18.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 195/64

1.

En primer lugar, el CESE acoge favorablemente la intención de la Presidencia del Consejo de no limitarse a realizar un balance de las iniciativas emprendidas durante el período de reflexión sino de fijar las próximas etapas del proceso en curso.

2.

El CESE reafirma, a este respecto, la posición que expresó en sus dictámenes de 24 de septiembre de 2003 (1) y 28 de octubre de 2004 (2), según la cual el Tratado Constitucional es un instrumento esencial para permitir a la Unión Europea afrontar los retos que tiene planteados. Reitera, en particular, la importancia de la inclusión de la Carta de los Derechos Fundamentales, que asienta las políticas de la Unión en unos derechos concedidos a los ciudadanos, así como de las disposiciones institucionales y de gobernanza de la Unión, que le garantizan mayor visibilidad y eficacia.

3.

Teniendo en cuenta asimismo la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de enero de 2006 sobre «El período de reflexión: la estructura, los temas y el contexto para una evaluación del debate sobre la Unión Europea»,

4.

El CESE considera que:

5.

El CESE formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio de 2006:

5.1.1

La responsabilidad a la hora de encontrar una salida rápida a la crisis de identidad que está viviendo la Unión Europea incumbe esencialmente a los Estados miembros, y, por tanto, al Consejo Europeo. La cumbre de junio de 2006 deberá, pues, transmitir un mensaje claro sobre el futuro de Europa y proponer pistas para superar el estancamiento político actual. En este sentido, el CESE considera que la solución para resolver esta crisis deberá preservar los logros y equilibrios alcanzados por el Tratado Constitucional y tener en cuenta el hecho de que, al día de hoy, el Tratado ha sido ratificado por quince Estados miembros.

5.1.2

En virtud del artículo IV-443 (4) de dicho Tratado Constitucional, los dos fracasos del proceso de ratificación, cuyas razones, naturalmente, no han de ignorarse, no implican necesariamente el abandono de este Tratado.

5.2.1

Las instituciones europeas –Comisión, Parlamento Europeo y Consejo– deben anticiparse a los elementos más innovadores del Tratado Constitucional en el ámbito de la gobernanza. El CESE propone, en consecuencia, ampliar y reforzar desde ahora los procesos de consulta de las organizaciones de la sociedad civil previamente a toda iniciativa legislativa importante. Alienta asimismo a la Comisión a que estudie las condiciones de ejercicio del derecho de iniciativa ciudadana.

5.2.2

En este contexto, las instituciones deberían recurrir en mayor medida a la capacidad del CESE para contribuir a dar contenido político a las políticas de la Unión a través de dictámenes exploratorios, documentos informativos y análisis de impacto.

5.2.3

En este sentido, el Comité, en colaboración con los consejos económicos y sociales nacionales y las instituciones similares, proseguirá sus iniciativas dirigidas a aportar una contribución decisiva al fomento y a la mayor estructuración del diálogo y de la concertación entre las instituciones de la Unión y la sociedad civil organizada.

5.2.4

También convendría desarrollar el principio de «subsidiariedad funcional», atribuyendo mayores responsabilidades «en nombre de la Unión» a los entes territoriales y a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de acelerar la apropiación de la realidad europea por los ciudadanos. En este sentido el control de la subsidiariedad se debería extender no sólo a los entes territoriales, sino también a las organizaciones de la sociedad civil.

5.3.1

Incumbe a las instituciones de la Unión dar mayor contenido a las políticas europeas para demostrar su eficacia y sus repercusiones positivas en la vida diaria de los ciudadanos: empleo, movilidad, medio ambiente, progreso social, política en favor de los jóvenes, espíritu empresarial, lucha contra las discriminaciones y la exclusión, etc. Las instituciones también deberían proseguir la aplicación de los grandes proyectos europeos que permiten a los ciudadanos identificarse con la Unión (redes transeuropeas, política espacial, etc.), y lanzar proyectos nuevos como el servicio civil europeo y el sistema europeo de prevención y gestión de los riesgos mayores.

5.3.2

La Comisión Europea, en virtud del papel y de las atribuciones que le asignan los Tratados, es la encargada de elaborar y proponer verdaderas políticas comunes en ámbitos en los que el valor añadido de la dimensión europea es manifiesto (energía, medio ambiente e investigación, en particular). En esta perspectiva deberán elegirse las soluciones más pragmáticas, como por ejemplo, según los ámbitos, cofinanciaciones entre la UE y los Estados miembros o cooperaciones reforzadas.

5.3.3

En materia de política exterior y de conformidad con un compromiso contraído en el Consejo Europeo de Viena en 1998, también es necesario reforzar considerablemente la cohesión y la solidaridad de la UE para evitar la dispersión de las iniciativas y posiciones, que pone en entredicho la voluntad real de los Estados miembros de apostar por la Unión. Una presentación convincente y coherente de los intereses legítimos de la UE en el mundo permitiría asimismo aumentar sensiblemente el crédito de la Unión ante los ciudadanos europeos y lograr una mayor visibilidad.

5.3.4

Al dar un contenido sustancial a las políticas de la Unión, la Comisión y el Consejo proporcionarán credibilidad a la Estrategia de Lisboa revisada y abrirán la vía, después de 2010, a un proyecto europeo acorde con las expectativas de los ciudadanos, siempre y cuando esta vez vaya acompañado de medios que estén realmente a la altura de las ambiciones. En efecto, los ciudadanos comprenderán mejor el Tratado Constitucional si éste se enmarca en la perspectiva de un proyecto global de sociedad, que al día de hoy aún no existe.

5.4.1

Sin esperar a la adopción de un nuevo Tratado, la Comisión y el Consejo deberían aplicar ya plenamente determinadas disposiciones del Tratado de Niza, como las que permiten la votación por mayoría cualificada en determinados ámbitos de la política social y en el de Justicia y Asuntos Interiores.

5.4.2

Por otra parte, el CESE recomienda que la Comisión y los Estados miembros adopten nuevas iniciativas en materia de gobernanza económica de la Unión, con el fin de reforzar el proceso de coordinación de las políticas económicas y presupuestarias de los Estados miembros y reactivar las inversiones orientadas hacia el logro de los objetivos definidos en la Estrategia de Lisboa. A tal fin, deberían reforzarse desde ahora las atribuciones del Eurogrupo.

5.4.3

Por otra parte, es responsabilidad del Consejo remediar sin demora los retrasos, las insuficiencias e incluso las lagunas que siguen existiendo en numerosos ámbitos, como el establecimiento de estatutos europeos para las asociaciones, mutualidades y pequeñas empresas y la patente comunitaria. Convendrá asimismo proceder rápidamente a la supresión de los obstáculos que aún subsisten a la libre circulación de personas, servicios y bienes. Estos retrasos y estas lagunas han restado credibilidad a las instituciones de la Unión y contribuyen a la expresión de los egoísmos nacionales y al recrudecimiento de la competencia entre Estados miembros.

5.4.4

Cuando un proyecto de acto legislativo europeo presentado por la Comisión, en el ejercicio de su derecho de iniciativa y en calidad de guardiana del interés general, no llegue a aprobarse, el Consejo debería explicar a los ciudadanos, e incluso justificar, las razones de dicho bloqueo.

5.5.1

El CESE pide a los Estados miembros que realicen campañas de información específicas y permanentes sobre los logros de la integración europea y su valor añadido, y que organicen una «educación cívica europea» desde la escuela primaria. Para que esta información sea creíble y no se considere propaganda, deberá basarse en las redes de organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de debatir concretamente sobre el contenido de las políticas. El papel de la Comisión Europea también es fundamental para garantizar la coherencia europea de las acciones de comunicación. En este contexto, la Comisión debería comprometerse aún más en defensa de las políticas y los mecanismos de la Unión en vez de limitarse a adoptar una actitud de neutralidad.

6.1

Al firmar y ratificar los Tratados europeos, todos los Estados miembros emprendieron voluntariamente un proceso de integración basado en una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos.

6.2

El período de reflexión no sólo debe servir para encontrar una solución al bloqueo institucional actual, sino también, y sobre todo, para favorecer la emergencia de un nuevo consenso sobre la finalidad de la integración y sobre un proyecto político realista pero ambicioso, que permita a los ciudadanos soñar con una Europa que les aportaría efectivamente no sólo la paz, sino también más prosperidad y democracia. Dar una nueva credibilidad al proyecto europeo y conferir una nueva legitimidad al proceso de integración son, efectivamente, condiciones indispensables para superar la crisis de identidad que atraviesa actualmente la UE.