COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Río+20: hacia la economía ecológica y la mejora de la gobernanza /* COM/2011/0363 final */
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL
COMITÉ DE LAS REGIONES Río+20: hacia la economía ecológica y la
mejora de la gobernanza
1.
Río+20: una oportunidad que el mundo no puede
permitirse perder
En junio de 2012 todas las miradas
estarán puestas en Río de Janeiro, donde, veinte años después de la primera
«Cumbre de la Tierra», los Jefes de Estado y de Gobierno asistirán a la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible[1] (CNUDS, o «Río + 20»).
Río+20 se basará en los resultados de anteriores cumbres mundiales: la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en
Estocolmo (1972), la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(«Cumbre de la Tierra»), celebrada en Río de Janeiro (1992), y la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo (2002). Es
también continuación de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, celebrada
en 2000, y del establecimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Río+20 ofrece a nuestro mundo
interdependiente una oportunidad única para renovar el compromiso político con
el desarrollo sostenible. Se evaluarán los progresos realizados y se tratarán
los fallos de aplicación y los nuevos desafíos. Todo ello se hará en el
contexto de dos temas entrelazados: «la economía ecológica en el contexto del
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza», y «el marco
institucional del desarrollo sostenible». Río+20 puede marcar el inicio de una
transición más rápida y profunda, a nivel mundial, hacia una economía
ecológica: una economía que genere crecimiento, cree empleo y erradique la
pobreza, conservando el capital natural del que depende la supervivencia a
largo plazo de nuestro planeta e invirtiendo en él. Puede poner en marcha
también la necesaria reforma de la gobernanza del desarrollo sostenible a nivel
internacional. La Comisión Europea tiene la
determinación de ayudar a que Río+20 sea un éxito. Como base para un diálogo
posterior con las instituciones de la UE, la sociedad civil, las empresas y los
países a nivel mundial, en la presente Comunicación se exponen las ideas
preliminares de la Comisión sobre algunos resultados concretos que podrían
alcanzarse en Río+20. Esta reflexión se basa en el conjunto de políticas de la
UE sobre el desarrollo sostenible y en la Estrategia EU 2020, y tiene en cuenta
también una consulta pública que se puso en marcha en febrero de 2011[2].
2.
Balance desde el 92: fallos de aplicación y nuevos
desafíos
2.1.
Desarrollo sostenible a nivel internacional
En los últimos decenios se han producido
varias tendencias mundiales positivas. La más notable de todas ellas ha sido el
crecimiento de la renta, que ha hecho que más de 120 millones de personas
subieran por encima del umbral de «un dólar al día» entre 2000 y 2005. Ha
mejorado también el acceso a la educación, la asistencia sanitaria y el agua. La Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y el Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB) adoptado en Río en 1992 han demostrado el potencial de acción a
nivel mundial. Las negociaciones sobre el clima mantenidas en 2010 en Cancún
marcaron el progreso hacia una nueva gobernanza mundial del cambio climático y
el objetivo de limitar este cambio climático a un incremento inferior a los
2 °C. Se lograron también progresos importantes en la reunión del CDB
celebrada en 2010 en Nagoya. Ha habido también un incremento importante de la
información científica y la sensibilización de la opinión pública respecto de
las cuestiones medioambientales, en particular el cambio climático, y de la
participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas a nivel
mundial, gracias, sobre todo, a la mejora de la comunicación por Internet. Durante los últimos veinte años, varios
países en desarrollo se han convertido en agentes que desempeñan ahora un papel
económico y político decisivo. El resultado es que ha empezado a formarse un
nuevo equilibrio de poder e influencia, que ha traído consigo nuevos roles, que
exigirán también la aceptación de nuevas responsabilidades. Pese a las evoluciones positivas, sigue
habiendo deficiencias de aplicación y desafíos considerables, que tendrán que
tratarse como parte del programa de Río+20. Unos 1 400 millones de
personas siguen viviendo en la pobreza extrema (gran parte de ellas en el
África subsahariana y el sur de Asia) y una sexta parte de la población mundial
padece desnutrición. Varios Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) están aún
muy lejos de alcanzarse. Por ejemplo, por lo que respecta al ODM sobre el
saneamiento, solo la mitad de la población del mundo en desarrollo utiliza un
saneamiento mejor. El avance en la realización de los ODM es muy
desigual geográficamente, con algunas regiones mucho más retrasadas que otras,
y ni uno solo de los ODM se ha realizado en los Estados frágiles. Los esfuerzos
para tratar estos problemas se han visto obstaculizados por la reciente crisis
económica y la subida de los precios de los alimentos, que han incrementado el
número de personas que viven en la pobreza. Muchos problemas ambientales no solo no
se han resuelto, sino que se han agravado más aún. La creciente demanda de
recursos (como la tierra, el agua, los bosques y los ecosistemas) ha llevado a
un aumento del agotamiento y la degradación, y prosiguen a un ritmo alarmante
la pérdida de biodiversidad y la deforestación. La escasez de recursos
materiales y el acceso a ellos se están convirtiendo también en preocupaciones
a nivel mundial. Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero siguen
aumentando, potenciadas por los cambios en los usos de la tierra y la demanda
cada vez mayor de combustibles fósiles. Por otra parte, las consecuencias del
cambio climático (como los cambios en las precipitaciones y la subida del nivel
del mar) pueden multiplicar aún más los problemas medioambientales existentes.
El agotamiento y la contaminación de los recursos hídricos y el entorno marino
plantean problemas cada vez más graves, y la escasez de agua podría afectar a
un tercio de la población mundial en 2025. La desertización y la degradación
del suelo afectan a países en desarrollo cuyas economías dependen en gran
medida de la agricultura y la agricultura de subsistencia. La exposición a
sustancias peligrosas (como residuos peligrosos de plaguicidas) sigue
existiendo en los países en desarrollo y las economías emergentes, pese a los
avances en la aplicación de los convenios internacionales. Muchos de estos
problemas medioambientales no son cuestiones aisladas, sino que guardan relaciones
mutuas y son interdependientes. El
crecimiento económico futuro será probablemente más rápido en las economías
emergentes y, si se administra bien, podrá ayudar a paliar la pobreza. Sin
embargo, la continuación de las pautas actuales de consumo y producción en
muchos países de todo el mundo incrementará la utilización de recursos
naturales, acelerará la degradación medioambiental y hará que empeore el cambio
climático. Las presiones y los impactos sobre el medio ambiente se verán
exacerbados por el crecimiento demográfico (se prevé que la población mundial
llegue a los 9 000 millones en 2050), la urbanización y los cambios
sociales (por ejemplo, 1 200 millones de personas más se incorporarán a la
población de «clase media» en las economías emergentes).
2.2.
Desarrollo sostenible en la UE
En los últimos decenios, el desarrollo
sostenible ha sido promovido por una serie de políticas de la UE. Por ejemplo,
la UE ha adoptado objetivos climáticos vinculantes junto con el Régimen de
Comercio de Derechos de Emisión de la UE, así como una serie de instrumentos
legislativos sobre la biodiversidad, la gestión de los residuos, el agua y la
calidad del aire. Esto ha fomentado el crecimiento de las ecoindustrias de la
UE, a las que actualmente corresponde más del 2,5 % del PIB de la UE y que
proporcionan empleo a más de 3,4 millones de personas. En 2001, la UE adoptó
una Estrategia de Desarrollo Sostenible, que fue renovada en 2006. Desde el informe más reciente sobre esta
Estrategia, de 2009, el progreso en el logro de la sostenibilidad en la UE ha
sido evaluado de distintas maneras, en particular mediante los indicadores de
sostenibilidad y el Informe sobre el Estado del Medio Ambiente de la Agencia
Europea de Medio Ambiente. Estas publicaciones muestran que, aunque se han
realizado progresos, siguen existiendo muchos desafíos, en particular para
hacer que el crecimiento sea más sostenible. Un avance político clave fue la adopción
en 2010 de la Estrategia Europa 2020, cuyo objetivo es transformar la UE en una
economía basada en el conocimiento, que haga un uso eficiente de los recursos y
que genere pocas emisiones de carbono, y dar una respuesta sostenible a los
desafíos que la UE tiene por delante hasta 2050. Esta Estrategia persigue
incorporar la sostenibilidad en la elaboración de todas las políticas y
reforzar su papel en ellas, estableciendo las prioridades —que se refuerzan
mutuamente— de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador,
impulsadas por cinco objetivos principales y siete iniciativas emblemáticas (véase
el anexo). Muchas de estas iniciativas emblemáticas
son directamente pertinentes para la presente Comunicación. Por ejemplo, la
iniciativa emblemática para un aprovechamiento eficaz de los recursos se
propone desligar el uso de los recursos naturales del crecimiento económico y
prevé una serie de nuevas medidas políticas sobre las materias primas, la
eficiencia energética y la biodiversidad, así como hojas de ruta para reducir
las emisiones de carbono de la economía, la energía y el transporte. Defiende
asimismo un mayor uso de los instrumentos basados en el mercado, la eliminación
gradual de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y la adopción
de regímenes tributarios «más ecológicos». Los avances que se logren en una
utilización más eficiente de los recursos y en los demás objetivos e
iniciativas emblemáticas se supervisarán en el marco de gobernanza de la
Estrategia Europa 2020 y el Semestre Europeo. Esto hará que coincidan la
aportación de los Consejos sectoriales, los programas nacionales de reforma de
los Estados miembros, los dictámenes de la Comisión y las conclusiones del
Consejo Europeo. El resultado de este proceso será un mecanismo reforzado que
dará mayor integración y coherencia a las políticas en favor del medio ambiente
y el desarrollo sostenible. Para evaluar el progreso en la aplicación
de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE, la Comisión Europea, a
través de su oficina estadística (Eurostat), la Agencia Europea de Medio
Ambiente y otras partes, seguirá proporcionando información estadística e
indicadores que permitan medir la sostenibilidad e informar al respecto,
también en el contexto de la Estrategia Europa 2020. Río+20 será un momento definitorio para
el desarrollo sostenible, tanto en la UE como a nivel mundial. Sus resultados
inspirarán la estrategia y las actuaciones de la UE en materia de desarrollo
sostenible y, en particular, ayudarán a ir concretando la Estrategia Europa
2020 de la UE, como herramienta eficaz para hacer realidad el desarrollo sostenible.
3.
Hacia la economía ecológica y la mejora de la
gobernanza
3.1.
Hacer posible la transición
Veinte años después de la Cumbre de Río,
el mundo se enfrente todavía a dos desafíos fundamentales e interrelacionados:
satisfacer las demandas para una vida mejor de una población mundial que
crecerá en más de un tercio de aquí a 2050, y aportar solución a unas presiones
ambientales que, si no se tratan, socavarán la capacidad del mundo para
satisfacer esas demandas. Las respuestas a estos desafíos no
vendrán de ralentizar el crecimiento, sino de promover el tipo adecuado
de crecimiento. Hay razones apremiantes para repensar de modo fundamental el
modelo convencional de progreso económico: trabajar en los márgenes de un
sistema económico que promueve un uso ineficiente del capital y los recursos
naturales no traerá por sí solo un cambio. Lo que hace falta es una economía
que pueda garantizar el crecimiento y el desarrollo, y que, al mismo tiempo,
mejore el bienestar humano, proporcione empleos dignos, reduzca las desigualdades,
trate de resolver la pobreza y conserve el capital natural del que todos
dependemos. Una economía así —ecológica— ofrece una manera eficaz de promover
el desarrollo sostenible, erradicar la pobreza y afrontar desafíos emergentes y
fallos pendientes en la aplicación. El avance hacia una economía ecológica
exige conservar el activo de recursos naturales vitales e invertir en él. Esto
es esencial para todas las economías, pero se aplica en particular a las de los
países en desarrollo, que tienen la oportunidad de crecer económicamente
basándose en la gestión sostenible de su capital natural. Significa también
aplicar soluciones que conlleven bajas emisiones de carbono y una utilización
eficiente de los recursos e intensificar los esfuerzos para promover pautas de
consumo y de producción sostenibles. Todo esto implica establecer los marcos
normativos adecuados, crear incentivos fuertes para los mercados y la
innovación, movilizar recursos financieros y promover la iniciativa empresarial
y una mayor participación del sector privado. Implica también hacer una
valoración adecuada del capital natural y, en términos más generales, revisar
nuestra manera de medir el crecimiento y el progreso. En una economía ecológica muchos desafíos
pueden transformarse en oportunidades económicas, no solo invirtiendo
tendencias medioambientales negativas, sino también impulsando crecimiento y
empleo futuros. Por ejemplo, la experiencia muestra que los planteamientos
basados en el mercado, como el comercio de emisiones, constituyen herramientas
rentables con las que tratar los problemas medioambientales y son además una
fuente de inversión. La economía ecológica ofrece
oportunidades a todos los países, con independencia de su nivel de
desarrollo y de la estructura de sus economías. Mientras que, en muchos casos,
las inversiones para promover una economía ecológica pueden dar lugar a
soluciones beneficiosas para todos a corto plazo, en otros casos será necesaria
una perspectiva a medio plazo y habrá que asumir costes de transición, como
sucede con las políticas «a favor de los pobres». Aunque no hay un modelo
único, sí existen problemas y soluciones comunes, y los países se beneficiarán
con el intercambio de experiencias y la mejora de la cooperación internacional.
Al mismo tiempo, el avance hacia la
economía ecológica no parte de cero. Se aplican ya algunas estrategias en las
que pueden basarse los países, como las adoptadas en materia de cambio
climático, biodiversidad, consumo y producción sostenibles, investigación e
innovación, que pueden contribuir a hacer posible una economía ecológica. Las
futuras estrategias de economía ecológica que se adopten a nivel nacional e
internacional deberían basarse en las anteriores y reforzarlas, como se ha
hecho ya con la Estrategia Europa 2020 y, recientemente, con la Hoja de ruta
hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050. Las organizaciones internacionales, y, en
concreto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), están elaborando
estrategias de economía y crecimiento ecológicos. La Organización Internacional
de Trabajo está elaborando programas para fomentar puestos de trabajo
respetuosos con el medio ambiente y en condiciones dignas. El G8 y el G20
asumen cada vez más el programa de la economía ecológica. En Cancún, las Partes
en la UNFCCC acordaron que todos los países debían desarrollar estrategias de
desarrollo con bajas emisiones de carbono, compatibles con la sostenibilidad. Partiendo de las iniciativas mencionadas,
para realizar la transición a una economía ecológica es preciso tratar tres
dimensiones políticas interrelacionadas: 1) Invertir en la gestión sostenible de
los recursos y el capital natural vitales («qué») 2) Establecer las condiciones de mercado
y normativas adecuadas («cómo») 3) Mejorar la gobernanza y la
participación del sector privado («quién») En las secciones siguientes se analizarán
con más detalles estas tres dimensiones, como marco para actuaciones e
inversiones más específicas.
3.2.
Invertir en la gestión sostenible de los
recursos y el capital natural vitales («qué»)
Recursos como el agua, la energía, el
suelo, los bosques y los materiales constituyen la base de toda economía, y, en
especial, de la economía ecológica. El sustento de muchas personas en todo el
mundo depende de ellos, especialmente en los países en desarrollo, donde la
falta de acceso a recursos de calidad, y los conocimientos insuficientes sobre
cómo gestionarlos de manera sostenible, son causas importantes subyacentes tras
la pobreza. Hay muchos ejemplos ilustradores de cómo el acceso a recursos
gestionados de manera sostenible puede sacar a la gente de la pobreza. De este
modo, los sectores ligados a los recursos que se exponen a continuación podrían
convertirse en los mercados clave de crecimiento de la economía ecológica,
sustentando el futuro desarrollo económico, la creación de empleo y la
erradicación de la pobreza, sobre todo en los países en desarrollo. El agua es uno de los
recursos más valiosos, imprescindible para la vida y la salud, pero también
para el crecimiento de numerosos sectores económicos, como la agricultura, la
industria y la producción de energía. La gestión sostenible del agua es crucial
en las iniciativas para eliminar la pobreza, ya que la vida de las personas
pobres está estrechamente ligada al acceso al agua y sus múltiples usos y
funciones. El agua tiene también implicaciones muy importantes para las
relaciones regionales, la paz y la seguridad. Es obvio que deben
consolidarse las políticas para mejorar el acceso al agua, su calidad y la
eficiencia de su uso. El acceso a los servicios de energía
es un requisito fundamental para el desarrollo social y económico. El acceso a
la energía es también clave para la erradicación de la pobreza. En los países
en desarrollo, más de 1 400 millones de personas carecen actualmente de
acceso a la electricidad y 2 700 millones de personas dependen del uso
tradicional de biomasa para cocinar. Muchas regiones del mundo en desarrollo tienen
un inmenso potencial de energía renovable, en especial cuando las
extensiones de la red eléctrica no resultan económicas. El desarrollo de la
energía renovable debe ir acompañado de medidas para mejorar la eficiencia
energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Los recursos marinos son
una fuente de alimentos y prosperidad económica. El sector pesquero es esencial
para el desarrollo económico y la subsistencia de millones de personas en todo
el mundo, especialmente en los países en desarrollo. Los océanos y los
mares son un componente esencial del ecosistema terrestre y desempeñan
un papel clave en la moderación del cambio climático. Los arrecifes de coral y
los bosques de manglares no son solo un depósito de carbono y una fuente de
biodiversidad; además, protegen las zonas costeras frente a las inundaciones,
lo cual reduce los riesgos de catástrofes. Sin embargo, el entorno marino está
expuesto a diversas amenazas: el agotamiento de las poblaciones de peces, la
pérdida de biodiversidad, los desechos marinos, los residuos y la
contaminación, incluida la acidificación. Muchas cuestiones, por su alcance
transfronterizo, deben tratarse a nivel internacional. Un reto clave para la agricultura
es conseguir alimentar a 9 000 millones de personas de aquí a 2050 sin
degradar ni contaminar más la tierra. El uso sostenible del suelo y la
agricultura sostenible serán uno de los pilares de la economía ecológica. Las
actuales prácticas agrícolas absorben más del 70 % de los recursos
mundiales de agua dulce y son responsables de más del 13 % de las
emisiones de gases de efecto invernadero. La agricultura sostenible puede
incrementar sustancialmente las cosechas, sobre todo en las explotaciones
pequeñas. Aunque se dispone ya de muchas técnicas sostenibles de gestión del
suelo, no basta con invertir en ellas. La degradación del suelo está
directamente vinculada a la agricultura y tiene un efecto directo en unos
1 500 millones de personas, entre los que se cuenta el 42 % de los
pobres del mundo. La degradación del suelo es un problema de relevancia
mundial, no solo para las regiones áridas y semiáridas, y exige una respuesta
mundial. La buena gobernanza es esencial para tratar estos problemas, a través
del respeto de los derechos territoriales y la propiedad de la tierra, en
concreto de las comunidades y los pueblos indígenas. Todos estos aspectos deben
tratarse para garantizar el suministro sostenible de alimentos. Los
bosques son la base de la subsistencia de millones de personas,
muchas de las cuales viven en los trópicos y pertenecen a los segmentos
sociales más pobres. Además, los bosques son una parte crucial del ecosistema
terrestre, cumpliendo funciones como la de proteger el suelo, el agua y la
biodiversidad. Sin embargo, el ritmo de deforestación mundial sigue siendo
alarmantemente elevado y tiene impactos significativos en el cambio climático
mundial y la biodiversidad. Se calcula que las emisiones procedentes de la
deforestación tropical y la degradación forestal y de la turba representan
actualmente el 15 % de las emisiones mundiales de CO2. Los
bosques adquirirán probablemente una importancia cada vez mayor en una economía
ecológica al ser fuente de nuevos materiales, como los plásticos biológicos, y
para las estrategias de energía renovable. En estas circunstancias, la
conservación y la gestión sostenible de los bosques son cruciales. La sostenibilidad del uso de la tierra,
la agricultura, los bosques, el agua y los océanos está sustentada por los
ecosistemas y la biodiversidad, que determinan la resistencia y la
salud a largo plazo del medio ambiente. Hay una concienciación creciente sobre
los beneficios que reportan los servicios ecosistémicos para las empresas y la
sociedad en general[3], y
sobre el potencial que representa para la economía ecológica la inversión en
capital natural. Los residuos pueden ser un recurso
valioso, pero, si no se gestionan adecuadamente, causan riesgos
medioambientales y para la salud. Una buena gestión de los residuos
reduce al mínimo impactos ambientales como las emisiones de gases de efecto
invernadero, promueve una utilización eficiente de los recursos y proporciona
una nueva fuente de materiales reciclados. El potencial económico de la gestión
de los residuos, cada vez mayor en muchas regiones del mundo, ofrece importantes
oportunidades empresariales y de empleo. Es fundamental asegurar que estos
puestos de trabajo sean dignos, en particular por lo que respecta a las
condiciones laborales. El crecimiento económico de los países en desarrollo
trae consigo un incremento de las necesidades y las oportunidades económicas de
mejora de la gestión de los recursos. Los residuos peligrosos y las sustancias
químicas siguen siendo también un área de especial preocupación, tanto a nivel
nacional como mundial. La transición hacia una economía
ecológica mundial necesitará políticas mundiales reforzadas basadas en las
áreas expuestas, y Río+20 debería brindar la plataforma para ayudar a lograrlo.
3.3.
Establecer las condiciones de mercado y
normativas adecuadas
Es preciso que se den ciertas condiciones
de mercado y normativas para hacer posible y orientar el crecimiento en las
áreas mencionadas. Estas condiciones posibilitadoras no solo son clave para
promover objetivos medioambientales, sino que además aseguran la previsibilidad
y un marco de actuación equitativo para las empresas. Proporcionan también una
base sólida para las inversiones y para promover la ecoinnovación a través de
nuevas tecnologías y nuevos métodos de trabajo. Los instrumentos normativos
desempeñarán un papel importante en la evolución hacia una economía más
ecológica tanto a nivel nacional como internacional. Deben combinarse con instrumentos
basados en el mercado (como impuestos, permisos negociables y
subvenciones medioambientales), que son herramientas flexibles y rentables que
pueden ayudar a realizar objetivos económicos, sociales y medioambientales. La
introducción de reformas tributarias que desplacen la carga fiscal del trabajo
a los impactos ambientales y la energía puede reportar beneficios netos para el
empleo y el medio ambiente. Los regímenes de comercio de derechos de emisión
con fijación previa de límites máximos, como el Régimen de Comercio de Derechos
de Emisión de la UE, han demostrado ser eficaces instrumentos de mercado. Otros
sistemas eficaces son los incentivos fiscales para las PYME, la aplicación de
cánones sobre el agua, las ecotasas y las tarifas de alimentación a la red. Los
pagos por los servicios ecosistémicos se están aplicando ya en algunos países y
se reflejan en las negociaciones en curso sobre la reducción de emisiones de la
deforestación y la degradación forestal. Las subvenciones perjudiciales para
el medio ambiente son un obstáculo fundamental para una economía más
ecológica. Perpetúan prácticas insostenibles y desvían recursos financieros que
serían necesarios para inversiones ecológicas. Existe una voluntad cada vez
mayor de tratar esta cuestión. En 2009, el G20 se comprometió a racionalizar y
eliminar gradualmente subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles que
fomentan el despilfarro. Este compromiso se revisará en 2011. En 2010, las
Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica se comprometieron a
eliminar, suprimir gradualmente o reformar, antes de que finalice 2020, las
subvenciones perjudiciales para la biodiversidad. Para permitir la transición a una
economía mundial ecológica, deberán movilizarse recursos financieros a
gran escala. Esto exigirá la actuación de todos los países,
organizaciones internacionales y bancos. Según cálculos del PNUMA, podría hacer
falta una inversión global del orden del 2 % del PIB mundial anual hasta
2050. Esto exigirá un cambio de paradigma en los planteamientos de la
financiación que permita a los países adoptar soluciones públicas y privadas
innovadoras. Los fondos públicos no serán por sí solos suficientes: la
financiación pública deberá actuar más bien como catalizador y palanca para
movilizar una inversión privada mucho mayor. Deberán aplicarse incentivos para
fomentar las inversiones privadas favorables al medio ambiente, y podrían establecerse
a mucho mayor escala sistemas para canalizar las participaciones en el capital,
los seguros y los fondos de pensiones hacia el desarrollo sostenible. Al mismo
tiempo, tanto el sector público a escala nacional como la financiación pública
internacional deberán desempeñar un papel importante en el establecimiento de
condiciones que ayuden a reducir los riesgos para la inversión privada y a
garantizar la justicia y la equidad de las inversiones. Además, el acceso a la
financiación y al capital riesgo, complementado con un entorno normativo
favorable, es crucial para fomentar la ecoinnovación, las tecnologías
medioambientales y las PYME ecológicas. Sin las cualificaciones y los
conocimientos técnicos necesarios, no será posible la transición a una
economía ecológica. Al mismo tiempo, debe garantizarse que los nuevos
puestos de trabajo sean dignos, es decir, que estén amparados por
garantías de derechos laborales, protección social y diálogo social. Las
políticas económicas deberán estar acompañadas de políticas laborales que doten
a los trabajadores de nuevas calificaciones y ayuden a crear nuevas
oportunidades laborales. De los 211 millones de desempleados que se calcula que
había en el mundo en 2009, casi el 40 % se situaba entre los 15 y los 24 años
de edad: hace falta adoptar medidas para proporcionar oportunidades a los
jóvenes. Además, muchos de los obstáculos que dificultan la transición a una
economía ecológica y un futuro más sostenible solo podrán eliminarse mediante
una mayor cooperación en los campos de la ciencia y la investigación.
Podrían apoyarse modelos sostenibles de
oferta y demanda a nivel internacional mejorando el refuerzo mutuo entre
el comercio y el desarrollo sostenible. Esto incluye
mantener un sistema comercial multilateral abierto y no discriminatorio y velar
por que no se impida a ningún país tomar medidas para promover el desarrollo
sostenible, siempre que esas medidas no constituyan una discriminación
arbitraria o injustificable ni una restricción camuflada del comercio internacional.
El reforzamiento mutuo puede promoverse también reduciendo o eliminando las
barreras arancelarias y no arancelarias aplicadas a los bienes, las tecnologías
y los servicios beneficiosos para el medio ambiente, así como a los productos
respetuosos con el medio ambiente o de comercio justo. Además, al extenderse
los sistemas de garantía de la sostenibilidad comercial y las prácticas de
responsabilidad social corporativa, el desarrollo de directrices y normas
internacionales, regímenes de certificación y etiquetas puede reportar
beneficios económicos, medioambientales y sociales. Deben reforzarse las
medidas internacionales para combatir el tráfico ilegal de bienes sensibles
desde el punto de vista medioambiental (como las especies de flora y fauna silvestre,
las sustancias peligrosas y los recursos naturales); un buen ejemplo de lo que
puede hacerse son los Acuerdos de Asociación Voluntarios que la UE está
negociando en el contexto de su iniciativa sobre aplicación de las leyes,
gobernanza y comercio forestales (FLEGT). Debe promoverse también la
incorporación de disposiciones sobre sostenibilidad en los acuerdos comerciales
multilaterales y bilaterales. Para avanzar y medir los avances
hacen falta sistemas de medición e indicadores comparables. Algunas organizaciones,
como la OCDE, han desarrollado indicadores que permiten reflejar el estado del
medio ambiente y los activos naturales, el bienestar y la calidad de vida.
Estos indicadores deberían utilizarse junto con el Producto Interior Bruto
(PIB). No obstante, solo algunos de ellos se han utilizado hasta ahora de forma
generalizada para comunicar necesidades políticas; es el caso de los
indicadores de intensidad de CO2 y el índice de desarrollo humano.
En la Agenda 21 se pedía ya a los gobiernos que desarrollaran indicadores de
desarrollo sostenible y métodos de contabilidad ambiental. No obstante, el
progreso ha sido lento y desigual. Río+20 debe promover la transparencia de la
elaboración de informes a nivel nacional y llegar a un acuerdo sobre el uso de
la contabilidad ambiental y unos indicadores sólidos a nivel nacional y mundial
que permitan medir este concepto más amplio de progreso que rebasa el PIB.
3.4.
Mejorar la gobernanza y la participación del
sector privado
Las estructuras de gobernanza son cruciales
para ayudar a conseguir un desarrollo sostenible, hacer que nuestras economías
sean más ecológicas y erradicar la pobreza. Ahora bien, es un hecho ampliamente
reconocido que las estructuras de gobernanza actuales necesitan una reforma
significativa. Deben abordarse cuatro líneas generales de reforma. Es preciso reforzar e incorporar la gobernanza
del desarrollo sostenible en todas las actividades del sistema de las
Naciones Unidas, entre otras cosas, mejorando la coherencia y la integración
política entre las actividades que se llevan a cabo en los ámbitos económico,
social y medioambiental. En las Naciones Unidas se han puesto en marcha una
serie de actuaciones, como la mejora de los mecanismos de colaboración entre
los distintos organismos y la iniciativa «Unidos en la Acción», cuya finalidad
es promover la coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas en los
ámbitos del desarrollo, la ayuda humanitaria y el medio ambiente. Asimismo,
cuestiones transversales como el cambio climático exigen una mayor integración
en todos los ámbitos de actuación. Estos procesos deben reforzarse. Si bien el
refuerzo de la gobernanza internacional a favor del desarrollo sostenible es
crucial, se ha de prestar también atención a las correspondientes estructuras
regionales, nacionales y locales. Comparada con las estructuras económicas
de ámbito mundial, la gobernanza internacional del medio ambiente
es precaria. Esto se debe a la fragmentación institucional, a la falta de
rendición de cuentas acerca de la aplicación de las políticas acordadas, a la
falta de una voz fuerte y con autoridad en el sistema de gobernanza mundial,
así como a la falta de recursos humanos y financieros. Además, los nuevos
papeles y responsabilidades de las economías emergentes no están suficientemente
definidos. A lo largo del pasado decenio se han hecho intentos de mejorar la
gobernanza internacional del medio ambiente —los más recientes, como parte del
grupo consultivo de alto nivel bajo los auspicios del PNUMA (proceso
Nairobi-Helsinki)—, pero lograr un progreso tangible ha resultado difícil hasta
ahora. Hay diversas instituciones que se ocupan
de la gobernanza económica y social a nivel internacional. Las
instituciones financieras internacionales (como el Grupo del Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional) y los bancos de desarrollo regionales (como el
Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco
Africano de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el
Banco Europeo de Inversiones) desempeñan un papel central en las políticas y
las acciones económicas mundiales. El papel de la Organización Mundial del
Comercio en la regulación del comercio mundial es esencial. Otras
instituciones, como la Organización Internacional del Trabajo y otros
organismos de las Naciones Unidas, contribuyen a dar forma a las cuestiones
sociales y de empleo. Todos ellos tendrán una función que desempeñar en la
evolución hacia una economía mundial más ecológica. En la Agenda 21 y el Plan de Aplicación
de Johannesburgo se destaca el importante papel de los agentes no
estatales (los «grupos principales»), como los pueblos indígenas, las
mujeres, los jóvenes, los trabajadores, los agricultores, las administraciones
locales, la comunidad científica, las empresas y la industria y las ONG. Sin
embargo, deben fortalecerse su papel y su repercusión, hasta ahora limitados.
En concreto, será esencial impulsar la participación de las empresas.
Algunas de ellas, en sectores como los de la alimentación, las bebidas y los
productos químicos, dirigen ya sus operaciones de manera más ecológica. Es
preciso promover esta tendencia mediante asociaciones más dinámicas entre los
sectores público y privado, nuevas redes y alianzas entre empresas, y
facilidades de financiación para agilizar la actuación empresarial y la
innovación respetuosas con el medio ambiente.
4.
Líneas de acción propuestas para Río+20
4.1.
Un marco en el que obtener resultados
Para dar un impulso renovado al
desarrollo sostenible, Río +20 tiene que generar una visión compartida del
cambio, respaldada por un marco de decisión sobre actuaciones específicas. Los
«ingredientes» principales de un resultado global podrían plantearse de la
siguiente manera: 1.
Un amplio llamamiento a la movilización
política, con una visión y objetivos ambiciosos y compartidos. 2.
Una serie de actuaciones específicas a nivel
internacional, regional y nacional, estructuradas como una «hoja de ruta hacia
una economía ecológica». 3.
Una «caja de herramientas» de planteamientos
políticos y ejemplos de mejores prácticas que puedan utilizarse para realizar
los objetivos acordados. 4.
Un mecanismo para promover y supervisar el
progreso general. Una hoja de ruta hacia una economía
ecológica ayudaría a garantizar la continuidad del compromiso después de
Río+20, al asegurar un seguimiento sistemático de la visión y los objetivos
acordados. Pueden estructurarse en ella una serie de acciones a nivel
internacional, regional y nacional, con etapas de referencia, indicadores y
objetivos, así como mecanismos para supervisar el progreso general. Una hoja de ruta hacia una economía
ecológica ayudaría a todos los países a avanzar más deprisa en esa dirección,
aprovechando las iniciativas existentes y respetando las diferencias
nacionales. Será esencial establecer estrategias para lograr una economía más
respetuosa del medio ambiente en las políticas y los planes económicos y de
desarrollo generales de los países. Esas estrategias —que deberán diseñarse «de
abajo arriba»— deberán contener objetivos y calendarios de actuación a nivel
nacional y, cuando proceda, regional. Las actuaciones deberían basarse en
esfuerzos que ya se estén llevando a cabo y podrían incorporarse en las
estrategias económicas y de desarrollo nacionales, sumándose también a las
estrategias para la reducción de las emisiones de carbono y a los planes para
un consumo y una producción sostenibles. Cuando sea necesario, países y
organizaciones internacionales donantes podrían aportar ayuda, de acuerdo con
las estrategias nacionales de desarrollo. Para diseñar acciones concretas, los
países podrían utilizar una «caja de herramientas» de estrategias de mejores
prácticas. No obstante, los esfuerzos nacionales no
bastarán por sí solos para hacer que la economía mundial sea más ecológica.
Puesto que muchos problemas exigen una respuesta mundial y regional, la hoja de
ruta hacia una economía ecológica deberá incluir también acciones a estos
niveles. A fin de supervisar los progresos hacia
una economía ecológica, será esencial definir y elaborar indicadores clave, así
como un sistema de contabilidad medioambiental y social acordado a nivel
mundial, que complemente la actual contabilidad económica. Esta labor podría
basarse en iniciativas existentes, como el sistema internacional de
contabilidad ambiental y económica integrada (SCAEI), el Índice de Desarrollo
Humano (PNUD) y la Medición del Progreso de las Sociedades (OCDE). El marco
normativo previsto de la UE para la contabilidad ambiental podría servir
también como ejemplo. Tomando como base las dimensiones
políticas bosquejadas en la sección 3 («qué», «cómo» y «quién»), en las
secciones siguientes se propone un conjunto inicial de acciones específicas,
que formarían parte de la hoja de ruta hacia una economía ecológica.
4.2.
Acción sobre los recursos, los materiales y el
capital natural
Río+20 tiene que renovar el compromiso
para promover una gestión sostenible del agua. Esto podría hacerse
estableciendo asociaciones internacionales en materia de agua.
Para ello se podría partir, ampliándola, de la Iniciativa de la UE sobre
el agua, que ha contribuido a mejorar la gestión y la gobernanza del agua, pero
haciendo mayor hincapié en los aspectos económicos y en una mayor participación
de las empresas. Deberán tratarse también los planes hidrológicos de cuenca de
ámbito internacional, en particular en las comisiones fluviales
transfronterizas. Podrían promoverse también asociaciones
para aumentar el acceso a la energía y la seguridad del abastecimiento
energético y promover las energías renovables y la eficiencia energética.
Para ello, podrían servir de base acciones existentes como la
Asociación UE-África en materia de energía, los instrumentos de inversión
regionales de la UE, el Fondo fiduciario de la UE para infraestructuras en
África, el Fondo ACP-UE para la Energía y el Fondo mundial para la eficiencia
energética y las energías renovables, que podrían aportar experiencias de
movilización de inversiones privadas para este tipo de asociaciones. Para reforzar la protección del medio
marino y de los océanos, se debería promover que ratifiquen la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) aquellos
Estados que aún no lo han hecho. Hacen falta nuevas iniciativas para proteger y
conservar las áreas no sujetas a jurisdicción nacional («alta mar y los fondos marinos»),
por ejemplo a través de un acuerdo de aplicación al amparo de la CNUDM. Para
ayudar a conservar la biodiversidad marina en estas áreas, deben establecerse
mediante acuerdo zonas marinas protegidas para múltiples fines y ha de
garantizarse el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y
equitativa de los beneficios provenientes de su utilización. Deben establecerse
también mecanismos de vigilancia y de control. Se debería estudiar también
especialmente la elaboración de un programa de acción mundial para combatir los
desechos y la contaminación marinos. Deben adoptarse medidas para promover la
sostenibilidad de la agricultura y los usos de la tierra y la seguridad
alimentaria. Estas medidas deben incluir el fortalecimiento de las iniciativas
existentes sobre agricultura sostenible y deben aprovechar las acciones
multilaterales (como la FAO), las actividades regionales (por ejemplo, las
dedicadas a la agricultura ecológica) y las iniciativas empresariales. Además,
podrían establecerse asociaciones internacionales sobre productos
alimentarios para promover una producción y un consumo más sostenibles
de esos productos. Dado que la agricultura depende de la calidad de la tierra,
se ha de trabajar más para mejorar esa calidad y luchar contra la
desertización. Por ejemplo, se podría poner en marcha una valoración económica
a nivel mundial de los costes y los beneficios de la mejora de la calidad de la
tierra. Otras iniciativas podrían ser dar un mayor impulso a la Alianza Mundial
para el Suelo, y establecer servicios para el seguimiento mundial del uso de la
tierra, como parte de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEOSS). Mediante asociaciones con las
administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado se podría
contribuir también a promover la gestión sostenible de los bosques
y la lucha contra la deforestación. Estas asociaciones podrían aprovechar los
buenos resultados de la acción para la aplicación de las leyes, la gobernanza y
el comercio forestales (FLEGT) y las experiencias iniciales del programa REDD+
(reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de
los bosques). Ha llegado el momento de establecer un régimen
internacional en materia de productos químicos y sustancias peligrosas
más sólido y coherente, y Río+20 puede poner en marcha el proceso para
lograrlo. Se basaría en compromisos anteriores, como el Enfoque Estratégico
para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM), y en la
experiencia adquirida a través de las políticas de la UE para la gestión de los
productos químicos. Tal régimen —que podría adoptar la forma de convenio marco—
debería guiarse por el objetivo de Johannesburgo de que, para 2020, los
productos químicos se utilicen y produzcan de manera que se logre la
minimización de los efectos adversos importantes en la salud y el medio
ambiente. Además, debería tenerse en cuenta el Global Chemicals Outlook
que prepara actualmente el PNUMA y los trabajos en curso sobre las opciones de
financiación para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a la
mundialización de la industria de los productos químicos y los residuos. El
régimen debería incluir criterios para identificar los productos químicos y las
sustancias de riesgo en todo el mundo, así como un marco para evaluar las
sustancias. Todos estos desafíos exigirán un nivel
sin precedentes de cooperación científica y tecnológica a nivel
mundial, y un mecanismo para la cooperación en el campo de la ciencia y la
investigación a nivel mundial en relación con retos sociales de relevancia
mundial (como la escasez de recursos, el cambio climático o los océanos).
4.3.
Instrumentos económicos y financiación e
inversión en capital humano
Río+20 debe animar a los países, sobre
todo a los industrializados y a las economías emergentes, a desarrollar regímenes
de comercio de emisiones de carbono de ámbito nacional y regional para
reducir las emisiones al menor coste, y como piezas de un futuro mercado
internacional del carbono. Estos instrumentos podrían desempeñar también un
papel importante en la generación de formas innovadoras de financiación. Además, Río+20 debe poner en marcha un
conjunto coordinado de acciones de los países, acompañadas de objetivos y
calendarios, para identificar y eliminar gradualmente las subvenciones
perjudiciales para el medio ambiente. El compromiso del G20 de
estudiar las subvenciones que se conceden a los combustibles fósiles podría ser
un ejemplo específico. Para esta iniciativa se utilizarían las directrices y
las buenas prácticas de otros casos de eliminación de subvenciones
perjudiciales llevados a cabo con éxito en el pasado. Para orientar y movilizar fondos a favor
de la economía ecológica, Río+20 debe recomendar que se consoliden y fortalezcan
las estrategias y los mecanismos de financiación existentes, o que se
establezcan nuevos regímenes de financiación público-privados
cuando sea necesario. Las organizaciones dedicadas al desarrollo (como el PNUD)
y las instituciones financieras internacionales (como el Banco Mundial y otros
bancos multilaterales de desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial) deben desempeñar un papel preponderante
comprometiéndose a establecer estrategias de financiación de la economía
ecológica que puedan conducir a resultados demostrables. Los bancos privados,
las compañías de seguros y los fondos de pensiones deben desempeñar también su
papel. Un objetivo específico importante de estos mecanismos y regímenes de
financiación debe ser ayudar a los países menos desarrollados y a las PYME. En los países en desarrollo, la ayuda oficial al desarrollo (AOD)
seguirá representando una fuente de inversión significativa. La UE mantiene su
compromiso de elevar el volumen de ayuda al 0,7 % de la renta nacional
bruta (RNB) para 2015; actualmente, la UE proporciona alrededor del 58 %
de la ayuda mundial. La ayuda oficial al desarrollo, que se seguirá
concediendo, podrá ayudar a poner en práctica las estrategias nacionales y
regionales de economía ecológica de los países asociados, en el marco de sus
planes nacionales de desarrollo. En este contexto, programas como EU SWITCH,
que ha promovido prácticas de consumo y producción sostenibles en Asia, podrían
incorporarse a una actuación global para el consumo y la producción sostenibles.
Río+20 debe establecer programas de
formación en cualificaciones ecológicas en áreas prioritarias como la
energía, la agricultura, la construcción, la gestión de los recursos naturales,
los residuos y el reciclaje. Puesto que la transición a una economía ecológica
creará puestos de trabajo y sustituirá otros, será preciso recualificar
la mano de obra existente. Esta tarea podría incluir planes para proteger los
intereses de los trabajadores, proporcionar protección social y regularizar
trabajos no declarados, por ejemplo basándose en la labor de la OIT para una
«transición justa». Hacen falta también programas de formación para los jóvenes
que apoyen el tránsito de la escuela al trabajo con formación específica, y
que fomenten la inclusión de cualificaciones ecológicas en los planes de
estudio nacionales de educación secundaria.
4.4.
Mejora de la gobernanza
Es necesaria una gobernanza mundial mejor
y más eficiente para acelerar la actuación global hacia una economía más
ecológica y más sostenible y para erradicar la pobreza. Todas las partes
interesadas deberían tener la oportunidad de participar y contribuir en esta
tarea. Existen varias opciones para reforzar
la gobernanza del desarrollo sostenible dentro de las Naciones Unidas.
Una de ellas sería fortalecer las competencias del Consejo Económico y Social
(ECOSOC) en materia de desarrollo sostenible, dando igual peso a los pilares
económico, social y medioambiental. Un planteamiento alternativo sería
convertir la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en
un órgano más permanente con funciones ampliadas. Estas medidas deberían estar
encaminadas a garantizar que en todos los órganos pertinentes de las Naciones
Unidas se haga mucho más hincapié en el desarrollo sostenible. En algunos casos,
podrían hacerse mejoras con arreglo a los mandatos existentes. De acuerdo con las recomendaciones del
proceso de Nairobi-Helsinki para fortalecer la gobernanza ambiental a
nivel internacional, el PNUMA debe reforzarse. Esto podría hacerse de
varias maneras: i) mejorando el PNUMA con arreglo a su mandato actual; ii)
fortaleciéndolo con nuevas tareas y responsabilidades; iii) creando una
organización multilateral dedicada al medio ambiente, por ejemplo transformando
el PNUMA en un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas (como
la OIT). Esta última opción, que podría conllevar la adopción de un tratado
jurídicamente vinculante, sería la más prometedora para mejorar la gobernanza
ambiental a nivel internacional y progresar hacia el desarrollo sostenible
mundial. No obstante, es obvio que todas las opciones tienen ventajas y
desventajas y deberán analizarse con mayor detenimiento. Como parte del fortalecimiento de la
gobernanza ambiental a nivel internacional, es preciso acelerar el trabajo de
racionalización y consolidación del sistema de acuerdos multilaterales sobre el
medio ambiente. Respetando la autonomía de los diferentes acuerdos, podría
racionalizarse sustancialmente su administración y podrían reducirse las
duplicaciones, lo cual mejoraría la plataforma para lograr una visión y un
liderazgo políticos coherentes y bien orientados y para promover unas
condiciones favorables al crecimiento ecológico. Es necesario reforzar la creación
de capacidad en materia de medio ambiente en las Naciones Unidas.
Esto debería incluir mejorar los conocimientos ambientales y la
sensibilización con respecto a la economía ecológica en los equipos de país de
las Naciones Unidas para promover su integración en los programas nacionales,
ampliar la gama de conocimientos en las oficinas regionales de la ONU/PNUMA, y
desarrollar en todo el sistema un marco de creación de capacidades para la
aplicación de los acuerdos multilaterales. Deben reforzarse también las
capacidades para supervisar el medio ambiente mundial. Puesto que las empresas son el motor de
la economía, Río+20 debe reforzar la participación del sector privado.
Las empresas y la sociedad civil tienen que desempeñar un papel importante en
las diferentes asociaciones y regímenes propuestos en la presente
Comunicación, como los relativos al agua, la energía, los productos
alimentarios, los bosques y la financiación.
5.
Próximos pasos
Aunque en
algunos aspectos se ha progresado hacia el desarrollo sostenible desde la
Cumbre de Río de Janeiro celebrada en 1992, el mundo todavía tiene por delante
desafíos medioambientales, económicos y sociales de primera importancia. En la
presente Comunicación se exponen las ideas preliminares de la Comisión como
parte del proceso preparatorio que conducirá a Río+20. Río+20 brinda una valiosa oportunidad
para promover el desarrollo sostenible en todo el mundo. Ahora bien, su
resultado no deben ser solo declaraciones de buenas intenciones: hacen falta
acciones tangibles para que Río+20 marque una etapa en la transición hacia la
economía ecológica y la mejora de la gobernanza. La UE está abierta al debate
con todos los países y agentes para seguir dando forma a esta agenda en los
meses previos a Río+20. Es preciso que todos los países y agentes trabajen
juntos para lograr que los resultados de Río+20 respondan a nuestros desafíos
mundiales. Juntos debemos asegurar una actuación tangible y eficaz que pueda
tener verdadera repercusión en el mundo entero. Anexo La Estrategia Europa 2020:
objetivos e iniciativas emblemáticas Objetivos principales 1) el 75 % de la población de entre 20 y
64 años debería estar empleada; 2) el 3 % del PIB de la UE debería
invertirse en I+D; 3) deberían cumplirse los objetivos de
clima y energía «20/20/20»: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
en un 20 %; incrementar el porcentaje de energías renovables al 20%, y mejorar
la eficiencia energética en un 20 % (incluido un incremento al 30 %
de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero si se dan las
condiciones adecuadas); 4) el porcentaje de abandono escolar
debería ser inferior al 10 % y al menos el 40 % de la generación más joven
debería tener estudios superiores completos; 5) el riesgo de pobreza debería amenazar
a 20 millones de personas menos. Iniciativas emblemáticas 1) «Unión por la innovación»: mejorar las condiciones generales y el acceso a la financiación
para investigación e innovación a fin de garantizar que las ideas innovadoras
se puedan convertir en productos y servicios que generen crecimiento y empleo. 2) «Juventud en movimiento»: mejorar los resultados de
los sistemas educativos y facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado de
trabajo. 3) «Una agenda digital para Europa»: acelerar el despliegue de Internet de alta velocidad y
beneficiarse de un mercado digital único para las familias y empresas. 4) «Una Europa que aproveche
eficazmente los recursos»: ayudar a desligar
crecimiento económico y utilización de recursos, apoyar el cambio hacia una
economía con bajas emisiones de carbono, incrementar el uso de fuentes de
energía renovables, modernizar nuestro sector del transporte y promover la
eficiencia energética. 5) «Una política industrial para la
era de la mundialización»: mejorar el entorno
empresarial, especialmente para las PYME, y apoyar el desarrollo de una base
industrial fuerte y sostenible, capaz de competir a nivel mundial. 6) «Una agenda para nuevas
cualificaciones y empleos»: modernizar los
mercados laborales y potenciar la autonomía de las personas mediante el
desarrollo de capacidades a lo largo de su vida con el fin de aumentar la
participación laboral y adecuar mejor la oferta y la demanda de puestos de
trabajo, en particular mediante la movilidad laboral. 7) «Plataforma europea contra la pobreza»: garantizar la cohesión social y territorial de tal forma que los
beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente compartidos y las
personas que sufren de pobreza y exclusión social puedan vivir dignamente y tomar
parte activa en la sociedad. [1] www.uncsd2012.org [2] http://ec.europa.eu/environment/consultations/un_2012.htm. [3] The Economics of Ecosystems and Biodiversity for
Business – «TEEB for Business»