18.11.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 307/11

(1)

El respeto de la dignidad humana es uno de los principios básicos de la Unión Europea; entre sus objetivos se encuentra la promoción del pleno empleo y el progreso social, la lucha contra la exclusión social y la discriminación y el fomento de la justicia social y la protección social. De conformidad con el artículo 137, apartado 1, letra h), del Tratado, el papel de la Comunidad consiste en apoyar y complementar las actividades de los Estados miembros para la integración de las personas excluidas del mercado laboral. El artículo 34 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes.

(2)

La Recomendación 92/441/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, sobre los criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de protección social (1), sigue siendo un instrumento de referencia de las políticas comunitarias en lo que respecta a la pobreza y la exclusión social y no ha perdido su pertinencia, aunque es necesario hacer un mayor esfuerzo para poder aplicarla plenamente.

(3)

Desde 1992 han surgido nuevos instrumentos estratégicos. Uno de estos instrumentos es el Método Abierto de Coordinación en materia de Protección Social e Inclusión Social, entre cuyos objetivos se encuentra la inclusión social activa de todos, que se debe asegurar promoviendo la participación en el mercado laboral y luchando contra la pobreza y la exclusión entre las personas y los colectivos más marginados (2). Otro instrumento lo constituye la Estrategia Europea de Empleo, cuyos objetivos son, entre otros, reforzar la inclusión social, combatir la pobreza, impedir la exclusión del mercado laboral y fomentar la integración profesional de las personas desfavorecidas (3).

(4)

La persistencia de la pobreza y el desempleo y la creciente complejidad de las desventajas múltiples requieren soluciones políticas globales e integradas (4). Con vistas a modernizar los sistemas de protección social, es preciso combinar un apoyo a la renta adecuado con el vínculo al mercado de trabajo y el acceso a unos servicios de calidad en una estrategia integrada de inclusión activa (5). Esta estrategia es plenamente complementaria del enfoque de flexiguridad, si bien está orientada a las personas situadas en los márgenes del mercado de trabajo. Contribuye a la Estrategia de Lisboa por medio de la activación y la movilidad de la mano de obra y es una pieza clave de la dimensión social de la Estrategia para un Desarrollo Sostenible de la Unión Europea (6).

(5)

En la aplicación paulatina de la presente Recomendación, deben tenerse en cuenta las prioridades nacionales y los recursos financieros.

(6)

La presente Recomendación, así como la aplicación de los principios comunes que establece, deben entenderse sin perjuicio de la aplicación de la legislación comunitaria, incluida la normativa relativa a las ayudas estatales y el Reglamento general de exención por categorías (7), así como la reglamentación comunitaria relativa a la contratación pública.

(7)

De conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros son responsables de la definición del nivel de apoyo a la renta y el establecimiento de una adecuada combinación de estrategias a la luz de las distintas situaciones y necesidades a escala local, regional y nacional.

a)

una concepción global de las políticas en la que se determine la combinación adecuada de los tres aspectos de la estrategia de inclusión activa, teniendo en cuenta su impacto conjunto en la integración social y económica de las personas desfavorecidas y sus posibles interacciones, incluidas las sinergias y correlaciones de riesgos y beneficios;

b)

una aplicación integrada de los tres aspectos de la estrategia de inclusión activa, a fin de abordar de forma efectiva las múltiples causas de la pobreza y la exclusión social y mejorar la coordinación entre los servicios y agencias públicos que llevan a cabo políticas de inclusión activa;

c)

la coordinación de las políticas entre las autoridades locales, regionales, nacionales y europeas a la luz de sus respectivas funciones, competencias y prioridades particulares;

d)

la participación activa de todos los demás actores pertinentes, incluidas las personas afectadas por la pobreza y la exclusión social, los interlocutores sociales, las ONG y los prestadores de servicios en el desarrollo, la ejecución y la evaluación de estrategias.

a)

apoyen la aplicación de derechos fundamentales;

b)

promuevan la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades;

c)

estudien detenidamente las complejidades de las desventajas múltiples y de las situaciones y las necesidades específicas de los diversos grupos vulnerables;

d)

tengan debidamente en cuenta las circunstancias locales y regionales y mejoren la cohesión territorial;

e)

sean coherentes con un planteamiento de ciclo vital de las políticas sociales y de empleo de modo que puedan apoyar la solidaridad entre generaciones y romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.

i)

Reconsideren sus sistemas de protección social, en caso necesario, habida cuenta de los principios comunes enumerados en el apartado B de la Recomendación 92/441/CEE. En particular, en el marco de una estrategia de inclusión activa, el derecho a unos recursos suficientes debería:

ii)

Aseguren la aplicación de ese derecho de conformidad con las orientaciones prácticas en la sección C, apartados 1, 2 y 3, de la Recomendación 92/441/CEE del Consejo. En especial, cuando se determinen los recursos necesarios para llevar una vida digna, deberán tenerse en cuenta las condiciones de vida y los niveles de precios por el tipo y el tamaño del hogar en el Estado miembro en cuestión, utilizando los indicadores nacionales apropiados. En un contexto de inclusión activa deben salvaguardarse los incentivos a buscar empleo para las personas cuya condición las hace aptas para el trabajo y se deben ajustar o complementar las cantidades para cubrir necesidades específicas.

i)

Fomenten los siguientes principios comunes en el marco de las estrategias de inclusión activa:

ii)

Apliquen estos principios mediante las siguientes orientaciones prácticas:

—

disponibilidad territorial, accesibilidad física y asequibilidad,

—

solidaridad, igualdad de oportunidades para usuarios y empleados y respeto a la diversidad de usuarios,

—

inversión en capital humano, condiciones laborales e infraestructuras físicas adecuadas,

—

servicios globales y coordinados, diseñados y puestos en funcionamiento de forma integrada,

—

participación de los usuarios y enfoques personalizados para abordar las múltiples necesidades de las personas desde una perspectiva individual,

—

seguimiento y evaluación del rendimiento e intercambio de las mejores prácticas.