Diario Oficial C 134/2010

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/2

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Google France, Google, Inc./Louis Vuitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08)

(Asunto C-236/08 a 238/08) (1)

(Marcas - Internet - Motor de búsqueda - Publicidad a partir de palabras clave («keyword advertising») - Presentación en pantalla, a partir de palabras clave correspondientes a marcas, de enlaces a sitios de competidores de los titulares de dichas marcas o a sitios en los que se ofrecen productos de imitación - Directiva 89/104/CEE - Artículo 5 - Reglamento (CE) no 40/94 - Artículo 9 - Responsabilidad del operador del motor de búsqueda - Directiva 2000/31/CE (Directiva sobre el comercio electrónico))

2010/C 134/02

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Google France, Google, Inc.

Demandadas: Louis Vuitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Cour de Cassation — Interpretación de los artículos 5, apartados 1, letras a) y b), y 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989 L 40, p. 1), del artículo 9, apartado 1, letras a) a c), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994 L 11, p. 1), y del artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (DO L 178, p. 1) — Concepto de «uso» de la marca y derechos del titular de la marca — Prestador de un servicio remunerado de referenciación en Internet que, sin hacer publicidad alguna de sus propios productos o servicios, pone a disposición de los anunciantes palabras clave que reproducen o imitan marcas registradas y, mediante el contrato de referenciación, organiza la creación y la aparición en pantalla en una posición privilegiada, a partir de dichas palabras clave, de enlaces publicitarios hacia sitios web en los que se ofrecen productos falsificados — Requisitos de exención de responsabilidad del prestador de servicios de almacenamiento de datos facilitados por los destinatarios de dichos servicios.

Fallo

Los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica a la marca, que haya seleccionado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

El prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104 o del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 40/94.

El artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), debe interpretarse en el sentido de que la norma que establece se aplica al prestador de un servicio de referenciación en Internet cuando no desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados. Si no desempeña un papel de este tipo, no puede considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a petición del anunciante, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de estos datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

(1) DO C 209, de 15.8.2008.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de marzo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH/Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH

(Asunto C-278/08) (1)

(Marcas - Internet - Publicidad a partir de palabras clave («keyword advertising») - Presentación en pantalla, a partir de palabras clave idénticas o similares a unas marcas, de enlaces a sitios de competidores de los titulares de dichas marcas - Directiva 89/104/CEE - Artículo 5, apartado 1)

2010/C 134/03

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberster Gerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH

Demandadas: Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Oberster Gerichtshof — Interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1) — Inscripción de un signo similar o idéntico a una marca ante un prestador de servicios que explota un motor de búsqueda de Internet con objeto de que, al introducir dicho signo como término de búsqueda, aparezca automáticamente en pantalla una publicidad para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca de que se trata («keyword advertising») — Calificación de este uso de la marca como uso que su titular está facultado para prohibir

Fallo

El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica o similar a la marca y seleccionada por el anunciante sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permita o apenas permita al internauta medio determinar si los productos o servicios anunciados proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

(1) DO C 223, de 30.8.2008.

22.5.2010

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C 134/3

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 18 de marzo de 2010 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Giudice di Pace di Ischia — Italia) — Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA (C-317/08); Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08); Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia Spa (C-319/08); Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08)

(Asuntos acumulados C-317/08 a C-320/08) (1)

(Petición de decisión prejudicial - Principio de tutela judicial efectiva - Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Directiva 2002/22/CE - Servicio universal - Litigios entre usuarios finales y proveedores - Tentativa de conciliación extrajudicial obligatoria)

2010/C 134/04

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Giudice di Pace di Ischia

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Rosalba Alassini (C-317/08), Filomena Califano (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono (C-319/08) y Multiservice Srl (C-320/08)

Demandadas: Telecom Italia SpA (C-317/08, C-319/08 y C-320/08), Wind SpA (C-318/08)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Giudice di Pace di Ischia (Italia) — Interpretación de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108, p. 51), de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (DO L 171, p. 12), y del artículo 6 del Convenio Europeo de Derecho Humanos — Litigios en materia de comunicaciones electrónicas entre usuarios finales y operadores, mediante los que se pretende la indemnización de los perjuicios sufridos como consecuencia de la supuesta inejecución del contrato que tiene por objeto el servicio telefónico prestado por el operador — Normativa nacional que establece una tentativa de conciliación obligatoria previa al ejercicio de una acción judicial — Posibilidad de ejecutar una acción judicial sin haber intentado la conciliación

Fallo

—

El artículo 34 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual los litigios en materia de servicios de comunicaciones electrónicas entre usuarios finales y proveedores, relativos a los derechos conferidos por dicha Directiva, deben ser objeto de una tentativa de conciliación extrajudicial obligatoria como requisito de admisibilidad de las acciones judiciales.

—

Los principios de equivalencia y de efectividad y el principio de tutela judicial efectiva tampoco se oponen a una normativa nacional que impone, para tales litigios, la tramitación previa de un procedimiento de conciliación extrajudicial cuando dicho procedimiento no conduce a una decisión vinculante para las partes, no implica un retraso sustancial a efectos de la interposición de un recurso judicial, interrumpe la prescripción de los correspondientes derechos, y no ocasiona gastos u ocasiona gastos escasamente significativos para las partes, y siempre y cuando la vía electrónica no constituya el único medio de acceder a ese procedimiento de conciliación y sea posible adoptar medidas provisionales en aquellos supuestos excepcionales en que la urgencia de la situación lo exija.

(1) DO C 236, de 13.9.2008.

22.5.2010

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C 134/4

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de marzo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Société Olympique Lyonnais/Olivier Bernard, Société Newcastle UFC

(Asunto C-325/08) (1)

(Artículo 39 CE - Libre circulación de los trabajadores - Restricción - Jugadores profesionales de fútbol - Obligación de firmar el primer contrato como jugador profesional con el club formador - Condena del jugador al pago de indemnización a causa del incumplimiento de esa obligación - Justificación - Objetivo consistente en fomentar la contratación y la formación de los jóvenes jugadores)

2010/C 134/05

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Société Olympique Lyonnais

Demandada: Olivier Bernard, Société Newcastle UFC

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Cour de cassation (Francia) — Interpretación del artículo 39 CE — Disposición nacional que obliga a un jugador de fútbol a indemnizar al club que lo ha formado cuando, al término de su período de formación, suscribe un contrato de jugador profesional con un club de otro Estado miembro — Obstáculo a la libre circulación de trabajadores — Posible justificación de una restricción de este tipo por la necesidad de fomentar la contratación y la formación de jóvenes jugadores profesionales

Fallo

El artículo 45 TFUE no se opone a un sistema que, para realizar el objetivo consistente en fomentar la contratación y la formación de los jóvenes jugadores, garantiza la indemnización del club formador en el caso de que un joven jugador firme al término de su período de formación un contrato como jugador profesional con un club de otro Estado miembro, siempre que ese sistema sea apto para garantizar la realización de ese objetivo y no vaya más allá de lo necesario para lograrlo.

No es necesario para garantizar la realización del citado objetivo un régimen como el controvertido en el litigio principal, según el cual un jugador «promesa» que firma al término de su período de formación un contrato como jugador profesional con un club de otro Estado miembro se expone a una condena al pago de una indemnización cuyo importe no guarda relación con los costes reales de formación.

(1) DO C 247, de 27.9.2008.

22.5.2010

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C 134/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de marzo de 2010 — Comisión Europea/Reino de España

(Asunto C-392/08) (1)

(«Incumplimiento de Estado - Directiva 96/82/CE - Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas - Artículo 11, apartado 1, letra c) - Obligación de elaborar planes de emergencia externos - Plazo»)

2010/C 134/06

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: S. Pardo Quintillán y A. Sipos, agentes)

Demandada: Reino de España (representante: B. Plaza Cruz, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 11, apartado 1, letra c), de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en su versión modificada por la Directiva 2003/105/CE (DO 1997, L 10, p. 13) — No elaboración de determinados planes de emergencia externos con respecto a las medidas que deben tomarse fuera del establecimiento.

Fallo

Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11, apartado 1, letra c), de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, al no haber elaborado los planes de emergencia externos de todos los establecimientos previstos en el artículo 9 de dicha Directiva.

2)	Condenar en costas al Reino de España.

(1) DO C 272, de 25.10.2008.

22.5.2010

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C 134/5

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 25 de marzo de 2010 — Sviluppo Italia Basilicata SpA/Comisión Europea

(Asunto C-414/08 P) (1)

(Recurso de casación - Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - Reducción de la ayuda financiera - Subvención global para la ejecución de medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas - Fecha límite para la realización de las inversiones - Facultad de apreciación de la Comisión)

2010/C 134/07

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Recurrente: Sviluppo Italia Basilicata SpA (representantes: F. Sciaudone, R. Sciaudone y A. Neri, avvocati)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: L. Flynn, agente, A. dal Ferro, avvocato)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 8 de julio de 2008, Sviluppo Italia Basilicata/Comisión (T-176/06), mediante el cual el Tribunal de Primera Instancia desestimó, por una parte, la petición de anulación de la Decisión C(2006) 1706 de la Comisión, de 20 de abril de 2006, relativa a la reducción de la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional concedida a favor de la asignación global para la ejecución de medidas de estímulo a las pequeñas y medianas empresas que realizan actividades en la región Basilicata, Italia, en relación con el marco comunitario de apoyo a las intervenciones estructurales a las regiones de Italia, en virtud del objetivo no 1, y, por otra, en el resarcimiento de los prejuicios que éstas han sufrido como consecuencia de la adopción de dicha Decisión

Fallo

1)	Desestimar el recurso de casación.

2)	Condenar en costas a Sviluppo Italia Basilicata SpA.

(1) DO C 301, de 22.11.2008.

22.5.2010

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C 134/6

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 18 de marzo de 2010 — Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov/Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea

(Asunto C-419/08 P) (1)

(Recurso de casación - Dumping - Reglamento (CE) no 2320/97 por el que se establecen derechos antidumping definitivos con respecto a las importaciones de determinados tubos sin soldadura - Responsabilidad extracontractual - Perjuicio - Relación de causalidad)

2010/C 134/08

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Trubowest Handel GmbH (representantes: K. Adamantopoulos y E. Petritsi, dikigoroi), Viktor Makarov (representantes: K. Adamantopoulos y E. Petritsi, dikigoroi)

Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea (representantes: P. Hix, agente, G. Berrisch y G. Wolf, Rechsanwälte), Comisión Europea (representantes: N. Khan y H. van Vliet, agentes)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 9 de julio de 2008, Trubowest Handel y Makarov/Consejo y Comisión (T-429/04), por la cual el Tribunal desestimó un recurso de indemnización para obtener la reparación del daño supuestamente sufrido por las demandantes como consecuencia de la adopción del Reglamento (CE) no 2320/97 del Consejo, de 17 de noviembre de 1997, por el que se establecen derechos antidumping definitivos con respecto a las importaciones de determinados tubos sin soldadura, de hierro o acero sin alear, originarios de Hungría, Polonia, Rusia, la República Checa, Rumanía y la República Eslovaca, por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 1189/93 y por el que se da por concluido el procedimiento relativo a dichas importaciones originarias de la República de Croacia (DO L 322, p. 1)

Fallo

1)	Desestimar el recurso de casación.

2)	Condenar en costas a Trubowest Handel GmbH y al Sr. Makarov.

(1) DO C 285, de 8.11.2008.

22.5.2010

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C 134/6

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de marzo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — F. Gielen/Staatssecretaris van Financiën

(Asunto C-440/08) (1)

(Fiscalidad directa - Artículo 43 CE - Sujeto pasivo no residente - Empresario - Derecho a una deducción en favor de los trabajadores por cuenta propia - Criterio horario - Discriminación entre sujetos pasivos residentes y no residentes - Opción de equiparación)

2010/C 134/09

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Demandante: F. Gielen

Demandada: Staatssecretaris van Financiën

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretación del artículo 43 CE — Normativa nacional que concede a los trabajadores por cuenta propia el derecho a deducir del beneficio obtenido una cantidad fija si han dedicado al menos 1 225 horas durante el año natural a las actividades de la empresa — Horas de actividad dedicadas a una empresa establecida en otro Estado miembro que no se tienen en cuenta solamente en el caso de que el sujeto pasivo sea no residente.

Fallo

El artículo 49 TFUE se opone a una normativa nacional que, por lo que se refiere a la concesión de una ventaja fiscal, como la deducción en favor de los trabajadores por cuenta propia controvertida en el litigio principal, tiene efectos discriminatorios respecto a los sujetos pasivos no residentes, aun cuando éstos puedan, en lo que atañe a dicha ventaja, optar por el régimen aplicable a los sujetos pasivos residentes.

(1) DO C 327, de 20.12.2008.

22.5.2010

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C 134/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de marzo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf — Alemania) — Helmut Müller GmbH/Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

(Asunto C-451/08) (1)

(Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras - Contratos públicos de obras - Concepto - Venta por un organismo público de un terreno en el que el comprador pretende realizar posteriormente obras - Obras que se adecuan a los objetivos de desarrollo urbanístico establecidos por un ente territorial)

2010/C 134/10

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Helmut Müller GmbH

Demandada: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

En el que participan: Gut Spascher Sand Immobilien GmbH, ciudad de Wildeshausen

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) — Interpretación del artículo 1, apartado 2, letra b), y apartado 3, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114) — Conceptos de «contrato público de obras» y de «concesión de obras públicas» — Obligación de someter a un procedimiento de adjudicación de contratos la venta de un terreno por un tercero, cuando el adquirente debe realizar con posterioridad en ese terreno obras de conformidad con los objetivos de desarrollo urbanístico definidos por un ente territorial y cuyo proyecto aprobó éste antes de que se celebrara el contrato de venta

Fallo

El concepto de «contrato público de obras», en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, no exige que las obras objeto del contrato se realicen material o físicamente por el poder adjudicador, siempre que dichas obras le reporten un beneficio económico directo. El ejercicio por este último de competencias normativas en materia urbanística no basta para cumplir este último requisito.

El concepto de «contrato público de obras», en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/18, requiere que el adjudicatario asuma, directa o indirectamente, la obligación de realizar la obra objeto del contrato y que se trate de una obligación exigible judicialmente de conformidad con las modalidades previstas por el Derecho interno.

Las «necesidades especificadas por el poder adjudicador», en el sentido de la tercera modalidad enunciada en el artículo 1, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/18, no pueden consistir en el mero hecho de que un poder público estudie algunos planes de construcción que le hayan sido presentados o en que adopte una decisión en el ejercicio de sus competencias en materia de normativa urbanística.

4)	En las circunstancias del asunto principal, queda excluida una concesión de obras públicas, en el sentido del artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2004/18.

En circunstancias como las del asunto principal, no son aplicables las disposiciones de la Directiva 2004/18 cuando un poder público vende un terreno a una empresa al tiempo que otro poder público pretende adjudicar un contrato de obras en ese terreno pese a no haber decidido aún formalmente otorgar dicho contrato.

(1) DO C 6, de 10.1.2009.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 18 de marzo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Beroep te Gent — Bélgica) — Erotic Center BVBA/Belgische Staat

(Asunto C-3/09) (1)

(Sexta Directiva IVA - Artículo 12, apartado 3, letra a) - Anexo H - Tipo reducido de IVA - Concepto de «derecho de acceso a una sala cinematográfica» - Cabina individual para ver películas a elección)

2010/C 134/11

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hof van Beroep te Gent

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Erotic Center BVBA

Demandada: Belgische Staat

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Hof van Beroep te Gent — Interpretación del anexo H, categoría 7, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) [actualmente, anexo III, punto 7, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1)] — Tipo reducido aplicable a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios — Salas cinematográficas — Concepto — Cabina individual para ver películas a elección.

Fallo

El concepto de derecho de acceso a una sala cinematográfica que figura en el anexo H, séptima categoría, párrafo primero, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 2001/4/CE del Consejo, de 19 de enero de 2001, debe interpretarse en el sentido de que no se refiere al pago efectuado por un consumidor para poder ver de manera individualizada una o varias películas, o fragmentos de películas, en un espacio privativo, como las cabinas de que se trata en el litigio principal.

(1) DO C 82, de 4.4.2009.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 25 de marzo de 2010 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos

(Asunto C-79/09) (1)

(Incumplimiento de Estado - Impuesto sobre el valor añadido - Directiva 2006/112/CE - Artículos 13 y 132 - Organismos de Derecho público - Calidad de autoridades públicas - Actividades - No sujeción - Exoneraciones - Sectores sociocultural, de la salud y de la enseñanza - «Eurorregiones» - Promoción de la movilidad profesional - Puesta a disposición de personal - Carga de la prueba)

2010/C 134/12

Lengua de procedimiento: neerlandés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: D. Triantafyllou y W. Roels, agentes)

Demandada: Reino de los Países Bajos (representantes: C.M. Wissels, D.J.M. de Grave e Y. de Vries, agentes)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 2, apartado 1, letra c), 13, 24, apartado 1, y 132 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Puesta a disposición de personal en los sectores de la salud, de la enseñanza y sociocultural — Promoción de la movilidad en el trabajo — Eurorregión.

Fallo

1)	Desestimar el recurso.

2)	Condenar en costas a la Comisión Europea.

(1) DO C 129, de 6.6.2006.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/8

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 18 de marzo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Brussel — Bélgica) — SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

(Asunto C-218/09) (1)

(Remisión prejudicial - Reglamento (CEE) no 3665/87 - Restituciones a la exportación - Artículo 5, apartado 3 - Requisitos para su concesión - Excepción - Concepto de fuerza mayor - Productos que han perecido durante el transporte)

2010/C 134/13

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hof van beroep te Brussel

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV

Demandadas: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Hof van Beroep te Brussel — Interpretación del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas (DO L 351, p. 1) — Requisitos para la concesión de restituciones a la exportación — Excepción — Producto que pereció durante el transporte por motivos de fuerza mayor.

Fallo

El artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1384/95 de la Comisión, de 19 de junio de 1995, debe interpretarse en el sentido de que el deterioro sufrido por un cargamento de carne de bovino, en las circunstancias descritas por el órgano jurisdiccional remitente, no constituye un caso de fuerza mayor en el sentido de esta disposición.

(1) DO C 220, de 12.9.2009.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/9

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 25 de febrero de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Portugal) — Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd, anteriormente Baw International Ltd, Betandwin.Com Interactive Entertainment

(Asunto C-55/08) (1)

(Remisión prejudicial - Inadmisibilidad)

2010/C 134/14

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Judicial da Comarca do Porto

Partes

Demandante: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Demandada: Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin Intrnational Ltd, anteriormente Baw International Ltd, Betandwin.Com Interactive Entertainment

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Interpretación de los artículos 43 CE, 49 CE y 56 CE — Legislación nacional que reserva a determinado organismo el derecho a explotar, en régimen de exclusiva, los juegos de azar y las loterías, y que considera delito las actividades de organización, promoción y recaudación –incluso por Internet– de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Prohibición, impuesta a una empresa que ejerce como actividad la explotación de apuestas y loterías on line y que tiene su domicilio social en otro Estado miembro, de promover, organizar y explotar tales apuestas y loterías a través de Internet y de poner a disposición de los ganadores el importe de los premios.

Fallo

Declarar manifiestamente inadmisible la petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugal) mediante resolución de 19 de diciembre de 2007.

(1) DO C 92, de 12.4.2008.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/9

Auto del Tribunal de Justicia de 9 de diciembre de 2009 — Luigi Marcuccio/Comisión Europea

(Asunto C-432/08 P) (1)

(Recurso de casación - Funcionarios - Seguridad social - Asunción de los gastos médicos - Denegación implícita de la solicitud de reembolso de los gastos médicos en que incurrió el recurrente - Recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado)

2010/C 134/15

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Recurrente: Luigi Marcuccio (representante: G. Cipressa, avvocato)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: J. Currall y C. Berardis-Kayser, agente, A. dal Ferro, avvocato)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 9 de julio de 2008, Marcuccio/Comisión (asuntos acumulados T-296/05 y T-408/05), mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia declaró inadmisibles el recurso de anulación de dos decisiones implícitas de la oficina liquidadora del Régimen común del seguro de enfermedad de las Comunidades Europeas por la que ésta rechaza hacerse cargo del 100 % de determinados gastos médicos soportados por el demandante y un recurso dirigido a que se condene a la Comisión a pagar al demandante importes de determinados gastos médicos.

Fallo

1)	Desestimar el recurso de casación.

2)	El Sr. Marcuccio cargará con las costas derivadas del recurso de casación.

(1) DO C 313, de 6.12.2008.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/10

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 9 de marzo de 2010 [peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (Italia)] — Buzzi Unicem SpA, y otros

(Asuntos acumulados C-478/08 y C-479/08) (1)

(«Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Principio de “quien contamina paga” - Directiva 2004/35/CE - Responsabilidad medioambiental - Aplicabilidad ratione temporis - Contaminación anterior a la fecha prevista para la adaptación del Derecho interno a dicha Directiva y que ha continuado con posterioridad - Normativa nacional por la que se imputan los gastos de reparación de los daños vinculados a dicha contaminación a una pluralidad de empresas - Exigencia de que haya habido culpa o negligencia - Exigencia de relación de causalidad - Medidas reparadoras - Obligación de consulta a las empresas interesadas - Anexo II de dicha Directiva»)

2010/C 134/16

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia

Partes

Demandantes: Buzzi Unicem SpA, ISAB Energy srl, Raffinerie Mediterranee SpA (ERG) (C-478/08), Dow Italia Divisione Commerciale Srl (C-479/08)

Demandadas: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agencia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d’Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Sviluppo Italia SpA, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Salute, Regione siciliana, Commissario Delegato per Emergenza Rifuiti e Tutela Acque (Sicilia)

En el que participan: ENI Divisione Exploration and Production SpA, ENI SpA y Edison SpA

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Interpretación del artículo 174 CE y de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DO L 143, p. 56), y del principio de «quien contamina paga» — Normativa nacional que confiere a la Administración la potestad para obligar a empresarios privados a que ejecuten medidas de reparación, con independencia de la realización de una investigación propia para identificar al responsable de la contaminación en cuestión.

Fallo

En una situación de contaminación medioambiental como la controvertida en los asuntos principales:

—

Cuando, en una situación de contaminación medioambiental, no se cumplen las condiciones de aplicación ratione temporis y/o ratione materiae de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, tal situación estará sometida al Derecho nacional dentro del respeto de las reglas del Tratado y sin perjuicio de otros actos de Derecho derivado.

—

La Directiva 2004/35 no se opone a una normativa nacional que permite a la autoridad competente, que actúa en el marco de dicha Directiva, presumir la existencia de un nexo causal, incluso en el supuesto de contaminación de carácter difuso, entre los operadores y una contaminación comprobada y ello por razón de la proximidad de sus instalaciones al área contaminada. No obstante, de conformidad con el principio de quien contamina paga, a fin de presumir que existe tal nexo causal, dicha autoridad ha de disponer de indicios plausibles que puedan constituir la base de su presunción, por ejemplo, la proximidad de la instalación del operador a la contaminación comprobada y la coincidencia entre las sustancias contaminantes encontradas y las componentes utilizadas por el referido operador en el marco de sus actividades.

—

Los artículos 3, apartado 1, 4, apartado 5, y 11, apartado 2, de la Directiva 2004/35, deben interpretarse en el sentido de que, cuando la autoridad competente decida imponer medidas de reparación de daños medioambientales a los operadores cuyas actividades estén comprendidas dentro del ámbito de aplicación del anexo III de dicha Directiva, la autoridad competente no está obligada a demostrar que ha habido culpa o negligencia, ni tampoco una intención dolosa por parte de los operadores cuyas actividades se consideren responsables de los daños causados al medio ambiente. Por el contrario, incumbe a dicha autoridad, por una parte, investigar previamente el origen de la contaminación comprobada, para lo que dispone de un margen de apreciación en lo referente a los procedimientos, los medios que han de desplegarse y a la duración de tal investigación. Por otra parte, dicha autoridad está obligada a demostrar, según las normas nacionales en materia de prueba, la existencia de un nexo causal entre las actividades de los operadores afectados por las medidas de reparación y la referida contaminación.

—

En la medida en que la obligación de reparación sólo afecta a los operadores en cuanto a su contribución a la contaminación o al riesgo de contaminación, la autoridad competente debe, en principio, acreditar el grado de contribución de cada operador a la contaminación que la misma pretende combatir y tener en cuenta su respectiva contribución en el cálculo del coste de las acciones de reparación que dicha autoridad asigna a cada operador, sin perjuicio del artículo 9 de la Directiva 2004/35.

Los artículos 7 y 11, apartado 4, de la Directiva 2004/35, en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, en relación con el anexo II de dicha Directiva, deben interpretarse en el sentido de que:

—

la autoridad competente está facultada para modificar sustancialmente las medidas reparadoras de daños medioambientales que han sido adoptadas tras un procedimiento contradictorio llevado a cabo en colaboración con los operadores interesados y cuya ejecución ha comenzado o acabado. No obstante, para adoptar tal decisión:

—	dicha autoridad deberá oír a los operadores a los que se impongan tales medidas, salvo cuando la urgencia de la situación medioambiental exija una actuación inmediata por parte de la autoridad competente;

—	la referida autoridad también habrá de invitar, en particular, a las personas en cuyas tierras hayan de aplicarse tales medidas a presentar sus observaciones y las tendrá en cuenta, y

—

dicha autoridad deberá tener en cuenta los criterios previstos en el punto 1.3.1 del anexo II de la Directiva 2004/35 e indicar, en su decisión, los motivos exactos en los que se basa su elección así como, en su caso, los que justifiquen que no era necesario hacer un examen detallado a la vista de los referidos criterios o que éste no pudo efectuarse debido, por ejemplo, a la urgencia de la situación medioambiental.

—

En circunstancias como las que concurren en los litigios principales, la Directiva 2004/35 no se opone a una normativa nacional que permite a la autoridad competente supeditar el ejercicio, por parte de los operadores a los que van dirigidas las medidas reparadoras del medio ambiente, del derecho a utilizar sus terrenos a la condición de que ejecuten los trabajos que éstas exijan y ello aunque los referidos terrenos no estén afectados por esas medidas al haber sido objeto de medidas de saneamiento anteriores o no haber sido jamás contaminados. No obstante, tal medida ha de justificarse por el objetivo de impedir la agravación de la situación medioambiental en el lugar en que se ejecutan las referidas medidas o, en aplicación del principio de cautela, por el objetivo de prevenir la aparición o reaparición de otros daños medioambientales en los referidos terrenos de los operadores, adyacentes a todo el litoral objeto de las citadas medidas reparadoras.

(1) DO C 19, de 24.1.2009.

22.5.2010

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C 134/11

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 22 de enero de 2010 — ecoblue AG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Asunto C-23/09 P) (1)

(Recurso de casación - Marca comunitaria - Reglamento (CE) no 40/94 - Artículo 8, apartado 1, letra b) - Marca anterior BLUE - Signo denominativo «Ecoblue» - Riesgo de confusión - Similitud de los signos)

2010/C 134/17

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: ecoblue AG (representante: C. Osterrieth, Rechtsanwalt)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: D. Botis, agente), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 12 de noviembre de 2008, ecoblue AG/OAMI (T-281/07) mediante la que el Tribunal desestimó el recurso interpuesto por el solicitante de la marca denominativa «Ecoblue», para servicios comprendidos en las clases 35, 36 y 38, contra la resolución R 844/2006-1 de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), de 25 de abril de 2007, por la que se desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la División de Oposición que deniega el registro de la citada marca en el marco de la oposición formulada por el titular de la marca denominativa comunitaria «BLUE», para productos y servicios comprendidos en las clases 9, 36, y 38, así como de otras marcas denominativas comunitarias que contienen el término «BLUE»

Fallo

1)	Desestimar el recurso de casación.

2)	Condenar en costas a ecoblue AG.

(1) DO C 90 de 18.4.2009.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/12

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de marzo de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen — Suecia) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

(Asunto C-24/09) (1)

(Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia - Directiva 85/337/CE - Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente - Directiva 96/61 - Prevención y control integrados de la contaminación - Participación del público en los procedimientos de toma de decisiones medioambientales - Derecho a recurrir las resoluciones de autorización de proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente)

2010/C 134/18

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Högsta domstolen

Partes

Demandante: Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening

Demandada: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Högsta domstolen — Interpretación de los artículos 1, apartado 2, 6, apartado 4, y 10 bis de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40), en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo — Declaración de la Comisión (DO L 156, p. 17) — Interpretación de los artículos 2, apartado 14, y 15 bis de la Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (DO L 257, p. 26), en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE — Legislación nacional que permite a las asociaciones sin ánimo de lucro locales participar en el procedimiento previo de autorización de actividades peligrosas para el medio ambiente, pero que supedita el derecho de tales asociaciones a interponer un recurso contra las decisiones de autorización al requisito de tener como objeto estatutario la protección del medio ambiente, haber ejercido una actividad durante por lo menos tres años y tener por lo menos 2 000 miembros.

Fallo

El público interesado, en el sentido de los artículos 1, apartado 2, y 10 bis de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, y en el sentido de los artículos 2, punto 14, y 15 bis de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE, cuyo contenido ha sido recogido en los artículos 2, punto 15, y 16 de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, debe tener la posibilidad de presentar un recurso contra la decisión de una instancia judicial de un Estado miembro, relativa a la solicitud de una autorización de proyecto, con independencia del papel que haya desempeñado en la tramitación de dicha solicitud, participando en el procedimiento ante dicha instancia y exponiendo en él su postura.

Los artículos 10 bis de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 2003/35, y 15 bis de la Directiva 96/61, en su versión modificada por la Directiva 2003/35, cuyo contenido se ha recogido en el artículo 16 de la Directiva 2008/1, se oponen a una disposición de una normativa nacional que reserve el derecho a presentar un recurso contra una decisión relativa a un proyecto comprendido en el ámbito de aplicación, respectivamente, de las Directivas 85/337, en su versión modificada por la Directiva 2003/35, y 96/61, en su versión modificada por la Directiva 2003/35, exclusivamente a las asociaciones de protección del medio ambiente que cuenten con al menos 2 000 asociados.

(1) DO C 69, de 21.3.2009.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/13

Auto del Tribunal de Justicia de 22 de enero de 2010 — República Helénica/Comisión Europea

(Asunto C-43/09 P) (1)

(Recurso de casación - Decisión de la Comisión por la que se reduce la ayuda económica inicialmente concedida por el Fondo de Cohesión al proyecto del nuevo aeropuerto internacional de Atenas en Spata - Recurso de anulación - Principios de irretroactividad, de seguridad jurídica y de proporcionalidad - Recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado)

2010/C 134/19

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Recurrente: República Helénica (representantes: C. Meïdanis y M. Tassopoulou, agentes)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: D. Triantafyllou y B. Conte, agentes)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava) dictada el 19 de noviembre de 2008, Grecia/Comisión (T-404/05), mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia desestimó un recurso por el que se solicitaba la anulación de la Decisión E(2005) 3243 de la Comisión, de 1 de septiembre de 2005, por la que se reduce la ayuda concedida por el Fondo de Cohesión al proyecto no 95/09/65/040, relativo al nuevo aeropuerto internacional de Atenas en Spata.

Fallo

1)	Desestimar el recurso de casación.

2)	Condenar en costas a la República Helénica.

(1) DO C 69, de 21.3.2009.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/13

Auto del Tribunal de Justicia de 29 de enero de 2010 — Georgios Karatzoglou/Agencia Europea de Reconstrucción (AER), Comisión de las Comunidades Europeas, subrogándose en los derechos de la EAR

(Asunto C-68/09 P) (1)

(Recurso de casación - Artículo 119 del Reglamento de Procedimiento - Función Pública - Contrato de agente temporal de duración indefinida - Rescisión)

2010/C 134/20

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Georgios Karatzoglou (representante: S.A. Pappas, dikigoros)

Otras partes en el procedimiento: Agencia Europea de Reconstrucción (AER), Comisión de las Comunidades Europeas, subrogándose en los derechos de la EAR (representantes: D. Martin y J. Currall, agentes)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera), de 2 de diciembre de 2008, Karatzoglou/Agencia Europea de Reconstrucción (AER) (T-471/04) — Remisión al Tribunal de Primera Instancia tras anulación — Desestimación de un recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión de la AER por la que se rescinde el contrato de agente temporal del recurrente — Obligación de motivación — Desviación de poder — Principio de buena administración.

Fallo

1)	Desestimar el recurso de casación.

2)	Condenar en costas al Sr. Karatzoglou.

(1) DO C 82, de 4.4.2009.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/14

Auto del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 2010 — Iride SpA, Iride Energia SpA/Comisión Europea

(Asunto C-150/09 P) (1)

(Recurso de casación - Ayudas de Estado - Ayuda declarada compatible con el mercado común a condición de que su beneficiario reembolse una ayuda anterior declarada ilegal - Compatibilidad con el artículo 87 CE, apartado 1 - Errores de Derecho - Desnaturalización de las alegaciones de las recurrentes - Falta de motivación - Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado)

2010/C 134/21

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Recurrentes: Iride SpA, Iride Energia SpA (representantes: L. Radicati di Brozolo, M. Merola y T. Ubaldi, avvocati)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: E. Righini y G. Conte, agentes)

Objeto

Recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 11 de febrero de 2009, Iride SpA e Iride Energia SpA (T-25/07), mediante la cual dicho Tribunal desestimó la solicitud de anulación de la Decisión 2006/941/CE de la Comisión, de 8 de noviembre de 2006, relativa a la ayuda de Estado C 11/06 (ex N 127/05) que la República Italiana se propone conceder a AEM Torino (DO L 366, p. 62), en forma de subvenciones destinadas a compensar los costes irrecuperables en el sector de la energía, en la medida en que, por un lado, dicha Decisión declara que se trata de una ayuda de Estado y en que, por otro, supedita la compatibilidad de la ayuda con el mercado común al requisito de que AEM Torino reembolse las ayudas ilegales anteriores concedidas en el marco del régimen en favor de las denominadas empresas «municipales».

Fallo

1)	Desestimar el recurso de casación.

2)	Condenar en costas a Iride SpA y a Iride Energia SpA.

(1) DO C 153, de 4.7.2009.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/14

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 9 de diciembre de 2009 — eDate Advertising GmbH/X

(Asunto C-509/09)

2010/C 134/23

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: eDate Advertising GmbH

Demandada: X

Cuestiones prejudiciales

En caso de (riesgo de) vulneración de los derechos de la personalidad a través del contenido de un sitio de Internet, ¿debe interpretarse la expresión «lugar donde pudiere producirse el hecho dañoso» contenida en el artículo 5, número 3, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I») (1) en el sentido de que

el afectado puede entablar una acción inhibitoria contra el gestor del sitio de Internet también ante los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro desde el que puede accederse al sitio de Internet, cualquiera que sea el Estado miembro de establecimiento del gestor,

la competencia de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro en el que el gestor del sitio de Internet no tenga su establecimiento está supeditada a la existencia de una vinculación especial del contenido controvertido o del sitio de Internet con el Estado del foro que vaya más allá de la mera posibilidad técnica de acceso al sitio de Internet?

En caso de que se exija dicha vinculación con el Estado del foro,

¿Qué criterios determinan dicha vinculación?

¿Depende ésta de que el sitio de Internet al que se refiere la acción inhibitoria esté dirigido, por haberlo así el gestor del mismo, (también) a los usuarios de Internet en el Estado del foro, o es suficiente que la información accesible en el sitio de Internet presente una vinculación objetiva con el Estado del foro, en el sentido de que, a la luz de las circunstancias del caso concreto, en especial del contenido del sitio de Internet controvertido, se haya producido o pueda producirse en el Estado del foro una colisión de los intereses concurrentes, a saber, el interés del demandante en el respeto de sus derechos de la personalidad y el interés del gestor en el diseño de su sitio de Internet y en la cobertura informativa?

¿Es decisivo para determinar la vinculación con el Estado del foro el número de consultas realizadas desde dicho Estado al sitio de Internet controvertido?

Si la atribución de la competencia no requiere un vínculo especial con el Estado del foro o si dicho vínculo se presume cuando la información controvertida presenta una vinculación objetiva con el Estado del foro, en el sentido de que, a la luz de las circunstancias del caso concreto, en especial del contenido del sitio de Internet controvertido, se ha producido o puede producirse en dicho Estado una colisión de los intereses concurrentes, y la presunción de dicha vinculación no exija la constancia de un número mínimo de consultas realizadas desde el Estado del foro al sitio de Internet controvertido,

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (en lo sucesivo, «Directiva sobre el comercio electrónico») (2) en el sentido de que:

debe atribuirse a las disposiciones mencionadas el carácter de normas de conflicto que, prevalecen sobre las normas nacionales de conflicto también en el ámbito del Derecho civil determinan la aplicación exclusiva del Derecho del país de origen,

dichas disposiciones constituyen un correctivo del derecho material aplicable a través del cual se modifica el contenido del Derecho aplicable designado por las normas nacionales de conflicto y se reduce a las exigencias del Derecho del Estado de origen?

Si el artículo 3, apartados 1 y 2 de la Directiva sobre el comercio electrónico tienen el carácter de normas de conflicto:

¿Determinan dichas disposiciones únicamente la aplicación exclusiva de la ley material del Derecho del país de origen o también la aplicación de sus normas nacionales de conflicto por lo que no se excluye un posible un reenvío del Derecho del Estado de origen al Derecho del Estado del foro?

(1) DO L 12, p. 1.

(2) DO L 178, p. 1.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/15

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Trani (Italia) el 13 de enero de 2010 — Vino Cosimo Damiano/Poste Ialiane SpA

(Asunto C-20/10)

2010/C 134/24

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale di Trani

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Vino Cosimo Damiano

Demandada: Poste Ialiane SpA

Cuestiones prejudiciales

¿Se opone la cláusula 8, apartado 3, del Acuerdo marco recogido en la Directiva 1999/70/CE (1) a una norma interna (como la prevista en el artículo 2, apartado 1 bis, del Decreto Legislativo no 368/2001) que, al adaptar el Derecho interno a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de julio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, introduce en el ordenamiento interno la posibilidad de que SpA Poste Italiane contrate trabajadores por duración determinada «sin causa»?

Para justificar una reformatio in peius de la citada norma en materia de contratos de duración determinada y para que la prohibición establecida en la cláusula 8, apartado 3, del Acuerdo marco recogido en la Directiva 1999/70/CE no sea aplicable, ¿basta con que el legislador interno persiga un objetivo cualquiera, aunque no sea adaptar el Derecho interno a dicha Directiva, o es necesario que dicho objetivo no sólo merezca una tutela equivalente, como mínimo, a la del objetivo preterido sino que además sea «declarado» expresamente?

¿Se opone la cláusula 3, apartado 1, del Acuerdo marco recogido en la Directiva 1999/70/CE a una norma interna (como la prevista en el artículo 2, apartado 1 bis, del Decreto Legislativo no 368/2001), que, al adaptar el Derecho interno a la Directiva 199/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, introduce en el ordenamiento interno la posibilidad de que SpA Poste Italiane contrate trabajadores por duración determinada «sin causa»?

¿Se oponen los principios generales comunitarios de no discriminación y de igualdad a una norma interna (como la prevista en el artículo 2, apartado 1 bis, del Decreto Legislativo no 368/2001), que, al adaptar el Derecho interno a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, introduce en el ordenamiento interno una posibilidad de contratar por duración determinada «sin causa» que perjudica a los trabajadores de SpA Poste Italiane así como, respecto de dicha sociedad, a otras empresas de su mismo sector o de otro distinto?

¿Se oponen los artículos 82 CE, apartado 1, y 86 CE, apartados 1 y 2, a una norma interna (como la prevista en el artículo 2, apartado 1 bis, del Decreto Legislativo no 368/2001) que, al adaptar el Derecho interno a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, introduce en el ordenamiento interno exclusivamente a favor de SpA Poste Italiane (empresa con capital público al 100 %) la posibilidad de contratar por duración determinada «sin causa», creando así una situación de abuso de posición dominante?

6)	En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones anteriores, ¿está obligado el órgano jurisdiccional nacional a inaplicar (o no aplicar) la norma interna contraria al Derecho comunitario?

(1) DO L 175, p. 43.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/16

Petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský súd v Prešove (República de Eslovaquia) el 9 de febrero de 2010 — POHOTOVOSŤ s.r.o./Iveta Korčkovská

(Asunto C-76/10)

2010/C 134/25

Lengua de procedimiento: eslovako

Órgano jurisdiccional remitente

Krajský súd v Prešove

Partes en el procedimiento principal

Demandante: POHOTOVOSŤ s.r.o.

Demandada: Iveta Korčkovská

Cuestiones prejudiciales

1. Primera cuestión prejudicial

a)	¿Tiene el dato del coste global para el consumidor en puntos porcentuales (tasa anual equivalente, TAE) tal importancia que, cuando no se indique en el contrato, el coste del crédito al consumo no puede considerarse transparente, suficientemente claro y comprensible?

Según el régimen de protección del consumidor previsto en la Directiva 93/13/CEE (1) del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, ¿puede considerarse que el coste constituye también una cláusula abusiva en un contrato de crédito al consumo por no ser suficientemente transparente y comprensible, cuando en el contrato no figure el dato en puntos porcentuales relativo a los costes globales del crédito al consumo y el coste [del crédito] se exprese únicamente mediante una cantidad de dinero integrada por múltiples gastos accesorios, que se mencionan en parte en el contrato y en parte en las condiciones generales del contrato?

2. Segunda cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en el sentido de que cuando el juez nacional que conoce sobre una solicitud de ejecución forzosa de un laudo arbitral con fuerza de cosa juzgada, dictado sin la comparecencia del consumidor, disponga para ello de la información necesaria sobre la situación jurídica y fáctica, debe apreciar de oficio el carácter desproporcionado de una penalización contenida en el contrato de crédito celebrado por la entidad financiera con el consumidor, siempre que en virtud de las disposiciones procesales nacionales sea posible efectuar dicha apreciación en el marco de procedimientos análogos basados en el Derecho nacional?

b)	Ante una penalización desproporcionada por el incumplimiento de las obligaciones del consumidor, ¿incumbe al juez nacional deducir todas las consecuencias que se derivan de ello conforme al Derecho nacional, de modo que el consumidor no esté vinculado por dicha penalización?

c)	¿Puede considerarse abusiva, por su desproporción, una penalización de un 0,25 % diario, es decir un 91,25 % anual, sobre el importe del crédito adeudado?

3. Tercera cuestión prejudicial

Según el régimen de protección del consumidor en el marco de la aplicación de las normas de la Unión Europea (Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE) a los contratos de crédito al consumo, cuando en el contrato se hayan eludido las disposiciones establecidas para proteger al consumidor en los créditos al consumo y ya se haya presentado en virtud de dicho contrato una solicitud de ejecución de un laudo arbitral, ¿puede el juez suspender la ejecución forzosa u ordenar la ejecución contra el deudor sólo por el importe de la parte no reembolsada del crédito concedido, cuando sea posible realizar tal valoración del laudo arbitral conforme a las disposiciones nacionales y el juez disponga de la información necesaria sobre la situación jurídica y fáctica?

(1) DO L 112, p. 29.

22.5.2010

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C 134/17

Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 12 de febrero de 2010 — Telefónica Móviles España S.A./Administración del Estado (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones)

(Asunto C-85/10)

2010/C 134/26

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Supremo

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Telefónica Móviles España S.A.

Otra parte: Administración del Estado (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones)

Cuestiones prejudiciales

¿El artículo 11, apartado 2, de la Directiva 97/13/CE (1), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones […], y, singularmente, las exigencias de garantizar el uso óptimo de los recursos escasos y de potenciar los servicios innovadores, deben interpretarse en el sentido de que no consienten una normativa nacional que desvincula el importe de un gravamen sobre esa clase de recursos (tasa por reserva del dominio público radioeléctrico) de la finalidad específica que con anterioridad tenía expresamente asignada (financiación de la investigación y de la formación en materia de telecomunicaciones, así como cumplimiento de las obligaciones de servicio público), sin asignarle otra en particular?

¿Si el mencionado artículo 11, apartado 2, y, en especial, las exigencias de garantizar el uso óptimo de los recursos escasos y de potenciar los servicios innovadores, se opone a una regulación nacional que incrementa, sin justificación aparente y de forma notable, el importe de la tasa para un sistema digital DCS-1800, al tiempo que lo mantiene para los sistemas analógicos de primera generación como el TACS?

(1) DO L 117, p. 15

22.5.2010

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C 134/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 17 de febrero de 2010 — Finanzamt Essen-NordOst/GFKL Financial Services AG

(Asunto C-93/10)

2010/C 134/27

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Finanzamt Essen-NordOst

Demandada: GFKL Financial Services AG

Cuestiones prejudiciales

Para interpretar el artículo 2, número 1, y el artículo 4 de la Directiva 77/388/CEE (1) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios: en la venta (compra) de créditos impagados en la que el comprador asume el cobro de los créditos y el riesgo de impago, ¿existe una prestación a título oneroso y una actividad económica del comprador de los créditos cuando el precio:

—	no se determine con arreglo al valor nominal de los créditos y pactando una reducción a tanto alzado por la asunción del cobro y del riesgo de impago,

—	sino que se establezca en función del riesgo de impago estimado para cada crédito, y el cobro de los créditos tenga una consideración meramente secundaria en relación con la reducción correspondiente al riesgo de impago?

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, para interpretar el artículo 13, parte B, letra d), números 2 y 3, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios:

a)	En la adquisición de créditos impagados a un precio considerablemente inferior a su valor nominal, ¿la asunción del riesgo de impago por el comprador del crédito está exenta del impuesto como prestación de otras modalidades de garantía?

b)	En caso de que concurra una asunción de riesgos exenta del impuesto, ¿el cobro de los créditos está exento del impuesto como parte de una prestación única o como prestación accesoria, o está sujeto al impuesto como prestación independiente?

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión y de que no concurra una prestación exenta del impuesto, para interpretar el artículo 11, parte A, apartado 1, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios:

¿La contraprestación por la prestación sujeta al impuesto viene determinada por los costes de cobro presumidos por las partes o por los costes efectivos?

(1) DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/18

Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austria) el 23 de febrero de 2010 — Gentcho Pavlov y Gregor Famira/Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

(Asunto C-101/10)

2010/C 134/28

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austria)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Gentcho Pavlov y Gregor Famira

Demandada: Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

Cuestiones prejudiciales

¿Era el artículo 38, apartado 1, del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra, (1) directamente aplicable, en el período comprendido entre el 2 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2006, al procedimiento de inscripción de un nacional búlgaro en la lista de abogados en prácticas?

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

¿Se oponía el artículo 38, apartado 1, del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra, a que se aplicase el artículo 30, apartados 1 y 5, de la Österreichische Rechtsanwaltsordnung (Estatuto de la Abogacía austriaco) –con arreglo al cual para la inscripción es necesario, entre otros requisitos, acreditar la nacionalidad austriaca u otra nacionalidad equiparable– a la solicitud, presentada el 2 de enero de 2004 por un nacional búlgaro empleado por un abogado austriaco, de inscripción en la lista austriaca de abogados en prácticas y de obtención de un título de habilitación conforme al artículo 15, apartado 3, de la Österreichische Rechtsanwaltsordnung, y a que se desestimase la solicitud únicamente por razón de la nacionalidad, pese a cumplirse los demás requisitos y haberse concedido un permiso de residencia y trabajo para Austria?

(1) DO L 358, de 31.12.1994, p. 3.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/19

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Ireland el 24 de febrero de 2010 — Patrick Kelly/National University of Ireland

(Asunto C-104/10)

2010/C 134/29

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Ireland

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Patrick Kelly

Demandada: National University of Ireland

Cuestiones prejudiciales

¿El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 97/80/CE (1) del Consejo otorga al candidato a un curso de formación profesional, que cree que se le ha denegado el acceso a dicha formación porque no se le ha aplicado el principio de igualdad de trato, un derecho a obtener información sobre las cualificaciones respectivas de los demás candidatos a dicho curso y, en especial, de los candidatos admitidos al mencionado curso, a fin de que dicho candidato pueda «acreditar ante un tribunal u otra autoridad competente los hechos de los que cabe deducir la existencia de una discriminación directa o indirecta»?

¿El artículo 4 de la Directiva 76/207/CEE (2) del Consejo otorga al candidato a un curso de formación profesional, que cree que se le ha denegado un acceso a dicha formación «sobre la base de los mismos criterios» y que ha sido discriminado «por razones de sexo» en la admisión a la formación profesional, un derecho a la información en poder de la entidad organizadora del curso sobre las cualificaciones respectivas de los demás candidatos a dicho curso, y en especial de los candidatos a los que no se denegó la admisión a la formación profesional?

¿El artículo 3 de la Directiva 2002/73/CE (3) del Consejo, que prohíbe «la discriminación directa o indirecta por razones de sexo» en la «admisión» a la formación profesional, otorga al candidato a un curso de formación profesional, que alega que ha sido discriminado «por razones de sexo» en la admisión a la formación profesional, un derecho a la información en poder de la entidad organizadora del curso sobre las cualificaciones respectivas de los demás candidatos a dicho curso, y en especial de los candidatos a los que no se denegó la admisión a la formación profesional?

¿Varía la naturaleza de la obligación establecida en virtud del artículo 267, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuando se trata de un Estado miembro con un sistema jurídico basado en la contradicción (en contraposición a los sistemas inquisitoriales) y, en caso afirmativo, de qué forma?

5)	¿Puede verse afectado el derecho a la información derivado de las Directivas mencionadas por la aplicación de la normativa nacional o europea relativa a la confidencialidad?

(1) Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo (DO 1998, L 14, p. 6).

(2) Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70).

(3) Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 269, p. 15).

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/20

Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 25 de febrero de 2010 — Enel Maritsa Iztok 3/Director de la Sección de «Impugnación y gestión de la ejecución» de la administración central en Sofía de la Agencia Nacional de Recaudación

(Asunto C-107/10)

2010/C 134/30

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Administrativen sad Sofia-grad

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Enel Maritsa Iztok 3

Demandada: Director de la Sección de «Impugnación y gestión de la ejecución» de la administración central en Sofía de la Agencia Nacional de Recaudación

Cuestiones prejudiciales

El artículo 18, apartado 4, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, (1) y el artículo 183, párrafo primero, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, (2) en las circunstancias del procedimiento principal:

¿Deben interpretarse en el sentido de que permiten que, en virtud de una reforma legal aprobada con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal, se prorrogue el plazo de devolución del IVA hasta la fecha en que se dicte una resolución de la inspección fiscal, por haberse iniciado dentro del plazo de 45 días desde la presentación de la declaración del impuesto una inspección fiscal contra el interesado, sin que durante ese período de tiempo se deban abonar intereses por el importe a devolver, si al mismo tiempo se dan las siguientes circunstancias:

a)	antes de la reforma legal había expirado el plazo legal de 45 días para la devolución del impuesto e, independientemente del inicio de la inspección fiscal, habían comenzado a devengarse intereses sobre el importe a devolver;

b)	durante la inspección fiscal se declaró correcta la cuota a devolver declarada;

c)	la única posibilidad legal que tiene el sujeto pasivo para reducir este plazo es aportar una garantía por cuantía equivalente al importe a devolver, en forma de dinero al contado, títulos de deuda pública o un aval bancario incondicional e irrevocable de una determinada duración?

¿Deben interpretarse en el sentido de que permiten regular un plazo de devolución del IVA con una duración de 45 días desde la fecha de presentación de la declaración de ese impuesto, así como la posibilidad legal de suspender y posteriormente prorrogar dicho plazo mediante el inicio durante el mismo de una inspección fiscal, teniendo en cuenta que el período impositivo para la liquidación de este impuesto es de un mes?

¿Deben interpretarse en el sentido de que permiten que se efectúe la devolución del IVA mediante una resolución de la inspección fiscal en la que se compense el importe a devolver con deudas tributarias por IVA y por otros impuestos y con créditos públicos correspondientes a diferentes períodos impositivos, determinados todos ellos en la propia resolución de la inspección fiscal, así como con los intereses liquidados sobre dichos importes hasta la fecha en que se dictó la resolución de la inspección fiscal, teniendo en cuenta que durante la inspección fiscal se declaró correcta la cuota a devolver declarada y, al mismo tiempo, concurren las siguientes circunstancias:

a)	durante el procedimiento de inspección fiscal no se adoptó ninguna medida cautelar para asegurar futuros créditos públicos que pudieran determinarse en el curso del procedimiento que dio lugar a la resolución de la inspección fiscal;

b)	la compensación con créditos públicos no está prevista en el Derecho nacional como medio de ejecución forzosa ni como medida cautelar;

c)	los plazos de impugnación y de pago voluntario de los importes principales e intereses compensados no habían expirado, dado que dichas cantidades se determinaron en la misma resolución de la inspección fiscal, y parte de ellos han sido impugnados por vía judicial?

¿Deben interpretarse en el sentido de que permiten que, en el supuesto de que se haya constatado la corrección de la cuota a devolver indicada en la declaración del impuesto, el Estado proceda a una compensación con deudas tributarias determinadas en la misma resolución de la inspección fiscal, correspondientes a períodos de tiempo anteriores a la presentación de la declaración del impuesto, así como con intereses por esas deudas, y efectúe dicha compensación en la fecha en que se dictó la resolución de la inspección fiscal en lugar de efectuarla en la fecha de presentación de la declaración, teniendo en cuenta que el Estado no adeuda intereses durante el plazo legal de devolución, pero cobra intereses sobre los impuestos compensados desde el día de presentación de la declaración hasta la fecha en que se dictó la resolución de la inspección fiscal?

(1) DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54.

(2) DO L 347, p. 1.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/21

Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) el 26 de febrero de 2010 — Ivana Scattolon/Ministero dell’Università e della Ricerca

(Asunto C-108/10)

2010/C 134/31

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Ordinario di Venezia

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ivana Scattolon

Demandada: Ministero dell’Università e della Ricerca

Cuestiones prejudiciales

¿Deben interpretarse la Directiva 77/187/CEE del Consejo (1) o la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, (2) u otras normas comunitarias que se consideren aplicables, en el sentido de que pueden aplicarse a un supuesto de traspaso del personal encargado de los servicios auxiliares de limpieza y mantenimiento de edificios escolares estatales, desde entidades públicas locales (municipios y provincias) al Estado, cuando el traspaso ha supuesto no sólo la subrogación en las actividades y en las relaciones con todo el personal (bedeles), sino también en los contratos públicos adjudicados a empresas privadas para prestar tales servicios?

¿Debe interpretarse la continuidad de la relación laboral prevista en el artículo 3, apartado 1, primer párrafo, de la Directiva 77/187 (recogida, junto con la Directiva 98/50/CE, (3) en la Directiva 2001/23/CE) en el sentido de que para cuantificar las retribuciones económicas vinculadas a la antigüedad en la entidad cesionaria han de tenerse en cuenta todos los años de servicio del personal traspasado, incluidos los transcurridos al servicio del cedente?

¿Deben interpretarse el artículo 3 de la Directiva 77/187 o la Directiva 98/50/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998, y la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, en el sentido de que los derechos de los trabajadores que son traspasados al cesionario comprenden también las situaciones favorables adquiridas por el trabajador en la entidad cedente, como la antigüedad profesional si de ésta se derivan, según el convenio colectivo vigente en el cesionario, derechos de carácter económico?

¿Los principios generales del Derecho comunitario vigente de seguridad jurídica, protección de la confianza legítima, igualdad de medios de defensa en el proceso, tutela judicial efectiva, derecho a un juez independiente y, en general, a un juicio justo, garantizados por el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (en su versión modificada por el artículo 1, apartado 8, del Tratado de Lisboa y al que hace referencia el artículo 46 del Tratado de la Unión), en relación con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y los artículos 46, 47 y 52, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000, tal como se ha recogido en el Tratado de Lisboa, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el Estado italiano promulgue, después de un plazo considerable (5 años), una norma de interpretación auténtica que se aparta del texto objeto de interpretación y que se opone a la interpretación reiterada y consolidada del órgano titular de la función exegética, siendo dicha norma pertinente para la resolución de litigios en los que el Estado italiano es parte interesada?

(1) DO L 61, p. 26; EE 05/02, p. 122.

(2) DO L 82, p. 16.

(3) DO L 201, p. 88.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/22

Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Bélgica) el 3 de marzo de 2010 — Belpolis Benelux SA/Belgische Staat

(Asunto C-114/10)

2010/C 134/33

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Belpolis Benelux SA

Demandada: Belgische Staat

Cuestiones prejudiciales

¿Se opone el Derecho comunitario, en particular el principio de libre prestación de servicios consagrado en el artículo 56 TFUE, a una normativa como la recogida en los artículos 1 y 1 bis del Koninklijke Besluit (Real Decreto) no 20, de 20 de julio de 1970, en virtud de la cual sólo cabe acogerse al tipo reducido del IVA (6 %) para obras en inmuebles si el prestador de servicios está registrado en Bélgica como contratista, de conformidad con los artículos 400 y 401 del Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (Código belga de los impuestos sobre la renta de 1992)?

¿Vulnera el principio de neutralidad fiscal y/o el principio general comunitario de igualdad un normativa como la recogida en los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto no 20, de 20 de julio de 1970, en la medida en que sólo cabe beneficiarse del tipo reducido del IVA (6 %) para obras en inmuebles si el prestador de servicios está registrado en Bélgica como contratista, de conformidad con los artículos 400 y 401 del Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (Código belga de los impuestos sobre la renta de 1992)?

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/22

Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Bíróság (Hungría) el 3 de marzo de 2010 — Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt. «f.a.»/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Asunto C-115/10)

2010/C 134/34

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Fővárosi Bíróság

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt. «f.a.»

Demandada: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Cuestiones prejudiciales

¿Los requisitos para las ayudas comunitarias en el ámbito de la política agrícola común (FEOGA) pueden ser diferentes de los requisitos para las ayudas nacionales complementarias, es decir, cabe establecer para las ayudas nacionales complementarias requisitos distintos y más estrictos que los regulados para las ayudas financiadas a través del FEOGA?

¿Puede interpretarse el ámbito de aplicación subjetiva, en lo relativo a los perceptores de las ayudas, establecido en el artículo 1, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 3508/92 del Consejo (1) y en el artículo 10, letra a), del Reglamento (CE) no 1259/1999 del Consejo (2) en el sentido de que, desde el punto de vista subjetivo, sólo existen dos requisitos para las ayudas: tendrá derecho a percibir una ayuda a) aquel grupo de productores agrícolas (individuo) b) cuya explotación se encuentre en el territorio de la Comunidad?

3)	¿Los Reglamentos anteriormente citados pueden interpretarse en el sentido de que un productor agrícola cuya explotación se encuentra en el territorio de la Comunidad, pero que quiere cesar su actividad en el futuro (después de utilizar la ayuda), no tiene derecho a la ayuda?

4)	Sobre la base de los dos Reglamentos anteriormente citados, ¿cómo ha de interpretarse el régimen jurídico otorgado por las legislaciones nacionales?

¿El régimen jurídico otorgado por las legislaciones nacionales incluye el régimen jurídico correspondiente al eventual modo del cese de la actividad por el productor agrícola (grupo)? El Derecho húngaro regula diferentes regímenes jurídicos para los posibles supuestos de cese (procedimientos de suspensión de pagos, de quiebra y de liquidación).

¿Cabe regular de forma distinta y absolutamente independiente los requisitos para solicitar un pago (comunitario) único por superficie y los requisitos para solicitar una ayuda nacional complementaria? ¿Qué relación hay (puede haber) entre los principios, sistemática y objetivos de ambos tipos de ayudas?

7)	¿Puede excluirse de la ayuda nacional complementaria a un grupo (persona) que, por lo demás, cumple los requisitos para el pago comunitario único por superficie?

¿El ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 1259/1999 del Consejo también se extiende, sobre la base de su artículo 1, a las ayudas nacionales complementarias, teniendo en cuenta que lo que el FEOGA sólo financia parcialmente se financia consecuentemente mediante una ayuda nacional complementaria?

9)	Un productor agrícola cuya explotación, que funciona legal y efectivamente, se encuentra en el territorio de la Comunidad, ¿tiene derecho a percibir la ayuda nacional complementaria?

10)	Si el Derecho nacional contiene una regulación específica para el procedimiento de cese de las sociedades mercantiles, ¿dicha regulación tiene relevancia desde el punto de vista de las ayudas comunitarias (y de las ayudas nacionales vinculadas a éstas)?

11)

¿Cabe interpretar la normativa comunitaria y la normativa nacional relativas al funcionamiento de la política agrícola común en el sentido de que dichas normativas han de crear un sistema jurídico complejo, que pueda interpretarse de manera uniforme y que funcione sobre la base de principios y requisitos idénticos?

12)

¿Cabe interpretar el ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 3508/92 del Consejo y del artículo 10, letra a), del Reglamento (CE) no 1259/1999 del Consejo en el sentido de que, desde el punto de vista de las ayudas, resultan completamente irrelevantes tanto la intención del productor agrícola de cesar su actividad en el futuro como el régimen jurídico correspondiente a dicha intención?

(1) Reglamento (CEE) no 3508/92 del Consejo, de 27 de noviembre de 1992, por el que se establece un sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayuda comunitarios (DO L 355, p. 1).

(2) Reglamento (CE) no 1259/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común (DO L 160, p. 113).

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/23

Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 4 de marzo de 2010 — Frisdranken Industrie Winters B.V./Red Bull GmbH

(Asunto C-119/10)

2010/C 134/35

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Frisdranken Industrie Winters B.V.

Recurrida: Red Bull GmbH

Cuestiones prejudiciales

¿Debe calificarse el mero «llenado» de envases, provistos de un signo [como se ha dicho antes en el apartado 3.1 (iv)], como uso de dicho signo en el tráfico económico en el sentido del artículo 5 de la Directiva de marcas, (1) aunque dicho llenado se realice como prestación de servicios a un tercero y por encargo de éste para distinguir los productos de dicho comitente?

b)	¿Es relevante para la respuesta a la cuestión 1) a. el hecho de que exista violación del derecho de marca en el sentido del artículo 5, apartado 1, inicio y letra a) o letra b)?

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1) a., ¿puede prohibirse en el Benelux el uso del signo, también con arreglo al artículo 5 de la Directiva de marcas, si los productos provistos del signo están destinados exclusivamente a la exportación a países de fuera a) del territorio del Benelux o b) de la Unión Europea y en el interior de dicho territorio –salvo en la empresa en la que tuvo lugar el llenado– el público no puede verlos?

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2) (a o b), ¿qué criterio se debe establecer para responder a la pregunta de si existe violación del derecho de marca: sirve, pues, de criterio la percepción del consumidor (medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) en el Benelux (o en la Unión Europea en su caso) –la cual, en las circunstancias dadas, no puede ser determinada más que de forma ficticia o abstracta– o se debe aplicar otro criterio al respecto, por ejemplo, la percepción del consumidor en el país al que los productos son exportados?

(1) Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/24

Recurso interpuesto el 5 de marzo de 2010 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-121/10)

2010/C 134/36

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci, L. Flynn, A. Stobiecka-Kuik, K. Walkerová, agentes)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

—	Que se anule la Decisión 2009/1017/UE del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, relativa a la concesión de ayuda pública por parte de las autoridades de la República de Hungría para la compra de tierras agrícolas entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013. (1)

—	Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

El Consejo, al adoptar la Decisión impugnada, revocó la Decisión de la Comisión derivada de la propuesta de medidas adecuadas del punto 196 de las Directrices agrícolas de 2007 y de su aceptación incondicional por Hungría, que obligaba a esta última a poner fin hasta el 31 de diciembre de 2009 a los dos programas existentes de ayudas para la compra de tierras agrícolas. So pretexto de circunstancias excepcionales, el Consejo permitió a Hungría, en la práctica, mantener dichos programas hasta la expiración de las Directrices agrícolas de 2007 el 31 de diciembre de 2013. Las circunstancias invocadas por el Consejo para motivar su Decisión, evidentemente, no resultan de tal naturaleza que puedan justificar la Decisión adoptada y no tienen en cuenta la Decisión de la Comisión sobre dichos programas.

En apoyo de su recurso de anulación, la Comisión invoca los cuatro siguientes motivos:

En primer lugar, sostiene que el Consejo carecía de competencia para intervenir con arreglo al párrafo tercero del apartado 2 del artículo 108 TFUE, porque la ayuda que aprobó era una ayuda existente que Hungría se había comprometido a eliminar antes de que finalizara 2009 cuando aceptó las medidas adecuadas que la Comisión le propuso.

b)	En segundo lugar, autorizando las ayudas hasta 2013, el Consejo incurrió en una desviación de poder al tratar de neutralizar la decisión de que Hungría podía mantener en vigor las ayudas hasta el fin de 2009, pero no después de esa fecha.

Añade, en su tercer motivo, que la Decisión impugnada se adoptó violando el principio de cooperación leal que se aplica a los Estados miembros y también entre instituciones. Mediante su Decisión, el Consejo eximió a Hungría de su obligación de cooperación con la Comisión respecto de las medidas adecuadas aceptadas por dicho Estado miembro relativas a la ayuda existente para la compra de terrenos agrícolas en el ámbito de la cooperación establecida por el artículo 108 TFUE, apartado 1.

d)	Mediante su último motivo, la Comisión alega que el Consejo cometió un error manifiesto de apreciación al considerar que concurrían circunstancias excepcionales que justificaban la adopción de la medida aprobada.

(1) DO L 348, p. 55.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/25

Petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) el 10 de marzo de 2010 — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA/Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

(Asunto C-126/10)

2010/C 134/37

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Supremo Tribunal Administrativo

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA

Recurrida: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

Interviniente: Ministério Público

Cuestiones prejudiciales

¿Qué sentido y alcance tiene lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, letra a), de la Directiva 90/434/CEE, de 23 de julio de 1990, (1) y, en particular, cuál es el contenido del concepto «motivos económicos válidos» y del concepto «reestructuración o racionalización de las actividades» de las sociedades que participan en operaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 90/434/CEE?

¿Resulta admisible interpretar el concepto «motivos económicos válidos» en el sentido de que tales motivos no existirían en una operación concreta de fusión dentro de un grupo por el mero hecho de que la actividad desarrollada por la sociedad absorbida fuera escasa en comparación con la de la sociedad absorbente, a pesar de que conste que la fusión puede tener como resultado una reducción de los costes de administración y gestión y, en esa medida, entrañar un efecto positivo, en términos de estructura de costes del grupo, derivado de la supresión de una parte de esa misma estructura?

(1) Directiva 90/434/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros (DO L 225, p. 1).

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/25

Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado) (Grecia) el 11 de marzo de 2010 — Naftiliaki Etaireia Thasou/Ypourgos Emporikis Naftilías

(Asunto C-128/10)

2010/C 134/38

Lengua de procedimiento: griego

Órgano jurisdiccional remitente

Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Naftiliaki Etaireia Thasou (Compañía naviera de Thassos)

Demandada: Ypourgos Emporikis Naftilías (Ministro de la Marina Mercante)

Cuestión prejudicial

«¿Los artículos 1, 2 y 4 del Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364, p. 7), interpretados de conformidad con el principio de libre prestación de servicios, permiten que se adopte una normativa nacional en virtud de la cual los armadores únicamente pueden prestar servicios de cabotaje marítimo previa obtención de una autorización administrativa, siendo así que: a) dicho régimen de autorización tiene por objeto comprobar si, en función de la situación existente en un determinado puerto, las conexiones marítimas previstas por el armador en su declaración pueden llevarse a cabo en condiciones de seguridad para el buque y respetando el buen orden del puerto, así como verificar la capacidad del buque para el que se solicita la autorización para arribar sin dificultades a un determinado puerto en el horario que el armador haya estimado preferible para efectuar una determinada conexión, sin que exista no obstante una norma jurídica que determine previamente los criterios con arreglo a los cuales la Administración Pública deberá valorar estas cuestiones, en particular cuando existan varios armadores interesados en una determinada escala en el mismo momento y en el mismo puerto; b) dicho régimen de autorización constituye al mismo tiempo un medio para imponer obligaciones de servicio público que presenta, desde este punto de vista, las siguientes características: i) se aplica indistintamente a todas las conexiones regulares con las islas; ii) la autoridad administrativa competente para conceder la autorización dispone de una amplia potestad discrecional para imponer obligaciones de servicio público, sin que exista una norma jurídica que determine previamente los criterios de ejercicio de dicha potestad discrecional y sin que se haya determinado previamente el contenido de las obligaciones de servicio público que eventualmente puedan imponerse?»

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/26

Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado) (Grecia) el 11 de marzo de 2010 — Amaltheia I Naftiki Etaireia/Ypourgos Emporikis Naftilías (Ministro de la Marina Mercante)

(Asunto C-129/10)

2010/C 134/39

Lengua de procedimiento: griego

Órgano jurisdiccional remitente

Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Amaltheia I Naftiki Etaireia

Demandada: Ypourgos Emporikis Naftilías (Ministro de la Marina Mercante)

Cuestión prejudicial

«¿Los artículos 1 y 2 del Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364, p. 7), interpretados de conformidad con el principio de libre prestación de servicios, permiten que se adopte una normativa nacional en virtud de la cual los armadores únicamente pueden prestar servicios de cabotaje marítimo previa obtención de una autorización administrativa, que se concede con arreglo a un régimen de autorización que tiene por objeto comprobar, entre otras cosas, si, en función de la situación existente en un determinado puerto, las conexiones marítimas previstas por el armador en su declaración pueden llevarse a cabo en condiciones de seguridad para el buque y respetando el buen orden del puerto, así como verificar la capacidad del buque para el que se solicita la autorización para arribar sin dificultades a un determinado puerto en el horario que el armador haya estimado preferible para efectuar una determinada conexión, sin que exista no obstante una norma jurídica que determine previamente los criterios con arreglo a los cuales la Administración Pública deberá valorar estas cuestiones, en particular cuando existan varios armadores interesados en una determinada escala en el mismo momento y en el mismo puerto?»

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/26

Recurso interpuesto el 11 de marzo de 2010 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-130/10)

2010/C 134/40

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Parlamento Europeo (representantes: E. Perillo, K. Bradley, A. Auersperger Matić, agentes)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante:

—

Que se anule el Reglamento (UE) no 1286/2009 del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, (1) que modifica el Reglamento (CE) no 881/2002 (2) por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes.

—	Que se ordene mantener los efectos del Reglamento (UE) no 1286/2009 del Consejo hasta que se adopte uno nuevo.

—	Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

El Parlamento Europeo considera que el Reglamento (UE) no 1286/2009 del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, que modifica el Reglamento (CE) no 881/2002 por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes es nulo por los siguientes motivos:

—	habida cuenta de su fin y de su contenido, la base jurídica adecuada para el Reglamento es el artículo 75 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

—

subsidiariamente, no se cumplían los requisitos para recurrir al artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que no se había presentado ninguna propuesta válida, y el Consejo no había adoptado previamente una Decisión con arreglo al título V, capítulo 2 del Tratado de la Unión Europea;

—	si el Tribunal de Justicia anulara el Reglamento impugnado, el Parlamento solicita no obstante que el Tribunal de Justicia ejerza su discreción de mantener los efectos del Reglamento impugnado, con arreglo al artículo 264 TFUE, párrafo segundo, hasta que se adopte uno nuevo.

(1) DO L 346, p. 42.

(2) DO L 139, p. 9.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/27

Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Bélgica) el 15 de marzo de 2010 — 1. Olivier Paul Louis Halley, 2. Julie Jacqueline Marthe Marie Halley y 3. Marie Joëlle Armel Halley/Belgische Staat

(Asunto C-132/10)

2010/C 134/41

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank van eerste aanleg te Leuven

Partes en el procedimiento principal

Demandantes

Olivier Paul Louis Halley

Julie Jacqueline Marthe Marie Halley

Marie Joëlle Armel Halley

Demandada

Belgische Staat

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con los artículos 26, 49, 63 y 65 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea el artículo 137, apartado 1, número 2, del Wetboek Successierechten (Código del Impuesto sobre Sucesiones), en relación con el artículo 111 del Wetboek Successierechten, puesto que el plazo de prescripción del impuesto sobre sucesiones adeudado por las acciones nominativas es de dos años si el domicilio de la dirección efectiva de la sociedad se halla en Bélgica, mientras que este plazo de prescripción es de diez años si el domicilio de la dirección efectiva de la sociedad no se halla en Bélgica?

22.5.2010

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C 134/27

Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte di Appello di Torino (Italia) el 15 de marzo de 2010 — SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso

(Asunto C-135/10)

2010/C 134/42

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte di Appello di Torino

Partes en el procedimiento principal

Demandante: SCF Consorzio Fonografici

Demandada: Marco Del Corso

Cuestiones prejudiciales

¿Son directamente aplicables en el Derecho comunitario la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, celebrada en Roma el 26 de octubre de 1961, el Acuerdo de los ADPIC (Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT)?

2)	¿Son directamente obligatorias en las relaciones entre particulares las normas de Derecho internacional uniforme antes citadas?

3)	¿Los conceptos de «comunicación al público» contenidos en los textos de Derecho convencional coinciden con los conceptos comunitarios previstos en las Directivas 92/100/CE (1) y 2001/29/CE? (2) ¿En caso negativo, qué fuente debe prevalecer?

¿A efectos de la aplicación del artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE, constituye «comunicación pública» o «puesta a disposición del público» la difusión gratuita de fonogramas efectuada en consultas odontológicas privadas en las que se ejerza una actividad económica profesional independiente a favor de los clientes y de la que éstos disfrutan sin que medie un acto de su propia voluntad?

5)	¿Concede dicha actividad de difusión a los productores de fonogramas el derecho a percibir una remuneración?

(1) DO L 346, p. 61.

(2) DO L 167, p. 10.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/29

Sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010 — Evropaïki Dynamiki/Comisión

(Asunto T-50/05) (1)

(«Contratos públicos de servicios - Procedimiento comunitario de licitación - Prestación de servicios informáticos relativos a sistemas telemáticos para el control de los movimientos de los productos sujetos a impuestos especiales - Desestimación de la oferta de un licitador - Recurso de anulación - Consorcio licitador - Admisibilidad - Principios de igualdad de trato de los licitadores y de transparencia - Criterios de adjudicación - Principios de buena administración y de diligencia - Obligación de motivación - Error manifiesto de apreciación»)

2010/C 134/47

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, (Atenas) (representante: N. Korogiannakis, abogado)

Demandada: Comisión Europea (representantes: L. Parpala y K. Kańska, posteriormente L. Parpala y E. Manhaeve, y finalmente L. Parpala, E. Manhaeve y M. Wilderspin, agentes)

Objeto

Anulación de la Decisión de la Comisión Europea, de 18 de noviembre de 2004, de no seleccionar la oferta presentada por el consorcio formado por la demandante y otra sociedad a una licitación para la prestación de servicios informáticos relativos a las especificaciones, desarrollo, mantenimiento y apoyo al sistema telemático para el control de los movimientos de los productos sujetos a impuestos especiales en la Comunidad Europea, en el marco del régimen de suspensión de los impuestos, y de adjudicar el contrato a otro licitador.

Fallo

1)	Desestimar el recurso.

2)	Condenar a Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE a cargar con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Comisión Europea.

(1) DO C 106, de 30.4.2005.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/29

Sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010 — Gollnisch/Parlamento

(Asunto T-42/06) (1)

(«Privilegios e inmunidades - Miembro del Parlamento Europeo - Decisión de no defender sus privilegios e inmunidades - Recurso de anulación - Desaparición del interés en ejercitar la acción - Sobreseimiento - Recurso de indemnización - Comportamiento reprochado al Parlamento - Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares - Relación de causalidad»)

2010/C 134/48

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Bruno Gollnisch (Limonest, Francia) (representantes: W. de Saint Just y G. Dubois, abogados)

Demandada: Parlamento Europeo (representantes: H. Krück, C. Karamarcos y A. Padowska, y posteriormente H. Krück, D. Moore y A. Padowska, agentes)

Objeto

Por una parte, una pretensión de anulación de la decisión del Parlamento Europeo de 13 de diciembre de 2005 de no defender la inmunidad y los privilegios de D. Bruno Gollnisch y, por otra parte, una pretensión de indemnización del perjuicio sufrido por el Sr. Gollnisch a causa de dicha decisión.

Fallo

1)	Sobreseer la pretensión de anulación.

2)	Desestimar la pretensión de indemnización.

3)	El Parlamento Europeo cargará con sus propias costas y con dos tercios de las costas en que haya incurrido D. Bruno Gollnisch, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.

4)	El Sr. Gollnisch cargará con un tercio de las costas en que haya incurrido, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.

(1) DO C 86, de 8.4.2006.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/30

Sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010 — Bianchi/ETF

(Asunto T-338/07 P) (1)

(«Recurso de casación - Función pública - Agentes temporales - Contrato de duración determinada - Decisión por la que se deniega la renovación del contrato - Artículo 47, letra b), del RAA»)

2010/C 134/49

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Irène Bianchi (Turín, Italia) (representante: M.-A. Lucas, abogado)

Otra parte en el procedimiento: Fundación Europea de Formación (ETF) (Turín, Italia) (representantes: M. Dunbar, agente, asistido por G. Vandersanden y posteriormente por L. Levi, abogados)

Objeto

Recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 28 de junio de 2007, Bianchi/ETF (F-38/06, aún no publicada en la Recopilación), en el que se solicita la anulación de dicha sentencia.

Fallo

1)	Desestimar el recurso de casación.

2)	Da. Irène Bianchi cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Fundación Europea de Formación (ETF) en el presente procedimiento.

(1) DO C 269, de 10.11.2007.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/30

Sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010 — Mirto Corporación Empresarial/OAMI — Maglificio Barbara (Mirtillino)

(Asunto T-427/07) (1)

(«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa comunitaria Mirtillino - Marca denominativa comunitaria anterior MIRTO - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009]»)

2010/C 134/50

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Mirto Corporación Empresarial, S.L. (Madrid) (representante: E. Armijo Chávarri, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: Ó. Mondéjar Ortuño, agente)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Maglificio Barbara Srl (Busto Arsizio, Italia)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 29 de agosto de 2007 (asunto R 875/2006-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Creaciones Mirto, S.A., y Maglificio Barbara Srl.

Fallo

1)	Desestimar el recurso.

2)	Condenar en costas a Mirto Corporación Empresarial, S.L.

(1) DO C 22, de 26.1.2008.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/31

Sentencia del Tribunal General de 25 de marzo de 2010 — Nestlé/OAMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle y Golden Eagle Deluxe)

(Asuntos acumulados T-5/08 a T-7/08) (1)

(«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marcas comunitarias figurativas Golden Eagle y Golden Eagle Deluxe - Marcas internacionales y nacionales figurativas anteriores que representan una taza y granos de café - Motivo de denegación relativo - Similitud de los signos - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009]»)

2010/C 134/51

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suiza) (representante: A. von Mühlendahl, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: R. Pethke, agente)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal General: Master Beverage Industries Pte Ltd (Singapur, Singapur) (representantes: N. Clarembeaux, D. Vervaet y P. Maeyaert, abogados)

Objeto

Recursos interpuestos contra tres resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 1 de octubre de 2007 (asuntos R 563/2006-2, R 568/2006-2 y R 1312/2006-2), relativos a procedimientos de oposición entre la Société des produits Nestlé SA y Master Beverage Industries Pte Ltd.

Fallo

1)	Anular las resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 1 de octubre de 2007 (asuntos R 563/2006-2, R 568/2006-2 y R 1312/2006-2).

2)	Desestimar los recursos en todo lo demás.

3)	La OAMI y Master Beverage Industries Pte Ltd cargarán, además de con sus propias costas, con las costas en las que haya incurrido la Société des produits Nestlé SA.

(1) DO C 64, de 8.3.2008.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/31

Sentencia del Tribunal General de 24 de marzo de 2010 — 2nine/OAMI — Pacific Sunwear of California (nollie)

(Asunto T-363/08) (1)

(Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa comunitaria nollie - Marcas denominativas nacionales e internacionales anteriores NOLI - Motivo de denegación relativo - Inexistencia de similitud entre los productos - Inexistencia de riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009] - Artículo 74, apartado 1, del Reglamento no 40/94 (actualmente artículo 76, apartado 1, del Reglamento no 207/2009))

2010/C 134/52

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: 2nine Ltd (Londres, Reino Unido) (representante: S. Palmer, Solicitor)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representante: D. Botis, agente)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Pacific Sunwear of California, Inc. (Anaheim, California, Estados Unidos)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 16 de junio de 2008 (asunto R 1590/2007-2), relativa a un procedimiento de oposición entre 2nine Ltd y Pacific Sunwear of California, Inc.

Fallo

1)	Desestimar el recurso.

2)	Condenar a 2nine Ltd a cargar con sus propias costas, así como con las causadas por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).

(1) DO C 272, de 25.10.2008.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/32

Sentencia del Tribunal General de 24 de marzo de 2010 — 2nine/OAMI — Pacific Sunwear of California (nollie)

(Asunto T-364/08) (1)

(«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa nollie - Marcas nacional e internacional denominativas previas NOLI - Motivo de denegación relativo - Falta de similitud entre los bienes - Falta de riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009] - Artículo 74, apartado 1, del Reglamento no 40/94 (actualmente artículo 76, apartado 1, del Reglamento no 207/2009)»)

2010/C 134/53

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: 2nine Ltd (Londres) (representante: S. Palmer, Solicitor)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representante: D. Botis, agente)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal General: Pacific Sunwear of California, Inc. (Anaheim, California, Estados Unidos)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 16 de junio de 2008 (asunto R 1591/2007-2), relativa a un procedimiento de oposición entre 2nine Ltd y Pacific Sunwear of California, Inc.

Fallo

1)	Desestimar el recurso.

2)	Condenar a 2nine Ltd a cargar con sus propias costas y con aquéllas en las que hubiera incurrido la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).

(1) DO C 272, de 25.10.2008.

22.5.2010

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C 134/32

Sentencia del Tribunal General de 24 de marzo de 2010 — Inter-Nett 2000/OAMI — Unión de Agricultores (HUNAGRO)

(Asunto T-423/08) (1)

(«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa HUNAGRO - Marca comunitaria figurativa anterior UNIAGRO - Denegación parcial de registro - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 12, letras a) y b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 12, letras a) y b), del Reglamento (CE) no 207/2009]»)

2010/C 134/54

Lengua de procedimiento: húngaro

Partes

Demandante: Inter-Nett 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató kft (Inter-Nett 2000 kft) (Mór, Hungría) (representante: E. Petruska, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representantes: inicialmente P. Sipos, posteriormente P. Sipos y O. Montalto, agentes)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Unión de Agricultores, S.A. (El Ejido, Almería)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 22 de julio de 2008 (asunto R 71/2008-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Unión de Agricultores, S.A. e Inter-Nett 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató kft.

Fallo

1)	Desestimar el recurso.

2)	Condenar en costas a Inter-Nett 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató kft (Inter-Nett 2000 kft).

(1) DO C 313, de 6.12.2008.

22.5.2010

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C 134/33

Sentencia del Tribunal General de 24 de marzo de 2010 — Eliza/OAMI — Went Computing Consultancy Group (eliza)

(Asunto T-130/09) (1)

(«Marca comunitaria - Oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa que contiene el término eliza - Marca comunitaria denominativa anterior ELISE - Motivos de denegación relativos - Riesgo de confusión - Denegación de registro - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009]»)

2010/C 134/56

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Eliza Corporation (Beverly, Estados Unidos) (representante: R. Köbbing, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal General: Went Computing Consultancy Group BV (Utrecht, Países Bajos) (representante: A. Meijboom, abogado)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 28 de julio de 2008 (asunto R 1244/2008-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Went Computing Consultancy Group BV y Eliza Corp.

Fallo

1)	Desestimar el recurso.

2)	Condenar a Eliza Corporation a cargar con sus propias costas así como con las de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y con las de Went Computing Consultancy Group BV.

(1) DO C 153, de 4.7.2009.

22.5.2010

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C 134/34

Auto del Tribunal General de 3 de marzo de 2010 — MarketTools/OAMI — Optimus-Telecomunicações (ZOOMERANG)

(Asunto T-105/07) (1)

(«Marca comunitaria - Oposición - Retirada de la oposición - Sobreseimiento»)

2010/C 134/57

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: MarketTools, Inc. (San Francisco, Estados Unidos) (representantes: W. von der Osten-Sacken, A. González Hähnlein, O. Günzel y A. Wenninger, abogados)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representantes: inicialmente S. Laitinen, posteriormente G. Schneider y D. Botis, agentes)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que interviene ante el Tribunal General: Optimus-Telecomunicações, SA (Maia, Portugal) (representantes: T. Colaço Dias y J. Conceição Pimenta, abogados)

Objeto

Recurso contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 25 de enero de 2007 (asunto R 253/2006-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Optimus-Telecomunicações, SA, y MarketTools, Inc.

Fallo

1)	Sobreseer el recurso.

2)	La parte demandante cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la parte demandada.

3)	La parte coadyuvante cargará con sus propias costas.

(1) DO C 129, de 9.6.2007.

22.5.2010

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C 134/34

Auto del Tribunal General de 24 de marzo de 2010 — Eriksen/Comisión

(Asunto T-516/08) (1)

(«Recurso de indemnización - Consecuencias para la salud pública del accidente nuclear de Thule (Groenlandia) - Directiva 96/29/Euratom - Falta de adopción por la Comisión de medidas contra un Estado miembro - Recurso que carece manifiestamente de todo fundamento jurídico»)

2010/C 134/58

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Heinz Helmuth Eriksen (Ebeltoft, Dinamarca) (representante: I. Anderson, abogado)

Demandada: Comisión Europea (representantes: E. White y M. Patakia, agentes)

Objeto

Recurso de indemnización dirigido a obtener la reparación del perjuicio sufrido por la supuesta falta de adopción por la Comisión de las medidas necesarias para obligar al Reino de Dinamarca a adoptar las disposiciones legales y administrativas que le permitan dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes (DO L 159, p. 1), y a aplicar dichas disposiciones a los trabajadores implicados en el accidente nuclear de Thule (Groenlandia).

Fallo

1)	Desestimar el recurso.

2)	Condenar en costas a Heinz Helmuth Eriksen.

(1) DO C 44, de 21.2.2009.

22.5.2010

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C 134/35

Auto del Tribunal General de 24 de marzo de 2010 — Lind/Comisión

(Asunto T-5/09) (1)

2010/C 134/59

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Brigit Lind (Greve, Dinamarca) (representante: I. Anderson, abogado)

Demandada: Comisión Europea (representantes: E. White y M. Patakia, agentes)

Objeto

Fallo

1)	Desestimar el recurso.

2)	Condenar en costas a Brigit Lind.

(1) DO C 69, de 21.3.2009.

22.5.2010

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C 134/35

Auto del Tribunal General de 24 de marzo de 2010 — Hansen/Comisión

(Asunto T-6/09) (1)

2010/C 134/60

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Bent Hansen (Aarslev, Dinamarca) (representante: I. Anderson, abogado)

Demandada: Comisión Europea (representantes: E. White y M. Patakia, agentes)

Objeto

Fallo

1)	Desestimar el recurso.

2)	Condenar en costas a Bent Hansen.

(1) DO C 69, de 21.3.2009.

22.5.2010

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C 134/36

Auto del Presidente del Tribunal General de 26 de marzo de 2010 — SNF/ECHA

(Asunto T-1/10 R)

(«Procedimiento sobre medidas provisionales - REACH - Identificación de la acrilamida como una sustancia extremadamente preocupante - Demanda de suspensión de la ejecución y de otras medidas provisionales - Falta de urgencia»)

2010/C 134/62

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francia) (representantes: K. Van Maldegem, R. Cana, abogados y P. Sellar, Solicitor)

Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) (representantes: M. Heikkila y W. Broere, agentes)

Objeto

Demanda de suspensión de la ejecución de la decisión por la que se identifica la acrilamida como una sustancia extremadamente preocupante, que supuestamente fue adoptada por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) el 7 de diciembre de 2009, en aplicación del artículo 59 del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1).

Fallo

1)	Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2)	Reservar la decisión sobre las costas.

22.5.2010

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C 134/37

Recurso interpuesto el 3 de marzo de 2010 — Alemania/Comisión

(Asunto T-104/10)

2010/C 134/65

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: República Federal de Alemania (representantes: J. Möller, y C. von Donat, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

—

Que se anule la Decisión de la Comisión C(2009) 10561, de 18 de diciembre de 2009, relativa a la reducción de la ayuda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), concedida por las Decisiones de la Comisión C(95) 2529 de 27 de noviembre de 1995 y, en último lugar, C(1999) 3557 de 15 de noviembre de 1999, en favor del programa Resider II para el Sarre (1994-1999) en la República Federal de Alemania.

—	Que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

Mediante la Decisión impugnada, la Comisión redujo la contribución total del FEDER concedida en favor de la iniciativa comunitaria RESIDER II SAARLAND (1994-1999) en la República Federal de Alemania.

En apoyo de su recurso, la demandante alega cinco motivos.

Mediante su primer motivo, la demandante aduce que no existe base jurídica para aplicar correcciones financieras a tanto alzado o mediante extrapolación al período de financiación 1994-1999.

En segundo lugar, la demandante alega una infracción del artículo 24, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 4253/88, (1) dado que no se cumplían los requisitos para la reducción. A este respecto, esgrime, en particular, que la Comisión aplicó erróneamente el concepto de «irregularidad». Además, la Comisión no acreditó que las autoridades nacionales a las que se había confiado la gestión de los fondos estructurales hubieran incumplido sus obligaciones con arreglo al artículo 23 del Reglamento no 4253/88. Para efectuar una imputación de irregularidad sistemática falta una determinación suficiente de los sistemas de gestión y de control requeridos. La afirmación de errores sistemáticos en la gestión y el control se basa, por otra parte, a juicio de la demandante, en hechos erróneos. Alega, asimismo, que datos importantes de los hechos se establecieron y apreciaron de manera incorrecta.

Con carácter subsidiario, la demandante alega, como tercer motivo, que las reducciones establecidas en la Decisión impugnada son desproporcionadas. En este contexto, se señala que la Comisión no ejerció la facultad discrecional que le corresponde con arreglo al artículo 24, apartado 2, del Reglamento no 4253/88. Además, las correcciones a tanto alzado que se aplicaron excedieron el riesgo (potencial) de perjuicio para el presupuesto comunitario. A juicio de la demandante, se acumularon, por otra parte, índices de corrección sin comprobar, en cada caso concreto, el resultado en relación con el principio de proporcionalidad. La demandante también considera que la extrapolación de errores efectuada es desproporcionada porque no pueden trasladarse errores específicos al conjunto de una muestra no homogénea.

Mediante su cuarto motivo, la demandante alega que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada. A este respecto, alega que de la Decisión impugnada no se desprende el modo de determinación y el fundamento de la cuantía de las reducciones efectuadas a tanto alzado. A ello se añade que no parece que la Comisión haya examinado suficientemente la exposición de los hechos de las autoridades alemanas. Además, la Comisión no extrajo consecuencias de los problemas observados en las auditorías de proyecto realizadas por auditores externos por lo que se refiere a la fiabilidad de las conclusiones.

Por último, la demandante alega como quinto motivo que la demandada vulneró el principio de cooperación dado que desde entonces se basa en las «fichas sobre la subvencionabilidad de los gastos» que no se elaboraron hasta el período de financiación actual. Además, la Comisión basa la Decisión impugnada en carencias sistemáticas del sistema de gestión y de control a pesar de que ya había confirmado la operatividad de los sistemas de gestión y control durante el período de financiación.

(1) Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 374, p. 1).

22.5.2010

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C 134/38

Recurso interpuesto el 3 de marzo de 2010 — Procter & Gamble Manufacturing Cologne/OAMI — Natura Cosméticos (NATURAVIVA)

(Asunto T-107/10)

2010/C 134/66

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Demandante: Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH (Colonia, Alemania) (representante: K. Sandberg, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Natura Cosméticos SA (Itapecerica da Serra, Brasil)

Pretensiones de la parte demandante

—	Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 23 de noviembre de 2009, en el asunto R 1558/2008-2.

—	Que se condene en costas a la demandada.

—	Que se condene a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso a cargar con las costas del procedimiento sustanciado ante la demandada.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «NATURAVIVA» para productos y servicios de las clases 3, 5 y 44

Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La demandante

Marca o signo invocados en oposición: La marca alemana registrada «VIVA», para productos de la clase 3; la marca comunitaria registrada «VIVA», para productos de la clase 3

Resolución de la División de Oposición: Denegación íntegra de la solicitud de registro como marca comunitaria

Resolución de la Sala de Recurso: Estimación del recurso

Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 del Consejo, por cuanto la Sala de Recurso consideró erróneamente que no existe riesgo de confusión entre las marcas controvertidas.

22.5.2010

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C 134/39

Recurso interpuesto el 5 de marzo de 2010 — Luxemburgo/Comisión

(Asunto T-109/10)

2010/C 134/67

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Gran Ducado de Luxemburgo (representantes: C. Schiltz, agente, y P. Kinsch, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

—	Que se anule la Decisión impugnada, en la medida en que se aplica al Gran Ducado de Luxemburgo.

—	Que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

La demandante solicita la anulación, en la medida en que le afecta, de la Decisión C(2009) 10712 de la Comisión, adoptada el 23 de diciembre de 2009, y relativa a la reducción de la ayuda financiera concedida al programa de iniciativa comunitaria Interreg II C «Inondation Rhin-Meuse» del Reino de Bélgica, de la República Federal de Alemania, de la República Francesa, del Gran Ducado de Luxemburgo y del Reino de los Países Bajos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en virtud de la Decisión C(97) 3742 de la Comisión, de 18 de diciembre de 1997 (FEDER no 9700100008).

En apoyo de su recurso, la demandante alega dos motivos.

Mediante el primer motivo, la demandante sostiene que, en el supuesto de que se acojan los recursos de anulación interpuestos por las autoridades neerlandesas y alemanas, el Gran Ducado de Luxemburgo debe beneficiarse de ello como consecuencia. Si se decide que los errores o puntos débiles, supuestamente sistemáticos, que la auditoría de la Comisión creyó descubrir en el funcionamiento del programa en cuestión en los Países Bajos y en Alemania, no existieron en realidad, el propio razonamiento de la Decisión caería por su propio peso y con él la corrección financiera lineal aplicada a los proyectos ejecutados en Luxemburgo.

El segundo motivo de recurso se basa en la ilegalidad de la extensión al Gran Ducado de Luxemburgo de una corrección financiera que sólo puede justificarse, en su caso, respecto de otros Estados miembros. Afirma que no se constató ninguna anomalía en el funcionamiento del programa en el Gran Ducado de Luxemburgo. Considera que el que Luxemburgo hubiera aceptado participar en un proyecto conjunto con Alemania, Bélgica, Francia y los Países Bajos no justifica sufrir los efectos negativos, en términos de corrección financiera de sus propios proyectos, de los errores o los puntos débiles que se descubrieron durante la auditoría de los proyectos neerlandeses o alemanes y que consisten casi exclusivamente en un supuesto incumplimiento de las normas relativas al procedimiento de adjudicación de contratos públicos. Pues bien, alega que, a pesar de que se trata de una actuación conjunta de cinco Estados miembros en el mismo programa, los procedimientos de adjudicación de contratos públicos son competencia exclusiva de las autoridades nacionales de los Estados miembros de que se trata.

22.5.2010

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C 134/40

Recurso interpuesto el 8 de marzo de 2010 — Insula/Comisión

(Asunto T-110/10)

2010/C 134/68

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (París) (representantes: J.-D. Simonet y P. Marsal, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

—	Que se acuerde la admisión del presente recurso y que se declare fundado.

—	Que se declare la pretensión de la Comisión, al objeto de obtener el reembolso de 84 120 euros, es infundada y, por tanto, que se condene a la Comisión a emitir una nota de crédito por importe de 84 120 euros.

—	Que se declare que el recurso debe acumularse al asunto T-366/09, por razón de conexión, a efectos de la fase escrita y de la fase oral.

—	Que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, fundado en una cláusula compromisoria, la demandante solicita al Tribunal que declare la no conformidad de la nota de adeudo por la que la Comisión exige, tras un informe de auditoría de la OLAF, la devolución de los anticipos abonados a la demandante con arreglo a los diferentes contratos «EL HIERRO» (NNE5/2001/950) celebrados en el marco del programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre «Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible».

La demandante invoca dos motivos.

Mediante el primer motivo, discute la exigibilidad del crédito reivindicado por la Comisión como consecuencia de la auditoría llevada a cabo en 2005.

Por el segundo motivo, alega que la Comisión, al emitir la nueva nota de adeudo, incumple sus obligaciones contractuales, que ya no le permiten exigir documentos justificativos complementarios seis años después de haberse efectuado el último pago a Insula y a falta de notificación por su parte en el plazo previsto por el contrato.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/40

Recurso interpuesto el 8 de marzo de 2010 — Alemania/Comisión

(Asunto T-114/10)

2010/C 134/69

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: República Federal de Alemania (representantes: J. Möller, C. Blaschke, agentes, y U. Karpenstein, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

—

Que se anule la Decisión C(2009) 10712 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2009, mediante la que se reduce la contribución económica a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) concedida inicialmente al programa transnacional INTERREG II C (inundaciones. Rin-Mosa) en el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos con arreglo a la Decisión C(97) 3742 de la Comisión, de 18 de diciembre de 1997 — FEDER no 970010008.

—	Que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

Mediante la Decisión impugnada la Comisión ha reducido la contribución económica a cargo del FEDER concedida para el período comprendido entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1999 al programa transnacional INTERREG II C (inundaciones. Rin-Mosa) en el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos.

En apoyo de su recurso la demandante alega los siguientes motivos:

Como primer motivo la demandante alega que no se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 24, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 4253/88 (1) para proceder a una reducción de la ayuda. En opinión de la demandante, esta disposición no faculta a la Comisión para llevar a cabo una reducción de la ayuda por errores administrativos o supuestas deficiencias en los sistemas de gestión y control. Alega, asimismo que, aún en el caso de que las supuestas deficiencias en los sistemas de gestión y control estuvieran incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 24 del Reglamento no 4253/88, no podría llevarse a cabo una reducción de la ayuda puesto que, por una parte, las «irregularidades» que censura la Comisión en el presente asunto únicamente permitirían reducir la ayuda si tuvieran o hubieran tenido repercusiones negativas en el presupuesto de la Unión, cosa que, según la demandante, no ha ocurrido en el caso de las medidas censuradas por la Comisión, y, por otra parte, una serie de los proyectos censurados no constituyen en el presente asunto infracciones del Derecho comunitario.

Como segundo motivo de recurso la demandante alega que el Reglamento no 4253/88 no faculta a la Comisión para llevar a cabo reducciones económicas generalizadas y extrapoladas. A este respecto la demandante afirma que el claro tenor literal del artículo 24 de dicho Reglamento contempla casos e importes concretos.

En el marco del tercer motivo de recurso la demandante alega que se ha violado el principio de proporcionalidad y se ha incurrido en una extrapolación indebida de hechos acaecidos en un Estado a otros Estados, que hace sufrir a un Estado miembro las consecuencias de los errores cometidos por otro.

(1) Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos Estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 374, p. 1).

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/41

Recurso interpuesto el 8 de marzo de 2010 — Deutschland/Comisión

(Asunto T-116/10)

2010/C 134/70

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Bundesrepublik Deutschland (representantes: J. Möller, agente, y U. Karpenstein, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

—

Que se anule la Decisión C(2009) 10675 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2009, mediante la que se reduce, con arreglo a la Decisión C(97) 1120 de la Comisión, la ayuda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) concedida en favor del programa operativo correspondiente al objetivo no 2 (1997-1999), en relación con el Land Nordrhein-Westfalen, en la República Federal de Alemania.

—	Que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

Mediante la Decisión impugnada, la Comisión redujo la ayuda concedida por el FEDER para el programa «Objetivo 2-Programa Renania del Norte-Westfalia (1997-1999) en la República Federal de Alemania».

En apoyo de su recurso, la demandante invoca cuatro motivos.

Como primer motivo, la demandante alega que la Comisión se equivocó al apreciar la situación. En su opinión, la Comisión introdujo importes erróneos al calcular el margen de error que estableció.

En el marco del segundo motivo, se alega que no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 24, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 4253/88 (1) para realizar una corrección financiera. Según la demandante, dicha disposición no autoriza a la Comisión a realizar a correcciones financieras debido a errores administrativos o a sistemas de gestión y de control supuestamente deficientes. Además, se alega que, asimismo por otras razones, no cabe considerar una corrección financiera del alcance de la adoptada por la Comisión. Por un lado, «irregularidades» como las denunciadas aquí por la Comisión, sólo podrían justificar correcciones financieras si repercutieran o hubieran repercutido negativamente en el presupuesto de la Unión. Según la demandante, no era éste el caso de los comportamientos denunciados por la Comisión. Por otro lado, la demandante alega que, por lo que respecta a una serie de proyectos impugnados, no existió infracción alguna del Derecho comunitario, ni siquiera en cuanto al fondo.

Como tercer motivo, se alega que la Comisión no estaba facultada para extrapolar correcciones financieras a tanto alzado en virtud del Reglamento (CEE) no 4253/88. La demandante sostiene que el claro tenor del artículo 24 de dicho Reglamento se refiere a casos concretos y a importes cuantificables.

En el marco del último motivo, la demandante alega que incluso si fuera lícito extrapolar correcciones financieras a tanto alzado, las de este caso concreto son ilegales. A este respecto, se aduce que la Comisión ni demostró que los comportamientos que denuncia fueran «inherentes al sistema» ni que las correcciones financieras a tanto alzado fueran conformes con el principio de proporcionalidad.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/42

Recurso interpuesto el 8 de marzo de 2010 — ClientEarth y otros/Comisión

(Asunto T-120/10)

2010/C 134/71

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: ClientEarth (Londres), Transport & Environment (Bruselas) European Environmental Bureau (Bruselas) y BirdLife International (Bruselas), (representante: S. Hockman QC, Barrister)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de las partes demandantes

—	Que se declare que la demandada ha infringido lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 1049/2001 (1) y (CE) no 1367/2006. (2)

—

Que se declare que los motivos para denegar el acceso a un documento, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1049/2001, deben exponerse mediante respuesta por escrito dentro de los plazos del procedimiento administrativo de dos fases, o expresarse como motivos que justifican una excepción, ya que de otro modo quedarían fuera del control jurisdiccional.

—	Que se anule la decisión impugnada, de 9 de febrero de 2010 [SG.E3/MM/psi-Ares (2010)70321], por la que la Comisión declaró su intención de denegar a los demandantes el acceso a ciertos documentos que contenían información relativa al medio ambiente.

—

Que se ordene a la demandada que proporcione todos los documentos solicitados, identificados durante el examen de la solicitud de 15 de octubre de 2009 y de la solicitud confirmatoria de 17 de diciembre de 2009, y todos los documentos elaborados para la consideración de aquéllas, sin demora ni omisiones, de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1049/2001.

—	Y que se condene a la demandada a cargar con las costas de la demandante, incluidas las de cualquier parte que haya intervenido en el proceso.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, la demandante pretende, de conformidad con el artículo 263 TFUE, que se anule la Decisión de la Comisión, de 9 de febrero de 2010, por la que la demandada notificó su intención de denegar a los demandantes el acceso a determinados documentos que contenían información medioambiental referente a las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la producción de biocarburantes, redactados o utilizados por la Comisión con arreglo a la Directiva 2009/28/CE. (3)

La demandante invoca los siguientes motivos en apoyo de su recurso:

En primer lugar, la vulneración del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1049/2001, por no haber proporcionado en el plazo establecido los documentos solicitados o las razones para retenerlos. La solicitud se presentó el 15 de octubre de 2009. La demandante emitió una denegación parcial, al entregar cuatro documentos y retener unos doscientos. Las demandantes impugnaron los fundamentos de la denegación. El 9 de febrero de 2010, fecha en que expiraba el plazo establecido en el Reglamento, la Comisión se negó a facilitar el acceso al resto de los documentos y a proporcionar motivos válidos para retenerlos.

En segundo lugar, la vulneración de los artículos 7, apartado 1, y 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1049/2001, por no proporcionar los motivos detallados para retener cada documento. Con objeto de justificar una excepción, los motivos detallados para retener cada documento deben exponerse mediante respuesta por escrito dentro del plazo establecido. El 9 de febrero de 2010, fecha en que expiraba el plazo establecido en el Reglamento, la Comisión denegó la entrega de los restantes documentos y no explicó detalladamente los motivos para retenerlos, como exigen el Reglamento y la jurisprudencia.

Además, las demandantes consideran que se ha vulnerado el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1049/2001, por no haberse llevado a cabo una valoración concreta e individual del contenido de cada documento. La Comisión debe efectuar una valoración concreta e individual de cada documento al determinar si éste, en todo o en parte, justifica una excepción a la regla general de que debe facilitarse el acceso a todos los documentos. El 9 de febrero de 2010, fecha en que expiraba el plazo establecido en el Reglamento, la Comisión reconoció que no había efectuado dicho análisis de los documentos solicitados y, si se había efectuado algún tipo de análisis, no se informó de ello a las demandantes.

Asimismo, las demandantes consideran que se han infringido los artículos 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1049/2001 y 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1367/2006, por haberse aplicado de forma ilegal la excepción del artículo 4, apartado 3. La Comisión invocó en un principio la excepción del artículo 4, apartado 3, respecto a unos doscientos documentos. El 9 de febrero de 2010, fecha en que expiraba el plazo establecido en el Reglamento, la Comisión no entregó los documentos. Con objeto de invocar la excepción del artículo 4, apartado 3, la Comisión debe demostrar que la divulgación del documento o de la información que contiene perjudicarían gravemente el proceso de toma de decisiones. Las demandantes alegan que la divulgación de los documentos, que contienen información referente a las emisiones en el medio ambiente, no perjudicaría gravemente el proceso de toma de decisiones de la Comisión y que, en la medida en que algún documento o información justifiquen una excepción, su divulgación reviste un interés público superior.

Al mismo tiempo, las demandantes consideran que se ha vulnerado el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1049/2001, por no haberse elaborado versiones reducidas de los documentos. En caso de que la Comisión deniegue la entrega de los documentos solicitados, debe considerar, de ser posible, la supresión de las partes que justifican una excepción y divulgar los extremos a los que no se aplique la excepción. Los demandantes alegan que la Comisión no consideró ni efectuó dicha operación y que, como resultado, retuvo información o partes de documentos que, de otro modo, deberían haberse entregado.

Por último, se afirma que la demandante infringió el artículo 4, apartado 7, del Reglamento (CE) no 1049/2001, por no determinar el período al que se aplica la excepción del artículo 4, apartado 3. En caso de que la Comisión deniegue la entrega de los documentos solicitados o de partes de ellos, debe determinar el período al que se aplica la excepción. Las demandantes alegan que la Comisión no consideró ni comunicó el período al que se aplican los motivos válidos de excepción.

(1) Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).

(2) Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 264, p. 13).

(3) Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 140, p. 16).

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/43

Recurso interpuesto el 11 de marzo de 2010 — Conte y otros/Consejo

(Asunto T-121/10)

2010/C 134/72

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandantes: Giovanni Conte (Pomezia, Italia), Casa del Pescatore Soc. coop. rl (Civitanova Marche, Italia), Guidotti Giovanni & Figli Snc (Termoli, Italia), Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl (Civitanova Marche, Italia), Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) (Manfredonia, Italia) (representantes: P. Cavasola, abogado, G. Micucci, abogado, V. Cannizzaro, abogado)

Demandado: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de las partes demandantes

—	Que se anule el Reglamento impugnado.

—	Que se condene al demandado al pago de las costas procesales.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso va dirigido contra el Reglamento (CE) no 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008 y (CE) no 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) no 2847/1993, (CE) no 1627/1994 y (CE) no 1966/2006.

Todos los demandantes en el presente asunto operan en el sector de la pesca y están sometidos a las obligaciones contempladas en las disposiciones del Reglamento impugnado.

En apoyo de sus pretensiones, formulas las siguientes alegaciones:

La nulidad de los artículos 9, apartados 2 y 3, y 10, apartados 1 y 2 del Reglamento impugnado, en la medida en que esas disposiciones establecen, para los buques pesqueros con una eslora total superior a quince metros una obligación incondicional de disponer de un doble sistema de control: el control por satélite, establecido por el artículo 9, y además, el sistema de identificación automática. Se trata de dos sistemas de control distintos que tienen básicamente la misma función. Tal obligación no está suficientemente motivada. Ese extremo constituye una vulneración del principio de proporcionalidad sub specie de la necesidad y de la adecuación de la medida. La obligación de llevar un doble sistema de control supone una carga financiera a cargo de las demandantes que no se justifica por ninguna exigencia razonable.

La nulidad de los artículos 15 y 17, del Reglamento impugnado, en la medida en que esas disposiciones establecen la obligación de los buques pesqueros cuya eslora sea igual o superior a 12 metros de transmitir diariamente determinada información, y en todo caso antes de entrar a puerto o incluso horas antes de entrar a puerto. En opinión de las demandantes, dicha obligación carece de lógica, es desproporcionada e incluso imposible de cumplir. Sobre todo para buques pesqueros dedicados a actividades de pesca a pequeña escala, en zonas de pesca situadas a pocas horas de los puertos, tal obligación resulta imposible de cumplir salvo que se bloqueen los busques pesqueros fuera del puerto a la espera de que transcurran los plazos.

La nulidad del régimen de vigilancia y de las inspecciones, en la medida en que el Reglamento impugnado establece una obligación incondicional de permitir el acceso a compartimentos del buque, así como a files y documentos electrónicos, y de permitir formas de inspecciones e interrogatorios a cargo de funcionarios que actúan sin mandato judicial alguno y no están sometidos al control de los órganos de policía judicial. De este modo se vulneran los derechos a la confidencialidad, al domicilio, a la vida privada y personal y el derecho de defensa, en sus diversos aspectos. Dicho control, no sólo vulnera los derechos fundamentales citados, sino que, debido a su carácter invasivo, vacía de contenido el derecho del operador del sector de la pesca a ejercer su propia libertad económica, garantizada por los Tratados constitutivos. Un motivo específico de nulidad se basa en el artículo 82, que atribuye a los funcionarios de inspección la facultad de adoptar medidas de conservación de los elementos de prueba de eventuales infracciones.

La nulidad del artículo 73, apartado 8 del Reglamento impugnado, en la medida en que esa disposición reconoce la libertad de los Estados miembros de gravar a los operadores del sector de la pesca con las cargas financieras del régimen de vigilancia. Al respecto se afirma que la disposición es evidentemente nula por ser contraria al principio de la distribución social de los gastos necesarios para la realización de intereses públicos.

La nulidad del artículo 92 del Reglamento impugnado, en la medida en que esa disposición establece un sistema de transmisión de responsabilidad en el supuesto de determinadas infracciones que, con independencia del autor de la misma, acaban por recaer en el propietario del buque pesquero y de sus eventuales derechohabientes. Al respecto se afirma que la norma es contraria al principio de personalidad de la responsabilidad, al principio de tutela de la propiedad privada y al principio de proporcionalidad ya que no va dirigida racionalmente a evitar que se eluda el régimen sancionatorio.

La nulidad del artículo 103 del Reglamento impugnado, en la medida en que esa disposición establece que el incumplimiento de un Estado de las obligaciones que le incumben con arreglo al Reglamento pueda implicar la suspensión de la ayuda financiera que establecen los Reglamentos 1198/2006 (1) y 861/2006 (2). En opinión de los demandantes la suspensión de las ayudas supone una transmisión de la responsabilidad del Estado hacia los particulares que, por tanto, se ven obligados a soportar las consecuencias perjudiciales de un comportamiento estatal. Este tipo de transmisión de la sanción vulnera el principio de personalidad de la sanción y el principio de proporcionalidad.

La nulidad de los artículos 14, apartados 1, 2, 3, 4 y 5, 17, apartado 1, 58, apartados 1, 2, 3 y 5, 59, apartados 2 y 3, 60, apartados 4 y 5, 62, apartado 1, 63, apartado 1, 64, 65, 66, apartados 1 y 3, 67, apartado 1, y 68 del Reglamento impugnado. Las demandantes alegan al respecto que el mencionado Reglamento se basa únicamente en el artículo 37 del Tratado CE, que permite la institución de una política común de pesca y que las medidas que contiene el Reglamento sólo son legítimas si sirven a la función de la política de pesca instituida por las instituciones comunitarias con diversos actos. Pues bien, las disposiciones citadas no se refieren sin embargo a sectores y supuestos sujetos a la política pesquera común y, por tanto, no están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 37 TCE.

(1) Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca.

(2) Reglamento (CE) no 861/2006 del Consejo, de 22 de mayo de 2006, por el que se establecen medidas financieras comunitarias para la aplicación de la política pesquera común y el Derecho del Mar.

22.5.2010

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C 134/45

Recurso interpuesto el 18 de marzo de 2010 — Hartmann/OAMI (Complete)

(Asunto T-123/10)

2010/C 134/73

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Alemania) (representante: N. Aicher, abogada)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones de la parte demandante

—	Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 20 de enero de 2010 en el asunto R 601/2009-4.

—	Que se condene a la demandada al pago de las costas, incluidas las efectuadas en el procedimiento sustanciado ante la OAMI.

Motivos y principales alegaciones

Marca comunitaria solicitada: la marca denominativa «Complete», para productos y servicios de las clases 5 y 10 (solicitud no7 432 024)

Resolución del examinador: Desestimación de la solicitud

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009, (1) por considerar que el signo solicitado no tiene carácter directamente descriptivo en relación con los productos reivindicados. Asimismo, infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, por cuanto dicho signo no carece del carácter distintivo exigido.

(1) Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

22.5.2010

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C 134/45

Recurso interpuesto el 17 de marzo de 2010 — Lidl Stiftung/OAMI — Vinotasia (VITASIA)

(Asunto T-124/10)

2010/C 134/74

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: alemán

Partes

Demandante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Alemania) (representantes: M. Schaeffer y A. Marx, abogados)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Vinotasia GmbH (Koblenz, Alemania)

Pretensiones de la parte demandante

—	Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso, de 14 de enero de 2010, en el asunto R 1054/2008-4.

—	Que se desestime la oposición no B 1.027.947, formulada el 30 de junio de 2006, en la medida en que se estimó dicha oposición en la resolución de la Sala de Recurso de 30 de mayo de 2008.

—	Que se condene a la demandada a cargar con las costas del procedimiento sustanciado ante el Tribunal General de la Unión Europea y con las del procedimiento ante la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización (Marcas, Dibujos y Modelos).

—	Con carácter subsidiario, que se suspenda el procedimiento hasta que se resuelva con carácter firme sobre la solicitud de cancelación presentada el 17 de marzo de 2010 ante la Oficina alemana de marcas y patentes relativa a la marca alemana previa no 302.15.015, «VINOTASIA».

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «VITASIA» para productos de las clases 29, 30, 31, 32 y 33 (solicitud no 4.691.101)

Titular de la marca o del signo invocados en oposición: Vinotasia GmbH

Marca o signo invocados en oposición: La marca denominativa alemana «VINOTASIA» no 302.15.015 para productos y servicios de las clases 32, 33 y 35

Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, (1) puesto que no existe riesgo de confusión entre las marcas controvertidas.

(1) Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

22.5.2010

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C 134/46

Recurso interpuesto el 17 de marzo de 2010 — Lux Management/OAMI — Zeis Excelsa (KULTE)

(Asunto T-130/10)

2010/C 134/75

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Demandante: Lux Management Holding SA (Luxemburgo) (representante: S. Mas, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Zeis Excelsa SPA (Montegranaro, Italia)

Pretensiones de la parte demandante

—	Que se declare sin objeto la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 15 de enero de 2010, en el asunto R 712/2008-4.

—	Con carácter subsidiario, que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 15 de enero de 2010, en el asunto R 712/2008-4 por no haber tenido en cuenta la prueba presentada por la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 15 de enero de 2010, en el asunto R 712/2008-4 por carecer de motivación respecto de la tolerancia de la marca comunitaria registrada objeto de la solicitud de caducidad por la demandante.

—	Que se condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de nulidad: La marca figurativa «KULTE» para productos de las clases 14, 18 y 25

Titular de la marca comunitaria: La demandante

Solicitante de la nulidad de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca o signo del solicitante de la nulidad: Registro italiano de la marca figurativa «CULT», para todos los bienes de la clase 25; registro internacional de la marca figurativa «CULT», con efectos en Francia y en el Benelux, para productos de las clases 14, 18 y 25

Resolución de la División de Anulación: Declarar parcialmente inválido el registro de la marca comunitaria objeto de la solicitud de caducidad

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Motivos invocados: Infracción del artículo 43 del Reglamento no 207/2009 del Consejo, ya que la Sala de Recurso no reconoció que su resolución carecía de objeto por haber llegado las partes a un acuerdo sobre la coexistencia de las marcas de que se trata y la subsiguiente petición de retirada; infracción del artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, al haber denegado la Sala de Recurso la admisión de las nuevas pruebas propuestas por la demandante; infracción del artículo 57, apartado 2, del Reglamento no 207/2009 del Consejo, al haber errado la Sala de Recurso en su evaluación del sentido de la prueba presentada y no haber expuesto motivación respecto de la prueba de tolerancia por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la marca comunitaria registrada objeto de la solicitud de caducidad.

22.5.2010

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C 134/47

Recurso interpuesto el 23 de marzo de 2010 — Pieno žvaigždės/OAMI — Fattoria Scaldasole (Iogurt.)

(Asunto T-135/10)

2010/C 134/76

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Demandante: AB «Pieno žvaigždės» (Vilna) (representantes: I. Lukauskienė y R. Žabolienė, abogados)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Fattoria Scaldasole Srl (Monguzzo, Italia)

Pretensiones de la parte demandante

—	Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 18 de enero de 2010 en el asunto R 1070/2009-2.

—	Que se condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca comunitaria solicitada: La marca figurativa «Iogurt.», para productos de la clase 29

Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La demandante

Marca o signo invocados en oposición: El registro lituano de marca de la marca figurativa «jogurtas», para productos de la clase 29; el registro comunitario de marca de la marca «jogurt», para productos de la clase 29

Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición en su totalidad

Resolución de la Sala de Recurso: El recurso se considerará no presentado

Motivos invocados: Infracción del artículo 60 del Reglamento no 207/2009 del Consejo, en relación con el artículo 8 del Reglamento de la Comisión no 2869/95, (1) por cuanto la Sala de Recurso concluyó equivocadamente que no se pagó la tasa de recurso dentro del plazo fijado de dos meses desde la fecha de notificación de la resolución recurrida.

(1) Reglamento (CE) no 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las Tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Diseños y Modelos) (DO L 303, p. 33).

22.5.2010

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C 134/47

Recurso interpuesto el 24 de marzo de 2010 — España/Comisión

(Asunto T-138/10)

2010/C 134/77

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Reino de España (representante: J. Rodríguez Cárcamo)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

—

Que se anule la Decisión no C(2010) 337 de la Comisión de 28 de enero de 2010 por la que se reduce la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al Programa Operativo Comunidad Valenciana Objetivo 1 (1994-1999), en España, en virtud de la Decisión C(1994) 3043/6, FEDER No 94.11.09.011, y

—	Que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

Mediante Decisión C(94) 30436, de 25 de noviembre de 1994, la Comisión concedió una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para un Programa Operativo en la región de Valencia, que se integraba en el Marco Comunitario de Apoyo para las intervenciones estructurales en las regiones españolas del Objetivo no 1 durante el periodo 1994-1999, por un importe máximo a cargo del FEDER de 1 207 941 000 ecus. La Decisión impugnada en el presente procedimiento entiende que se han producido irregularidades en 23 de los 38 proyectos implicados y reduce la ayuda inicialmente concedida en 115 612 377,25 euros.

En apoyo de sus pretensiones la parte demandante alega los siguientes motivos:

—

Infracción del artículo 24 del Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo de 19 de diciembre de 1988 (1) por el empleo del método de extrapolación en la Decisión recurrida, dado que dicho artículo no prevé la posibilidad de extrapolar las irregularidades comprobadas en acciones concretas a la totalidad de las acciones incluidas en los Programas Operativos financiados con cargo a los fondos FEDER. Según el Estado demandante, la corrección aplicada por la Comisión en la Decisión recurrida carece de base jurídica, porque las Orientaciones de la Comisión, de 15 de octubre de 1997, referentes a las correcciones financieras netas en el marco de la aplicación del artículo 24 del Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo no pueden producir efectos jurídicos frente a los Estados miembros conforme a la sentencia del TJ de 6 de abril de 2000, Reino de España/Comisión, C-443/97 (2) y porque el artículo 24 del Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo de 19 de diciembre de 1988 únicamente contempla la reducción de las ayudas cuyo examen confirma la existencia de una irregularidad, principio que quiebra con la aplicación de correcciones por extrapolación.

—

Subsidiariamente, infracción del artículo 24 del Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo de 19 de diciembre de 1988, en relación con el actual artículo 4.3 TUE (principio de cooperación leal), por aplicación de la corrección por extrapolación a pesar de no haberse revelado una insuficiencia del sistema de gestión, control o auditoría en relación con los contratos modificados, puesto que los órganos gestores aplicaron la legislación española que no ha sido declarada contraria al Derecho de la Unión Europea por el TJUE. El Reino de España entiende que la observancia por las autoridades gestoras del Derecho nacional, aun cuando pueda dar lugar a que la Comisión constate la existencia de irregularidades o infracciones concretas del Derecho de la Unión Europea, no puede servir de base a una extrapolación por ineficacia en el sistema de gestión, cuando la ley que estos órganos aplican no ha sido declarada contraria al Derecho de la Unión Europea por el Tribunal de Justicia, ni la Comisión ha demandado al Estado miembro al amparo del artículo 258 TFUE.

—

Subsidiariamente, infracción del artículo 24 del Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo de 19 de diciembre de 1988, por la falta de representatividad de la muestra empleada para la aplicación de la corrección financiera por extrapolación. La Comisión compuso la muestra para la aplicación de la extrapolación con un número muy reducido de proyectos (38 de 7 862), sin abarcar todos los ejes del Programa Operativo, incluyendo gastos retirados previamente por las autoridades españolas, partiendo del gasto declarado y no de la ayuda concedida y mediante la aplicación de un programa informático que ofrecía un nivel de confianza en la misma inferior al 85 %. Por ello el Reino de España entiende que la muestra no reúne las condiciones de representatividad necesarias para servir de base a una extrapolación.

—

Prescripción de las actuaciones en aplicación del artículo 3 del Reglamento CE, Euratom 2988/95 del Consejo de 18 de diciembre. El Reino de España entiende, por último, que la comunicación de la existencia de irregularidades a las autoridades españolas (que se produjo en julio de 2004, tratándose en la mayor parte de los casos de irregularidades cometidas en los años 1997, 1998 y 1999), debe determinar la prescripción de las mismas por aplicación del plazo de 4 años previsto en el artículo 3 del Reglamento 2988/95. (3)

(1) Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la contribución de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con el Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 374, p. 1).

(2) Rec. p. I-2415.

(3) Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312, p. 1).

22.5.2010

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C 134/48

Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2010 — Ben Ri Electrónica/OHMI — Sacopa (LT LIGHT-THECNO)

(Asunto T-143/10)

2010/C 134/78

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español

Partes

Demandante: Ben Ri Electrónica, SA (Madrid, España) (representante: A. Alejos Cutuli, abogada)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Sacopa, SAU [Sant Jaume de Llierca (Girona), España]

Pretensiones de la parte demandante

—	Que se anule la decisión de la Sala Cuarta de Recursos de la OAMI y se deniegue la marca comunitaria no 4.520.193.

—	Que se condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: Sacopa, S.A.U.

Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa que contiene el elemento verbal «LT» (solicitud de registro no 4.520.193), para productos de las clases 7, 9 y 11.

Titular de la marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: La demandante.

Marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: Marca figurativa comunitaria (no 13.375) y marcas figurativas españolas (no 1.719.729 y no 1.719.730) compuestas por la yuxtaposición de una «L» y una «T» sobrepuesta a un círculo, para productos de las clases 9 y 11.

Resolución de la División de Oposición: Desestimación parcial de la oposición.

Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución impugnada y desestimación de la oposición.

Motivos invocados: Interpretación incorrecta del artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/49

Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2010 — Space Beach Club/OHMI — Flores Gómez (SpS space of sound)

(Asunto T-144/10)

2010/C 134/79

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español

Partes

Demandante: Space Beach Club, SA [San Jorge (Ibiza), España] (representante: A. Alejos Cutuli, abogada)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Miguel Ángel Flores Gómez (Madrid, España)

Pretensiones de la parte demandante

—	Que se anule la Resolución de la Sala Segunda de la OAMI y se deniegue el registro de solicitud de la marca comunitaria no 5683693,

—	que se condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: Miguel Ángel Flores Gómez.

Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa que contiene el elemento verbal «SPS space of sound» (solicitud de registro no5 683 693), para productos y servicios de las clases 9, 35 y 41.

Titular de la marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: La demandante.

Marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: Marcas figurativas españolas que contienen el elemento verbal «SPACE» (no2 021 783, no2 610 677, no2 644 838, no2 644 839, no2 654 511, no2 694 428, no2 583 870, no3 175 742 y no4 529 814), para productos y servicios de las clases 9, 25 y 41.

Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición.

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

Motivos invocados: Interpretación incorrecta del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/51

Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 23 de febrero de 2010 — Faria/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

(Asunto F-7/09) (1)

(Función pública - Funcionarios - Calificación - Informe de evaluación - Ejercicio de evaluación 2006/2007 - Solicitud de anulación del informe de evaluación - Error manifiesto de apreciación - Reparación del perjuicio moral)

2010/C 134/84

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Alicante) (representante: L. Levi, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representantes: I. de Medrano Caballero, agente, asistido por D. Waelbroeck, abogado)

Objeto

Recurso de anulación del informe de evaluación correspondiente al período comprendido entre el 1 de octubre de 2006 y el 30 de septiembre de 2007 y condena de la parte demandada al pago de los daños sufridos por la demandante.

Fallo

1)	Anular el informe de evaluación de la Sra. Faria, elaborado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2006 y el 30 de septiembre de 2007.

2)	Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)	La OAMI cargará, además de con sus propias costas, con tres cuartas partes de las costas de la Sra. Faria.

4)	La Sra. Faria cargará con una cuarta parte de sus costas.

(1) DO C 69, de 21.3.2009, p. 55.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/51

Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 9 de marzo de 2010 — N/Parlamento

(Asunto F-26/09) (1)

(Función pública - Funcionarios - Recurso de indemnización - Admisibilidad - Acoso moral - Deber de asistencia - Daño moral)

2010/C 134/85

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: N (Bruselas) (representante: É Boigelot, abogado)

Demandada: Parlamento (representantes: K. Zejdová y R. Ignătescu, agentes)

Objeto

Condena del Parlamento a indemnizar al demandante con 12 000 euros por el perjuicio irrogado, por una parte, por el acoso moral y profesional que sufrió y, por otra parte, por no haberse realizado una investigación administrativa interna por un organismo independiente.

Fallo

1)	Condenar al Parlamento Europeo a indemnizar a N con 2 000 euros.

2)	Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)	El Parlamento Europeo cargará con sus propias costas y con tres cuartas partes de las costas de N.

4)	N cargará con la cuarta parte de sus propias costas.

(1) DO C 153, de 4.7.2009, p. 51.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/52

Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 9 de marzo de 2010 — Tzvetanova/Comisión

(Asunto F-33/09) (1)

(Función pública - Agentes temporales - Remuneración - Indemnización por expatriación - Requisitos establecidos en el artículo 4 del anexo VII del Estatuto - Residencia habitual antes de la entrada en funciones - Residencia en calidad de estudiante en el lugar de destino durante el período de referencia - Períodos de prácticas fuera del lugar de destino durante el período de referencia - Toma en consideración de la residencia efectiva)

2010/C 134/86

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Aglika Tzvetanova (Bruselas) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y É. Marchal, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente representada por D. Martin y J. Baquero Cruz, agentes, y posteriormente por J. Currall y J. Baquero Cruz, agentes)

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión de la Comisión de denegar a la demandante la indemnización por expatriación prevista en el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto

Fallo

1)	Anular la Decisión de la Comisión Europea de 10 de julio de 2008 de denegar a la Sra. Tzvetanova la indemnización por expatriación prevista en el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto.

2)	Condenar a la Comisión Europea a cargar con la totalidad de las costas.

(1) DO C 129, de 6.6.2009, p. 22.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/52

Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 25 de marzo de 2010 — Buschak/EUROFOUND

(Asunto F-47/08) (1)

(Función pública - Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo - Descripción del puesto de director adjunto - Recurso de anulación - Recurso de indemnización - Interés en ejercitar la acción - Inadmisibilidad manifiesta)

2010/C 134/87

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Willy Buschak (Bonn, Alemania) (representantes: inicialmente, L. Levi y C. Ronzi, abogados, y posteriormente L. Levi, abogado)

Demandada: Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (EUROFOUND) (representante: C. Callanan, Solicitor)

Objeto

Función pública — Anulación de la decisión por la que se modifica la descripción del puesto de trabajo del demandante y condena de la demandada a indemnizar el perjuicio material y moral sufrido por el demandante.

Fallo

1)	Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.

2)	Condenar al Sr. Buschak al pago de la totalidad de las costas.

(1) DO C 171, de 5.7.2008, p. 52.

22.5.2010

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C 134/52

Recurso interpuesto el 8 de diciembre de 2009 — Papathanasiou/OAMI

(Asunto F-99/09)

2010/C 134/88

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Elisavet Papathanasiou (Alicante) (representante: H. Tettenborn, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Objeto y descripción del litigio

Por una parte, la anulación de la cláusula del contrato de trabajo de la demandante, en la que se prevé la finalización automática de la relación laboral para el caso de que la demandante no apruebe un concurso-oposición externo para la OAMI, por otra parte, la declaración de que los concursos-oposición OAMI/AD/01/07, OAMI/AD/02/07, OAMI/AST/01/07 y OAMI/AST/02/02 no producen efectos sobre el contrato de la demandante. Además, solicitud de indemnización por daños y perjuicios.

Pretensiones de la parte demandante

—

Que el Tribunal anule el escrito de la OAMI, de 12 de marzo de 2009, y las resoluciones de la OAMI contenidas en él, según las cuales se pone fin a la relación laboral de la demandante el 16 de marzo de 2009 en aplicación de un plazo de preaviso de 8 meses y que se declare que la relación laboral de la demandante con la OAMI persiste y no ha sido rescindida. En la medida en que el Tribunal lo considere necesario, la demandante solicita que también se anulen los demás escritos de la OAMI, de 3 de agosto de 2009 (suspensión del plazo de preaviso por un período de 3 meses), y de 9 de octubre de 2009 (desestimación de la reclamación), que la demandante considera escritos dependientes del primero.

—

Que el Tribunal anule la cláusula resolutoria contenida en el artículo 5 del contrato de trabajo celebrado entre la demandante y la OAMI o declare su nulidad y, con carácter subsidiario,

—	que declare que en el futuro el término de la relación laboral de la demandante no puede basarse en la cláusula resolutoria de su contrato de trabajo;

—	con carácter subsidiario, que, en cualquier caso, los concursos-oposición enunciados en el escrito de la OAMI, de 12 de marzo de 2009, no podían desencadenar las consecuencias negativas derivadas de la cláusula resolutoria.

—	Que el Tribunal condene a la OAMI a pagar a la demandante una indemnización por daños y perjuicios en una cuantía adecuada que determinará el Tribunal para resarcir los daños morales e inmateriales sufridos por las declaraciones mencionadas en la primera pretensión.

—

Para el caso de que en el momento de que recaiga la resolución del Tribunal se hubiera puesto fin, debido al comportamiento contrario a Derecho de la OAMI, a la actividad real de la demandante y/o al pago de las retribuciones adeudadas a ésta por parte de la OAMI pese a la subsistencia de una relación laboral:

—

Que el Tribunal condene a la OAMI –declarando la obligación de que ésta continúe dando empleo a la demandante en las condiciones anteriores y la vuelva a integrar en el servicio– a indemnizar todos los daños materiales sufridos por la demandante, en particular, mediante el pago de las posibles retribuciones adeudadas y todos los gastos causados a la demandante por el comportamiento contrario a Derecho de la OAMI (deducida la prestación por desempleo).

—

Con carácter subsidiario, para el caso de que por razones de iure o de facto no se produzca, en el citado asunto, la reinserción de la demandante en el servicio y/o la continuación en el empleo en las condiciones anteriores, se condene a la OAMI a indemnizar a la demandante por los daños materiales causados por el término contrario a Derecho de su actividad con una cantidad equivalente a la diferencia entre los ingresos vitalicios que cabe esperar efectivamente y los ingresos vitalicios que la demandante hubiera obtenido de haberse prorrogado el contrato, teniendo en cuenta la prestación por vejez y demás derechos.

—	Que se condene en costas a la OAMI.

22.5.2010

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C 134/53

Recurso interpuesto el 12 de febrero de 2010 — Nicola/BEI

(Asunto F-13/10)

2010/C 134/89

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburgo) (representante: L. Isola, abogado)

Demandada: Banco Europeo de Inversiones

Objeto y descripción del litigio

Anulación del informe de calificación de 2008, tanto en la parte relativa a los objetivos como en la parte correspondiente a la valoración, y de las promociones decididas el 18 de marzo de 2009. Además, la condena de la parte demandada a indemnizar el daño moral y el perjuicio material causados al demandante.

Pretensiones de la parte demandante

—	Que se anule la decisión de 23 de septiembre de 2009, en la parte en que el Comité de Recursos desestimó el recurso del demandante contra el informe de calificación de 2008.

—	Que se anule el informe de calificación de 2008, tanto en la parte relativa a los objetivos como en la parte correspondiente a la valoración.

—

Que se anulen todos los actos conexos, consiguientes y preparatorios, entre los cuales las directrices de la dirección HR para sintetizar el juicio con una de las primeras letras del alfabeto y los límites cuantitativos impuestos en la atribución de una valoración A o B+, y las promociones decididas el 18 de marzo de 2009, visto que, a la luz del juicio emitido por los superiores del demandante, el BEI no lo tomó en consideración en el apartado «Promotions from Function E to D».

—	Que se condene al BEI a indemnizar el daño moral y el perjuicio material, así como al pago de las costas, más los intereses y la revaluación monetaria sobre el derecho de crédito reconocido.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/54

Recurso interpuesto el 25 de febrero de 2010 — Marcuccio/Comisión

(Asunto F-14/10)

2010/C 134/90

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (representante: G. Cipressa, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Objeto y descripción del litigio

Declaración de la duración excesiva de un procedimiento relativo al reconocimiento de una invalidez parcial y la condena de la demandada a indemnizar el daño causado a la demandante.

Pretensiones de la parte demandante

—	Que se anule la resolución de la Comisión que desestima la solicitud de 30 de enero de 2009.

—	Que se anule la decisión que declaró improcedente la reclamación de 20 de julio de 2009 contra la decisión desestimatoria de la solicitud de 30 de enero de 2009.

—	En la medida de lo necesario, que se anule la nota ADMIN.B.2/MB/ls D(09) 29562, de 6 de noviembre de 2009, recibida por el demandante el 16 de diciembre de 2009.

—

En la medida de lo necesario, que se declare que la duración del procedimiento, dirigido a la obtención por parte del demandante de los beneficios que le corresponden en virtud de los derechos que le reconoce el artículo 73 del Estatuto de los Funcionarios de la Comunidad Europea en relación con una accidente que sufrió el 12 de septiembre de 2003, fue superior a 5 años.

—	En la medida de lo necesario, que se declare que la duración del procedimiento antes referido excedió de la duración razonable.

—

Que se condene a la Comisión a indemnizar el daño de tipo patrimonial y moral, injustamente sufrido por el demandante debido a la duración no razonable del procedimiento antes referido, imponiéndole la cantidad de 10 000 euros, o una cantidad superior o inferior que el Tribunal estime justa y equitativa.

—

Que se condene a la Comisión a abonar al demandante, a partir del día siguiente al día en que la Comisión recibió la solicitud de 30 de enero de 2007 y hasta el pago efectivo de la cantidad de 10 000 euros, más los intereses sobre dicha cantidad, a un tipo del 10 % al año y con capitalización anual.

—	Que se condene en costas a la demandada.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/54

Recurso interpuesto el 26 de febrero de 2010 — Andrés y otros/BCE

(Asunto F-15/10)

2010/C 134/91

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandantes: Carlos Andrés y otros (Fráncfort del Meno, Alemania) (representantes: M. Vandenbussche y L. Levi, abogadas)

Demandada: Banco Central Europeo

Objeto y descripción del litigio

Por una parte, anulación de las nóminas de los demandantes correspondientes al mes de junio de 2009, así como de todas las nóminas posteriores y que se vayan devengando, en la medida en que tales nóminas constituyen la aplicación de la reforma del régimen de pensiones que se aprobó el 4 de mayo de 2009. Por otra parte, reparación del daño sufrido por los demandantes.

Pretensiones de las partes demandantes

—

Que se anulen las nóminas correspondientes al mes de junio de 2009 en la medida en que tales nóminas constituyen la primera aplicación, respecto a los demandantes, de la reforma del régimen de pensiones que aprobó el Consejo de Gobierno el 4 de mayo de 2009, y que se anulen, en igual medida, todas las nóminas posteriores y las hojas de haberes pasivos que se vayan devengando.

—	En la medida en que sea necesario, que se anulen las decisiones por las que se deniegan las solicitudes de revisión («administrative review») y las reclamaciones internas («grievance procedure»), de 28 de agosto y de 17 de diciembre de 2009 respectivamente.

—

Por consiguiente, que se condene a la demandada al pago de la diferencia de retribución y de pensión resultante de la citada decisión del Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2009, en relación con la aplicación del anterior régimen de pensiones; a esa diferencia de retribución y de pensión deben añadirse los intereses de demora a contar desde el 15 de junio de 2009 y, posteriormente, desde el 15 de cada mes, hasta la liquidación completa, intereses que se calcularán al tipo fijado por el BCE, incrementado en tres puntos.

—	Que se condene a la demandada al pago de una indemnización por el daño sufrido como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo, daño que se valora provisionalmente ex aequo et bono en el 1 % de la retribución mensual de cada demandante.

—	Que se condene en costas al Banco Central Europeo.

22.5.2010

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C 134/55

Recurso interpuesto el 10 de marzo de 2010 — M. Almeida Campos y otros/Consejo

(Asunto F-16/10)

2010/C 134/92

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandantes: M. Almeida Campos (Bruselas) y otros (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y É. Marchal, abogados)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Objeto y descripción del litigio

Anulación de las decisiones de no promover a los demandantes al grado AD 12 en el ejercicio de promoción 2009, y en la medida en que resulte necesario, de las decisiones de promover a dicho grado, en el mismo ejercicio de promoción, a los funcionarios cuyos nombres están recogidos en las listas de promovidos publicadas en la CP no 97/09, de 27 de abril de 2009 y en la CP no 93/09, de 13 de mayo de 2009.

Pretensiones de las partes demandantes

—	Que se anulen las decisiones de no promover a los demandantes al grado AD 12 en el ejercicio de promoción 2009.

—

En la medida en que resulte necesario, que se anulen las decisiones de promover a dicho grado, en el mismo ejercicio de promoción, a los funcionarios cuyos nombres están recogidos en las listas de promovidos publicadas en la CP no 97/09, de 27 de abril de 2009 y en la CP no 93/09, de 13 de mayo de 2009.

—	Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

22.5.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/56

Recurso interpuesto el 15 de marzo de 2010 — Daake/OAMI

(Asunto F-17/10)

2010/C 134/93

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Simone Daake (Alicante) (representante: H. Tettenborn, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Objeto y descripción del litigio

Anulación de la resolución de la OAMI de 4 de diciembre de 2009, por la que se desestima la reclamación de daños y perjuicios de la demandante.

Pretensiones de la parte demandante

—

Que se condene a la OAMI a indemnizarle los daños materiales que ha sufrido, por un importe equivalente a la diferencia entre:

—

por una parte, la retribución efectiva con arreglo a su clasificación formal como agente contractual conforme al artículo 3 bis del ROA, desde el 1 de noviembre de 2005 hasta el 31 de octubre de 2008 y la prestación por desempleo que le ha sido abonada desde el 1 de noviembre de 2008 hasta la fecha de hoy y,

—

por otra parte, la retribución que legalmente le corresponde en su condición de agente temporal con arreglo al artículo 2, letra a), del ROA, desde el 1 de noviembre de 2005 hasta el 31 de octubre de 2008, así como la prestación por desempleo que le corresponde desde el 1 de noviembre de 2008 hasta la fecha de hoy, computando las retribuciones calculadas sobre la base de la retribución correspondiente a octubre de 2008 conforme al artículo 2, letra a), del ROA –

—	así como el lucro cesante en la pensión de jubilación y demás indemnizaciones, retribuciones y complementos, habida cuenta de los ascensos que el 1 de abril de 2008 hubieran de considerarse apropiados y adecuados a sus méritos,

—	así como anular –en la medida en que sea necesario para la concesión de los daños y perjuicios solicitados– las decisiones de la OAMI de 6 de mayo de 2009 y de 4 de diciembre de 2009.

—	Que se condene a la OAMI a indemnizarle los daños morales que afirma haber sufrido a consecuencia de la discriminación de que ha sido objeto en relación con otros agentes de la OAMI, por la cantidad que el Tribunal considere adecuada.

—	Que se condene en costas a la OAMI.

		ISSN 1725-244X doi:10.3000/1725244X.C_2010.134.spa
Diario Oficial de la Unión Europea		C 134

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	53o año 22 de mayo de 2010

Número de información	Sumario	Página
	IV Información
	INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA
	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
2010/C 134/01	Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión EuropeaDO C 113 de 1.5.2010	1