La presente Directiva establece un marco armonizado para la regulación de las redes de comunicaciones electrónicas, los servicios de comunicaciones electrónicas, los recursos y servicios asociados y algunos aspectos de los equipos terminales. Fija las misiones de las autoridades nacionales de reglamentación y, cuando proceda, de otras autoridades competentes, e introduce una serie de procedimientos para garantizar la aplicación armonizada del marco regulador en toda la Unión.

La presente Directiva pretende:

La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de:

La Comisión, el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas («ORECE») y las autoridades interesadas garantizarán que su tratamiento de datos personales cumple las normas de la Unión en materia de protección de datos.

Los Estados miembros velarán por que, al desempeñar las funciones reguladoras especificadas en la presente Directiva, las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes adopten todas las medidas razonables, necesarias y proporcionadas para la consecución de los objetivos enunciados en el apartado 2. Los Estados miembros, la Comisión, el Grupo de política del espectro radioeléctrico «(RSPG») y el ORECE contribuirán también al logro de dichos objetivos.

Las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes contribuirán, dentro del ámbito de sus competencias, a garantizar la aplicación de políticas destinadas a la promoción de la libertad de expresión y de información, de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación.

En el contexto de la presente Directiva, las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes, así como el ORECE, la Comisión y los Estados miembros perseguirán cada uno de los siguientes objetivos generales, que se enumeran sin orden de prelación:

Cuando la Comisión establezca indicadores e informes sobre la efectividad de las medidas de los Estados miembros tendentes al logro de los objetivos que figuran en el apartado 2, la Comisión, cuando proceda, estará asistida por los Estados miembros, las autoridades nacionales de reglamentación, el ORECE y el RSPG.

Para lograr los objetivos a que se refiere el apartado 2 y que se especifican en el presente apartado, las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes tomarán, entre otras, las siguientes medidas:

Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes actúen de forma imparcial, objetiva, transparente, no discriminatoria y proporcionada.

Los Estados miembros cooperarán entre sí y con la Comisión en la planificación estratégica, la coordinación y la armonización del uso del espectro radioeléctrico en la Unión conforme a las políticas de la Unión en materia de establecimiento y funcionamiento del mercado interior de comunicaciones electrónicas. Para ello, tendrán en cuenta, entre otros, los aspectos económicos, de seguridad, de salud, de interés público, de libertad de expresión, culturales, científicos, sociales y técnicos de las políticas de la Unión, así como los diversos intereses de las comunidades de usuarios del espectro radioeléctrico, con objeto de optimizar el uso del espectro radioeléctrico y evitar interferencias perjudiciales.

Al cooperar entre sí y con la Comisión, los Estados miembros fomentarán la coordinación de los enfoques políticos en materia de espectro radioeléctrico en la Unión y, cuando proceda, la armonización de las condiciones referentes a la disponibilidad y al uso eficiente del espectro radioeléctrico necesarias para la creación y el funcionamiento del mercado interior de las comunicaciones electrónicas.

Los Estados miembros, a través del RSPG, cooperarán entre ellos y con la Comisión, con arreglo al apartado 1, y, si así lo solicitan, con el Parlamento Europeo y el Consejo, en pro de la planificación y coordinación estratégicas de los enfoques relativos a la política del espectro radioeléctrico en la Unión:

El ORECE participará en asuntos de su competencia en lo que se refiere a la regulación del mercado y la competencia relacionados con el espectro radioeléctrico.

La Comisión, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del RSPG, podrá presentar propuestas legislativas al Parlamento Europeo y al Consejo para establecer programas plurianuales para la política del espectro radioeléctrico, enunciar las orientaciones políticas y los objetivos para la planificación estratégica y la armonización del uso del espectro radioeléctrico de conformidad con la presente Directiva, así como para liberar el espectro radioeléctrico armonizado para un uso compartido y para un uso no sometido a derechos individuales.

Los Estados miembros velarán por que cada una de las misiones establecidas en la presente Directiva sea desempeñada por una autoridad competente.

En el ámbito de aplicación de la presente Directiva, las autoridades nacionales de reglamentación serán responsables, como mínimo, de las siguientes funciones:

Los Estados miembros podrán asignar a las autoridades nacionales de reglamentación otras tareas previstas en la presente Directiva y en otra legislación de la Unión y, en particular, las relacionadas con la competencia o la entrada en el mercado, tales como una autorización general y las relacionadas con cualquier cometido atribuido al ORECE. En los casos en que se asignen a otras autoridades competentes tareas que afecten a la competencia o a la entrada en el mercado, estas tratarán de consultar a la autoridad nacional de reglamentación antes de adoptar una decisión. A efectos de contribuir a las tareas del ORECE, las autoridades nacionales de reglamentación estarán facultadas para recabar de los participantes en el mercado los datos y demás información necesarios.

Los Estados miembros también podrán asignar a las autoridades nacionales de reglamentación otras tareas con arreglo al Derecho nacional, incluido el Derecho nacional por el que se aplique el Derecho de la Unión.

En particular, los Estados miembros promoverán la estabilidad de las competencias de las autoridades nacionales de reglamentación a la hora de transponer la presente Directiva en lo que se refiere a la atribución de tareas derivadas del marco regulador de las comunicaciones electrónicas de la Unión modificado en 2009.

Las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes de un mismo Estado miembro o de diferentes Estados miembros celebrarán acuerdos de cooperación entre sí con el fin de fomentar la cooperación en el terreno reglamentario, cuando sea necesario.

Los Estados miembros publicarán las misiones que incumben a las autoridades nacionales de reglamentación y a otras autoridades competentes de forma fácilmente accesible, en particular cuando dichas misiones se asignen a más de un organismo. Los Estados miembros garantizarán, si procede, la consulta y la cooperación, en asuntos de interés común, tanto entre estas autoridades como entre ellas y las autoridades nacionales responsables de la aplicación del Derecho de la competencia o del Derecho de protección de los consumidores. En aquellos casos en los que más de una autoridad sea competente en estos ámbitos, los Estados miembros garantizarán la publicación de forma fácilmente accesible de las respectivas misiones de cada autoridad.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión todas las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes que tengan asignadas misiones con arreglo a la presente Directiva, así como sus respectivas responsabilidades y todos los cambios que se produzcan.

Los Estados miembros garantizarán la independencia de las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes, velando por que sean jurídicamente distintas y funcionalmente independientes de cualquier persona física o jurídica proveedora de redes, equipos o servicios de comunicaciones electrónicas. Los Estados miembros que mantengan la propiedad o el control de empresas proveedoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas velarán por que exista una separación estructural efectiva entre la función de regulación y las actividades relacionadas con la propiedad o el control.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes ejerzan sus competencias con imparcialidad, transparencia y a su debido tiempo. Los Estados miembros velarán por que dispongan de recursos técnicos, financieros y humanos adecuados para desempeñar las tareas que se les hayan asignado.

El responsable de la autoridad nacional de reglamentación o, cuando proceda, los miembros del órgano colegiado que desempeñe dicha función en el seno de la autoridad nacional de reglamentación o sus sustitutos serán nombrados para un mandato de al menos tres años, seleccionándolos, a través de un procedimiento abierto y transparente, de entre personas de reconocida talla y experiencia profesional sobre la base del mérito, los conocimientos, las competencias y la experiencia. Los Estados miembros garantizarán la continuidad en la toma de decisiones.

Los Estados miembros velarán por que el responsable de la autoridad nacional de reglamentación o, cuando proceda, los miembros del órgano colegiado que desempeñen dicha función en el seno de la autoridad nacional de reglamentación o sus sustitutos solo puedan ser cesados durante su mandato en caso de que dejen de cumplir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones, que hayan sido establecidas en el Derecho nacional antes de su nombramiento.

La decisión de cesar al responsable de la autoridad nacional de reglamentación de que se trate o, si procede, a los miembros del órgano colegiado que desempeñen dicha función se hará pública en el momento del cese. El responsable de la autoridad nacional de reglamentación que haya sido cesado o, si procede, los miembros del órgano colegiado que desempeñen dicha función recibirán una exposición de los motivos de la decisión. Si la exposición de motivos no se publica, será publicada a petición de dicha persona. Los Estados miembros se asegurarán de que tal decisión quede sujeta al control de un tribunal tanto en sus elementos de hecho como de Derecho.

Sin perjuicio del artículo 10, las autoridades nacionales de reglamentación actuarán con independencia y objetividad, también en la elaboración de procedimientos internos y la organización del personal, ejercerán sus cometidos de forma transparente y responsable de conformidad con el Derecho de la Unión y no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún otro organismo en relación con la ejecución de las tareas que les asigne el Derecho nacional por el que se aplique el Derecho de la Unión. Esto no impedirá la supervisión de conformidad con el Derecho constitucional nacional. Solamente los organismos de recurso creados de conformidad con el artículo 31 estarán facultados para suspender o revocar las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación.

Las autoridades nacionales de reglamentación informarán anualmente, entre otras cosas, del estado del mercado de las comunicaciones electrónicas, de las decisiones que adopten, de sus recursos humanos y financieros, y de la asignación de estos, así como de sus planes futuros. Sus informes se harán públicos.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación tengan presupuestos anuales separados y autonomía en la ejecución del presupuesto asignado. Dichos presupuestos se harán públicos.

Sin perjuicio de la obligación de que las autoridades nacionales de reglamentación dispongan de los recursos financieros y humanos necesarios para llevar a cabo las funciones a ellas asignadas, la autonomía financiera no obstará para que se ejerza una supervisión o un control de conformidad con el Derecho constitucional nacional. Todo control del presupuesto de las autoridades nacionales de reglamentación se ejercerá de forma transparente y se hará público.

Los Estados miembros velarán asimismo por que las autoridades nacionales de reglamentación cuenten con los recursos financieros y humanos suficientes para participar activamente en las actividades del ORECE y contribuir a las mismas.

Los Estados miembros velarán por que sus respectivas autoridades nacionales de reglamentación apoyen activamente los objetivos del ORECE de promover una mayor coordinación y coherencia reguladora.

Los Estados miembros velarán por que, al adoptar sus propias decisiones para sus mercados nacionales, las autoridades nacionales de reglamentación tengan muy en cuenta las directrices, los dictámenes, las recomendaciones, las posiciones comunes, las mejores prácticas y las metodologías adoptados por el ORECE.

Los Estados miembros garantizarán la libertad de suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas, sin perjuicio de las condiciones establecidas en la presente Directiva. A tal fin, los Estados miembros no impedirán a una empresa el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas salvo cuando resulte necesario por los motivos enunciados en el artículo 52, apartado 1, del TFUE. Esta limitación de la libertad de suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas deberá justificarse debidamente y notificarse a la Comisión.

El suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas diferentes de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración solo podrá ser objeto de una autorización general, sin perjuicio de las obligaciones específicas a que hace referencia el artículo 13, apartado 2, o de los derechos de uso a que se hace mención en los artículos 46 y 94.

Cuando un Estado miembro considere que se impone la presentación de una notificación para empresas sujetas a una autorización general, únicamente podrá exigir a dichas empresas que la presenten a la autoridad nacional de reglamentación o a otra autoridad competente. El Estado miembro no podrá exigir a dichas empresas la obtención de una decisión explícita u otro acto administrativo de dicha autoridad o de otra autoridad antes de ejercer los derechos derivados de la autorización general.

Tras la notificación, si ha lugar, la empresa podrá iniciar su actividad, en su caso con sujeción a las disposiciones sobre derechos de uso de la presente Directiva.

El trámite de notificación a que se refiere el apartado 3 consistirá solamente en la declaración por parte de una persona física o jurídica a la autoridad nacional de reglamentación o a otra autoridad competente de su intención de iniciar el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y la entrega de la información mínima necesaria para que el ORECE y dicha autoridad puedan mantener un registro o una lista de proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Esta información deberá limitarse a lo siguiente:

Los Estados miembros no impondrán obligaciones de notificación suplementarias o separadas.

Para aproximar las obligaciones de notificación, el ORECE publicará directrices en cuanto al modelo de notificación y mantendrá una base de datos de la Unión que contenga las notificaciones transmitidas a las autoridades competentes. A tal fin, las autoridades competentes transmitirán, por vía electrónica, cada notificación recibida al ORECE sin demora indebida. Las notificaciones hechas a las autoridades competentes antes del 21 de diciembre de 2020 se transmitirán al ORECE a más tardar el 21 de diciembre de 2021.

La autorización general para el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y los derechos de uso del espectro radioeléctrico y de los recursos de numeración solo podrá estar sometida a las condiciones enumeradas en el anexo I. Dichas condiciones serán no discriminatorias, proporcionadas y transparentes. En el caso de los derechos de uso del espectro radioeléctrico, estas condiciones garantizarán su uso efectivo y eficiente y se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 45 y 51 y, en el caso de los derechos de uso de los recursos de numeración, se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 94.

Las obligaciones específicas que puedan imponerse a las empresas que suministren redes y servicios de comunicaciones electrónicas con arreglo al artículo 61, apartados 1 y 5, y a los artículos 62, 68 y 83 o a los designados para la prestación de un servicio universal con arreglo a la presente Directiva, serán jurídicamente independientes de los derechos y obligaciones derivados de la autorización general. Para garantizar la transparencia, deberán mencionarse en la autorización general los criterios y procedimientos de imposición de tales obligaciones específicas a las empresas.

La autorización general contendrá solamente condiciones que sean específicas para el sector y estén establecidas en las partes A, B y C del anexo I, y no repetirá condiciones que ya sean aplicables a las empresas en virtud de otro Derecho nacional.

Los Estados miembros no repetirán las condiciones de la autorización general cuando otorguen el derecho de uso del espectro radioeléctrico o de los recursos de numeración.

Las empresas sujetas a la autorización general en virtud del artículo 12 estarán habilitadas para:

Cuando dichas empresas suministren al público redes o servicios de comunicaciones electrónicas, la autorización general le dará asimismo el derecho a:

Las cargas administrativas que se impongan a las empresas que suministren una red o un servicio de comunicaciones electrónicas o al amparo de la autorización general o a quienes se haya otorgado un derecho de uso:

Los Estados miembros podrán renunciar a imponer cargas administrativas a empresas cuyo volumen de negocios no llegue a un determinado umbral o cuyas actividades no alcancen una determinada cuota de mercado o sean muy limitadas en su radio de acción territorial.

Cuando las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes impongan cargas administrativas, publicarán un resumen anual de sus costes administrativos y del importe total de las tasas recaudadas. Cuando haya una diferencia entre la suma total de las tasas y los costes administrativos, deberán introducirse los reajustes adecuados.

Los Estados miembros exigirán a las empresas proveedoras de redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público que posean derechos especiales o exclusivos para la prestación de servicios en otros sectores, en el mismo o en otro Estado miembro, que:

Los Estados miembros podrán decidir la no aplicación de los requisitos mencionados en el párrafo primero a las empresas cuyo volumen de negocios anual en actividades asociadas con las redes o servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión sea inferior a 50 millones de euros.

Cuando las empresas proveedoras de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público no estén sujetos al Derecho de sociedades y no cumplan los criterios del Derecho de la Unión en materia de contabilidad aplicable a las pequeñas y medianas empresas, sus informes financieros serán elaborados y sometidos a una auditoría independiente y publicados. Dicha auditoría se efectuará con arreglo a las normas de la Unión y nacional aplicables.

El párrafo primero del presente apartado se aplicará asimismo a las cuentas separadas exigidas en el apartado 1, párrafo primero, letra a).

Los Estados miembros velarán por que los derechos, condiciones y procedimientos relativos a las autorizaciones generales y los derechos de uso del espectro radioeléctrico o de los recursos de numeración o derechos de instalación de recursos puedan ser modificados únicamente en casos objetivamente justificados y de manera proporcionada, tomando en consideración, cuando proceda, las condiciones específicas aplicables a derechos transferibles de uso del espectro radioeléctrico o de los recursos de numeración.

Excepto cuando se trate de propuestas de modificación de escasa importancia convenidas con el titular de los derechos o de la autorización general, deberá notificarse adecuadamente la intención de efectuar tales modificaciones y concederse a las partes interesadas, incluidos los usuarios y los consumidores, un plazo suficiente para que puedan manifestar sus puntos de vista sobre las modificaciones propuestas. Dicho plazo no será inferior a cuatro semanas salvo en circunstancias excepcionales.

Las modificaciones deberán publicarse, acompañadas de su justificación.

Sin perjuicio del artículo 30, apartados 5 y 6, los Estados miembros no deberán restringir ni retirar los derechos para instalar recursos o los derechos de uso del espectro radioeléctrico o de recursos de numeración antes de la expiración del período por el que fueron concedidos, salvo en casos justificados con arreglo al apartado 2 y cuando resulte apropiado, de conformidad con el anexo I y las disposiciones nacionales pertinentes sobre compensación por retirada de derechos.

Atendiendo a la necesidad de garantizar un uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico o la aplicación de las medidas técnicas de ejecución adoptadas en virtud del artículo 4 de la Decisión n.o 676/2002/CE, los Estados miembros podrán permitir la restricción o supresión de derechos de uso del espectro radioeléctrico, incluidos los derechos a que se refiere el artículo 49 de la presente Directiva basados en procedimientos previamente establecidos y claramente definidos, respetando los principios de proporcionalidad y no discriminación. En tales casos, los titulares de derechos podrán, cuando proceda y de conformidad con el Derecho de la Unión y las correspondientes disposiciones nacionales, ser indemnizados de manera apropiada.

Las modificaciones del uso del espectro radioeléctrico resultantes de la aplicación del artículo 45, apartados 4 o 5, no justificarán en sí mismas la supresión de un derecho de uso del espectro radioeléctrico.

Toda intención de restringir o suprimir derechos previstos en la autorización general o derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico o los recursos de numeración sin el permiso del titular de los derechos deberá someterse a una consulta con las partes interesadas conforme a lo dispuesto en el artículo 23.

Los Estados miembros velarán por que las empresas proveedoras de redes y de servicios de comunicaciones electrónicas y de recursos o servicios asociados faciliten toda la información, incluso financiera, necesaria para que las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes y el ORECE garanticen la conformidad con las disposiciones de la presente Directiva o con las decisiones o dictámenes adoptados de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) 2018/1971 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 2 ). En particular, las autoridades nacionales de reglamentación y, cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones, otras autoridades competentes estarán facultadas para exigir a dichas empresas que presenten información sobre la evolución futura de la red o de los servicios que pueda repercutir en los servicios al por mayor que pongan a disposición de los competidores, así como información sobre las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, desglosada a nivel local y suficientemente detallada para permitir el estudio geográfico y la designación de zonas de conformidad con el artículo 22.

Cuando la información recogida con arreglo al párrafo primero sea insuficiente para que las autoridades nacionales de reglamentación, otras autoridades competentes y el ORECE desempeñen sus funciones reguladoras con arreglo al Derecho de la Unión, podrá solicitarse dicha información a otras empresas pertinentes que trabajen en el sector de las comunicaciones electrónicas o en sectores estrechamente relacionados.

Asimismo, podrá exigirse a las empresas designadas como poseedoras de peso significativo en los mercados mayoristas que presenten datos contables sobre los mercados minoristas asociados con dichos mercados mayoristas.

Las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes podrán solicitar información de los puntos únicos de información establecidos de acuerdo a la Directiva 2014/61/UE.

Toda solicitud de información deberá guardar proporción con el cumplimiento de la misión.

Las empresas facilitarán la información solicitada rápidamente, respetando los plazos y el grado de detalle exigidos.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes faciliten a la Comisión, cuando ésta lo solicite de forma motivada, la información necesaria para desempeñar las misiones que le asigna el TFUE. La información solicitada por la Comisión deberá guardar proporción con el cumplimiento de dichas misiones. Cuando la información facilitada haga referencia a información facilitada anteriormente por las empresas a petición de la autoridad, se informará de ello a esas empresas. En la medida en que sea necesario, y salvo solicitud expresa y motivada de la autoridad que facilita la información, la Comisión pondrá la información facilitada a disposición de otras autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros.

Sin perjuicio de los requisitos que establece el apartado 3, los Estados miembros velarán por que la información facilitada a una autoridad pueda ser, en caso necesario, puesta a disposición de otra de estas autoridades del mismo o de otro Estado miembro y del ORECE, previa solicitud motivada, al objeto de que cualquiera de ellas o el ORECE puedan ejercer las competencias que le atribuye el Derecho de la Unión.

Cuando, de conformidad con la normativa de la Unión y nacional sobre secreto comercial una autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente considere confidencial una información recogida en virtud del apartado 1, incluida la recogida en el contexto de un estudio geográfico, la Comisión, el ORECE y cualquier otra autoridad competente afectada garantizarán dicha confidencialidad. El secreto comercial no impedirá el intercambio puntual de información entre la autoridad competente, la Comisión, el ORECE y cualquier otra autoridad competente afectada a efectos de revisar, controlar y supervisar la aplicación de la presente Directiva.

Los Estados miembros velarán por que, de conformidad con la normativa nacional sobre acceso público a la información y respetando la normativa de la Unión y nacional sobre secreto comercial y sobre la protección de datos personales, las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes publiquen la información que contribuya al mantenimiento de un mercado abierto y competitivo.

Las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes publicarán las condiciones en que el público pueda acceder a la información a que se refiere el apartado 4, incluyendo los procedimientos para obtener dicho acceso.

Sin perjuicio de cualquier información solicitada con arreglo al artículo 20 y de las obligaciones de información y de presentación de informes contenidas en el Derecho nacional, distintas de la autorización general, las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes solo podrán exigir a las empresas que faciliten información en lo que se refiere a la autorización general, los derechos de uso o las obligaciones específicas a que se hace mención en el artículo 13, apartado 2, que resulte adecuada y pueda justificarse objetivamente, en particular, para:

No podrá exigirse la información a que se refiere el párrafo primero, letras a), b) y d) a j), antes del acceso al mercado ni como condición para el mismo.

El ORECE podrá elaborar modelos para las solicitudes de información cuando sea necesario para facilitar la presentación y el análisis consolidados de la información obtenida.

Por lo que se refiere a los derechos de uso del espectro radioeléctrico, la información prevista en el apartado 1 se referirá, en particular, al uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico y a la observancia de las obligaciones en materia de cobertura y calidad del servicio que van ligadas a los derechos de uso de espectro radioeléctrico y a su verificación.

Cuando las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes soliciten a las empresas que faciliten la información a que se refiere el apartado 1, les informarán asimismo de los fines concretos para los que va a utilizarse dicha información.

Las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes no repetirán las solicitudes de información ya efectuadas por el ORECE de acuerdo con el artículo 40 del Reglamento (UE) 2018/1971 en los casos en los que el ORECE haya puesto la información recibida a disposición de dichas autoridades.

Las autoridades nacionales de reglamentación y/u otras autoridades competentes realizarán un estudio geográfico del alcance de las redes de comunicaciones electrónicas que puedan proporcionar banda ancha (en lo sucesivo, «redes de banda ancha») a más tardar el 21 de diciembre de 2023 y lo actualizarán al menos cada tres años.

El estudio geográfico incluirá un estudio del alcance geográfico que tengan en ese momento las redes de banda ancha en su territorio, conforme a lo necesario para cumplir los cometidos de las autoridades nacionales de reglamentación y/u otras autoridades competentes previstos en la presente Directiva y para realizar los estudios exigidos para la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales.

El estudio geográfico también podrá incluir una previsión por un período determinado por la autoridad pertinente sobre el alcance de las redes de banda ancha, incluidas las redes de muy alta capacidad, en su territorio.

La citada previsión incluirá toda la información pertinente, en particular información del despliegue planeado por cualquier empresa o autoridad pública, de redes de muy alta capacidad y mejoras o extensiones de redes con una velocidad de descarga de al menos 100 Mbps. Para ello, las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes pedirán a las empresas y autoridades públicas que faciliten dicha información en la medida en que esté disponible y pueda ser facilitada con un esfuerzo razonable.

La autoridad nacional de reglamentación, con respeto a las tareas que se le atribuyen específicamente con arreglo a la presente Directiva, decidirá la medida en la que sería adecuado basarse en la información recabada, o en parte de esta, en el contexto de dicha previsión.

Cuando la autoridad nacional de reglamentación no lleve a cabo un estudio, este se realizará en cooperación con dicha autoridad en la medida en que pueda resultar pertinente para el ejercicio de sus cometidos.

La información recogida en el estudio geográfico dará un nivel adecuado de detalle local e incluirá información suficiente sobre la calidad del servicio y los parámetros de este último, y recibirá un tratamiento acorde con el artículo 20, apartado 3.

Las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes podrán designar una zona con límites territoriales claramente determinados en la que, según la información recopilada y cualquier previsión elaborada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, puede determinarse que, durante el período correspondiente a la previsión, ninguna empresa ni autoridad pública ha desplegado ni tiene previsto desplegar redes de muy alta capacidad ni efectuar mejoras o extender su red hasta alcanzar una velocidad de descarga de al menos 100 Mbps. Las autoridades nacionales de reglamentación y/u otras autoridades competentes publicarán las zonas designadas.

Dentro de una zona designada, las autoridades pertinentes podrán invitar a las empresas y a las autoridades públicas a que declaren su intención de desplegar redes de muy alta capacidad durante el período correspondiente a la previsión. En los casos en los que dicha petición dé lugar a una declaración por parte de una empresa o una autoridad pública de su intención de hacerlo, la autoridad pertinente podrá exigir a otras empresas y autoridades públicas que declaren cualquier intención de desplegar redes de muy alta capacidad o de mejorar o extender significativamente sus redes hasta alcanzar una velocidad de descarga de al menos 100 Mbps en dicha zona. La autoridad pertinente especificará la información que debe incluirse en las propuestas con el fin de obtener al menos el mismo nivel de detalle contemplado en cualquier previsión formulada con arreglo al apartado 1. Por otro lado, informará a toda empresa o autoridad pública que dé muestras de interés de si la zona designada está o pudiera quedar cubierta por una red que ofrezca velocidades de descarga por debajo de 100 Mbps sobre la base de la información recopilada con arreglo al apartado 1.

Las medidas adoptadas en virtud del apartado 3 deberán tomarse conforme a un procedimiento eficiente, objetivo, transparente y no discriminatorio en el que ninguna empresa será excluida a priori.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes, y las autoridades locales, regionales y nacionales con responsabilidades en la asignación de fondos públicos para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas, la elaboración de planes nacionales de banda ancha, la determinación de obligaciones de cobertura ligadas a los derechos de uso del espectro radioeléctrico y la verificación de la disponibilidad de servicios en el marco de la obligación de servicio universal en su territorio, tengan en cuenta los resultados del estudio geográfico y de cualquier zona designada de conformidad con los apartados 1, 2 y 3.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades que llevan a cabo el estudio geográfico faciliten dichos resultados siempre que la autoridad receptora procure el mismo nivel de confidencialidad comercial que la autoridad originaria y que informen de ello a quienes proporcionaron la información. Esos resultados se pondrán también a disposición del ORECE y de la Comisión, previa petición y de acuerdo con las mismas condiciones.

Si la información pertinente no estuviera disponible en el mercado, las autoridades competentes harán directamente accesibles los datos de los estudios geográficos que no estén sujetos a confidencialidad comercial de conformidad con la Directiva 2003/98/CE para permitir su reutilización. Asimismo, en caso de que tales herramientas no estuvieran disponibles en el mercado, pondrán a disposición de los usuarios finales herramientas de información que les permitan determinar la disponibilidad de conectividad en diferentes zonas, con un nivel de detalle que les sirva para escoger con conocimiento de causa al operador o proveedor del servicio.

A más tardar el 21 de junio de 2020 y con el fin de contribuir a una aplicación coherente de las previsiones y estudios geográficos, el ORECE emitirá, después de consultar a las partes interesadas y en cooperación estrecha con la Comisión y las autoridades nacionales, directrices destinadas a asistir a las autoridades nacionales de reglamentación y/u otras autoridades competentes con el fin de lograr una ejecución coherente de sus cometidos con arreglo al presente artículo.

Salvo en aquellos casos contemplados en el artículo 26 o 27, o en el artículo 32, apartado 10, los Estados miembros velarán por que, cuando las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes tengan intención de adoptar medidas de conformidad con la presente Directiva, o cuando se propongan prever restricciones con arreglo al artículo 45, apartados 4 y 5 que incidan significativamente en el mercado pertinente, den a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre la medida propuesta en un plazo razonable, según la complejidad del asunto, pero en cualquier caso no inferior a 30 días, excepto en circunstancias excepcionales.

A los efectos del artículo 35, las autoridades competentes informarán al RSPG, en el momento de la publicación, sobre cualesquiera proyectos de medidas de este tipo que entren en el ámbito de la selección comparativa o competitiva en virtud del artículo 55, apartado 2, y que estén relacionadas con el uso del espectro radioeléctrico para el que se hayan establecido condiciones técnicas armonizado por medidas técnicas de ejecución conforme a la Decisión n.o 676/2002/CE para facilitar el uso de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbricas (en lo sucesivo, «redes y servicios de banda ancha inalámbricas»).

Las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes publicarán sus procedimientos de consulta nacionales.

Los Estados miembros velarán por la creación de un punto único de información donde se pueda acceder a todas las consultas en curso.

Los resultados del procedimiento de consulta serán hechos públicos, salvo en el caso de información confidencial con arreglo a las normas de la Unión y nacional en materia de secreto comercial.

Los Estados miembros velarán, según corresponda, por que las autoridades competentes, en coordinación, cuando proceda, con las autoridades nacionales de reglamentación tengan en cuenta en la mayor medida posible las opiniones de los usuarios finales, en particular los consumidores, y de los usuarios finales con discapacidades, los fabricantes y las empresas proveedoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas sobre las cuestiones relacionadas con todos los derechos de los usuarios finales y los consumidores, incluidos el acceso equivalente y la posibilidad de elección para los usuarios finales con discapacidades, en materia de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, especialmente cuando tengan un impacto significativo en el mercado.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes, en coordinación, cuando proceda, con las autoridades nacionales de reglamentación establezcan un mecanismo de consulta, accesible para los usuarios finales con discapacidades, que garantice que, en sus decisiones sobre asuntos relacionados con los derechos de los usuarios finales y de los consumidores en relación con los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público se tengan debidamente en cuenta los intereses de los consumidores de comunicaciones electrónicas.

Las partes interesadas podrán desarrollar, con la orientación de las autoridades competentes en coordinación, cuando proceda, con las nacionales de reglamentación, mecanismos con participación de los consumidores, agrupaciones de usuarios y proveedores de servicios, con vistas a mejorar la calidad general de la prestación de los servicios, mediante, entre otros mecanismos, el desarrollo y el seguimiento de códigos de conducta y normas de funcionamiento.

Sin perjuicio de las normativas nacionales conformes con el Derecho de la Unión en las que se fomenten los objetivos de las políticas culturales y de los medios de comunicación, como la diversidad cultural y lingüística y el pluralismo de los medios, las autoridades competentes, en coordinación, cuando proceda, con las autoridades nacionales de reglamentación podrán promover la cooperación entre las empresas proveedoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y los sectores interesados en la promoción de contenidos lícitos en dichas redes y servicios. Esa cooperación podrá incluir también la coordinación de la información de interés público que deba ofrecerse en aplicación del artículo 103, apartado 4.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación u otra autoridad competente responsable de la aplicación de los artículos 102 a 107 y del artículo 115 de la presente Directiva, o al menos un organismo independiente con probada experiencia en este ámbito, figuren en una lista de entidades alternativas para la resolución de conflictos de conformidad con el artículo 20, apartado 2, de la Directiva 2013/11/UE con el fin de resolver los litigios entre proveedores y consumidores que se deriven de la presente Directiva y relativos a la ejecución de contratos. Los Estados miembros podrán extender el acceso a los procedimientos alternativos de resolución de conflictos proporcionados por dicha autoridad u organismo a los usuarios finales que no sean consumidores, en particular microempresas y pequeñas empresas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2013/11/UE, en los casos en que tales litigios afecten a partes de diferentes Estados miembros, los Estados miembros coordinarán sus esfuerzos en aras de una resolución del litigio.

En caso de producirse un litigio en relación con obligaciones existentes en virtud de la presente Directiva entre proveedores de redes o de servicios de comunicaciones electrónicas de un Estado miembro, o entre dichas empresas y otras empresas en el Estado miembro que se beneficie de las obligaciones de acceso o de interconexión o entre proveedores de redes o de servicios de comunicaciones electrónicas de un Estado miembro y proveedores de recursos asociados, la autoridad nacional de reglamentación afectada adoptará, a petición de cualquiera de las partes, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, una decisión vinculante para resolver el litigio lo antes posible sobre la base de procedimientos claros y eficientes y, en todo caso, en un plazo de cuatro meses, salvo en circunstancias excepcionales. Los Estados miembros afectados exigirán que todas las partes cooperen plenamente con la autoridad nacional de reglamentación.

Los Estados miembros podrán disponer que la autoridad nacional de reglamentación decida no resolver un litigio cuando existan otros mecanismos, como la mediación, que puedan contribuir mejor a resolver el litigio de manera oportuna y conforme a los objetivos enunciados en el artículo 3. La autoridad nacional de reglamentación informará de ello a las partes sin demora. Si, transcurridos cuatro meses, el litigio no se ha resuelto ni se ha sometido a un órgano jurisdiccional por la parte que se siente lesionada en sus derechos, la autoridad nacional de reglamentación, a petición de una de las partes, emitirá, lo antes posible y en todo caso en un plazo de cuatro meses, una decisión vinculante para resolver el litigio.

Al resolver un litigio, la autoridad nacional de reglamentación perseguirá la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3. Las obligaciones que una autoridad nacional de reglamentación pueda imponer a una empresa en el marco de la resolución del litigio deberán respetar lo dispuesto en la presente Directiva.

La decisión adoptada por la autoridad nacional de reglamentación deberá hacerse pública, respetando, no obstante, las exigencias que impone el secreto comercial. La autoridad nacional de reglamentación deberá proporcionar a las partes interesadas una exposición completa de los motivos en que se basa la decisión.

El procedimiento a que se refieren los apartados 1, 3 y 4 no impedirá que cualquiera de las partes pueda emprender acciones legales ante un órgano jurisdiccional.

En caso de producirse un litigio en el ámbito regulado en la presente Directiva entre empresas radicadas en diferentes Estados miembros, será aplicable lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo. Estas disposiciones no se aplicarán a litigios relativos a la coordinación del espectro radioeléctrico, que entran en el ámbito de aplicación del artículo 28.

Cualquiera de las partes podrá someter el litigio a la autoridad o autoridades nacionales de reglamentación afectadas. Cuando el litigio afecte a las relaciones comerciales entre Estados miembros, la autoridad o autoridades nacionales de reglamentación competentes notificarán el litigio al ORECE con miras a alcanzar una resolución coherente del litigio, de conformidad con los objetivos establecidos en el artículo 3.

Cuando se haya realizado dicha notificación, el ORECE emitirá un dictamen pidiendo a la autoridad o autoridades nacionales de reglamentación afectadas que, en el menor tiempo posible y en cualquier caso en el plazo de cuatro meses, salvo en circunstancias excepcionales, tomen medidas específicas para resolver el litigio o que se abstengan de actuar.

La autoridad o autoridades nacionales de reglamentación afectadas esperarán el dictamen del ORECE antes de tomar medida alguna para resolver el litigio. En circunstancias excepcionales, cuando sea urgente intervenir, cualquiera de las autoridades nacionales de reglamentación competentes podrá, con el fin de salvaguardar la competencia o de proteger los intereses de los usuarios finales, y a petición de las partes o por iniciativa propia, adoptar medidas provisionales.

Las obligaciones que una autoridad nacional de reglamentación pueda imponer a una empresa como parte de la resolución del litigio deberán ajustarse a en la presente Directiva, y tener en cuenta en la mayor medida posible el dictamen adoptado por el ORECE, y ser adoptadas en el plazo de un mes a partir de dicho dictamen.

El procedimiento a que se refiere el apartado 2 no impedirá que cualquiera de las partes pueda emprender acciones legales ante un órgano jurisdiccional.

Los Estados miembros y sus autoridades competentes se asegurarán de que en su territorio se organice el uso del espectro radioeléctrico de forma que no se impida a ningún otro Estado miembro, permitir en su territorio el uso del espectro radioeléctrico armonizado de conformidad con la legislación de la Unión debido en particular a interferencias perjudiciales transfronterizas entre los Estados miembros.

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias a tal efecto sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la legislación internacional y a los acuerdos internacionales pertinentes, como el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT y los acuerdos regionales de radiocomunicaciones de la UIT.

Los Estados miembros cooperarán entre sí y, cuando proceda, a través del RSPG, en la coordinación transfronteriza en el uso de dicho espectro al objeto de:

Para garantizar el cumplimiento del apartado 1, el Estado miembro interesado podrá solicitar al RSPG que recurra a sus buenos oficios para hacer frente a cualquier problema o disputa en relación con la coordinación transfronteriza o con las interferencias perjudiciales transfronterizas. En su caso, el RSPG podrá emitir un dictamen en el que proponga una solución coordinada en relación con dicho problema o disputa.

Cuando las acciones contempladas en los apartados 2 y 3 no hayan resuelto el problema o disputa y a petición de cualquier Estado miembro afectado, la Comisión podrá, teniendo en cuenta en la mayor medida posible cualquier dictamen adoptado por el RSPG que recomiende una solución coordinada con arreglo al apartado 3, adoptar por medio de actos de ejecución decisiones dirigidas a los Estados miembros afectados por las interferencias perjudiciales pendientes de resolución al objeto de resolver las interferencias perjudiciales transfronterizas entre dos o más Estados miembros que les impiden hacer uso del espectro radioeléctrico armonizado en su territorio.

Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 118, apartado 4.

Cuando lo solicite un Estado miembro afectado, la Unión le prestará apoyo jurídico, político y técnico a fin de resolver problemas de coordinación del espectro radioeléctrico con países vecinos de la Unión, incluidos los países candidatos y adherentes, de modo que los Estados miembros afectados puedan respetar sus obligaciones con arreglo al Derecho de la Unión. Al prestar dicha ayuda, la Unión fomentará la aplicación de las políticas de la Unión.

Los Estados miembros establecerán las normas relativas a las sanciones, incluidas, en su caso, multas y sanciones no penales predeterminadas o periódicas, aplicables a infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la presente Directiva o con cualquier decisión vinculante adoptada por la Comisión, las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes con arreglo a la presente Directiva, y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Dentro de los límites del Derecho nacional, las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes estarán habilitadas para imponer tales sanciones. Las sanciones previstas deberán ser adecuadas, efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros contemplarán sanciones en el contexto del procedimiento a que se refiere el artículo 22, apartado 3, solo en caso de que una empresa o autoridad pública proporcione información engañosa, errónea o incompleta a sabiendas o con negligencia grave.

Al determinar el importe de las sanciones o multas periódicas impuestas a una empresa o autoridad pública por proporcionar información engañosa, errónea o incompleta a sabiendas o con negligencia grave en el contexto del procedimiento a que se refiere el artículo 22, apartado 3, se tendrá en cuenta, entre otras cosas, si el comportamiento de la empresa o autoridad pública ha tenido un efecto negativo sobre la competencia y, en particular, si, contrariamente a la información proporcionada originalmente o a cualquier actualización de la misma, la empresa o autoridad pública ha desplegado, extendido o mejorado una red o no ha desplegado una red y ha incumplido su obligación de presentar una justificación objetiva para este cambio de planes.

Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes pertinentes sigan y supervisen el cumplimiento de las condiciones de la autorización general o los derechos de uso del espectro radioeléctrico y de los recursos de numeración, con las obligaciones específicas a que hace mención el artículo 13, apartado 2, y la obligación de dar un uso eficaz y eficiente al espectro radioeléctrico de conformidad con el artículo 4, el artículo 45, apartado 1, y el artículo 47.

Las autoridades competentes estarán facultadas para solicitar a las empresas sujetas a la autorización general o que beneficien de derechos de uso del espectro radioeléctrico o de recursos de numeración que faciliten toda la información necesaria para comprobar el cumplimiento de las condiciones de la autorización general o los derechos de uso del espectro radioeléctrico y los recursos de numeración, o las obligaciones específicas a que se refiere el artículo 13, apartado 2, o el artículo 47, de conformidad con el artículo 21.

Cuando una autoridad competente compruebe que una empresa no cumple una o más de las condiciones de la autorización general o de los derechos de uso del espectro radioeléctrico y de los recursos de numeración, o las obligaciones específicas a que hace mención el artículo 13, apartado 2, notificará a la empresa esta circunstancia y concederá a la misma la oportunidad de manifestar su opinión en un plazo razonable.

La autoridad competente estará facultada para exigir el cese de la infracción mencionada en el apartado 2, bien inmediatamente, bien dentro de un plazo razonable, y adoptará medidas adecuadas y proporcionadas encaminadas a garantizar el cumplimiento.

A tal efecto, los Estados miembros facultarán a las autoridades competentes para:

Las autoridades competentes comunicarán las medidas, junto con las razones en que se basan, a la empresa afectada sin demora y deberán fijar un plazo razonable para que la empresa cumpla con las medidas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del presente artículo, los Estados miembros facultarán a la autoridad competente a imponer, cuando proceda, sanciones económicas a las empresas por no facilitar información de conformidad con las obligaciones impuestas con arreglo al artículo 21, apartado 1, párrafo primero, letras a) o b), y al artículo 69 dentro de un plazo razonable estipulado por la autoridad competente.

En caso de incumplimiento grave o de incumplimientos reiterados de las condiciones de la autorización general de los derechos de uso del espectro radioeléctrico y de los recursos de numeración o de obligaciones específicas a que hace mención el artículo 13, apartado 2, o el artículo 47, apartados 1 o 2, y cuando hayan fracasado las medidas destinadas a garantizar el cumplimiento mencionadas en el apartado 3 del presente artículo, los Estados miembros habilitarán a las autoridades competentes para impedir que una empresa siga suministrando redes o servicios de comunicaciones electrónicas o suspender o suprimir sus derechos de uso. Los Estados miembros habilitarán a la autoridad competente para imponer sanciones que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. Tales sanciones podrán ser aplicadas para cubrir el período de cualquier infracción, aún cuando se haya corregido posteriormente esta infracción.

No obstante lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 5 del presente artículo, la autoridad competente podrá adoptar medidas provisionales de urgencia para remediar la situación como paso previo a una decisión definitiva, cuando tenga pruebas de un incumplimiento de las condiciones de la autorización general, de los derechos de uso del espectro radioeléctrico y de los recursos de numeración, o de las obligaciones específicas a que hace mención el artículo 13, apartado 2, o el artículo 47, apartados 1 o 2, que represente una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública o la salud pública, o que cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o demás usuarios del espectro radioeléctrico. La autoridad competente acordará a la empresa interesada una oportunidad razonable de exponer su punto de vista y proponer posibles soluciones. En su caso, la autoridad competente podrá confirmar las medidas provisionales, que serán válidas durante tres meses como máximo, prorrogables por otro período de hasta tres meses en caso de que no hayan concluido los procedimientos de ejecución.

Las empresas tendrán derecho a recurrir las medidas adoptadas en virtud del presente artículo de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 31.

Los Estados miembros velarán por que exista a nivel nacional un mecanismo eficaz en virtud del cual cualquier usuario o empresa proveedora de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, o de recursos asociados a estas, que esté afectado por una decisión de una autoridad competente pueda recurrir ante un organismo independiente de las partes implicadas y de cualquier intervención o presión política externa que pudiera poner en peligro la evaluación independiente de los asuntos por él tratados. Dicho organismo, que podrá ser un tribunal, tendrá la experiencia adecuada para poder desempeñar sus funciones con eficacia. Los Estados miembros velarán por que el fondo del caso se tenga debidamente en cuenta.

A la espera del resultado del recurso, la decisión de la autoridad competente seguirá siendo válida, a no ser que se concedan medidas cautelares con arreglo al Derecho nacional.

Cuando el organismo de recurso contemplado en el apartado 1 del presente artículo no tenga carácter jurisdiccional, deberá motivar siempre sus decisiones por escrito. Además, en tal caso, estas decisiones podrán ser revisadas por un órgano jurisdiccional tal como se define en el artículo 267 del TFUE.

Los Estados miembros velarán por que el mecanismo de recurso sea efectivo.

Los Estados miembros recogerán información sobre el objeto general de los recursos, el número de recursos presentados, la duración de los procedimientos de recurso, el número de decisiones de conceder medidas cautelares. Los Estados miembros notificarán esta información, así como las decisiones o sentencias, a la Comisión y al ORECE, previa solicitud motivada.

Para cumplir sus cometidos de conformidad con la presente Directiva, las autoridades nacionales de reglamentación deberán tener en cuenta en la mayor medida posible los objetivos enunciados en el artículo 3.

Las autoridades nacionales de reglamentación contribuirán al desarrollo del mercado interior colaborando entre sí y con la Comisión y el ORECE, todo ello de manera transparente a fin de garantizar la aplicación coherente, en todos los Estados miembros, de la presente Directiva. Con tal fin, colaborarán, en particular, con la Comisión y el ORECE para determinar qué tipos de instrumentos y soluciones son los más apropiados para tratar situaciones particulares de mercado.

Salvo que se disponga otra cosa en las recomendaciones o directrices adoptadas de conformidad con el artículo 34, al concluir la consulta pública, si esta fuera necesaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 23, cuando una autoridad nacional de reglamentación tenga la intención de tomar una medida que:

publicará el proyecto de medida y lo comunicará a la Comisión, el ORECE y las autoridades nacionales de reglamentación de los otros Estados miembros, simultáneamente, así como las motivaciones del mismo, ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 20, apartado 3. Las autoridades nacionales de reglamentación, el ORECE y la Comisión podrán presentar observaciones sobre el proyecto de medida en un plazo de un mes. El plazo de un mes no podrá prolongarse.

El proyecto de medida mencionado en el apartado 3 del presente artículo no será adoptado durante un plazo adicional de dos meses cuando dicha medida tenga por objeto:

▼C1

▼B

y pueda tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros, y la Comisión haya indicado a la autoridad nacional de reglamentación que considera que el proyecto de medida podría obstaculizar el mercado interior o albergue serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el Derecho de la Unión y, en particular, con los objetivos enumerados en el artículo 3. Dicho plazo de dos meses no podrá prolongarse. En tal caso, la Comisión informará al ORECE y a las demás autoridades nacionales de reglamentación de sus reservas y, al mismo tiempo, las hará públicas.

El ORECE publicará un dictamen sobre las reservas de la Comisión a que se refiere el apartado 4, indicando si considera que el proyecto de medida debe ser mantenido, modificado o retirado y, en su caso, elaborará propuestas específicas a tal fin.

Dentro del plazo de dos meses mencionado en el apartado 4, la Comisión podrá:

La Comisión tendrá en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del ORECE antes de adoptar una decisión.

Se adjuntará a las decisiones a que se refiere el párrafo primero, letra a), un análisis detallado y objetivo de las razones por las que la Comisión considera que el proyecto de medida no debe adoptarse, junto con propuestas específicas de modificación.

En caso de que la Comisión haya adoptado una decisión con arreglo al apartado 6, párrafo primero, letra a), del presente artículo, por la que se requiere de la autoridad nacional de reglamentación la retirada de un proyecto de medida, la autoridad nacional de reglamentación modificará o retirará el proyecto de medida en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la decisión de la Comisión. En caso de que se modifique el proyecto de medida, la autoridad nacional de reglamentación emprenderá una consulta pública de conformidad con el artículo 23, y notificará el proyecto de medida modificado a la Comisión de conformidad con el apartado 3 del presente artículo.

La autoridad nacional de reglamentación de que se trate tendrá en cuenta en la mayor medida posible las observaciones de otras autoridades nacionales de reglamentación, del ORECE y de la Comisión y, salvo en los casos contemplados en el apartado 4 y en el apartado 6, letra a), podrá adoptar el proyecto de medidas resultante, en cuyo caso lo comunicará a la Comisión.

La autoridad nacional de reglamentación comunicará a la Comisión y al ORECE todas las medidas finales adoptadas a las que se refiere el apartado 3, letras a) y b).

En circunstancias excepcionales, cuando una autoridad nacional de reglamentación considere que es urgente actuar, con objeto de preservar la competencia y proteger los intereses de los usuarios, podrá adoptar inmediatamente medidas proporcionadas y provisionales, como excepción al procedimiento establecido en los apartados 3 y 4. Deberá comunicar, sin demora, dichas medidas, debidamente motivadas, a la Comisión, a las otras autoridades nacionales de reglamentación, y al ORECE. La decisión de la autoridad nacional de reglamentación de hacer permanentes dichas medidas o de prolongar el período de aplicación de las mismas estará sujeta a los apartados 3 y 4.

Una autoridad nacional de reglamentación podrá retirar un proyecto de medida en cualquier momento.

Cuando una medida prevista, cubierta por el artículo 32, apartado 3, tenga por objeto imponer, modificar o retirar una obligación de una empresa con arreglo al artículo 61 o al artículo 67 en relación con los artículos 69 a 76 y el artículo 83, la Comisión podrá notificar, en el plazo de un mes a que se refiere el artículo 32, apartado 3, a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate y al ORECE las razones por las que considera que el proyecto de medida representaría un obstáculo para el mercado interior o por las que alberga serias dudas sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión. En este caso, no podrá adoptarse el proyecto de medida en los tres meses siguientes a la notificación de la Comisión.

A falta de dicha notificación, la autoridad nacional de reglamentación de que se trate podrá adoptar el proyecto de medida, teniendo en cuenta en la mayor medida posible las observaciones formuladas por la Comisión, el ORECE o cualquier otra autoridad nacional de reglamentación.

En el plazo de tres meses a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, la Comisión, el ORECE y la autoridad nacional de reglamentación de que se trate cooperarán estrechamente para definir la medida más apropiada y efectiva a la luz de los objetivos fijados en el artículo 3, teniendo debidamente en cuenta los puntos de vista de los operadores del mercado y la necesidad de establecer una práctica reguladora coherente.

En el plazo de seis semanas a partir del inicio del período de tres meses a que se refiere el apartado 1, el ORECE emitirá un dictamen sobre la notificación de la Comisión a que se refiere el apartado 1, indicando si considera que el proyecto de medida debe ser mantenido, modificado o retirado y, en su caso, elaborará propuestas específicas en este sentido. El dictamen estará motivado y se hará público.

Si en su dictamen el ORECE comparte las serias dudas formuladas por la Comisión, cooperará estrechamente con la autoridad nacional de reglamentación de que se trate para definir la medida más apropiada y efectiva. Antes de que finalice el período de tres meses a que se refiere el apartado 1, la autoridad nacional de reglamentación podrá:

La Comisión podrá, en el plazo de un mes una vez terminado el período de tres meses a que se refiere el apartado 1 y teniendo especialmente en cuenta el dictamen emitido eventualmente por el ORECE:

En el plazo de un mes a partir de la formulación de la recomendación de la Comisión de conformidad con el apartado 5, letra a), o de la retirada de las reservas de la Comisión de conformidad con el apartado 5, letra b), la autoridad nacional de reglamentación de que se trate comunicará a la Comisión y al ORECE la medida definitiva adoptada.

Dicho período podrá prorrogarse con el fin de permitir a la autoridad nacional de reglamentación que emprenda una consulta pública de conformidad con el artículo 23.

Cuando la autoridad nacional de reglamentación decida no modificar ni retirar el proyecto de medida sobre la base de la recomendación formulada de conformidad con el apartado 5, letra a), motivará su decisión.

La autoridad nacional de reglamentación podrá retirar el proyecto de medida en cualquiera de las fases del procedimiento.

Cuando la autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente pretende llevar a cabo un proceso de selección de conformidad con el artículo 55, apartado 2, en relación con el espectro radioeléctrico para el cual se han armonizado las condiciones técnicas por medidas técnicas de ejecución conforme a la Decisión n.o 676/2002/CE a fin de permitir su uso por parte de redes y servicios de banda ancha inalámbrica, informará, con arreglo al artículo 23, al RSPG de cualquier proyecto de medida que entre dentro del ámbito del procedimiento de selección comparativa o competitiva en virtud del artículo 55, apartado 2, e indicará si solicita al RSPG que convoque un foro de revisión por pares y cuándo tiene previsto hacerlo.

Cuando se le solicite, el RSPG organizará un foro de revisión por pares a fin de debatir y cambiar impresiones sobre los proyectos de medidas transmitidos y facilitará el intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre dichos proyectos.

El foro de revisión por pares estará compuesto por los miembros del RSPG y estará organizado y presidido por un representante de este último.

A más tardar durante la consulta pública llevada a cabo con arreglo al artículo 23, el RSPG podrá excepcionalmente tomar la iniciativa de convocar un foro de revisión por pares de conformidad con las normas de procedimiento para su organización a fin de intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre un proyecto de medida relativo a un procedimiento de selección cuando considere que el proyecto de medida perjudicaría significativamente a la capacidad de la autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente de alcanzar los objetivos establecidos en los artículos 3, 45, 46 y 47.

El RSPG definirá por adelantado y hará públicos los criterios objetivos para la convocatoria excepcional del foro de revisión por pares.

Durante el foro de revisión por pares, la autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente proporcionará explicaciones de cómo el proyecto de medida:

El foro de revisión por pares estará abierto a la participación voluntaria de expertos de otras autoridades competentes y del ORECE.

El foro de revisión por pares se convocará solo una vez durante todo el proceso nacional de preparación y consultas de un único procedimiento de selección relativo a una o varias bandas del espectro radioeléctrico, a menos que la autoridad nacional de reglamentación o la autoridad competente solicite que se convoque de nuevo.

En caso de que la autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente que solicitó la reunión así lo requiera, el RSPG podrá adoptar un informe sobre la manera en que el proyecto de medida en cuestión permite alcanzar los objetivos previstos en el apartado 4, que refleje los intercambios de opiniones en el foro de revisión por pares.

El RSPG publicará un informe el mes de febrero de cada año relativo a los proyectos de medidas debatidos con arreglo a los apartados 1 y 2. Dicho informe indicará las experiencias y buenas prácticas observadas.

A raíz del foro de revisión por pares, a petición de la autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente que haya solicitado la reunión, el RSPG podrá adoptar un dictamen sobre el proyecto de medida.

Cuando la Comisión constate que las divergencias en la ejecución por las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes de las tareas reguladoras especificadas en la presente Directiva podrían crear un obstáculo al mercado interior, podrá presentar, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del ORECE o, cuando proceda, del RSPG, una recomendación o, con arreglo al apartado 3 del presente artículo, adoptar una decisión por medio de actos de ejecución para velar por la aplicación armonizada de la presente Directiva para fomentar la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 3.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes tengan en cuenta en la mayor medida posible las recomendaciones previstas en el apartado 1 en el desempeño de sus tareas. Cuando una autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente decida no seguir una recomendación, deberá informar de ello a la Comisión, motivando su posición.

Las decisiones adoptadas en virtud del apartado 1 incluirán únicamente la identificación de un planteamiento armonizado o coordinado con objeto de abordar las cuestiones siguientes:

Los actos de ejecución previstos en el apartado 1 del presente artículo se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 118, apartado 4.

El ORECE podrá, por propia iniciativa, asesorar a la Comisión sobre si debe adoptarse una medida en aplicación del apartado 1.

Si la Comisión no ha adoptado una recomendación ni una decisión en el plazo de un año desde la fecha de adopción de un dictamen por parte del ORECE que indique la existencia de divergencias en la ejecución por parte de las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes de las tareas reguladoras especificadas en la presente Directiva que pudiera crear una barrera al mercado interior, informará al Parlamento Europeo y al Consejo de sus motivos para no hacerlo y hará públicos esos motivos.

En caso de que la Comisión haya adoptado una recomendación de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, pero la aplicación incoherente por la que se crean barreras al mercado interior persiste dos años después, la Comisión, a reserva del apartado 3, adoptará una decisión por medio de actos de ejecución de conformidad con el apartado 4.

En caso de que la Comisión no haya adoptado una decisión transcurrido un año adicional a partir de la recomendación adoptada en virtud del párrafo segundo, informará al Parlamento Europeo y al Consejo de sus motivos para no hacerlo y hará públicos esos motivos.

La Comisión elaborará y publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea una relación de normas no obligatorias o especificaciones que sirva de base para fomentar la armonización del suministro de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos y servicios asociados. Cuando proceda, y previa consulta al Comité que establece la Directiva (UE) 2015/1535, la Comisión podrá solicitar que los organismos europeos de normalización [Comité Europeo de Normalización (CEN), Comité Europeo de Normalización Electrónica (Cenelec), Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI)] elaboren normas.

Los Estados miembros fomentarán el uso de las normas y/o especificaciones a que se refiere el apartado 1 para el suministro de servicios, interfaces técnicas o funciones de red, en la medida estrictamente necesaria para garantizar la interoperabilidad de los servicios y la conectividad de extremo a extremo, la facilitación del cambio de proveedor y la conservación de la numeración, y para mejorar la libertad de elección de los usuarios.

En ausencia de publicación de las normas o especificaciones de conformidad con el apartado 1, los Estados miembros promoverán la aplicación de las normas o especificaciones aprobadas por los organismos europeos de normalización.

En ausencia de tales normas o especificaciones, los Estados miembros promoverán la aplicación de las normas o recomendaciones internacionales aprobadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

Cuando existan normas internacionales, los Estados miembros instarán a los organismos europeos de normalización a utilizar dichas normas, o las partes pertinentes de las mismas, como base de las normas que elaboren, salvo cuando tales normas internacionales o partes pertinentes resulten ineficaces.

Las normas o especificaciones a las que hace referencia el apartado 1 o el presente apartado no impedirán el acceso que sea necesario en virtud de la presente Directiva, siempre que sea factible.

Si las normas o especificaciones a que se refiere el apartado 1 no se han aplicado adecuadamente de modo que no puede garantizarse la interoperabilidad de los servicios en uno o más Estados miembros, podrá hacerse obligatoria la aplicación de tales normas o especificaciones con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 4, con el alcance estrictamente necesario para garantizar dicha interoperabilidad y potenciar la libertad de elección del usuario.

Cuando la Comisión tenga intención de hacer obligatoria la aplicación de determinadas normas o especificaciones, publicará un anuncio a tal efecto en el Diario Oficial de la Unión Europea e invitará a todas las partes afectadas a formular observaciones. La Comisión, por medio de actos de ejecución, hará obligatoria la aplicación de las normas pertinentes haciendo referencia a las mismas y a su obligatoriedad en la relación de normas o especificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Cuando la Comisión considere que las normas o especificaciones a que se refiere el apartado 1 no contribuyen ya a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas armonizados, han dejado de satisfacer las necesidades de los consumidores o están obstaculizando el desarrollo técnico, las retirará de la relación de normas o especificaciones a que se refiere el apartado 1.

Cuando la Comisión considere que las normas o especificaciones a que se refiere el apartado 4 no contribuyen ya a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas armonizados, han dejado de satisfacer las necesidades de los consumidores o están obstaculizando el desarrollo técnico, retirará, por medio de actos de ejecución, dichas normas o especificaciones de la relación de normas o especificaciones a que se refiere el apartado 1.

Los actos de ejecución a que se refieren los apartados 4 y 6 del presente artículo se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 118, apartado 4.

El presente artículo no se aplica a ninguno de los requisitos esenciales, especificaciones sobre interfaces o normas armonizadas a los que se aplica la Directiva 2014/53/UE.

Los Estados miembros velarán por que los proveedores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público adopten las medidas técnicas y organizativas adecuadas y proporcionadas para gestionar adecuadamente los riesgos existentes para la seguridad de sus redes y servicios. Considerando el estado de la técnica, dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad adecuado al riesgo presente. En particular, se adoptarán medidas, también, cuando proceda, el cifrado, para evitar y reducir al mínimo el impacto de los incidentes de seguridad en los usuarios y en otras redes y servicios.

La Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 526/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 3 ), facilitará la coordinación de los Estados miembros para evitar requisitos nacionales divergentes que puedan crear riesgos para la seguridad y barreras al mercado interior.

Los Estados miembros velarán por que los proveedores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público notifiquen sin demora injustificada a la autoridad competente los incidentes en materia de seguridad que hayan tenido consecuencias significativas en la explotación de las redes o los servicios.

Con el fin de determinar la importancia del impacto de un incidente de seguridad se tendrán en cuenta, en particular, los parámetros siguientes, cuando se disponga de ellos:

Cuando proceda, la autoridad competente afectada informará a las autoridades competentes de otros Estados miembros y a la ENISA. La autoridad competente de que se trate podrá informar al público o exigir a los proveedores que lo hagan, en caso de estimar que la divulgación del incidente de seguridad reviste interés público.

Una vez al año, la autoridad competente correspondiente presentará a la Comisión y a la ENISA un informe resumido sobre las notificaciones recibidas y las medidas adoptadas de conformidad con el presente apartado.

Los Estados miembros se asegurarán de que, en caso de que exista una amenaza particular y significativa de incidente de seguridad en las redes públicas de comunicaciones electrónicas o en los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, los proveedores de dichas redes o servicios informen a sus usuarios que pudieran verse afectados por dicha amenaza sobre las posibles medidas de protección o soluciones que pueden adoptar los usuarios. Cuando proceda, los proveedores también informarán a sus usuarios sobre la propia amenaza.

El presente artículo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE.

La Comisión, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen de la ENISA, podrá adoptar actos de ejecución en los que se detallen las medidas técnicas y organizativas a que se refiere el apartado 1, así como las circunstancias, el formato y los procedimientos aplicables a los requisitos de notificación en virtud del apartado 2. Se basarán en la mayor medida posible en normas europeas e internacionales, y no impedirán que los Estados miembros adopten requisitos adicionales con miras a alcanzar los objetivos establecidos en el apartado 1.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 118, apartado 4.

Los Estados miembros velarán por que, a fin de aplicar el artículo 40, las autoridades competentes estén facultadas para dar instrucciones vinculantes, incluidas las relativas a las medidas necesarias para solventar incidentes de seguridad, o impedir que ocurran cuando se haya observado una amenaza significativa, e incumplimientos de las fechas límite de aplicación, a los proveedores de redes de comunicaciones públicas electrónicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para exigir a los proveedores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público que:

Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén plenamente facultadas para investigar los casos de incumplimiento, así como sus efectos en la seguridad de las redes y servicios.

Los Estados miembros velarán por que, en la aplicación del artículo 40, las autoridades competentes estén habilitadas para obtener la asistencia de un equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática (CERT) designado en virtud del artículo 9 de la Directiva (UE) 2016/1148 en relación con asuntos incluidos entre los cometidos de los CERT de acuerdo con el anexo I, punto 2, de dicha Directiva.

Las autoridades competentes celebrarán consultas y cooperarán, cuando proceda y de acuerdo con el Derecho nacional, con las autoridades nacionales pertinentes encargadas de hacer cumplir la normativa, las autoridades competentes en el sentido del artículo 8, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/1148 y las autoridades nacionales encargadas de la protección de datos.

Los Estados miembros podrán permitir a la autoridad competente la imposición de tasas por los derechos de uso del espectro radioeléctrico o derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, utilizados para el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y recursos asociados que garanticen el uso óptimo de esos recursos. Los Estados miembros garantizarán que estas tasas estén justificadas objetivamente, sean transparentes, no discriminatorias y proporcionadas al fin previsto y tengan en cuenta los objetivos generales de la presente Directiva.

Respecto a los derechos de uso del espectro radioeléctrico, los Estados miembros velarán por garantizar que se establezcan las tasas aplicables a un nivel que garantice una asignación y un uso eficaces del espectro radioeléctrico, por ejemplo mediante:

Los Estados miembros velarán por que, cuando una autoridad competente examine una solicitud de concesión de derechos:

la autoridad competente:

Los procedimientos mencionados en las letras a) y b) pueden ser diferentes, dependiendo de si el solicitante suministra redes públicas de comunicaciones electrónicas o no.

Los Estados miembros velarán por que, cuando las autoridades públicas o locales mantengan la propiedad o el control de empresas que suministran redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, exista una separación estructural efectiva entre la función de otorgamiento de los derechos a los que se refiere el apartado 1 y las actividades asociadas con la propiedad o el control.

Cuando un operador haya ejercido el derecho, conforme al Derecho nacional, a instalar recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, o se haya beneficiado de un procedimiento de expropiación o utilización de una propiedad, las autoridades competentes podrán imponer la coubicación y el uso compartido de los elementos de redes y recursos asociados instalados sobre esa base con el fin de proteger el medio ambiente, la salud pública, la seguridad pública o de cumplir los objetivos de ordenación territorial.

La coubicación o el uso compartido de los elementos de redes y recursos instalados y el uso compartido de una propiedad solo se podrán imponer después de transcurrido un período apropiado de consulta pública, durante el cual se dará a todas las partes interesadas la oportunidad de expresar sus opiniones, y solo en las zonas específicas en las que se considere necesario tal uso compartido con vistas a alcanzar los objetivos del párrafo primero. Las autoridades competentes podrán imponer el uso compartido de tales recursos o propiedades, incluidos terrenos, edificios, las entradas a edificios, el cableado de los edificios, mástiles, antenas, torres y otras estructuras de soporte, conductos, cámaras subterráneas, bocas de inspección, distribuidores, así como medidas que faciliten la coordinación de las obras públicas. En caso necesario, un Estado miembro podrá designar una autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente para una o varias de las siguientes tareas:

Las medidas adoptadas por una autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo deberán ser objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas. Cuando sea pertinente, estas medidas se aplicarán de forma coordinada con las autoridades nacionales de reglamentación.

Habida cuenta de que el espectro radioeléctrico es un bien público que tiene un valor social, cultural y económico importante, los Estados miembros velarán por la gestión eficaz de del espectro radioeléctrico para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en su territorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4. Velarán asimismo por que la atribución de derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, la concesión de autorizaciones generales en la materia y la concesión de esos derechos por las autoridades competentes se basen en criterios objetivos, transparentes, favorables para la competencia, no discriminatorios y proporcionados.

Al aplicar este artículo, los Estados miembros respetarán los acuerdos internacionales correspondientes, incluido el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT y otros acuerdos adoptados en el marco de la UIT aplicables al espectro radioeléctrico, como el acuerdo alcanzado en la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de 2006, y podrán tener en cuenta consideraciones de orden público.

Los Estados miembros fomentarán la armonización del uso del espectro radioeléctrico por las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en toda la Unión, atendiendo siempre a la necesidad de garantizar un uso efectivo y eficiente del mismo, y a los beneficios para los consumidores, como la competencia, las economías de escala y la interoperabilidad de los servicios y redes. En esa labor, actuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva y en la Decisión n.o 676/2002/CE para, entre otras cosas:

A efectos del párrafo primero, la Comisión, en el contexto del desarrollo de medidas técnicas de ejecución de una banda del espectro radioeléctrico con arreglo a lo dispuesto en la Decisión n.o 676/2002/CE, podrá solicitar al RSPG que emita un dictamen en que recomiende el régimen o regímenes de autorización más adecuados para el uso del espectro radioeléctrico en dicha banda o en determinadas partes de esta. Cuando sea pertinente, y teniendo en cuenta en la mayor medida posible dicho dictamen, la Comisión podrá adoptar una recomendación con miras a promover un enfoque coherente en la Unión respecto del régimen o regímenes de autorización para el uso de la citada banda.

Cuando la Comisión estudie la adopción de medidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, apartados 1, 4, 5 y 6, podrá solicitar el dictamen del RSPG respecto a las implicaciones de la norma técnica o especificación para la coordinación, armonización y disponibilidad del espectro radioeléctrico. En las fases subsiguientes la Comisión tendrá en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del RSPG.

En caso de falta de demanda en el mercado nacional o regional de uso de una banda en el espectro radioeléctrico armonizado, los Estados miembros podrán permitir un uso alternativo de dicha banda o de parte de ella, incluido el uso existente, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del presente artículo, a condición de que:

Cualquier decisión por la que se permita el uso alternativo de forma excepcional estará sujeta a revisión periódica, y en cualquier caso se revisará con prontitud a raíz de una petición debidamente justificada, presentada por un usuario potencial a la autoridad competente, de uso de la banda de conformidad con las medidas técnicas de ejecución. El Estado miembro informará a la Comisión y a los demás Estados miembros de las decisiones que se adopten y del resultado de las eventuales revisiones, conjuntamente con su motivación.

Sin prejuicio del párrafo segundo, los Estados miembros velarán por que se pueda utilizar todo tipo de tecnología para el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas en el espectro radioeléctrico declarado disponible para los servicios de comunicaciones electrónicas en sus respectivos planes nacionales de atribución de frecuencias, de conformidad con el Derecho de la Unión.

Los Estados miembros podrán, no obstante, prever restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de tecnología de acceso inalámbrico o red radioeléctrica utilizados para los servicios de comunicaciones electrónicas cuando sea necesario para:

Sin perjuicio del párrafo segundo, los Estados miembros velarán por que se pueda prestar todo tipo de servicios de comunicaciones electrónicas en el espectro radioeléctrico declarado disponible para los servicios de comunicaciones electrónicas en sus respectivos planes nacionales de atribución de frecuencias, de conformidad con el Derecho de la Unión. Los Estados miembros podrán, no obstante, prever restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas que se presten, incluido, cuando sea pertinente, el cumplimiento de un requisito del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

Las medidas que exijan que un servicio de comunicaciones electrónicas se preste en una banda específica disponible para los servicios de comunicaciones electrónicas deberán estar justificadas para garantizar el logro de objetivos de interés general definidos por los Estados miembros de conformidad con el Derecho de la Unión, tales como (aunque no solo):

Solo podrán disponerse medidas que prohíban la prestación de cualquier otro servicio de comunicaciones electrónicas en una banda específica cuando estén justificadas por la necesidad de proteger servicios relacionados con la seguridad de la vida. Excepcionalmente, los Estados miembros también podrán ampliar la aplicación de dicha medida para cumplir otros objetivos de interés general definidos por los Estados miembros con arreglo al Derecho de la Unión.

Los Estados miembros deberán revisar periódicamente la necesidad de las restricciones a que se refieren los apartados 4 y 5 y harán públicos los resultados de esas revisiones.

Las restricciones establecidas con anterioridad al 25 de mayo de 2011 deberán ajustarse a los apartados 4 y 5 a más tardar el 20 de diciembre de 2018.

Los Estados miembros facilitarán la utilización del espectro radioeléctrico, incluido el uso compartido, en el marco de autorizaciones generales y limitarán la concesión de derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico a situaciones en las que tales derechos sean necesarios para maximizar un uso eficiente en función de la demanda y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el párrafo segundo. En todos los demás casos, establecerán las condiciones de uso del espectro radioeléctrico en el marco de una autorización general.

Con ese fin, los Estados miembros decidirán el régimen más apropiado para la autorización del uso del espectro radioeléctrico teniendo en cuenta:

Al examinar si procede expedir autorizaciones generales o conceder derechos de uso individuales del espectro radioeléctrico armonizado, teniendo en cuenta las medidas técnicas de ejecución adoptadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Decisión n.o 676/2002/CE, los Estados miembros velarán por minimizar los problemas de interferencia perjudicial, incluidos los casos de uso compartido del espectro radioeléctrico en el marco de una combinación de autorización general y derechos de uso individuales.

Cuando sea pertinente, los Estados miembros considerarán la posibilidad de autorizar el uso del espectro radioeléctrico mediante una combinación de autorización general y derechos de uso individuales, teniendo en cuenta los efectos probables de distintas combinaciones de autorizaciones generales y de derechos individuales de uso y de transferencias progresivas de una categoría a otra sobre la competencia, la innovación y la entrada en el mercado.

Los Estados miembros procurarán reducir al mínimo las restricciones al uso del espectro radioeléctrico teniendo adecuadamente en cuenta las soluciones tecnológicas para la gestión de las interferencias perjudiciales a fin de imponer el sistema de autorización menos oneroso posible.

Al adoptar decisiones con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 a efectos de facilitar el uso compartido del espectro radioeléctrico, las autoridades competentes se asegurarán de que las condiciones para el uso compartido del espectro radioeléctrico queden claramente expuestas. Esas condiciones facilitarán un uso eficiente del espectro radioeléctrico, así como la competencia y la innovación.

Las autoridades competentes impondrán condiciones a los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, de forma que se garantice el uso óptimo y más eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico. Antes de la asignación o la renovación de esos derechos, definirán claramente dichas condiciones, incluido el nivel de uso requerido y la posibilidad de cumplir dicha obligación a través del comercio o el alquiler con el fin de garantizar la aplicación de estas condiciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30. Las condiciones asociadas a las renovaciones de los derechos de uso del espectro radioeléctrico no podrán otorgar ventajas indebidas a los actuales titulares de esos derechos.

Esas condiciones especificarán todos los parámetros aplicables, incluido el período para ejercer los derechos de uso, cuyo incumplimiento facultaría a la autoridad competente para suprimir dicho derecho de uso o imponer otras medidas.

Las autoridades competentes de manera puntual y transparente celebrarán consultas con las partes interesadas y les informarán acerca de las condiciones asociadas al uso de derechos individuales antes de su imposición. Determinarán previamente e informarán a las partes interesadas de una forma transparente de los criterios que se aplicarán en la evaluación del cumplimiento de las condiciones.

Al asociar condiciones a los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico, las autoridades competentes podrán, especialmente para garantizar un uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico o reforzar la cobertura, disponer las siguientes posibilidades:

Las autoridades competentes no impedirán que se comparta el espectro radioeléctrico en las condiciones asociadas a los derechos de uso del espectro radioeléctrico. El cumplimiento de las condiciones por parte de las empresas de acuerdo con lo dispuesto en el presente apartado estará sujeto a la legislación de competencia.

Cuando resulte necesario otorgar derechos de uso del espectro radioeléctrico, los Estados miembros otorgarán tales derechos, previa solicitud, a cualquier empresa para la prestación de redes o servicios de comunicaciones electrónicas al amparo de la autorización general contemplada por el artículo 12, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 13, en el artículo 21, apartado 1, letra c), y en el artículo 55, y a las demás normas que garanticen el uso eficiente de estos recursos de conformidad con la presente Directiva.

Sin perjuicio de los criterios específicos y de los procedimientos adoptados por los Estados miembros para otorgar derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico a los proveedores de servicios de contenidos radiofónicos o televisivos para perseguir objetivos de interés general de conformidad con el Derecho de la Unión, los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico se otorgarán mediante procedimientos abiertos, objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.

Podrá establecerse una excepción con respecto al requisito de procedimiento abierto en aquellos casos en que sea necesaria la concesión de derechos individuales de utilización del espectro radioeléctrico a proveedores de servicios de contenidos radiofónicos o televisivos para lograr un objetivo de interés general, definido por los Estados miembros de conformidad con el Derecho de la Unión.

Las autoridades competentes estudiarán las solicitudes de derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico en el marco de procedimientos de selección que se atendrán a criterios de elegibilidad fijados de antemano y objetivos, transparentes, proporcionados, no discriminatorios y que reflejen las condiciones asociadas a tales derechos. Las autoridades competentes estarán facultadas para recabar de los solicitantes toda la información necesaria para evaluar, con base en los citados criterios, su aptitud para cumplir las condiciones. Cuando la autoridad competente llegue a la conclusión de que un solicitante no posee la aptitud requerida, expondrá su decisión debidamente motivada.

Cuando otorguen derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico, los Estados miembros especificarán si el titular de los derechos puede cederlos o arrendarlos, y en qué condiciones. Serán de aplicación los artículos 45 y 51.

La autoridad competente tomará, comunicará y hará públicas las decisiones relativas a la concesión de derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico lo antes posible tras la recepción de la solicitud completa y en el plazo de seis semanas en el caso del espectro radioeléctrico declarado disponible para los servicios de comunicaciones electrónicas en su plan nacional de atribución de frecuencias. Este plazo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55, apartado 7, y de cualquier acuerdo internacional aplicable relativo al uso del espectro radioeléctrico o de posiciones orbitales.

Cuando los Estados miembros autoricen derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico por un plazo limitado, se asegurarán de que el derecho de uso se concede por un período apropiado en relación con los objetivos perseguidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, apartado 2, teniendo debidamente en cuenta la necesidad garantizar la competencia, así como en particular un uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico y de promover la innovación y las inversiones eficientes, incluso autorizando un período apropiado de amortización de las inversiones.

Cuando concedan derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico cuyas condiciones armonizadas se hayan establecido por medidas técnicas de ejecución conforme a la Decisión n.o 676/2002/CE para permitir el uso de servicios de comunicaciones electrónicas inalámbricas de banda ancha (en lo sucesivo, «servicios de banda ancha inalámbrica») por un período limitado, los Estados miembros garantizarán a los titulares de los derechos, durante un período mínimo de veinte años, la previsibilidad normativa respecto de las condiciones de inversión en infraestructuras a las que se supedita el uso de dicho espectro radioeléctrico, teniendo en cuenta los requisitos previstos en el apartado 1 del presente artículo. El presente artículo está sujeto, en su caso, a cualquier modificación de las condiciones vinculadas a esos derechos de uso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.

A tal efecto, los Estados miembros velarán por que esos derechos sean válidos durante un período de al menos quince años y, cuando resulte necesario para cumplir lo dispuesto en el párrafo primero, incluirán una ampliación adecuada de ese período, en las condiciones establecidas en el presente apartado.

Antes de la concesión de derechos de uso, los Estados miembros pondrán a disposición de todas las partes interesadas, de forma transparente, los criterios generales de prórroga de su duración, como parte de las condiciones establecidas en el artículo 55, apartados 3 y 6. Dichos criterios generales se basarán en:

A más tardar dos años antes de la fecha de expiración del período de vigencia inicial de un derecho individual de uso, la autoridad competente realizará una evaluación objetiva y prospectiva de los criterios generales establecidos para su ampliación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 45, apartado 2, letra c). Siempre que no haya puesto en marcha ninguna medida coercitiva por incumplimiento de las condiciones de los derechos de uso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30, la autoridad competente concederá la ampliación del derecho de uso, salvo en caso de que considere que esta no cumple los criterios generales establecidos en el párrafo tercero, letras a) o b), del presente apartado.

Partiendo de dicha evaluación, la autoridad competente notificará al titular de los derechos si se concede la ampliación del período del derecho de uso.

En caso de que la prórroga del derecho de uso no se conceda, la autoridad competente aplicará el artículo 48 para la concesión de derechos de uso de esa banda del espectro radioeléctrico específica.

Las medidas adoptadas en virtud de lo dispuesto en el presente apartado deberán ser proporcionadas, no discriminatorias, transparentes y estar motivadas.

No obstante lo dispuesto en el artículo 23, las partes interesadas podrán presentar observaciones sobre cualquier proyecto de medida establecida en virtud de lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del presente apartado durante un período no inferior a tres meses.

El presente apartado se aplicará sin perjuicio de la aplicación de los artículos 19 y 30.

Para establecer las tasas por los derechos de uso, los Estados miembros tendrán en cuenta el mecanismo previsto en el presente apartado.

Los Estados miembros podrán establecer excepciones al apartado 2 del presente artículo cuando esté debidamente justificado en los siguientes casos:

Los Estados miembros podrán ajustar la duración de los derechos de uso prevista en el presente artículo para garantizar la expiración simultánea de la duración de los derechos en una o varias bandas.

Las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes adoptarán las decisiones de renovación de los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico armonizado oportunamente, antes de la expiración de esos derechos, salvo en el caso de aquellos para los cuales, en el momento de la asignación, se haya excluido expresamente la posibilidad de renovación. A tal fin, dichas autoridades evaluarán la necesidad de renovación por iniciativa propia o a petición del titular de los derechos, en cuyo caso no tendrá lugar antes de los cinco años de su expiración. Esto se entenderá sin perjuicio de las cláusulas de renovación aplicables a los derechos existentes.

Al adoptar una decisión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, las autoridades competentes tomarán en consideración, entre otras cosas:

Al analizar una eventual renovación de los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico armonizado con respecto al cual exista un número limitado de derechos en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, las autoridades competentes llevarán a cabo un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio, y, entre otras cosas:

La autoridad nacional de reglamentación o cualquier otra autoridad competente tendrá en cuenta cualquier prueba derivada de la consulta a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de que existe una demanda de mercado procedente de empresas diferentes de las que poseen los derechos de uso de la banda considerada del espectro radioeléctrico al decidir si renueva los derechos de uso u organiza un nuevo procedimiento de selección para conceder los derechos de uso en virtud del artículo 55.

Toda decisión de renovación de derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico armonizado podrá ir acompañada de una revisión de las tasas así como de las demás condiciones correspondientes. En caso pertinente, las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes podrán ajustar las tasas por los derechos de uso de conformidad con el artículo 42.

Los Estados miembros garantizarán que las empresas puedan transferir o arrendar a otras empresas derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico.

Los Estados miembros podrán decidir que el presente apartado no sea aplicable cuando los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico de la empresa se hayan concedido inicialmente de forma gratuita o se hayan asignado para radiodifusión.

Los Estados miembros velarán por que la intención de una empresa de transferir o arrendar derechos de uso del espectro radioeléctrico, así como la transferencia efectiva de esos derechos, se notifiquen con arreglo a los procedimientos nacionales a la autoridad competente y se hagan públicas. En el caso del espectro radioeléctrico armonizado, cualquier eventual transferencia de este tipo deberá ajustarse a tal uso armonizado.

Los Estados miembros permitirán la transferencia o el arrendamiento de los derechos de uso del espectro radioeléctrico cuando se mantengan las condiciones originales asociadas a los derechos de uso. Sin perjuicio de la necesidad de evitar el falseamiento de la competencia, en particular teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 52, los Estados miembros deberán:

Toda carga administrativa impuesta a las empresas en relación con la tramitación de una solicitud de transferencia o arrendamiento de derechos de uso del espectro radioeléctrico cumplirá lo dispuesto en el artículo 16.

Las letras a), b) y c) del párrafo primero se entenderán sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros para garantizar en cualquier momento el cumplimiento, con arreglo a la legislación nacional, de las condiciones asociadas a los derechos de uso, tanto en relación con el arrendador como con el arrendatario.

Las autoridades competentes facilitarán la transferencia o el arrendamiento de los derechos de uso del espectro radioeléctrico analizando oportunamente las solicitudes de adaptación de las condiciones asociadas a los derechos y garantizando que los derechos de uso o el espectro radioeléctrico de que se trate puedan dividirse o desagregarse de manera óptima.

En previsión de eventuales transferencias o arrendamientos de derechos de uso del espectro radioeléctrico, las autoridades competentes harán pública, de acuerdo con un formato electrónico normalizado, información pertinente sobre los derechos individuales que pueden ser objeto de comercio desde el momento de su creación, y mantendrán tal información mientras existan tales derechos.

La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para determinar esa información pertinente.

Esos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento examen a que se refiere el artículo 118, apartado 4.

Las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes promoverán una competencia efectiva y evitarán el falseamiento de la competencia en el mercado interior cuando decidan la concesión, modificación o renovación de los derechos de uso del espectro radioeléctrico para redes y servicios de comunicaciones electrónicas de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.

Cuando los Estados miembros concedan, modifiquen o renueven derechos de uso del espectro radioeléctrico, sus autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes atendiendo al asesoramiento de las autoridades nacionales de reglamentación podrán tomar las medidas apropiadas para:

Teniendo en cuenta las condiciones del mercado y los indicadores de referencia de que se disponga, las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes basarán sus decisiones en una evaluación objetiva y prospectiva de las condiciones de competencia del mercado y de si tales medidas son necesarias para lograr o mantener una competencia efectiva, y de los efectos previsibles de las mismas sobre la inversión presente y futura de los agentes del mercado, especialmente por lo que se refiere al despliegue de las redes. Al hacerlo, tendrán en cuenta el enfoque del análisis del mercado expuesto en el artículo 67, apartado 2.

Al aplicar el apartado 2 del presente artículo, las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes actuarán con arreglo a los procedimientos contemplados en los artículos 18, 19, 23 y 35.

Los Estados miembros cooperarán con el fin de coordinar el uso del espectro radioeléctrico armonizado para redes y servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión teniendo debidamente en cuenta las diferentes situaciones de los mercados nacionales. Ello puede incluir determinar una o, cuando sea pertinente, varias fechas límite comunes para la autorización de bandas específicas del espectro radioeléctrico armonizado.

Cuando las condiciones armonizadas hayan sido establecidas por medidas técnicas de ejecución conforme a la Decisión n.o 676/2002/CE al a fin de permitir al espectro radioeléctrico su uso por parte de redes y servicios de banda ancha inalámbrica, los Estados miembros permitirán el uso de dicho espectro radioeléctrico lo antes posible y, a más tardar, treinta meses después de la adopción de la citada medida, o tan pronto como sea posible tras la revocación de cualquier decisión por la que se permita el uso alternativo de forma excepcional en virtud del artículo 45, apartado 3, de la presente Directiva. Ello se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Decisión (UE) 2017/899 y del derecho de iniciativa de la Comisión para proponer actos legislativos.

Un Estado miembro podrá ampliar el plazo previsto en el apartado 2 del presente artículo para una banda específica en las siguientes circunstancias:

El Estado miembro de que se trate revisará este plazo al menos cada dos años.

Un Estado miembro podrá ampliar el plazo previsto en el apartado 2 para una banda específica en la medida necesaria y hasta treinta meses en caso de:

En el caso de la ampliación a la que se refieren los apartados 3 y 4, el Estado miembro de que se trate informará de ello en el momento oportuno a los demás Estados miembros y a la Comisión, indicando los motivos.

En lo que respecta a los sistemas terrestres capaces de suministrar servicios de banda ancha inalámbrica, antes del 31 de diciembre de 2020 los Estados miembros deberán adoptar, cuando sea necesario para facilitar el despliegue de la tecnología 5G, todas las medidas adecuadas para:

No obstante, los Estados miembros podrán ampliar el plazo establecido en el apartado 1 del presente artículo en casos debidamente justificados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, apartado 3, o en el artículo 53, apartados 2, 3 o 4.

Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo se ajustarán a las condiciones armonizadas establecidas por las medidas técnicas de ejecución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Decisión n.o 676/2002/CE.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, cuando un Estado miembro concluya que un derecho de uso del espectro radioeléctrico no puede estar sujeto a una autorización general y cuando examine la posibilidad de limitar el número de derechos de uso del espectro radioeléctrico, deberá, entre otras cosas:

Cuando un Estado miembro concluya que debe limitarse el número de derechos de uso, determinará claramente y justificará los objetivos perseguidos con el procedimiento de selección competitiva o comparativa en virtud del presente artículo y, si fuera posible, los cuantificará, subrayando la necesidad de alcanzar objetivos nacionales o del mercado interior. Además de fomentar la competencia, los objetivos que el Estado miembro puede establecer al elaborar el procedimiento de selección deberán limitarse a uno o varios de los siguientes:

La autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente expondrá y justificará claramente la elección del procedimiento de selección, incluidas las fases preliminares para acceder al procedimiento de selección. Expondrá también claramente los resultados de eventuales evaluaciones de la situación técnica, económica o competitiva del mercado, motivando el posible uso y elección de las medidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35.

Los Estados miembros publicarán toda decisión relativa al procedimiento de selección escogido y a las normas que concurren con él, exponiendo claramente los motivos de la misma. Publicarán asimismo las condiciones que irán asociadas a los derechos de uso.

Una vez determinado el procedimiento de selección, el Estado miembro invitará a presentar solicitudes de derecho de uso.

Cuando un Estado miembro considere que pueden otorgarse derechos adicionales de uso del espectro radioeléctrico, o una combinación de autorización general y de derechos de uso radioeléctrico, hará pública dicha conclusión e iniciará el proceso para el otorgamiento de tales derechos.

Cuando sea preciso limitar el otorgamiento de derechos de uso del espectro radioeléctrico, los Estados miembros otorgarán tales derechos sobre la base de unos criterios de selección y de un procedimiento de selección que serán objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados. Todo criterio de selección deberá tener debidamente en cuenta la consecución de los objetivos y los requisitos de los artículos 3, 4, 28 y 45.

Cuando vayan a utilizarse procedimientos de selección competitiva o comparativa, los Estados miembros podrán prolongar el plazo máximo de seis semanas a que se refiere el artículo 48, apartado 6 por el tiempo necesario para garantizar que tales procedimientos sean equitativos, razonables, abiertos y transparentes para todas las partes interesadas, pero sin que exceda de ocho meses, sin perjuicio del calendario que se pudiera establecer con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53.

Estos plazos máximos se entenderán sin perjuicio de los acuerdos internacionales aplicables relativos al uso del espectro radioeléctrico y a la coordinación por satélite.

El presente artículo no afectará a la cesión de derechos de uso del espectro radioeléctrico conforme a lo dispuesto en el artículo 51.

Las autoridades competentes permitirán el suministro de acceso a una red pública de comunicaciones electrónicas a través de RLAN, y también el uso del espectro radioeléctrico armonizado para tal fin, teniendo como únicas condiciones las aplicables en el marco de la autorización general en relación con el uso del espectro radioeléctrico contemplado en el artículo 46, apartado 1.

Cuando dicho suministro no forme parte de una actividad económica o sea accesorio respecto de otra actividad económica o un servicio público que no dependa del transporte de señales por esas redes, las empresas, autoridades públicas o usuarios finales que suministren el acceso no estarán sujetos a ninguna autorización general para suministrar redes o servicios de comunicaciones electrónicas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12, ni a obligaciones en relación con los derechos de los usuarios finales con arreglo a lo dispuesto en el título II de la parte III, ni a obligaciones de interconexión de sus redes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61, apartado 1.

El artículo 12 de la Directiva 2000/31/CE será de aplicación.

Las autoridades competentes no impedirán que los proveedores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público permitan un acceso público a sus redes a través de RLAN que podrían estar situadas en los locales de un usuario final, siempre que se atengan a las condiciones aplicables de la autorización general y al acuerdo previo y con conocimiento de causa del usuario final.

De conformidad con lo dispuesto, en particular, en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/2120, las autoridades competentes velarán por que los proveedores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público no restrinjan o impidan unilateralmente la posibilidad de que los usuarios:

Las autoridades competentes no limitarán ni impedirán la posibilidad de que los usuarios finales permitan el acceso de forma recíproca o de otra forma a sus RLAN por parte de otros usuarios finales, también si se trata de iniciativas de terceros que agregan y permiten un acceso público a las RLAN de diferentes usuarios finales.

Las autoridades competentes no restringirán indebidamente el suministro al público de acceso a RLAN:

Las autoridades competentes no restringirán indebidamente la implantación de puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas. Los Estados miembros tratarán de garantizar que las normas que rijan la implantación de puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas guarden coherencia a nivel nacional. Dichas normas se publicarán con anterioridad a su aplicación.

En particular, las autoridades competentes no supeditarán la implantación de puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas que reúnan las características establecidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 a ningún permiso de urbanismo individual u otras autorizaciones individuales anteriores.

No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del presente apartado, las autoridades competentes podrán exigir autorizaciones para la implantación de puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas en edificios o lugares de valor arquitectónico, histórico o natural que estén protegidos de acuerdo con la legislación nacional o, en su caso, por motivos de seguridad pública. El artículo 7 de la Directiva 2014/61/UE será de aplicación a la concesión de esas autorizaciones.

La Comisión, mediante actos de ejecución, especificará las características físicas y técnicas, tales como el tamaño máximo, el peso y, en su caso, la potencia de emisión de puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 118, apartado 4.

El primero de dichos actos de ejecución se adoptará a más tardar el 30 de junio de 2020.

El presente artículo se entiende sin perjuicio de los requisitos esenciales establecidos en la Directiva 2014/53/UE y del régimen de autorizaciones aplicable al uso del espectro radioeléctrico correspondiente.

Los Estados miembros, aplicando cuando sea pertinente los procedimientos adoptados de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2014/61/UE, garantizarán que los operadores tengan derecho a acceder a cualquier infraestructura física controlada por autoridades nacionales, regionales o locales que sea técnicamente apta para acoger puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas o que sea necesaria para conectar dichos puntos de acceso a una red troncal, en particular mobiliario urbano, como postes de luz, señales viales, semáforos, vallas publicitarias, paradas de autobús y de tranvía y estaciones de metro. Las autoridades públicas satisfarán todas las solicitudes razonables de acceso en el marco de unas condiciones justas, razonables, transparentes y no discriminatorias, que serán hechas públicas en un punto de información único.

Sin perjuicio de cualesquiera acuerdos comerciales, la implantación de puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas no estará sujeta a tasas ni cargas aparte de las cargas administrativas conforme al artículo 16.

Los Estados miembros velarán por que no existan restricciones que impidan que las empresas de un mismo Estado miembro o de Estados miembros diferentes negocien entre sí acuerdos sobre mecanismos técnicos y comerciales de acceso y/o interconexión, con arreglo a la legislación de la Unión. La empresa solicitante de acceso o interconexión no necesitará estar autorizada a operar en el Estado miembro en el que se efectúe la solicitud cuando no preste servicios ni explote una red en dicho Estado miembro.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 114, los Estados miembros no mantendrán medidas legales o medidas administrativas que, a la hora de conceder el acceso o la interconexión, exijan a las empresas ofrecer condiciones distintas a empresas diferentes por servicios equivalentes, o medidas que impongan obligaciones que no estén relacionadas con los servicios reales de acceso e interconexión suministrados sin perjuicio de las condiciones establecidas en el anexo I.

Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas tendrán el derecho y, cuando así lo soliciten otras empresas autorizadas al efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, la obligación de negociar la interconexión mutua con el fin de prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público con vistas a garantizar la prestación de servicios y su interoperabilidad en toda la Unión. Los operadores ofrecerán acceso e interconexión a otras empresas en condiciones acordes con las obligaciones impuestas por las autoridades nacionales de reglamentación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, 62 y 68.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, los Estados miembros exigirán que las empresas que obtengan información de otras empresas con anterioridad, durante o con posterioridad al proceso de negociación de acuerdos de acceso o interconexión utilicen dicha información exclusivamente a los fines para los que les fue facilitada y respeten en todo momento la confidencialidad de la información transmitida o almacenada. Esas empresas no comunicarán la información recibida a terceros, en especial cuando se trate de otros departamentos, filiales o asociados para los cuales esta pudiera constituir una ventaja competitiva.

Los Estados miembros podrán prever que las negociaciones se lleven a cabo a través de intermediarios imparciales cuando las condiciones de competencia así lo requieran.

Para la consecución de los objetivos que se establecen en el artículo 3, las autoridades nacionales de reglamentación o, en el caso del apartado 2, párrafo primero, letras b) y c) del presente artículo, las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes, fomentarán y, cuando sea pertinente, garantizarán, de conformidad con la presente Directiva, la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios, y ejercerán sus responsabilidades de tal modo que se promueva la eficiencia, la competencia sostenible, el despliegue de redes de muy alta capacidad, la innovación e inversión eficientes y el máximo beneficio para los usuarios finales.

▼B

Facilitarán orientaciones y pondrán a disposición del público los procedimientos aplicables para obtener acceso e interconexión con el fin de garantizar que las pequeñas y medianas empresas y los operadores con un alcance geográfico limitado puedan beneficiarse de las obligaciones impuestas.

En particular y sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse en relación con las empresas designadas como poseedoras de peso significativo en el mercado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, las autoridades nacionales de reglamentación o, en el caso de las letras b) y c) del presente párrafo, las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes, podrán imponer:

▼B

Las obligaciones contempladas en el párrafo primero, letra c), únicamente podrán imponerse:

Las medidas de ejecución previstas en el párrafo segundo, inciso ii), se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 118, apartado 4.

En particular, y sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las autoridades nacionales de reglamentación podrán imponer, previa solicitud razonable, obligaciones para conceder acceso al cableado y a los hilos y recursos asociados en el interior de los edificios o hasta el primer punto de concentración o distribución que determine la autoridad nacional de reglamentación, si está ubicado en el exterior del edificio. Cuando lo justifique el hecho de que la reproducción de tales elementos de la red sea económicamente ineficiente o físicamente inviable, dichas obligaciones podrán imponerse a los proveedores de redes de comunicaciones electrónicas o a los propietarios de dichos cableado e hilos y recursos asociados, cuando esos propietarios no sean operadores de redes de comunicaciones electrónicas. Las condiciones de acceso impuestas podrán incluir normas específicas sobre acceso a dichos elementos de redes y a los recursos y servicios asociados, transparencia y no discriminación así como de prorrateo de los costes de acceso, los cuales, en su caso, se ajustarán para tener en cuenta los factores de riesgo.

Cuando una autoridad nacional de reglamentación concluya, habida cuenta en su caso de las obligaciones resultantes de cualquier análisis de mercado pertinente, que las obligaciones impuestas en virtud de lo dispuesto en el párrafo primero no resuelven de modo suficiente barreras físicas o económicas importantes y no transitorias a la replicación subyacente a una situación existente o incipiente en el mercado que limitan significativamente los resultados de competitividad para los usuarios finales, podrá ampliar la imposición de dichas obligaciones de acceso, en condiciones justas y razonables, más allá del primer punto de concentración o distribución hasta un punto que considere es el más próximo a los usuarios finales que pueda acoger un número de conexiones de usuarios finales suficiente como para ser viable comercialmente para los solicitantes de acceso eficientes Al determinar la extensión de la ampliación más allá del primer punto de concentración o de distribución, la autoridad nacional de reglamentación tendrá en cuenta en la mayor medida posible las correspondientes directrices del ORECE. Si ello se justifica por motivos técnicos o económicos, las autoridades nacionales de reglamentación podrán imponer unas obligaciones de acceso activas o virtuales.

Las autoridades nacionales de reglamentación no impondrán a los proveedores de redes de comunicaciones electrónicas obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo cuando consideren que:

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo tercero, letra a), las autoridades nacionales de reglamentación podrán imponer obligaciones a los proveedores de redes de comunicaciones electrónicas que cumplan los criterios establecidos en dicha letra cuando la red de que se trate sea de financiación pública.

A más tardar el 21 de diciembre de 2020, el ORECE publicará unas directrices para favorecer una aplicación coherente de lo dispuesto en el presente apartado, estableciendo los criterios pertinentes para determinar:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para imponer a las empresas que suministren o estén autorizadas para suministrar redes de comunicaciones electrónicas obligaciones en relación con la compartición de la infraestructura pasiva u obligaciones para celebrar acuerdos de acceso itinerante localizado, siempre que, en ambos casos, ello resulte directamente necesario para la prestación local de servicios que dependen de la utilización del espectro radioeléctrico, de conformidad con el Derecho de la Unión, y siempre que las empresas no dispongan de medios de acceso alternativos viables y similares para los usuarios finales en el marco de unas condiciones justas y razonables. Las autoridades competentes podrán imponer tales obligaciones únicamente si esta posibilidad se ha establecido claramente en el momento de conceder los derechos de uso del espectro radioeléctrico y si ello está justificado por el hecho de que, en la zona sujeta a tales obligaciones, el despliegue de infraestructuras con base en el mercado para el suministro de redes o servicios que dependan del uso del espectro radioeléctrico esté sujeto a obstáculos físicos o económicos insalvables, y el acceso a las redes o los servicios por parte de los usuarios finales sea, por consiguiente, muy deficiente o inexistente. Cuando el acceso y el uso compartido de la infraestructura pasiva no basten para abordar la situación, las autoridades nacionales de reglamentación podrán imponer obligaciones relativas al uso compartido de la infraestructura activa.

Las autoridades competentes tomarán en consideración:

En caso de resolución de litigios, las autoridades competentes podrán imponer al beneficiario de la obligación de compartición o acceso, entre otras cosas, la obligación de compartir el espectro radioeléctrico con la infraestructura de acogida en la zona de que se trate.

Las obligaciones y condiciones impuestas de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 a 4 del presente artículo serán objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias; se aplicarán de conformidad con los procedimientos a que se refieren los artículos 23, 32 y 33. Las autoridades nacionales de reglamentación y las autoridades competentes que hayan impuesto dichas obligaciones evaluarán los resultados de estas obligaciones y condiciones en un plazo de cinco años a partir de la adopción de la medida anterior adoptada en relación con las mismas empresas y valorarán la conveniencia de retirarlas o modificarlas a la luz de las condiciones cambiantes. Dichas autoridades notificarán el resultado de su valoración de acuerdo con los procedimientos previstos en los artículos 23, 32 y 33.

A efectos de los apartados 1 y 2 del presente artículo, los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación estén facultadas para intervenir por iniciativa propia cuando esté justificado con objeto de garantizar los objetivos generales contemplados en el artículo 3, de conformidad con la presente Directiva y, en particular, con los procedimientos previstos en los artículos 23 y 32.

Con el fin de contribuir a una definición coherente de la ubicación de los puntos de terminación de la red por las autoridades nacionales de reglamentación, a más tardar el 21 de junio de 2020, el ORECE adoptará, tras consultar a las partes interesadas y en estrecha cooperación con la Comisión, unas directrices sobre enfoques comunes para la identificación de los puntos de terminación de la red en diferentes topologías de red. Las autoridades nacionales de reglamentación tendrán en cuenta en la mayor medida posible tales directrices a la hora de definir la ubicación de los puntos de terminación de la red.

Los Estados miembros velarán por que las condiciones establecidas en el anexo II, parte I, se apliquen en relación con el acceso condicional a los servicios de televisión y radio digitales difundidos a los telespectadores y oyentes en la Unión, independientemente de cuál sea el medio de transmisión utilizado.

Cuando, a consecuencia de un análisis de mercado efectuado de conformidad con el artículo 67, apartado 1, una autoridad nacional de reglamentación encuentre que una o más empresas no tienen un peso significativo en el mercado en cuestión, dicha autoridad podrá modificar o suprimir las condiciones con respecto a dichas empresas, de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 23 y 32, solo en la medida en que:

Se concederá un plazo adecuado de notificación a las partes a las que afecte la modificación o supresión de las condiciones.

Las condiciones que se apliquen de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo se entenderán sin perjuicio de la capacidad de los Estados miembros para imponer obligaciones en relación con la presentación de las guías electrónicas de programas así como de dispositivos similares de programación y navegación.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros podrán permitir a sus respectivas autoridades nacionales de reglamentación que, tan pronto como sea posible después del 20 de diciembre de 2018 y a intervalos periódicos a continuación, revisen las condiciones aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente artículo, procediendo a un análisis de mercado de conformidad con el artículo 67, apartado 1, con el fin de decidir si se mantienen, modifican o retiran las condiciones aplicadas.

Cuando la presente Directiva exija a las autoridades nacionales de reglamentación determinar si las empresas tienen un peso significativo en el mercado de conformidad con el procedimiento del artículo 67, será de aplicación el apartado 2 del presente artículo.

Se considerará que una empresa tiene peso significativo en el mercado si, individual o conjuntamente con otras, disfruta de una posición equivalente a una posición dominante, esto es, una posición de fuerza económica que permite que su comportamiento sea, en medida apreciable, independiente de los competidores, los clientes y, en última instancia, los consumidores.

En particular, a la hora de evaluar si dos o más empresas ocupan una posición dominante conjunta en un mercado, las autoridades nacionales de reglamentación actuarán de conformidad con el Derecho de la Unión y tendrán en cuenta en la mayor medida posible las «Directrices de análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado», publicadas por la Comisión en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64.

Cuando una empresa tenga un peso significativo en un mercado determinado, podrá considerarse que tiene también un peso significativo en un mercado estrechamente relacionado con aquel si los vínculos entre los dos mercados son tales que, gracias al efecto de apalancamiento, resulte posible ejercer en el mercado estrechamente relacionado el peso que se tiene en el mercado determinado, reforzando así el peso de la empresa en el mercado. En consecuencia, podrán aplicarse recursos encaminados a impedir dicho apalancamiento en el mercado estrechamente relacionado en virtud de los artículos 69, 70, 71 y 74.

Previa consulta pública, incluida la consulta con las autoridades nacionales de reglamentación, y atendiendo en la mayor medida posible al dictamen del ORECE, la Comisión adoptará una recomendación sobre mercados pertinentes de productos y servicios (en lo sucesivo, «recomendación»). En la recomendación se enumerarán los mercados de productos y servicios del sector de las comunicaciones electrónicas cuyas características pueden justificar la imposición de las obligaciones reglamentarias establecidas en la presente Directiva, sin perjuicio de los mercados que puedan definirse en casos concretos en virtud del Derecho de la competencia. La Comisión definirá los mercados de conformidad con los principios del Derecho de la competencia.

La Comisión incluirá los mercados de productos y servicios en la recomendación cuando, tras observar las tendencias generales en la Unión, compruebe que se cumple cada uno de los tres criterios enumerados en el artículo 67, apartado 1.

La Comisión revisará la recomendación a más tardar el 21 de diciembre de 2020, y de forma periódica a continuación.

Previa consulta con el ORECE, la Comisión publicará unas directrices de análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado (en lo sucesivo, «directrices PSM»), que serán acordes con los principios pertinentes del Derecho de la competencia. Las directrices PSM incluirán orientaciones a las autoridades nacionales de reglamentación sobre la aplicación del concepto de peso significativo en el mercado en el contexto específico de una reglamentación ex ante de los mercados de las comunicaciones electrónicas, teniendo en cuenta los tres criterios enumerados en el artículo 67, apartado 1.

Las autoridades nacionales de reglamentación, teniendo en cuenta en la mayor medida posible la recomendación y las directrices PSM, definirán los mercados pertinentes apropiados a las circunstancias nacionales, y en particular los mercados geográficos pertinentes dentro de su territorio, teniendo en cuenta entre otras cosas el grado de competencia en materia de infraestructura en esas zonas, con arreglo a los principios del Derecho de la competencia. Las autoridades nacionales de reglamentación también tendrán en cuenta los resultados del estudio geográfico realizado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22, apartado 1, en caso pertinente. Antes de definir los mercados distintos de los enumerados en la recomendación, las autoridades nacionales de reglamentación observarán los procedimientos previstos en los artículos 23 y 32.

En caso de que la Comisión o, al menos, dos autoridades nacionales de reglamentación afectadas presenten una solicitud motivada facilitando pruebas al respecto, el ORECE efectuará un análisis de un posible mercado transnacional. Previa consulta con las partes interesadas y teniendo en cuenta en la mayor medida posible el análisis realizado por el ORECE, la Comisión podrá adoptar decisiones para determinar mercados transnacionales de conformidad con los principios del Derecho de la competencia y teniendo en cuenta en la mayor medida posible la recomendación y las directrices PSM adoptadas de conformidad con el artículo 64.

En el caso de mercados transnacionales determinados de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, las autoridades nacionales de reglamentación afectadas efectuarán un análisis conjunto de mercado, teniendo en cuenta las directrices PSM en la mayor medida posible, y se pronunciarán concertadamente sobre la imposición, el mantenimiento, la modificación o la supresión de las obligaciones reglamentarias a las que se refiere el artículo 67, apartado 4. Las autoridades nacionales de reglamentación afectadas notificarán conjuntamente a la Comisión sus proyectos de medidas en relación con el análisis del mercado y cualesquiera obligaciones reglamentarias con arreglo a los artículos 32 y 33.

Dos o más autoridades nacionales de reglamentación también podrán notificar conjuntamente sus proyectos de medidas en relación con el análisis del mercado y cualesquiera obligaciones reglamentarias en ausencia de mercados transnacionales, cuando consideren que las condiciones de mercado en sus respectivas jurisdicciones son suficientemente homogéneas.

El ORECE efectuará un análisis de la demanda transnacional de los usuarios finales de productos y servicios suministrados dentro de la Unión en uno o varios de los mercados enumerados en la recomendación cuando reciba de la Comisión o de al menos dos de las autoridades nacionales de reglamentación afectadas una solicitud motivada facilitando pruebas que indiquen que existe un problema de demanda grave que hay que resolver. El ORECE también podrá efectuar dicho análisis cuando reciba una solicitud motivada de los participantes en el mercado facilitando pruebas suficientes y considere que existe un problema de demanda grave que hay que resolver. El análisis del ORECE se entiende sin perjuicio de cualesquiera conclusiones de los mercados transnacionales de conformidad con el artículo 65, apartado 1, y de cualesquiera conclusiones de los mercados geográficos nacionales o subnacionales, por parte de las autoridades nacionales de reglamentación de conformidad con el artículo 64, apartado 3.

Este análisis de la demanda transnacional de los usuarios finales podrá incluir productos y servicios suministrados en el interior de mercados de productos o servicios que han sido definidos de forma diferente por una o varias autoridades nacionales de reglamentación teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, siempre que dichos productos y servicios sean sustituibles por los suministrados en uno de los mercados enumerados en la recomendación.

Si el ORECE llega a la conclusión de que existe una demanda transnacional de los usuarios finales, que es importante y que no está suficientemente satisfecha mediante el suministro facilitado sobre una base comercial o regulada, publicará, previa consulta a las partes interesadas y en estrecha cooperación con la Comisión, directrices sobre enfoques comunes de las autoridades nacionales de reglamentación para satisfacer la demanda transnacional determinada, incluso, en su caso, cuando impongan soluciones de conformidad con el artículo 68. Las autoridades nacionales de reglamentación tendrán en cuenta en la mayor medida posible estas directrices cuando desempeñen sus funciones reguladoras dentro de su jurisdicción. Estas directrices podrán establecer las bases para la interoperabilidad de los productos de acceso al por mayor en toda la Unión y podrán incluir directrices para la armonización de especificaciones técnicas de los productos de acceso al por mayor capaces de atender dicha demanda transnacional determinada.

Las autoridades nacionales de reglamentación determinarán si un mercado pertinente definido de conformidad con el artículo 64, apartado 3, justifica la imposición de las obligaciones reglamentarias establecidas en la presente Directiva. Los Estados miembros velarán por que se lleve a cabo un análisis, si procede, en colaboración con las autoridades nacionales responsables en materia de competencia. Las autoridades nacionales de reglamentación tendrán en cuenta en la mayor medida posible las directrices PSM y observarán los procedimientos contemplados en los artículos 23 y 32 cuando realicen tal análisis.

Un mercado puede considerarse que justifica la imposición de las obligaciones reglamentarias establecidas en la presente Directiva si se cumplen todos los criterios siguientes:

Cuando una autoridad nacional de reglamentación realice un análisis de un mercado incluido en la recomendación, considerará que las letras a), b) y c) del párrafo segundo se han cumplido, a menos que la autoridad nacional de reglamentación determine que uno o varios de dichos criterios no se cumplen en las circunstancias nacionales específicas.

Cuando una autoridad nacional de reglamentación realice el análisis exigido por el apartado 1, considerará la evolución desde una perspectiva de futuro en ausencia de regulación impuesta sobre la base del presente artículo en dicho mercado pertinente, y teniendo en cuenta todo lo siguiente:

Cuando una autoridad nacional de reglamentación llegue a la conclusión de que en un mercado pertinente no se justifica la imposición de obligaciones reglamentarias según el procedimiento previsto en los apartados 1 y 2 del presente artículo, o cuando las condiciones establecidas en el apartado 4 del presente artículo no se cumplan, no impondrá ni mantendrá ninguna de las obligaciones reglamentarias específicas de conformidad con el artículo 68. Cuando ya existan obligaciones reglamentarias sectoriales específicas impuestas de conformidad con el artículo 68, deberá suprimir esas obligaciones a las empresas en dicho mercado pertinente.

Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las partes afectadas por dicha supresión de obligaciones reciban un plazo de preaviso adecuado, definido por el equilibrio entre la necesidad de garantizar una transición sostenible para los beneficiarios de dichas obligaciones y los usuarios finales, la elección del usuario final, y que la reglamentación no se prolongue más de lo necesario. Al fijar este plazo de preaviso, las autoridades nacionales de reglamentación podrán fijar condiciones específicas y plazos de preaviso en relación con los acuerdos de acceso existentes.

Cuando una autoridad nacional de reglamentación determine que en un mercado pertinente está justificada la imposición de obligaciones reglamentarias de conformidad con los apartados 1 y 2 del presente artículo, establecerá qué empresas, ya sea individual o conjuntamente, tienen un peso significativo en ese mercado pertinente con arreglo al artículo 63. La autoridad nacional de reglamentación impondrá a dichas empresas las obligaciones reglamentarias específicas adecuadas de conformidad con el artículo 68, o mantendrá o modificará dichas obligaciones si ya existen en caso de que considere que el resultado para los usuarios finales no sería realmente competitivo en ausencia de dichas obligaciones.

Las medidas que se adopten con arreglo a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del presente artículo se someterán a los procedimientos contemplados en los artículos 23 y 32. Las autoridades nacionales de reglamentación llevarán a cabo un análisis del mercado pertinente y comunicarán el proyecto de medidas correspondiente de conformidad con el artículo 32:

En los casos en que una autoridad nacional de reglamentación considere que no puede concluir o no haya concluido su análisis de un mercado pertinente que figura en la recomendación dentro del plazo establecido en el apartado 5 del presente artículo, el ORECE prestará asistencia a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate, a petición suya, para la conclusión del análisis del mercado concreto y las obligaciones específicas que deban imponerse. La autoridad nacional de reglamentación, contando con esta colaboración, notificará a la Comisión en un plazo de seis meses a partir del límite establecido en el apartado 5 del presente artículo el proyecto de medida de conformidad con el artículo 32.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación estén facultadas para imponer las obligaciones establecidas en los artículos 69 a 74 y 76 a 81.

Cuando resulte del análisis de mercado efectuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 que una empresa tiene un peso significativo en un mercado específico, las autoridades nacionales de reglamentación impondrán, según proceda, cualesquiera de las obligaciones establecidas en los artículos 69 a 74, 76 y 80. Conforme al principio de proporcionalidad, las autoridades nacionales de reglamentación optarán por la forma menos intervencionista posible de resolver los problemas observados en el análisis del mercado.

Las autoridades nacionales de reglamentación impondrán las obligaciones establecidas en los artículos 69 a 74 y 76 y 80 a las empresas que hayan sido designadas como poseedoras de peso significativo en el mercado de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del presente artículo, sin perjuicio de:

En circunstancias excepcionales, cuando la autoridad nacional de reglamentación tenga la intención de imponer a las empresas designadas como que tienen un peso significativo en el mercado obligaciones en materia de acceso o interconexión distintas de las establecidas en los artículos 69 a 74 y 76 y 80 de la presente Directiva, presentará una solicitud a la Comisión.

La Comisión, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del ORECE, adoptará decisiones, mediante actos de ejecución, por las que se autorice o impida a la autoridad nacional de reglamentación tomar tales medidas.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 118, apartado 3.

Las obligaciones impuestas con arreglo al presente artículo deberán:

En relación con la necesidad de cumplir los compromisos internacionales a que se refiere el apartado 3 del presente artículo, las autoridades nacionales de reglamentación notificarán a la Comisión sus decisiones de imponer, modificar o suprimir obligaciones impuestas a las empresas, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 32.

Las autoridades nacionales de reglamentación tendrán en consideración el impacto de la nueva evolución del mercado, por ejemplo en relación con los acuerdos comerciales, incluidos los acuerdos de coinversión, que influyan en la dinámica competitiva.

Si esa evolución no es suficientemente importante para necesitar un nuevo análisis del mercado de conformidad con el artículo 67, la autoridad nacional de reglamentación valorará sin demora si es necesario revisar las obligaciones impuestas a las empresas designadas como poseedoras de peso significativo en el mercado y modificar cualquier decisión previa, incluidas la supresión de obligaciones o la imposición de nuevas, con el fin de garantizar que tales obligaciones siguen cumpliendo las condiciones establecidas en el apartado 4 del presente artículo. Tales modificaciones solo se impondrán tras las consultas previstas en los artículos 23 y 32.

De conformidad con el artículo 68, las autoridades nacionales de reglamentación estarán facultadas para imponer obligaciones de transparencia en relación con la interconexión o el acceso, conforme a las cuales las empresas deberán hacer público determinado tipo de información, como la relativa a la contabilidad, los precios, las especificaciones técnicas, las características de las redes y su evolución probable, las condiciones de suministro y utilización, incluidas todas las condiciones que modifiquen el acceso o la utilización de los servicios y aplicaciones, en especial en relación con la migración desde una infraestructura heredada, cuando dichas condiciones sean autorizadas por los Estados miembros de conformidad con el Derecho de la Unión.

En particular, cuando se impongan a una empresa obligaciones de no discriminación, las autoridades nacionales de reglamentación podrán exigir a dicha empresa que publique una oferta de referencia, que deberá estar suficientemente desglosada para garantizar que no se exija a las empresas pagar por recursos que sean innecesarios para el servicio requerido. Dicha oferta contendrá las ofertas pertinentes subdivididas por componentes de acuerdo con las necesidades del mercado, así como las condiciones correspondientes, incluidos los precios. La autoridad nacional de reglamentación podrá, entre otras cosas, imponer cambios en las ofertas de referencia para hacer efectivas las obligaciones impuestas por la presente Directiva.

Las autoridades nacionales de reglamentación podrán determinar la información concreta que deberá ponerse a disposición, el nivel de detalle exigido y la modalidad de publicación.

A más tardar el 21 de diciembre de 2019, con el fin de contribuir a la aplicación coherente de las obligaciones de transparencia, el ORECE publicará, tras consultar a las partes interesadas y en estrecha cooperación con la Comisión, directrices sobre los criterios mínimos de una oferta de referencia y los someterá a revisión cuando sea necesario para adaptarlos a los avances tecnológicos y a la evolución del mercado. Al establecer tales criterios mínimos, el ORECE perseguirá los objetivos establecidos en el artículo 3, y tendrá en cuenta las necesidades de los beneficiarios de las obligaciones de acceso y de los usuarios finales activos en más de un Estado miembro, así como las eventuales directrices del ORECE para determinar la demanda transnacional de conformidad con el artículo 66 y cualquier decisión conexa de la Comisión.

No obstante lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, cuando una empresa esté sujeta a obligaciones en virtud de los artículos 72 o 73 en relación con el acceso al por mayor a la infraestructura de la red, las autoridades nacionales de reglamentación garantizarán la publicación de una oferta de referencia teniendo en cuenta en la mayor medida posible las directrices del ORECE sobre los criterios mínimos de una oferta de referencia, y velarán por que se especifiquen unos indicadores de rendimiento clave, en su caso, así como los niveles de servicio correspondientes, y supervisarán y velarán estrechamente por su cumplimiento. Por otra parte, las autoridades nacionales de reglamentación podrán predeterminar, en su caso, las sanciones financieras asociadas con arreglo al Derecho de la Unión y nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, las autoridades nacionales de reglamentación estarán facultadas para imponer obligaciones de no discriminación en relación con la interconexión o el acceso.

Las obligaciones de no discriminación garantizarán, en particular, que la empresa aplique condiciones equivalentes en circunstancias semejantes a otros proveedores de servicios equivalentes y proporcione a terceros servicios e información de la misma calidad que los que proporcione para sus propios servicios o los de sus filiales o asociados y en las mismas condiciones. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán imponer a dicha empresa obligaciones de suministrar productos y servicios de acceso a todas las empresas, incluida ella misma, en los mismos plazos, términos y condiciones, incluso en lo relacionado con niveles de precios y servicios, y a través de los mismos sistemas y procesos, con el fin de garantizar la equivalencia de acceso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, la autoridad nacional de reglamentación estará facultada para imponer obligaciones en materia de separación de cuentas en relación con determinadas actividades relacionadas con la interconexión y/o el acceso.

En particular, las autoridades nacionales de reglamentación podrán exigir a una empresa integrada verticalmente que ponga de manifiesto de manera transparente los precios al por mayor y los precios de transferencia internos que practica, entre otras cosas para garantizar el cumplimiento de una obligación de no discriminación con arreglo al artículo 70 o, cuando proceda, para impedir las subvenciones cruzadas de carácter desleal. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán especificar el formato y la metodología contable que deberá emplearse.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, para facilitar la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y no discriminación, las autoridades nacionales de reglamentación estarán facultadas para exigir que se les proporcionen, cuando así lo soliciten, documentos contables, incluida información relativa a ingresos percibidos de terceros. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán publicar la información que pueda contribuir a la consecución de un mercado abierto y competitivo, respetando la normativa de la Unión y nacional en materia de confidencialidad comercial.

De conformidad con el artículo 68, una autoridad nacional de reglamentación podrá imponer a las empresas la obligación de satisfacer las solicitudes razonables de acceso y de uso de obra civil, incluidos, pero sin limitarse a ellos, edificios o accesos a edificios, hilos de edificios incluido el cableado, antenas, torres y otras estructuras de soporte, postes, mástiles, conductos, tuberías, cámaras de inspección, bocas de inspección y armarios, en situaciones en las que tras haber considerado el análisis del mercado, la autoridad nacional de reglamentación llegue a la conclusión de que la denegación de acceso o el acceso otorgado en virtud de términos y condiciones no razonables de efecto análogo obstaculizarían el desarrollo de un mercado competitivo sostenible y no responderían al interés del usuario final.

Las autoridades nacionales de reglamentación podrán imponer obligaciones a una empresa para que facilite acceso con arreglo al presente artículo, con independencia de si los bienes afectados por la obligación forman parte del mercado pertinente de acuerdo con el análisis del mercado, a condición de que la obligación sea necesaria y proporcionada para cumplir los objetivos del artículo 3.

De conformidad con el artículo 68, las autoridades nacionales de reglamentación podrán imponer a las empresas la obligación de que satisfagan las solicitudes razonables de acceso a elementos específicos de las redes y a recursos asociados, así como las relativas a su utilización, en aquellas situaciones en las que dichas autoridades consideren que la denegación del acceso o unas condiciones no razonables de efecto análogo pueden constituir un obstáculo al desarrollo de un mercado competitivo sostenible a escala minorista y que no benefician a los usuarios finales.

Las autoridades nacionales de reglamentación podrán exigir a las empresas, entre otras cosas, que:

Las autoridades nacionales de reglamentación podrán someter dichas obligaciones a condiciones en materia de equidad, racionalidad y oportunidad.

Cuando las autoridades nacionales de reglamentación estudien la conveniencia de imponer cualesquiera de las posibles obligaciones específicas previstas en el apartado 1 del presente artículo, y en particular al evaluar, de conformidad con el principio de proporcionalidad, si dichas obligaciones deberían imponerse y de qué manera, analizarán si otras formas de acceso a los insumos al por mayor, bien en el mismo mercado o en un mercado mayorista relacionado, serían suficientes para resolver el problema identificado a nivel minorista en la búsqueda de los intereses de los usuarios finales. Dicho análisis incluirá ofertas de acceso comercial, un acceso regulado con arreglo al artículo 61, o un acceso regulado existente o previsto a otros insumos al por mayor en virtud del presente artículo. Las autoridades nacionales de reglamentación habrán de tener en cuenta, en particular, los siguientes elementos:

Cuando una autoridad nacional de reglamentación estudie, de conformidad con el artículo 68, la imposición de obligaciones sobre la base del artículo 72 o del presente artículo, examinará si solo la imposición de obligaciones de conformidad con el artículo 72 sería un medio proporcionado para fomentar la competencia y los intereses del usuario final.

Cuando se impongan a una empresa obligaciones de proporcionar acceso de conformidad con lo previsto en el presente artículo, las autoridades nacionales de reglamentación podrán fijar las condiciones técnicas u operativas que deberá satisfacer el proveedor o los beneficiarios de tal acceso en caso necesario para garantizar el funcionamiento normal de la red. Las obligaciones de atenerse a normas o especificaciones técnicas concretas estarán de acuerdo con las normas y especificaciones establecidas de conformidad con el artículo 39.

Las autoridades nacionales de reglamentación, de conformidad el artículo 68, estarán facultadas para imponer obligaciones en materia de recuperación de los costes y control de los precios, que incluyan obligaciones por lo que respecta tanto a la orientación de los precios en función de los costes como a los sistemas de contabilidad de costes, en relación con determinados tipos de interconexión o acceso, en los casos en que el análisis del mercado ponga de manifiesto que una ausencia de competencia efectiva permitiría a la empresa en cuestión mantener unos precios excesivos o la compresión de los precios, en detrimento de los usuarios finales.

Al determinar la conveniencia o no de las obligaciones de control de precios, las autoridades nacionales de reglamentación tendrán en cuenta la necesidad de promover la competencia y los intereses a largo plazo de los usuarios finales en relación con el despliegue y la adopción de redes de próxima generación, y en particular de redes de muy alta capacidad. Concretamente, para favorecer la inversión por parte de la empresa, en particular en redes de próxima generación, las autoridades nacionales de reglamentación tendrán en cuenta la inversión efectuada por la empresa. Cuando las autoridades nacionales de reglamentación consideren conveniente el control de precios, permitirán a la empresa una tasa razonable de rendimiento en relación con el capital correspondiente invertido, habida cuenta de todos los riesgos específicos de un nuevo proyecto de inversión particular en las redes.

Las autoridades nacionales de reglamentación estudiarán no imponer ni mantener obligaciones en virtud del presente artículo cuando constaten la existencia de una restricción demostrable en los precios al por menor y que las eventuales obligaciones impuestas con arreglo a los artículos 69 a 73, incluida en particular la prueba de replicabilidad económica impuesta de conformidad con el artículo 70, garantiza un acceso efectivo y no discriminatorio.

Cuando las autoridades nacionales de reglamentación consideren oportuno imponer controles de precios sobre el acceso a elementos de red existentes, también deberán tener en cuenta los beneficios de unos precios al por mayor previsibles y estables que garanticen una entrada eficiente en el mercado e incentivos suficientes para que todas las empresas desplieguen nuevas y mejores redes.

Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que el mecanismo de recuperación de costes o el método de fijación de precios que se imponga sirva para fomentar el despliegue de nuevas y mejores redes, la eficacia y la competencia sostenible y potencie al máximo los beneficios sostenibles para los usuarios finales. En ese sentido, las autoridades nacionales de reglamentación podrán tener asimismo en cuenta los precios practicados en mercados competidores comparables.

Cuando una empresa tenga la obligación de que sus precios se atengan al principio de orientación en función de los costes, la carga de la prueba de que las cuotas se determinan en función de los costes, incluyendo una tasa razonable de rendimiento de la inversión, corresponderá la empresa en cuestión. A efectos del cálculo del coste del suministro eficaz de servicios, las autoridades nacionales de reglamentación podrán utilizar métodos de contabilización de costes distintos de los utilizados por la empresa. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán exigir a una empresa que justifique plenamente los precios que aplica y, cuando proceda, ordenarle que los modifique.

Al imponer un sistema de contabilidad de costes en apoyo a los controles de precios, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se ponga a disposición del público una descripción de dicho sistema, en la que se indiquen, como mínimo, las principales categorías en las que se agrupan los costes y las normas utilizadas para su reparto. Un organismo independiente cualificado verificará la observancia del sistema de contabilidad de costes y publicará, con periodicidad anual, una declaración relativa a dicha observancia.

A más tardar el 31 de diciembre de 2020, la Comisión, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del ORECE, adoptará un acto delegado, de conformidad con el artículo 117 con el fin de completar la presente Directiva, que establezca una tarifa única máxima de terminación de llamadas de voz en redes móviles a escala de la Unión y una tarifa única máxima de terminación de llamadas de voz en redes fijas (en lo sucesivo, «tarifas de terminación de llamadas de voz a escala de la Unión»), impuestas a cualquier proveedor de servicios de terminación de llamadas de voz móviles o fijas, respectivamente, en cualquier Estado miembro.

A tal fin, la Comisión:

Teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del ORECE, la Comisión revisará cada cinco años los actos delegados adoptados de conformidad con el presente artículo y estudiará con tal motivo, al aplicar los criterios enumerados en el artículo 67, apartado 1, si siguen siendo necesarias unas tarifas de terminación de llamadas de voz a escala de la Unión. Cuando la Comisión decida, tras su revisión de conformidad con lo dispuesto en el presente apartado, no imponer una tarifa máxima de terminación de llamadas de voz en redes fijas y en redes móviles, o ambas, las autoridades nacionales de reglamentación podrán realizar análisis de mercado de mercados de terminación de llamadas de voz con arreglo al artículo 67, para evaluar si la imposición de obligaciones reglamentarias es necesaria. Si como resultado de tal análisis una autoridad nacional de reglamentación impone unas tarifas de terminación orientadas a los costes en un mercado respectivo, seguirá los principios, criterios y parámetros establecidos en el anexo III y su proyecto de medida estará sujeto a los procedimientos mencionados en los artículos 23, 32 y 33.

Las autoridades nacionales de reglamentación supervisarán estrechamente y velarán por el cumplimiento de la aplicación de las tarifas de terminación de llamadas de voz a escala de la Unión por los proveedores de servicios de terminación. En cualquier momento, las autoridades nacionales de reglamentación podrán exigir a un proveedor de servicios de terminación de llamadas de voz que modifique la tarifa que cobra a otras empresas si no cumple el acto delegado a que se refiere el apartado 1. Las autoridades nacionales de reglamentación informarán anualmente a la Comisión y al ORECE en relación con la aplicación del presente artículo.

Las empresas que hayan sido designadas como poseedoras de peso significativo en el mercado en uno o varios mercados pertinentes conforme al artículo 67 podrán ofrecer compromisos con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 79 y sujetos al párrafo segundo del presente apartado, para abrir a la coinversión el despliegue de una nueva red de muy alta capacidad que consista en elementos de fibra óptica hasta los locales del usuario final o la estación base, por ejemplo, mediante ofertas de propiedad conjunta, distribución de riesgos a largo plazo mediante cofinanciación o acuerdos de compra que generen derechos específicos de carácter estructural en favor de otros proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

Cuando la autoridad nacional de reglamentación evalúe esos compromisos, deberá determinar en particular si la oferta de coinversión cumple todas las condiciones siguientes:

Si la autoridad nacional de reglamentación, teniendo en cuenta los resultados de la prueba de mercado llevada a cabo con arreglo al artículo 79, apartado 2, concluye que el compromiso de coinversión propuesto reúne las condiciones del apartado 1 del presente artículo, otorgará carácter vinculante a los compromisos con arreglo al artículo 79, apartado 3, y no impondrá obligaciones adicionales en virtud del artículo 68 en lo que respecta a los elementos de la nueva red de muy alta capacidad que sean objeto de tales compromisos si al menos uno de los potenciales coinversores ha suscrito un acuerdo de coinversión con la empresa designada como poseedora de peso significativo en el mercado.

El párrafo primero se entenderá sin perjuicio del tratamiento normativo de aquellas circunstancias que no cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo, teniendo en cuenta los resultados de las pruebas de mercado que se hayan realizado de conformidad con el artículo 79, apartado 2, pero que tengan una incidencia en la competencia y se tengan en cuenta a los fines de los artículos 67 y 68.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, una autoridad nacional de reglamentación podrá, en circunstancias debidamente justificadas, imponer, mantener o adaptar soluciones de conformidad con los artículos 68 a 74 en lo que respecta a las nuevas redes de muy alta capacidad con el fin de hacer frente a problemas de competencia importantes en mercados específicos cuando la autoridad nacional de reglamentación considere que, debido a las características específicas de tales mercados, no se podría hacer frente de otro modo a dichos problemas de competencia.

Las autoridades nacionales de reglamentación deberán supervisar continuamente el respeto de las condiciones establecidas en el apartado 1 y podrán exigir a la empresa designada como poseedora de peso significativo en el mercado que les facilite cada año declaraciones de cumplimiento.

El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la facultad de la autoridad nacional de reglamentación de adoptar decisiones en virtud del artículo 26, apartado 1, en caso de que surja un litigio entre empresas en el marco de un acuerdo de coinversión que aquella considere conforme con las condiciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo.

El ORECE, previa consulta a las partes interesadas y en estrecha cooperación con la Comisión, publicará directrices para la aplicación uniforme por parte de las autoridades nacionales de reglamentación de las condiciones establecidas en el apartado 1 y de los criterios enunciados en el anexo IV.

Cuando una autoridad nacional de reglamentación llegue a la conclusión de que las obligaciones pertinentes impuestas en virtud de los artículos 69 a 74 no han bastado para conseguir una competencia efectiva y que sigue habiendo problemas de competencia o fallos del mercado importantes y persistentes en relación con determinados mercados al por mayor de productos de acceso, podrá, como medida excepcional y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, apartado 3, párrafo segundo, imponer a las empresas integradas verticalmente la obligación de traspasar las actividades relacionadas con el suministro al por mayor de esos productos de acceso a una entidad empresarial que actúe independientemente.

Esa entidad empresarial suministrará productos y servicios de acceso a todas las empresas, incluidas otras unidades empresariales de la sociedad matriz, en los mismos plazos, términos y condiciones, en particular en lo que se refiere a niveles de precios y de servicio, y mediante los mismos sistemas y procesos.

Cuando una autoridad nacional de reglamentación se proponga imponer una obligación de separación funcional, presentará a la Comisión una solicitud que incluya:

El proyecto de medida incluirá los elementos siguientes:

Tras la decisión de la Comisión adoptada de conformidad con el artículo 68, apartado 3, sobre el proyecto de medida, la autoridad nacional de reglamentación llevará a cabo un análisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 67. Sobre la base de ese análisis, la autoridad nacional de reglamentación impondrá, mantendrá, modificará o retirará obligaciones, de conformidad con los procedimientos contemplados en los artículos 23 y 32.

Una empresa a la que se haya impuesto la separación funcional podrá estar sujeta a cualquiera de las obligaciones enumeradas en los artículos 69 a 74 en cualquier mercado específico en que haya sido designada como poseedora de peso significativo en el mercado, de conformidad con el artículo 67, u otras obligaciones autorizadas por la Comisión en virtud del artículo 68, apartado 3.

Las empresas que hayan sido designadas como poseedoras de peso significativo en uno o varios mercados pertinentes, de conformidad con el artículo 67, deberán informar a la autoridad nacional de reglamentación con al menos tres meses de antelación cuando tengan prevista cualquier transferencia de sus activos de red de acceso local o una parte sustancial de los mismos a una persona jurídica separada de distinta propiedad, o del establecimiento de una entidad empresarial separada para suministrar a todos los proveedores minoristas, incluidas sus propias divisiones minoristas, productos de acceso completamente equivalentes.

Dichas empresas informarán también a la autoridad nacional de reglamentación de cualquier cambio de dicho propósito, así como del resultado final del proceso de separación.

Dichas empresas también pueden ofrecer compromisos en lo que atañe a las condiciones de acceso que aplicarán a su red durante un período de ejecución y una vez se lleve a cabo la forma de separación propuesta, con el fin de garantizar el acceso efectivo y no discriminatorio de terceros. La oferta de compromisos incluirá detalles suficientes, incluso en términos de calendario de ejecución y duración, a fin de permitir a la autoridad nacional de reglamentación llevar a cabo sus tareas de conformidad con el apartado 2 del presente artículo. Tales compromisos podrán extenderse más allá del período máximo para las revisiones de los mercados establecido en el artículo 67, apartado 5.

La autoridad nacional de reglamentación evaluará el efecto de la transacción prevista, junto con los compromisos propuestos en su caso, sobre las obligaciones reglamentarias existentes con arreglo a la presente Directiva.

A tal efecto, la autoridad nacional de reglamentación llevará a cabo un análisis de los distintos mercados relacionados con la red de acceso, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 67.

La autoridad nacional de reglamentación tendrá en cuenta los compromisos ofrecidos por la empresa, con especial atención a los objetivos establecidos en el artículo 3. Al hacerlo, la autoridad nacional de reglamentación consultará a terceros, de conformidad con el artículo 23, y se dirigirá particularmente a aquellos terceros que estén directamente afectados por la transacción propuesta.

Sobre la base de su análisis, la autoridad nacional de reglamentación impondrá, mantendrá, modificará o retirará obligaciones, de conformidad con los procedimientos enunciados en los artículos 23 y 32, aplicando, si procede, las disposiciones del artículo 80. En su decisión, la autoridad nacional de reglamentación podrá dar carácter vinculante a los compromisos, en su totalidad o en parte. No obstante lo dispuesto en el artículo 67, apartado 5, la autoridad nacional de reglamentación podrá decidir que algunos o todos los compromisos sean vinculantes para la totalidad del período para el cual se ofrecen.

Sin perjuicio del artículo 80, la entidad empresarial separada funcional o jurídicamente que haya sido designada como poseedora de peso significativo en el mercado, de conformidad con el artículo 67 podrá estar sujeta, según proceda, a cualquiera de las obligaciones previstas en los artículos 69 a 74, o a cualquier otra obligación autorizada por la Comisión de conformidad con el artículo 68, apartado 3, cuando los eventuales compromisos ofrecidos sean insuficientes para cumplir los objetivos establecidos en el artículo 3.

La autoridad nacional de reglamentación supervisará la ejecución de los compromisos ofrecidos por las empresas que haya considerado vinculantes de conformidad con el apartado 2 y sopesará su prórroga una vez expirado el período para el cual fueron inicialmente ofrecidos.

Las empresas designadas como poseedoras de peso significativo en el mercado podrán ofrecer a la autoridad nacional de reglamentación compromisos relativos a las condiciones de acceso o de coinversión, o a ambas, que se aplicarán a sus redes en relación, entre cosas, con:

La oferta de compromisos debe ser lo suficientemente detallada, entre otras cosas en lo que respecta al calendario y al alcance de la ejecución de los compromisos y a su duración, como para permitir su evaluación por parte de la autoridad nacional de reglamentación con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del presente artículo. Tales compromisos podrán extenderse más allá de los plazos para la realización de los análisis del mercado previstos en el artículo 67, apartado 5.

A fin de evaluar los compromisos ofrecidos por una empresa con arreglo al apartado 1 del presente artículo, la autoridad nacional de reglamentación debe llevar a cabo, salvo cuando esos compromisos incumplan claramente uno de las condiciones o criterios pertinentes, una prueba de mercado, en particular, de las condiciones ofrecidas mediante la realización de una consulta pública a las partes interesadas, en particular los terceros directamente afectados. Los coinversores potenciales o los solicitantes de acceso podrán manifestar sus impresiones sobre si los compromisos propuestos cumplen o no las condiciones fijadas en los artículos 68, 76 o 78, según proceda, y podrán proponer cambios a la oferta.

En lo que respecta a los compromisos ofrecidos en virtud del presente artículo, la autoridad nacional de reglamentación, al evaluar las obligaciones con arreglo al artículo 68, apartado 4, tendrá especialmente en cuenta:

Teniendo en cuenta todas las opiniones manifestadas en la consulta y la medida en que dichas opiniones son representativas de las distintas partes interesadas, la autoridad nacional de reglamentación comunicará a la empresa designada como poseedora de peso significativo en el mercado sus conclusiones preliminares sobre si los compromisos ofrecidos cumplen o no los objetivos, criterios y procedimientos previstos en el presente artículo y en los artículos 68, 76 o 78, según proceda, y las condiciones en las que podría otorgar carácter vinculante a los citados compromisos. La empresa podrá revisar su oferta inicial para tener en cuenta las conclusiones preliminares de la autoridad nacional de reglamentación y para cumplir los criterios establecidos en el presente artículo y en los artículos 68, 76 o 78, según proceda.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76, apartado 2, párrafo primero, la autoridad nacional de reglamentación podrá adoptar una decisión por la que otorgue carácter vinculante a los compromisos, en su totalidad o en parte.

Como excepción al artículo 67, apartado 5, la autoridad nacional de reglamentación podrá otorgar carácter vinculante a la totalidad o parte de los compromisos por un período de tiempo específico, que podrá coincidir con la totalidad del período para el que se ofrecen, y en el caso de los compromisos de coinversión a los que se haya otorgado carácter vinculante con arreglo al artículo 76, apartado 2, párrafo primero, dicho carácter vinculante tendrá una duración mínima de siete años.

A reserva del artículo 76, el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación del procedimiento de análisis del mercado previsto en el artículo 67 y la imposición de obligaciones con arreglo al artículo 68.

Cuando la autoridad nacional de reglamentación otorgue carácter vinculante a los compromisos de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, evaluará, con arreglo al artículo 68, las consecuencias de tal decisión en el desarrollo del mercado y la idoneidad de las obligaciones que haya impuesto o, en ausencia de tales compromisos, hubiera pretendido imponer con arreglo al citado artículo o a los artículos 69 a 74. Al notificar el proyecto de medida pertinente con arreglo al artículo 68 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, la autoridad nacional de reglamentación adjuntará al proyecto de medida notificado la decisión relativa a los compromisos.

La autoridad nacional de reglamentación controlará, supervisará y velará por la ejecución de los compromisos que haya otorgado carácter vinculante de conformidad con el apartado 3 del presente artículo de la misma manera en que controle, supervise y vele por la ejecución de las obligaciones impuestas en virtud del artículo 68, y sopesará la prórroga una vez haya expirado el período de tiempo para el cual se les otorgó carácter vinculante. En caso de que la autoridad nacional de reglamentación concluya que una empresa no ha cumplido los compromisos convertidos en vinculantes de conformidad con el apartado 3 del presente artículo, podrá imponer sanciones a dicha empresa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29. Sin perjuicio del procedimiento para garantizar el cumplimiento de las obligaciones específicas con arreglo al artículo 30, la autoridad nacional de reglamentación podrá reevaluar las obligaciones impuestas de conformidad con el artículo 68, apartado 6.

Una autoridad nacional de reglamentación que designe a una empresa que está ausente de los mercados minoristas de servicios de comunicaciones electrónicas como poseedora de peso significativo en uno o varios mercados al por mayor, de conformidad con el artículo 67, examinará si dicha empresa reúne las siguientes características:

Si la autoridad nacional de reglamentación llega a la conclusión de que se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo, solo podrá imponer a la empresa alguna de las obligaciones establecidas en los artículos 70 y 73 o en relación con la fijación de precios justos y razonables si así lo justifica un análisis del mercado que incluya una evaluación prospectiva del comportamiento probable de la empresa designada como poseedora de peso significativo en el mercado.

La autoridad nacional de reglamentación revisará en cualquier momento las obligaciones impuestas a la empresa con arreglo al presente artículo si llega a la conclusión de que las condiciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo han dejado de cumplirse y aplicará los artículos 67 a 74, según proceda. Las empresas informarán sin demora indebida a la autoridad nacional de reglamentación de cualquier cambio de circunstancias relacionado con el apartado 1, letras a) y b), del presente artículo.

La autoridad nacional de reglamentación también revisará las obligaciones impuestas a la empresa conforme al presente artículo si, sobre la base de pruebas de las condiciones ofrecidas por la empresa a sus clientes finales, la autoridad llega a la conclusión de que han surgido o es probable que surjan problemas de competencia en detrimento de los usuarios finales que requieren la imposición de una o más obligaciones previstas en los artículos 69, 71, 72 o 74, o la modificación de las obligaciones impuestas de conformidad con el apartado 2 del presente artículo.

La imposición de obligaciones y su revisión de conformidad con el presente artículo se llevarán a cabo de conformidad con los procedimientos contemplados en los artículos 23, 32 y 33.

Las empresas que hayan sido designadas como poseedoras de peso significativo en uno o varios mercados pertinentes, de conformidad con el artículo 67, notificarán de antemano y de forma oportuna a la autoridad nacional de reglamentación cuando tengan previsto clausurar o sustituir por una infraestructura nueva partes de la red, incluida la infraestructura existente necesaria para explotar una red de cobre, que estén sujetas a las obligaciones contempladas en los artículos 68 a 80.

La autoridad nacional de reglamentación velará por que el proceso de desmantelamiento y cierre o sustitución incluya un calendario y condiciones transparentes, incluido un plazo adecuado de notificación para la transición, y establezca la disponibilidad de productos alternativos de una calidad al menos comparable que faciliten el acceso a una infraestructura de red mejorada que sustituya a los elementos remplazados, si ello fuera necesario para preservar la competencia y los derechos de los usuarios finales.

Con respecto a los bienes cuya clausura o sustitución se propone, la autoridad nacional de reglamentación podrá retirar las obligaciones tras haberse asegurado de que el proveedor de acceso:

Esta retirada se ejecutará de conformidad con los procedimientos contemplados en los artículos 23, 32 y 33.

El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la disponibilidad de productos regulados impuesta por la autoridad nacional de reglamentación en la infraestructura de red mejorada, de conformidad con los procedimientos establecidos en los artículos 67 y 68.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación impongan obligaciones regulatorias apropiadas a las empresas que se considere tienen un peso significativo en el mercado en un mercado minorista dado, de conformidad con el artículo 63, cuando:

Las obligaciones impuestas con arreglo al apartado 1 del presente artículo se basarán en la naturaleza del problema detectado y serán proporcionadas y estarán justificadas habida cuenta de los objetivos establecidos en el artículo 3. Las obligaciones impuestas podrán prescribir que las empresas consideradas no apliquen precios excesivos, obstaculicen la entrada de otras empresas en el mercado, falseen la competencia mediante el establecimiento de precios abusivos, favorezcan de manera excesiva a usuarios finales específicos, o agrupen sus servicios de manera injustificada. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán aplicar a tales empresas medidas apropiadas de limitación de los precios al público, de control de tarifas individuales o de orientación de las tarifas hacia costes o precios de mercados comparables, al objeto de proteger los intereses de los usuarios finales, fomentando al mismo tiempo una competencia real.

En los casos en que una empresa vea sometidas a control sus tarifas al público u otros elementos pertinentes, las autoridades nacionales de reglamentación garantizarán la aplicación de los sistemas necesarios y apropiados de contabilidad de costes. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán especificar el formato y la metodología contable que deberá emplearse. Un organismo independiente cualificado verificará la observancia del sistema de contabilidad de costes. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se publique anualmente una declaración de conformidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 85 y 88, las autoridades nacionales de reglamentación se abstendrán de aplicar mecanismos de control minorista con arreglo al apartado 1 del presente artículo a los mercados geográficos o minoristas en los que consideren que existe una competencia efectiva.

Los Estados miembros velarán por que todos los consumidores en su territorio tengan acceso, a un precio asequible, habida cuenta de las condiciones nacionales específicas, a un servicio de acceso adecuado y disponible a una internet de banda ancha y a servicios de comunicaciones vocales con la calidad especificada en su territorio, incluida la conexión subyacente en una ubicación fija.

Además, los Estados miembros también podrán velar por que los servicios mencionados en el apartado 1 que no se presten en una ubicación fija resulten asequibles, cuando lo consideren necesario para garantizar la plena participación social y económica de los consumidores en la sociedad.

Cada Estado miembro, a la luz de las condiciones nacionales y del ancho de banda mínimo del que disfruta la mayoría de los consumidores en su territorio, y teniendo en cuenta el informe sobre buenas prácticas del ORECE, definirá el servicio de acceso a una internet de banda ancha a los efectos del apartado 1 con vistas a garantizar el ancho de banda necesario para la participación social y económica en la sociedad. El servicio de acceso adecuado a una internet de banda ancha será capaz de suministrar el ancho de banda necesario para soportar al menos el conjunto mínimo de servicios que figura en el anexo V.

A más tardar el 21 de junio de 2020, el ORECE, con el fin de contribuir a la aplicación uniforme del presente artículo y previa consulta a las partes interesadas y en estrecha cooperación con la Comisión, y teniendo en cuenta los datos disponibles de la Comisión (datos de Eurostat), elaborará un informe sobre las buenas prácticas de los Estados miembros con la finalidad de definir el servicio de acceso adecuado a una internet de banda ancha con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero. Dicho informe se actualizará periódicamente para reflejar los avances tecnológicos y los cambios en las pautas de uso de los consumidores.

Cuando un consumidor lo solicite, la conexión contemplada en el apartado 1 y, si procede, en el apartado 2, podrá limitarse al soporte de los servicios de las comunicaciones vocales.

Los Estados miembros podrán ampliar el ámbito de aplicación del presente artículo a los usuarios finales que sean microempresas y pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

Las autoridades nacionales de reglamentación en coordinación con otras autoridades competentes supervisarán la evolución y el nivel de los precios al por menor de los servicios a los que se refiere el artículo 84, apartado 1, disponibles en el mercado, en particular en relación con los precios nacionales y la renta del consumidor nacional.

Cuando los Estados miembros determinen que, teniendo en cuenta las condiciones nacionales, los precios al por menor de los servicios a los que se refiere el artículo 84, apartado 1, no son asequibles porque impiden a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales acceder a tales servicios, adoptarán medidas para garantizar que se ofrezca a tales consumidores un servicio de acceso adecuado a una internet de banda ancha y a los servicios de comunicaciones vocales al menos en una ubicación fija.

Con este fin, los Estados miembros podrán garantizar que se ofrezcan ayudas a estos consumidores con fines de comunicación o exigir a los proveedores que suministren tales servicios de manera que ofrezcan a esos consumidores opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial, o ambas cosas. A tal fin, los Estados miembros podrán exigir a dichos proveedores que apliquen tarifas comunes, incluida la equiparación geográfica, en la totalidad del territorio nacional.

En circunstancias excepcionales, en particular cuando la imposición de obligaciones en virtud del párrafo segundo del presente apartado a todos los proveedores dé lugar a una carga administrativa o financiera excesiva demostrable para los proveedores o para el Estado miembro, un Estado miembro podrá decidir, con carácter excepcional, imponer la obligación de ofrecer estas opciones o paquetes de tarifas solo a empresas designadas. El artículo 86 se aplicará mutatis mutandis a dichas designaciones. Cuando un Estado miembro designe empresas se asegurará de que todos los consumidores de renta baja o con necesidades sociales especiales disfruten de una variedad de empresas que ofrecen opciones de tarifas adecuadas a sus necesidades, a menos que ello resulte imposible o cree una carga organizativa o financiera adicional excesiva.

Los Estados miembros velarán por que los consumidores que puedan beneficiarse de dichas opciones o paquetes de tarifas tengan el derecho de celebrar un contrato bien con un proveedor de los servicios definidos en el artículo 84, apartado 1, bien con una empresa designada conforme al presente apartado y que su número siga disponible durante un período adecuado y se evite la desconexión injustificada del servicio.

Los Estados miembros velarán por que las empresas que, de conformidad con el apartado 2, ofrezcan opciones o paquetes de tarifas a consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales mantengan informadas a las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes de los detalles de dichas ofertas. Las autoridades nacionales de reglamentación, en coordinación con otras autoridades competentes, velarán por que las condiciones en las que las empresas ofrezcan opciones o paquetes de tarifas con arreglo al apartado 2 sean plenamente transparentes y se publiquen y apliquen de conformidad con el principio de no discriminación. Las autoridades nacionales de reglamentación, en coordinación con otras autoridades competentes, podrán exigir la modificación o supresión de esas opciones o paquetes de tarifas.

Los Estados miembros velarán, teniendo en cuenta las condiciones nacionales, por que se preste ayuda a los consumidores con discapacidades y por que se adopten otras medidas específicas, cuando corresponda, con vistas a garantizar que los equipos terminales conexos y los equipos y servicios específicos que favorecen un acceso equivalente, incluidos, en su caso, los servicios de conversión a texto y los servicios de conversación total en modo texto estén disponibles y sean asequibles.

Cuando apliquen el presente artículo, los Estados miembros tratarán de reducir al mínimo las distorsiones del mercado.

Los Estados miembros podrán ampliar el ámbito de aplicación del presente artículo los usuarios finales que sean microempresas y pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

Cuando un Estado miembro haya constatado, teniendo en cuenta los resultados, en su caso, del estudio geográfico realizado de conformidad con el artículo 22, apartado 1, y teniendo en cuenta, en caso necesario, otras pruebas adicionales, que la disponibilidad en una ubicación fija del servicio de acceso adecuado a una internet de banda ancha según se define de conformidad con el artículo 84, apartado 3, y del servicio de comunicaciones vocales no puede garantizarse en circunstancias normales de explotación comercial o mediante otras herramientas potenciales de los poderes públicos en su territorio nacional o en diferentes partes del mismo, dicho Estado miembro podrá imponer obligaciones de servicio universal adecuadas para satisfacer todas las solicitudes razonables de acceso de los usuarios finales a tales servicios en las partes afectadas de su territorio.

Los Estados miembros determinarán el enfoque más eficaz y adecuado para garantizar la disponibilidad en una ubicación fija de un servicio de acceso adecuado a internet de banda ancha, según se define de conformidad con el artículo 84, apartado 3, y del servicio de comunicaciones vocales, respetando al mismo tiempo los principios de objetividad, transparencia, no discriminación y proporcionalidad. Los Estados miembros tratarán de reducir al mínimo las distorsiones del mercado, en particular cuando la prestación de servicios se realice a precios o en condiciones divergentes de las prácticas comerciales normales, salvaguardando al mismo tiempo el interés público.

En particular, cuando los Estados miembros decidan imponer obligaciones para garantizar a los usuarios finales la disponibilidad en una ubicación fija de un servicio de acceso adecuado a internet de banda ancha, según se define de conformidad con el artículo 84, apartado 3, y del servicio de comunicaciones vocales, podrán designar una o varias empresas para garantizar dicha disponibilidad en todo el territorio nacional. Los Estados miembros podrán designar empresas o grupos de empresas diferentes para la prestación de un servicio de acceso adecuado a internet de banda ancha y de servicios de comunicaciones vocales en una ubicación fija o la cobertura de distintas partes del territorio nacional.

Cuando los Estados miembros designen empresas en la totalidad o en parte de su territorio nacional que tienen la obligación de garantizar la disponibilidad de servicios de conformidad con el apartado 3 del presente artículo, lo harán aplicando un mecanismo de designación eficaz, objetivo, transparente y no discriminatorio en virtud del cual no pueda excluirse a priori la designación de ninguna empresa. Estos métodos de designación garantizarán que la prestación de un servicio de acceso adecuado a una internet de banda ancha y de comunicaciones vocales en una ubicación fija se haga de manera rentable y podrán utilizarse como medio para determinar el coste neto derivado de la obligación de servicio universal de conformidad con el artículo 89.

Cuando una empresa designada de conformidad con el apartado 3 del presente artículo se proponga entregar una parte sustancial o la totalidad de sus activos de red de acceso local a una persona jurídica separada de distinta propiedad, informará con la debida antelación y de manera oportuna a la autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente, a fin de que dicha autoridad pueda evaluar las repercusiones de la operación prevista en el suministro en una ubicación fija de un servicio de acceso adecuado a una internet de banda ancha, según se define de conformidad con el artículo 84, apartado 3, y del servicio de comunicaciones vocales. La autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente podrá imponer, modificar o suprimir obligaciones específicas de conformidad con el artículo 13, apartado 2.

Los Estados miembros velarán por que, al proporcionar facilidades y servicios adicionales a los mencionados en el artículo 84, los proveedores de un servicio de acceso adecuado a internet de banda ancha y de servicios de comunicaciones vocales de conformidad con los artículos 84 a 87 establezcan las condiciones de modo que los usuarios finales no se vean obligados al pago de facilidades o servicios que no sean necesarios o que resulten superfluos para el servicio solicitado.

Los Estados miembros velarán por que los proveedores de un servicio de acceso adecuado a internet de banda ancha y de los servicios de comunicaciones vocales previstos en el artículo 84 que presten servicios en virtud del artículo 85 ofrezcan las facilidades y los servicios específicos enumerados en el anexo VI, parte A, según proceda, a fin de permitir a los consumidores el seguimiento y control de sus propios gastos. Los Estados miembros velarán por que dichos proveedores implanten un sistema para evitar la desconexión injustificada del servicio de comunicaciones vocales o de un servicio de acceso adecuado a internet de banda ancha de los consumidores a los que hace referencia el artículo 85, incluido un mecanismo adecuado para verificar el interés por seguir utilizando el servicio.

Los Estados miembros podrán ampliar el ámbito de aplicación del presente apartado los usuarios finales que sean microempresas y pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

Cada Estado miembro velará por que la autoridad competente pueda no aplicar las obligaciones mencionadas en el apartado 2 en la totalidad o en una parte de su territorio nacional cuando ésta tenga la certeza de que esos servicios están ampliamente disponibles.

Cuando las autoridades nacionales de reglamentación consideren que la prestación de un servicio de acceso adecuado a internet de banda ancha, según se define de conformidad con el artículo 84, apartado 3, y del servicio de comunicaciones vocales, según lo establecido en los artículos 84, 85 y 86, o la continuación del servicio universal existente, según lo establecido en el artículo 87, pueda constituir una carga injusta para los proveedores de dichos servicios, que solicitan una compensación, las autoridades nacionales de reglamentación calcularán el coste neto de esa prestación.

A tal efecto, las autoridades nacionales de reglamentación:

Las cuentas y demás información en que se base el cálculo del coste neto derivado de las obligaciones de servicio universal a que se refiere el apartado 1, párrafo segundo, letra a), serán objeto de auditoría o verificación por la autoridad nacional de reglamentación o por un organismo independiente de las partes interesadas y aprobado por la autoridad nacional de reglamentación. Los resultados del cálculo de costes y las conclusiones de la auditoria se pondrán a disposición del público.

Cuando, sobre la base del cálculo de costes netos indicado en el artículo 89, las autoridades nacionales de reglamentación consideren que un proveedor está sometido a una carga injusta, los Estados miembros, a petición del proveedor de que se trate, decidirán:

Cuando el coste neto se comparta de conformidad con el apartado 1, letra b), del presente artículo, los Estados miembros establecerán un mecanismo de reparto gestionado por la autoridad nacional de reglamentación o por un órgano independiente de los beneficiarios, bajo la supervisión de la autoridad nacional de reglamentación. Solo podrá financiarse el coste neto correspondiente a las obligaciones establecidas en los artículos 84 a 87, calculado de conformidad con el artículo 89.

El mecanismo de reparto deberá respetar los principios de transparencia, distorsión mínima del mercado, no discriminación y proporcionalidad, de conformidad con los principios enunciados en la parte B del anexo VII. Los Estados miembros podrán optar por no exigir contribución alguna a las empresas cuyo volumen de negocios a escala nacional se sitúe por debajo de un umbral preestablecido.

Las cuotas correspondientes al reparto de los costes de las obligaciones de servicio universal deberán desglosarse y determinarse por separado para cada empresa. Dichas cuotas no podrán imponerse ni cobrarse a empresas que no presten servicios en el territorio del Estado miembro que haya establecido el mecanismo de reparto.

Cuando el coste neto de las obligaciones de servicio universal deba calcularse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los principios aplicados al cálculo del coste neto, incluidos los datos referentes a la metodología que deba aplicarse se pongan a disposición del público.

Cuando se establezca uno de los mecanismos para compartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal contemplados en el artículo 90, apartado 2, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los principios aplicados al reparto de los costes y la compensación del coste neto se pongan a disposición del público.

Con sujeción a las normas de la Unión y nacionales en materia de secreto comercial, las autoridades nacionales de reglamentación publicarán un informe anual en el que se faciliten los detalles del coste calculado de las obligaciones de servicio universal, especificando las contribuciones de todas las empresas implicadas, incluidos los beneficios que puedan haber revertido en el mercado a la empresa o empresas con arreglo a las obligaciones de servicio universal establecidas en los artículos 84 a 87.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes controlen la concesión de derechos de uso de todos los recursos de numeración nacionales y la gestión de los planes nacionales de numeración y por que dichas autoridades proporcionen recursos de numeración adecuados para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público. Los Estados miembros garantizarán que se establecen procedimientos de concesión de derechos de uso de los recursos de numeración nacionales que sean objetivos, transparentes y no discriminatorios.

Las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes podrán también conceder derechos de uso de recursos de numeración de los planes nacionales de numeración para la prestación de servicios específicos a empresas distintas de las proveedoras de redes o de servicios de comunicaciones electrónicas, siempre que se pongan a su disposición recursos de numeración adecuados para satisfacer la demanda actual y la demanda futura previsible. Dichas empresas deberán demostrar su capacidad para gestionar los recursos de numeración y cumplir con cualquier requisito pertinente que se establezca de conformidad con el artículo 94. Las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes podrán no mantener la concesión de los derechos de uso de recursos de numeración a dichas empresas si se demuestra que existe un riesgo de agotamiento de los recursos de numeración.

Con el fin de contribuir a una aplicación coherente del presente apartado, a más tardar el 21 de junio de 2020 el ORECE adoptará, tras consultar a las partes interesadas y en estrecha cooperación con la Comisión, unas directrices relativas a los criterios comunes para la evaluación de la capacidad para gestionar los recursos de numeración y el riesgo de agotamiento de los recursos de numeración.

Las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes velarán por que los planes y procedimientos nacionales de numeración se apliquen de forma que exista igualdad de trato entre todos los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público y las empresas admisibles de conformidad con el apartado 2. En particular, los Estados miembros garantizarán que las empresas a las que se haya concedido el derecho de uso de recursos de numeración no discriminen a otros proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas en lo que se refiere a los recursos de numeración utilizados para dar acceso a sus servicios.

Cada Estado miembro velará por que las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes ofrezcan una serie de números no geográficos que puedan ser utilizados para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales, en todo el territorio de la Unión, sin perjuicio de lo estipulado en el Reglamento (UE) n.o 531/2012 y en el artículo 97, apartado 2, de la presente Directiva. Cuando los derechos de uso de los recursos de numeración hayan sido concedidos con arreglo al apartado 2 del presente artículo a empresas distintas de las proveedoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, el presente apartado se aplicará a los servicios específicos para cuya prestación se hayan concedido los derechos de uso.

Las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes velarán por que las condiciones, enumeradas en la parte E del anexo I, que pueden ir asociadas al derecho de uso de los recursos de numeración utilizados para la prestación de servicios fuera del Estado miembro del código de país, y su observancia, sean tan rigurosas como las condiciones y observancia aplicables a los servicios prestados en el interior del Estado miembro del código de país, con arreglo a la presente Directiva. Las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes velarán asimismo, de conformidad con el artículo 94, apartado 6, por que los proveedores que utilizan recursos de numeración de su código de país en otros Estados miembros cumplan la legislación de protección del consumidor y otras normas nacionales relativas al uso de recursos de numeración aplicables en los Estados miembros donde se utilizan los recursos de numeración. Esta obligación se entiende sin perjuicio de las facultades de ejecución de las autoridades competentes de esos Estados miembros.

El ORECE ayudará a las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes que lo soliciten previamente a la hora de coordinar sus actividades para garantizar una gestión eficaz de los recursos de numeración con derecho de uso extraterritorial dentro de la Unión.

Para que las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes puedan supervisar más fácilmente el cumplimiento de los requisitos del presente apartado, el ORECE creará una base de datos de los recursos de numeración con derecho de uso extraterritorial dentro de la Unión. Para ello, las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes transmitirán la información pertinente al ORECE. En los casos en los que las autoridades nacionales de reglamentación no concedan los recursos de numeración con derecho de uso extraterritorial dentro de la Unión, la autoridad competente responsable de su concesión o gestión consultará a la autoridad nacional de reglamentación.

Los Estados miembros velarán por que el número «00» constituya el código común de acceso a la red telefónica internacional. Será posible adoptar o mantener mecanismos específicos para el uso de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración entre lugares adyacentes situados a ambos lados de las fronteras entre Estados miembros.

Los Estados miembros podrán acordar compartir un plan de numeración común para todas las categorías de números o para algunas categorías específicas.

Los usuarios finales afectados por tales mecanismos o acuerdos deberán recibir una información completa.

Sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 106, y siempre que sea técnicamente viable, los Estados miembros fomentarán la provisión inalámbrica para facilitar el cambio de proveedores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas por parte de los usuarios finales, en particular los proveedores y usuarios finales de servicios de máquina a máquina.

Los Estados miembros velarán por que sean publicados los planes nacionales de numeración y todas las adiciones o modificaciones de que sean objeto posteriormente, con supeditación únicamente a las restricciones impuestas por razones de seguridad nacional.

Los Estados miembros apoyarán la armonización de determinados números o series de números concretos dentro de la Unión cuando ello promueva al mismo tiempo el funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de servicios paneuropeos. Cuando sea necesario para hacer frente a la demanda de recursos de numeración transfronteriza o paneuropea no atendida, la Comisión adoptará actos de ejecución, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del ORECE, para la armonización de números o series de números específicos.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 118, apartado 4.

Cuando resulte necesario conceder derechos individuales de uso de recursos de numeración, las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes concederán tales derechos, previa solicitud, a cualquier empresa para la prestación de redes o servicios de comunicaciones electrónicas cubiertos por una autorización general contemplada por el artículo 12, con sujeción al artículo 13 y al artículo 21, apartado 1, letra c), y a las demás normas que garanticen el uso eficiente de estos recursos de numeración de conformidad con la presente Directiva.

Los derechos de uso de recursos de numeración se concederán mediante procedimientos abiertos, objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.

Cuando concedan derechos de uso de recursos de numeración, las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes especificarán si el titular de los derechos puede cederlos, y en qué condiciones.

Cuando las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes concedan derechos de uso de recursos de numeración por un plazo limitado, su duración será adecuada al servicio de que se trate en relación con el objetivo perseguido, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de autorizar un período apropiado de amortización de las inversiones.

Las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes adoptarán las decisiones relativas a la concesión de derechos de uso de recursos de numeración lo antes posible tras la recepción de la solicitud completa y en el plazo de tres semanas en el caso de los recursos de numeración que se hayan otorgado por motivos específicos en el plan nacional de numeración. Tales decisiones se harán públicas.

Cuando, tras consultar con las partes interesadas de conformidad con el artículo 23, las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes hayan decidido que los derechos de uso de recursos de numeración de excepcional valor económico deban concederse mediante procedimientos de selección competitiva o comparativa, dichas autoridades podrán ampliar hasta otras tres semanas el plazo de tres semanas a que se refiere el apartado 3 del presente artículo.

Las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes no limitarán el número de derechos individuales de uso que deban otorgarse salvo cuando resulte necesario para garantizar un uso eficiente de los recursos de numeración.

Cuando los derechos de uso de recursos de numeración incluyan su utilización extraterritorial dentro de la Unión, de conformidad con el artículo 93, apartado 4, las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes adjuntarán al derecho de uso condiciones específicas a fin de garantizar el cumplimiento de todas las normas nacionales pertinentes de protección de los consumidores y disposiciones legales nacionales relativas a la utilización de recursos de numeración aplicables en los Estados miembros donde se utilizan los recursos de numeración.

A petición de una autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente de un Estado miembro donde se utilicen los recursos de numeración que demuestre una violación de las normas pertinentes en materia de protección de los consumidores o de la legislación nacional relativa al uso de los recursos de numeración de dicho Estado miembro, la autoridad nacional de reglamentación u otras autoridades competentes del Estado miembro donde hayan sido concedidos los derechos de uso de los recursos de numeración hará cumplir las condiciones impuestas en virtud del párrafo primero del presente apartado de conformidad con el artículo 30, incluido, en casos graves, mediante la retirada del derecho de uso extraterritorial de los recursos de numeración concedido a la empresa de que se trate.

El ORECE facilitará y coordinará el intercambio de información entre las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros implicados y garantizará la adecuada coordinación del trabajo entre ellos.

El presente artículo también será de aplicación cuando las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes otorguen derechos de uso de recursos de numeración a empresas distintas de las proveedoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas de conformidad con el artículo 93, apartado 2.

Los Estados miembros garantizarán que los usuarios finales tengan acceso de forma gratuita a un servicio que operará una línea directa para dar parte de la desaparición de niños. La línea directa estará disponible en el número «116000».

Los Estados miembros velarán por que los usuarios finales con discapacidad puedan tener acceso a los servicios prestados en el número «116000» en la mayor medida posible. Las medidas adoptadas para facilitar que los usuarios finales con discapacidad puedan tener acceso a tales servicios en sus desplazamientos a otros Estados miembros se basarán en el cumplimiento de las normas o las especificaciones pertinentes establecidas de conformidad con el artículo 39.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la autoridad o la empresa a la que se ha asignado el número «116000» destina los recursos necesarios para el funcionamiento de la línea directa.

Los Estados miembros y la Comisión velarán por que los usuarios finales sean debidamente informados de la existencia y la utilización de los servicios prestados en el número «116000» y, cuando proceda, «116111».

Los Estados miembros velarán, cuando sea económicamente posible, excepto si el usuario final llamado hubiera decidido por motivos comerciales limitar el acceso de quienes efectúan llamadas desde determinadas zonas geográficas, por que las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes tomen todas las medidas necesarias para que los usuarios finales puedan:

Los Estados miembros garantizarán que las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes puedan exigir a los proveedores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de servicios de comunicación electrónica disponibles al público que bloqueen, previo examen específico de cada caso, el acceso a números o servicios cuando ello se justifique por motivos de fraude o uso indebido, y que en tales casos los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas retengan los correspondientes ingresos por interconexión u otros servicios.

Las medidas nacionales relativas al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas respetarán la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y los principios generales del Derecho de la Unión.

Cualquier medida relativa al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas, que sea susceptible de limitar el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Carta solo podrá imponerse si está prevista por ley y respeta tales derechos o libertades, es proporcionada, necesaria, y responde efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por el Derecho de la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás en línea con el artículo 52, apartado 1, de la Carta y con los principios generales del Derecho de la Unión, que incluyen el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo. Por lo tanto, dichas medidas solo podrán ser adoptadas respetando debidamente el principio de presunción de inocencia y el derecho a la intimidad. Se garantizará un procedimiento previo, justo e imparcial, que incluirá el derecho de los interesados a ser oídos, sin perjuicio de que concurran las condiciones y los arreglos procesales adecuados en los casos de urgencia debidamente justificados, de conformidad con la Carta.

Los Estados miembros no mantendrán ni incluirán en su Derecho nacional disposiciones en materia de protección del usuario final que difieran de los artículos 102 a 115, como por ejemplo disposiciones más o menos estrictas para garantizar un nivel de protección diferente, salvo disposición en contrario prevista en el presente título.

Hasta el 21 de diciembre de 2021, los Estados miembros podrán seguir aplicando disposiciones nacionales más estrictas de protección del consumidor que difieran de las establecidas en los artículos 102 a 115, siempre que dichas disposiciones ya estuvieran en vigor el 20 de diciembre de 2018 y que toda restricción al funcionamiento del mercado interior que resulte de ellas sea proporcionada en relación con el objetivo de la protección del consumidor.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión a más tardar el 21 de diciembre de 2019 cualquier disposición nacional que se aplique con base en el presente apartado.

Antes de que un consumidor quede vinculado por un contrato o cualquier oferta correspondiente, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los servicios de transmisión utilizados para la prestación de servicios máquina a máquina facilitarán la información indicada en los artículos 5 y 6 de la Directiva 2011/83/UE, y además la información que figura en el anexo VIII de la presente Directiva en la medida en que dicha información esté relacionada con un servicio que ofrezcan.

El proveedor facilitará dicha información de manera clara y comprensible en un soporte duradero, tal y como se define en el artículo 2, punto 10, de la Directiva 2011/83/UE, o, en casos en los que un soporte duradero no sea viable, en un documento que se pueda descargar fácilmente. El proveedor llamará expresamente la atención del consumidor acerca de la disponibilidad de dicho documento y acerca de la importancia de su descarga con fines de documentación, referencia futura y reproducción sin cambios.

Esta información se proporcionará, previa petición, en un formato accesible para usuarios finales con discapacidad de conformidad con el Derecho de la Unión por el que se armonizan los requisitos para productos y servicios.

La información mencionada en los apartados 1, 3 y 5 se suministrará también a los usuarios finales que sean microempresas, pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, a menos que hayan acordado expresamente renunciar a la totalidad o parte de dichas disposiciones.

Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los servicios de transmisión utilizados para la prestación de servicios máquina a máquina proporcionarán a los consumidores un resumen del contrato conciso y de fácil lectura. Dicho resumen identificará los elementos principales de los requisitos en materia de información de conformidad con el apartado 1. Tales elementos principales deberán incluir al menos:

A más tardar el 21 de diciembre de 2019, la Comisión, previa consulta al ORECE, adoptará actos de ejecución que especifique el modelo resumido de contrato que deberán utilizar los proveedores para cumplir las obligaciones establecidas en este apartado.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 118, apartado 4.

Los proveedores sujetos a las obligaciones contempladas en el apartado 1 deberán cumplimentar debidamente dicho modelo de contrato resumido con la información exigida y facilitar el contrato resumido de forma gratuita a los consumidores, antes de la celebración del contrato, incluso cuando se trate de contratos a distancia. Cuando por razones técnicas objetivas sea imposible facilitar el contrato resumido en el momento, se facilitará posteriormente sin demora indebida y el contrato será efectivo cuando el consumidor haya dado su consentimiento tras haber recibido el contrato resumido.

La información a que se refieren los apartados 1 y 3 formará parte integrante del contrato y no se alterará a menos que las partes contratantes dispongan expresamente lo contrario.

Cuando los servicios de acceso a internet o los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público se facturen en función del consumo de tiempo o de volumen, los proveedores ofrecerán a los consumidores medios para vigilar y controlar el uso de cada uno de estos servicios. Estos medios incluirán el acceso a información oportuna sobre el nivel de consumo de los servicios incluidos en un plan de tarifas. En concreto, los proveedores notificarán a los consumidores antes de alcanzar el límite de consumo, definido por las autoridades competentes, en coordinación, en su caso, con las autoridades nacionales de reglamentación, e incluido en su plan de tarifas y cuando se haya consumido completamente un servicio incluido en su plan de tarifas.

Los Estados miembros podrán mantener o introducir en sus legislaciones nacionales disposiciones para exigir a los proveedores de servicios facilitar más información sobre el nivel de consumo e impedir temporalmente la utilización del servicio correspondiente que supere un límite financiero o de volumen establecido por la autoridad competente.

Los Estados miembros tendrán la facultad de mantener o introducir en su Derecho nacional disposiciones relacionadas con aspectos no regulados en el presente artículo, en particular con el fin de afrontar nuevos problemas.

Las autoridades competentes, en coordinación, cuando proceda, con las autoridades nacionales de reglamentación garantizarán que, cuando los proveedores de servicios de acceso a internet o servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público proporcionan esos servicios sujetos a condiciones, la información a que se refiere el anexo IX sea publicada de manera clara, comprensible, en formato automatizado y fácilmente accesible para los usuarios finales con discapacidad de conformidad con el Derecho de la Unión por el que se armonizan los requisitos de accesibilidad para productos y servicios, por todos los proveedores o por la propia autoridad competente en coordinación, cuando proceda, con la autoridad nacional de reglamentación. Dicha información se mantendrá regularmente actualizada. Las autoridades competentes en coordinación, en su caso, con las autoridades nacionales de reglamentación, podrán especificar requisitos adicionales en relación con la forma en que habrá de publicarse dicha información. Dicha información se facilitará, previa petición, a la autoridad competente y, cuando proceda, a la autoridad nacional de reglamentación antes de su publicación.

Las autoridades en coordinación, en su caso, con las autoridades nacionales de reglamentación garantizarán que los usuarios finales tengan acceso gratuito, al menos, a una herramienta de comparación independiente que les permita comparar y evaluar a los distintos servicios de acceso a internet y a los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración disponibles al público y, cuando proceda, a los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público independientes de la numeración, en lo que respecta a:

La herramienta de comparación a la que hace referencia el apartado 2:

Las herramientas de comparación que cumplan los requisitos establecidos en las letras a) a h) deberán, previa solicitud del proveedor de la herramienta, ser certificadas por las autoridades competentes en coordinación, en su caso, con las autoridades nacionales de reglamentación.

La información publicada por los proveedores de servicios de acceso a internet o de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público podrá ser utilizada gratuitamente por terceros en formatos de datos abiertos, con el fin de hacer disponibles dichas herramientas de comparación independientes.

Los Estados miembros podrán exigir que las empresas que ofrezcan servicios de acceso a internet o servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración, o ambos, difundan de forma gratuita información de interés público a los antiguos y nuevos usuarios finales, cuando proceda, por las mismas vías que las utilizadas normalmente en sus comunicaciones con los usuarios finales. En este caso, las autoridades públicas competentes facilitarán dicha información de interés público en un formato normalizado. La información cubrirá, entre otros, los siguientes aspectos:

Las autoridades nacionales de reglamentación, en coordinación con otras autoridades competentes podrán exigir a los proveedores de servicios de acceso a internet y de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público la publicación de información completa, comparable, fiable, de fácil consulta y actualizada sobre la calidad de sus servicios, destinada a los usuarios finales, en la medida en que controlan al menos algunos elementos de la red, ya sea directamente o en virtud de un acuerdo de nivel de servicio en este sentido, y sobre las medidas adoptadas para garantizar un acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad. Las autoridades nacionales de reglamentación, en coordinación con otras autoridades competentes, también podrán exigir a los proveedores de servicios de comunicación interpersonal disponibles al público que informen a los consumidores, en caso de que la calidad de los servicios que suministran dependa de cualesquiera factores externos, como el control de la transmisión de la señal o la conectividad de red.

Dicha información se facilitará, previa petición, a la autoridad competente y, en su caso, a otras autoridades competentes antes de su publicación.

Las medidas para garantizar la calidad del servicio serán conformes al Reglamento (UE) 2015/2120.

Las autoridades nacionales de reglamentación, en coordinación con otras autoridades competentes, deberán especificar, teniendo en cuenta al máximo las directrices del ORECE los parámetros de calidad de servicio que habrán de cuantificarse y los métodos de medición aplicables, así como el contenido y formato de la información que deberá hacerse pública, incluidos posibles mecanismos de certificación de la calidad. Deberán utilizarse, si procede, los parámetros, definiciones y métodos de medición que figuran en el anexo X.

A más tardar el 21 de junio de 2020, para contribuir a una aplicación coherente del presente apartado y del anexo X, el ORECE adoptará, tras consultar a las partes interesadas y en estrecha cooperación con la Comisión, directrices que indiquen los parámetros de calidad del servicio pertinentes, incluidos los relevantes para los usuarios finales con discapacidad, los métodos de medición aplicables, el contenido y el formato de publicación de la información y los mecanismos de certificación de la calidad.

Los Estados miembros velarán por que las condiciones y los procedimientos para la resolución del contrato no constituyan un factor disuasorio para cambiar de proveedor de servicios, y por que los contratos celebrados entre consumidores y proveedores de servicios de comunicación electrónica disponibles al público distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración y distintos de los servicios de transmisión utilizados para la prestación de servicios máquina a máquina no tengan un período de vigencia superior a veinticuatro meses. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener disposiciones que establezcan períodos de vigencia contractual máximos más cortos.

El presente apartado no se aplicará a la duración de un contrato a plazos cuando el consumidor haya acordado en un contrato aparte efectuar pagos a plazos exclusivamente para el despliegue de una conexión física, en particular a redes de muy alta capacidad. Un contrato a plazos para el despliegue de una conexión física no incluirá terminales, como encaminadores o módems, y no impedirá a los consumidores ejercer sus derechos en virtud del presente artículo.

El apartado 1 también se aplicará a los usuarios finales que sean microempresas, pequeñas empresas u organizaciones sin ánimo de lucro, a menos que estas hayan acordado explícitamente renunciar a dichas disposiciones.

Cuando un contrato o el Derecho nacional prevea la prórroga automática de un contrato de duración determinada de servicios de comunicación electrónica distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración y distintos de los servicios de transmisión utilizados para la prestación de servicios máquina a máquina, el Estado miembro velará por que, tras dicha prolongación automática, los usuarios finales tengan el derecho de rescindir el contrato en cualquier momento con un preaviso máximo de un mes, tal como hayan determinado los Estados miembros, y sin contraer ningún coste excepto el de la recepción del servicio durante el período de preaviso. Antes de que el contrato se prorrogue automáticamente, los proveedores informarán a los usuarios finales de manera notoria y oportuna y en un soporte duradero de la finalización de los compromisos contractuales y los medios de rescindir el contrato. Además, y de manera simultánea, el proveedor proporcionará a los usuarios finales información sobre las mejores tarifas de sus servicios. Los proveedores facilitarán a los usuarios finales información sobre las mejores tarifas al menos una vez al año.

Los usuarios finales tendrán el derecho de rescindir sus contratos sin contraer ningún coste adicional cuando el proveedor de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración les anuncie que propone introducir cambios en las condiciones contractuales, a menos que los cambios propuestos sean exclusivamente en beneficio del usuario final o sean de una naturaleza estrictamente administrativa y no tengan efectos negativos sobre los usuarios finales o vengan impuestos por el Derecho de la Unión o nacional.

Los proveedores notificarán a los usuarios finales, al menos con un mes de antelación, cualquier cambio de las condiciones contractuales, y les informarán al mismo tiempo de su derecho a rescindir su contrato sin contraer ningún coste adicional si no aceptan las nuevas condiciones. El derecho de rescindir el contrato podrá ejercerse en el plazo de un mes a partir de la notificación, plazo que los Estados miembros podrán prorrogar por un período adicional de hasta tres meses. Los Estados miembros velarán por que la notificación se efectúe de forma clara y comprensible, en un soporte duradero.

Cualquier discrepancia significativa, ya sea continuada o frecuentemente recurrente, entre el rendimiento real de un servicio de comunicaciones electrónicas, distinto del servicio de acceso a internet y distinto de un servicio de comunicaciones interpersonales independiente de la numeración, y el rendimiento indicado en el contrato se considerará un motivo para abrir las vías de recurso disponibles para los consumidores de acuerdo con el Derecho nacional, incluyendo el derecho a rescindir el contrato sin coste alguno.

Cuando el usuario final tenga derecho a rescindir un contrato de servicio de comunicaciones electrónicas disponibles al público distinto de un servicio de comunicaciones interpersonales independiente de la numeración antes de que finalice el período fijado en el contrato de conformidad con la presente Directiva, o con otras disposiciones del Derecho nacional o de la Unión, el usuario final no deberá abonar ninguna compensación excepto por el equipo terminal subvencionado que conserve.

Cuando el usuario final decida conservar el equipo terminal incluido en el contrato en el momento de su finalización, la compensación debida no excederá de su valor prorrateado en el momento de la finalización del contrato o la parte restante de la tasa de servicio hasta el final del contrato, si esa cantidad fuera inferior.

Los Estados miembros podrán prever otros métodos para calcular la tasa de compensación, siempre que la compensación calculada con dichos métodos no exceda la compensación calculada de conformidad con el párrafo segundo.

Cualquier condición sobre el uso de los equipos terminales en otras redes será eliminada, de forma gratuita, por el proveedor en el momento especificado por los Estados miembros y, a más tardar, tras el pago de dicha compensación.

En lo relativo a servicios de transmisión empleados para servicios máquina a máquina, los derechos a que se refieren los apartados 4 y 6 solo deberán beneficiar a los usuarios finales que sean consumidores, microempresas o pequeñas empresas u organizaciones sin ánimo de lucro.

En el caso de cambio de proveedor de servicios de acceso a internet, los proveedores afectados facilitarán a los usuarios finales información adecuada antes y durante el proceso de transferencia y garantizarán la continuidad del servicio de acceso a internet salvo que no sea posible técnicamente. El proveedor receptor velará por que la activación del servicio de acceso a internet se produzca en el menor tiempo posible, en la fecha y en el horario expresamente acordados con el usuario final. El proveedor donante continuará prestando sus servicios de acceso a internet en las mismas condiciones hasta que el nuevo proveedor active a su vez los servicios de acceso a internet. La pérdida de servicio durante el proceso de transferencia no excederá de un día laborable.

Las autoridades nacionales de reglamentación garantizarán la eficiencia y la simplicidad del proceso de cambio del usuario final.

Los Estados miembros velarán por que todos los usuarios finales con números del plan nacional de numeración tengan el derecho de conservar su número o números, cuando así lo soliciten, con independencia de la empresa que preste el servicio, de conformidad con el anexo VI, parte C.

Cuando un usuario final rescinda un contrato con un proveedor, los Estados miembros se asegurarán de que el usuario final pueda conservar el derecho a cambiar el número del plan nacional de numeración a otro proveedor durante, al menos, un mes después de la fecha de rescisión, a menos que el usuario final renuncie a ese derecho.

Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las tarifas entre proveedores para la conservación de los números se establezcan en función de los costes y por que no se apliquen cuotas directas a los usuarios finales.

La conservación del número y su activación subsiguiente se ejecutarán con la mayor brevedad en la fecha o fechas acordadas explícitamente con el usuario final. En cualquier caso, a los usuarios finales que han suscrito un acuerdo para cambiar un número a un nuevo proveedor se les activará dicho número en el plazo de un día hábil desde la fecha acordada con el usuario final. En caso de que el proceso de conservación del número falle, el proveedor donante reactivará el número o el servicio del usuario final hasta que dicho proceso finalice con éxito. El proveedor donante continuará prestando sus servicios en las mismas condiciones hasta que se activen los servicios del proveedor receptor. En cualquier caso, la pérdida de servicio durante el proceso de cambio y conservación no excederá de un día hábil. Los operadores cuyas redes de acceso o recursos sean utilizadas por el proveedor donante o por el receptor, o por ambos, velarán por que no haya pérdida de servicio que pueda retrasar los procesos de cambio o conservación.

El proveedor receptor dirigirá los procesos de cambio y conservación que figuran en los apartados 1 y 5 y tanto el proveedor receptor como el proveedor donante cooperarán de buena fe. No provocarán retrasos ni cometerán abusos relacionados con los procesos de cambio y conservación ni cambiarán números o cambiarán usuarios finales sin su consentimiento explícito. El contrato del usuario final con el proveedor donante se rescindirá de forma automática con la finalización del proceso de cambio.

Las autoridades nacionales de reglamentación podrán prescribir el proceso general de cambio y conservación de números, teniendo en cuenta las disposiciones nacionales en materia de contratos, la viabilidad técnica y la necesidad de mantener la continuidad del servicio al usuario final. Ello incluirá, cuando sea técnicamente viable, un requisito para que la conservación del número se complete mediante el aprovisionamiento inalámbrico de recursos, excepto cuando un usuario final solicite lo contrario. Las autoridades nacionales de reglamentación también adoptarán medidas adecuadas que garanticen que los usuarios finales queden adecuadamente informados y protegidos durante todo el proceso de cambio y conservación, y que no sean cambiados a otro operador contra su voluntad.

Los proveedores donantes reembolsarán a petición del consumidor cualquier crédito pendiente a los consumidores que usen servicios de prepago. El reembolso solo podrá estar sujeto a una tasa si se estipula así en el contrato. Esa tasa será proporcionada y adecuada a los costes reales asumidos por el proveedor donante al ofrecer el reembolso.

Los Estados miembros adoptarán normas sobre sanciones en caso de incumplimiento por parte de un proveedor de las obligaciones previstas en el presente artículo, incluidos los retrasos en la conservación del número o los abusos en materia de conservación por un proveedor o en su nombre.

Los Estados miembros adoptarán las normas sobre la compensación a los usuarios finales de forma sencilla y oportuna por parte de los proveedores en caso de incumplimiento por un proveedor de las obligaciones previstas en el presente artículo, así como en caso de retrasos o abusos en materia de conservación y de cambio de proveedor y en caso de no presentación a una cita de servicio y para la instalación.

Además de la información requerida en el anexo VIII, los Estados miembros velarán por que los usuarios finales sean suficientemente informados de la existencia del derecho de compensación previsto en los apartados 7 y 8.

Si un paquete de servicios o un paquete de servicios y equipos terminales ofrecidos a un consumidor incluye al menos un servicio de acceso a internet o servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración, el artículo 102, apartado 3, el artículo 103, apartado 1, el artículo 105 y el artículo 106, apartado 1, se aplicarán a todos los elementos del paquete, incluso mutatis mutandis a aquellos elementos no cubiertos de otro modo por dichas disposiciones.

Cuando el consumidor tenga derecho a rescindir cualquier elemento del paquete mencionado en el apartado 1 antes del vencimiento del plazo contractual por razones de falta de conformidad con el contrato o por incumplimiento del suministro de conformidad con el Derecho de la Unión o con el Derecho nacional conforme al Derecho de la Unión, los Estados miembros establecerán que el consumidor tiene derecho a rescindir el contrato respecto a todos los elementos del paquete.

Cualquier abono a servicios o equipos terminales adicionales prestados o distribuidos por el mismo proveedor de los servicios de acceso a internet o de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración no prolongará el período original del contrato al que se han añadido dichos servicios o equipos terminales, a menos que el consumidor acepte expresamente lo contrario en el momento de contratar los servicios adicionales y los equipos terminales.

Los apartados 1 y 3 también se aplicarán a los usuarios finales que sean microempresas, pequeñas empresas u organizaciones sin ánimo de lucro, a menos que hayan acordado expresamente renunciar a la totalidad o parte de dichas disposiciones.

Los Estados miembros también podrán aplicar el apartado 1 en lo que se refiere a otras disposiciones del presente título.

Los Estados miembros velarán por que todos los usuarios finales de los servicios mencionados en el apartado 2, incluidos los usuarios de teléfonos públicos de pago, puedan acceder de manera gratuita y sin tener que utilizar ningún medio de pago a los servicios de emergencia a través de comunicaciones de emergencia utilizando el número único europeo de emergencia «112» y cualquier número nacional de emergencia especificado por los Estados miembros.

Los Estados miembros promoverán el acceso a los servicios de emergencia a través del número único europeo de emergencia «112» desde redes de comunicaciones electrónicas que no sean accesibles al público pero que permitan realizar llamadas a redes públicas, en concreto cuando la empresa responsable de dicha red no proporcione un acceso alternativo y sencillo a un servicio de emergencia.

Los Estados miembros, tras consultar a las autoridades nacionales de reglamentación y los servicios de emergencia y los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, velarán por que las empresas que prestan servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración, cuando dichos servicios permitan a los usuarios finales realizar llamadas a un número de un plan de numeración nacional o internacional, proporcionen acceso a los servicios de emergencia a través de comunicaciones de emergencia al PSAP más apropiado.

Los Estados miembros garantizarán que todas las comunicaciones de emergencia al número único europeo de emergencia «112» obtengan la respuesta y el tratamiento que mejor convengan para la estructuración de los dispositivos nacionales de emergencia. Estas comunicaciones de emergencia se responderán y se tratarán de una forma al menos tan diligente y eficaz como las comunicaciones de emergencia al número o números de emergencia nacionales, en caso de que estas sigan utilizándose.

A más tardar el 21 de diciembre de 2020 y posteriormente cada dos años, la Comisión enviará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la eficacia de la implantación del número único europeo de emergencia «112».

Los Estados miembros velarán por que el acceso a los servicios de emergencia para los usuarios finales con discapacidad esté disponible a través de las comunicaciones de emergencia y sea equivalente a aquel del que disfrutan otros usuarios finales, de conformidad con el Derecho de la Unión por el que se armonizan los requisitos de accesibilidad a productos y servicios. La Comisión y las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes, adoptarán las medidas adecuadas para garantizar que, en sus desplazamientos a otro Estado miembro, los usuarios finales con discapacidad puedan acceder a los servicios de emergencia en igualdad de condiciones que el resto de los usuarios finales y, si fuera factible, sin necesidad de registro previo. Estas medidas procurarán garantizar la interoperabilidad entre los Estados miembros y se basarán en la mayor medida posible en las normas o las especificaciones europeas pertinentes establecidas de conformidad con el artículo 39. Dichas medidas no impedirán a los Estados miembros adoptar requisitos adicionales para perseguir los objetivos establecidos en el presente artículo.

Los Estados miembros velarán por que la información relativa a la ubicación de las personas que efectúan llamadas se ponga a disposición del PSAP más indicado inmediatamente tras el establecimiento de la comunicación de emergencia. Dicha información incluye los datos sobre ubicación de la red y, si están disponibles, los datos relativos a la localización del llamante procedentes del dispositivo móvil. Los Estados miembros garantizarán que el establecimiento y la transmisión de la información relativa a la localización del llamante sea gratuita para este último y para el PSAP con respecto a todas las comunicaciones de emergencia al número único europeo de emergencia «112». Los Estados miembros podrán ampliar el ámbito de dicha obligación de modo que abarque las comunicaciones de emergencia a números nacionales de emergencia. Las autoridades de reglamentación competentes, en caso necesario previa consulta al ORECE, establecerán criterios para la precisión y la fiabilidad de la información facilitada sobre la localización del llamante.

Los Estados miembros velarán por que los usuarios finales reciban una información adecuada sobre la existencia y utilización del número único europeo de emergencia «112», así como sobre sus características de accesibilidad, también mediante iniciativas específicamente dirigidas a las personas que viajen a otros Estados miembros y los usuarios finales con discapacidad. Dicha información se proporcionará en formatos accesibles dirigidos a diferentes tipos de discapacidad. La Comisión respaldará y complementará las medidas de los Estados miembros.

Con el fin de garantizar el acceso efectivo a los servicios de emergencia a través de comunicaciones del número único europeo de emergencia «112» en los Estados miembros, la Comisión, previa consulta al ORECE, adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 117 que complementen los apartados 2, 5 y 6 del presente artículo relativos a las medidas necesarias para garantizar la compatibilidad, interoperabilidad, calidad, fiabilidad y continuidad de las comunicaciones de emergencia en la Unión en lo que atañe a las soluciones sobre la información de la ubicación de las personas que efectúan llamadas, el acceso para los usuarios finales con discapacidad y el reenvío al PSAP más apropiado. El primero de estos actos delegados se adoptará a más tardar el 21 de diciembre de 2022.

Tales actos delegados se adoptarán sin menoscabar ni afectar a la organización de los servicios de emergencia, que siguen siendo competencia exclusiva de los Estados miembros.

El ORECE mantendrá una base de datos de números E.164 de servicios de emergencia de los Estados miembros para garantizar que puedan ponerse en contacto entre ellos de un Estado miembro a otro, en caso de que ninguna otra organización mantenga dicha base de datos.

A más tardar el 21 de junio de 2022, cuando existan sistemas de alerta público en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso, los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios móviles de comunicaciones interpersonales basados en numeración transmitan las alertas a los usuarios finales afectados.

No obstante lo estipulado en el apartado 1, los Estados miembros podrán establecer que las alertas se transmitan por medio de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los indicados en el apartado 1 y distintos de otros servicios de radiodifusión, o por medio de una aplicación móvil basada en un servicio de acceso a través de internet, siempre que la eficacia del sistema de alerta sea equivalente en términos de cobertura y capacidad para abarcar a los usuarios finales, incluso aquellos que se encuentren de forma temporal en el área en cuestión, teniendo muy presentes las indicaciones del ORECE. Los usuarios finales deberán poder recibir las alertas fácilmente.

A más tardar el 21 de junio de 2020 y tras consultar con las autoridades a cargo de los PSAP, el ORECE publicará directrices sobre la manera de evaluar si la efectividad de los sistemas de alerta público previstos en el presente apartado es equivalente a la efectividad de los previstos en el apartado 1.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes especifiquen los requisitos que deberán cumplir los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público para garantizar que los usuarios finales con discapacidad:

Al adoptar las medidas contempladas en el apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros fomentarán el cumplimiento de las normas o las especificaciones pertinentes establecidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.

Los Estados miembros velarán por que todos los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración que asignan números de teléfono a partir de un plan de numeración den curso a todas las solicitudes razonables de suministro de información pertinente para la prestación de los servicios de información sobre números de abonados y guías accesibles al público, en un formato acordado y en unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas en función de los costes y no discriminatorias.

Las autoridades nacionales de reglamentación estarán habilitadas para imponer obligaciones y condiciones a las empresas que controlan el acceso a los usuarios finales en materia de prestación de servicios de información sobre números de abonados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61. Dichas obligaciones y condiciones deberán ser objetivas, equitativas, no discriminatorias y transparentes.

Los Estados miembros no mantendrán ningún tipo de restricciones reglamentarias que impidan a los usuarios finales de un Estado miembro el acceso directo al servicio de información sobre números de abonados de otro Estado miembro mediante llamada vocal o SMS, y tomarán medidas para garantizar dicho acceso de conformidad con el artículo 97.

La aplicación del presente artículo estará sujeta a los requisitos del Derecho de la Unión en materia de protección de los datos personales y de la intimidad, y, en particular, a lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva 2002/58/CE.

Los Estados miembros garantizarán la interoperabilidad de los receptores de servicios de radio para automóviles y de los equipos de consumo utilizados para la televisión digital de conformidad con lo dispuesto en el anexo XI.

Los Estados miembros podrán adoptar medidas para garantizar la interoperabilidad de otros receptores de servicios de radio de consumo, limitando al mismo tiempo el impacto en el mercado de los receptores de radiodifusión de valor reducido y garantizando que dichas medidas no se apliquen a los productos en los que el receptor de servicios de radio tenga un carácter puramente auxiliar, como los teléfonos móviles multifunción, ni a los equipos utilizados por radioaficionados.

Los Estados miembros animarán a los prestadores de servicios digitales de televisión a garantizar, cuando proceda, que los equipos terminales de televisión digital que suministran a sus usuarios finales sean interoperables a fin de que, cuando ello sea técnicamente posible, estos puedan reutilizarse con otros prestadores de servicios digitales de televisión.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 5 ), los Estados miembros garantizarán que, en el momento de la resolución de su contrato, los usuarios finales tengan la posibilidad de devolver los equipos terminales de televisión digital de forma gratuita y sencilla, a menos que el proveedor demuestre la completa interoperabilidad del equipo con los servicios de televisión digital de otros proveedores, entre ellos aquel al que se haya cambiado el usuario final.

Se considerará que los equipos terminales de televisión digital que sean conformes a las normas armonizadas cuyas referencias hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, o a partes de estas, cumplen el requisito de interoperabilidad establecido en el párrafo segundo, incluido en dichas normas o parte de estas.

Los Estados miembros podrán imponer obligaciones razonables de transmisión de determinados canales de programas de radio y televisión y servicios complementarios conexos, en particular servicios de accesibilidad para posibilitar el acceso adecuado de los usuarios finales con discapacidad y los datos que sustentan los servicios de televisión conectada y las guías electrónicas de programas, a las empresas bajo su jurisdicción que suministren redes de comunicaciones electrónicas y servicios utilizados para la distribución de canales de programas radio o televisión al público, si un número significativo de usuarios finales de dichas redes y servicios los utiliza como medio principal de recepción de canales de programas de radio y televisión. Dichas obligaciones se impondrán exclusivamente en los casos en que resulten necesarias para alcanzar objetivos de interés general, definidos de manera clara por cada Estado miembro, y deberán ser proporcionadas y transparentes.

A más tardar el 21 de diciembre de 2019, y posteriormente cada cinco años, los Estados miembros revisarán las obligaciones mencionadas en el apartado 1, excepto en los casos en que los Estados miembros hayan procedido a dicha revisión en el curso de los cuatro años anteriores.

Ni el apartado 1 del presente artículo, ni el artículo 59, apartado 2, atentarán contra la capacidad de los Estados miembros de determinar la remuneración apropiada, si la hay, por las medidas adoptadas de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo, y quedará garantizado al mismo tiempo que, en circunstancias similares, no habrá discriminación en el trato a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Cuando se contemple la remuneración, los Estados miembros velarán por que la obligación de remunerar se indique claramente en el Derecho nacional, inclusive, en su caso, los criterios de cálculo de dicha remuneración. Los Estados miembros también velarán por que esta se aplique de manera proporcionada y transparente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88, apartado 2, los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes en coordinación, en su caso, con las autoridades nacionales de reglamentación estén facultadas para exigir a todos los proveedores que presten servicios de acceso a internet o servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración que pongan gratuitamente a disposición de los usuarios finales la totalidad o una parte de las facilidades adicionales enumeradas en el anexo VI, parte B, cuando sea técnicamente factible, así como la totalidad o una parte de las facilidades adicionales enumeradas en el anexo VI, parte A.

Cuando apliquen el apartado 1, los Estados miembros podrán ampliar la lista de facilidades adicionales que figura en las partes A y B del anexo VI a fin de garantizar un nivel más elevado de protección del consumidor.

Los Estados miembros podrán decidir renunciar a aplicar los requisitos del apartado 1 en la totalidad o en parte de su territorio si consideran, después de tomar en consideración los puntos de vista de las partes interesadas, que existe suficiente acceso a dichas facilidades.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

La facultad para adoptar actos delegados a que se refieren los artículos 75, 109 y 116 se otorgará a la Comisión por un período de cinco años a partir del 20 de diciembre de 2018. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

La delegación de poderes mencionada en los artículos 75, 109 y 116 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión deberá consultar a los expertos designados por cada Estado miembro, de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 75, 109 y 116 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

La Comisión estará asistida por un comité (en lo sucesivo, «comité de comunicaciones»). Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

Para los actos de ejecución a que se refiere el artículo 28, apartado 4, párrafo segundo, la Comisión estará asistida por el comité del espectro radioeléctrico, establecido en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Decisión n.o 676/2002/CE. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

Cuando el dictamen del comité deba obtenerse mediante un procedimiento escrito, se pondrá fin a dicho procedimiento sin resultado si, en el plazo para la emisión del dictamen, el presidente del comité así lo decide o si una mayoría simple de miembros del comité así lo solicita. En tal caso, el presidente deberá convocar una reunión del Comité en un plazo razonable.

En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 182/2011, observando lo dispuesto en su artículo 8.

Cuando el dictamen del comité deba obtenerse mediante un procedimiento escrito, se pondrá fin a dicho procedimiento sin resultado si, en el plazo para la emisión del dictamen, el presidente del comité así lo decide o si una mayoría simple de miembros del comité así lo solicita. En tal caso, el presidente deberá convocar una reunión del Comité en un plazo razonable.

La Comisión facilitará al Comité de Comunicaciones toda la información pertinente sobre el resultado de las consultas periódicas con los representantes de los operadores de redes, proveedores de servicios, usuarios, consumidores, fabricantes y sindicatos, así como los países terceros y organizaciones internacionales.

El Comité de Comunicaciones, teniendo en cuenta la política de comunicaciones electrónicas de la Unión, fomentará el intercambio de información entre los Estados miembros y entre estos y la Comisión sobre la situación y la evolución de las actividades de regulación de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.

Los Estados miembros velarán por que se ponga a disposición del público una información actualizada relativa a la aplicación de la presente Directiva, de manera tal que se garantice a todas las partes interesadas un fácil acceso a dicha información. Publicarán un anuncio en su boletín oficial nacional en el que se explique cómo y dónde se publica esta información. El primero de estos anuncios se publicará antes del 21 de diciembre de 2020, y posteriormente se publicará un nuevo anuncio cuando la información en él contenida haya experimentado alguna modificación.

Los Estados miembros presentarán a la Comisión una copia de todos estos anuncios en el momento en que se publiquen. La Comisión distribuirá la información al Comité de Comunicaciones según proceda.

Los Estados miembros velarán por que se publique y mantenga actualizada de manera adecuada toda la información pertinente sobre derechos, condiciones, procedimientos, cargas, tasas y decisiones en materia de autorizaciones generales, derechos de uso y derechos a instalar recursos, a fin de que todas las partes interesadas puedan acceder fácilmente a dicha información.

Cuando la información a que se refiere el apartado 3 se trate a diferentes niveles administrativos, en particular por lo que se refiere a la información relativa a los procedimientos y condiciones sobre derechos de instalación de recursos, la autoridad competente hará cuanto esté en sus manos, teniendo presentes los costes que ello implica, por hacer una sinopsis fácil de usar de toda esta información, así como de la información sobre los niveles administrativos competentes respectivos y sobre sus autoridades, con objeto de facilitar las solicitudes de derechos de instalación de recursos.

Los Estados miembros velarán por que se publiquen las obligaciones específicas impuestas a las empresas en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, indicando los mercados de productos o servicios y el mercado geográfico de que se trate. A reserva de la necesidad de proteger el secreto comercial, los Estados miembros velarán por que se ponga a disposición del público una información actualizada de manera que se garantice que todas las partes interesadas puedan acceder a ella fácilmente.

Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión toda la información que pongan a disposición del público en virtud del apartado 5. La Comisión ofrecerá esta información de manera que se facilite el acceso a la misma y la remitirá, según proceda, al Comité de Comunicaciones.

Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán a la Comisión a más tardar el 21 de diciembre de 2020, y de forma inmediata tras cualquier modificación posterior, los nombres de las empresas que hayan sido designadas para el cumplimiento de obligaciones de servicio universal con arreglo al artículo 85, apartado 2, al artículo 86 o al artículo 87.

Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán a la Comisión los nombres de las empresas designadas como poseedores de peso significativo en el mercado a los efectos de la presente Directiva, así como las obligaciones que les hayan sido impuestas con arreglo a la misma. Cualquier cambio relacionado con las obligaciones impuestas a las empresas o con las empresas a las que se refiere la presente Directiva será notificado inmediatamente a la Comisión.

A más tardar el 21 de diciembre de 2025, y posteriormente cada cinco años, la Comisión revisará el funcionamiento de la presente Directiva y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

En particular, dichas revisiones evaluarán las implicaciones para el mercado del artículo 61, apartado 3, y los artículos 76, 78 y 79. También evaluarán si bastan los poderes de intervención ex ante y de otro tipo con arreglo a la presente Directiva para permitir a las autoridades nacionales de reglamentación eliminar estructuras de mercado oligopolísticas no competitivas, y para garantizar el continuo desarrollo de la competencia en los mercados de las comunicaciones electrónicas en beneficio de los usuarios finales.

A tal efecto, la Comisión podrá solicitar información a los Estados miembros y estos deberán facilitarla sin dilación injustificada.

A más tardar el 21 de diciembre de 2025, y posteriormente cada cinco años, la Comisión revisará el alcance del servicio universal, en particular a fin de proponer al Parlamento Europeo y al Consejo la modificación o la redefinición del ámbito de aplicación.

Esta revisión se llevará a cabo a la luz de la evolución social, económica y tecnológica teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la movilidad y las velocidades de transmisión habida cuenta de las tecnologías dominantes utilizadas por la mayoría de los usuarios finales. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre el resultado de la revisión.

A más tardar el 21 de diciembre de 2021, y posteriormente cada tres años, el ORECE publicará un dictamen sobre la aplicación y el funcionamiento a nivel nacional de la autorización general y su impacto sobre el funcionamiento del mercado interior.

La Comisión, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del ORECE, podrá publicar un informe sobre la aplicación de la parte I, título II, capítulo II y del anexo I, y podrá presentar una propuesta legislativa de modificación de dichas disposiciones, cuando lo considere necesario para eliminar los obstáculos al buen funcionamiento del mercado interior.

El ORECE supervisará el mercado y los avances tecnológicos en lo que respecta a los distintos tipos de servicios de comunicaciones electrónicas y a más tardar el 21 de diciembre de 2021, y posteriormente cada tres años, o cuando reciba una solicitud motivada de al menos dos de sus miembros de un Estado miembro, publicará un dictamen sobre dichos avances y su impacto en la aplicación de la parte III, título III.

En dicho dictamen, el ORECE evaluará hasta qué punto la parte III, título III, cumple los objetivos establecidos en el artículo 3. El dictamen deberá, en particular, tener especialmente en cuenta el ámbito de aplicación de la parte III, título III, en lo que respecta a los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas cubiertos. A modo de base para el dictamen, el ORECE analizará, en particular:

La Comisión, teniendo muy en cuenta el dictamen del ORECE, publicará un informe sobre la aplicación de la parte III, título III, y presentará una propuesta legislativa para modificar dicho título cuando considere que es necesario hacerlo a fin de garantizar que se sigan alcanzando los objetivos establecidos en el artículo 3.

Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 21 de diciembre de 2020, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir del 21 de diciembre de 2020.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán igualmente una mención en la que se precise que las referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes a las Directivas derogadas por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia y la formulación de dicha mención.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, el artículo 53, apartados 2, 3 y 4, de la presente Directiva se aplicará a partir del 20 de diciembre de 2018 cuando las condiciones armonizadas hayan sido establecidas por medidas técnicas de ejecución conforme a la Decisión n.o 676/2002/CE a fin de permitir la utilización del espectro radioeléctrico para las redes y servicios de banda ancha inalámbrica. Por lo que respecta a las bandas del espectro radioeléctrico para las que no se hayan adoptado condiciones armonizadas a más tardar el 20 de diciembre de 2018, el artículo 53, apartados 2, 3 y 4, de la presente Directiva será de aplicación a partir de la fecha de adopción de las medidas técnicas de ejecución, de conformidad con el artículo 4 de la Decisión n.o 676/2002/CE.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros podrán aplicar las medidas necesarias para cumplir con el artículo 54 a partir del 31 de diciembre de 2020.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.