5.8.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 212/1

A.

Considerando que, según el Tribunal de Justicia, el principio de no discriminación por razón de edad consagrado en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea constituye un principio general del Derecho comunitario,

B.

Considerando que la diferencia de trato por razón de edad constituye una discriminación por tal razón, a menos que la diferencia de trato esté justificada objetivamente y que los medios para establecerla sean apropiados y necesarios,

C.

Considerando que, según el Defensor del Pueblo, la Comisión no ha justificado adecuadamente el trato dado a los intérpretes de conferencia auxiliares (ICA) externos mayores de 65 años y continúa aplicando la misma política de contratación de ICA,

D.

Considerando que, en la opinión del Defensor del Pueblo, ello constituye un caso de mala administración,

E.

Considerando que es responsabilidad del Parlamento, como único órgano elegido de la Unión, salvaguardar y proteger la independencia del Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus funciones para con los ciudadanos europeos y observar la aplicación de sus recomendaciones,

1.

Hace suyos los comentarios críticos formulados por el Defensor del Pueblo y su recomendación sobre la política aplicada por la Comisión en cuanto a la contratación de ICA mayores de 65 años;

2.

Pide a la Comisión que modifique su política actual de proscribir en la práctica la contratación de ICA mayores de 65 años, pero no considera que esté justificada una compensación, habida cuenta de las circunstancias del caso;

3.

Señala que el Parlamento, a raíz de una recomendación similar del Defensor del Pueblo, tomó medidas de inmediato para cambiar su práctica relativa a la contratación de ICA mayores de 65 años y procedió a interpretar la normativa aplicable de manera que no diese lugar a discriminación;

4.

Considera que cambiar las normas aplicables y eliminar la discriminación por razón de edad del procedimiento de contratación no obliga a las instituciones europeas a contratar ICA mayores de 65 años, pero, de aplicarse tal cambio, las normas de la Comisión se pondrían en conformidad con un principio general del Derecho de la Unión Europea; considera asimismo, habida cuenta de la escasez de intérpretes para determinadas lenguas oficiales, que ello aumentaría la capacidad de la institución para ofrecer el mejor servicio posible, como se ha demostrado en el Parlamento;

5.

Pide a la Comisión que trabaje conjuntamente con el Parlamento con miras a la revisión de la normativa aplicable a la contratación de ICA y otros agentes, con el fin de velar por la eliminación de cualquier tipo de discriminación;

6.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo y al Defensor del Pueblo.

5.8.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 212/3

1.

Aprueba las conclusiones del diálogo a tres bandas de 2 de abril de 2009;

2.

Hace hincapié en que en que el acuerdo alcanzado sobre la revisión del marco financiero plurianual es el resultado de una cooperación interinstitucional fructífera en la tarea de hacer frente a la crisis financiera y económica que experimentan los Estados miembros mediante la promoción de la solidaridad en el ámbito de los recursos energéticos y el desarrollo de las infraestructuras de banda ancha en las zonas rurales así como el apoyo al sector agrícola;

3.

Recuerda que, con este acuerdo, el Parlamento, en su calidad de autoridad tanto legislativa como presupuestaria, ha protegido sus prioridades en este momento, tal y como hizo durante el procedimiento presupuestario de 2008 cuando se alcanzó un acuerdo relativo a la financiación de Galileo;

4.

Se declara de acuerdo con el compromiso mediante el que se prevé un mecanismo de compensación anunciado para el procedimiento presupuestario de 2010 así como, si procede y aunque no sea necesario, para el de 2011; recuerda que, como se expresó en la Declaración común aprobada por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión durante el diálogo a tres bandas de 2 de abril de 2009, el mecanismo de compensación se aplicará sin perjuicio de las partidas financieras de los programas co-decididos y del procedimiento presupuestario anual y que se financiará recurriendo a los instrumentos presupuestarios previstos en el marco jurídico presupuestario;

5.

Reitera que las lagunas y otras cuestiones resultado de las negociaciones sobre el AI de 17 de mayo de 2006 siguen sin resolverse y que deberían abordarse en la revisión intermedia de 2008-2009, según se dispone en la Declaración 3 del AI de 17 de mayo de 2006, así como en el marco de los procedimientos presupuestarios anuales, mediante una mayor flexibilidad, si cabe, y en todo caso recurriendo a los instrumentos previstos en el AI de 17 de mayo de 2006; recuerda que, como afirmó el Parlamento en la declaración unilateral que emitió durante el diálogo a tres bandas de 2 de abril de 2009, la Comisión debe hacer suyos y aplicar, durante el proceso de revisión intermedia, los principios establecidos en la Resolución de 25 de marzo de 2009;

6.

Advierte contra la utilización periódica de los márgenes de la rúbrica 2 para financiar otras rúbricas, que puede comprometer los intereses del sector agrícola, habida cuenta de los descensos imprevistos de los precios del mercado;

7.

Lamenta que no se haya llegado a un acuerdo con el Consejo hasta dos meses antes del final de la legislatura, lo que deja menos margen para las negociaciones, y que este hecho haya sometido a presión a las instituciones, incluso en el marco de la tradicional cooperación leal;

8.

Aprueba la Decisión aneja a la presente Resolución;

9.

Encarga a su Presidente que firme dicha Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

10.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

5.8.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 212/6

A.

Considerando que el principal objeto de la Directiva 92/75/CEE («Directiva marco»), tal como se recoge en su artículo 1, «es el de permitir la armonización de las medidas nacionales relativas a la publicación, en especial por medio del etiquetado y de la información sobre los productos, de datos sobre el consumo de energía y de otros recursos esenciales, así como de datos complementarios relativos a determinados tipos de aparatos domésticos, de manera que los consumidores puedan elegir aparatos que tengan un mejor rendimiento energético»,

B.

Considerando que la Directiva marco también establece que «si se suministra una información exacta, pertinente y comparable sobre el consumo de energía específico de los aparatos domésticos, se puede orientar la elección del público en favor de los aparatos que consuman menos energía»,

C.

Considerando que, como se indica en la evaluación de impacto que elaboró la Comisión y que acompaña a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada (SEC(2008)2862), diversos países de todo el mundo, como Brasil, China, Argentina, Chile, Irán, Israel y Sudáfrica, han tomado como modelo la original y exitosa etiqueta A-G,

D.

Considerando que los televisores son aparatos de alto consumo energético y que, por lo tanto, existe un importante potencial de ahorro de energía mediante la inclusión de esta categoría en el sistema de etiquetado energético en virtud del artículo 1, apartado 2, de la Directiva marco,

E.

Considerando que el etiquetado energético de los televisores debe ser lo más coherente posible con los sistemas de etiquetado energético establecidos para otros aparatos domésticos,

F.

Considerando que en la Comunicación de la Comisión anteriormente mencionada se establece que «las clasificaciones del etiquetado existentes se actualizarán y remodelarán cada cinco años o cuando la evolución tecnológica lo justifique, sobre la base de estudios de diseño ecológico, con vistas a reservar la etiqueta A al 10 %-20 % de aparatos más eficientes»,

G.

Considerando que para aplicar con éxito el sistema de etiquetado energético es fundamental presentar medidas que faciliten una información sobre la eficiencia energética de los aparatos domésticos que sea clara, completa, comparable y de fácil comprensión para el consumidor,

H.

Considerando que el hecho de que los consumidores adquieran más aparatos eficientes en lugar de aparatos menos eficientes contribuirá a aumentar los ingresos de los fabricantes de estos aparatos,

I.

Considerando que la propuesta de Directiva de la Comisión, en lo que respecta en particular al modelo de etiqueta energética y a las clases de eficiencia energética, introduce otro cambio al añadir nuevas clases A (A-20 %, A-40 % o A-60 %, por ejemplo) que pueden generar aún más confusión para el consumidor, dificultar su correcta comprensión del sistema de etiquetado energético y menguar su capacidad a la hora de elegir aparatos con mayor eficiencia energética,

J.

Considerando que un reducido número de adaptaciones técnicas en la etiqueta podrían hacerla mucho más clara y de más fácil comprensión para el consumidor,

K.

Considerando que los hechos demuestran que la escala A-G resulta clara para los consumidores, pero que la Comisión no ha llevado a cabo ninguna evaluación de impacto para determinar si la existencia de las clases A-20 %, A-40 % o A-60 % junto a clases inferiores desiertas resulta útil para los consumidores o les genera confusión,

L.

Considerando que la reclasificación de los productos existentes en una escala A-G cerrada evitaría, en particular, la creación de clases inferiores desiertas que pudieran confundir a los consumidores,

M.

Considerando que es probable que la introducción de esas clases de eficiencia energética adicionales en las etiquetas A-G existentes, también para otros productos, añada confusión acerca de si la clase A representa un producto eficiente o ineficiente,

N.

Considerando que una medida de ese tipo no contribuye al objetivo del acto de base de suministrar una información exacta, pertinente y comparable al consumidor,

O.

Considerando que la Comisión ha presentado su propuesta de refundición de la Directiva marco, que podría introducir cambios adicionales que repercutirían en las medidas de ejecución propuestas,

1.

Se opone a la adopción de la propuesta de Directiva de la Comisión por la que se aplica y modifica la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los televisores;

2.

Considera que la propuesta de Directiva de la Comisión no es compatible con el objetivo del acto de base;

3.

Pide a la Comisión que retire la propuesta de Directiva y que presente una nueva propuesta de Directiva cuanto antes, basada en una escala A-G cerrada, al comité mencionado en el artículo 10 de la Directiva 92/75/CEE y, en cualquier caso, a más tardar el 30 de septiembre de 2009;

4.

Considera que el formato de la etiqueta es un elemento esencial de la Directiva sobre etiquetado energético que debería determinarse en el marco de la revisión y refundición estudiadas actualmente con arreglo al procedimiento de codecisión;

5.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

5.8.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 212/8

A.

Considerando que el 15 de abril de 2009 el Comité de gestión del ICD votó, por procedimiento escrito, a favor del proyecto de Programa de Acción Anual 2009 para el Programa temático «Participación de los agentes no estatales y las autoridades locales en el desarrollo» (Parte II: acciones dirigidas) (CMTD(2009)0387 - D004766/01),

B.

Considerando que, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE y con el artículo 1 del Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión, de 3 de junio de 2008, relativo a las modalidades de aplicación de la Decisión 1999/468/CE, el Parlamento Europeo ha recibido los proyectos de medidas de ejecución presentados al Comité de gestión del ICD y el resultado de las votaciones,

C.

Considerando que el artículo 14, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1905/2006 establece que uno de los objetivos del programa temático sobre los agentes no estatales y las autoridades locales en el desarrollo es «elevar el nivel de sensibilización del ciudadano europeo sobre cuestiones ligadas al desarrollo y movilizar un apoyo público activo en la Comunidad y los países adherentes a las estrategias de reducción de la pobreza y de desarrollo sostenible en los países socios»,

D.

Considerando las inquietudes planteadas por once Estados miembros en una «Declaración común de los Estados miembros sobre los agentes no estatales del ICD y las autoridades locales», enviada a la Comisión el 19 de marzo de 2009, sobre la intención de la Comisión de poner fin a la financiación directa (procedimiento de acciones dirigidas) de los programas TRIALOG y DEEEP (4), que han estado activos desde 1998 y 2003 respectivamente, y que, por el contrario, les obliga a participar en una «convocatoria de propuestas»,

E.

Considerando que en la Declaración común de los once Estados miembros, incluidos nueve «nuevos» Estados miembros, se advierte de que el calendario del plan de la Comisión para suspender el apoyo directo a TRIALOG y DEEEP es muy inoportuno, teniendo en cuenta la actual situación financiera en muchos de los «nuevos» Estados miembros y los efectos que ejerce sobre la capacidad de las ONG de funcionar y de desarrollarse, y expresando su inquietud por el hecho de que pueda producirse una interrupción de la financiación que perjudicaría a estos programas ocasionándoles una pérdida de personal cualificado, de conocimientos especializados y de redes ya existentes,

F.

Considerando que el presidente de la Comisión de Desarrollo planteó unas preocupaciones similares en una carta de 19 de marzo de 2009, en la que señalaba que la información y la creación de capacidades en el ámbito de la cooperación al desarrollo en los nuevos Estados miembros, así como la educación del público europeo en materia de desarrollo han sido prioridades constantes de la comisión, y solicitaba a la Comisión que presentara al Parlamento criterios objetivos y transparentes para decidir qué actividades y proyectos podrían obtener una financiación directa, y que aplazara la aplicación de la medida propuesta al menos durante un año para evitar posibles lagunas en la financiación y arriesgar la supervivencia misma de estos utilísimos proyectos,

G.

Considerando que en la mencionada «General Evaluation of Actions to Raise Public Awareness of Development Issues in Europe / Development Education» (Evaluación general de las medidas de sensibilización pública en materia de desarrollo en Europa / educación para el desarrollo) se concluye que la utilización estratégica de acciones dirigidas ha contribuido a alcanzar los objetivos de la cofinanciación con el programa de las ONG europeas de desarrollo y que DEEEP ha sido un importante mecanismo de coordinación para aumentar el diálogo, promover los intercambios de buenas prácticas y crear redes y estructuras de cooperación en la UE y entre plataformas nacionales y la UE, y también que la contribución de TRIALOG para mejorar el diálogo y la creación de capacidades en la colaboración con los nuevos Estados miembros y los Estados en vías de adhesión ha sido eficaz,

H.

Considerando que el programa TRIALOG contribuye a cubrir la necesidad, resaltada en la Resolución del Parlamento, de 13 de marzo de 2008, sobre el reto de la Política de Cooperación al Desarrollo de la UE para los nuevos Estados miembros, de contar con una estrategia general de comunicación y educación para solventar la falta de reconocimiento público de las prioridades de la cooperación al desarrollo en los nuevos Estados miembros, y que el programa DEEEP responde a su petición de impulsar la educación para el desarrollo y la sensibilización en la educación en Europa, a lo que también se hace referencia en esa misma Resolución,

I.

Considerando que, en el mencionado Programa de Acción Anual 2009, la Comisión propone también asignar una ayuda directa a un proyecto sobre el fortalecimiento de las capacidades de gestión cubanas («Strengthening Cuban Managerial Capabilities»), que será ejecutado por la European Foundation of Management Development; considerando que en el marco del Programa temático del ICD «Participación de los agentes no estatales y las autoridades locales en el desarrollo», el procedimiento de acciones dirigidas nunca se ha utilizado anteriormente para actividades en países socios,

J.

Considerando que la Comisión emitió una Nota explicativa de la comisión ICD NSA-LA (ICD ANE-AL) (5), en la que clarifica los criterios de selección para las acciones dirigidas, al explicar que están basadas en el artículo 168 de las Normas de desarrollo del Reglamento financiero (6), y que las ayudas pueden concederse, en particular, a «organismos que se encuentren en situación de monopolio de hecho o de derecho» y «en el caso de acciones de carácter específico que requieran un tipo particular de organismo por razones de su competencia técnica, su alto grado de especialización o sus competencias administrativas»,

1.

Se opone a la adopción, en su forma actual, del proyecto de Decisión de la Comisión por la que se establece el Programa de Acción Anual 2009 para el Programa temático «Participación de los agentes no estatales y las autoridades locales en el desarrollo» (Parte II: acciones dirigidas) (CMTD(2009)0387 - D004766/01);

2.

Solicita a la Comisión que clarifique los criterios para determinar la existencia de una situación de monopolio de hecho o de derecho, dado que, en su Declaración común, los once Estados miembros mencionan que, desde la perspectiva de los «nuevos» Estados miembros, existe aún una situación de monopolio de hecho en relación con las actividades de dimensión europea realizadas en el marco de los programas TRIALOG y DEEEP;

3.

Insiste en la necesidad de una aplicación abierta, transparente y horizontal de los criterios para la concesión de ayudas directas a acciones dirigidas, a fin de garantizar la igualdad de condiciones para todos; insiste, por tanto, en que se apliquen los mismos criterios para los programas TRIALOG y DEEEP y el proyecto sobre el fortalecimiento de las capacidades de gestión cubanas («Strengthening Cuban Managerial Capabilities»);

4.

Insiste en que ha de garantizarse una financiación ininterrumpida, a través de un programa estratégico de dimensión europea, para las importantes actividades de promoción del intercambio de mejores prácticas y construcción de redes y asociaciones a escala comunitaria y entre plataformas nacionales y la UE, y para mejorar el diálogo y la creación de capacidades en la colaboración con Estados miembros «nuevos» y Estados en vías de adhesión;

5.

Pide a la Comisión que inicie un diálogo con el Parlamento en el contexto de su próxima revisión (7) del sistema de convocatorias de propuestas para los programas temáticos; considera inadecuado anticipar recomendaciones para la modificación o mejora del sistema que puedan derivarse de dicha revisión; pide por tanto que, durante un período de 12 meses, no se modifiquen los mecanismos actuales relativos a las acciones que cuentan con financiación directa y que toda modificación futura se ajuste a los resultados del proceso de revisión y garantice que las actividades de cooperación al desarrollo sean a largo plazo, predecibles y sostenibles;

6.

Pide a la Comisión que adapte su proyecto de Decisión por la que se establece el Programa de Acción Anual 2009 para el Programa temático «Participación de los agentes no estatales y las autoridades locales en el desarrollo» (Parte II: acciones dirigidas) (CMTD(2009)0387 - D004766/01), a fin de incluir acciones de dimensión comunitaria de sensibilización sobre cuestiones ligadas al desarrollo en la UE ampliada y de intercambio en la educación para el desarrollo en la UE;

7.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

5.8.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 212/11

A.

Considerando que la principal consecuencia negativa para la UE que se deriva de la actual crisis económica y financiera es el dramático aumento del desempleo, que afectará más gravemente a los grupos sociales más vulnerables; considerando que mayores índices de desempleo implican un incremento de la pobreza, las desigualdades en materia de salud, la exclusión, la delincuencia, la inseguridad y la falta de confianza,

B.

Considerando que, independientemente de la crisis actual, la UE ya se enfrentaba a dificultades originadas por el débil crecimiento económico, una explosiva situación demográfica y el problema que significa vivir en una entorno económico internacional cada vez más globalizado,

C.

Considerando que en 2007 el 15,2 % de los ciudadanos de la Unión con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años había abandonado la escuela a una edad temprana,

D.

Considerando que el empleo no es aún una garantía para escapar de la pobreza para muchas personas en la UE, y que el 8 % de la población activa corría el riesgo de caer en la pobreza en 2006,

E.

Considerando que en 2006 el 16 % de los ciudadanos de la Unión estaba amenazado por la pobreza; y que los niños, las familias numerosas, las familias monoparentales, los desempleados, las personas con discapacidad y los ancianos son especialmente vulnerables,

F.

Considerando que el riesgo de caer en la pobreza es mayor para las mujeres que para los hombres, debido a factores como su dependencia económica, las persistentes diferencias salariales por motivos de género en el mercado laboral y la mayor presencia de mujeres en puestos de trabajo con remuneraciones más bajas; que esta situación incrementa el riesgo de perpetuar la pobreza entre las próximas generaciones,

G.

Considerando que los incrementos de los precios han tenido estos últimos años un efecto considerable en los presupuestos domésticos y que han afectado desproporcionadamente a los grupos sociales vulnerables,

H.

Considerando que varios estudios (por ejemplo, la investigación sobre el futuro del trabajo (Future of Work Research) encargada por la Russell Sage Foundation) han demostrado que, una de cada cuatro personas que trabaja en los países económicamente más desarrollados podría recibir en breve un salario bajo y correr un riesgo creciente de caer en la pobreza, Considerando que las características de los empleos mal remunerados parecen ser muy uniformes, ya que a menudo adoptan la forma de relaciones laborales atípicas, con trabajadores poco cualificados, personas que trabajan a tiempo parcial, mujeres, inmigrantes y jóvenes expuestos a mayores riesgos; considerando que la tendencia a los empleos poco remunerados suele transmitirse de generación en generación, y que ello limita el acceso a la buena educación, la buena protección sanitaria y a otras necesidades básicas,

I.

Considerando que el artículo 2 del Tratado CE establece que la igualdad de hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea,

J.

Considerando que Europa se enfrenta a un cambio demográfico cuyas características más importantes son el aumento de la esperanza de vida y una tasa de fertilidad baja, si bien en algunos países están apareciendo indicios de que está tendencia en la fertilidad se está invirtiendo,

K.

Considerando que se espera que el cambio demográfico conlleve la duplicación del coeficiente de dependencia de la tercera edad hasta 2050, lo cual tendrá particulares consecuencias para la salud mental y física de la población,

L.

Considerando el informe de la Comisión titulado «Demography Report 2008: Meeting Social Needs in an Ageing Society» (SEC(2008)2911), que reconoce el papel central que desempeñan en la sociedad los cuidadores informales, y pide a la Comisión que estudie los sólidos argumentos sociales en favor de la inclusión de los cuidadores en la elaboración de las futuras políticas;

M.

Considerando que los efectos de la crisis financiera en la economía real no se conocen en su totalidad y que será imposible alcanzar el objetivo de crear 5 millones de empleos en la UE entre 2008 y 2009; considerando asimismo que la recesión económica se traducirá en un nivel de desempleo más alto y seguramente una pobreza mayor, a la vez que planteará desafíos para los modelos sociales europeos,

N.

Considerando que la creciente crisis financiera está originando una situación de mayor desempleo e inseguridad recientes, la cual origina que la cohesión social en toda la UE sufra una fuerte presión con graves tensiones y fracturas sociales,

O.

Considerando que la UE se ha comprometido a alcanzar el objetivo de un desarrollo social y ambientalmente sostenible y que se han de aprovechar plenamente las oportunidades para la creación de empleo que puedan surgir de este compromiso,

P.

Considerando que el diálogo social puede ser importante para abordar la crisis de confianza que se está agravando a raíz de la crisis económica, que muchas personas en nuestra sociedad tienen miedo al futuro; considerando que también es necesario conceder la misma prioridad a aquellas personas que ya están excluidas y cuya posición actual está empeorando en el contexto de la crisis actual,

Q.

Considerando que las disposiciones institucionales de la UE más intervencionistas, caracterizadas por un cierto grado de redistribución de los ingresos y el concepto común de un «modelo social europeo», repercuten positivamente en la calidad de la vida laboral de millones de hombres y mujeres en el segmento más desfavorecido de nuestros mercados laborales,

R.

Considerando que el respeto de los marcos nacionales jurídicos y convencionales, caracterizado por equilibrar la legislación laboral con los convenios colectivos, que regulan estos modelos, son una condición indispensable para conseguir valores armónicos en distintos sistemas,

S.

Considerando que en las relaciones laborales atípicas, las normas y los procedimientos definidos por los interlocutores en negociaciones colectivas ya no se aplican,

T.

Considerando que la Agenda Social Renovada debería basarse en el principio de que las políticas sociales efectivas y eficaces contribuyen al crecimiento económico y a la prosperidad; considerando asimismo que ello puede contribuir a restaurar el apoyo decreciente de los ciudadanos a la UE,

U.

Considerando lamentable que la Agenda Social Renovada no aborde la cuestión de la seguridad jurídica de los servicios sociales de interés general,

V.

Considerando las importantes reservas manifestadas con relación al papel y la visibilidad de la nueva Agenda Social, incluida la falta de claridad de sus objetivos y de cómo se hará su seguimiento, así como la menor importancia concedida al Método abierto de coordinación (MAC), social,

W.

Considerando que los modelos sociales europeos representan una unidad de valores en una diversidad de sistemas y son, en general, competencia de los Estados miembros, es necesario hacer especial hincapié en los objetivos de la Europa social establecidos en el Tratado CE, en la Carta de los Derechos Fundamentales y en el Tratado de Lisboa, como el objetivo fundamental de la UE para dar respuesta a las expectativas y aplacar los temores de los ciudadanos; considerando que en reuniones sucesivas del Consejo Europeo de primavera se reiteró el objetivo de erradicar la pobreza y la exclusión social, y la necesidad de reforzar la dimensión social en la Estrategia de Lisboa; considerando que el fracaso y el éxito de las políticas sociales y de empleo nacionales también tienen repercusiones en los demás Estados miembros y que, por lo tanto, el debate sobre la reforma del modelo social europeo debe encontrarse en el núcleo de la interacción entre la UE y los Estados miembros,

X.

Considerando que la Estrategia de Lisboa no ha logrado reducir la pobreza, en la que viven actualmente 78 millones de personas en la UE, y que las crecientes desigualdades deben considerarse una cuestión de especial importancia; considerando que la UE debe conseguir avanzar en el desarrollo y la ejecución de los objetivos comunitarios y nacionales en materia de reducción de la pobreza y la exclusión social, así como en ámbitos fundamentales para los que existen indicadores, si se desea convencer a la población de que la UE está primero al servicio de las personas y después de los negocios y los bancos,

Y.

Considerando que en varios asuntos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el concepto de «disposiciones cuya observancia se ha considerado crucial para la salvaguardia de la organización política, social y económica» se ha utilizado sin clarificar quién puede decidir, a este respecto, las disposiciones que son fundamentales para la política de protección social en un Estado miembro,

Z.

Considerando que en opinión del Tribunal de Justicia no es competencia de los Estados miembros definir unilateralmente el concepto de políticas del sector público ni imponer unilateralmente todas las disposiciones vinculantes de su legislación en materia de empleo a los prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro, y considerando que no resulta claro a quién compete, si no es a los Estados miembros,

AA.

Considerando que no existe una distinción clara entre la subcontratación con fines exclusivamente laborales y el tráfico y suministro de servicios de carácter dudoso sobre la base de contratos legales con personas que en realidad son trabajadores autónomos; considerando que es necesario abordar la cuestión de la diferencia entre las prácticas fraudulentas y las relaciones civiles y comerciales auténticas,

1.

Pide al Consejo y a la Comisión que, habida cuenta de la recesión económica, reafirmen la importancia de una Europa social fuerte, incorporando políticas sociales y de empleo sostenibles, efectivas y eficaces; pide a la Comisión que desarrolle una agenda de política social ambiciosa para el período 2010-2015;

2.

Insta a la Comisión a presentar un proyecto de política coherente sobre trabajo digno conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

3.

Subraya la importancia de que en estos tiempos difíciles se dé máxima prioridad en la agenda social a la creación y al fomento del empleo; considera que una mayor flexibilidad en el lugar de trabajo es ahora más importante que nunca;

4.

Pide a la Comisión que combine la Agenda Social Renovada con otras iniciativas, como el Pacto Europeo por la Igualdad de Género, el Pacto Europeo por la Juventud y la Alianza Europea para la Familia, con objeto de que los grupos sociales desfavorecidos puedan gozar de un mejor acceso a las prestaciones sociales;

5.

Manifiesta su preocupación por que las medidas propuestas en la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda Social Renovada no sean suficientemente coherentes para repercutir en los actuales niveles de pobreza y exclusión en la UE ni para abordar los desafíos actuales a la cohesión social;

6.

Lamenta, en particular, que la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda Social Renovada carezca de propuestas sobre los temas siguientes, que resultan esenciales para conseguir el equilibrio entre las libertades económicas y los derechos sociales:

7.

Insiste en la necesidad de seguir desarrollando niveles mínimos de derechos laborales; es consciente de que ni la libertad económica ni las normas de competencia priman sobre los derechos sociales fundamentales;

8.

Observa que la política social debe incluir acciones clave tales como un mejor equilibrio entre unos derechos sociales más fuertes y la libertad de mercado, combatiendo la discriminación, promoviendo la igualdad, modernizando y reformando los modelos sociales europeos, al tiempo que fortalece sus valores;

9.

Observa que determinar las disposiciones de los Estados miembros que resultan cruciales para «la salvaguarda de la organización económica, política y social» es una cuestión de orden político y debe definirse dentro de un proceso legitimado democráticamente; por ello pide a la Comisión que inicie un debate abierto para clarificar el concepto de lo que constituyen dichas disposiciones de política de interés general y que, en caso necesario, proponga legislación al respecto;

10.

Considera que no es el momento de reducir el gasto social, sino de reforzar las reformas estructurales; añade que la UE debe apoyar las infraestructuras de los modelos sociales de los Estados miembros, especialmente los servicios sociales de interés general, reafirmando la importancia del acceso universal a las mismas, su calidad y su continuidad;

11.

Lamenta que, a pesar de que la crisis financiera evidencia la importancia de la acción pública en lo relativo al mantenimiento de la actividad económica y el fortalecimiento de la cohesión social, la Comisión no haya velado por el futuro y el cometido esencial del servicio público en la Unión Europea presentando una propuesta de directiva marco sobre los servicios de interés general;

12.

Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa tendente a garantizar la seguridad jurídica de los servicios sociales de interés general;

13.

Pone de relieve la necesidad de encontrar maneras de modernizar y reformar los sistemas nacionales de seguridad social para erradicar la pobreza con una perspectiva a largo plazo, especialmente por lo que se refiere a ingresos mínimos adecuados, las pensiones y los servicios sanitarios; subraya que se puede reforzar la sostenibilidad financiera de los ingresos mínimos adecuados y los sistemas de pensión, así como la calidad y la eficacia de los servicios sanitarios a través de la mejora del acceso a los mismos y de su organización y del incremento de la asociación entre el sector público y el privado, respetando el principio de subsidiariedad y apoyando mayores esfuerzos con vistas a establecer sistemas fiscales progresivos para reducir la desigualdad;

14.

Observa que algunos Estados miembros han introducido el concepto de salario mínimo; sugiere que otros Estados miembros podrían beneficiarse de estudiar esa experiencia; pide a los Estados miembros que salvaguarden los requisitos básicos para la participación social y económica de todos y, en particular, que velen por que mediante legislación sobre cuestiones como el salario mínimo, mediante otros mecanismos jurídicos generalmente vinculantes o mediante convenios colectivos, en función de las tradiciones nacionales, se haga posible que los trabajadores a tiempo completo puedan vivir dignamente con sus ingresos;

15.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios bancarios básicos;

16.

Opina que el deporte y las actividades culturales constituyen instrumentos esenciales para la inclusión social y ayudan a promover el desarrollo personal, a fomentar el bien de la sociedad y a educar el talento;

17.

Pide a la Comisión que integre rápidamente los problemas medioambientales y sanitarios en el conjunto de las políticas de la UE, con objeto de garantizar así un elevado nivel de protección de la salud y del medio ambiente, con arreglo a lo dispuesto en el Tratado CE;

18.

Comparte la voluntad de la Comisión de ampliar la Agenda Social a nuevos ámbitos; lamenta que con demasiada frecuencia el medio ambiente se considere únicamente desde el punto de vista del cambio climático; se felicita de que la Comisión se haya vuelto a declarar a favor de una economía sostenible, con bajas emisiones de CO2, pero lamenta que la propuesta de la Comisión no contenga ninguna medida concreta que permita tener en cuenta las consecuencias sociales y sanitarias de la crisis económica y la crisis climática;

19.

Subraya que la pobreza extrema, y la exclusión social que de ella se deriva, no pueden entenderse únicamente en términos económicos, basándose en cifras, sino que también deben entenderse en términos de derechos humanos y de ciudadanía; reconoce que el principio de la libre circulación de capitales y mercancías no puede, en sí, erradicar la pobreza y en especial la pobreza persistente, y que la pobreza extrema priva a quienes la sufren de oportunidades y les impide participar plenamente en la vida de la comunidad, haciéndoles indiferentes a su entorno;

20.

Acoge con satisfacción las propuestas incluidas en el paquete de la Comisión sobre conciliación del trabajo con la vida familiar y privada, lanzado a finales de 2008; insta a la Comisión a hacer recomendaciones a los Estados miembros que muestren retrasos evidentes con respecto a la consecución de los objetivos fijados en el Consejo Europeo de 2002 celebrado en Barcelona, por lo que se refiere a prestación de servicios de cuidado de niños para 2010; pide a la Comisión que siga fomentando la flexibilidad de los empleadores con respecto a los fórmulas de trabajo flexibles, optimizando el uso y el conocimiento de las TIC y las nuevas formas de organización del trabajo, promoviendo de esta forma la flexibilidad del tiempo de trabajo y su compatibilidad con los horarios de los comercios, la administración y los colegios;

21.

Pide a la Comisión que presente una propuesta sobre una conciliación mejor entre la vida privada, la vida familiar y la vida profesional optimizando el uso y el conocimiento de las TIC y las nuevas formas de organización del trabajo, teniendo en cuenta las necesidades y el bienestar de los niños, fomentando al mismo tiempo una protección más eficaz del empleo que confirme el derecho de los padres y cuidadores a fórmulas laborales flexibles que correspondan a sus necesidades, prestando especial atención a que las personas con ingresos bajos y con empleos precarios o mal pagados tengan acceso a estos beneficios;

22.

Lamenta la poca eficacia de las políticas de los Estados miembros y de la UE con respecto a la creciente pobreza, especialmente la pobreza infantil;

23.

Alienta a los Estados miembros a que dispongan sistemas de ingresos mínimos garantizados para la inclusión social, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

24.

Sugiere que se puede hacer frente a los nuevos retos demográficos ocupándose de la situación de las mujeres que viven en la pobreza y disponen de un acceso desigual e inadecuado a la alimentación, la vivienda, la educación y el salario y tienen dificultades para conciliar el trabajo con la familia y la vida privada;

25.

Insta a una prevención y una lucha más eficaces contra el abandono temprano de la escuela con el lema de «la escuela es rentable»; pide sistemas educativos organizados de forma eficaz y planes de estudios escolares adaptados a las necesidades del mercado laboral del mañana que ha de tener en cuenta las necesidades de la sociedad y el desarrollo tecnológico; hace un llamamiento en favor de que se siga promoviendo y prestando asistencia al concepto de escuelas de la segunda oportunidad y al aprendizaje informal y no-formal que han demostrado ser un camino más eficaz hacia una mayor participación de los jóvenes y adultos que los entornos de las escuelas tradicionales, contribuyendo a reducir los índices de abandono en la Unión Europea; pide, a tal fin, la ansiada eliminación de todas y cada una de las desigualdades de oportunidades en los sistemas educativos de la UE, en particular la supresión de la educación de bajo nivel y segregada, que tiene repercusiones negativas e irreversibles en grupos marginados, especialmente en los roma;

26.

Insiste en la necesidad de acciones de formación continua y formación profesional más eficaces que aspiren a equipar mejor a los ciudadanos, especialmente los menos cualificados, con vistas a su reintegración armónica y sin discriminación en el mercado del trabajo y a contribuir a la innovación social; sugiere que se haga hincapié en la capacidad emprendedora, reforzando sobre todo la de las mujeres y los jóvenes, la competencia en las TIC y en la comunicación, y en los conocimientos económicos y lingüísticos;

27.

Pone de relieve la necesidad de mejorar la enseñanza en la UE, dinamizando el proceso compatibilización y comparabilidad de los sistemas educativos de los Estados miembros con vistas a facilitar el reconocimiento mutuo de estándares y cualificaciones profesionales;

28.

Considera que las políticas de inclusión social activa deben influir decisivamente en la erradicación de la pobreza y la exclusión social, tanto por lo que respecta a quienes tienen empleo remunerado (los «trabajadores pobres») como a quienes carecen de un empleo remunerado;

29.

Destaca la necesidad de promover la cooperación entre universidades y empresas, puesto que es importante asegurar que se apoyen mutuamente en beneficio de sus propias organizaciones, de su personal y de sus estudiantes; entiende que deben salvarse las distancias entre los programas de estudios universitarios y el mundo empresarial, y que las empresas deben contar con la posibilidad de completar los programas de estudios, ofrecer becas, organizar jornadas de puertas abiertas para estudiantes, etc.;

30.

Señala la necesidad de un planteamiento equilibrado entre la flexibilidad, la seguridad y la garantía de salarios decentes que aspire a integrar a los jóvenes y los mayores, las mujeres, los parados de larga duración y los grupos desfavorecidos en el mercado laboral; sugiere que, al aplicar las estrategias nacionales sobre flexiguridad, los Estados miembros tengan en cuenta la Resolución del Parlamento de 29 de noviembre de 2007 sobre los principios comunes de la flexiguridad;

31.

Considera que la participación de los trabajadores en el proceso de toma de decisiones empresariales que afectan a sus empleos y sustentos es de importancia capital, sobre todo en tiempos de crisis económica y financiera, que con frecuencia acarrea los despidos y la reestructuración; acoge con satisfacción la reciente revisión (15) de la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (16); pide una vez más que se siga reforzando el funcionamiento del comité de empresa europeo de conformidad con lo establecido en la Resolución, de 4 de septiembre de 2001, sobre la aplicación de la directiva 94/45/CE (17);

32.

Resalta que las políticas sociales y de empleo deben fomentar la creación de empleo y activarse con rapidez en respuesta a la crisis económica actual y proporcionar oportunidades de empleo y de educación al tiempo que alivian las pérdidas de ingresos; considera que estas políticas deben motivar activamente a las personas para que busquen oportunidades de trabajo o inicien una actividad empresarial propia; Para ello estima que los Estados miembros deben considerar canales de financiación asequibles, como las garantías de créditos, los tipos de interés reducidos, o la entrega de prestaciones de desempleo a tanto alzado que, al tiempo que alivian las pérdidas de ingresos, proporcionan oportunidades de educación que ayudarán a los desempleados a encontrar trabajo; recuerda el planteamiento global de la Comisión sobre la inclusión activa, que abarca una ayuda adecuada a los ingresos, el acceso a mercados de trabajo inclusivos y unos servicios sociales de calidad;

33.

Pide a la Comisión que emprenda iniciativas que conduzcan a una clara distinción entre los empleadores, autónomos verdaderos y pequeños empresarios, por una parte, y los empleados, por otra;

34.

Considera que es especialmente importante apoyar a las mujeres que desean ser madres, tanto a través de asignaciones durante el período en que crían a sus hijos como mediante la creación de un marco favorable para la reincorporación al mercado laboral, debiéndose prestar una mayor atención a las madres que crían solas a sus hijos, ya que constituyen un grupo vulnerable;

35.

Señala que la economía social, como forma distinta de modelo empresarial, desempeña un papel esencial al contribuir a una economía europea sostenible, combinando la búsqueda de beneficios con la solidaridad; añade que las empresas de la economía social necesitan un marco jurídico seguro; destaca la importantísima contribución del trabajo voluntario en el ámbito social, particularmente en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y en ala asistencia a los grupos más desfavorecidos de la sociedad;

36.

Destaca que no todas las personas pueden trabajar, ni existen empleos para todos en la actualidad, y reafirma la importancia de aplicar la Recomendación 92/441/CEE, respaldada por el Consejo Europeo de los días 11 y 12 de diciembre de 2008, en relación con la puesta a disposición de «recursos y prestaciones suficientes para vivir conforme a la dignidad humana», mediante la ampliación de los regímenes de renta mínima a todos los Estados miembros y la mejora de los niveles de garantía del acceso y de la adecuación;

37.

Cree que el desarrollo del microcrédito puede desempeñar un papel importante en el apoyo (a largo plazo) a los parados para que puedan trabajar como autónomos; señala que el microcrédito ha contribuido en muchas de esas situaciones a la reintegración en la vida laboral y que esto está en consonancia con la Estrategia de Lisboa; encarece a la Comisión que impulse la elaboración y difusión de información sobre las potencialidades de los microcréditos y las posibilidades de obtenerlos, y le pide en este contexto que tenga en mente sobre todo a aquellos grupos de la sociedad que más provecho podrán sacar de estos créditos y que más los pueden necesitar;

38.

Pide que se fomente una relación más sólida entre la aplicación de la flexiguridad y el aumento del diálogo social, respetando las costumbres y las prácticas nacionales;

39.

Insiste en la necesidad de suprimir los obstáculos burocráticos para las pequeñas y medianas empresas; pide que se avance en la aplicación de los principios propuestos en la Comunicación de la Comisión sobre la iniciativa «Small Business Act» para Europa;

40.

Reconoce plenamente la competencia de los Estados miembros en materia de política salarial, al tiempo que sugiere que los interlocutores sociales a escala nacional procedan a debatir sobre nuevos métodos para las políticas salariales, que podrían invertir la actual tendencia declinante en la relación porcentual entre los salarios y los beneficios e incluir una mayor participación financiera de los empleados en los beneficios de las empresas por medio de planes que atenúen el impacto de la inflación; considera que estos planes podrían permitir canalizar los beneficios adicionales de los empleados hacia fondos de capitales especiales creados por las empresas; insta a un debate sobre los medios para incitar a las empresas a que apliquen estos métodos, y pide asimismo que se celebre un debate relativo a un marco jurídico que regule el acceso de los empleados a estos fondos de una manera gradual en un plazo determinado; sugiere a los interlocutores sociales que atiendan a la importancia de un compromiso renovado en favor de salarios que permitan vivir dignamente y garanticen salarios considerablemente superiores a los niveles de renta adecuados, para que las personas puedan salir de la pobreza y beneficiarse verdaderamente del trabajo;

41.

Insiste en que para promover la no discriminación y la igualdad de oportunidades es necesario disponer de una base legislativa sólida y una serie de instrumentos políticos y en que la no discriminación y la igualdad deben integrarse en todos los aspectos de la Agenda Social renovada;

42.

Pide a la Comisión que realice estudios sobre el impacto a medio y largo plazo de la movilidad del conocimiento, con objeto de utilizar los resultados como sólida base para la adopción de medidas que mitiguen los efectos negativos;

43.

Señala el impacto negativo (posible fuga de cerebros) que la inmigración puede tener en el proceso de desarrollo de los países de origen, particularmente para las estructuras familiares, la salud, la educación y la investigación; recuerda, por otra parte, los efectos de la crisis económica en términos de desequilibrios en los mercados de trabajo de los países de acogida;

44.

Destaca la importancia de la contratación ética de trabajadores procedentes de terceros países, particularmente con respecto a los profesionales de la asistencia sanitaria, y pide a aquellos Estados miembros que aún no hayan desarrollado un código sobre prácticas de contratación internacional que se doten de uno;

45.

Pone de relieve que las repercusiones a largo plazo de la inmigración en el cambio demográfico son inciertas, puesto que dependen de la volatilidad de los flujos migratorios, la reunificación familiar y las tasas de fertilidad;

46.

Considera que si tienen un empleo legal, los inmigrantes pueden contribuir al desarrollo sostenible de los sistemas de seguridad social y asegurando también su propia pensión y sus derechos sociales;

47.

Subraya que una buena política de inmigración basada en los derechos humanos debe promover una estrategia coherente y eficiente para la integración de los inmigrantes sobre la base de la igualdad de oportunidades, que radique en la garantía de sus derechos fundamentales, y asegurar un equilibrio entre los derechos y las obligaciones;

48.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de imponer sanciones a los empleadores que emplean a nacionales de terceros países en situación irregular; subraya la importancia de luchar contra la explotación de nacionales de terceros países en situación irregular, respetando al mismo tiempo los derechos de las personas vulnerables; pide a la Comisión, en este sentido, que promueva las oportunidades de empleo regular de nacionales de terceros países en situación regular;

49.

Acoge con satisfacción la propuesta de Directiva relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (COM(2008)0414); llama la atención, sin embargo, sobre el hecho de que la Directiva, a su vez, no debe conducir a una mayor discriminación de los ciudadanos de la Unión en razón de su situación económica;

50.

Considera que el fortalecimiento de la aplicación y el cumplimiento de las leyes laborales existentes en virtud de la legislación nacional y comunitaria y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debe ser una prioridad para las instituciones de la UE y los Estados miembros;

51.

Subraya la necesidad de seguir reforzando la legislación contra la discriminación en todo el territorio de la UE; pide a la Comisión que siga impulsando el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros en lo relativo a la promoción de la buena integración de los inmigrantes; toma nota de que, sobre todo en tiempos de dificultades económicas, los más vulnerables de la sociedad, entre los que suelen encontrarse los inmigrantes, son con diferencia los más afectados;

52.

Cree que, en sus relaciones exteriores, la UE podría desempeñar un papel más dinámico en el fomento de las normas sociales y ambientales básicas; expresa su convencimiento de que es necesario hacer esfuerzos adicionales en lo referente a los mecanismos de prevención, vigilancia y sanción de las infracciones;

53.

Considera que la UE debe intentar influir con más intensidad en la agenda internacional por lo que se refiere al trabajo digno y promover activamente el cumplimiento de los convenios de la OIT, así como a los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que ello podría contribuir a la paz mundial y a la protección de los intereses y los valores de la UE;

54.

Destaca que el desarrollo del marco jurídico comunitario, ya sea a través de la legislación primaria o derivada, no debe en modo alguno entrar en contradicción con las obligaciones internacionales en el marco de los convenios de la OIT;

55.

Señala que la UE debe aspirar a un proceso de globalización más inclusivo desde el punto de vista social y más sostenible desde el punto de vista económico y del medio ambiente; toma nota de que la forma en que las empresas realizan su actividad empresarial no sólo tiene un gran impacto económico, sino también un importante impacto social, tanto en la UE como en terceros países, en particular en los países en desarrollo; insta a la Comisión, por tanto, a promover activamente el concepto de responsabilidad social de las empresas, ya sea a través de la promoción del Derecho indicativo («soft law»), cuando proceda, o a través de propuestas legislativas;

56.

Sugiere que se consolide el potencial de los Fondos estructurales a través de la simplificación, la flexibilidad y la mejora de los procedimientos y la dimensión de la integración social, con objeto de ayudar a los Estados miembros a optimizar los resultados de las políticas sociales y de empleo; insta a los Estados miembros y a las regiones a que propicien la plena participación de los socios de conformidad con el artículo 16 del Reglamento general sobre los Fondos estructurales (18); recomienda firmemente que hagan accesible el Fondo Social Europeo (FSE) a los socios con el fin de crear capacidades;

57.

Subraya que en la Agenda Social renovada debe asumirse el compromiso claro de que los fondos estructurales y de cohesión de la UE contribuirán a la consecución de los objetivos de la Agenda Social; pide consecuentemente a los Estados miembros que utilicen el FSE y todos los demás Fondos Estructurales no sólo con objeto de mejorar la empleabilidad de las personas, sino también la infraestructura social;

58.

Reconoce que los Fondos Estructurales siguen siendo en gran medida el principal instrumento de financiación para alcanzar los objetivos sociales y pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan las sinergias con otros programas y apoyen la coherencia en la totalidad de los programas marco plurianuales, como Daphne, Progress, el Programa de Salud Pública, y el programa «Europa con los ciudadanos»;

59.

Pide que se preste una atención particular a las regiones más afectadas por la globalización, así como a las regiones de los nuevos Estados miembros que se hallan en un proceso de convergencia social;

60.

Sugiere que Progress podría contribuir a una mejor evaluación de la modernización de los modelos sociales europeos mediante la evaluación de proyectos piloto;

61.

Considera que, como resultado de la libre circulación de personas, en algunas partes de la UE, y en particular en las grandes ciudades, surgen nuevos problemas vinculados a la prestación de protección social de emergencia a las personas que no tienen medios de subsistencia, lo que ejerce una presión adicional sobre los servicios (de beneficencia) privados y públicos que prestan asistencia de emergencia, por ejemplo, a las personas sin hogar o a grupos de población marginados en la sociedad;

62.

Subraya que la flexibilidad y la aceptación del cambio por los ciudadanos pueden aumentar si existe más confianza mutua, la cual puede aumentar a su vez con un diálogo social más eficaz y transparente y garantizando una democracia participativa más eficaz en la elaboración y ejecución de políticas;

63.

Considera especialmente importante que el diálogo social favorezca políticas de seguridad y salud laboral y, en general, promueva la mejora de la calidad de vida en el trabajo; pide a la Comisión que emprenda una reflexión sobre la forma de incorporar a los titulares de empleos no permanentes (trabajadores temporales, trabajadores a tiempo parcial, trabajadores con contrato de duración limitada) al diálogo social;

64.

Dado que los resultados de las negociaciones de los interlocutores sociales europeos apenas se han revelado y son poco conocidos, insta a promover el conocimiento de los resultados del diálogo social para aumentar su impacto y favorecer su desarrollo;

65.

Cree que la cultura de la cooperación, que ha venido reemplazando a la cultura basada en los conflictos en el mercado laboral, debe seguirse promoviendo por medio del fomento del diálogo social;

66.

Cree que las organizaciones de la sociedad civil y los que sufren pobreza y exclusión social deben participar de manera más directa en los debates sobre el modelo económico y social, en condiciones de igualdad;

67.

Señala que los interlocutores sociales deben hacer un esfuerzo por trabajar con planes plurianuales con calendarios y plazos específicos que tengan como objetivo una estrategia sostenible a largo plazo;

68.

Pide que se lleve a cabo un amplio debate entre partes interesadas europeas, poderes públicos nacionales, empleadores, empleados y organizaciones de la sociedad civil sobre la agenda social para el período posterior a 2010;

69.

Constata que los Estados miembros deben apoyar la inclusión de nuevos objetivos e indicadores sociales mensurables, vinculantes y cuantitativos en la Estrategia de Lisboa posterior a 2010, también los compromisos de trabajar por la erradicación de la pobreza y la exclusión social, así como el desarrollo de un nuevo pacto de progreso social que establezca los objetivos y la estructura de una nueva UE social, sostenible y justa a escala mundial, que deberá construir y reforzar el MAC Social como pilar fundamental;

70.

Constata que, en la UE, las empresas desempeñan un papel importante no sólo en términos económicos sino también en términos sociales, y destaca la necesidad de una responsabilidad social corporativa y de avanzar con urgencia en lo relativo al trabajo de calidad, incluidos unos salarios que permitan vivir dignamente, respaldar el modelo social y evitar el dumping social;

71.

Aboga por un diálogo efectivo entre el Parlamento y la sociedad civil, diálogo que es también necesario en los Estados miembros a nivel central, regional y local;

72.

Toma nota de que un año europeo del voluntariado sería una oportunidad ideal para que la UE conectara con las organizaciones de la sociedad civil; pide a la Comisión que prepare el terreno para que 2011 sea declarado Año Europeo del Voluntariado, presentando lo antes posible una adecuada propuesta legislativa a tal efecto;

73.

Considera que las organizaciones de la sociedad civil deben participar desde el principio en los procesos de toma de decisiones y que la información debe ser accesible al público; opina asimismo que la información debe ser recíproca y que debe explicarse a los participantes cuál es margen para el cambio;

74.

Destaca la importancia y el valor del proceso de consulta como instrumento eficaz para dotar de poder a los ciudadanos, permitiéndoles participar directamente en el proceso político a escala de la UE; pide a la Comisión que adopte nuevas medidas para sensibilizar a los ciudadanos en cuanto a las futuras consultas de la UE a través de los medios de comunicación y otros foros adecuados a escala nacional, regional y local;

75.

Considera necesario que las instituciones europeas, los interlocutores sociales nacionales y las organizaciones de la sociedad civil decidan con carácter urgente un «pacto social» que incluya acciones sociales con objetivos e indicadores realistas y vinculantes;

76.

Toma nota de que la participación ciudadana comienza durante la infancia y pide que se promocionen y apoyen las estructuras de participación y las iniciativas para niños y jóvenes a nivel local, regional y nacional;

77.

Subraya la necesidad de hacer progresos y de concluir el Reglamento sobre coordinación de los sistemas de seguridad social, la Directiva sobre la transferencia de los derechos de pensión y la propuesta de Directiva por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual;

78.

Pide que se mejore el proceso legislativo a escala de la UE dejando claro por qué son necesarias acciones a escala de la UE, asegurando la calidad del contenido y entregando una evaluación de impacto sólida e independiente en relación con las repercusiones sociales, medioambientales y económicas; pide, en particular, la aplicación eficaz del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor», de 2003 (19);

79.

Pone de relieve que la cooperación entre los Estados miembros y la supervisión efectivas de la transposición de la legislación de la UE deben ser prioritarias;

80.

Considera que en la mejora de la legislación de la UE se debe trabajar activamente por la participación de la sociedad civil y se han de abordar las preocupaciones de los ciudadanos, lo que contribuiría a acercarlos a la Unión;

81.

Considera que las políticas económicas, medioambientales y sociales deberían acoplarse mejor a escala comunitaria, con una reafirmación en cuanto a los objetivos originales de la Agenda de Lisboa y la necesidad de garantizar que las políticas económicas y de empleo contribuyan activamente a la erradicación de la pobreza y la exclusión social;

82.

Hace hincapié en la necesidad de adoptar una carta de los derechos sociales fundamentales jurídicamente vinculante;

83.

Observa que el Tratado de Lisboa establece que se deben tener en cuenta aspectos muy pertinentes de la política social a la hora de definir y aplicar las políticas de la UE;

84.

Considera que la Estrategia de Lisboa posterior a 2010 debe incluir un MAC reforzado y solicita a la Comisión que siga animando a los Estados miembros a definir objetivos nacionales cuantificados, concretamente con respecto a la reducción de la pobreza y la inclusión social, en particular con la ayuda de nuevos indicadores mensurables y cuantitativos;

85.

Pide al Consejo y a la Comisión que abran oportunidades con vistas a una implicación real del Parlamento en la Estrategia de Lisboa posterior a 2010;

86.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

5.8.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 212/23

A.

Considerando que la inclusión activa no debe sustituir a la inclusión social, ya que los grupos vulnerables que no pueden participar en el mercado laboral tienen derecho a una vida digna y a la plena participación en la sociedad y, por tanto, deben disponer de unos ingresos mínimos y unos servicios sociales de calidad accesibles y asequibles, independientemente de la capacidad de una persona para participar en el mercado laboral,

B.

Considerando que la inclusión activa no sólo está relacionada con la capacidad de la persona, sino también con la forma en que está organizada la sociedad; y que, por consiguiente, también deben abordarse las causas estructurales de la exclusión, incluida la discriminación y la inadecuada prestación de servicios,

C.

Considerando que la exclusión aparente del mercado de trabajo puede derivarse de una insuficiente disponibilidad de posibilidades de empleo digno, y no tanto de una falta de esfuerzo individual,

D.

Considerando que la integración en el mercado laboral no debe ser una condición previa para tener derecho a unos ingresos mínimos y acceso a unos servicios sociales de alta calidad; y que unos ingresos mínimos y el acceso a unos servicios sociales de alta calidad son condiciones previas necesarias para la integración en el mercado laboral,

E.

Considerando que las personas más alejadas del mercado laboral son a menudo personas con necesidades, dificultades o desventajas múltiples y complejas, como la dependencia a largo plazo de unos ingresos bajos o insuficientes, el desempleo de larga duración, un nivel de educación bajo y analfabetismo, el crecimiento en una familia vulnerable, la discapacidad, la mala salud, la residencia en zonas con desventajas múltiples, las condiciones precarias de alojamiento y la falta de vivienda, el racismo y la discriminación, y que, por lo tanto, las estrategias para la inclusión deben reflejar la diversidad de los excluidos,

F.

Considerando que la exclusión social y la exclusión del mercado laboral tienen graves consecuencias para la salud mental de las personas afectadas, y que los desempleados de larga duración corren un riesgo mayor de sufrir depresión y otros trastornos de la salud mental,

G.

Considerando que las personas alejadas del mercado laboral tienen una gran necesidad de formación profesional, bien porque no han tenido suficiente formación académica bien porque, debido a un alejamiento duradero del mercado de trabajo, no están en condiciones de hacer realmente uso de esta formación,

H.

Considerando que los más vulnerables se ven a menudo afectados por la condicionalidad de la activación de las políticas, que dichos efectos deben vigilarse y que deben evitarse las repercusiones negativas en grupos vulnerables,

I.

Considerando que las medidas de inclusión activa también deben actuar en conjunción con el desarrollo de los objetivos de la UE y nacionales por lo que se refiere a la lucha contra la pobreza y la exclusión social,

J.

Considerando que la mayoría de las personas que están al frente de sus hogares, de los progenitores que crían solos a sus hijos y de los cuidadores son mujeres; considerando, por tanto, que las políticas de inclusión activa requieren un conjunto de medidas de pleno alcance que permitan a las mujeres más alejadas del mercado laboral beneficiarse, en la práctica, de las estrategias de inclusión activa, y que la situación del mercado laboral por lo que se refiere a la mujer está directamente vinculada a la pobreza relacionada con la edad, que afecta principalmente a las mujeres,

K.

Considerando que, en épocas de recesión económica y aumento del desempleo, existe el riesgo de numerosos nuevos despidos, aumentando con ello el número de las personas que ya sufren pobreza y exclusión del mercado laboral, especialmente por lo que respecta a los grupos sociales más vulnerables, como las mujeres, las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad; considerando que es esencial que las políticas conexas en materia de inclusión social y mercado laboral se desarrollen por medio de un planteamiento integrado y coherente en el marco del Plan de Recuperación Económica Europea; considerando que parte de los fondos públicos deben utilizarse para mantener y mejorar las inversiones en el ámbito social, de la salud y la educación, así como en otros servicios sociales esenciales y servicios de interés general,

L.

Considerando que la opinión de que la mejor forma de salir de la exclusión es tener un trabajo sólo puede ser realmente eficaz si ese trabajo es sostenible, de alta calidad y está remunerado de forma adecuada, y que la aplicación del principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo sigue siendo deficiente,

M.

Considerando que los cuidadores familiares prestan servicios esenciales de atención, educación y apoyo fuera del régimen laboral, sin ingresos ni derechos sociales, y carecen del derecho a regresar al mercado laboral y obtener el reconocimiento de las competencias adquiridas o desarrolladas durante los períodos de cuidado familiar,

1.

Aplaude el hecho de que la Comisión base su Recomendación 2008/867/CE en la Recomendación 92/441/CEE, que reconoce el derecho fundamental de la persona a unos recursos suficientes y a asistencia para vivir dignamente, y define unos principios comunes para la aplicación de ese derecho; respalda los principios comunes y las orientaciones prácticas presentadas en la Recomendación 2008/867/CE sobre la estrategia de inclusión activa basada en tres pilares, a saber, un apoyo a la renta adecuado, unos mercados laborales incluyentes y el acceso a servicios de calidad, y señala, en particular, que cualquier estrategia de inclusión activa debe estar construida sobre los siguientes principios: los derechos individuales, el respeto de la dignidad humana y la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la igualdad de género; el fomento de la integración en el mercado laboral, combinada con la plena participación en la sociedad; y la aplicación de los principios de calidad, adecuación y accesibilidad en los tres pilares;

2.

Se muestra de acuerdo con el Consejo en que la aplicación de la Recomendación 92/441/CEE debe ser mejorada en relación con los ingresos mínimos y las transferencias sociales; en que la asistencia social debería proporcionar una renta mínima adecuada para una vida digna, como mínimo a un nivel que esté por encima del riesgo de caer en la pobreza y que sea suficiente para sacar a la gente de la pobreza, y en que el acceso a las prestaciones debería mejorarse;

3.

Acoge con satisfacción la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 17 de julio de 2008, Coleman (C-303/06), relativa a los cuidadores que sufren discriminación por asociación, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen las medidas oportunas para garantizar que los cuidadores estén protegidos de tal discriminación a la hora de acceder al mercado laboral y alienten a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal;

4.

Pide a los Estados miembros que implementen un apoyo a la renta adecuado, a fin de luchar contra la pobreza y la exclusión social; señala la necesidad de un nivel adecuado de apoyo a los ingresos sobre la base de las Recomendaciones 92/441/CEE y 2008/867/CE, que debe ser adecuado, transparente, accesible para todos y sostenible en el tiempo;

5.

Considera fundamental que la Comisión y los Estados miembros apliquen de una manera eficaz la Directiva 2000/78/CE, que establece un marco jurídico para la igualdad de trato en el empleo a fin de luchar contra la discriminación en el empleo y la ocupación por motivos de religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual;

6.

Reitera su solicitud al Consejo para que acuerde un objetivo europeo de regímenes de renta mínima y de sistemas contributivos de sustitución de la renta que proporcionen un apoyo a la renta por lo menos igual al 60 % de la renta equivalente media nacional, y que convenga asimismo una fecha límite para que todos los Estados miembros alcancen dicho objetivo;

7.

Reconoce que la interacción de la asistencia social y la actividad en el mercado laboral es compleja, en particular cuando el trabajo disponible puede ser de corta duración, temporal, precario o a tiempo parcial, y cuando las condiciones para tener derecho a prestaciones y los sistemas de protección social y los tipos impositivos marginales pueden tener un efecto disuasorio a la hora de aceptar un trabajo remunerado y el sistema de asistencia social es demasiado rígido para responder; insta, por ello, a desarrollar sistemas que apoyen eficazmente a las personas en un período de transición, en lugar de penalizarlas o desincentivarlas o eliminar la asistencia con demasiada rapidez cuando una persona empiece a trabajar;

8.

Destaca la importancia de establecer prestaciones asistenciales para las personas vulnerables en situación de trabajar; indica, no obstante, que, en virtud del principio de subsidiariedad, dichas prestaciones son competencia de los Estados miembros;

9.

Señala que los beneficiarios de un apoyo a la renta adecuado y los miembros de sus familias tendrán la oportunidad de evitar el riesgo de caer en la pobreza y de convertirse en ciudadanos activos que contribuyan a la vida social y económica, así como a la solidaridad intergeneracional;

10.

Sugiere que los Estados miembros consideren activamente una política de salario mínimo para hacer frente al creciente número de «trabajadores pobres» y hacer del trabajo una perspectiva viable para aquellos alejados del mercado laboral;

11.

Considera que, para lograr la inclusión activa, deben mitigarse las disparidades entre regiones y zonas dentro de la Comunidad mediante una aceleración del proceso de rehabilitación de las zonas afectadas por la crisis económica y de desarrollo de las zonas rurales;

12.

Pide a los Estados miembros que adopten medidas para luchar contra el mercado negro o «economía sumergida», ya que este fenómeno determina la exclusión de sus trabajadores de determinadas instalaciones y de ciertos servicios sociales;

13.

Pide que las políticas de inclusión activa:

14.

Invita a la Comisión a considerar una contabilidad de costes totales en el ámbito de la inclusión activa y social, ya que la experiencia ha demostrado que la inversión temprana y las medidas preventivas pueden reducir los costes generales para la sociedad a largo plazo; acoge con satisfacción el hecho de que la Recomendación 2008/867/CE proponga aumentar las inversiones en inclusión social en consecuencia;

15.

Considera que los Estados miembros deben proporcionar prestaciones adicionales centradas en los grupos desfavorecidos (como las personas con discapacidad o enfermedades crónicas, las familias monoparentales o numerosas) que cubran los costes extraordinarios con respecto a, entre otros, el apoyo personalizado, la utilización de instalaciones específicas y los cuidados médicos y sociales, estableciendo asimismo precios asequibles para los medicamentos destinados a los grupos sociales más desfavorecidos; subraya la necesidad de garantizar niveles decentes para las pensiones de incapacidad y jubilación;

16.

Se muestra de acuerdo, especialmente a la luz de las necesidades a menudo complejas de las personas, en que es necesario diseñar y poner en práctica medidas de inclusión activa hechas a la medida que combinen renta mínima, inclusión en el mercado laboral y servicios sociales, en que el enfoque debe basarse en la identificación temprana y las medidas preventivas, y en que éstas deben ir prioritariamente orientadas hacia las personas más vulnerables;

17.

Considera que, a la hora de diseñar y aplicar dichas medidas, deben tomarse en cuenta las opiniones de los destinatarios de esas medidas; pide a los Estados miembros que apoyen la capacitación de organizaciones no gubernamentales de carácter social, a fin de facilitar su participación en la elaboración y aplicación de políticas de inclusión;

18.

Pide a los Estados miembros que desarrollen un planteamiento más constructivo en materia de política de drogas haciendo más hincapié en la prevención, la educación y el tratamiento de la adicción que en las sanciones penales;

19.

Pide el fin de la estigmatización de las personas con problemas de salud mental y dificultades de aprendizaje, el fomento de la salud mental y el bienestar psíquico, la prevención de los trastornos mentales y mayores recursos para los tratamientos y cuidados;

20.

Considera que, dado que los problemas relacionados con la exclusión están presentes en muchos casos desde los primeros años de vida, son esenciales medidas preventivas para identificar desde una edad temprana a los niños y jóvenes más expuestos al riesgo de exclusión, mucho antes de que abandonen la educación y la formación; señala que los jóvenes excluidos de la escuela tienen más probabilidades de involucrarse en comportamientos antisociales y delictivos, agravando los problemas de entrada en el mercado laboral en una fecha posterior; considera que un amplio diálogo con las partes interesadas y el apoyo a medidas preventivas y servicios sociales para mejorar la oportunidades de los niños y los adultos jóvenes vulnerables son esenciales para el éxito de las políticas de inclusión; considera también importantes los problemas de exclusión que afectan a las personas mayores cuando pierden su empleo y no pueden reincorporarse al mercado laboral;

21.

Considera que debe prestarse especial atención a las necesidades de los jóvenes que buscan un primer empleo, y que las políticas y medidas que pueden promover la transición de los estudios al mercado laboral deben adoptarse a escala nacional; considera, además, que el diálogo estructurado con organizaciones juveniles debe asociarse de forma permanente a la labor de las instituciones de la UE y de los Estados miembros;

22.

Pide a los Estados miembros que se esfuercen más por abordar los problemas a los que se enfrentan los cuidadores, incluido el derecho a elegir libremente si quieren ejercer dicha función y el grado de cuidados que ofrecen y la posibilidad de combinar la función de cuidador con un trabajo remunerado y con el empleo, así como con el acceso a los regímenes de seguridad social y de pensiones, a fin de evitar un empobrecimiento económico resultante de la función de cuidador;

23.

Aplaude el reconocimiento de la necesidad de acceso universal a unos servicios sociales asequibles y de alta calidad como derecho fundamental y elemento esencial del modelo social europeo, y para ayudar a que las personas sigan empleadas y respaldar los principios establecidos en la Recomendación 2008/867/CE; considera que unos servicios sociales de ese tipo incluyen un alojamiento asequible y estable, un transporte público accesible, formación profesional básica y la prestación de asistencia sanitaria, así como el acceso a una energía asequible y a otros servicios en red; observa que debe avanzarse a la hora de garantizar las obligaciones de servicio universal en los servicios de interés general; considera necesario el desarrollo de un plan de acción para la elaboración de una directiva marco comunitaria sobre los servicios de interés general para garantizar estas obligaciones; señala que los progresos siguen siendo insuficientes para alcanzar los objetivos de Barcelona para la prestación de servicios de guardería asequibles y de alta calidad, que deben reforzarse para cubrir a todos los niños en la enseñanza primaria; señala asimismo que las necesidades asistenciales de otras personas dependientes tampoco se cubren adecuadamente y que deberían someterse a un proceso similar;

24.

Considera que hacer frente a la discriminación que sufren las personas en el contexto del acceso a bienes, servicios e instalaciones es fundamental para lograr la inclusión y, por tal motivo, acoge con satisfacción la propuesta de una directiva completa para luchar contra la discriminación en ámbitos distintos del empleo, por razones de edad, discapacidad, orientación sexual y religión o creencia;

25.

Alienta a los Estados miembros a que examinen en qué medida pueden establecerse tarifas sociales para los grupos vulnerables, por ejemplo en los ámbitos de la energía y del transporte público, y facilidades para obtener microcréditos, con el fin de fomentar la inclusión activa, así como el acceso gratuito a la atención sanitaria y a la educación para las personas que se encuentren en dificultades de orden material;

26.

Pide a los Estados miembros que eleven el perfil de las cooperativas de crédito para contribuir a ofrecer a las personas un entorno seguro y regulado en el que puedan ahorrar y pedir préstamos, y que afronten el problema cada vez más grave del endeudamiento personal; pide a los Estados miembros que velen por que las personas tengan derecho a abrir una cuenta bancaria asequible, medio fundamental para participar tanto en las actividades económicas como en la sociedad;

27.

Pide a los Estados miembros que proporcionen a las personas con discapacidad el apoyo adicional necesario tanto para acceder al mercado laboral como una vez empleadas; pide a aquellos Estados miembros que aún no lo hayan hecho, que suscriban y ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo; observa que los Estados miembros deben establecer procedimientos y estructuras adecuados para la aplicación eficaz en su territorio de dicha Convención;

28.

Considera que los jóvenes se enfrentan a obstáculos específicos a la inclusión activa, también a la discriminación injustificada por razones de edad y a dificultades relativas al acceso a sistemas asequibles de formación profesional;

29.

Acoge con satisfacción la desinstitucionalización de las personas con discapacidad, pero observa que esto exige un nivel suficiente de servicios basados en la comunidad que favorezcan la vida independiente, el derecho a la asistencia personal, el derecho a la independencia económica y la participación plena en la sociedad dentro de los Estados miembros;

30.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aporten recursos adecuados para facilitar el acceso a programas de formación continua como un medio para limitar la exclusión de las personas de edad avanzada, entre otras cosas, del empleo, y que fomenten su participación continua en la vida social, cultural y cívica;

31.

Considera que hay que tomar más medidas para acabar con la violencia doméstica y los malos tratos infligidos a los niños y a las personas de edad avanzada;

32.

Invita a la Comisión y a los Estados miembros a velar por que la legislación comunitaria vigente en materia de igualdad de género, igualdad en general y no discriminación se aplique de forma plena, adecuada y eficaz; pide su ampliación y cumplimiento para eliminar las barreras estructurales al empleo y a las formaciones profesionales;

33.

Opina que la educación de alta calidad es un requisito previo esencial para que en el futuro el empleo y la integración sean satisfactorios; pide a los Estados miembros que amplíen la legislación en materia de educación pública con vistas a eliminar todos y cada uno de los obstáculos a la educación, asegurando una educación integrada y el acceso a ella para todos; cree que los excluidos con carácter duradero del mercado de trabajo deben beneficiarse de más derechos para financiar la formación permanente, especialmente por lo que se refiere a las competencias clave;

34.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen el principio de integración de la perspectiva de género en el conjunto de la estrategia de inclusión activa;

35.

Considera que la formación ofrecida debe tener en cuenta las necesidades de las personas interesadas y adaptarse a las mismas; aboga por una formación específica en vez de estandarizada y por unas medidas de integración que con frecuencia hacen caso omiso de las necesidades de las personas con discapacidad, las personas con responsabilidades asistenciales o las personas con problemas de salud; destaca las mejores prácticas del Fondo Social Europeo (FSE) y EQUAL en lo que respecta a los planteamientos de formación basada en las necesidades para las personas más alejadas del mercado laboral, reconociendo las competencias no documentadas y las competencias adquiridas a través de la educación no formal;

36.

Recomienda incrementar la calidad de la educación y vincular los sistemas educativos con el mercado laboral y con las exigencias de la participación social, así como también reducir la polarización tanto en términos de acceso a todas las formas de educación como en términos de calidad de la educación impartida;

37.

Considera que la formación también debe garantizar que los individuos sean conscientes de sus derechos y obligaciones en el trabajo, incluida una buena preparación en términos de salud y seguridad, y de su derecho a la afiliación sindical, así como de sus derechos de información y consulta y a la formación y al aprendizaje a lo largo de toda la vida;

38.

Señala que existe el riesgo de que planteamientos más imaginativos para preparar a las personas más alejadas del mercado laboral para su eventual acceso al mismo puedan verse privados de financiación en favor de un enfoque más limitado basado en resultados fácilmente cuantificables; pide, por tanto, a la Comisión que mejore la financiación de los planteamientos ascendentes en el marco de los Fondos Estructurales y, en particular, del FSE, y el desarrollo de indicadores que midan los avances realizados hacia la inclusión social y activa, con el fin de identificar iniciativas de base innovadoras para promover la inclusión activa como parte de los objetivos de inclusión social señalados en los Fondos Estructurales asignados a la Estrategia de Lisboa, la financiación propuesta para la innovación social, y a través de otros flujos de financiación;

39.

Señala que, como resultado del cambio demográfico, se estima que en 2030 la relación entre población activa y no activa será de 2 a 1; pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen políticas de inclusión activa que garanticen que los cuidadores, muchos de los cuales se verán obligados a apartarse del mercado laboral debido a responsabilidades asistenciales, no se vean afectados negativamente en años posteriores;

40.

Subraya la necesidad de crear un mercado laboral incluyente que constituya el núcleo de cualquier estrategia de inclusión activa, un mercado laboral con unas condiciones laborales dignas y una diversidad de empleos para todos los trabajadores que tenga en cuenta las diferencias en cuanto a las necesidades del lugar de trabajo, las necesidades de cada trabajador, los patrones laborales y los modelos temporales, las divergencias en los niveles de capacidad y las diferentes necesidades en términos de conciliación de la vida familiar, privada y profesional; observa que el empleo de alta calidad es esencial para promover la conservación del empleo;

41.

Pide a los Estados miembros que desarrollen un mercado laboral competitivo, que fomente la creación de sistemas públicos y privados de protección social en términos de costo razonable, para que las personas interesadas, incluidas las pertenecientes a minorías étnicas, puedan optar por reducir el riesgo de exclusión del mercado laboral;

42.

Invita a los Estados miembros a utilizar herramientas e instrumentos para motivar a todos los agentes a crear unos mercados laborales incluyentes y mejorar la participación de las personas más alejadas del mercado laboral; destaca los instrumentos en el contexto del diálogo social localizado, los incentivos financieros, las ventajas fiscales y el desarrollo de la economía social; acoge con satisfacción la recomendación de la Comisión de proporcionar apoyo a la economía social como una fuente esencial de empleos de incorporación al mercado laboral de las personas desfavorecidas;

43.

Señala que, en la promoción de la inclusión activa, las autoridades locales y regionales tienen una triple función: la de empleadores, la de promotores del desarrollo económico y del empleo y la de proveedores de servicios públicos, incluidos los servicios para los grupos más vulnerables; pide a los Estados miembros la creación de redes a escala regional y local para asesorar e informar a las personas acerca de dónde pueden recibir ayuda para acceder al mercado laboral y a servicios sociales específicos (por ejemplo, sistemas de prestaciones sociales, servicios sanitarios, de salud mental y de atención social y formación profesional), según su situación particular;

44.

Cree firmemente que deben realizarse más esfuerzos en la lucha contra los obstáculos a la inclusión a los que se enfrentan los solicitantes de asilo; pide a los Estados miembros que trabajen por poner fin a la dependencia de los solicitantes de asilo de las prestaciones, permitiéndoles trabajar, y que consideren el desarrollo de más rutas de inmigración legales;

45.

Insta a todos los Estados miembros a que preserven las políticas de asilo basadas en los derechos humanos, de conformidad con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y demás legislación pertinente en materia de derechos humanos;

46.

Reconoce que la trata de seres humanos provoca un inmenso sufrimiento y la exclusión social, y pide a los Estados miembros que realicen más esfuerzos para hacer cumplir la legislación en materia de lucha contra la trata de seres humanos y contra la discriminación, que obren en favor de la reinserción social de las víctimas de la trata de seres humanos, y, en particular, que firmen, ratifiquen y apliquen el Convenio para la Acción contra la trata de seres humanos;

47.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que rechacen la engañosa confusión entre migración económica y búsqueda de asilo, y entre estas situaciones y la inmigración clandestina;

48.

Considera que las penas de prisión sin una rehabilitación y una educación adecuadas generan obstáculos a la inclusión y con frecuencia sólo conducen a más exclusión social, desempleo y delincuencia;

49.

Cree firmemente que mantener una edad de jubilación obligatoria obstaculiza la inclusión activa y fuerza a abandonar el mercado laboral, de forma innecesaria, a muchas personas que quizá prefieran seguir trabajando;

50.

Pide a la Comisión que coordine estrechamente el proceso político relacionado con la inclusión activa, en particular por lo que se refiere a los servicios sociales de alta calidad, con el actual desarrollo de un marco voluntario de servicios sociales de interés general de alta calidad, y que estudie sin demora todos los medios posibles para clarificar el contexto jurídico en el que operan los servicios sociales de interés general y para proporcionarles un marco jurídico que sirva como punto de referencia, en particular por medio de la adopción de instrumentos legislativos, incluida una directiva marco;

51.

Hace hincapié en sus recientes solicitudes a la Comisión y al Consejo de establecer metas para la reducción de la pobreza (la pobreza en general, la infantil, la de las personas con trabajo y la pobreza persistente de larga duración), para la prestación de un nivel mínimo de renta mediante pensiones y para el acceso a los cuidados médicos y la calidad de estos (reducción de la mortalidad infantil, mejora de la salud e incremento de la esperanza de vida, etc.); reitera su petición de adoptar como objetivo de la UE la reducción de la pobreza infantil en un 50 % de aquí a 2012 y de resolver, de aquí a 2015, el problema de los niños, jóvenes y adultos sin hogar instalados en la vía pública;

52.

Pide que se idee un mapa de ruta concreto para la aplicación de estrategias de inclusión activa basado en la participación de la sociedad civil y otras partes interesadas, incluidas las personas que sufren la pobreza; considera que el mapa de ruta debe especificar plazos y unos objetivos cualitativos y cuantitativos realistas, basados en indicadores específicos y en un diálogo detallado entre las partes interesadas; considera asimismo que el mapa de ruta debe establecer las modalidades de aplicación de la inclusión activa, así como de seguimiento de la misma a través del método abierto de coordinación para la protección y la inclusión social, especialmente a nivel local, regional y nacional; acoge con satisfacción, por lo tanto, la iniciativa de la Comisión de involucrar a las autoridades locales a la hora de supervisar la aplicación de las estrategias de inclusión activa mediante la financiación, con cargo al programa Progress, de una red de observatorios de las autoridades locales sobre la inclusión social; pide a la Comisión y a los Estados miembros que concedan a estos observatorios un sólido papel en el futuro proceso político y que introduzcan programas de inclusión activa a través de programas de reforma nacionales de la Estrategia de Lisboa revisada y en particular de la estrategia europea en materia de empleo;

53.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

5.8.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 212/32

A.

Considerando que el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres y la capacitación e intervención de la mujer no sólo es importante para abordar las desigualdades de género y aplicar una verdadera dimensión de género en las relaciones exteriores de la UE, sino que son fundamentales para la aplicación fructífera de las políticas exteriores de la UE, también en los ámbitos de ayuda, desarrollo, ampliación, política de vecindad, resolución de conflictos, consolidación de la seguridad y la paz y comercio internacional,

B.

Considerando que, aunque los Estados miembros están presentes en todos los principales marcos internacionales sobre igualdad de género y derechos de la mujer y aunque existen una serie de documentos de política a escala de la UE, el compromiso práctico de proseguir la integración de la perspectiva de género y la capacitación de la mujer en las políticas exteriores no es aún lo bastante sólido, la aplicación de los documentos de política existentes es limitada y los recursos presupuestarios asignados específicamente a las cuestiones de igualdad de género son insuficientes,

C.

Considerando que, a pesar de las considerables mejoras en la promoción de la igualdad de género en los últimos años, las principales instituciones de la UE, es decir, el Parlamento, el Consejo y la Comisión, carecen de suficiente personal designado específicamente para la aplicación de los objetivos declarados en cuanto al género en los ámbitos de política exterior y ampliación, y la mayor parte del personal encargado de las cuestiones de género debe también dedicarse, por partida doble o triple, a otras tareas,

D.

Considerando que la UE necesita una enfoque global y coherente sobre la integración de la perspectiva de género,

1.

Reconoce que las instituciones de la UE conceden una importancia creciente a la integración de la perspectiva de género y la capacitación de la mujer, si bien destaca que queda mucho camino por recorrer hasta hacer realidad los compromisos políticos asumidos, y subraya la importancia de una adecuada financiación y de un personal responsable adecuado para la realización de los objetivos de género;

2.

Recuerda que la integración de la perspectiva de género requiere no solo declaraciones políticas de alto nivel, sino también voluntad política por parte de la UE y liderazgo por parte de los Estados miembros, el establecimiento de un orden de prioridad de los objetivos y un seguimiento de los avances logrados;

3.

Acoge con satisfacción la adopción del citado Planteamiento global para la aplicación en la UE de las RCSNU 1325 (2000) y 1820 (2008) sobre la mujer, la paz y la seguridad, así como la adopción, por parte del Consejo de Asuntos Generales de 8 de diciembre de 2008, de directrices sobre la violencia contra niñas y mujeres y la lucha contra toda forma de discriminación hacia ellas; pide a los Estados miembros que aún no hayan adoptado sus planes de acción nacionales sobre la RCSNU 1325 que cumplan urgentemente lo solicitado por el Consejo de Seguridad en este sentido; pide a la Comisión que preste asistencia técnica y ayuda a los terceros países dispuestos a desarrollar estrategias nacionales para la aplicación de las mencionadas resoluciones del Consejo de Seguridad;

4.

Celebra que el texto revisado de la Estrategia Europea de Seguridad incluya una referencia a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas S/RES/1325 (2000) y S/RES/1820 (2008), así como a la resolución S/RES/1612 (2005);

5.

Pide a la Comisión que agilice su trabajo y proponga antes de julio de 2009, en estrecha cooperación con los Estados miembros y la Secretaría del Consejo, un Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la acción exterior de la UE, aplicable en los 27 Estados miembros y en las negociaciones con terceros países, así como un conjunto de instrumentos para un control eficaz;

6.

Pide al Consejo y a la Comisión que incluyan la igualdad de género y la capacitación de la mujer de forma sistemática en el diálogo político de la UE y en las negociaciones políticas con los países socios;

7.

Pide a las delegaciones del Parlamento que aborden en sus relaciones con los Parlamentos de países terceros las cuestiones vinculadas a la igualdad de género y la capacitación de la mujer; subraya la importancia de prestar apoyo y asistencia a los Parlamentos nacionales de terceros países, con miras a fortalecer su capacidad de integrar la perspectiva de género en su labor legislativa;

8.

Subraya la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en la capacitación de la mujer; pide a la Comisión que canalice una ayuda financiera adecuada para ellas y promueva la participación de organizaciones no gubernamentales de mujeres en los procesos del diálogo político con los países socios, así como en las negociaciones de paz en todo el mundo;

9.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la coherencia en sus planteamientos políticos en relación con la integración de la perspectiva de género y la capacitación de las mujeres; solicita que se reúnan los distintos marcos políticos existentes en la materia para crear un consenso de la UE sobre género, que abarque las políticas interiores y exteriores;

10.

Anima a que periódicamente se celebren conferencias para debatir problemas relativos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con la participación de delegaciones de los Parlamentos nacionales formadas paritariamente por mujeres y hombres, y a que se elaboren estrategias comunes para la aplicación de proyectos de este ámbito;

11.

Pide a la Comisión que haga frente y conceda prioridad, de forma más coherente y sistemática, a las desigualdades de género en la programación y aplicación de los instrumentos de ayuda exterior, particularmente con respecto a la concesión de ayuda para la reforma del sector de la seguridad; insiste en que los objetivos, las actividades y los fondos específicos de género deben incluirse en los documentos de estrategia por país y en que, a través de dichos documentos de estrategia, debe lograrse una mejor integración de la perspectiva de género; subraya la necesidad de un enfoque global en el empleo de los instrumentos de ayuda exterior, incluidos el Instrumento de Ayuda Preadhesión, el Instrumento Europeo de Vecindad, el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, el Instrumento de Estabilidad y programas temáticos como «Invertir en las personas», para alcanzar de manera óptima los objetivos de igualdad de género y capacitación de la mujer;

12.

Considera que los recursos asignados al sector sanitario y, por consiguiente, a la salud de las niñas y las mujeres, son insuficientes a la vista de los compromisos de la UE en materia de política de desarrollo; subraya la necesidad de asignar más recursos financieros, procedentes de los instrumentos de ayuda exterior, a programas dedicados a la salud de las mujeres; señala que, según el Informe Especial del Tribunal de Cuentas sobre la ayuda de la CE al desarrollo en el ámbito de los servicios sanitarios en el África subsahariana, publicado en enero de 2009, las asignaciones al sector de los servicios sanitarios para esta zona no han aumentado desde 2000 con respecto a la ayuda total de la CE destinada a la salud, mientras que el cuadro de seguimiento de 2007 de los Objetivos del Milenio sigue mostrando todavía un nivel muy elevado de mortalidad materna en dicha región;

13.

Indica que una inclusión efectiva de la perspectiva de género requiere una mayor coordinación entre donantes y agentes, mecanismos de responsabilización y mayores poderes para los gobiernos nacionales en el proceso de desarrollo; subraya, a este respecto, el valor añadido de la Asociación CE/Naciones Unidas sobre la igualdad de género para el desarrollo y la paz, así como de iniciativas presupuestarias específicas para las cuestiones de género que tengan en cuenta el factor género; expresa su satisfacción por la creación de un grupo de trabajo sobre las mujeres, la paz y la seguridad, tal como se prevé en el planteamiento general de la ejecución de las mencionadas resoluciones del Consejo de Seguridad S/RES/1325 (2000) y S/RES/1820 (2008) por parte de la UE;

14.

Insiste en la necesidad de centrarse no sólo en las mujeres, sino también en las relaciones de género entre hombres y mujeres que provocan y perpetúan desigualdades de género; considera, por tanto, que los proyectos deben tener en cuenta tanto a los hombres como a las mujeres;

15.

Destaca que la UE debe prestar especial atención a las necesidades de las mujeres más vulnerables y excluidas socialmente, en particular las mujeres con discapacidad, refugiadas o pertenecientes a minorías;

16.

Insta a la Comisión a que siga desarrollando procedimientos, referentes e indicadores para garantizar que cumple sus compromisos en cuanto a igualdad de género en su política exterior;

17.

Considera que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, creado en 2006, debería estar operativo lo antes posible y que su mandato debería ampliarse a políticas exteriores;

18.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan en práctica el «Llamamiento a la acción de Bruselas para combatir la violencia sexual durante los conflictos y con posterioridad a ellos»;

19.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas para prevenir y combatir la trata de seres humanos;

20.

Subraya que las violaciones y la violencia sexual se utilizan como armas de guerra; subraya asimismo que deberían ser castigadas como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; pide más programas de apoyo para las víctimas de tales crímenes;

21.

Subraya la necesidad de capitalizar la asociación de la UE con las Naciones Unidas, recurriendo a la experiencia global de éstas en la promoción de la igualdad de género y la capacitación de la mujer, con miras a fortalecer la eficacia y la repercusión de las políticas y la ayuda de la UE, y garantizar la coherencia de la ayuda exterior para contribuir a que los países socios cumplan sus correspondientes obligaciones;

22.

Considera inadecuado el número de personas que trabajan en cuestiones de género en el Consejo y en la Comisión; pide a estas instituciones que, en las estructuras encargadas de la acción exterior de la UE, se incremente el personal con responsabilidades específicas de integración de la perspectiva de género y capacitación de la mujer;

23.

Toma nota de la continua falta de mujeres en puestos de alto nivel en las estructuras del Consejo y de la Comisión y pide, en particular, mayores esfuerzos para incrementar el número de mujeres entre los jefes de delegación de la UE y los representantes especiales de la UE; subraya que, en el futuro Servicio Europeo de Acción Exterior, debe lograrse un mejor equilibrio entre hombres y mujeres, particularmente en lo relativo a los puestos de alto nivel, y debe incluirse más personal encargado de cuestiones de género;

24.

Pide a los Estados miembros que incluyan más mujeres en las misiones y operaciones de la PESD y solicita una mayor participación de las mujeres en todos los niveles y fases de planificación y aplicación; subraya la necesidad de contar con la experiencia en cuestiones de género desde el mismo momento en que se inicia la planificación de una misión u operación, así como la importancia de que el personal reciba, antes de su despliegue en misiones y operaciones, una formación sistemática y considerable en materia de género;

25.

Constata que se están realizando grandes esfuerzos por incorporar un enfoque que tenga en cuenta el factor género en la cultura de la PESD, entre otras cosas mediante el desarrollo de la dimensión cuantitativa de la integración de la perspectiva de género en dicha política (por ejemplo, a través de cuestionarios, el desarrollo de listas de control, la contabilización del número de hombres y mujeres en las operaciones de la PESD, etc.); subraya, no obstante, la necesidad de desarrollar el marco conceptual cualitativo necesario para entender el contexto socioeconómico en el que se llevan a cabo las misiones de la PESD (es decir, zonas en conflicto), así como las preocupaciones derivadas de la dimensión de género en la ejecución de las operaciones y programas;

26.

Expresa su satisfacción por la designación de un asesor en materia de género para casi todas las misiones de la PESD, de conformidad con las mencionadas conclusiones del Consejo de noviembre de 2006; subraya, sin embargo, que el trabajo de dichos asesores puede verse socavado por la ausencia de una política concreta de la UE en materia de género —en particular, la falta de toma de conciencia de la cuestión del género y la reticencia a tener en cuenta su importancia— y la falta de líneas presupuestarias específicas para las actividades en materia de género en la financiación de las misiones de la PESD;

27.

Elogia las iniciativas para facilitar formación en materia de género al personal desplegado en las misiones y oficinas correspondientes de la PESD y el considerable esfuerzo de la Comisión por formar a su personal, particularmente dentro de las delegaciones; insiste en que todo el personal de los distintos niveles de planificación, programación y aplicación de las políticas exteriores de la UE debe recibir una formación adecuada; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que todo el personal de las misiones y delegaciones, incluido el personal con funciones de gestión, reciba una formación obligatoria, así como directrices en cuestiones de género y capacitación de la mujer;

28.

Expresa su convencimiento de que, en la programación de las misiones de la PESD, se debe tener en cuenta la participación de las organizaciones locales de mujeres en el proceso de paz, con el fin de sacar provecho de la contribución específica que pueden hacer y de reconocer las maneras especiales en que las mujeres se ven afectadas por los conflictos;

29.

Subraya que, en estos momentos, las cuotas son un medio indispensable para garantizar la igualdad de género en las misiones de paz y seguridad, y en la toma de decisiones en los procesos de reconstrucción nacionales e internacionales, así como para asegurar la presencia política de mujeres en la mesa de negociaciones;

30.

Subraya la importancia de unos presupuestos que tengan en cuenta la perspectiva de género; indica que la perspectiva de género debería desarrollarse como cuestión temática en los principales instrumentos de ayuda exterior, que deberían asignarse a las cuestiones de género créditos específicos y que deberían definirse marcadores para medir el grado de eficacia con que se utilizan los fondos asignados;

31.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

5.8.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 212/37

1.

Acoge con satisfacción el carácter vinculante que el Tratado de Lisboa confiere a la Carta de los Derechos Fundamentales, así como el reconocimiento de los derechos, las libertades y los principios establecidos para todos los ciudadanos y residentes de la UE; hace hincapié en que el Parlamento quedará comprometido a velar por el pleno respeto de la Carta;

2.

Acoge favorablemente la consolidación de la democracia representativa y participativa que emana de la introducción, entre otras cosas, de la llamada «iniciativa ciudadana» (artículo 11 del Tratado UE en la versión del Tratado de Lisboa (TUE)), que permite que un grupo de ciudadanos que sumen al menos un millón y procedan de un número elevado de Estados miembros soliciten a la Comisión que presente una propuesta de acto jurídico;

3.

Acoge con satisfacción que se haya dado a la protección del medio ambiente una posición predominante en todas las políticas de la UE y que se haga referencia explícita en el artículo 191 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) a la lucha contra el cambio climático a escala internacional; subraya que el Parlamento debe continuar incitando a la Unión Europea a ejercer un papel dirigente en todas las políticas relativas a la lucha contra el cambio climático y el calentamiento del planeta;

4.

Acoge con satisfacción el hecho de que el nuevo TFUE vincule la construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia con la protección de los derechos fundamentales y del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y de sus Estados miembros (artículo 67 del TFUE);

5.

Toma nota en particular del objetivo de establecer «una economía social de mercado altamente competitiva tendente al pleno empleo y al progreso social y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente» (artículo 3, apartado 3, del TUE), vinculando así el objetivo de completar el mercado interior con otros objetivos;

6.

Observa con satisfacción que la igualdad entre mujeres y hombres se ha incluido entre los valores (artículo 2 del TUE) y los objetivos (artículo 3, apartado 3, del TUE) de la Unión;

7.

Acoge con satisfacción el hecho de que, según el artículo 208, apartado 1, del TFUE «las políticas de cooperación para el desarrollo de la Unión y de los Estados miembros se complementarán y reforzarán mutuamente», mientras que, con arreglo al actualmente vigente artículo 177, apartado 1, del Tratado CE, «la política de la Comunidad en el ámbito de la cooperación al desarrollo […] será complementaria de las llevadas a cabo por los Estados miembros»; subraya que con ello la Unión tendrá un mayor papel que desempeñar en términos de iniciativa en la determinación de las políticas, lo que debe llevar a una mejora en la coordinación de los donantes y en la división del trabajo y a una mayor eficacia de la ayuda para la «reducción y, finalmente, erradicación de la pobreza» en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero también trae consigo una mayor responsabilidad del Parlamento;

8.

Cree que la inclusión de la cohesión territorial como objetivo de la Unión (artículo 3 del TUE) complementa los objetivos de la cohesión económica y social y que la introducción de fundamentos jurídicos en esos mismos ámbitos aumentará las competencias del Parlamento para evaluar el impacto territorial de políticas clave de la Unión; expresa su satisfacción al observar que la situación especial de las regiones periféricas se ve confirmada en los artículos 349 y 355 del TFUE;

9.

Acoge con satisfacción la introducción de disposiciones horizontales sobre un alto nivel del empleo, protección social, lucha contra la exclusión social, nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana, sobre la lucha contra la discriminación y sobre la protección del medio ambiente, que actuarán como principios generales que servirán de base para la formulación de las normas de la Unión Europea (artículos 9, 10 y 11 del TFUE);

10.

Acoge asimismo favorablemente el hecho de que la protección de los consumidores haya sido reforzada hasta el punto de que debe integrarse en las otras políticas de la Unión que vayan a establecerse y aplicarse y, como tarea transversal, ahora ocupe un lugar mucho más destacado en virtud del artículo 12 del TFUE;

11.

Acoge con satisfacción la cláusula de solidaridad incluida explícitamente en el artículo 122 del TFUE, que permite al Consejo decidir sobre medidas adecuadas si surgen dificultades graves de suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía;

12.

Acoge con satisfacción el hecho de que el artículo 214 del TFUE reconozca la ayuda humanitaria como política plena de la Unión; considera que la quinta parte, título III, capítulos 1 (Cooperación para el Desarrollo) y 3 (Ayuda humanitaria) del TFUE proporcionan un fundamento jurídico claro para el desarrollo y la ayuda humanitaria a los que se aplica el procedimiento legislativo ordinario;

13.

Acoge con satisfacción, por otra parte, el refuerzo del poder de la Unión Europea en el ámbito de la protección civil por lo que se refiere a la prestación de ayuda y socorro en caso de catástrofes en terceros países (artículo 214 del TFUE);

14.

Subraya que el incremento de la acción exterior de la Unión conforme al Tratado de Lisboa, que incluye la disposición de nuevos fundamentos jurídicos e instrumentos que afectan a áreas relacionadas con la política exterior (la acción exterior y la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) / la Política Europea de Seguridad y Defensa), necesita un nuevo equilibrio interinstitucional que garantice el adecuado control democrático por el Parlamento;

15.

Acoge con satisfacción el hecho de que los asuntos relacionados con la energía estarán cubiertos ahora por un título XXI aparte en la tercera parte del TFUE y que la acción en ese ámbito tendrá de esta manera un fundamento jurídico (artículo 194 del TFUE); observa, sin embargo, que las decisiones sobre la combinación de fuentes de energía seguirán siendo competencia de los Estados miembros, pese a que, por regla general, se seguirá el procedimiento legislativo ordinario, mientras que las medidas fiscales en ese ámbito seguirán requiriendo solamente la consulta del Parlamento Europeo;

16.

Observa positivamente los valores compartidos de la Unión por lo que se refiere a los servicios de interés económico general y acoge con satisfacción el fundamento jurídico que permite definir los principios y condiciones que regulan la prestación de servicios de interés económico general con arreglo al procedimiento legislativo ordinario (artículo 14 del TFUE y Protocolo no 6 sobre los servicios de interés general);

17.

Considera que los cambios introducidos por el Tratado de Lisboa en el ámbito de la política comercial común (PCC) (artículos 206 y 207 del TFUE) contribuyen en su conjunto a aumentar su legitimidad democrática y su eficacia, en especial por la introducción del procedimiento legislativo ordinario y del requisito de que se recabe la aprobación para todos los acuerdos; observa que todos los asuntos pertenecientes a la PCC serán de la competencia exclusiva de la Unión, con la consecuencia de que ya no habrá ningún acuerdo comercial mixto que haya de ser celebrado tanto por la Comisión como por los Estados miembros;

18.

Expresa su satisfacción por que se haya incluido una disposición sobre una política espacial europea (artículo 189 del TFUE) y acoge con satisfacción la oportunidad que se brinda al Parlamento y al Consejo para adoptar, mediante el procedimiento legislativo ordinario, las medidas necesarias para establecer un programa espacial europeo; considera, no obstante, que las palabras «con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros», que aparecen en dicho artículo, podrían entrañar algunos obstáculos para la aplicación de una política espacial europea común;

19.

Señala que el Tratado de Lisboa incluye un nuevo fundamento jurídico que establece la codecisión por lo que se refiere a los derechos de propiedad intelectual (artículo 118 del TFUE);

20.

Acoge con satisfacción la extensión del ámbito de aplicación de las medidas de la UE en favor de la juventud, fomentando la participación de los jóvenes en la vida democrática de Europa (artículo 165 del TFUE);

21.

Acoge con satisfacción el nuevo fundamento jurídico establecido en el artículo 298 del TFUE, que dispone que «en el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente», puesto que así se establece la base para una normativa que regule el procedimiento administrativo de la Unión;

22.

Acoge con satisfacción el refuerzo del fundamento jurídico para la adopción de medidas de la Unión Europea en los campos de la prevención y de la lucha contra el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión (artículo 325 del TFUE); subraya que el Tratado de Lisboa suprime la puntualización que figura en el actual artículo 280 del Tratado CE de que dichas medidas «no se referirán a la aplicación de la legislación penal nacional ni a la administración nacional de la justicia»;

23.

Señala que las nuevas disposiciones del Tratado referentes a la cooperación judicial en materia civil y penal incluyen un fundamento jurídico para la adopción de medidas para sustentar la formación de magistrados y del personal al servicio de la administración de justicia (artículos 81 y 82 del TFUE);

24.

Pone de relieve que el Tratado de Lisboa también permite la creación de una Fiscalía europea para combatir delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión (artículo 86 del TFUE);

25.

Acoge con satisfacción el hecho de que el Tratado de Lisboa introduzca disposiciones vinculantes para la protección de los derechos del niño entre los objetivos internos y externos de la Unión Europea (artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, y apartado 5, del TUE);

26.

Acoge con satisfacción la inclusión del turismo como nuevo título en el Tratado de Lisboa (artículo 195 del TFUE) que establece que la Unión complementará la acción de los Estados miembros; acoge además con satisfacción la disposición en virtud de la cual la adopción de propuestas legislativas que correspondan a este título se tramitará por el procedimiento legislativo ordinario;

27.

Acoge con satisfacción el hecho de que el Tratado de Lisboa haya incluido el deporte entre las áreas para las cuales está previsto un fundamento jurídico (artículo 165 del TFUE); subraya en especial que la Unión puede por fin tomar medidas para el desarrollo del deporte en su dimensión europea y en particular puede tomar debidamente en consideración la naturaleza específica del deporte a la hora de aplicar otras políticas europeas;

28.

Acoge con satisfacción el hecho de que el Tratado de Lisboa reforzará la legitimidad democrática de la Unión Europea ampliando los poderes de codecisión del Parlamento;

29.

Acoge con satisfacción el hecho de que el espacio de libertad, seguridad y justicia se integre completamente en el TFUE (artículos 67 a 89), lo que pone fin formalmente al tercer pilar; acoge con satisfacción el hecho de que la mayor parte de las decisiones en el ámbito de la justicia civil, las políticas de asilo, inmigración y visados, así como de la cooperación judicial y policial en materia penal, vayan a tramitarse por el procedimiento legislativo ordinario;

30.

Estima que la introducción del procedimiento legislativo ordinario en el ámbito de la política agrícola común (PAC) mejora la responsabilidad democrática de la Unión Europea, ya que el Parlamento Europeo colegislará en pie de igualdad con el Consejo; pone de relieve que se aplicará el procedimiento de codecisión a toda legislación en el ámbito de la agricultura, de conformidad con el artículo 43, apartado 2, del TFUE, y que así será especialmente en lo que se refiere a los cuatro textos horizontales principales en el ámbito de la agricultura (la organización común de los mercados agrícolas, el Reglamento de los pagos directos, el Reglamento de desarrollo rural y la financiación de la PAC); señala, por otra parte, que la legislación sobre la calidad, la agricultura biológica y la promoción también corresponderá al ámbito del artículo 43, apartado 2, del TFUE;

31.

Subraya que toda competencia del Consejo para adoptar medidas de conformidad con el artículo 43, apartado 3, del TFUE está sujeta a la aprobación previa de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario de un acto legislativo con arreglo al artículo 43, apartado 2, del TFUE por el que se establezcan las condiciones y limitaciones inherentes a las competencias atribuidas al Consejo; opina que el artículo 43, apartado 3, del TFUE no establece un fundamento jurídico ni ninguna competencia autónoma que permita la adopción o la modificación de cualquiera de los actos del Consejo actualmente en vigor en el ámbito de la PAC, y pide al Consejo que se abstenga de adoptar cualquiera de las medidas contempladas en el artículo 43, apartado 3, del TFUE sin consultar previamente al Parlamento;

32.

Observa que el Tratado de Lisboa introduce cambios de gran envergadura en el sistema de toma de decisiones para la política pesquera común (PPC) y que también aumentará su responsabilidad democrática; acoge con satisfacción el hecho de que el Parlamento y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las disposiciones necesarias para lograr los objetivos de la PPC (artículo 43, apartado 2, del TFUE); considera, a este respecto, que todas las demás cuestiones que se incluían formalmente en la reglamentación anual, con la excepción de la determinación de las posibilidades de captura y de la distribución de cuotas, tales como medidas técnicas o esfuerzo pesquero o la incorporación de acuerdos adoptados en las organizaciones pesqueras regionales deben estar sujetas al procedimiento legislativo ordinario, pues tienen su propio fundamento jurídico;

33.

Acoge con satisfacción la introducción del procedimiento legislativo ordinario para la adopción de normas detalladas en el procedimiento de supervisión multilateral (artículo 121, apartado 6, del TFUE), que debe consolidar la coordinación económica;

34.

Cree que la responsabilidad del Banco Central Europeo (BCE) de informar sobre sus decisiones sobre la política monetaria es mayor ahora, puesto que se reconoce al BCE como institución de la Unión Europea; acoge con satisfacción el hecho de que varias disposiciones de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del BCE puedan modificarse previa consulta al Parlamento de conformidad con el artículo 40, apartado 2, de dicho Estatuto; afirma que ello no constituye una injerencia en la independencia del BCE en el ámbito de la política monetaria o en las prioridades establecidas en el Tratado;

35.

Considera que el artículo 182 del TFUE es una mejora porque el programa marco plurianual y la aplicación de un espacio europeo de investigación mencionados en él estarán cubiertos por el procedimiento legislativo ordinario; observa, sin embargo, que los programas específicos mencionados en ese artículo se adoptarán mediante un procedimiento legislativo especial, que solamente exige la consulta al Parlamento Europeo (artículo 182, apartado 4, del TFUE);

36.

Acoge con satisfacción el hecho de que, en cuanto a la aplicación de los fondos estructurales, el Tratado de Lisboa pone al Parlamento Europeo en igualdad de condiciones con el Consejo, reemplazando el procedimiento vigente de dictamen conforme por el procedimiento legislativo ordinario; considera que esto es especialmente significativo por lo que se refiere a los Fondos Estructurales en el período posterior a 2013, en la medida en que mejora la transparencia y aumenta la responsabilidad en cuanto a dichos fondos ante los ciudadanos;

37.

Observa que la legislación que prohíbe la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual estará sujeta a un procedimiento legislativo especial y requerirá la aprobación del Parlamento (artículo 19 del TFUE);

38.

Acoge con satisfacción el hecho de que el procedimiento legislativo ordinario se aplicará a las medidas para combatir la trata de seres humanos, en especial la trata de mujeres y niños, y la explotación sexual (artículos 79, apartado 2, y 83, apartado 1, del TFUE);

39.

Acoge con satisfacción la extensión de la adopción de decisiones por mayoría cualificada al ámbito de la cultura, incluido el deporte (artículo 165, apartado 4, del TFUE);

40.

Acoge con satisfacción el hecho de que en adelante se aplique la codecisión al Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea (artículo 336 del TFUE), ya que ello permitirá al Parlamento participar en igualdad de condiciones con el Consejo en la adaptación de estas disposiciones;

41.

Observa que el Tratado de Lisboa introduce profundos cambios en el ámbito de las finanzas de la Unión, particularmente en lo que se refiere a las relaciones interinstitucionales y los procedimientos decisorios;

42.

Señala que el Consejo y el Parlamento deben ponerse de acuerdo, dentro de los límites de los recursos propios, sobre la programación de los gastos que vayan a ser jurídicamente vinculantes (artículo 312 del TFUE); acoge con satisfacción el hecho de que todo el presupuesto deba ser adoptado conjuntamente por el Parlamento y el Consejo, de acuerdo con el marco financiero plurianual; acoge con satisfacción la abolición de la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios (artículo 314 del TFUE); acoge con satisfacción el hecho de que la adopción del Reglamento financiero vaya a estar sujeta al procedimiento legislativo ordinario (artículo 322 del TFUE);

43.

Se remite a su Resolución de 7 de mayo de 2009 sobre los aspectos financieros del Tratado de Lisboa (4);

44.

Acoge con satisfacción el hecho de que se requiera la aprobación del Parlamento en el procedimiento simplificado de revisión por lo que se refiere a la introducción de la votación por mayoría cualificada y a la introducción del procedimiento legislativo ordinario en un ámbito determinado cubierto por el título V del TUE o por el TFUE;

45.

Toma nota de la introducción de una «cláusula de retirada» para los Estados miembros (artículo 50 del TUE); subraya que el acuerdo que establece las disposiciones para la retirada de un Estado miembro de la Unión no puede celebrarse antes de que el Parlamento haya dado su aprobación;

46.

Acoge con satisfacción el hecho de que se requiera la aprobación del Parlamento para una gama amplia de acuerdos internacionales firmados por la Unión; subraya su intención de pedir al Consejo, en su caso, que no abra negociaciones en acuerdos internacionales hasta que el Parlamento haya fijado su posición, y que le permita, sobre la base de un informe de la comisión competente, aprobar recomendaciones en cualquier etapa de la negociación, para que estas se tengan en cuenta antes de la conclusión de negociaciones;

47.

Exhorta a que cualquier acuerdo «mixto» futuro que combine elementos de la PESC con otros externos a ella se trate normalmente con arreglo a un único fundamento jurídico, que debe ser el que esté directamente relacionado con el asunto principal del acuerdo; observa que el Parlamento tendrá derecho a ser consultado, salvo en lo referente a las partes del acuerdo que se refieran exclusivamente a la PESC;

48.

Acoge con satisfacción el hecho de que el Presidente de la Comisión vaya a ser elegido por el Parlamento Europeo, a propuesta del Consejo Europeo, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo; se remite a su Resolución de 7 de mayo de 2009 sobre las repercusiones del Tratado de Lisboa en la evolución del equilibrio institucional en la Unión Europea (5);

49.

Acoge con satisfacción el hecho de que el Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los demás miembros de la Comisión, en su calidad de colegio, deban someterse a un voto de aprobación por el Parlamento Europeo, así como a un voto de reprobación, y por lo tanto tengan obligación de rendir cuentas ante el Parlamento;

50.

Acoge con satisfacción el nuevo procedimiento para nombrar a los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y del Tribunal General conforme a lo dispuesto en el artículo 255 del TFUE, según el cual la decisión de los Gobiernos nacionales deberá ir precedida de un dictamen sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones emitido por un grupo de siete expertos, uno de los cuales será propuesto por el Parlamento Europeo;

51.

Subraya la necesidad de transparencia y control democrático respecto a la creación del servicio europeo de acción exterior (SEAE) de conformidad con el artículo 27, apartado 3, del TUE, y recuerda su derecho a ser consultado sobre su establecimiento; opina que el SEAE debe vincularse administrativamente a la Comisión;

52.

Espera aclaraciones por lo que se refiere a la designación y a la evaluación de los representantes especiales de la UE, así como a los criterios que deban aplicarse, la definición y finalidad de sus tareas, la duración de su mandato, y la coordinación y la complementariedad con las futuras delegaciones de la Unión;

53.

Subraya la necesidad de transparencia y control democrático respecto a la Agencia Europea de Defensa (AED) y a las actividades de que se va a encargar, en concreto garantizando un intercambio regular de información entre el Director General de la AED y la comisión competente del Parlamento Europeo;

54.

Acoge con satisfacción la nueva función de consulta que tendrá de conformidad con el artículo 40, apartado 2, del Estatuto del SEBC y del BCE por lo que se refiere a los cambios en la composición del Consejo de Gobierno del BCE;

55.

Acoge con satisfacción el hecho de que las agencias, especialmente Europol y Eurojust, vayan a estar sujetas a un más intenso control parlamentario (artículos 85 y 88 del TFUE); considera, por tanto, que es posible que el procedimiento de consulta previsto para la creación de empresas conjuntas en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico (artículos 187 y 188 del TFUE) no sea conforme al espíritu de los actos jurídicos de la Unión en lo relativo al establecimiento de agencias;

56.

Insta al Presidente del Consejo Europeo a que mantenga al Parlamento plenamente informado sobre los actos preparatorios de las reuniones del Consejo Europeo y a que emita un informe sobre los resultados de reuniones , en la medida de lo posible en el plazo de dos días hábiles (en caso de ser necesario para una sesión especial del Parlamento);

57.

Insta al Presidente de turno del Consejo a que informe al Parlamento sobre los programas de la Presidencia y sobre los resultados logrados;

58.

Insta al futuro Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a que acuerde con el Parlamento unos métodos adecuados para consultarle y mantenerle plenamente informado sobre la acción exterior de la Unión, con la debida participación de todas las comisiones parlamentarias que sean competentes en los ámbitos de la responsabilidad del Alto Representante;

59.

Subraya que, por lo que se refiere a la negociación y celebración de acuerdos internacionales, la Comisión tendrá una obligación legal de informar al Parlamento del desarrollo de las negociaciones al igual que el comité especial designado por el Consejo según lo dispuesto en el artículo 218 del TFUE; hace un llamamiento para que esta información se le comunique con la misma extensión y al mismo tiempo que al comité pertinente del Consejo de conformidad con dicho artículo;

60.

Acoge con satisfacción el nuevo papel del Parlamento en la presentación de enmiendas a los Tratados; manifiesta que hará uso de este derecho y presentará nuevas ideas para el futuro de Europa, cuando los nuevos desafíos lo hagan necesario;

61.

Acoge con satisfacción el hecho de que el Parlamento será titular de un derecho de iniciativa por lo que se refiere a las propuestas referentes a su propia composición, respetando los principios establecidos en los Tratados (artículo 14 del TUE);

62.

Observa que el Tratado de Lisboa introduce un procedimiento legislativo especial para la adopción de disposiciones que establezcan las modalidades y los poderes de las comisiones temporales de investigación (artículo 226 del TFUE);

63.

Acoge con satisfacción los nuevos derechos conferidos a los Parlamentos nacionales por lo que se refiere al control previo de la observancia del principio de subsidiariedad en todo acto legislativo de la Unión; considera que la consolidación del control de las políticas europeas por los Parlamentos nacionales también aumentará la sensibilización pública ante las actividades de la Unión;

64.

Hace hincapié en que hay que respetar plenamente las nuevas prerrogativas de los Parlamentos nacionales a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa;

65.

Acoge con satisfacción el compromiso de las autoridades locales y regionales hacia el respeto del principio de subsidiariedad; toma nota del derecho del Comité de las Regiones a interponer recurso ante el Tribunal de Justicia cuando considere que se ha infringido el principio de subsidiariedad (segundo párrafo del artículo 8 del Protocolo no 2);

66.

Aprecia las mejoras que se derivan de las nuevas disposiciones sobre los actos jurídicos y la jerarquía de normas, en especial la creación del acto delegado (artículo 290 del TFUE), que permite delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general o modificar elementos no esenciales del acto legislativo; señala que los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de una delegación de este tipo deben ser definidos claramente por el Parlamento y por el Consejo en el acto legislativo;

67.

Celebra, en particular, las disposiciones del artículo 290, apartado 2, del TFUE, que prevén que el Parlamento (y el Consejo) tengan derecho tanto a revocar la delegación de poderes como a oponerse a los distintos actos delegados;

68.

Observa que el Tratado de Lisboa, a través del TFUE no establece un fundamento jurídico para adoptar un marco para los actos delegados, por lo que propone que las instituciones se pongan de acuerdo sobre una fórmula tipo para tales delegaciones, que la propia Comisión podría insertar habitualmente en los proyectos de acto legislativo; subraya que así se preservaría la libertad del legislador;

69.

Pide a la Comisión que exponga cómo se propone interpretar la Declaración 39 aneja al Acta final de la Conferencia Intergubernamental que aprobó el Tratado de Lisboa, referente a la consulta de expertos en el ámbito de los servicios financieros, y cómo se propone aplicar esa interpretación, más allá de las disposiciones sobre actos delegados contenidas en el TFUE;

70.

Observa que el Tratado de Lisboa deroga la disposición sobre competencias de ejecución de la Comisión contenida en el actual artículo 202 del Tratado CE e introduce en su lugar en el artículo 291 del TFUE un nuevo procedimiento -«actos de ejecución»– que prevé la posibilidad de conferir competencias de ejecución a la Comisión en los casos en los que se requieran «condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión»;

71.

Observa que el artículo 291, apartado 3, del TFUE requiere que el Parlamento y el Consejo adopten previamente reglamentos referentes a las normas y principios generales relativos a las modalidades de control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de competencias de ejecución por parte de la Comisión;

72.

Observa que el Tratado de Lisboa ya no ofrece ningún fundamento jurídico para el actual procedimiento de comitología y que las propuestas legislativas pendientes que no se adopten antes de su entrada en vigor deberán modificarse para que cumplan los requisitos de los artículos 290 y 291 del TFUE;

73.

Opina que podría negociarse con el Consejo una solución provisional para el período inicial, a fin de que no surja ningún obstáculo a consecuencia de una posible laguna normativa y el legislador pueda adoptar un nuevo reglamento tras examinar debidamente las propuestas de la Comisión;

74.

Pide a la Comisión que transmita a los colegisladores todas las propuestas pendientes respecto a las cuales se aplican los nuevos fundamentos jurídicos y los cambios en los procedimientos legislativos;

75.

Señala que se propone decidir la posición que va a adoptar respecto a los dictámenes que se han aprobado ya en procedimientos de consulta en los asuntos que pasan al procedimiento legislativo ordinario bien confirmando su posición previa o bien adoptando una nueva; subraya que cualquier confirmación de los dictámenes como posición del Parlamento en la primera lectura solamente podrá someterse a votación por el Parlamento después de que el Tratado de Lisboa haya entrado en vigor;

76.

Insiste en la celebración de un acuerdo interinstitucional que impida la adopción de propuestas legislativas pendientes del «tercer pilar» con alguna dimensión de derechos fundamentales hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, de modo sea posible un examen judicial pleno en lo que se refiere a esos asuntos, mientras que podrán adoptarse también antes de su entrada en vigor las medidas que no tengan repercusiones sobre los derechos fundamentales o que estas sean limitadas;

77.

Invita a las demás instituciones a iniciar negociaciones con miras a la celebración de un acuerdo interinstitucional que abarque:

78.

Pide una actualización del acuerdo interinstitucional entre el Parlamento y el Consejo sobre la definición de sus relaciones de trabajo en el ámbito de la política exterior, incluido el intercambio de información confidencial sobre la base de los artículos 14 y 36 del TUE y artículo 295 del TFUE;

79.

Insta al Consejo y a la Comisión a que consideren la negociación con el Parlamento de un nuevo acuerdo interinstitucional que dé al Parlamento una definición sustantiva de su implicación en cada una de las etapas que conducen a la celebración de un acuerdo internacional;

80.

Hace un llamamiento, en vista de las nuevas disposiciones sobre el marco financiero plurianual (artículo 312 del TFUE) y sobre el Reglamento financiero (artículo 322 del TFUE), para que se revise el Acuerdo interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera;

81.

Considera que deben tomarse todas las medidas necesarias para establecer una política europea de información y comunicación, y opina que la declaración política conjunta sobre comunicación elaborada por las tres instituciones constituye un útil primer paso hacia la consecución de dicho objetivo;

82.

Insta a la Comisión a que presente rápidamente una iniciativa para la puesta en práctica de la «iniciativa ciudadana», que fije condiciones claras, simples y de fácil utilización para el ejercicio de este derecho de los ciudadanos; se remite a su Resolución de 7 de mayo de 2009 por la que se solicita a la Comisión que presente una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación de la iniciativa ciudadana (6);

83.

Insta a la Comisión a que elabore normas de desarrollo del artículo 298 del TFUE sobre la buena administración para responder a un antiguo y constante llamamiento del Parlamento y del Defensor del Pueblo Europeo en favor de un sistema común de Derecho administrativo que regule la administración europea;

84.

Observa que el Tratado de Lisboa permite la inclusión del Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto de la Unión , lo que reforzará la legitimidad democrática de una parte importante de la política de desarrollo de la UE; insta al Consejo y a la Comisión a que tomen las medidas necesarias para la revisión intermedia del presupuesto de la Unión Europea prevista para 2008/2009;

85.

Recomienda que se examine y refuerce con carácter urgente el estatuto de la Unión en las organizaciones internacionales una vez que entre en vigor el Tratado de Lisboa y la Unión suceda a las Comunidades Europeas;

86.

Insta al Consejo y a la Comisión a que acuerden con el Parlamento una estrategia destinada a garantizar la coherencia entre la legislación adoptada y la Carta de los Derechos Fundamentales, así como con las normas contenidas en los Tratados sobre políticas con fines como la prevención de la discriminación, la protección de los solicitantes de asilo, la mejora de la transparencia, la protección de datos, los derechos de las minorías y los derechos de las víctimas y de los sospechosos;

87.

Pide al Consejo y a la Comisión que contribuyan a la mejora de las relaciones entre autoridades europeas y nacionales, especialmente en los ámbitos legislativo y judicial;

88.

Insta al Consejo y a la Comisión a que velen por el establecimiento de una política energética común eficiente, cuyo objetivo sea la coordinación eficaz y el desarrollo de los mercados de la energía de los Estados miembros de la UE, así como la integración de los aspectos externos a partir de un enfoque centrado en las fuentes de energía y las rutas del abastecimiento energético;

89.

Insta al Consejo a que reflexione, junto con el Parlamento, sobre la aplicación de las disposiciones del artículo 127, apartado 6, del TFUE, que le permiten encomendar tareas específicas al Banco Central Europeo «relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito y otras entidades financieras, con excepción de las empresas de seguros»;

90.

Se compromete a adaptar su organización interna con el fin de optimizar y racionalizar el ejercicio de las nuevas competencias que le confiere el Tratado;

91.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos de los Estados miembros.

5.8.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 212/46

A.

Considerando que el Tratado de Lisboa introduce profundas modificaciones en relación con las finanzas de la Unión, en particular en lo que se refiere a las relaciones interinstitucionales y los procedimientos de toma de decisiones,

B.

Considerando que establece una jerarquía precisa entre los actos fundamentales de la vida financiera y presupuestaria de la Unión contribuyendo así a la necesaria clarificación del sistema de toma de decisiones,

C.

Considerando que el marco financiero plurianual, que constituye la programación a lo largo de varios años de los gastos que traducen las prioridades políticas de la Unión en términos financieros y que establece el límite de los gastos de la Unión durante un período determinado, adquiere, con el Tratado de Lisboa, carácter jurídico vinculante basado en un nuevo fundamento jurídico específico para la adopción del reglamento que incluye este marco,

D.

Considerando que la falta de coincidencia en el tiempo de los marcos financieros, por una parte, y de los mandatos del Parlamento Europeo y de la Comisión, por otra, ha contribuido, hasta la fecha, a privar al Parlamento de parte de sus competencias en materia presupuestaria, ya que frecuentemente está ligado a un marco financiero negociado y adoptado durante la legislatura precedente,

E.

Considerando que, en caso de que no se introduzcan modificaciones en el calendario, algunas legislaturas del Parlamento nunca podrán adoptar decisiones presupuestarias fundamentales, ya que el marco financiero adoptado por sus predecesoras cubre la totalidad de la duración de su mandato,

F.

Considerando que los estrechos márgenes disponibles en cada rúbrica así como la dotación reducida de los mecanismos de flexibilidad disponibles dificultan la reacción adecuada de la Unión ante elementos políticos imprevistos y corre el peligro de vaciar de contenido al procedimiento presupuestario anual,

G.

Considerando que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa exige que las instituciones responsables de las decisiones financieras y presupuestarias de la Unión alcancen un acuerdo sobre una transición óptima hacia los nuevos actos legislativos y los nuevos procedimientos de decisión,

H.

Considerando que, en aras del buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, el presupuesto de la UE debe tenerse en cuenta en la coordinación de las estrategias presupuestarias de los Estados miembros,

I.

Considerando que el Consejo Europeo de los días 11 y 12 de diciembre de 2008 reafirmó que el Tratado de Lisboa es necesario para contribuir a que la Unión ampliada funcione de manera más eficiente y democrática, incluso en el ámbito internacional, y que definió un procedimiento y unas garantías jurídicas que responden a las preocupaciones manifestadas por los electores irlandeses con miras a hacer posible que el Tratado entre en vigor antes de que finalice 2009, respetando los objetivos de los Tratados,

1.

Acoge con satisfacción los avances realizados por el Tratado de Lisboa en materia de control democrático y transparencia en relación con las finanzas de la Unión; hace referencia a la necesidad de reforzar y adaptar los mecanismos de concertación interinstitucional y los métodos de cooperación interna para que el Parlamento pueda ejercer plenamente sus nuevas competencias;

2.

Lamenta que, en lo que a los recursos propios de la Unión se refiere, los Estados miembros no hayan aprovechado la ocasión para establecer un sistema de recursos verdaderamente propios de la Unión más justo, más transparente, más fácilmente perceptible para los ciudadanos y sometido a un procedimiento de toma de decisiones más democrático;

3.

Lamenta, en particular, que no se haya registrado ningún avance en relación con la asociación del Parlamento a la definición de los límites y del tipo de recursos propios puestos a disposición de la Unión; recuerda que se mantiene la separación entre la decisión en materia de ingresos y la referida a los gastos;

4.

Acoge con satisfacción, asimismo, los esfuerzos realizados en relación con la posibilidad de adoptar medidas de ejecución de la decisión sobre los recursos propios gracias a un procedimiento legislativo especial en virtud del cual el Consejo pueda adoptar una decisión, por mayoría cualificada, previa aprobación por parte del Parlamento;

5.

Pide al Consejo que recurra al máximo a esta posibilidad para que el procedimiento de toma de decisiones sea más flexible;

6.

Acoge con satisfacción que el Tratado de Lisboa confiera carácter formal al marco financiero plurianual, que se convierte en un acto jurídicamente vinculante; recuerda que el marco financiero plurianual establece la programación de los gastos de la Unión y limita los gastos de la Unión durante un período determinado, contribuyendo al refuerzo de la disciplina presupuestaria;

7.

Acoge positivamente que el reglamento que fije el marco financiero plurianual deba ser aprobado conjuntamente por el Parlamento y por el Consejo mediante un procedimiento especial;

8.

Lamenta, no obstante, que el Tratado de Lisboa haya mantenido la exigencia de que la decisión sobre el marco financiero plurianual deba ser adoptada por el Consejo por unanimidad, lo que dificulta el procedimiento de toma de decisiones y favorece una negociación sobre la base de un «mínimo común denominador»; anima, por consiguiente, al Consejo Europeo a recurrir, tan pronto como sea posible, a la cláusula que le permite pronunciarse por mayoría cualificada para aprobar el marco financiero plurianual, previa adopción de una decisión por unanimidad;

9.

Lamenta, asimismo, que el nuevo procedimiento sólo conceda al Parlamento un derecho de aprobación y no verdaderas competencias de codecisión; insiste, no obstante, en que el Tratado de Lisboa ha previsto que las instituciones realicen todos los esfuerzos necesarios desde el inicio del procedimiento para garantizar su éxito final; pide, por consiguiente, al Consejo, que esté dispuesto desde el inicio del procedimiento a entablar un diálogo político estructurado con el Parlamento para tener plenamente en cuenta las prioridades de este último;

10.

Constata que el Tratado de Lisboa señala que el marco financiero plurianual fijará no sólo los «importes de los límites máximos anuales de créditos para compromisos, por categoría de gastos, y del límite máximo anual de créditos para pagos» sino, también, «cualesquiera otras disposiciones adecuadas para el buen desarrollo del procedimiento presupuestario anual» (5);

11.

Acoge con satisfacción que el Tratado de Lisboa prevea la posibilidad de una programación financiera durante un periodo de cinco años de modo que, en la medida que se introduzcan los cambios necesarios, el marco financiero plurianual coincida, siempre que sea posible, con la legislatura del Parlamento y con el mandato de la Comisión, tal y como exige la lógica democrática; hace hincapié en que podrían ser necesarios acuerdos especiales para hacer frente a las necesidades de las políticas específicas en caso de períodos de programación financiera a largo plazo;

12.

Apoya, en este contexto, el paso a un marco financiero plurianual de cinco años, pero es consciente de que puede ser difícil hacer que coincidan completamente el marco financiero plurianual y la legislatura del Parlamento y el mandato de la Comisión, ya que considera que pudiera ser necesario un plazo de negociación de un mínimo de un año para permitir que cada legislatura del Parlamento y cada mandato de la Comisión pueda adoptar decisiones político financieras fundamentales durante la duración de sus mandatos;

13.

Considera muy positiva la integración del marco financiero plurianual en la lógica global de programación estratégica interinstitucional, concepto, por otra parte, reforzado en el Tratado de Lisboa, tal y como se sugería en el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el equilibrio institucional (6);

14.

Apoya la propuesta formulada en dicho informe en virtud del cual la nueva Comisión, al presentar su «programa» de legislatura, debe presentar propuestas sobre las orientaciones del marco financiero que considere necesarias para alcanzar las prioridades políticas de su mandato que, una vez acordado el programa de legislatura entre las instituciones, se desarrollarán a través de sus propuestas en el marco financiero plurianual;

15.

Considera, asimismo, que, en el marco de los debates en sesión plenaria y de las comparecencias ante las comisiones parlamentarias, el candidato a la Presidencia de la Comisión debería estar en condiciones de dar indicaciones sobre las consecuencias financieras previsibles de los objetivos políticos que la nueva Comisión tenga intención de perseguir;

16.

Hace hincapié en que la transición hacia una programación financiera de cinco años, tal y como se señala anteriormente, podría implicar la prórroga y el ajuste del marco financiero plurianual vigente hasta 2016, de modo que el próximo marco financiero quinquenal pueda entrar en vigor, como muy tarde, a principios de 2017 (7); recomienda que las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual deben concluir, de todos modos, a finales del primer trimestre de 2016, de modo que el procedimiento presupuestario correspondiente a 2017 ya se pueda celebrar de conformidad con los parámetros del marco que entrará en vigor en 2017;

17.

Hace hincapié en que las negociaciones deberían desarrollarse de modo que permitan a las instituciones contar con la entrada en vigor del nuevo marco financiero plurianual ya en 2016;

18.

Considera que debería estudiarse la posibilidad de prorrogar y ajustar el marco financiero plurianual vigente en el momento en que se realice la revisión intermedia en 2010;

19.

Subraya que el carácter jurídicamente vinculante del marco financiero plurianual implica, en mayor medida que nunca, la introducción de un mayor grado de flexibilidad para que la Unión pueda reaccionar ante los desafíos imprevistos de forma suficientemente ágil y eficaz, tanto dentro como fuera de la Unión;

20.

Llama la atención sobre el hecho de que el Tratado de Lisboa prevea la prórroga de los límites máximos y de las demás disposiciones del marco financiero plurianual correspondientes al último año del marco vigente en caso de que el nuevo marco financiero plurianual no pueda adoptarse antes de que expire el anterior; considera que esto constituye un argumento adicional en favor de una mayor flexibilidad;

21.

Insiste, en este contexto, en la importancia que reviste el refuerzo de los mecanismos de flexibilidad en el interior de cada rúbrica y entre rúbricas diferentes, por una parte, y a través de los fondos de flexibilidad especializados y que puedan movilizarse fuera de los márgenes, por otra;

22.

Recuerda que la Comisión de Presupuestos deberá pronunciarse sobre estas cuestiones en el marco de la aprobación de su informe sobre la revisión intermedia del marco financiero 2007-2013;

23.

Recuerda la necesidad de que, antes de que el Tratado de Lisboa entre en vigor, las instituciones deben celebrar un acuerdo sobre la transición del Acuerdo interinstitucional vigente a un marco financiero plurianual contenido en un acto legislativo, tal y como se prevé en el Tratado de Lisboa; recuerda que los Parlamentos nacionales necesitan ocho semanas para poder examinar los proyectos de actos legislativos;

24.

Considera, en este contexto, que habrá que alcanzar un acuerdo sobre la distribución de las disposiciones recogidas en la actualidad en el Acuerdo interinstitucional y que deben pasar a formar parte del marco financiero plurianual, sobre las disposiciones que deberán figurar en el futuro Reglamento financiero e, incluso, sobre las que justifican, si procede, el mantenimiento de un acuerdo interinstitucional, posiblemente incorporando nuevas disposiciones, en materia de cooperación presupuestaria; recuerda que este reparto de las disposiciones del Acuerdo interinstitucional actual debería llevarse a cabo teniendo en cuenta criterios recogidos en el propio Tratado de Lisboa;

25.

Acoge muy favorablemente la supresión de la distinción entre gastos obligatorios (GO) y gastos no obligatorios (GNO), que conlleva el derecho del Parlamento a decidir en pie de igualdad con el Consejo sobre el conjunto de los gastos de la Unión;

26.

Subraya que la supresión de la distinción entre GO y GNO no contradice la obligación de la Unión de respetar sus compromisos financieros y se congratula de que el Tratado de Lisboa reconozca que serán el Parlamento, el Consejo y la Comisión los que «velarán por que la Unión disponga de los medios financieros que le permitan cumplir sus obligaciones jurídicas frente a terceros» (8);

27.

Considera que los cambios en el procedimiento anual deberían tender hacia la simplificación de dicho procedimiento instaurando una lectura única por para cada institución y estableciendo distintos procedimientos destinados a facilitar el acuerdo entre las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria; hace hincapié en que estos cambios deberían conllevar una menor carga burocrática;

28.

Hace hincapié en el refuerzo del papel que se confiere a la Comisión, que adquiere el derecho de iniciativa en materia presupuestaria y puede modificar su proyecto de presupuesto hasta el momento en que se convoque el Comité de Conciliación;

29.

Se felicita de que el Tratado reconozca, igualmente, que compete a la Comisión adoptar todas las iniciativas necesarias para acercar las posiciones del Parlamento y del Consejo durante los trabajos del Comité de Conciliación invitándola, así, a asumir plenamente su papel de mediadora entre el Parlamento y el Consejo con el objetivo de alcanzar un acuerdo;

30.

Llama la atención sobre el hecho de que el nuevo procedimiento sólo prevea una lectura única por parte de cada una de las instituciones sobre el proyecto de presupuesto; subraya que el nuevo procedimiento y su lectura única ya no permitirán de facto que las instituciones corrijan su posición en segunda lectura como ocurría anteriormente; expresa su convencimiento, por consiguiente, de que este procedimiento implicará que el Parlamento deberá ajustar sus prioridades políticas en una fase temprana y adaptar, en consecuencia, su enfoque y organización operativos de modo que permitan alcanzar la totalidad de los objetivos fijados;

31.

Recuerda que esta lectura debe afirmar las prioridades políticas del Parlamento pero que debe permitirle, asimismo, poder llegar a un acuerdo con el Consejo cuando haya completado sus trabajos el Comité de Conciliación (o permitir que pueda votar de nuevo sus enmiendas por una mayoría importante en caso de que el texto elaborado por el Comité de Conciliación haya sido aprobado por el Parlamento y rechazado por el Consejo);

32.

Insiste, en este contexto, en la importancia de mantener un calendario pragmático similar al actual solicitando la aplicación de los mecanismos de concertación en el momento oportuno; recuerda, asimismo, que la introducción de mecanismos informales de diálogo entre las instituciones reviste una importancia fundamental para facilitar el acuerdo antes del inicio del procedimiento y, además, durante toda su duración;

33.

Expresa su convencimiento de que el Tratado de Lisboa reforzará las competencias del Parlamento con la condición de que éste pueda dotarse de los recursos para gestionar eficazmente el recorte del calendario y la necesidad cada vez mayor de adoptar medidas con mayor anticipación que conlleva el nuevo procedimiento;

34.

Considera que, en el futuro, la resolución del Parlamento que preceda a la primera reunión de concertación tendrá mayor importancia ya que permitirá al Parlamento exponer formalmente sus prioridades presupuestarias para el próximo ejercicio presupuestario sin estar condicionado por consideraciones tácticas derivadas de la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto; considera que esta resolución, además, permitirá a las demás instituciones discernir con claridad las prioridades del Parlamento antes de las negociaciones; añade que de este modo se brindará al Parlamento la oportunidad de presentar unas directrices iniciales sobre los proyectos piloto y las acciones preparatorias;

35.

Recuerda que estas prioridades también serán de gran utilidad para el Parlamento como directrices para su lectura del proyecto de presupuesto y, también, como mandato para su delegación durante las negociaciones en el Comité de Conciliación;

36.

Destaca la importancia de organizar un diálogo a tres bandas en el mes de julio que permita a cada una de las instituciones obtener una indicación clara de las prioridades de las demás partes y que el Parlamento ponga en conocimiento de las demás instituciones el contenido de la resolución del mes de julio sobre el proyecto de presupuesto;

37.

Subraya la utilidad política de mantener un diálogo en profundidad con las comisiones homólogas de los Parlamentos nacionales sobre el proyecto de presupuesto y las prioridades del Parlamento en relación con el procedimiento presupuestario anual, respetando las competencias de cada una de las partes;

38.

Subraya la importancia que tendrá en el futuro Comité de Conciliación, en su calidad de instancia para la resolución de las diferencias políticas entre las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria; recuerda que este Comité se encargará de alcanzar, en un plazo de veintiún días, un acuerdo sobre un texto de compromiso, que entrará en vigor a menos que sea rechazado por la Autoridad Presupuestaria; considera necesario asegurar que la composición política de este Comité debe ser del más alto nivel;

39.

Se congratula de que el Tratado de Lisboa asigne un papel decisivo en el Parlamento al final del procedimiento; señala que

40.

Subraya que, si así procede y sin perjuicio del carácter político del nombramiento de sus miembros por parte de los grupos políticos, la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación deberá estar presidida por el Presidente de la Comisión de Presupuestos e integrar, además de a los miembros de dicha comisión, a miembros de las comisiones parlamentarias especializadas en caso de que sea objeto de negociación un asunto específico que se inscriba en su ámbito de competencias de carácter político;

41.

Pide al Consejo que alcance rápidamente un acuerdo con el Parlamento sobre el modus operandi del Comité de Conciliación;

42.

Considera, por su parte, que el Comité de Conciliación debería poder reunirse, como mínimo, dos veces, si se considera necesario para llegar a un acuerdo, al más alto nivel político, y que sus sesiones deben ir precedidas por un diálogo político preparatorio a tres bandas, según la fórmula tradicional; recuerda la necesidad de que los representantes del Consejo estén dotados durante estas reuniones de un mandato político de negociación;

43.

Propone que prepare estos trabajos un grupo preparatorio interinstitucional formado por el ponente general acompañado por representantes de los grupos políticos del Parlamento y del representante permanente del país que ejerza la Presidencia de la Unión, quien podría estar acompañado por representantes de las otras dos Presidencias de la troika;

44.

Recuerda, asimismo, que las instituciones deben ponerse de acuerdo sobre la composición de la secretaría del Comité, que probablemente estará compuesta por funcionarios de las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria y asistida por la Comisión;

45.

Llama la atención sobre el hecho de que la norma en virtud de la cual la Comisión no puede modificar su proyecto después de la convocatoria del Comité de Conciliación ya no permite el recurso a la tradicional nota rectificativa del otoño para tener en cuenta las previsiones actualizadas para la política agrícola y sus repercusiones presupuestarias; considera que, en tal caso, el procedimiento más adecuado sería la presentación por la Comisión, si procede, de un proyecto de presupuesto rectificativo específico para la agricultura, una vez que todos los datos agrícolas se hayan fijado definitivamente;

46.

Subraya que el paralelismo entre la extensión de las competencias presupuestarias del Parlamento a todos los gastos de la UE y la casi generalización de la codecisión en materia legislativa requiere una mayor toma en consideración de la dimensión presupuestaria de la actividad legislativa; considera necesario, para ello, aumentar la cooperación entre la Comisión de Presupuestos y las comisiones sectoriales para tener debidamente en cuenta las repercusiones de la actividad legislativa del Parlamento sobre los asuntos financieros, en particular en lo que a su impacto sobre el marco financiero plurianual y el presupuesto anual se refiere; propone, en este sentido, que en los comités de conciliación legislativa sobre cuestiones que tengan incidencia financiera se incluya a un miembro de la Comisión de Presupuestos; recuerda, en este contexto, las labores del Grupo de Trabajo sobre la Reforma del Parlamento, en particular en lo que se refiere a las formas específicas de cooperación entre las comisiones parlamentarias recogidas en el tercer informe provisional;

47.

Recuerda que el Tratado de Lisboa extiende a todas las instituciones de la Unión la obligación de velar por el cumplimiento de la disciplina presupuestaria y recuerda que el Reglamento del Parlamento ya prevé un procedimiento específico para garantizar el cumplimiento de este principio; considera que habrá que adoptar las medidas que se impongan para que este procedimiento sea más operativo y eficiente;

48.

Acoge con satisfacción que el Reglamento financiero pase a ser un reglamento adoptado de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (codecisión) por el Parlamento y el Consejo, previo dictamen del Tribunal de Cuentas;

49.

Recuerda que el Tratado de Lisboa contiene las principales disposiciones que permiten distinguir entre las disposiciones del Acuerdo interinstitucional vigente que deben figurar en el futuro acuerdo interinstitucional y las que deben integrarse, por el contrario, en el marco financiero plurianual;

50.

Toma nota, sin embargo, de que el Reglamento financiero debería incluir todas las medidas necesarias para definir el procedimiento de conformidad con las disposiciones del Tratado (9); considera que esta fórmula abarcaría el funcionamiento del Comité de Conciliación, el mecanismo de activación y, por supuesto, la actualización las disposiciones del Reglamento financiero directamente afectadas por los cambios en el Tratado de Lisboa (es decir, la abolición de la distinción entre GO y GNO, un nuevo procedimiento de codecisión para las transferencias, etc.);

51.

Considera crucial que las instituciones alcancen un acuerdo político sobre estas cuestiones en el momento oportuno a fin de que las modificaciones necesarias al Reglamento financiero puedan introducirse rápidamente de conformidad con el nuevo procedimiento una vez que entre en vigor el Tratado de Lisboa y, si procede, se prevean acuerdos provisionales que permitan que el procedimiento presupuestario siga su curso sin problemas;

52.

Pide a la Comisión que presente en el momento oportuno una propuesta que pudiera permitir al Parlamento y al Consejo llegar a un acuerdo sobre la aplicación de esta distinción prevista en el apartado 49 en el contenido del Acuerdo interinstitucional vigente;

53.

Apoya que esta adaptación del Reglamento financiero no debe confundirse en modo alguno con la revisión trienal del mismo prevista para el año 2010;

54.

Toma nota de que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa también tendrá un impacto sobre el presupuesto de la UE en lo que respecta a las innovaciones que presenta en el plano institucional, como la elevación del Consejo Europeo al rango de institución y el establecimiento de una presidencia permanente, así como la creación del cargo de Alto Representante y del Servicio Europeo de Acción Exterior, cuya función es prestar apoyo a su acción;

55.

Reafirma desde este momento su intención de ejercer plenamente sus competencias presupuestarias en relación con estas novedades institucionales y subraya la importancia de llegar en el momento oportuno a un acuerdo político con el Consejo sobre la financiación del Consejo Europeo y, en particular, de su Presidencia permanente, así como sobre la financiación del futuro Servicio Europeo de Acción Exterior; hace hincapié en que la financiación de este Servicio debe permanecer totalmente bajo el control de la Autoridad Presupuestaria;

56.

Toma nota de que, en el marco de la PESC y de la política común de seguridad y de defensa, el Tratado de Lisboa prevé la creación de nuevos procedimientos para la concesión de un acceso rápido al presupuesto de la Unión y para crear un fondo inicial alimentado por las contribuciones de los Estados miembros; subraya, no obstante, que todas las acciones exteriores de la Unión deberían ser financiadas, por regla general, con cargo al presupuesto comunitario y sólo en casos excepcionales —en caso de emergencia– sobre la base de las contribuciones exteriores al presupuesto de la Unión;

57.

Considera que el Tratado de Lisboa también tendrá un impacto financiero, si bien limitado, como consecuencia de las nuevas competencias específicas atribuidas a la Unión; expresa su disposición a analizar, a su debido tiempo, las consecuencias concretas del ejercicio de estas nuevas competencias; considera que no cabe duda de que éstas no se aplicarán, en su conjunto, inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, sino a medida que se vayan elaborando las propuestas legislativas relacionadas con ellas; considera, sin embargo, que su financiación no debería ir en detrimento de la financiación de las actividades que realiza la Unión en la actualidad;

58.

Expresa su deseo de invitar a los Parlamentos nacionales a participar, cada año, en un debate conjunto y público sobre las orientaciones de las políticas presupuestarias, nacionales y comunitaria, antes del examen de los proyectos de presupuesto respectivos, con vistas a la introducción, desde el inicio, de un marco de reflexión común para la coordinación de las políticas nacionales de los Estados miembros, teniendo en cuenta, asimismo, la contribución comunitaria;

59.

Observa que la decisión sobre el reparto de los gastos con cargo al presupuesto de la Unión en relación con los grandes objetivos de ésta podría exponerse con mayor claridad si los distintos Estados miembros diesen a conocer cada año el importe de los créditos presupuestarios nacionales y, si procede, regionales, que contribuyen a alcanzar estos objetivos;

60.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Parlamentos de los Estados miembros.

5.8.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 212/54

A.

Considerando que la PEV y la Asociación Oriental que se pondrá en marcha en breve reconocen las aspiraciones europeas de la República de Moldova y la importancia de Moldova como un país con profundos vínculos históricos, culturales y económicos con los Estados miembros de la Unión,

B.

Considerando que el Plan de Acción UE-República de Moldova tiene como objetivo fomentar las reformas políticas e institucionales en la República de Moldova, incluidos los ámbitos de la democracia y los derechos humanos, el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y la libertad de los medios de comunicación, así como las relaciones de buena vecindad,

C.

Considerando que uno de los objetivos fijados para junio de 2009 es el de iniciar las negociaciones sobre el nuevo Acuerdo entre la República de Moldova y la UE en el Consejo de Cooperación UE-Moldova,

D.

Considerando que la República de Moldova es miembro del Consejo de Europa y de la OSCE y que, por ello, se ha comprometido a promover de forma genuina la democracia y el respeto de los derechos humanos, incluyendo la prevención y la lucha contra la tortura, los malos tratos y otros tratos inhumanos o degradantes,

E.

Considerando que el 5 de abril de 2009 se celebraron en la República de Moldova elecciones parlamentarias supervisadas por una MIOE compuesta por representantes de la OSCE/OIDDH y del Parlamento Europeo, de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,

F.

Considerando que, durante el período preelectoral, se puso de manifiesto la grave preocupación causada por el control gubernamental de los medios de comunicación públicos, por la intimidación y el acoso sufridos por los líderes de la oposición y los medios de comunicación privados y por el uso indebido de recursos administrativos en beneficio del partido del Gobierno,

G.

Considerando que entre 500 000 y un millón de ciudadanos moldovos viven en el extranjero y que, antes de las elecciones del 5 de abril de 2009, se enviaron a las autoridades moldovas diversos llamamientos firmados por gran número de ONG y asociaciones de la diáspora moldova, incluido uno, en febrero de 2009, dirigido al Presidente de la República de Moldova, al Presidente del Parlamento y al Primer Ministro de ese país respecto de las medidas de privación del derecho de voto a los moldovos que viven en el extranjero, y que todos estos llamamientos fueron ignorados; considerando que el número de votantes moldovos que se hallan fuera de la República de Moldova es muy limitado (22 000),

H.

Considerando que las autoridades de facto de la región separatista de Transdniéster impidieron la participación de un gran número de ciudadanos moldovos en las elecciones,

I.

Considerando que la MIOE declaró en sus conclusiones preliminares que las elecciones habían cumplido muchas normas y compromisos internacionales, pero que eran necesarias otras mejoras para garantizar un proceso electoral sin interferencias administrativas indebidas y aumentar la confianza de la opinión pública,

J.

Considerando que los partidos de la oposición y la Coalición 2009 se quejaron de irregularidades masivas ocurridas durantes las elecciones del 5 de abril de 2009 en la preparación de las listas de votantes y de las listas adicionales, así como en el escrutinio y la atribución de resultados,

K.

Considerando que, tras un nuevo recuento de los votos, la Comisión Electoral Central publicó los resultados de las elecciones el 21 de abril de 2009, que el Tribunal Constitucional confirmó el 22 de abril de 2009,

L.

Considerando que los acontecimientos que siguieron a las elecciones estuvieron caracterizados por la violencia y por la campaña masiva de intimidación y violencia lanzada por el Gobierno moldovo, lo que siembra dudas acerca del compromiso de las autoridades moldovas en favor de los valores democráticos y los derechos humanos, así como respecto de la confianza de la opinión pública en esas autoridades,

M.

Considerando que las dudas respecto de la equidad de las elecciones y la desconfianza en las instituciones públicas, incluyendo las encargadas de gestionar el proceso electoral, sirvieron para espolear las protestas pacíficas, y que los actos lamentables de violencia y vandalismo fueron explotados por las autoridades para intimidar a la sociedad civil mediante una respuesta violenta y desproporcionada, así como para restringir aún más los ya frágiles derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos moldovos,

N.

Considerando que se aceptan como datos que al menos 310 personas fueron detenidas y encarceladas, que un número determinado de los detenidos se encuentra todavía en prisión y que, durante su detención, fueron objeto de malos tratos sistemáticos en las comisarías de policía con una intensidad que puede considerarse como tortura,

O.

Considerando que las palizas y las detenciones sin mandato judicial de civiles por parte de unidades de policía sin identificar parecían no estar dirigidas a pacificar la situación, sino más bien a realizar actos deliberados de represión,

P.

Considerando que siguen registrándose en el país graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por las autoridades moldovas, un acoso injustificado a representantes de la sociedad civil y a los participantes en las protestas y casos de falta de respeto por el Estado de Derecho y los convenios europeos en la materia de los que la República de Moldova es signataria,

Q.

Considerando que el Gobierno de Moldova acusó a Rumanía de participar en las manifestaciones postelectorales y expulsó del país al Embajador rumano; que el Gobierno de Moldova también restableció la obligación de visado para los ciudadanos de ese Estado miembro de la UE,

R.

Considerando que es preciso subrayar que no han salido a la luz indicios ni pruebas serias que permitan acusar a ningún Estado miembro de la UE de ser responsable de los actos de violencia de las semanas pasadas,

S.

Considerando que sólo es posible desarrollar una asociación verdadera y equilibrada sobre la base de valores comunes, particularmente en relación con la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades civiles,

T.

Considerando que la UE está intentando, a través de su programa para una Asociación Oriental, establecer una mayor estabilidad, una gobernanza y un desarrollo económico mejores en la República de Moldova y los demás países de sus fronteras orientales,

1.

Subraya la importancia de unas relaciones más estrechas entre la UE y la República de Moldova y confirma la necesidad de trabajar conjuntamente para contribuir a una mayor estabilidad, seguridad y prosperidad en el continente europeo y evitar la aparición de nuevas líneas divisorias;

2.

Reafirma su compromiso de proseguir un diálogo significativo y orientado al logro de objetivos con la República de Moldova, pero concede gran importancia a la introducción de disposiciones estrictas respecto del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, al mismo tiempo que hace hincapié en que la posterior consolidación de las relaciones, incluyendo la celebración de un nuevo acuerdo ampliado, deberá depender de un compromiso real y explícito de las autoridades moldovas en favor de la democracia y los derechos humanos;

3.

Señala que el pleno respeto de las normas democráticas internacionales antes, durante y después del proceso electoral es sumamente importante para seguir reforzando las relaciones entre la República de Moldova y la UE;

4.

Condena enérgicamente la campaña masiva de acoso, graves violaciones de los derechos humanos y otros actos ilegales llevada a cabo por el Gobierno moldovo después de celebradas las elecciones parlamentarias;

5.

Insta a las autoridades moldovas a poner fin inmediatamente a todas las detenciones ilegales y a llevar a cabo sus acciones gubernamentales conforme a los compromisos y las obligaciones internacionales que incumben al país en materia de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos;

6.

Manifiesta su particular inquietud ante las detenciones ilegales y arbitrarias, las violaciones generalizadas de los derechos humanos de los detenidos, en concreto el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a malos tratos físicos, a tortura o a tratos o castigos inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y la seguridad, el derecho a un juicio equitativo y los derechos de libertad de reunión, asociación y expresión, así como ante el hecho de que estas violaciones prosiguen todavía;

7.

Subraya que debe instaurarse un diálogo nacional en el que participen el Gobierno y los partidos de la oposición, en un importante esfuerzo por mejorar en esencia los procedimientos democráticos y el funcionamiento de las instituciones democráticas en la República de Moldova, y que este país debe abordar de forma inmediata los errores mencionados en las conclusiones de la MIOE;

8.

Subraya, no obstante, que las tensiones internas en la República de Moldova son muy elevadas, por lo que se muestra firmemente convencido de que existe una necesidad urgente de crear una comisión independiente de investigación en la que participen la UE, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, así como expertos independientes, con el fin de garantizar un proceso de investigación imparcial y transparente;

9.

Insiste en que todos los que sean considerados responsables de la brutal violencia ejercida contra los detenidos sean llevados ante la justicia; insiste, por otra parte, en que las conclusiones de la comisión de investigación también deberían conducir a una verdadera reforma del sistema judicial y de las fuerzas policiales en la República de Moldova;

10.

Pide que se lleve a cabo una investigación especial de los casos de las personas fallecidas durante los acontecimientos que siguieron a las elecciones, así como de todas las acusaciones de violación y malos tratos durante las detenciones y encarcelamientos con motivación política, como es el caso de Anatol Mătăsaru y Gabriel Stati;

11.

Condena la campaña de acoso lanzada por las autoridades moldovas contra periodistas, representantes de la sociedad civil y de los partidos de la oposición, en particular la detención y expulsión de periodistas, la interrupción del acceso a las páginas web y las cadenas de televisión, la radiodifusión de propaganda en los canales públicos y la negativa de acceso a los medios de comunicación públicos a representantes de la oposición; considera que estas acciones están destinadas a aislar a la República de Moldova de los medios de comunicación nacionales e internacionales y del control público; lamenta y condena que prosiga esta censura mediante las cartas enviadas por el Ministro de Interior y por el Ministro de Justicia a ONG, partidos políticos y medios de comunicación;

12.

Lamenta profundamente la decisión de las autoridades moldovas de expulsar al Embajador de Rumanía y de introducir la obligación de visado para los ciudadanos de este Estado miembro de la Unión Europea; insiste en que la discriminación de ciudadanos comunitarios por razón de su nacionalidad es inaceptable y pide a las autoridades moldovas que restablezcan el régimen sin visado para los ciudadanos rumanos;

13.

Insta al Consejo y a la Comisión, al mismo tiempo, a que emprendan una revisión del régimen de visados de la UE para la República de Moldova con el fin de relajar las condiciones de expedición de visados a los ciudadanos moldovos, especialmente en lo que respecta a las condiciones económicas y de posibilitar una mejor regulación de los viajes; espera, no obstante, que los ciudadanos de Moldova no se aprovechen de un régimen mejor de visados y de viajes para emprender un éxodo masivo del país, sino que se sientan animados a prestar una contribución activa al desarrollo de su país;

14.

Observa que parecen infundadas las acusaciones de que un Estado miembro de la UE haya estado implicado en los acontecimientos y que éstas no se debatieron ni se repitieron durante las reuniones celebradas por la Delegación ad hoc en la República de Moldova;

15.

Exige una prueba inmediata y sustancial que apoye cualquier acusación realizada por el Gobierno moldovo respecto de los actos presuntamente delictivos de las personas que participaron en las protestas y la participación de gobiernos extranjeros;

16.

Toma nota de las declaraciones de las autoridades moldovas respecto del inicio de un procedimiento penal sobre el «intento de usurpación del poder del Estado el 7 de abril de 2009» y pide que la investigación se realice de forma transparente y dilucide todas las acusaciones vertidas por las autoridades moldovas con respecto a la posible participación de al menos un tercer país en estos acontecimientos;

17.

Considera inaceptable, al mismo tiempo que condena todos los actos de violencia y vandalismo, que se presenten todas las protestas como actos delictivos y una supuesta «trama anticonstitucional»; cree que las protestas pacíficas se vieron alimentadas en gran medida por las dudas respecto de la equidad de las elecciones, la desconfianza en las instituciones públicas y la insatisfacción con la situación social y económica en la República de Moldova;

18.

Cree que la única manera para salir de la situación actual que atraviesa la República de Moldova es entablar un diálogo constructivo con los partidos de la oposición, la sociedad civil y los representantes de las organizaciones internacionales;

19.

Destaca que para celebrar otras elecciones es necesario un consenso entre la oposición y el Gobierno sobre mejoras concretas del proceso electoral;

20.

Reitera la importancia de la independencia del poder judicial y pide que se adopten más medidas para garantizar la independencia editorial de todos los medios de comunicación, incluida la Radio y Televisión de Moldova, que se ponga fin a cualquier intimidación contra el Canal ProTV y a las amenazas respecto a la prórroga de su licencia, y que se introduzcan mejoras considerables en la ley electoral moldova como elemento crucial de todo futuro proceso electoral y de consolidación de la democracia en la República de Moldova;

21.

Lamenta que el Gobierno de Moldova no haya realizado ningún esfuerzo por facilitar la participación en las elecciones de los ciudadanos moldovos que viven en el extranjero, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Venecia; pide a las autoridades moldovas que adopten en el momento oportuno las medidas necesarias para que así se haga;

22.

Subraya las importantes discrepancias entre el informe preliminar de la OSCE/OIDDH sobre el desarrollo de las elecciones y las denuncias de numerosas irregularidades formuladas por un considerable número de ONG moldovas; señala que estas discrepancias deben tenerse en cuenta en toda revisión futura de las actividades de supervisión electoral de la OSCE/OIDDH y en las futuras contribuciones de la UE a misiones internacionales de observación electoral;

23.

Cree que, con el fin de mantener su credibilidad ante los ciudadanos de la República de Moldova, la UE debe participar en la gestión de la situación actual de forma proactiva, profunda y global; insta al Consejo a que examine la posibilidad de enviar a la República de Moldova una Misión por el Estado de Derecho encargada de asistir a las fuerzas de seguridad en su proceso de reforma, especialmente en el ámbito policial y judicial;

24.

Subraya que el Consejo, la Comisión y los Estados miembros deben hacer pleno uso del Instrumento Europeo de Vecindad y, en particular, del nuevo programa para la Asociación Oriental con el fin de establecer una mayor estabilidad, una mejor gobernanza y un desarrollo económico equilibrado en la República de Moldova y en los demás países de sus fronteras orientales;

25.

Pide a la Comisión que vele por que la financiación de la UE destinada a la República del Moldova en el ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales tenga un mayor alcance, en particular mediante el pleno uso del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos y de las disposiciones del Instrumento de la PEV; pide a la Comisión que le presente un informe detallado sobre el uso de todos los fondos de la UE en la República de Moldova y, en particular, sobre los asignados a la buena gobernanza y al desarrollo de la democracia;