5.7.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 164/1

1)

Que la gestión de los riesgos de inundación es una cuestión importante para las regiones y los municipios europeos. Que muchos entes regionales y locales han de gestionar los riesgos de inundación generados por los ríos o el mar para proteger y preservar la calidad de vida de sus ciudadanos.

2)

Que pueden identificarse distintos tipos de inundaciones debido a sus distintas características regionales. Que son necesarias distintas medidas para reducir la probabilidad y el impacto de las inundaciones. Que, por lo tanto, es necesario un planteamiento regional para la gestión de los riesgos de inundación.

3)

Que ni los ríos ni el mar respetan las fronteras. Que, por lo tanto, es necesario esforzarse en favor de la cooperación transfronteriza entre los ciudadanos y los administradores en las zonas costeras y en las cuencas hidrográficas. Que es indispensable crear una solidaridad entre los ciudadanos que no estén directamente amenazados por las inundaciones y aquellos que viven en las orillas del mar o de los ríos y que sí lo están.

1.1

acoge con satisfacción las características esenciales de la Comunicación de la Comisión y, en particular, el programa de acción concertada para la protección contra las inundaciones. Asimismo, señala que los mares y ríos son sistemas dinámicos que no pueden controlarse con medidas simples o sectoriales;

1.2

observa que las medidas de protección contra las inundaciones en una región pueden afectar a las inundaciones en otras regiones situadas río arriba o río abajo. Por consiguiente, es importante que los efectos de las medidas se determinen para la totalidad de la cuenca hidrográfica. No obstante, este planteamiento no debería conducir a modelos prescritos, planes normalizados o una mayor burocracia, ya que los entes regionales y locales saben que están vinculados en la diversidad, y no en la uniformidad;

1.3

es consciente, sin embargo, de que determinar los efectos de las medidas sobre toda una cuenca hidrográfica exige un número mínimo de indicadores estándar. Estos indicadores ofrecen la posibilidad de afinar y coordinar acciones a nivel internacional, nacional, regional y local. A fin de garantizar la flexibilidad, debería ser posible alterar el número de indicadores estándar en función de las circunstancias;

1.4

señala que debería concienciarse a los ciudadanos sobre la importancia de adoptar medidas preventivas cuando no existe una amenaza perceptible. El compromiso de los ciudadanos es muy importante, ya que estos últimos son los auténticos abanderados del principio de solidaridad. Esto es especialmente importante para aquellos ciudadanos que residen en cuencas hidrográficas no sujetas a peligro grave o potencial de inundación, pero parte de las cuales puedan ser especialmente propensas a crear escorrentías;

1.5

valora positivamente que el Consejo, en su reunión del 14 de octubre de 2004, haya decidido que, en el contexto de las reuniones periódicas de los responsables de la UE en materia de aguas, el programa de acción para la protección contra las inundaciones se elabore en colaboración con otras partes interesadas y relevantes, y hace hincapié en que los entes regionales y locales europeos deberían participar en esta elaboración;

1.6

insta a los entes regionales y locales a que desarrollen planes antes de 2007, y expresa su deseo de participar activamente en los mismos, y que éstos se ajusten por anticipado a las nuevas posibilidades de la UE en materia de financiación, dado que la utilización de la ayuda financiera de la UE significa que es necesaria la participación financiera nacional, regional y local.

2.1

considera que la amenaza de inundación es un problema comunal y que debería abordarse en la totalidad de la cuenca hidrográfica. El objetivo general debería consistir en crear una responsabilidad y una solidaridad comunes en la cuenca hidrográfica para que se tenga en cuenta toda la zona a la hora de estudiar medidas eficaces para combatir la amenaza de inundación en una pequeña parte de la cuenca;

2.2

considera que es fundamental aumentar la sensibilización de todas las partes interesadas en una cuenca hidrográfica y, sin duda, en las zonas situadas río arriba que no son propensas, o lo son en menor medida, a las inundaciones pero que contribuyen por el uso de sus tierras a crear escorrentías, y recomienda que se obligue a todos los entes regionales y locales de una cuenca hidrográfica a participar activamente en el proceso de planificación de las medidas preventivas;

2.3

apoya el planteamiento de considerar a toda la cuenca hidrográfica como un método de trabajo integrado, sin excepciones sectoriales. Este método deberá practicarse a la hora de aplicar el principio de solidaridad, que también apoya;

2.4

considera que el Centro de Control e Información de la Comisión para la Protección Civil podría desempeñar un papel importante junto con la difusión de información a las autoridades nacionales, regionales y locales, y recomienda que el Centro introduzca actividades destinadas a aumentar la sensibilización también entre las partes interesadas, tanto para el público en general como para la industria. A fin de aumentar la solidaridad en toda la cuenca hidrográfica, recomienda que el Centro establezca iniciativas de colaboración para hacer frente a las inundaciones;

2.5

considera que sólo un planteamiento integrado amplio, que incluya varios ámbitos de política, podría tener el efecto deseado a más largo plazo, por lo que sugiere que el programa de acción en materia de protección contra las inundaciones abarque activamente la gama multidisciplinar de políticas relacionadas con el suelo;

2.6

subraya la importancia de la aplicación del principio de solidaridad en una estrategia de tres fases: retención, embalsamiento y drenaje de agua. Un uso de la tierra y un sistema de gestión del agua adecuados pueden reducir las inundaciones en los grandes ríos y, en particular, en los ríos más pequeños. A título de ejemplo, puede utilizarse la capacidad de retención de agua del suelo, de los pequeños sistemas hidrográficos y las pequeñas cuencas, ya que el embalsamiento del agua de lluvia por estos elementos puede reducir las crecidas de los ríos;

2.7

aconseja a la Comisión que establezca las actividades necesarias para reducir el impacto o la probabilidad de inundaciones en un programa de acción que requiera la cooperación de todos los niveles administrativos afectados. El desarrollo de planes de gestión de los riesgos de inundación no debería verse obstaculizado por la actitud evasiva de ningún Estado miembro;

2.8

sugiere que, a la hora de diseñar y poner a punto las medidas de protección contra las inundaciones, deberían utilizarse los métodos de trabajo y los principios de la Directiva Marco del Agua, sin intentar modificar la Directiva;

2.9

considera que a largo plazo el programa de acción para la protección contra las inundaciones debería adaptarse a todas las medidas resultantes de la Directiva Marco del Agua;

2.10

considera positivo un programa de acción para la protección contra las inundaciones con objetivos a corto y largo plazo. A corto plazo, es absolutamente necesario que continúen las iniciativas existentes, en particular las destinadas a la aplicación de medidas estructurales. Los entes regionales y locales deberán esforzarse al máximo por realizar acciones concretas en materia de prevención de las inundaciones anticipándose al programa de acción;

2.11

considera que el éxito del programa de acción en materia de protección contra las inundaciones está estrechamente vinculado a una financiación satisfactoria. Esta opinión se refleja en la propuesta de Perspectivas financieras para el periodo 2007-2013 y en las propuestas relativas al Fondo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión;

2.12

defiende enérgicamente el método propuesto por la Comisión consistente en identificar, difundir y promover las buenas prácticas. A tal fin, es necesario que participen, además de los Estados miembros, los entes regionales y locales y todos los agentes interesados en los diferentes territorios.

5.7.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 164/4

1.1.1

Apoya las propuestas de la Comisión que responden a las necesidades y los retos que afronta una Unión Europea ampliada hasta 27 miembros (incluidos Bulgaria y Rumanía), de conformidad con los objetivos complementarios de las estrategias de Lisboa y Gotemburgo para el crecimiento sostenible y el desarrollo medioambiental sostenible acordados por los Gobiernos de los Estados miembros para responder a las exigencias presentes y futuras del mercado interior;

1.1.2

advierte que la Unión Europea se ha venido rezagando desde 1995 con respecto a sus principales competidores económicos (5);

1.1.3

señala que desde su ampliación del 1 de mayo de 2004 la UE se ha convertido en el mayor bloque económico y comercial del mundo, con muchas de las ciudades y regiones más productivas e innovadoras del mundo, pero al mismo tiempo es una zona económica con un índice de crecimiento relativamente inferior a la media global;

1.1.4

subraya que a menos que todos los componentes de la economía europea se adapten a los cambios estructurales impuestos por la globalización, la economía europea seguirá en declive durante el periodo 2007-2013, poniendo en peligro la prosperidad, la estabilidad y la seguridad de nuestras ciudades y regiones;

1.1.5

reconoce el reto que plantea defender y mantener el modelo social europeo de sociedad basado en el crecimiento, la competitividad y la solidaridad en el contexto de las dudas crecientes de los ciudadanos sobre su eficacia y de una situación de inestabilidad global, lo que hace necesaria una acción coordinada por parte de todas las esferas de gobernanza;

1.1.6

señala asimismo que la reunificación de Europa a través de la ampliación debe seguir produciendo una renovada solidaridad y una diversidad que se añade al potencial de la Unión Europea. Sin embargo, al mismo tiempo esta ampliación ha dado lugar a nuevas y mayores disparidades económicas y sociales en las ciudades y regiones. Si no se corrigen, estas disparidades supondrán una amenaza para la cohesión y el éxito del mercado interior y los objetivos del Tratado que compartimos. Afianzar y potenciar el espíritu de solidaridad europea es, por lo tanto, una condición previa necesaria para el éxito de la política de cohesión y para fomentar el modelo social europeo;

1.1.7

comparte la opinión de la Comisión de que es preciso un mayor esfuerzo financiero para corregir el impacto asimétrico que la ampliación tendrá en el presupuesto comunitario, colmando así el desfase entre los ambiciosos compromisos políticos y afrontando la incapacidad actual para cumplir los objetivos;

1.1.8

respalda las propuestas de la Comisión de una perspectiva financiera que esté en conformidad con una gobernanza moderna y se comprometa con los entes locales y regionales;

1.1.9

considera que para ello hay que reconocer la necesidad de una «apropiación» a diversos niveles, una acción conjunta y un sistema contable coordinados en todos los Estados miembros para conseguir la máxima eficacia, hacer patente el valor añadido que tiene la UE para sus ciudadanos y multiplicar el rendimiento potencial de cada euro de dinero público que se gasta.

1.2.1

Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de tener en cuenta los compromisos políticos asumidos y asignar los recursos financieros limitados de acuerdo con una evaluación realista de lo que se necesita y se puede hacer para cumplir las metas que se ha fijado la UE;

1.2.2

destaca que, con la ampliación, se ha registrado un incremento del 5 % en el PIB de la Unión frente a un incremento del 20 % de su población;

1.2.3

señala que el PIB medio per cápita de la UE-25 ha disminuido en un 12,5 %, lo que refleja el hecho de que las disparidades de renta se han duplicado con la ampliación y los niveles de penuria han empeorado significativamente;

1.2.4

toma nota de que aunque la Comisión propone aumentar los créditos de pago por término medio un 1,14 % de la RNB, los créditos de compromiso se situarían en un promedio de 1,22 % durante este período. El límite máximo de los recursos propios se mantiene en un 1,24 % de la RNB para las perspectivas financieras 2007-2013, es decir, al mismo nivel que en el periodo 2000-2006 (6);

1.2.5

señala asimismo que esto contrasta con el aumento del límite máximo de los recursos propios de la UE durante las dos primeras perspectivas financieras, que no se ha producido en la actual:

1.2.6

destaca que la ampliación ha exigido una reacción política por parte de la Comisión que se refleja (junto con otras influencias externas) en los créditos de compromiso. Se observa un aumento de los créditos de compromiso para cohesión y competitividad (crecimiento sostenible), una reducción de los créditos para las explotaciones agrícolas (agricultura sostenible) y un aumento de los créditos al margen de las explotaciones agrícolas (desarrollo rural);

1.2.7

señala, sin embargo, que de este modo habrá que afrontar los costes inevitables de la ampliación reduciendo el margen entre los créditos de pago y el límite máximo de los recursos propios, que en las anteriores perspectivas financieras se reservaba a gastos imprevistos;

1.2.8

advierte que el 1,14 % de la RNB en créditos de pago para la perspectiva financiera 2007-2013 incluye el Fondo Europeo de Desarrollo y el fondo de solidaridad. Por lo tanto, el 1,14 % de la RNB equivale aproximadamente al 1,10 % de la RNB en créditos de pago asignados para el periodo 2000-2006;

1.2.9

reconoce que se ha manifestado cierto desacuerdo con las propuestas de la Comisión y que algunos Estados que son contribuyentes netos han pedido un nivel más riguroso de gasto que no sobrepase unos créditos de compromiso por valor del 1 % de la RNB (incluidos los compromisos previamente cuantificados, como los relativos al gasto agrícola) (7);

1.2.10

muestra su preocupación por el hecho de que esta posición se traduciría en unos pagos equivalentes al 0,9 % de la RNB y que el promedio anual para el período 2007-2013 se situaría considerablemente por debajo del nivel acordado para los pagos en 2006, el 1,09 % de la RNB;

1.2.11

señala que esto representaría un marco presupuestario restrictivo que podría perjudicar a las políticas que tienen un tratamiento especial dentro del Tratado y a las que producen importantes efectos multiplicadores y efectos que también influirían en las expectativas de los nuevos Estados miembros;

1.2.12

considera que las propuestas de la Comisión son una respuesta lógica a estas preocupaciones presupuestarias de Estados miembros cuyos recursos propios se ven actualmente lastrados por los bajos índices de crecimiento en toda Europa; por consiguiente, el Comité adopta una perspectiva similar a la del Banco Europeo de Inversiones a la hora de apoyar un desplazamiento de los recursos hacia los retos del futuro;

1.2.13

señala que con un 1,24 % de la RNB, el presupuesto de la UE sólo representa aproximadamente el 2,5 % del gasto público total de la Unión;

1.2.14

está de acuerdo con la Comisión en que es poco realista esperar más Europa por menos dinero: los nuevos ámbitos políticos a nivel de la UE implican nuevas exigencias financieras;

1.2.15

advierte que, dado que no puede aprobarse ninguna perspectiva financiera sin un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo, y que el Tratado vigente no establece ninguna obligación sobre la perspectiva financiera y sólo contempla los presupuestos anuales, es necesario resolver rápidamente el desacuerdo entre los Estados miembros con respecto a las perspectivas financieras. Sería poco prudente que se repitieran los retrasos producidos con motivo de la aprobación de la Agenda 2000. La prolongación de las negociaciones provocaría trastornos en los futuros programas de los Fondos Estructurales;

1.2.16

considera que en el marco temporal de la perspectiva financiera 2007-2013 resulta lógica una fase de siete años, teniendo en cuenta los retos estructurales que se plantean. Además ofrece la oportunidad de establecer mecanismos e instrumentos viables para las fases futuras. Una financiación europea garantizada durante siete años, en comparación con los periodos de financiación a más corto plazo de los mandatos nacionales, a menudo de cuatro o cinco años, ofrece a las ciudades y las regiones la escala de tiempo necesaria para acometer planes estratégicos a largo plazo de desarrollo sostenible económico y social;

1.2.17

reconoce que las propuestas para futuras fases quinquenales podrían coincidir con los mandatos del Parlamento Europeo y de la Comisión, confiriendo así una mayor legitimidad democrática a las perspectivas financieras.

1.3.1

Considera adecuadas las tres prioridades principales expuestas por la Comisión en su Comunicación sobre la perspectiva financiera para el periodo 2007-2013, a saber:

1.3.2

considera que la perspectiva financiera 2007-2013 debería reconocer la necesidad de ampliar el consenso a nivel europeo sobre los retos de las políticas comunes que señala, estableciendo claramente la dimensión europea de estos asuntos, destacando al mismo tiempo el valor añadido de la acción de la UE pero también, conforme al principio de subsidiariedad, las diferentes contribuciones realizadas por cada esfera de gobierno: local, regional y nacional;

1.3.3

acoge favorablemente la consideración de la Comisión sobre el valor añadido de la acción a nivel de la UE y la cuestión de una mejor gobernanza en la aplicación de la política comunitaria a través de cada rúbrica presupuestaria de su perspectiva financiera 2007-2013, tal como se expone en su reciente Comunicación;

1.3.4

está de acuerdo en este sentido con el objetivo de la Comisión de que en la perspectiva financiera 2007-2013 las transferencias de fondos al nivel de la UE no deberían considerarse como un fin en sí mismo;

1.3.5

respalda la opinión de la Comisión de que en las próximas perspectivas financieras el gasto asignado debería garantizar que la acción a nivel de la UE sea:

1.3.6

considera que el modelo de la UE es un equilibrio entre el individuo y la sociedad, el Estado y la autoridad descentralizada, los beneficios del mercado, las normas y las regulaciones. Como tal, la priorización de las rúbricas relativas a las distintas políticas dentro de la perspectiva financiera abre la posibilidad de un futuro crecimiento sostenible del modelo que ha proporcionado estabilidad y crecimiento en Europa durante los últimos 50 años;

1.3.7

cree que la Comisión ha adoptado una estrategia equilibrada de política de cohesión a través de unas rúbricas presupuestarias que hacen especial hincapié en las necesidades de los nuevos Estados miembros mediante la búsqueda de un cuidadoso equilibrio entre las disparidades económicas, sociales y territoriales existentes en el conjunto de la UE;

1.3.8

considera que en estas rúbricas se dan ejemplos clave del valor añadido que proporciona el modelo de la UE. La inversión de la UE en investigación y desarrollo, intercambios transfronterizos y proyectos de infraestructuras complementa los objetivos de Lisboa y Gotemburgo con un enfoque asociativo que puede reforzar el crecimiento, la convergencia, la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo. Otro elemento del enfoque asociativo europeo de la investigación y el desarrollo es una infraestructura de educación e investigación ampliamente descentralizada que permita el pleno aprovechamiento del elevado nivel educativo y el potencial de crecimiento de la población europea. Las soluciones basadas en el mercado no propician por sí solas el fututo sostenible al que aspira Europa;

1.3.9

reconoce que los recursos disponibles y la disciplina presupuestaria son factores de motivación subyacentes al proceso de negociación, en el que coexisten dos enfoques metodológicos para la elaboración de una perspectiva financiera:

1.3.10

reconoce que la Comisión ha adoptado el primer enfoque desde una perspectiva ascendente, basada en una evaluación de las necesidades de abajo arriba;

1.3.11

rechaza el argumento de que el segundo enfoque podría dar una respuesta sostenible a los retos económicos, sociales y democráticos que tiene planteada la UE.

—

1a)

La competitividad como factor de crecimiento y empleo;

—

1b)

Cohesión en favor del crecimiento y el empleo;

—

2)

Gestión sostenible y protección de los recursos naturales;

—

3)

Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia;

—

4)

La Unión Europea como socio a escala mundial.

—

Reconoce la coherencia económica y la lógica política de utilizar el desarrollo sostenible como vehículo presupuestario para las tres prioridades complementarias: convergencia, competitividad y empleo, y cooperación territorial;

—

acoge favorablemente la propuesta de dotar a la política estructural y de cohesión de un presupuesto de 336 200 millones de euros para el periodo 2007-2013 en comparación con los 213 000 millones de euros asignados a los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión para el periodo 2000-2006, aunque destaca que el 78 % (262 300 millones de euros) se destina al objetivo de la convergencia de las regiones menos desarrolladas, el 18 % (68 500 millones de euros) a la competitividad regional y el empleo, y el 4 % (13 500 millones de euros) al objetivo de la cooperación territorial para el desarrollo transfronterizo e interregional (8);

—

destaca que de la línea presupuestaria única de 262 300 millones de euros asignada al objetivo de convergencia para las regiones con una RNB per cápita inferior al 75 % de la media de la UE-25, 22 000 millones se destinan a los países de la UE-15 actualmente beneficiarios de las ayudas de cohesión, pero que dejarán de cumplir este criterio por motivos puramente estadísticos (regiones que se vean excluidas paulatinamente). Ello equivale al 66 % del importe que habrían recibido en el período 2007-2013 en calidad de regiones plenamente beneficiaras de las medidas de convergencia;

—

destaca que la línea presupuestaria única de 336 200 millones de euros equivale al 0,41 % de la RNB (344 900 millones de euros, el 0,46 % de la RNB, incluidos los costes administrativos del Fondo de Solidaridad y otras acciones);

—

hace hincapié en que para lograr una macroeconomía sana orientada hacia el crecimiento sostenible los programas que engloban estas prioridades deben ir explícitamente dirigidos a cumplir los objetivos de Lisboa y Gotemburgo;

—

destaca que la estrategia de Lisboa fue concebida para fomentar un crecimiento económico sostenible y para fortalecer la cohesión social con los siguientes objetivos:

—

señala que la Comunicación complementaria de la Comisión reconoce que estamos lejos de haber alcanzado los objetivos de crecimiento y reducción de las disparidades que fundamentan la estrategia de Lisboa y Gotemburgo. Esto se debe en parte a las presiones para responder a la competencia global, los problemas de productividad, el envejecimiento de la población y las crecientes expectativas de atención sanitaria, con las correspondientes presiones sobre el gasto público;

—

considera que para controlar y cumplir los objetivos de Lisboa y Gotemburgo es preciso determinar y medir los factores clave del éxito, así como los medios para movilizar a la sociedad civil, los entes regionales y locales y los responsables de las empresas, todos ellos directamente interesados en el éxito de la estrategia Lisboa, con el fin de realizar una estrategia de Lisboa y Gotemburgo para todos;

—

reconoce que si se reducen los niveles de gasto en las perspectivas financieras por debajo del 1,14 % de la RNB en créditos de pago propuesto por la Comisión, se perderían los programas que figuran en la subrúbrica relativa al fomento de la competitividad regional y el empleo fuera de las regiones menos desarrolladas en el epígrafe 1b) Cohesión en favor del crecimiento y el empleo. De este modo se agravaría el problema de las disparidades regionales. Por consiguiente, no sería posible que todas las regiones participaran en pie de igualdad en la mejora de la competitividad, el crecimiento y el empleo de la UE en su conjunto;

—

ha apoyado sistemáticamente la aplicación de medidas a favor de la competitividad y el empleo para garantizar que todo el territorio regional de la UE se integre plenamente en la estrategia de Lisboa y Gotemburgo, pero se pregunta hasta qué punto consiguen realizar esta estrategia los programas relativos a estas prioridades cuando la falta de prosperidad regional es el único indicador para la financiación;

—

entiende, como reconoce el Tercer informe sobre la cohesión, que como principal indicador el PIB presenta varios puntos flacos y que se ha demostrado reiteradamente que las disparidades dentro de las regiones, claramente visibles por ejemplo en las ciudades de gran y mediano tamaño (9), son más acusadas que las disparidades entre las regiones;

—

por consiguiente lamenta que el problema dentro y entre las regiones se agrave con la reducida asignación presupuestaria prevista para este nuevo «objetivo 2», comparada con la de anteriores periodos de programación: una asignación del 18 % en 2007, frente al 23,8 % en 2000-2006 (10);

—

acoge favorablemente que el potencial de las principales zonas urbanas se reconozca como motor de crecimiento económico, pero considera que las normativas propuestas para cada marco nacional deberían incluir una referencia explícita al desarrollo urbano sostenible para reflejar la función de los centros urbanos como motores económicos de la economía europea;

—

lamenta que, aunque en la estrategia de Lisboa se reconoce debidamente el impacto del envejecimiento de la población en la reducción de las tasas de crecimiento y en la disminución del PIB y las medidas necesarias para contrarrestar esos efectos, no haya un reconocimiento similar del potencial que representan los jóvenes para alcanzar los objetivos de la competitividad y el crecimiento.

—

Reconoce la necesidad de impulsar la política industrial en Europa creando un entorno empresarial favorable;

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hace hincapié en la necesidad de aprovechar y fomentar el potencial de desarrollo del sector de las PYME como elemento constitutivo del crecimiento en el mercado único, habida cuenta de que las PYME constituyen quizá el mayor potencial oculto del mercado único;

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señala que aplicando las normas del mercado único a la política de cohesión para estimular a las pequeñas empresas se puede determinar un valor añadido concreto a través del aumento del comercio intracomunitario entre las regiones menos desarrolladas y el resto de la UE, dado que aproximadamente la cuarta parte del gasto de la política de cohesión orientada a la competitividad redunda en el resto de la Unión en forma de un aumento de las exportaciones;

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considera necesario, en la reforma de las normas relativas a las ayudas estatales, adoptar unas normativas de excepción horizontales para apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico y las PYME;

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considera que la introducción de evaluaciones de impacto para asignar mejor las ayudas estatales, que permitirán una mayor flexibilidad a las autoridades nacionales, regionales y locales a la hora de tomar medidas que tienen efectos limitados sobre la competencia y el comercio a nivel de la UE, pero que pueden afrontar verdaderas disfunciones del mercado, contribuirá a desarrollar las regiones con mayor retraso y a fomentar el espíritu empresarial.

—

Considera que si la UE quiere convertirse en una economía dinámica basada en el conocimiento se necesitan diversas medidas y disposiciones de apoyo financiero, especialmente la creación de polos de excelencia a partir de las numerosas infraestructuras europeas de investigación y de educación existentes que potencien las economías regionales, extiendan la excelencia y aumenten la competitividad en toda la UE;

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coincide con la Comisión en que la consolidación del esfuerzo de la UE en materia de investigación y desarrollo tecnológico constituye un objetivo principal de la UE ampliada, aunque se debe alcanzar un correcto equilibrio entre la financiación pública y privada (11);

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respalda, por ello, la decisión del Consejo Europeo de Barcelona de aumentar el gasto en investigación y desarrollo para alcanzar el 3 % del PIB de la UE antes de 2010.

—

Aprueba la propuesta de la Comisión Europea de aumentar la escala de los recursos financieros asignados al desarrollo de las redes transeuropeas. Hay que dar especial prioridad a los proyectos transfronterizos que fomenten la intermodalidad y el uso de formas sostenibles de transporte, especialmente el concepto de «autopistas del mar», siempre que estos proyectos formen parte de una plan de transportes global y sostenible;

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resalta el papel que pueden desempeñar las RTE-T, en concreto las «autopistas del mar» en el caso específico de las islas, para superar las dificultades que las regiones con desventajas naturales y demográficas sufren para acceder al mercado interior en condiciones equitativas;

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reconoce la limitada capacidad de los Estados miembros para conseguir las sumas necesarias para inversiones en infraestructuras en un momento en el que tratan de recortar el gasto público para cumplir las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento;

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subraya que la financiación de las RTE-T por parte de los entes locales y regionales sólo podrá seguir siendo marginal, dados los onerosos compromisos que han contraído con otras inversiones en infraestructuras que a menudo resultan cruciales para el buen funcionamiento de las RTE-T así como de la economía y las infraestructuras sociales;

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señala que el fomento de la competitividad impulsa el reconocimiento de estrechas interdependencias entre las ciudades y las regiones, que a su vez pueden crear masas críticas capaces de potenciar un fuerte crecimiento en zonas donde una sola ciudad o región no podría provocarlo. Las redes urbanas estratégicas europeas como URBACT constituyen un buen ejemplo de esto y deberían impulsarse a nivel europeo para garantizar el intercambio de buenas prácticas y conocimientos técnicos entre distintas áreas territoriales y las inversiones necesarias con el fin de cumplir los objetivos de Lisboa y Gotemburgo.

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Subraya que la educación y la formación de los recursos humanos locales y regionales tienen una importancia crucial para el desarrollo del mercado único europeo y la aplicación de la estrategia de Lisboa. Las acciones que se emprendan en toda la UE para impulsar la movilidad tendrán un impacto económico real. Tanto individualmente como en su conjunto, estas medidas representan una rentabilidad excelente por el dinero invertido. Su coste adicional para el presupuesto debe reconocerse como esencial para el buen funcionamiento y desarrollo de un mercado de trabajo integrado y un entorno común de aprendizaje en Europa.

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Comparte la opinión de la Comisión de que se debe poner a punto un marco regulador apropiado que cree condiciones equitativas para las empresas y los trabajadores mediante el establecimiento de normas sociales adecuadas y la consagración de derechos fundamentales.

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Reconoce que el valor añadido de la Comunidad no se genera únicamente con la financiación sino también mediante el método comunitario que determina los programas que deben aceptarse y establece estrategias regionales. Sólo un marco institucional europeo puede garantizar una complementariedad de las políticas sectoriales y de los instrumentos financieros que realice los objetivos comunitarios de la cohesión económica, social y territorial;

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reconoce que el objetivo de la convergencia debe enfocarse prioritariamente a la ampliación como signo de solidaridad con los nuevos Estados miembros y las regiones más débiles de los «antiguos» Estados miembros, para garantizar que los fondos se destinen a las regiones y ciudades con mayor retraso de desarrollo.

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observa que la propuesta de la Comisión sobre la dotación financiera de los Fondos Estructurales de la UE en el próximo período de programación representa también un compromiso justo para las regiones de la actual UE–15, debiéndose destinar 109 800 millones de euros al nuevo objetivo 1 y 56 600 millones de euros al nuevo objetivo 2 en los «antiguos» Estados miembros (frente a los 154 000 millones de euros, o bien 46 600 millones de euros en el actual período de programación);

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previene contra la socavación de los principios de asociación y solidaridad con respecto a los Estados miembros que no cumplirán ya los requisitos para el Fondo de Cohesión como resultado del efecto estadístico de la ampliación;

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reconoce las razones que existen para la introducción de un límite máximo del 4 % del PIB nacional para todos los Estados miembros en la asignación de los recursos del FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión, incluyendo las transferencias de recursos como parte de la reestructuración del desarrollo rural y de la pesca (12). La reducción de las disparidades económicas y sociales debe seguir siendo una de las máximas prioridades de la Unión Europea y estos fondos son necesarios para ayudar a las regiones y los Estados miembros rezagados en su desarrollo económico y social;

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acepta que el principio de la fórmula de Berlín (cuanto menos desarrollada esté una región, mayor será la ayuda que deberá recibir) estaba bien fundado y debería seguir aplicándose en el futuro. Por consiguiente, deberán investigarse las anomalías que provoque la aplicación del límite máximo del 4 % del PIB nacional a nivel de un Estado miembro;

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sin embargo, advierte de que cualquier ajuste de los créditos de pago globales se realizará al margen de este 4 % y, por consiguiente, aunque el Fondo de Cohesión quedará garantizado para los nuevos Estados miembros, el impacto de tal ajuste socavará gravemente el principio de una agenda de Lisboa-Gotemburgo para todos;

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reconoce la importancia de mejorar la adquisición de capacidades en los entes territoriales de los Estados miembros y de los nuevos países vecinos. Se pueden conseguir considerables avances en cooperación transfronteriza e interregional mediante el intercambio de conocimientos y prácticas entre expertos de los entes locales y regionales.

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aumentado la competitividad del sector agrícola mediante el apoyo a la reestructuración,

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protegiendo el medio ambiente y el campo mediante el apoyo a la gestión de las tierras,

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aumentando la calidad de vida en las zonas rurales,

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promoviendo la diversificación de las actividades económicas;

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desarrollo sostenible en las zonas costeras,

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adaptación de las flotas pesqueras; acuicultura e industrias de transformación del pescado;

2.1.1

Pide que el principio de asociación que vincula los ámbitos local, regional, nacional y transnacional sea un hilo conductor presente en todas las propuestas de la Comisión. Este principio debe ser reconocido y aplicado con cierta urgencia tanto por la Comisión Europea como por el Consejo de Ministros, y asimismo debe difundirse sistemáticamente en los Estados miembros y los medios de comunicación para demostrar el valor añadido de la UE;

2.1.2

insta a la aplicación sistemática del principio de asociación en los reglamentos detallados presentados por la Comisión sobre todos los elementos políticos determinados en la perspectiva financiera 2007-2013;

2.1.3

propugna que el principio de asociación se incorpore plenamente en los nuevos reglamentos que tratan de los programas, especialmente en lo que se refiere a la cooperación transeuropea, y que en estos programas se reconozcan los conocimientos y las capacidades de los entes locales y regionales en cuestión.

2.2.1

Insiste en la importancia crucial de aumentar la coherencia entre la política de cohesión y las políticas europeas sectoriales específicas, especialmente las de agricultura, investigación, competencia, medio ambiente y transporte, de forma que sean posibles enfoques adecuados a cada ámbito. Además de la aplicación del principio de asociación, el nuevo programa debe demostrar el compromiso de la Comisión y del Consejo de Ministros en materia de coordinación administrativa en todas las esferas de gobernanza: local, regional, nacional y comunitaria.

2.3.1

Recomienda que la aplicación de los pactos y acuerdos tripartitos se amplíe para sustanciar la gobernanza en las perspectivas financieras 2007-2013 y represente un compromiso de los representantes elegidos en los entes locales y regionales con el proceso de la hoja de ruta propuesto, especialmente en lo que se refiere al componente territorial de los programas marco necesario para alcanzar los objetivos de cohesión tanto entre los Estados miembros como dentro de cada Estado;

2.3.2

sugiere que el compromiso local y regional con el proceso de la hoja de ruta, donde las estrategias regionales forman parte de la estrategia nacional, no sólo garantizará una mayor coherencia en la aplicación de la agenda de crecimiento sostenible, sino también una mayor visibilidad de la política europea de cohesión y la asignación prioritaria de los recursos a los ámbitos donde más se necesiten;

2.3.3

hace hincapié en que estas medidas podrían introducirse sin perjuicio de atender a la urgente necesidad de simplificar y agilizar la elaboración y aplicación de programas de competitividad y cohesión;

2.3.4

recomienda llevar a cabo una evaluación interinstitucional crítica de impacto para determinar lo que se ha hecho y los aspectos positivos de las diferentes políticas públicas en los Estados miembros. Un dispositivo de auditoría única contribuiría a averiguar si se cumplen los objetivos estratégicos, de conformidad con la estrategia de Lisboa y Gotemburgo, a la hora de asignar prioritariamente los recursos a los ámbitos donde más se necesiten.

2.4.1

Vuelve a hacer hincapié en el vínculo indisociable que existe entre una política regional eficaz a nivel europeo y la aplicación de la agenda de Lisboa y Gotemburgo. La continuación de la política regional de la UE, más que su renacionalización, favorecerá el crecimiento y la competitividad futuros de la UE en todas las zonas de Europa, lo que confirmará el impacto positivo que ha tenido hasta la fecha la política regional de la UE en el fortalecimiento de la cohesión social, económica y territorial comunitaria;

2.4.2

insiste en que todos los programas nacionales de acción para el crecimiento y el empleo elaborados por los Estados miembros y la Comisión reflejan las consultas y los compromisos con los entes locales y regionales. Los planes estratégicos urbanos y regionales deben ajustarse a los compromisos y objetivos establecidos por los programas nacionales de acción;

2.4.3

sugiere asimismo establecer un mecanismo que facilite la elaboración de programas, mediante el cual podrían participar dos o más regiones en actividades que contribuyan eficazmente a incrementar la competitividad local;

2.4.4

insiste en que el pilar de la perspectiva financiera 2007-2013 relativo a la competitividad como factor de crecimiento y empleo no puede servir de variable de ajuste en las negociaciones sobre los créditos de pago para él próximo periodo de referencia; aun aceptando que en los apartados relativos a la cohesión se debe dar prioridad al objetivo de la convergencia, el CDR considera que la UE debería respaldar el objetivo de la competitividad para anticipar y promover el cambio con el fin de cumplir los objetivos de la «nueva» estrategia de Lisboa;

2.4.5

insta a financiar la política de cohesión con un mínimo del 0,41 % de la RNB de la UE para garantizar que los objetivos de la política de cohesión se cumplan plenamente en la UE de los 25;

2.4.6

respalda la necesidad de coherencia entre la aplicación del límite máximo del 4 % del PIB nacional a nivel de Estados miembros y las implicaciones de la fórmula de Berlín para las regiones menos desarrolladas;

2.4.7

pide que los programas de desarrollo rural sostenible se integren directamente en los programas de la política de cohesión y no se conviertan en programas agrícolas de sustitución debido a la presión de los recursos propios;

2.4.8

insta a que los criterios de asignación de la financiación regional utilizados en el pilar de la competitividad y el empleo se basen en un conjunto de indicadores que reflejen las necesidades, la accesibilidad y las posibilidades regionales y locales, y sean capaces de evaluar las disparidades intraregionales;

2.4.9

pide que las posibilidades de desarrollo social y económico que ofrecen las ciudades a toda la UE se reconozcan y se tengan en cuenta en la planificación estratégica a nivel nacional;

2.4.10

insta a que se consulte activamente al CDR mediante su participación en el examen anual de las agendas en materia de competitividad y cohesión que realiza el Consejo Europeo de primavera. Ello brindaría a los entes locales y regionales la oportunidad de plantear cuestiones y buenas prácticas sobre lo que debe hacerse para mejorar el funcionamiento del método abierto de coordinación en aplicación de las agendas de Lisboa y Gotemburgo.

2.5.1

Insta a que se adopte un enfoque más coherente para la introducción de medidas macroeconómicas, el empleo, la acción social, las iniciativas medioambientales y de investigación con el fin de revitalizar la estrategia y orientar los programas nacionales de acción de los Estados miembros;

2.5.2

pide que se mejore radicalmente la gobernanza de la estrategia de Lisboa y Gotemburgo para hacerla más eficaz y comprensible;

2.5.3

pide por tanto que en la revisión intermedia de la estrategia de Lisboa se incluya una valoración crítica de la aplicación de la gobernanza y un análisis de las repercusiones de la descentralización administrativa de cara a una eficaz aplicación de la estrategia de Lisboa;

2.5.4

resalta que aunque la aplicación de la estrategia de Lisboa plantee un panorama general sombrío y pesimista, algunos Estados miembros han logrado alcanzar los objetivos en numerosos ámbitos políticos, y considera que se deberían analizar con mayor detenimiento los factores que subyacen a estos resultados y tomarlos en consideración a la hora de aplicar el método abierto de coordinación;

2.5.5

pide concretamente que se determinen y midan a nivel local y regional los factores claves del éxito y que se incorporen a los catorce indicadores y objetivos cuya utilización se sugiere en el informe de Wim Kok (14) para identificar los buenos y malos resultados a nivel de los Estados miembros;

2.5.6

hace hincapié en que la competitividad económica es esencial para lograr la cohesión social y un medio ambiente sostenible;

2.5.7

insta a conceder una mayor importancia a los entes locales y regionales con el fin de divulgar el conocimiento e introducir la innovación y la iniciativa que se requieren para la realización de los objetivos de Lisboa y Gotemburgo, aportando así a la estrategia una mayor apropiación política;

2.5.8

recomienda asimismo incluir en la revisión intermedia de los objetivos de Lisboa y Gotemburgo un pacto europeo de la juventud que se centre en los problemas del desempleo y la integración social y profesional completando las acciones de la agenda de Lisboa y Gotemburgo para el envejecimiento de la población;

2.5.9

considera que los avances en la realización de los objetivos de Lisboa y Gotemburgo deberían estar sujetos a informes anuales tanto a nivel nacional como de la UE y que estos informes deberían ser objeto de consulta al Comité de las Regiones y permitir al Consejo Europeo de primavera centrarse en los asuntos políticos clave para seguir el cumplimiento de los objetivos de Lisboa y Gotemburgo;

2.5.10

considera que, tras la ampliación y el establecimiento de la moneda y el mercado únicos, el siguiente gran proyecto de la UE debería ser la optimización del crecimiento y el empleo mediante un planteamiento renovado de la agenda de Lisboa y Gotemburgo.

2.6.1

Solicita que en los reglamentos relativos a la investigación y el desarrollo tecnológico, ámbito en el que se prevé un aumento sustancial de la asignación de recursos financieros, haya un reconocimiento claro de los componentes territoriales del programa marco de investigación;

2.6.2

pide que se coordinen los programas y las políticas nacionales y regionales de investigación a fin de crear un verdadero espacio europeo de investigación que pueda respaldar los objetivos de competitividad y crecimiento;

2.6.3

insta a desarrollar plataformas de aprendizaje mutuo y polos de innovación que contribuyan a crear y sostener estrategias de investigación regionales y modelos regionales de desarrollo de conocimientos que faciliten la implicación de las universidades en sus economías locales. Estas plataformas y redes deberían diseñarse de forma que faciliten la aplicación rápida de nuevas ideas y productos, fomenten las derivaciones de la investigación fundamental y aplicada y acorten los plazos entre la innovación y la aplicación;

2.6.4

insta a los Estados miembros a que en sus programas nacionales de acción prevean las medidas por adoptar con miras a lograr el objetivo del 3 % del PIB dedicado a la investigación y el desarrollo tecnológico.

2.7.1

Acoge favorablemente las propuestas destinadas a triplicar el número de estudiantes de Erasmus y a aumentar el número de acciones de movilidad de los estudiantes y de colocaciones de formación profesional.

2.8.1

Acoge favorablemente las propuestas encaminadas a reforzar los acuerdos de asociación y a introducir instrumentos simplificados de toma de decisiones en todos y entre todos los niveles de gobierno, del local, regional y nacional al comunitario, pero insiste en que estas medidas deben adoptarse con cierta urgencia;

2.8.2

recomienda que en la realización de los objetivos de Lisboa y Gotemburgo la Comisión Europea evalúe anualmente los planes nacionales de acción y que los entes locales y regionales participen en la evaluación de los aspectos relativos a la ordenación del territorio;

2.8.3

también recomienda que la Comisión Europea realice una declaración anual sobre los avances en los retos políticos fijados en las perspectivas financieras 2007-2013 y sobre la contribución de cada esfera de gobierno –local, regional y nacional- al impulso, en caso necesario, de la reforma económica y de un mayor compromiso y responsabilidad por parte de todos los organismos y gobiernos locales, regionales y nacionales.

2.9.1

Subraya que aparte del aumento de recursos propuesto por la Comisión para acciones relacionadas con la ciudadanía, la libertad, la seguridad y la justicia, es preciso reconocer plenamente que los asuntos de justicia e interior no dependen simplemente de la negociación entre Bruselas y los Estados miembros con respecto a la subsidiariedad a nivel de gobierno local y regional. Hay que prestar especial atención al reconocimiento de los entes locales y regionales de los nuevos Estados miembros en este sentido;

2.9.2

pide que se refuerce en los entes locales y regionales la visibilidad de los mecanismos que determinan el valor añadido de los programas comunitarios, con el fin de sensibilizar al público y conseguir su respaldo para las políticas europeas que se aplican a nivel local.

2.10.1

Reitera su conformidad con el límite máximo presupuestario del 1,24 % para los recursos propios en la perspectiva financiera 2007-2013, dado que este límite refleja la necesidad de disciplina presupuestaria y valor añadido comunitario, y este volumen de recursos es el único medio para realizar la cohesión, la competitividad y el mercado único y cumplir las obligaciones comunes impuestas por el Tratado;

2.10.2

advierte de los peligros potenciales que pueden surgir de un presupuesto de compromiso;

2.10.3

apoya al Parlamento Europeo, en cuya opinión las actuales perspectivas financieras son parte de un acuerdo interinstitucional global que sólo podrá renovarse en un clima de confianza mutua entre las instituciones y sobre la base de un acuerdo común con las dos ramas de la autoridad presupuestaria;

2.10.4

señala que quienes pretenden introducir reducciones en los créditos de compromiso se centrarán probablemente en los programas de los Fondos Estructurales relativos a la competitividad regional y el empleo, dentro de la subrúbrica 1b, «Cohesión en favor del crecimiento y el empleo». Unas reducciones presupuestarias desproporcionadas en este ámbito renacionalizarían efectivamente la política regional en la mayor parte de la anterior UE de los 15;

2.10.5

afirma que toda presión sobre las subrúbricas relativas a los créditos de compromiso en el pilar «La competitividad como factor de crecimiento y empleo» debe resistirse explícitamente en relación con las iniciativas de investigación y desarrollo tecnológico con el fin de respetar y mantener el compromiso de los Estados miembros con los objetivos de Barcelona e incrementar el gasto en investigación y desarrollo hasta alcanzar el 3 % del PIB en 2010;

2.10.6

advierte de que los retrasos al comienzo del nuevo periodo de programación debidos a la excesiva prolongación de las negociaciones provocarían trastornos financieros e inestabilidad en los entes locales y regionales de la UE;

2.10.7

pide que el resultado de las negociaciones garantice el mantenimiento del principio de solidaridad que ha guiado la política de la UE desde la creación de las políticas estructurales en 1973-1975, a saber: que la UE apoya a todas las regiones necesitadas de apoyo, tanto si están en países ricos como en países pobres;

2.10.8

insta a los Estados miembros a trabajar en colaboración con sus ciudades y regiones con el fin de encontrar una solución política para aquellos Estados miembros que no cumplirán ya los requisitos para el Fondo de Cohesión como resultado del efecto estadístico de la ampliación.

2.11.1

Acoge favorablemente el establecimiento de fondos únicos en varios ámbitos de la política comunitaria, entre ellos la política de cohesión, el desarrollo rural, los programas medioambientales y la reestructuración del sector pesquero, porque este enfoque permitirá armonizar los requisitos administrativos relativos a estas medidas y simplificar su aplicación.

2.12.1

Insta a la Comisión Europea a establecer un marco de apoyo para la diferenciación territorial en las normas y reglamentos relativos a las ayudas estatales, a fin de permitir asignar inversiones públicas específicas en los casos en que puedan corregir el fracaso real del mercado sin falsear las condiciones de competencia o puedan dar una mayor cabida al fomento de la investigación y la innovación, en especial en las pequeñas y medianas empresas, para cumplir el objetivo de cohesión territorial;

2.12.2

considera que se debería establecer una nueva normativa en materia de ayudas estatales que tenga en cuenta las nuevas disposiciones de la política de cohesión y de la política regional para permitir la asignación de ayudas estatales en zonas que ya no cumplan los criterios de elegibilidad para el Fondo de Cohesión, en función de la magnitud de los problemas que afrontan;

2.12.3

insta a la Comisión a aclarar el futuro de la ayuda regional conforme a la letra c del apartado 3 del artículo 87 en lo que se refiere a la distinción entre las regiones elegibles en función de la subrúbrica relativa al fomento de la competitividad regional y el empleo y las regiones menos desarrolladas de la subrúbrica relativa a la convergencia;

2.12.4

considera que la sostenibilidad es también una cuestión importante y que las inversiones públicas en forma de ayudas estatales deberían ajustarse en líneas generales a los principios de la sostenibilidad.

2.13.1

Apoya la sugerencia de la Comisión de abrir un debate sobre las deficiencias del sistema de financiación actual de la UE;

2.13.2

apoya la propuesta de la Comisión de crear un nuevo mecanismo de corrección más justo.

2.14.1

Señala que, dada la falta de coherencia y credibilidad que ha demostrado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es muy necesario que el Pacto tome en consideración la realidad económica actual de la UE mejorando la lógica económica de sus normas. Se debe reforzar la coherencia entre los procesos nacionales y de la UE, lograr una mayor participación de las instituciones nacionales en la supervisión multilateral de la política económica y mejorar la armonización de las políticas fiscal y monetaria;

2.14.2

indica que están surgiendo graves problemas en los presupuestos de los Estados miembros por la actual ralentización del crecimiento de las economías europeas, que provoca elevadas tasas de desempleo y dificultades sociales persistentes en numerosas regiones y localidades, y que la manera más viable en que la Comisión podría afrontar este problema sería revisar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para garantizar la sostenibilidad de la política económica. Al fin y al cabo, la UE no alcanzará los niveles necesarios de crecimiento, empleo y cohesión social a menos que el contexto macroeconómico europeo no se halle también en consonancia con la estrategia de Lisboa y se mejore la coordinación de los instrumentos comunitarios.

5.7.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 164/18

1.1

Las zonas rurales de la Unión Europea (UE) se caracterizan por una gran diversidad. La política rural debe tenerlo en cuenta y preservar, con vistas al futuro, tal diversidad, que comprende también la estructura social y el medio ambiente de las zonas rurales. Un espacio rural vivo es beneficioso no sólo para la población rural, sino también para el conjunto de la sociedad.

1.2

En la UE se está elaborando poco a poco una política de desarrollo rural que es algo más que un apéndice de la política aplicable al sector agrario. En efecto, además de la producción de alimentos, se necesitan otros pilares económicos en las zonas rurales, dada la importancia económica decreciente de la agricultura en muchas de esas zonas. Sólo así podrá mantenerse vivo desde un punto de vista medioambiental, económico y social el espacio rural europeo. El objetivo es: a) brindar perspectivas a largo plazo a la población, incrementando el número de puestos de trabajo, desarrollando infraestructuras y diversificando en mayor medida el empleo; b) centrar la producción agrícola más en el consumidor que en el productor, como ocurría en el pasado; c) mejorar la calidad de los alimentos al tiempo que se incrementa la protección de la naturaleza y el paisaje, del medio ambiente y de los recursos hídricos.

1.3

También es importante adoptar un enfoque realista. Ello implica ser conscientes del papel de la agricultura europea como mantenedora del territorio, así como del impacto territorial que generaría la desaparición de dicho papel si se aplican criterios estrictamente economicistas a las actividades agrarias y forestales. Por lo tanto, la política de desarrollo rural por sí sola no puede ofrecer una solución a todos los problemas que tienen planteados las zonas rurales de la UE. En algunas zonas, los problemas superan las posibilidades económicas que brinda el Reglamento y será necesaria una aportación común de diversos fondos. A tal fin, la coordinación –al nivel regional– entre política rural y regional (2) es un factor esencial. No obstante, el CDR solicita propuestas adicionales para la verificación de otras políticas comunitarias y nacionales, a fin de garantizar una mayor complementariedad con las políticas comunitarias y nacionales de desarrollo rural. Por otro lado, debe examinarse también el FEADER en el contexto de otras políticas con el fin de asegurar que los objetivos sean mutuamente beneficiosos.

1.4

La Conferencia de Salzburgo (2003) imprimió un nuevo y vigoroso impulso a la política rural. El Comité de las Regiones se congratula de que en el Reglamento se integren en buena medida las conclusiones de Salzburgo. La aplicación de la política en todas las regiones de la Unión, la simplificación de la ejecución y la financiación son importantes aspectos positivos. El Comité suscribe también la cooperación en el sentido expresado en el artículo 6 del Reglamento. Es de gran importancia que las autoridades regionales y locales participen en todas las fases de la política rural. Es el mejor modo de que en la región de que se trate se apliquen las medidas que conducen a una mayor cohesión económica y social, dentro de la región y con las regiones limítrofes.

1.5

En este contexto, el Comité formula las observaciones siguientes a la propuesta de Reglamento. En ellas, la principal prioridad es la realización de una política eficaz para el desarrollo rural.

2.1

El Comité de las Regiones se felicita de que la Comisión, en coherencia con lo dispuesto en el artículo 159 del Tratado, reserve una parte sustancial del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para las regiones del nuevo objetivo «Convergencia».

2.2.

El Comité acoge con satisfacción la nueva normativa para la política rural, pero lamenta que en los considerandos se entienda dicha política, en primer lugar, como destinada a acompañar y completar las políticas de apoyo al mercado y a los ingresos, en lugar de otorgarle un papel independiente. En conexión con ello está la cuestión de si existen suficientes recursos presupuestarios para seguir una política rural ambiciosa.

2.3

El Comité de las Regiones suscribe la utilidad de un enfoque más estratégico del desarrollo rural. Es importante evitar un uso no integrado de los recursos. Se plantean, sin embargo, interrogantes sobre el valor añadido de una estrategia europea. Las estrategias de Lisboa y Gotemburgo y las conclusiones de la Conferencia de Salzburgo ofrecen ya un marco suficiente a nivel de la UE. Corresponde a los Estados miembros, a las regiones y a los entes locales interpretar lo que estos marcos significan para las zonas rurales y la política de desarrollo rural. Sólo así se podrá resolver el dilema entre el deseo de un enfoque más estratégico de la política rural al nivel de la UE y la necesidad de mantener suficiente flexibilidad en el plano nacional, regional y local.

2.4

El CDR acoge con satisfacción la propuesta que garantiza que los Estados miembros consultarán a sus entes locales y regionales. No obstante, expresa su preocupación con respecto al tiempo dado a los Estados miembros para elaborar sus planes estratégicos nacionales y sus programas para el desarrollo rural. El Comité también lamenta que haya que presentar la estrategia nacional a la Comisión antes de presentar los programas de desarrollo rural, cuando ambos están estrechamente relacionados. El Comité propone seguir el mismo procedimiento que para la política regional, donde los Estados miembros pueden presentar el marco estratégico junto con los programas operativos (recomendación 1).

2.5

Con vistas al largo plazo se podría fijar el objetivo de un único fondo regional –eliminando la distinción entre el fondo para política rural y el fondo para política regional– y en el cual, sobre la base de una sola estrategia coherente para todo el territorio regional, se tuviesen en cuenta las oportunidades y problemas de cada una de las regiones.

2.6

La política rural se lleva a cabo a través de uno o varios programas de desarrollo rural. Sobre la base de un análisis de los puntos fuertes y débiles de la región y del Estado miembro, el programa de desarrollo rural establece medidas relativas a las necesidades de la región o del Estado miembro en cuestión. Ello puede entrar en conflicto con la aportación mínima prevista en el artículo 16 de la propuesta de Reglamento en lo que se refiere a la contribución de la UE para cada una de las prioridades (respectivamente 15 % — 25 % — 15 %). El Comité reconoce la necesidad de equilibrio en los gastos de política rural. Desde este punto de vista, conviene fijar –principalmente para la tercera prioridad: diversificación de la economía rural– una contribución mínima. En efecto, las evaluaciones de los diversos programas rurales para el período 2000–2006 ponen de relieve que precisamente esta parte de la política rural es la menos desarrollada. No obstante, el reparto de los fondos entre las prioridades debe reflejar también el análisis de los puntos fuertes y débiles recogidos en el programa. Por ello, el Comité pide que se recurra a la posibilidad de desviarse de los porcentajes fijados en el artículo 16 cuando los análisis mencionados anteriormente lo justifiquen adecuadamente (recomendación 3).

2.7

El reparto de los fondos no debería tener tampoco un efecto inhibidor sobre proyectos que, entrando en el campo de aplicación del Reglamento, quedan sin embargo fuera del ámbito de un objetivo prioritario. No obstante, esta posibilidad parece quedar excluida por lo dispuesto en el artículo 71.6 –cada operación podrá financiarse únicamente con cargo a un solo eje prioritario del programa de desarrollo rural–. El Comité propone por tanto modificar dicho artículo en tal sentido (recomendación 19).

2.8

El nivel de detalle de la propuesta de Reglamento es a veces llamativo, sobre todo en comparación con los reglamentos de política regional. Hay asuntos que es mejor encomendárselos a los encargados de elaborar los programas de desarrollo rural. Algunos ejemplos son la limitación de la ayuda a las pequeñas empresas y microempresas para la mejora de la transformación y comercialización; lo establecido en el artículo 50 en el sentido de que la ayuda a la diversificación se limite a uno de los hijos de los agricultores, y por último, los importes máximos de la ayuda de la UE fijados en el anexo.

2.9

Una de las conclusiones de la Conferencia de Salzburgo fue que «la vitalidad del campo es esencial para la agricultura porque la actividad agraria es esencial para un campo vivo». Es muy importante que en los programas de desarrollo regional se preste suficiente atención a la instalación de jóvenes agricultores. Actualmente se carece de una política integrada para jóvenes agricultores. Un paquete de ayuda inicial es un ejemplo de tal política integrada en la que se integran en un único proyecto todos los asuntos que tienen que ver con el traspaso de una empresa y la implantación del nuevo agricultor.

2.10

El Comité de las Regiones toma nota de la propuesta de abandonar los criterios socioeconómicos para la designación de «dificultades en zonas distintas de las de montaña» y de alinear la base de cálculo para las indemnizaciones con los pagos en el marco de los programas agroambientales. Aunque los motivos de la Comisión Europea al respecto están claros, el Comité manifiesta su preocupación por las consecuencias que la modificación de los criterios puede tener para las explotaciones agrarias en las zonas afectadas. En el caso de que la modificación tuviera consecuencias socioeconómicas importantes, debería preverse la adopción de otras medidas para mitigar el impacto. Como mínimo debería examinarse la posibilidad de establecer un plazo transitorio para la supresión gradual de la ayuda a agricultores en zonas que pronto no podrán optar a ella.

2.11

El Comité se congratula de que, a partir de ahora, puedan participar también en las ayudas agroambientales otros propietarios de tierras distintos de los agricultores. Dichos propietarios pueden ser, efectivamente, el eslabón que falta en la gestión de las tierras cuando lo que se quiere es cubrir todo el territorio de una zona (y no sólo la parte dedicada a la agricultura). En este contexto, el Comité sugiere explícitamente la posibilidad de incluir otras bases de remuneración para ayudas agroambientales, porque la base actual –que se fundamenta en los costes adicionales y la pérdida de ingresos resultante del cumplimiento de obligaciones contraídas– no siempre es aplicable. Una posibilidad es prever una indemnización basada en la producción real y los beneficios conexos (recomendación 8).

2.12

El incentivo para participar en las ayudas agroambientales –es decir, la posibilidad de aumentar un 20 % la indemnización– ya no figura en la propuesta de Reglamento. En vista de la utilidad e importancia de tales ayudas para la gestión de las tierras agrarias, el Comité lo lamenta, y propone volver a incluir dicho incentivo (recomendación 8).

2.13

Hay diferencias muy significativas entre los países cuya industria forestal está bien desarrollada y aquellos otros en que no lo está tanto. Las propuestas de la Comisión no son suficientemente flexibles para fomentar la forestación en los países en los que este sector es débil. Si no se tienen en cuenta esas diferencias, podría ponerse en peligro el desarrollo de la industria forestal en estos países y podrían perderse las ventajas medioambientales.

2.14

Año tras año, un gran número de agricultores buscan trabajo fuera del sector agrario, cosa que, en determinadas regiones, puede agravar el problema de la despoblación. En combinación con la creación de empleo es preciso prestar atención a la reconversión profesional de los agricultores y a la posibilidad de la agricultura a tiempo parcial. El programa de desarrollo rural –especialmente en las regiones que menos se beneficien de las ventajas de los Fondos Estructurales (en concreto, el Fondo Social Europeo (FSE)– deberá dejar margen para tal reconversión y/o para la diversificación, entre otras cosas para incluir las actividades no agrarias. En las regiones en que el FSE esté más concentrado, los programas de este Fondo deberían mencionar explícitamente la posibilidad de reconversión y ejercicio de la pluriactividad de los agricultores.

2.15

Las zonas rurales de la Unión ofrecen un valioso patrimonio natural y cultural que puede tener un papel importante en la diversificación de la economía rural. No obstante, la capacidad del sector turístico local para utilizar este elemento de atracción de un modo sostenible y para brindar al turista una experiencia de alta calidad se ve obstaculizada con frecuencia por un bajo nivel de prestación de servicios o un desarrollo inadecuado del producto. Por consiguiente, es fundamental que en la medida relativa al turismo incluida en el artículo 52 del Reglamento se haga una referencia específica a la formación (recomendación 12).

2.16

Las mujeres desempeñan un papel importante en la diversificación de la economía rural, pero también suelen enfrentarse con problemas específicos, como un acceso más limitado al capital para poner en marcha una empresa. El Comité considera conveniente que el Reglamento contribuya a una mayor participación de las mujeres en la economía rural (recomendación 11). Internet reviste un valor inestimable para la diversificación de la economía rural. Sin embargo, muchas zonas rurales apenas tienen acceso a Internet o no lo tienen en absoluto. El Comité celebra, por lo tanto, la propuesta de la Comisión de utilizar el FEADER para dotar a las zonas rurales de suficientes infraestructuras TIC. Esto contribuirá en gran medida a colmar esta «brecha digital», al tiempo que las zonas en cuestión se harán más atractivas para el establecimiento de nuevas empresas, y las empresas ya implantadas podrán acceder a nuevos mercados. Asimismo, se podría adoptar medidas adicionales en el marco de la prioridad de diversificación de la economía rural a través del FEADER.

3.1

El Comité atribuye gran importancia a la participación de los entes regionales y locales en la elaboración y ejecución de los programas para el desarrollo de las zonas rurales, y considera que este papel debería quedar más claramente reflejado en la propuesta de Reglamento (recomendación 13). El Comité pide que las estrategias nacionales dejen margen suficiente para una intervención específica de las regiones y municipios (véase también punto 2.2). Además, considera importante que las estrategias tengan en cuenta la necesidad de una ordenación del territorio equilibrada en todas las regiones. Un exceso de normas comunitarias o nacionales en relación con la estrategia que se deba seguir puede tener un efecto paralizador en la adopción de iniciativas regionales adaptadas a las oportunidades y problemas locales.

3.2

Se necesita un trabajo «a la medida» en lo que concierne a la programación, la financiación y el control. Por ello, es sorprendente que la propuesta de Reglamento establezca que los Estados miembros pueden elaborar un programa de desarrollo rural al nivel nacional o regional. Sería mejor dar mayor libertad al respecto, incluida la posibilidad de combinar programas regionales y nacionales. Además, precisamente en los Estados miembros de estructura federal se ha revelado útil, en el actual período de ayudas, la posibilidad de autorizar reglamentaciones marco nacionales que luego puedan incorporarse a los programas regionales (recomendación 2).

3.3

El Comité suscribe la propuesta de aplicar la tercera prioridad preferentemente a través de estrategias de desarrollo local. Es indiscutible que las nuevas actividades económicas son de importancia vital para las zonas rurales. Estas actividades son complementarias de las agrarias. Las nuevas actividades, no obstante, deben incorporarse con cuidado para no afectar a la calidad de las zonas rurales. A este respecto el Comité de las Regiones se suma a la opinión del Comité Económico y Social Europeo (3) de que se debe evitar la «urbanización del campo», es decir, la aplicación de las mismas acciones de desarrollo en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Esto rige naturalmente para las zonas sometidas a la presión urbana, en las cuales es de gran importancia, para la calidad de vida en las zonas urbanas, preservar las propiedades específicas del espacio rural. Los problemas que se plantean en estas zonas, entre ellos los relacionados con la agricultura urbana, requieren un enfoque muy diferente del adoptado para abordar los problemas de las zonas rurales más periféricas. El Reglamento debe brindar al respecto suficiente margen de acción.

4.1

El Comité concede gran importancia al programa LEADER y, por ello, lamenta la posición poco clara de este programa en el Reglamento. LEADER, por una parte, se presenta en el artículo 4.2 como cuarto eje prioritario y, por otra, como método para dar forma a las medidas de los tres primeros ejes prioritarios. El Comité pide que se dé a LEADER el lugar que le corresponde: una prioridad aparte, comparable al papel desempeñado por Interreg en la política regional. La integración de LEADER entraña el riesgo de que se pierda el carácter único y el valor añadido del enfoque. El Comité pide a la Comisión que especifique en la propuesta de Reglamento el futuro papel de LEADER y que resalte claramente la posición de LEADER como eje prioritario aparte.

4.2

Con respecto a la aplicación de estrategias locales, el artículo 63.1 parece sugerir que éstas deben cumplir todos los objetivos establecidos para los cuatro ejes prioritarios. Ello está en contradicción con el artículo 62 a), en el que se afirma que a través del enfoque LEADER se podrán alcanzar los objetivos de uno o varios de los tres ejes prioritarios. El Comité propone eliminar esta contradicción del Reglamento (recomendación 14).

4.3

El Comité de las Regiones suscribe la propuesta de reservar para LEADER una parte de los fondos comunitarios a disposición de los Estados miembros, con arreglo a las necesidades de las zonas afectadas. También apoya la propuesta de crear una red europea para el desarrollo rural. Cabe aprovechar para ello la experiencia adquirida en la creación de las redes nacionales LEADER. No obstante, el Comité advierte del peligro de que se repitan los retrasos inaceptables que se han producido en la puesta en marcha del Observatorio Europeo de Territorios Rurales (LEADER+), el Observatorio Europeo LEADER (LEADER II) y muchas de las redes nacionales de este programa. Tanto la Comisión Europea como los Estados miembros deberían considerar prioritaria la creación de estos órganos desde el principio del periodo de programación. Los entes locales tienen mucha experiencia de trabajo con el enfoque LEADER, enfoque que deberían utilizar los Estados miembros para establecer un marco que les permita aplicar LEADER a escala más amplia.

4.4

El Comité es contrario a reservar una parte sustancial del presupuesto para los Estados miembros que obtengan «los mejores resultados» por lo que respecta al eje LEADER. Esto probablemente conduciría a dar preferencia a proyectos a corto plazo y «fáciles», en detrimento de proyectos a medio y largo plazo. Para que la planificación sea fiable, es preciso establecer qué recursos están disponibles en el Estado miembro de que se trate (recomendaciones 15 y 18).

5.1.

El Comité considera importante que la transición entre el período de programación 2000-2006 y el de 2007-2013 se diseñe de manera tal que no se ponga en peligro la continuidad de las operaciones y medidas. Así pues, deberá garantizarse que las medidas plurianuales previstas en la fase anterior (como las medidas agroambientales) se financien hasta el final del periodo obligatorio y que se mantenga la participación comunitaria prometida (tasa de cofinanciación). Con el fin de poder contar con una política rural efectiva en la UE en la nueva fase, el Comité de las Regiones apoya la propuesta de la Comisión de asignar un presupuesto de 88,75 millardos de euros (sin contar la modulación) destinado a la financiación de la política de desarrollo rural de la Unión. El CDR se opone firmemente a la renacionalización de esta política o de partes de ella.

5.2.

El Comité observa que, conforme a la propuesta de Reglamento, además de las evaluaciones a priori, intermedias y a posteriori debe presentarse también una evaluación continua anual; el Comité se pregunta cuál es el valor añadido de esta evaluación continua anual.

5.3.

Uno de los objetivos de la propuesta de Reglamento es simplificar la legislación en la materia. Para poder apreciar si se ha conseguido tal objetivo es necesario examinar los reglamentos de aplicación. Teniendo en cuenta la experiencia que tienen los miembros del Comité en la aplicación de la política en este ámbito, el Comité acogería con satisfacción que se le consultase también sobre dichos reglamentos, al objeto de poder emitir un dictamen.

5.7.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 164/31

1)

que la política pesquera común debe velar por la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y de la acuicultura, en el contexto de un desarrollo sostenible que tenga en cuenta los aspectos medioambientales, económicos y sociales de manera equilibrada, atendiendo en particular a las especificidades de las distintas regiones de la Unión Europea,

2)

que el componente de desarrollo sostenible de la política pesquera común se integró en las normas que rigen los Fondos Estructurales a partir de 1993 y que conviene continuar su aplicación en un contexto de desarrollo sostenible a través del Fondo Europeo de la Pesca,

3)

que la política pesquera común regula las actividades de conservación, gestión y explotación de los recursos acuáticos vivos, incluida la acuicultura, así como la transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, siempre que tales actividades se ejerzan en el territorio de los Estados miembros o en aguas comunitarias o las lleven a cabo buques pesqueros comunitarios o nacionales de los Estados miembros,

4)

que se prevé que el Fondo Europeo de la Pesca tenga un efecto relevante en las regiones, razón por la cual es esencial que los entes regionales y locales participen en la aplicación de las medidas que se establecen en el Reglamento sobre el Fondo Europeo de la Pesca,

1.1

acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea de creación del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) para fomentar la existencia de un sector pesquero sostenible. Dicho Fondo constituye una necesidad, puesto que es esencial que las comunidades pesqueras locales aprovechen al máximo las ayudas disponibles en materia de pesca, desarrollo económico alternativo e iniciativas medioambientales en el marco del actual proceso de cambios radicales,

1.2

considera que el presupuesto del FEP, que asciende a aproximadamente 700 millones de euros al año, equivale, más o menos, al presupuesto del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) previsto para la actual perspectiva financiera de la UE. El Comité de las Regiones estima que el referido presupuesto constituye un mínimo para alcanzar los objetivos establecidos en la Propuesta de Reglamento y que no debe en ningún caso recortarse en el transcurso de las negociaciones con las demás instituciones comunitarias. Existe el convencimiento de que, se trata de distribuir una cantidad determinada entre un número más elevado de interesados y de que, en aplicación de la política de cohesión, los nuevos Estados miembros recibirán un porcentaje mayor de los fondos dedicados a la convergencia. El reto financiero al que deberán enfrentarse los «antiguos» Estados miembros en el futuro será gastar cantidades más reducidas de manera más adecuada,

1.3

insta a que se asigne a las regiones un papel claramente definido en todas las facetas del Fondo Europeo de la Pesca que tengan un impacto directo en los ámbitos regional y local. Las regiones deberían poder gestionar determinados programas; por ejemplo, la reestructuración, que es un asunto que afecta a las regiones, y la estructura regional, que permitiría además interpretar de manera flexible una diversificación adecuada a las especificidades locales, La estructura regional permitiría además interpretar de manera flexible una diversificación que se adapte a las especificidades locales;

1.4

acoge favorablemente los esfuerzos realizados para introducir técnicas de pesca más selectivas y respetuosas con el medio ambiente. Los problemas relacionados con los descartes y las capturas accesorias, especialmente de cetáceos, desde hace unos años son cada vez más acuciantes en la mayor parte de la Unión Europea. Los esfuerzos por hacer frente a estos problemas deben, no obstante, tener en cuenta las especificidades locales,

1.5

está de acuerdo también, en lo referente a la ayuda estructural, en que el FEP debe centrarse más en las iniciativas de conservación y protección del medio ambiente, de seguridad, de aumento de la calidad y de diversificación de los productos, en detrimento de las medidas de financiación adoptadas para incrementar la capacidad del sector pesquero,

1.6

solicita que se amplíe la definición de «pesca costera artesanal», limitada actualmente a buques con una dimensión de eslora máxima de 12 m que no utilicen arrastre, de forma que permita considerar prácticas artesanales, selectivas y respetuosas con el medio ambiente, no necesariamente ligadas a la dimensión del buque.

1.7

sugiere que se aclare si se podrán financiar proyectos en función de más de un eje prioritario para poder realizar actividades integradas en el marco de un proyecto,

1.8

solicita que se reconsidere el mecanismo de las sociedades mixtas así como la ampliación del destino de los buques destinados a la paralización definitiva de forma que puedan convertirse en instrumentos de progreso económico de países en vías de desarrollo.

1.9

considera que el FEP y los Fondos Estructurales deben resultar compatibles durante la fase de aplicación, a fin de que los Estados miembros y sus interlocutores escojan el instrumento de financiación más adecuado en función de las especificidades locales. Dicho vínculo es importante habida cuenta de que muchos de los futuros programas de competitividad del FEDER no incluirán ninguna disposición estándar relativa a las zonas dependientes de la pesca como ocurrió en el pasado, de manera que si no pueden acogerse al FEDER ni a los Fondos Estructurales, algunas actividades de fomento de la actividad en comunidades de las zonas costeras pueden acusar una falta de financiación,

1.10

solicita que se aclare la postura relativa a la creación de consejos consultivos regionales (CCR) en el marco de la política pesquera común (PPC) y a los vínculos existentes entre los CCR y la gestión del FEP. La reforma de la PPC, aprobada en diciembre de 2002, prevé la creación de los CCR para mejorar la gobernanza en el marco de la PPC y precisa que el Consejo es competente para la creación de los CCR. Los CCR permiten a las partes interesadas implicarse más de cerca en el desarrollo de la PPC,

1.11

considera necesario que se aclare si los CCR participarán directamente en el proceso relativo al FEP. Como se supone que los CCR reforzarán la participación de las partes interesadas en el diseño y aplicación de la política pesquera común durante los próximos años, se necesita más información al respecto,

1.12

está de acuerdo en insistir en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en el sector pesquero así como en hacer esfuerzos para atraer a trabajadores jóvenes y para mejorar las prácticas y las condiciones laborales en dicho sector; insta a realizar una serie de estudios de casos, basándose en ejemplos correspondientes a distintos Estados miembros, que podrían resultar un instrumento útil en manos de la Comisión Europea para difundir la experiencia acumulada y las mejores prácticas actuales,

1.13

reconoce que la adición de nuevas excepciones para la aplicación de la norma N+2 aumenta la flexibilidad y ayuda a las regiones, especialmente a las de los nuevos Estados miembros, a absorber de forma oportuna y ordenada los Fondos Estructurales; acoge con satisfacción la disposición relativa a la prefinanciación de un subsidio anual (artículo 78); confía en que los procesos de auditoría del sistema actual estén terminados a tiempo, de manera que faciliten datos pertinentes y estudios de casos que sirvan para elaborar el programa siguiente,

1.14

considera que el seguimiento debe simplificarse y reducirse al mínimo, aunque ha de ser suficiente para permitir verificar que los programas se aplican con arreglo a las normas y demostrar la actividad efectuada realmente. Además, las exigencias en materia de auditoría deben simplificarse y aclararse. A este respecto, el Comité de las Regiones recomienda que la Propuesta de Reglamento retome la definición de organización reconocida oficialmente en el Reglamento no 3759/92,

1.15

recomienda que el Fondo dé prioridad a los proyectos destinados a aumentar los ingresos por cantidad de pescado desembarcado mediante, por ejemplo, planes de mejora de la calidad, de los eslabones de la cadena de abastecimiento o del conocimiento del mercado, así como de los buques y procesadores. Debería cubrir además los proyectos de búsqueda de alternativas y usos adicionales para la infraestructura pesquera industrial, de manera que la disminución del número de buques no provoque necesariamente la desaparición de la infraestructura, al disponerse de una cartera adicional de clientes o usuarios.

1.16

acoge con satisfacción los esfuerzos realizados para dotar al FEP de un marco más claro y para adoptar un planteamiento más «estratégico» de la política pesquera en general. Más concretamente, el Comité de las Regiones se congratula de la adopción de una orientación de asociación (artículo 8) entre la Comisión, los Estados miembros y los entes locales y regionales competentes. Ello permitirá disponer de una financiación de contrapartida adecuada para garantizar que el futuro FEP contribuya a financiar la reestructuración y el desarrollo económico de las zonas dependientes de la pesca,

1.17

solicita a la Comisión que consulte al Comité de las Regiones acerca del contenido de orientaciones estratégicas de la Comunidad (artículo 14) para recabar información procedente del nivel de gobierno más próximo a los interesados,

1.18

recomienda insistentemente que en el informe estratégico de cada Estado miembro (artículo 17) se mencionen los interlocutores del referido Estado miembro y la manera en que éste ha trabajado con ellos,

1.19

insta a la Comisión Europea a precisar el alcance de la ayuda que pretende prestar en materia de «prosperidad económica y social» de las zonas pesqueras, a la que se refiere el Eje prioritario 4 relativo al «Desarrollo sostenible» (artículo 42),

1.20

solicita una aclaración y un estudio más detallado acerca de la designación de las áreas a las que se refiere el artículo 42, apartado 3. En dicho ámbito, se puede concebir una gestión delegada similar en general a la del programa Leader, lo cual permitiría alcanzar cierto grado de coordinación con éste y aprovechar la experiencia acumulada con las iniciativas comunitarias emprendidas en el marco del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER),

1.21

en cuanto al Eje prioritario 4, solicita que en el artículo 44 correspondiente al Eje 4 figuren más precisiones prácticas acerca de los grupos de acción costera (GAC) que se pretende crear. Concretamente, pide que se aclare la situación de los GAC respecto de los entes regionales y locales así como su tamaño, composición y capacidad administrativa y financiera. Se debe precisar además la manera en que se prevé determinar la responsabilidad del sector privado con arreglo al artículo 44, apartado 2,

1.22

solicita que se especifique cuales son los interlocutores a los que se refiere el artículo 45, letra c),

1.23

sugiere a la Comisión Europea que definía más claramente en esta fase inicial el concepto de «fuerza mayor» en el marco del FEP para facilitar la comprensión del artículo 90; sugiere que la Comisión incluya en un primer momento las pérdidas ocasionadas por causas como inestabilidad política, hostilidades, peligro de guerra, así como actividades terroristas, y que no incluya las pérdidas derivadas de huelgas, disputas comerciales, cierre de puertos, condiciones meteorológicas, etc.,

1.24

estima más adecuado que las cuestiones relativas a la acuicultura que actualmente se contemplan en el artículo 32 pasen a serlo en el artículo 90.

5.7.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 164/48

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«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo» y la

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«Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa comunitario de fomento del empleo y la solidaridad social — PROGRESS»

1.1

destaca que el presente Reglamento forma parte de un conjunto de reglamentos relativos a los Fondos Estructurales presentados junto con otras propuestas legislativas por la Comisión Europea el 14 de julio de 2004. El Reglamento establece las disposiciones generales por las que se rige el Fondo Social Europeo (en adelante, el Fondo o FSE) en su conjunto y define la naturaleza de las actividades que el Fondo puede financiar dentro de los objetivos de convergencia y de competitividad regional y empleo. Además prevé otras disposiciones de índole transversal que afectarán a las acciones puestas en marcha por el Fondo.

1.2

destaca que el Fondo ha desempeñado hasta el momento presente un importante papel financiero en la política de empleo, generando un proceso de crecimiento sostenible de puestos de trabajo. Además, el Fondo ha dado lugar a una generación de políticas activas en materia de empleo a nivel nacional, regional y local muy destacable. Su relación con la Estrategia Europea para el Empleo (EEE) en el período de programación actual ha dado unos resultados muy fructíferos en este ámbito. El Comité de las Regiones confía en que su relación con la Estrategia de Lisboa sea igualmente positiva.

1.3

destaca que el Fondo Social Europeo tiene como misión principal reforzar la cohesión económica y social apoyando las políticas de los Estados miembros con el objetivo de lograr el pleno empleo, la mejora de su calidad y productividad, así como la promoción de la inclusión social y la reducción de las disparidades de empleo en la esfera regional, de acuerdo con las directrices y recomendaciones emanadas de la Estrategia Europea por el Empleo. Ésta última ha sido revisada en 2003 para adaptarla a la Estrategia de Lisboa y acercarla más aún a las política de cohesión económica y social.

1.4

constata una cierta falta de precisión y concreción en la actual redacción de la propuesta de Reglamento. En ocasiones es preciso poner en relación el Reglamento con otros instrumentos jurídicos, que no son objeto de examen en este Dictamen, para conocer su verdadero alcance, como, por ejemplo, la financiación prevista para las acciones comprendidas en él o las relacionadas con el diseño de la cooperación, lo que aumentaría la proyección del Reglamento.

1.5

deja constancia expresa de su preocupación al constatar el papel atribuido a los Estados miembros y a las autoridades de gestión en la supervisión del logro de los objetivos del Fondo sin hacer ninguna referencia a los entes regionales y locales en la configuración de esa cooperación; quiere recordar la necesidad de una mayor y mejor participación de las regiones y entes locales a la hora de definir, programar y aplicar las medidas del Fondo, todo ello con arreglo al principio de subsidiariedad, respetando los sistemas institucionales de cada Estado miembro.

1.6

considera las afirmaciones plasmadas en el Tercer Informe sobre la Cohesión Económica y Social en el que se aborda el problema del envejecimiento de la población en Europa y de las repercusiones que esta situación tiene en el mundo laboral. Tal como aparece en el citado documento, y según las últimas proyecciones, se prevé que el número de personas entre 15 y 64 años será un 10 % menor en la UE en el año 2025. Como consecuencia de ello, esta situación conllevará un aumento del número de personas mayores de 65 años. El envejecimiento de la población provocará, en suma, una reducción gradual de la población activa en la UE. Estas perspectivas ponen de manifiesto la necesidad de mantener el crecimiento económico de la UE y de elevar las tasas de ocupación, al tiempo que se reduce la jubilación anticipada. En este sentido, cabe remitirse al Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Aumentar el empleo de los trabajadores de más edad y retrasar su salida del mercado de trabajo» (aprobado en su 56o Pleno, en la sesión del 29 de septiembre de 2004);

1.7

considera que el futuro Reglamento del Fondo debe conciliar la aplicación de una política de mantenimiento de medidas que faciliten el empleo a lo largo de toda la vida laboral y de reciclaje de los trabajadores de más de 40 años, hombres y mujeres, favoreciendo la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, que no se refleja en la propuesta de Reglamento. La promoción del envejecimiento activo y de la jubilación progresiva debe hacerse con criterios de sostenibilidad.

1.8

estima adecuado que el Reglamento tenga en cuenta los problemas específicos de carácter económico y social que padecen hoy las áreas urbanas periféricas frente a otras zonas más desarrolladas del continente europeo. Esta situación podría perpetuar los problemas de accesibilidad de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios de empleo; estima que los problemas sociales deben ser considerados en su diversidad respondiendo a la heterogeneidad de las demandas en las ciudades europeas.

1.9

observa positivamente la publicación del Programa PROGRESS, programa comunitario para el empleo y la solidaridad social, máxime cuando en la propuesta de Reglamento ha desaparecido toda referencia a la Iniciativa Comunitaria. El Comité de las Regiones recomienda la posibilidad de valorar la inclusión de una referencia a este Programa en el texto de la propuesta de Reglamento del Fondo Social Europeo.

1.10

observa con agrado la disposición dedicada a la coherencia y complementariedad en la propuesta de Decisión del Programa PROGRESS. Es necesario que todas las acciones financiadas con cargo a los Fondos Estructurales, en particular, las del Fondo Social Europeo se rijan por los principios de coherencia, complementariedad y concentración.

1.11

recuerda que en julio de 2001 la Comisión aprobó el Libro Blanco sobre la Gobernanza en el que se pretendía abrir el proceso de elaboración de políticas de la Unión Europea; recuerda también que en este proceso iría asociado un mayor número de personas y organizaciones en su formulación y aplicación, lo que se traduciría en una mayor transparencia y responsabilidad de todos los participantes. El incremento de la participación de las autoridades regionales y locales en las políticas de la Unión Europea refleja también, en algunos Estados miembros, el papel relevante de estos actores en la elaboración de políticas, reflejando su creciente responsabilidad y un mayor compromiso de los ciudadanos y organizaciones de base en los procesos de democracia local. Considera que esta situación se debería tener en cuenta a la hora de llevar a acabo la regulación de los Fondos estructurales, en particular, la del Fondo Social Europeo.

1.12

observa con agrado la inclusión en el articulado de la propuesta de Reglamento de la referencia expresa a la innovación, pues se encuadra perfectamente con la filosofía de la Estrategia de Lisboa, en la que se aboga por la creación de una zona europea de investigación e innovación.

1.13

estima loable la relación entre la propuesta de Reglamento, la EEE y la Estrategia de Lisboa, que redundará en beneficio de la eficacia de los instrumentos jurídicos y financieros de la Unión Europea; manifiesta su preocupación por la indefinición que ha observado en alguno de los artículos de la propuesta relativos a las cuestiones tanto de contenido como financieras que se han señalado a lo largo de este Dictamen; considera finalmente que una mayor concreción de las disposiciones redundará en beneficio del futuro Reglamento.

2.1

desea que a la hora de definir la misión del FSE se añada, en su artículo 2.1, una referencia explícita al apoyo de las políticas de los Estados miembros en relación con el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades en consonancia con la importancia del principio recogida en el art. 2 del Tratado de la UE y en los arts. 1-2 y 1-3 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, así como en lo relativo a la esfera de la «no discriminación», tal como se presenta en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pues no aparece en el texto de la propuesta de Reglamento. El Comité de las Regiones recuerda que el futuro Programa PROGRESS tiene un campo de actividad dedicado específicamente a la implementación del principio de no discriminación, por lo que recomienda su inclusión en el Reglamento.

2.2

recomienda que, junto a la referencia a la Estrategia Europea por el Empleo, la propuesta de Reglamento debería incluir también una referencia a la Estrategia de Lisboa en la parte sustantiva de su articulado, teniendo en cuenta que con ella la Unión Europea se ha fijado como objetivo estratégico convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social. El Comité de las Regiones estima que las acciones sufragadas por el Fondo deben contribuir a lograr ese objetivo.

2.3

considera que los entes locales y regionales deben participar en el desarrollo y la aplicación de las Directrices anuales para el empleo. Dado que estas directrices proporcionan un marco idóneo para la utilización del Fondo, estableciendo las prioridades para su utilización, los entes locales y regionales deben ser consultados y participar plenamente en la definición de estas prioridades. Este aspecto, que aparece en el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo» –aprobado en su 26o Pleno celebrado los días 18 y 19 de noviembre de 1998– es una aspiración a la que el Comité de las Regiones no puede renunciar en el nuevo período de programación 2007-2013.

2.4

recomienda que las actividades destinadas a la formación y a la educación que aparecen principalmente encuadradas en el ámbito del objetivo de Convergencia se amplíen al objetivo de Competitividad Regional y Empleo de manera más precisa; además, recomienda que se incluya el aprendizaje permanente como una de las actividades concretas en el ámbito de la formación.

2.5

recomienda que se incluya en el artículo 3 una referencia expresa a que el conjunto de las actuaciones que se desarrollan en el artículo tendrá como objetivo equiparar las situaciones de mujeres y hombres y de los jóvenes, teniendo en cuenta que la tasa de desempleo de los jóvenes en la zona euro casi duplica la tasa de desempleo general, y al colectivo de desempleados mayores de 40 años, hombres y mujeres, que por sus especiales características corren el riesgo de ser excluidos del empleo, además de los colectivos citados en la propuesta: trabajadores mayores y poco cualificados; demandantes de empleo y personas inactivas; emigrantes y personas discapacitadas; destaca positivamente el enfoque preventivo en materia de acceso al empleo evitando el desempleo.

2.6

desea destacar, en lo referente a las prioridades que serán objeto de subvención previstas en el artículo 3, las medidas destinadas a la formación continua, al aprendizaje permanente y a la formación en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación; considera de manera positiva que aparezca como prioridad la expansión y la promoción de la inversión en capital humano por su repercusión en el ámbito laboral. Cada una de ellas entronca de manera adecuada con la Estrategia de Lisboa. Destaca igualmente las medidas que tienden a la modernización de los servicios de empleo, la formación lingüística, así como la referencia a la economía social. En el caso de los servicios de empleo, recomienda que se incluya en el artículo la coordinación con los entes locales. El Comité de las Regiones propone asimismo que se adopten acciones específicas destinadas a favorecer que las mujeres asuman puestos de responsabilidad en su vida laboral.

2.7

Recomienda que la elevación al 10 % del límite relativo a la ampliación de elegibilidad que recoge el art. 3.4 del Proyecto de Reglamento FSE, en relación con la prioridad relativa a la inclusión social, (prioridad c), se aplique también, al cumplimiento de la prioridad relativa a facilitar la obtención de empleo (prioridad b).

2.8

sugiere, con carácter general, que se mejore la terminología y redacción del artículo 3 de la propuesta de Reglamento, pues puede ocasionar problemas de interpretación en el ámbito lingüístico, máxime en el contexto actual, tras la adhesión de diez nuevos Estados y la consiguiente incorporación de nuevas lenguas al acervo comunitario. Esta consideración puede hacerse extensible a todo el articulado de la propuesta de Reglamento.

2.9

observa que la propuesta de Reglamento del Fondo enfatiza el papel de los Estados miembros y las autoridades de gestión como los actores que deben asegurar que las acciones apoyadas por el Fondo sean coherentes con la implementación de la Estrategia Europea por el Empleo, por lo que estima que sería pertinente aclarar más el papel de los entes regionales y locales como actores que también deben contribuir a dar coherencia a las actividades financiadas por el Fondo, máxime cuando en estas esferas regionales y locales de gobierno se produce la aplicación de esas acciones; considera que esta necesidad de coherencia y concentración, reconocida en la presente propuesta de Reglamento en su artículo 4, debe tener en cuenta sus consecuencias en términos de cohesión social.

2.10

observa de manera positiva la enumeración de las áreas en las que las acciones del Fondo deben concentrar sus actividades y cita los problemas más serios de las regiones y entes locales, incluyendo las áreas urbanas deprimidas y las zonas rurales en declive y dependientes de la pesca; sugiere que se aluda también de manera expresa en el artículo 4 a «las zonas industriales en crisis», pues en este ámbito la intervención de acciones financiadas por el Fondo puede contribuir a lograr una mayor cohesión social en momentos extremadamente difíciles para la población, en especial para las mujeres.

2.11

acoge positivamente la referencia a los entes regionales y locales en los aspectos relativos a la gobernanza y a la cooperación; no obstante, estima que los entes regionales y locales, en coherencia con la especificidad institucional de cada Estado miembro, deberían ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar las acciones financiadas por el Fondo, pues como ha afirmado el propio Comité de las Regiones en su Dictamen aprobado en su 36o Pleno celebrado el 14 de diciembre de 2000 sobre «Las nuevas formas de gobernanza-Europa: un marco para la iniciativa de los ciudadanos», determinados temas como la creación de empleo o la inclusión y cohesión social no pueden ser resueltos con éxito por un solo nivel, sino que requieren la contribución de todos, de acuerdo con los principios de proximidad y proporcionalidad. Considera que sería adecuado que una parte de las acciones desarrolladas en el marco del Fondo pudiesen ser gestionadas por los actores regionales y locales. Esta situación ayudaría a conseguir los objetivos de este artículo.

2.12

acoge positivamente la referencia a la necesidad de involucrar y consultar a los distintos actores sociales sobre la programación, implementación y control de las acciones financiadas por el Fondo y a las organizaciones no gubernamentales, dentro del nivel territorial apropiado; no obstante, observa que la propuesta de Reglamento adolece de una falta de concreción, por lo que insta a una mejora del artículo 5 en este apartado; recomienda concretar tanto el tipo de asociaciones a tener en cuenta en este ámbito, por ejemplo asociaciones de trabajadores y de empresarios, como el nivel y alcance idóneo de esta consulta. En la práctica, la falta de concreción puede hacer inoperante este artículo, por lo que el Comité de las Regiones manifiesta su preocupación a este respecto. El Comité de las Regiones desea recordar la publicación por la Comisión de la Comunicación «Dialogo con las entidades territoriales sobre la elaboración de las políticas de la Unión Europea», de 19 de diciembre de 2003, cuyo objetivo global era hacer partícipes a los agentes territoriales, a través de sus asociaciones, de la posibilidad de manifestar y contribuir a la puesta en marcha de las políticas europeas.

2.13

destaca positivamente la inclusión de aspectos transversales en su articulado, en particular en la presente propuesta de Reglamento en lo relativo a la igualdad de género. Los Estados miembros y las autoridades de gestión deben asegurar que los programas operativos incluyan una descripción de cómo se promueve la igualdad de género en la programación, implementación, control y evaluación. El Comité de las Regiones estima que las autoridades regionales y locales podrían aportar su bagaje en esta esfera a la luz de la práctica obtenida durante el período de programación 2000-2006, por lo que recomienda que debería incluirse una referencia a aquéllas en el artículo 6.

2.14

considera que las acciones financiadas por el FSE deberían adoptar un papel activo en la implementación de la Directiva 2002/73 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de septiembre de 2002 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, así como las condiciones de trabajo; saluda positivamente que el futuro Programa PROGRESS incluya entre sus campos de actividad la igualdad de género.

2.15

recomienda que se precise el sentido de la palabra «descripción» que aparece en el artículo 6 de la propuesta de Reglamento, pues considera que sería conveniente que el Reglamento no sólo incluyese la descripción de cómo se promueve la igualdad de genero, sino también las directrices para su adecuada aplicación. Por estas razones, el Comité de las Regiones recomienda que se profundice en el contenido de esta disposición.

2.16

manifiesta su preocupación por la ausencia total de referencias a la esfera regional y local, porque en este ámbito pueden detectarse con más facilidad las necesidades de innovación previstas en el artículo 7. El conocimiento específico de esta situación de partida ayuda a las actividades de investigación e innovación. Las entidades locales en función de su proximidad detectan las actividades innovadoras y pueden promoverlas con todos sus medios, haciendo posible así un mayor desarrollo de las actividades eficientes de investigación y de innovación a escala regional y nacional.

2.17

observa con preocupación la desaparición de las «Acciones innovadoras» en la medida en que han servido para llevar a cabo proyectos piloto de gran interés y repercusión en los ámbitos de los mercados de trabajo, empleo y formación profesional; estima adecuada la pervivencia de un instrumento para la innovación que no se diluya en el ámbito general de las actuaciones del Fondo y que mantenga una cierta unidad de acción con el apoyo e impulso comunitarios, que permita seguir experimentando nuevas formas de hacer en el ámbito del empleo, de los trabajadores, hombres y mujeres, de la inclusión social y de las disparidades territoriales.

2.18

valora positivamente que la propuesta de Reglamento sobre el Fondo recoja un apartado específico dedicado a la cooperación transnacional en su artículo 8, lo que supone un mayor reconocimiento del hecho regional; recomienda que los instrumentos de cooperación territorial promuevan la construcción y el reforzamiento de las redes urbanas y la multiplicación de experiencias de cooperación intermunicipal y regional, como ya ha señalado en el Dictamen del Comité de las Regiones sobre el Tercer Informe de Cohesión Económica y Social aprobado en su 55o Pleno el 16 de junio de 2004.

2.19

muestra su preocupación por la ausencia de toda referencia a la esfera regional y local en el artículo 8 dedicado a la cooperación transnacional, máxime si tenemos en cuenta las experiencias acumuladas durante el actual período de programación en el marco de la iniciativa comunitaria INTERREG, que se ha gestionado desde las propias regiones por autoridades de gestión autónomas y diferenciadas de las nacionales; recomienda que se concrete este artículo, precisando las modalidades de intervención, la financiación de estas acciones y el papel específico de las regiones y entes locales.

2.20

observa con agrado la inclusión en la propuesta de Reglamento de la disposición en la que se estipula que la Comisión promueva el intercambio de experiencias; actividades de concienciación; seminarios; redes para identificar y divulgar buenas prácticas y reforzar el aprendizaje mutuo, con la finalidad de mejorar la contribución del Fondo a los objetivos comunitarios de empleo e inclusión social; lamenta que la propuesta de Reglamento no sea más precisa en lo relativo a la financiación dedicada a la asistencia técnica y a la coordinación entre ésta y el conjunto de programas que serán desarrollados en el siguiente período de programación; y ruega por estas razones una mayor concreción en este artículo.

2.21

considera positiva la inclusión de un artículo dedicado a los informes anuales y el informe final concretando el contenido de aquellos; estima que en esos informes deben aparecer también las formas de participación y consulta de los agentes sociales, los representantes del interés público no gubernamental y las organizaciones no gubernamentales (ONG).

2.22

manifiesta su preocupación por la indefinición que plantean algunos de los apartados del artículo dedicado a la elegibilidad de los gastos; se introduce el concepto de «costes indirectos» de una operación, para los que se permite una declaración máxima de un 20 % de los costes directos de ésta, conforme a unos factores no detallados; recomienda una mayor concreción en la redacción definitiva de esta disposición en su conjunto pues la falta de precisión en estas cuestiones genera complejidades en la gestión e ineficacia en el gasto, lo que se contrapone al principio de buena gestión financiera, exigencia que es recordada de forma constante por la Comisión Europea.

5.7.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 164/53

1.1

Tras un amplio debate público que ha contado con la significativa contribución del Comité de las Regiones, en estrecha relación con los entes locales, este Libro Blanco expone de manera concreta las grandes líneas de acción de la Comisión hasta 2006.

1.2

considera que el Libro Blanco brinda una ocasión para proseguir el debate en torno a las estrategias, propuestas y compromisos en él recogidos. Las autoridades públicas -primordialmente las de ámbito local y regional- y las fuerzas sociales han de contribuir en especial a:

1.3

considera que deben destacarse los siguientes aspectos del Libro Blanco: