia, en el incumplimiento de la obligación de motivación, en la desnaturalización de hechos y de pruebas, en la violación del artículo 4, apartado 4, de las DGA 2004, del artículo 91 del Estatuto y del principio de separación de poderes entre las autoridades judiciales y administrativas, de la prohibición de resolver ultra petita y de los principios de contradicción y de no discriminación, así como en los errores de Derecho en que incurrió el Tribunal de la Función Pública al examinar las consecuencias de las irregularidades cometidas por la Comisión.

4.

Cuarto motivo, basado en un error de Derecho y en la violación del principio de contradicción en relación con una interpretación errónea del artículo 24 del Estatuto y del artículo 10 del anexo IX del Estatuto.

5.

Quinto motivo, invocado con carácter subsidiario y basado en una desnaturalización de los hechos y de las pruebas, en un incumplimiento de la obligación de motivación y en un error de Derecho en lo que respecta al principio de respeto de un plazo razonable en materia disciplinaria.

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/48

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Anule la resolución impugnada.

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Declare nula la marca controvertida o, subsidiariamente, declare nula la marca controvertida con respecto a la preparación organizativa de proyectos de construcción en el sector de las energías renovables, en particular plantas eólicas y parques eólicos, comprendida en la clase 35; a los servicios de un promotor de obras en la realización de proyectos en el sector de las energías renovables, en particular instalaciones eólicas y parques eólicos; reparación y mantenimiento de instalaciones eólicas, comprendidos en la clase 37; así como a la planificación técnica de proyectos en el campo del suministro de energía; planificación técnica de proyectos en el ámbito de las energías renovables, en particular de instalaciones eólicas y parques eólicos; servicios de ingeniería en el ámbito de las energías renovables, en particular en el ámbito de las instalaciones eólicas; elaboración de peritajes técnicos y científicos, comprendidos en la clase 42.

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Condene en costas a la demandada.

—

Infracción del artículo 52, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.o 207/2009.

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/48

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Anule la Decisión n.o D(2016) 14480 de 27 de mayo de 2016 de la Dirección General de Infraestructuras y de la Logística del Parlamento Europeo, por la que se desestima la oferta relativa al lote 75 «electricidad — corrientes fuertes» que la unión temporal de empresas «ELEKTRO KAD», constituida por las empresas SOLELEC S.A., MANNELLI & ASSOCIÉS S.A., PAUL WAGNER & FILS S.A. y SOCOM S.A., presentó el 14 de enero de 2016 en el marco del procedimiento de licitación INLO-D-UPIL-T-15-AO6, relativo al proyecto de ampliación y de renovación del edificio Konrad Adenauer en Luxemburgo, así como la anulación de la decisión de adjudicar el contrato en cuestión a otro licitador.

—

Ordene la producción de los documentos que figuren en el expediente de adjudicación en los cuales se dejó constancia de los diferentes contactos que hubo entre el Parlamento y los licitadores, de conformidad con el artículo 160, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por la que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo.

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Condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo, basado en el incumplimiento de los criterios de selección, puesto que no los cumple la unión temporal de empresas adjudicataria del contrato en la medida en que uno de sus miembros no tendría personalidad jurídica durante toda la duración de las obras y en la medida en que sería imposible para la unión temporal de empresas adjudicataria prevalerse de las referencias relativas a la capacidad técnica y profesional exigidas en el pliego de condiciones.

2.

Segundo motivo, basado en el incumplimiento de los criterios de adjudicación. Si se compara la oferta presentada por las partes demandantes y la de la unión temporal de empresas adjudicataria del contrato se observaría que esta última tiene un nivel anormalmente bajo, lo que debería haber llevado a la parte demandada a desestimar la oferta y adjudicar el contrato a las partes demandantes.

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/49

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Anule la resolución impugnada.

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Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009.

—

Infracción del artículo 7, apartado 2 del Reglamento n.o 207/2009.

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/50

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Anule la resolución impugnada.

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Condene a la EUIPO a cargar con las costas de este procedimiento —en particular, las costas derivadas de la redacción de este escrito, así como las costas que se deriven de una posible vista y los gastos de viaje— y con las costas del procedimiento ante la Sala de Recurso.

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Infracción del artículo 6, apartados 1 y 3, del Reglamento n.o 6/2002.

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/51

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Anule la resolución impugnada.

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Condene a la EUIPO a cargar con las costas en las que haya incurrido la parte demandante en el presente procedimiento, incluyendo las del recurso y las del procedimiento de oposición.

—

Condene a la EUIPO y a la otra parte en el procedimiento a cargar con sus propias costas.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/52

1)

Sobreseer el asunto F-108/12, Verile/Comisión.

2)

El Sr. Marco Verile y la Comisión Europea cargarán cada uno con sus propias costas.

18.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 260/52

1)

Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso del Sr. François Massoulié.

2)

Condenar al Sr. Massoulié a cargar con sus propias costas y con las del Parlamento Europeo.